Caso Odebrecht

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Caso Odebrecht
Odebrecht Logo.png
Logo de Odebrecht.
Denominación Caso Odebrecht
Lugar Flag of Brazil.svg Brasil
Flag of the United States.svg Estados Unidos[1]
Ámbito Internacional
Causa(s) Sobornos
Partes Odebrecht
[editar datos en Wikidata]

El Caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela,[2]​ durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Odebrecht creó esta «Caja B» a finales de los años 2010 con el nombre de «Sector de relaciones estratégicas» para disimular la maraña de coimas. Concepción Andrade, entonces veinteañera y empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987. A su despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación.[3]

Efectos por país[editar]

A continuación se detallan en orden alfabético los países que se sabe ha afectado las operaciones ilegales de Odebrecht y cierta información sobre el asunto.

Argentina[editar]

Según los fiscales estadounidenses entre 2007 y 2014, Odebrecht realizó múltiples pagos de sobornos por valor de US$35 millones de dólares a funcionarios gubernamentales en Argentina.[4]​ En enero de 2017 fue imputado el jefe de la Agencia de los servicios de Inteligencias argentino, Gustavo Arribas por la recepción de coimas y otras dádivas de Odebrecht.[5]​ Entre el 25 y 27 de septiembre de 2013 un operador financiero brasileño condenado por la justicia de Brasil por el caso Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta de Gustavo Arribas, destinados al pago de coimas, lavado de activos y evasión.[6][7]​ Arribas recibió casi 600 mil dólares en una cuenta suya en Suiza.[8]​ El fiscal Delgado pidió al banco suizo Credit Suisse que informe de las transferencias registradas entre los días 25 y 27 de septiembre de 2013 en la cuenta perteneciente a Arribas.

En tanto tres legisladores provinciales de Córdoba solicitaron investigar la relación del ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, con los publicistas João Santana y Mónica Moura, condenados el 2 de febrero a ocho años de prisión por lavado de dinero en el marco del Lava Jato, por US$ 70.000 depositados en una cuenta del Heritage de Suiza por su primera campaña para llegar en 1999 a la Gobernación y el posible pago de coimas por la fallida licitación en 2008 de los gasoductos troncales.[9][10]​ Meirelles, el financista brasilero de Odebrecht confirmó que pagó "propinas" que se hicieron entre 2009 y 2014 que pagó con depósitos como pagos, en Panamá y la Argentina.[11][12]​ fue imputado por el fiscal Francisco Delgado.[13]

Brasil[editar]

Los Petrodólares con las caras de diferentes líderes políticos de Brasil, una alusión a las acusaciones de corrupción con la empresa Petrobras en la que participa la Organización Odebrecht.

De acuerdo al documento judicial difundido por Estados Unidos, empezando en 2009, Odebrecht pagó aproximadamente US$349 millones de dólares en sobornos a varios partidos políticos del país, funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil, financiaba las campañas políticas en las elecciones para obtener beneficios y contratos de obras de construcción con gobiernos locales en diferentes distritos del país, con el gobierno central y varias empresas públicas administradas por el Estado.

Washington menciona específicamente muchos contratos con la petrolera estatal Petrobras, durante diferentes gobiernos en los últimos años y la justicia brasileña ya condenó al millonario y expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, a 19 años y 4 meses prisión por un escándalo de corrupción que involucra a la empresa petrolera con la constructora Odebrecht, con obras de infraestructura petrolera con esta empresa pública administrada por el Estado.

Eduardo Cunha presidente de la Cámara de Diputados de Brasil está actualmente preso a la espera de ser procesado por corrupción. En unos de las cargos presentados por la Fiscalía, Cunha es acusado de recibir sobornos de un consorcio del que formaba parte Odebrecht por obras en la zona portuaria de Río de Janeiro.

El juez federal Sergio Moro, sin embargo, en la corte nacional de Brasil sólo lo declaró culpable por el pago de más de US$30 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia para la empresa, pero las investigaciones continúan para poder determinar el grado de responsabilidad de funcionarios públicos durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, incluso con el actual presidente interino Michel Temer.[cita requerida]

También fue citado ante la justicia por aceptar sobornos el ex presidente Aécio Neves, junto con el miembro de su partido, José Serra, y el actual Presidente de la República, Michel Temer.[14][15][16]

Colombia[editar]

El documento de las autoridades judiciales estadounidense sostiene que en un periodo comprendido aproximadamente entre 2009 y 2014, Odebrecht efectuó e hizo que se efectuaran pagos por más de US$11 millones para asegurar contratos de obras públicas. "La empresa obtuvo beneficios de más de US$50 millones como resultado de esos pagos corruptos". la compañía constructora tiene presencia en Colombia desde el año 1991, entre el año 2009 y 2014, realizó pagos corruptos para asegurar contratos de obras públicas.

