Estado de excepción

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Los estados de excepción son medidas extraordinarias que se toman durante periodos de disturbio o de zozobra a juicio de un Gobierno.

En teoría política, el estado de excepción es un concepto acuñado por el jurista alemán Carl Schmitt, constituido como la situación extrema del Estado, en la cual el soberano ejerce su facultad de determinar al enemigo público, trascendiendo, si es necesario, el estado de sitio con el fin de proteger el bien público.[1]Giorgio Agamben desarrolla en mayor extensión este concepto en su obra homónima, en la que contesta a Schmitt respecto a las implicaciones concretas de su idea.[2]

El estado de excepción, en derecho constitucional, es un régimen de excepción que puede declarar el Gobierno de un país en situaciones especiales.

Regulación por país[editar]

Chile[editar]

Los E.E.C. están regidos por el siguiente decálogo de principios: [1]

I. Los E.E.C. están sometidos a un riguroso numerus clausus: No pueden ser más, ni pueden ser otros que los cuatro que contempla el Art. 40, el que – junto con el Art. 39 – constituyen sus normas de clausura, a saber: el estado de asamblea, el estado de sitio, el estado de emergencia y el estado de catástrofe. En ninguna otra circunstancia puede ser afectado el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura. La ley tampoco puede crear ningún otro estado excepcional restrictivo de tales derechos y garantías.

II. Los E.E.C. referidos sólo pueden declararse en las situaciones precisas que los hacen viables.

  1. En situación de guerra externa, el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional (C.S.N.), podrá declarar todo o parte del territorio nacional en estado de asamblea (Art. 40 Nº 1).
  2. En situaciones de guerra interna o conmoción interior, el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso podrá declarar todo o parte del territorio nacional en estado de sitio (Art. 40 Nº 2).
  3. En situaciones de grave alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional el Presidente de la República con acuerdo del C.S.N, podrá declarar todo o parte del territorio nacional en estado de emergencia.
  4. Por último, en situaciones de calamidad pública, el Presidente de la República podrá declarar la zona afectada, u otra que lo requiera a consecuencia de ella, en estado de catástrofe (Art. 40 Nº 4).

Por consiguiente, la ocurrencia de una situación de excepción sólo habilita pero no obliga al Presidente de la República a declarar el E.E.C. correspondiente. Como se ha visto, la forma verbal rectora de todos los E.E.C. es la expresión "podrá". De hecho muchas situaciones de crisis, aún en casos de guerra exterior, han sido superadas sin tener que recurrir a la declaración de un E.E.C.

Derechos susceptibles de afectarse en cada E.E.C.[editar]

A. En el estado de asamblea, el P. de R. queda facultado para suspender o restringir[editar]

a) el ejercicio de la libertad personal;

b) el del derecho de reunión;

c) el de la libertad de información y de opinión; y

d) el de la libertad de trabajo.

En cambio, sólo puede restringir:

e) el ejercicio del derecho de asociación;

f) el del derecho de sindicación;

g) imponer censura a la correspondencia y comunicaciones

h) disponer requisiciones de bienes ; y

i) establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad (Art. 41 – Nº 10).

B. En el estado de sitio, el P. de la R. puede[editar]

a) trasladar a las personas de un punto al otro del territorio nacional. Esta medida debe cumplirse en localidades urbanas que reúnan las condiciones que la ley determina;

b) puede arrestarlas en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles ni en otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes;

c) puede suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión; y

d) puede restringir el ejercicio de las libertades de locomoción, de información y de opinión (Art. 41 Nº 2).

C. En el estado de emergencia, el P. de R. sólo puede[editar]

a) restringir el ejercicio de la libertad de locomoción;

b) restringir el del derecho de reunión (Art. 41, Nº 4).

D. En el estado de catástrofe el P. de la R. puede[editar]

a) restringir la circulación de las personas y el transporte de mercaderías;

b) restringir las libertades de trabajo, de información, de opinión y de reunión;

c) disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad; y

d) adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que estime necesarias (Art. 41 Nº 5).

