Enriquecimiento ilícito

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Enriquecimiento ilícito es un concepto legal referente a situaciones en las cuales una persona se enriquece a expensas de otras en situaciones en las cuales la ley considera injustas.[1]​ Cuando un individuo se enriquece injustamente la ley impone al receptor una obligación de restitución, sujeta a defensas como el cambio de posición. La responsabilidad por un enriquecimiento injusto (o injustificado) nace independientemente de la mala conducta por parte del receptor. El concepto de enriquecimiento injusto se remonta al derecho romano y la máxima de que "nadie puede enriquecerse a expensas de otros": lat. nemo locupletari potest aliena iactura or nemo locupletari debet cum aliena iactura.

La ley del enriquecimiento ilícito está estrechamente relacionada, aunque no en la misma extensión, con la ley de restitución. La ley de la restitución es la ley de la recuperación basada en la ganancia. Es más amplia que el concepto del enriquecimiento ilícito. La restitución por enriquecimiento sin causa es un subconjunto de la ley de restitución, del mismo modo que la indemnización por incumplimiento de contrato es un subconjunto de la ley relativa a la indemnización.

El enriquecimiento ilícito como delito penal[editar]

Algunas legislaciones establecen como delito penal la falta de justificación por un funcionario público del incremento patrimonial ocurrido mientras ejercía un cargo, poniendo en cabeza del funcionario la carga de probar la adquisición por medios lícitos de los bienes que integran dicho incremento.

Varios países de América Latina sancionan penalmente el delito de enriquecimiento ilícito en aplicación de lo previsto en la Convención interamericana contra la corrupción. Entre ellos los que se encuentran Argentina Brasil (ei Nº 8.429, de 2 de Junho de 1992), Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela y se ha propuesto establecerlo en España.[2][3]

Argentina[editar]

El artículo 268 inc. 2° del Código Penal de Argentina) que establece “que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño. Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho.”,[4]

Colombia[editar]

El Código penal de Colombia prevé el enriquecimiento ilícito de particulares y el de empleados públicos:

El artículo 327 en relación con el Enriquecimiento ilícito de particulares establece: “El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis a diez años y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.”.

El artículo 412 define el enriquecimiento ilícito de funcionarios: “El servidor público que durante su vinculación con la administración, o quien haya desempeñado funciones públicas y en los dos años siguientes a su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, siempre que la conducta no constituya otro delito, incurrirá en prisión de seis a diez años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis a diez años.”

Referencias[editar]

  1. Veáse: Mitchell et al, Goff & Jones Law of Unjust Enrichment (Sweet & Maxwell, 8th ed, 2011); Graham Virgo, The Principles of the Law of Restitution (3rd ed, 2015); Andrew Burrows, The Law of Restitution (3rd ed, 2011); Mason, Carter, and Tolhurst, Mason & Carter's Restitution Law in Australia (LexisNexis, 2nd ed, 2008). Sobre enriquecimiento ilícito como un "concepto legar unificado", veáse el juicio de Deane J en Pavey & Mathews v Paul (1987) 162 CLR 221.
  2. Torras Coll, José M.ª (5 de junio). «El delito de incremento patrimonial ilícito. Un instrumento necesario para combatir la corrupción». Consultado el 24 de febrero de 2017. 
  3. Blanco Cordero, Isidoro. El delito de enriquecimiento ilícito desde la perspectiva europea. Consultado el 21 de agosto de 2017. 
  4. Oroño, Néstor A. (5 de febrero). «Enriquecimiento ilícito en la función pública». El Litoral. Consultado el 24 de febrero de 2017.