En este periodo aparecen dos obras de alta ingeniería, la Ruta del Sol Sector 2, adjudicada en diciembre de 2009 por el transformado Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el contrato para la navegabilidad del río Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que controla Odebrecht. La justicia colombiana ya enfocó sus primeras acciones en establecer qué negocios tuvo en el país Odebrecht S.A. durante los 15 años señalados en Estados Unidos. El fiscal Néstor Humberto Martínez hizo contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para concertar la forma de compartir la información recaudada por la Corte de Nueva York, mientras que en Colombia se creó un grupo de trabajo especializado constituido por 3 fiscales y 20 investigadores, que ya emprendieron las primeras investigaciones sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de varios países para obtener beneficios en contrataciones públicas misiones de recaudo de información.

La justicia colombiana apunta a relacionar a los representantes legales de las entidades públicas y la multinacional brasileña desde 2009 hasta el 2016, Odebrecht opera desde el año 1991 en Colombia, al tiempo que se pretende recaudar toda la documentación que detalle el trámite que se les dio a los negocios de Odebrecht en Colombia. En principio se busca establecer si los hallazgos y reportes de la justicia norteamericana son suficientes para estructurar procesos penales por cohecho impropio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en Colombia, si se comprueban los ilícitos.

Ante el escándalo desatado por los anuncios de la justicia norteamericana, la Presidencia anunció que ya entró en contacto con la justicia norteamericana y habrá plena colaboración en todo lo que se requiera. En sus primeras declaraciones, el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, manifestó que su dependencia le ayudará a la justicia a identificar cuál fue el funcionario que recibió US$6,5 millones en sobornos entre 2009 y 2010. Odebrecht tenía una División de Operaciones Estructuradas, manejada por una compañía de papel constituida en Islas Vírgenes Británicas, a través de la cual transfería dineros para concretar los sobornos.

El funcionario fue detenido por este caso, y quien recibió los USD$6.5 millones de dólares, es el ex-Viceministro de Transporte Gabriel García Morales, a quien la Fiscalía le imputó los cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, al favorecer a Odebrecht como adjudicataria del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2, descartando a los demás competidores. dente 2014: y [17]​ La segunda captura por este caso fue realizada a mediados de Enero de 2017 en contra del ex-senador colombiano Otto Nicolás Bula; según investigación de la FIscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013, con el fin de que el ex-senador obtuviera el contrato para hacer la vía Ocaña-Gamarra, en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht era parte. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, se habría materializado el segundo soborno de la firma en el país por valor de USD$4.6 millones de dólares, para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a través de un convenio, que se logró el 14 de marzo de 2014. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al ex-senador Bula por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito.[18]

La constructora fue expulsada del gremio por la Cámara Colombiana de Infraestructura el 16 de enero de 2017.[19]​ El 14 de enero fue detenido el excongresista del derechista Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. De igual manera, Bula ha declarado haber entregado una suma cercana a US$1 millón a un empresario de nombre Andrés Giraldo, quien sería el enlace entre él y el Jefe de Campaña de Santos Presidente 2014 (reelección): Roberto Prieto. Esto implicaría que el Gobierno del Nobel de Paz y el mismo Presidente tendrían algún grado de implicación en este gigantesco escándalo transnacional. Se investiga también la posible participación del consultor brasileño Duda Mendoça, detenido en el marco de la Operación Lava Jato, en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Según las investigaciones, Odebrecht habría pagado 1,6 millones de dólares a Mendoça para asesorar la campaña de Zuluaga, candidato de Álvaro Uribe.[20]

Gabriel García Morales l ex viceministro de Transporte durante uno de los Gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) fue arrestado por cargos de que recibió sobornos de Odebrecht para favorecerla en la concesión para la construcción de una carretera.[10]

Ecuador[editar]

La publicación coincide con la campaña de las Elecciones presidenciales de Ecuador de 2017, y es un tema de preocupación. Odebrecht ha manejado en Ecuador operaciones por US$5 mil millones de dólares en continuadas contrataciones con 7 de los 10 últimos gobiernos: los presididos por León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Alfredo Palacio y Rafael Correa.[3]

Odebrecht declaró haber realizado sobornos por un total de US$33,5 millones de dólares desde el 2007, y podría haber obtenido beneficios de más de US$116 millones de dólares.[21]​ Tras esto los 8 candidatos a la presidencia de Ecuador se pronunciaron sobre el tema, así como el Fiscal general Galo Chiriboga, quien informó por Twitter que se había comunicado con el embajador ecuatoriano en Washington,[22]​ mientras que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, declaró que "(...)no podemos descartar que haya habido pagos o actos de corrupción y estamos enviando a la Fiscalía una solicitud de que esto se investigue(...)" "(...)si se descubre a personas involucradas en estos casos de corrupción se los detendrá de inmediato(...)".[23]