Colombia[editar]

El capítulo VI de la Constitución colombiana hace referencia a la declaración de un estado de excepción en el país. Así lo explica el documento:[3]

Artículo 212. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad.La declaración del Estado de Guerra Exterior solo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión. Mientras subsista el estado de guerra, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales, y el Gobierno le informará motivada y periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles con el Estado de Guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier época, reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de una u otra cámara.

República Dominicana[editar]

La actual constitución de la República Dominicana (2015) contempla 3 estados de excepción. Según la misma constitución:[4]

«Se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias. El presidente de la república, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en sus tres modalidades: estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia».

Estado de defensa[editar]

En caso de que la soberanía nacional o la integridad territorial se vean en peligro grave e inminente por agresiones armadas externas, el poder ejecutivo, sin perjuicio de las facultades inherentes a su cargo, podrá solicitar al Congreso Nacional la declaratoria del estado de defensa. En este estado no podrán suspenderse:

  1. El derecho a la vida
  2. El derecho a la integridad personal
  1. La libertad de conciencia y de cultos
  2. La protección a la familia
  3. El derecho al nombre.
  4. Los derechos del niño.
  5. El derecho a la nacionalidad
  6. Los derechos de ciudadanía.
  7. La prohibición de esclavitud y servidumbre.
  8. El principio de legalidad y de irretroactividad.
  9. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
  10. Las garantías judiciales, procesales e institucionales indispensables para la protección de estos derechos.

Estado de conmoción interior[editar]

El estado de conmoción interior podrá declararse en todo o parte del territorio nacional, en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades.

Estado de emergencia[editar]

El estado de emergencia podrá declararse cuando ocurran hechos distintos a los previstos en los artículos 263 y 264 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país, o que constituyan calamidad pública.

Venezuela[editar]

En Venezuela al estado de excepción está regulado en al artículo 337 de la Constitución política.[5]

El presidente o presidenta de la república, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

Ecuador[editar]

Según la Ley de Seguridad Pública y del Estado ecuatoriana, en el título VI “De los Estados de Excepción”, Capítulo I De la definición y declaratoria de los estados de excepción; define, declara, decreta y notifica textualmente en los siguientes artículos:

  • Art. 28. - De la definición. - Los estados de excepción son la respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración.
  • Art. 29. - De la declaratoria. - La facultad de declarar el estado de excepción corresponde al Presidente o Presidenta de la República y es indelegable.
    El Decreto Ejecutivo motivado declarando el estado de excepción cumplirá con los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad establecidos en la Constitución. El Decreto será dictado en caso de estricta necesidad, es decir, si el orden institucional no es capaz de responder a las amenazas de seguridad de las personas y del Estado.
    El Decreto expresará la causa, motivación, ámbito territorial, duración y medidas.
    Deberá contener en forma clara y precisa las funciones y actividades que realizarán las instituciones públicas y privadas involucradas.
    La declaración del estado de excepción no interrumpirá el normal funcionamiento de las funciones del Estado.
  • Art. 30. - De los requisitos para decretar el estado de excepción. - El proceso formal para decretar el estado de excepción será el contemplado en la Constitución de la República, la Ley y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.
    Las medidas de excepción deberán estar directa y específicamente encaminadas a conjurar las causas que generan el hecho objetivo y a impedir la extensión de sus efectos.
    Toda medida que se decrete durante el estado de excepción debe ser proporcional a la situación que se quiere afrontar, en función de la gravedad de los hechos objetivos, naturaleza y ámbito de aplicación.
    No se podrán dictar medidas que atenten contra obligaciones internacionales asumidas por el Ecuador en tratados internacionales y de derechos humanos.
    El ámbito de aplicación del decreto de estado de excepción debe limitarse al espacio geográfico donde dichas medidas sean necesarias.
    La duración del estado de excepción debe ser limitada a las exigencias de la situación que se quiera afrontar, se evitará su prolongación indebida y tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta (60) días, pudiendo renovarse hasta por treinta (30) días adicionales como máximo.
  • Art. 31. - De la notificación a organismos nacionales e internacionales. - De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, la declaratoria de estado de excepción y su renovación, en caso de haberla, deberán ser notificadas a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional; y, en el ámbito internacional a la Organización de las Naciones Unidas -ONU- y la Organización de Estados Americanos - OEA, en caso de suspensión o limitación de derechos y garantías constitucionales.
    La notificación deberá ser realizada dentro de las 48 horas a partir de su firma, explicando los fundamentos y causas que condujeron a su declaratoria o su renovación, y, las medidas dispuestas.
    Si el Presidente o Presidenta no notificare la declaratoria del estado de excepción o su renovación, de ser el caso, éste se entenderá caducado.
    Cuando termine el estado de excepción por haber desaparecido las causas que lo motivaron o por terminación del plazo de su declaratoria, el Presidente o la Presidenta de la República deberá notificarla dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas adjuntando el informe respectivo.
    Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional.[6]