También se señaló que el Municipio de Quito, durante la administración del alcalde Augusto Barrera, se contrataron los proyectos Ruta Viva (Fases 1 y 2) y la contratación de la fase 2 del Metro de Quito (que fue otorgada al consorcio Acciona-Odebrecht) aprobada por la anterior administración y en ejecución con el nuevo alcalde Mauricio Rodas.[24]​ Y el estado contrató 6 proyectos: Reparación de la Central Hidroeléctrica Pucará, por un precio referencial de US$18 millones de dólares. Trasvase Daule-Vinces, por US$191 millones de dólares. Relleno del terreno para la construcción de la Refinería del Pacífico, por US$229 millones de dólares.

Central Hidroeléctrica Manduriacu, por US$124 millones de dólares. Poliducto Pascuales-Cuenca, por un precio de US$369 millones de dólares. Construcción del acueducto "La Esperanza"-Refinería del Pacífico, por un precio de US$334 millones de dólares.[25]​ mientras que el asambleísta Diego Salgado inició el 23 de diciembre la recolección de firmas para comenzar un juicio político del vicepresidente Jorge Glas, alegando que él, como ministro de sectores estratégicos en funciones durante el tiempo en el que Odebrecht informó realizar estas coimas, era el responsable político de los pagos de Odebrecht.[26]

El partido Alianza País vota en junio de 2017 la expulsión de Odebrecht de Ecuador.[27]

Guatemala[editar]

Se está investigando la sobrevaloración en la construcción de dos nuevos tramos de carreteras que se contrataron con la empresa Odebrecht y el beneficio que habrían recibido las constructoras privadas del país, Sigma y Conasa, que son parte de las investigaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La Fiscalía contra la Corrupción presume que los funcionarios de las empresas constructoras privadas, no están exentos del pago de sobornos, cohecho y enriquecimiento ilícito, por parte de la empresa constructora privada Odebrecht.

El Ministerio de Comunicaciones del gobierno, anunció que emprenderá investigaciones y acciones legales contra ex-funcionarios de la cartera, que firmaron la modificación del contrato.[28]

El gobierno confirmó que la querella ya está preparada y es contra todos los ex-funcionarios del anterior gobierno, involucrados en la modificación de un contrato firmado con la constructora brasileña, según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó US$18 millones de dólares a funcionarios entre los años 2013 y 2015, correspondientes al gobierno del ex-presidente Otto Pérez Molina.

En contra de la constructora brasileña existen varias denuncias, presentada en julio por la Contraloría General de Cuentas (CGC), es por el proyecto de rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros de la ruta CA-2 Occidente, que conduce de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán y San Marcos, frontera con México.

La obra pública contratada por el gobierno con Odebrecht, debería haber terminado el 30 de junio y cuando se procedió a hacer la revisión el Gobierno se percató que el avance financiero de un 70% a la empresa constructora, no correspondía con el avance físico de la obra de solamente un 33%, razón que propició la decisión judicial de detener la obra y empezar la liquidación del contrato.

Además están incluidos los ex-viceministros Rubén Mejía y Miguel Ángel Cabrera, y otros ex-funcionarios más. A su entender, en el contrato modificatorio hubo varias irregularidades, García avanzó además que en conjunto con la Contraloría General de Cuentas crearán una comisión de investigación para liquidar el contrato con la constructora. Según investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un ciudadano brasileño a quien identifican como el Agente 6, era el encargado de realizar los negocios de esa empresa en Guatemala.

México[editar]

En un periodo comprendido aproximadamente entre 2010 y 2014, Odebrecht estuvo vinculado a pagos por valor de US$10.5 millones para ganar contratos de obras públicas mexicanas que le generaron beneficios por más de US$39 millones. Odebrecht participó en la construcción de una refinería para la empresa nacional de petróleos mexicanos PEMEX, el presidente de la compañía viajó a México en 2013 y participó en una reunión pública con el Presidente Enrique Peña Nieto.

Los ejecutivos de Odebrecht hablaron con gobernadores en todo el país, que recibían sus favores y fuertes compensaciones económicas y materiales, obtuvieron citas al más alto nivel en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, las obras que hicieron en territorio mexicano fue resultado de la corrupción, Odebrecht creció en México durante los últimos 10 años al amparo de funcionarios y políticos a los que pagó decenas de millones de dólares en sobornos.

El esquema de corrupción que se dio entre 2001 y 2016, narrado en documentos de la Corte Federal de Nueva York, donde la acusación contra Odebrecht establece que entre 2010 y 2014 la empresa pagó sobornos por más de US$10 millones de dólares a funcionarios mexicanos para asegurar que los contraten para obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300% con los contratos y obras complementarias en México,

En 2013 Odebrecht aceptó pagar un soborno a un alto funcionario de una empresa estatal mexicana, controlada por el Estado, a cambio de ayudar a Odebrecht a ganar un proyecto, a finales de 2014, Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas, pagó a ese funcionario algunos millones de dólares. El conglomerado brasileño tiene un largo historial de negocios en México, junto con su filial en el campo de la petroquímica, Braskem, que también es acusada de sobornos a partidos políticos en Brasil y a funcionarios y legisladores en otras partes del mundo, las dos empresas tienen fuertes intereses en México, y es fácil ver su historial de negocios a través del portal de Transparencia del gobierno mexicano.

En 2014, Odebrecht ganó la licitación de Pemex, a través de su filial Tag Pipelines, el tramo dos del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, que recorre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El contrato fue de US$935 millones de dólares, por el cual se pagó un soborno de más de US$10 millones de dólares. La relación de Odebrecht con esas dos empresas estatales era amplia, en 2011 se contrató para la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, el complejo más grande de su tipo en América Latina, y contó con todo el apoyo del gobernador Fidel Herrera y Javier Duarte, hizo viajes a su sede en Sao Paulo con gastos pagados, con esa obra que le dará fuertes ganancias a los brasileños y beneficios indirectos de ella a Duarte y su círculo cercano, que antes compraron terrenos a bajo costo en la zona del complejo.

Odebrecht y su filial Braskem, usaron una unidad de negocios oculta pero completamente operativa, un Departamento de Sobornos que sistemáticamente pagó millones de dólares a funcionarios corruptos en México y otros países, dijo el asistente del procurador general, Sung-Hee Suh, responsable de la División Criminal, los ejecutivos de Odebrecht usaron el sistema bancario de Estados Unidos para disfrazar la fuente y el desembolso de dinero para pagar sobornos en México, con transferencias de dinero mediante empresas fantasmas.

Panamá[editar]

Los documentos estadounidenses depositados en la Corte del Distrito Este de Nueva York, también revelan que entre los años 2010 y 2014, la empresa constructora privada Odebrecht habría promovido pagos de sobornos por más de US$59 millones de dólares en Panamá, resultando en US$175 millones de dólares de beneficios en contratos para otras obras públicas, y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela le dio su "apoyo total" a las investigaciones sobre el tema que ya adelanta el Ministerio Público panameño.

El Gobierno panameño anunció que busca acciones necesarias para cancelar a Odebrecht un contrato de US$1.000 millones de dólares para la construcción de una hidroeléctrica, luego de que la empresa se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos de entregar sobornos en varios países de la región y prohibir que pueda seguir operando en el país como un contratista de obras públicas calificado.

Panamá adjudicó a Odebrecht en 2014 para la construcción y operación vía concesión administrativa por 50 años de la hidroeléctrica Chan II, también se prohibirá que Odebrecht obtenga nuevos contratos o se refrenden todos los contratos de obra pública que tiene en el país, hasta que demuestre una mayor colaboración en las investigaciones judiciales del gobierno, sobre la entrega de los sobornos de más de US$59 millones de dólares, para conocer los nombres de los funcionarios públicos, políticos, gobernadores, representantes o testaferros de gobiernos anteriores, que recibieron los sobornos de la empresa constructora de Brasil, en el caso de corrupción más grande de la historia de Panamá.

En febrero quedó involucrado el presidente Juan Carlos Varela, después que este fuera acusado de haber recibido "donaciones" de la constructora brasileña Odebrecht.[29]​ presentándose una denuncia penal ciudadana para que se averigüe si personas vinculadas al presidente, y el diputado oficialista José Luis Varela, habrían cometido delitos de peculado y fraude.[30]​ a través de una empresa suiza, que había movido millones de dólares, cuyos accionistas son María Mercedes Rabat de Janón, Juan Antonio Niño y Margarita de Niño, esta última, cuñada del hermano del presidente Juan Carlos Varela.[30][31][32]

El secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens pidió al Ministerio Público que investigue penalmente al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y a dos de sus hijos por su presunta vinculación a los sobornos de Odebrecht. Odebrecht pagó en Panamá coimas por 59 millones de dólares entre 2009 y 2014, cuando gobernó Martinelli, y que de ese monto 6 millones los recibieron dos familiares cercanos.[33]

Perú[editar]

Entre 2005 y 2014 Odebrecht aparece relacionado con aproximadamente US$29 millones de dólares en pagos de sobornos, que le generaron más de US$143 millones de dólares en beneficios, de acuerdo a los investigadores judiciales. Por ejemplo, asegura la corte estadounidense, un intermediario contactó a Odebrecht en nombre de un alto funcionario peruano no identificado todavía, que ofreció apoyar la propuesta de la firma en una licitación pública a cambio de pagos que lo beneficiaran, que el informe estima en US$20 millones de dólares entre 2005 y 2008, el propio presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, estaría involucrado en este caso de corrupción, tras haber sido Ministro de Economía y Primer Ministro del gobierno de Alejandro Toledo.