BOLIVIA

Capítulo Tercero: Estados de Excepción

Artículo 137. En caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa,

conmoción interna o desastre natural, la Presidenta o el Presidente

del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción,

en todo o en la parte del territorio donde fuera necesario. La decla-

ración del estado de excepción no podrá en ningún caso suspender

las garantías de los derechos, ni los derechos fundamentales, el de-

recho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos

de las personas privadas de libertad.

Artículo 138. I.La vigencia de la declaración del estado de excepción dependerá de

la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa Plurinacional,

que tendrá lugar apenas las circunstancias lo permitan y, en todo

caso, dentro de las siguientes setenta y dos horas a la declaración

del estado de excepción. La aprobación de la declaración indicará

las facultades conferidas y guardará estricta relación y proporción

con el caso de necesidad atendida por el estado de excepción. Los

derechos consagrados en la Constitución no quedarán en general

suspendidos por la declaración del estado de excepción.

II. Una vez finalizado el estado de excepción, no podrá declararse otro

estado de excepción dentro del siguiente año, salvo autorización

legislativa previa.

Artículo 139. I.El Ejecutivo rendirá cuentas a la Asamblea Legislativa Plurinacional de los motivos que dieron lugar a la declaración del estado de excepción, así como del uso que haya hecho de las facultades con-

feridas por la Constitución y la ley.

II. Quienes violen los derechos establecidos en esta Constitución se-

rán objeto de proceso penal por atentado contra los derechos.

III. Los estados de excepción serán regulados por la ley.

Artículo 140. I.Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano

o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase,

podrán conceder a órgano o persona alguna facultades extraordi-

narias diferentes a las establecidas en esta Constitución.

II. No podrá acumularse el Poder Público, ni otorgarse supremacía

por la que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitu-

ción queden a merced de órgano o persona alguna.

III. La reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté

vigente un estado de excepción.[7]


Referencias[editar]

  1. «¿Qué es Estado de Excepción? » Su Definición y Significado». Concepto de - Definición de. Consultado el 3 de octubre de 2019. 
  2. Vázquez Irizarry, William (2010). «Excepción y Necesidad: La Posibilidad de una Teoría General de la Emergencia». Law Yale. 
  3. «Constitución Política de Colombia». www.secretariasenado.gov.co. Consultado el 18 de octubre de 2015. 
  4. Asamblea Nacional Revisora (26 de enero de 2010). Constitución de la República Dominicana. 
  5. «Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.». www.cne.gob.ve. Consultado el 18 de octubre de 2015. 
  6. «LEY DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL ESTADO». p. 10-11. Consultado el 10 de octubre de 2019. 
  7. «Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia». 

Véase también[editar]