Odebrecht pagó sobornos a funcionarios entre el 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dice que apoyará en todo lo que sea necesario para la investigación. El primer ministro instó al Ministerio Público y al Poder Judicial a que lleven a cabo todas las investigaciones que correspondan para determinar en qué casos hubo actos de corrupción.

La Fiscalía peruana ha tomado varias declaraciones juradas de exministros integrantes de la oficina estatal Proinversión, a cargo de las licitaciones con inversionistas extranjeros, diputados de oposición política han presentado la propuesta de demandar a Odebrecht y obligar a la empresa constructora, a devolver todo el dinero pagado en sobornos a funcionarios públicos de gobiernos anteriores, como un pago de compensación económica al Estado peruano y para poder seguir operando en el país en el futuro.

Autoridades peruanas detuvieron a Edwin Luyo, miembro especial del comité para licitación del tramo 2 del metro de Lima, y funcionario del ex presidente Alan García acusado de recibir sobornos por US$7 millones de dólares, de la empresa constructora privada brasileña Odebrecht para ganar un contrato de construcción en el Metro de Lima, el funcionario presidió el comité que licitó el Metro de Lima en el año 2009, el arresto se produjo luego de que Odebrecht entregara información reservada sobre el caso, como parte de un acuerdo preliminar con la empresa para colaborar con la justicia peruana y suspendieron un contrato para la construcción de un nuevo gasoducto en el norte del país.

Después detuvieron a Miguel Navarro quien fue funcionario del ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el 2009, donde trabajó con Jorge Cuba. Fue parte del Plan Perú Bicentenario y en el 2010 fue distinguido con la "Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones" por sus gestiones para que el Metro de Lima se edifique. Quien Admitió su delito el 26 de enero y decidió acogerse a la confesión sincera. “Señor juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo a la confesión sincera. Estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Lo siento mucho”, dijo.

El Poder Judicial también dicto 18 meses de prisión preventiva contra Mariela Huerta Minaya quien fue la expresidenta del comité de licitación del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima, la misma que integró el ahora encarcelado Edwin Luyo. Su vivienda fue allanada el martes 24 de enero, pero según su registro migratorio había dejado el país con rumbo a Panamá el 3 de enero. Quien también cobró de sobornos de Odebrecht y pesa sobre ella una orden de captura internacional.

Mas Tarde detuvieron a Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García y a su pareja Jessica Tejada, ex voleyvolista Peuana, que volvieron al Perú el día martes, provenientes de Miami, para enfrentar las investigaciones en su contra por la entrega de coimas efectuada por Odebrecht a funcionarios peruanos por un tramo de la Línea 1 del Metro de Lima.

El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, haciendo lugar a la solicitud presentada por el fiscal Hamilton Castro, cabeza del equipo especial encargado de investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Perú. Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.[34][35]

El ex presidente Alan García también es investigado por los presuntos sobornos de Odebrecht, a la que se habría favorecido en la concesión de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Así lo dispuso el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien abrió una investigación preliminar contra Alan García por los delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Tras encontrar nuevas pistas como las iniciales AG en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un monto de 100 000 de dólares, por el proyecto Olmos en Cajamarca, y nuevas pistas como las reuniones que sostuvo con los ejecutivos de Odebrecht, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata junto con el ex presidente de Brasil Lula da Silva.

La empresa Odebrecht habría entregado US$3 millones para financiar la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, según dijo el ex colaborador de Odebretch, Jorge Barata. De acuerdo al medio, la entrega del dinero habría sido autorizada por el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y habría salido de la caja que la empresa tenía con el Partido de los Trabajadores, la cual era manejada por el ex ministro Antonio Palocci, conocido como ‘Italiano’. En el mes de abril, el dueño de la empresa, Marcelo Odebretch, confirmó que entregó $3 Millones para financiar la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, lo que confirma lo dicho por Barata. El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, hasta que terminen las investigaciones.

El colaborador eficaz en el caso Odebrecht, Jorge Barata, reveló que también sostuvo reuniones con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, durante la campaña electoral previas a las elecciones del 2011. El brasileño Jorge Barata, mencionó que también invitaron a Keiko Fujimori para sostener reuniones y mostrara su plan de gobierno. En el mes de mayo, el empresario Marcelo Odebretch confirmó que entregaron dinero ilicito a todas las campañas presidenciales del 2011, entre ellas esta la campaña fujimorista y la Campaña del Apra de Mercedes Araoz. Más tarde su situación se complicaria después de que Marcelo Odebrecht halla dicho ante los fiscales peruanos que probablemente si hallan aportado a su campaña después de que en su agenda se encontrará una nota con el nombre de la ex candidata presidencial junto a un monto. Pero el único que puede confirmarlo es Jorge barata. Keiko Fujimori también está investigada por el favorecimiento de Odebretch para el Gaseoducto del Sur.

El fiscal Hamilton Castro acuso al Poder Judicial contra el Gobernandor del Callao, Félix Moreno, y el empresario Gil Shavit, quien actualmente está detenido en el poder Judicial, por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, por el supuesto pago de sobornos de la empresa brasileña Odebretch. La Fiscalía dictó 18 meses de prisión preventiva para Felix Moreno mientras duren las investigaciones.

En las investigaciones del Caso Odebrecht aparece el proyecto vial "Rutas de Lima" junto a otras obras por las que se habría pagado sobornos pagados entre el mandato de la Ex Alcaldesa de Lima Susana Villaran y el Actual Burgomaestre de la Ciudad, Luis Castañeda quienes tienen varias investigaciones en el Caso Lava Jato. Además una investigación del portal Convoca.pe reveló que en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña se escribió “Concessão (concesión) Rutas de Lima” al lado de un monto por 291 mil 700 dólares que fueron pagados en sus dos gestiones.

En mayo se confirma que entregaron dinero a Jorge Acurio, el exgobernador del Cuzco. La Fiscalía lo acusa de haber pactado un soborno de 3 millones de dólares de parte de la empresa brasileña Odebrecht a fin de favorecerla con la licitación de la obra de la Vía de Evitamiento en la Ciudad Imperial. Junto a el abogado José Zaragoza, Rebaza, el director secretario del Club Regatas de Lima y el Ex Socio de "Alcazar & De Las Casas Abogados Financieros", un estudio de abogados que habría asesorado a Odebrecht, quien actuó como intermediario en el pago de 3 millones de dólares por parte de la empresa brasileña al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, en 2013 y junto a Fernando Delgado el ex gerente de "La Positiva Seguros" y el Actual presidente del Club Regatas de Lima. Según el testimonio del colaborador eficaz 60-2017, el exgobernador cusqueño habría pedido que el dinero recibido sea depositado en la empresa "Wircel S.A" y que sería Fernando Salazar Delgado quien quedaría a cargo del movimiento. El Abogado Jose Zaragoza, se acogio a la confesión sincera y gracias a ello el Poder Judicial dicto 18 meses de prisión preventiva para el ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio y para el ex presidente del Prestigioso Club Regatas, Fernando Salazar Delgado.

República Dominicana[editar]

Revelación de entramados de corrupción Odebrecht[editar]

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América informó a la comunidad internacional el alcance de entramados de actos de corrupción encabezados por Odebrecht, principalmente involucrando a países de América Latina, incluyendo a la República Dominicana. El escándalo alertó al Ministerio Público dominicano, encabezado por Rodríguez, y puso en marcha la investigación penal.[36]

Apertura de investigación[editar]

En diciembre de 2016, el procurador general de la República inició inmediatamente la investigación de los sobornos por 92 millones de dólares a funcionarios dominicanos que la empresa brasileña Odebrecht habría confesado haber pagado, según las informaciones reveladas a la comunidad internacional por el Departamento de Justicia estadounidense. La Procuraduría Especializada de persecución de la corrupción administrativa, bajo el Despacho del procurador general, desarrollaría las pesquisas aperturadas de conformidad con la normativa institucional.

Levantamiento documental de contratos y acuerdos suscritos entre el Estado dominicano y Odebrecht[editar]

El 26 de diciembre del mismo año, el procurador comunicó que el Ministerio Público habría emprendido la evaluación de la información hecha pública por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ordenó a todas las instituciones del Estado la entrega inmediata de todos los contratos suscritos con la compañía Odebrecht desde el 2001 hasta la fecha, estableciendo un plazo máximo de 48 horas para que los funcionarios que encabezan los ministerios y entidades correspondientes entregaran personalmente toda la documentación requerida en la Procuraduría General de la República.[37]

Allanamiento a las oficinas de Odebrecht en República Dominicana[editar]

En enero de 2017, el Ministerio Público allanó las oficinas de Odebrecht en la capital dominicana, un proceso de requisa que duró más de cinco horas. Se reportó que al menos 25 cajas de documentos fueron retiradas de las instalaciones de la empresa para ser revisadas y se decomisaron los equipos electrónicos del local contentivos de información potencialmente sensible.[38]

Investigación e interrogatorios[editar]

Entre enero y marzo, más de veinticinco (25) personas han sido cuestionadas y llamadas para presentar informaciones sobre el caso, incluidos el representante de Odebrecht en República Dominicana; los principales funcionarios de entidades gubernamentales bajo cuyas gestiones se negociaron, acordaron o ejecutaron contratos con Odebrecht; así como pasados y actuales presidentes de las cámaras congresuales, en cuyas gestiones se debatieron y aprobaron contratos de obras asignadas a la empresa en cuestión y los respectivos presidentes de comisiones congresuales con potencial incidencia en la toma de decisiones sobre el tema. En esos 90 días, también fueron interrogados Ángel Rondón, el lobbista y representante comercial de la multinacional en República Dominicana, así como abogados involucrados en las operaciones mercantiles y auditores de la firma Stanley Consultants vinculados a la compañía.

Suspensión provisional de Odebrecht como proveedor del Estado[editar]

Según informaciones oficiales, Rodríguez solicitó la suspensión de Odebrecht como proveedor del Estado y que la Dirección General de Contrataciones Públicas había dispuesto la referida suspensión provisional del registro, impidiendo su participación en futuras licitaciones.[39]

Firma de acuerdo Procuraduría-Odebrecht[editar]

El 20 de enero de 2017, el procurador Jean Rodríguez comunicó oficialmente que el Ministerio Público había logrado la firma de la multinacional en un acuerdo que agilizaría la investigación local, garantizando la entrega de material probatorio por parte de la empresa y manteniendo abierta la investigación y persecución penales contra todos los involucrados locales.

Obligación de pago del duplo de sobornos[editar]

El acuerdo, que es considerado la solución idónea para lograr sometidos y condenas en contra de los implicados, obliga a la empresa a pagar US$184 millones, equivalentes al duplo de los US$92 millones que la propia Odebrecht reconoció haber pagado en sobornos,[40]​ siendo esta la suma máxima contemplada en la Ley No. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión,[41]​ lo que constituye un beneficio de condena sin agotar años de un proceso judicial. Los US$184 millones serían desembolsados paulatinamente en un plazo de 8 años, siendo este el plazo más breve de los acordados en los países de la región.

Viaje oficial a Brasil[editar]

El 1 de febrero de 2017, la Procuraduría pidió copias certificadas de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht, homologadas el 30 de enero por la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Al día siguiente, el 2 de febrero, “el procurador general dominicano solicitó una reunión a su homólogo de la República Federativa de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros.”[42]

Los días 15 a 17 de febrero, el procurador Jean Rodríguez viajó a Brasil para reunirse con las autoridades que investigan el caso “Lava Jato” y con representantes de los ministerios públicos de varios países en los que operó Odebrecht, con la finalidad de intercambiar información sobre las prácticas de corrupción de la empresa. La República Dominicana, a través de Rodríguez, se constituyó en signatario de la Declaración de Brasilia en la que los procuradores de once países acordaron establecer “la más amplia, rápida y eficaz cooperación” sobre los asuntos de corrupción en que se implicó la empresa.[43]

Solicitud y obtención de declaración de caso complejo[editar]

El 1 de marzo las investigaciones seguidas a la constructora Odebrecht fueron declaradas complejas por el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional,[44]​ por solicitud de la Procuraduría General realizada el 8 de febrero, obteniendo así plazos más amplios para la investigación y que la aplicabilidad del criterio de oportunidad, un instrumento contenido en el artículo 34 del Código Procesal Penal dominicano[45]​ para agilizar los procesos en caso de que el imputado colabore con las pesquisas.[46]

Reunión oficial con fiscal brasileño[editar]

En marzo de 2017, el procurador general sostuvo un encuentro de seguimiento con el fiscal adjunto de la Oficina de Cooperación del Ministerio Público Federal de Brasil, Carlos Bruno Ferreira da Silva, quien ha participado en la investigación del caso Lava Jato, una investigación que guarda estrecha relación con las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en República Dominicana.

“El magistrado Rodríguez ponderó el encuentro y dijo que con el mismo se fortalecen las indagatorias que se llevan a cabo sobre este caso, al tiempo que destacó que la colaboración internacional es importante para someter a la justicia a todos los implicados.”[47]

Publicidad de las investigaciones[editar]

En los 90 días tras el estallo del escándalo, Rodríguez ha encabezado más de una veintena de comunicados de prensa, ruedas de prensa oficiales y encuentros con los medios, en las que se informaron las labores en curso y particularidades del proceso investigativo y penal del caso Odebrecht. Asimismo, el procurador general ha informado en diversas ocasiones que algunos de los detalles sobre los hallazgos serán revelados de manera oportuna y estratégica, para evitar entorpecer la investigación.

La investigación continúa mientras se espera la entrega de la referida documentación por parte de la justicia brasileña. En reiteradas ocasiones el Procurador General ha garantizado que serán sometidos los implicados y que existe un compromiso “de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, con todas las herramientas que otorga la ley, a fin de procesar a todos los responsables de las acciones criminales que haya cometido Odebrecht en la República Dominicana.”[48]

Dictan prisión para casi todos los imputados del caso[editar]

El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, envió el 7 de junioa la cárcel a ocho de los 10 arrestados por el caso Odebrecht y a dos los dejó bajo arresto domiciliario, como medida de coerción preventiva.[49]

El procurador general Jean Rodríguez, calificó como trascendental para la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la sentencia emitida por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega, que declara complejo el caso y que dispone la imposición de medidas de coerción contra los 14 imputados que hasta el momento han sido identificados por participar en forma particular en los sobornos que la multinacional Odebrecht admitió que pagó en el país para obtener contratos de obras de infraestructura pública.

Dijo además que esta sentencia marca el inicio del recorrido hacia lograr el fin de la impunidad en el país, destacando que fue emitida luego que el Ministerio Público demostrara los vínculos de los imputados con los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.[50]

Contra el imputado Ángel Rondón Rijo fue impuesto un año de prisión preventiva, en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; contra Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga fueron impuestos nueve meses de prisión, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo; Juan Temistoclés Montás, Porfirio Andrés Bautista y Ruddy González seis meses de prisión, igualmente en el Centro de Corrección de Najayo, mientras que contra César Domingo Sánchez y Máximo De Oleo fueron dictados tres meses de prisión a ser cumplidos en el CCR de Najayo.

Igualmente, fue impuesta la medida de coerción de arresto domiciliario por espacio de nueve meses en contra de Radhamés Segura y Roberto Rodríguez Hernández.

En tanto que una garantía económica de RD$5 millones e impedimento de salida del país fueron impuestos como medida de coerción al senador por San Cristóbal, Tommy Galán, al senador por Santiago Julio César Valentín, y al diputado por el Distrito Nacional Alfredo Pacheco Osoria.[51]

Venezuela[editar]

Odebrecht construyó algunas estaciones del metro de Caracas, pero la mayoría de las estaciones planificadas tienen más de diez años en construcción y todavía no se completan, la obra de la línea cinco del metro, que recorrería el este de Caracas, debía ser entregada en el año 2010, pero hasta 2016 la construcción solo lleva un avance de 30%. En noviembre de 2015 una de las estaciones de la línea fue inaugurada.

Otra obra de la empresa brasileña es el Cabletren Bolivariano. El 14 de agosto de 2013 comenzaron operaciones tres de las cinco estaciones correspondiente a la primera fase, pero una de ellas todavía sigue en construcción, el gobierno de Hugo Chávez contrató las obras en 2007 y prometió tener listas las obras en 2015, para 2016 no se han completado.

Otra obra sin completar por el Grupo Odebrecht en Venezuela es la expansión de la Línea II del metro de Los Teques, en el estado Miranda, que contaría con siete estaciones. Apenas tres de ellas están operativas para 2016.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, viajó a Brasil para hacerle seguimiento al caso de corrupción de Odebrecht,[52]​ donde se reunió con el procurador general, Rodrigo Janot.[53]​ Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro enfatizó que su Gobierno terminará las construcciones detenidas usando empresas venezolanas.[54]

Las autoridades venezolanas también generaron polémica internacional al detener y expulsar del país a los periodistas brasileños, Leandro Stoliar y Gilzon Sousa, que viajaron a la ciudad de Maracaibo (capital del estado Zulia) para constatar, entre otras cosas, el abandono de las obras del Puente Cacique Nigale - también llamado el segundo puente sobre el Lago -.[55]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. «Lava Jato se investiga en Estados Unidos». IDL Reporteros. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  2. Urdaneta, Por Gabriela Matute (22 de diciembre de 2016). «Escándalo Odebrecht: EE.UU. dice que 12 países recibieron sobornos». CNNEspañol.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  3. a b «La larga sombra de Odebrecht en Ecuador». www.expreso.ec. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  4. Argentina: denuncian que operador de Odebrecht giró fondos a jefe de Inteligencia larepublica.pe
  5. «Imputan a Arribas». Ambito Financiero. 21 de enero de 2017. Consultado el 22 de enero de 2017. 
  6. «Un operador de Odebrecht le giró US$ 600.000 al jefe de inteligencia argentino». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  7. HispanTV. «Jefe de espías argentino es imputado por vínculos con Lava Jato - - HispanTV.com». HISPANTV. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  8. Argentina, Cadena 3. «Imputaron a Arribas por el presunto cobro de coimas». Cadena 3 Argentina. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  9. «Caso Odebrecht en Argentina». 9 de febrero de 2017. 
  10. a b «Diez altos políticos latinoamericanos salpicados por caso Odebrecht - Havana Times en español». www.havanatimes.org. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  11. «Revelan que el jefe de inteligencia recibió u$s 600 mil de un operador de Odebrecht». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  12. «Página/12 :: El país :: Los misteriosos negocios del Señor 5». www.pagina12.com.ar. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  13. Imputan a arribas por presunto cobro de coimas
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