Revolución Libertadora (Argentina)

Revolución Libertadora
Parte de Guerra Fría
Generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, los dos gobernantes sucesivos de la Revolución Libertadora.
Fecha	16 de septiembre de 1955 – 22 de septiembre de 1955
Lugar	Córdoba, Buenos Aires, Bahía Blanca, Cuyo, Curuzú Cuatiá, Neuquen.
Casus belli	Alzamiento del general Eduardo Lonardi
Conflicto	Conflicto armado entre fuerzas rebeldes y fuerzas leales al gobierno
Resultado	Victoria de las fuerzas rebeldes.
Consecuencias	Inicio de la presidencia de facto de Lonardi.
Beligerantes
Fuerzas Leales La mayor parte del Ejército Argentino. Apoyado por: Militantes de la Alianza Libertadora Nacionalista. Militantes de la Confederación General del Trabajo. Fuerzas Rebeldes Elementos minoritarios del Ejército Argentino. Casi toda la Armada Argentina. Comandos civiles revolucionarios. Apoyados por: Sectores de la Iglesia, especialmente la Acción Católica.
Comandantes
Juan Domingo Perón Franklin Lucero Eduardo Lonardi Isaac Rojas

La Revolución Libertadora es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico - militar que gobernó la República Argentina tras derrocar al presidente constitucional Juan Domingo Perón, clausurar el Congreso Nacional y deponer a los miembros de la Corte Suprema,​ mediante un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955 y que, tras más de dos años de gobierno, hizo entrega del mismo al presidente Arturo Frondizi, el 1 de mayo de 1958.

El primer gobernante de facto de la Revolución Libertadora fue el general de división Eduardo Lonardi, quien fue substituido el 13 de noviembre de ese mismo año por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Ambos gobernaron como autoridades supremas del país, atribuyéndose el título de Presidente de la Nación.

En su curso Pedro Eugenio Aramburu derogó por bando militar la Constitución Nacional vigente sancionada en 1949 y repuso el texto constitucional de 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Poco después, la Revolución Libertadora organizó bajo su control y mediante elecciones condicionadas, una Convención Constituyente que aceptó la decisión anterior y realizó dos agregados a la Constitución, entre los que se destaca el artículo 14 bis.

Antecedentes y preparativos

Si bien ya había tenido roces y problemas con diversos sectores (Partido Comunista y socialista, y la Federación Universitaria Argentina), los cruces con los militares comenzaron en ocasión de la reforma constitucional de 1949, que entre otras medidas le otorgaba más atribuciones al gobierno para intervenir en la economía, y esto generaba malestar a las clases conservadoras. Posteriormente, estas fricciones se profundizaron cuando en 1951 se comenzó a hablar de la posibilidad de que Eva Perón, fuese candidata a vicepresidente. Además debe señalarse que durante el gobierno del general Perón, la oposición principal estuvo a cargo de la Unión Cívica Radical, caracterizándose dicho gobierno por la afiliación compulsiva de los empleados públicos al Partido Peronista, negándole a los partidos de oposición el uso de la radio y también de la televisión al iniciarse ésta en el país.​Finalmente, recién el 27 de julio de 1955, luego de la fracasada asonada del 16 de junio, le fue permitido leer por Radio Belgrano al Dr. Arturo Frondizi, un mensaje que debió presentar previamente para su censura y que se transmitía con una demora de algunos segundos para controlar que no se apartase del texto aprobado. Ese mismo día se conoció la noticia de la desaparición y muerte del médico y dirigente comunista Juan Ingalinella a manos de la policía.​

Primeras conspiraciones

La confirmación de la renuncia de Eva Perón a su postulación a la vicepresidencia no logró calmar los ánimos de los militares enfrentados con al gobierno. Las limitaciones a la libertad de prensa y la prohibición de publicitar en la radio para los partidos opositores fomentaron la idea de que la única opción era la golpista. Antes de las elecciones de 1951, en las que triunfó con el 62.49% de los votos,​ recrudeció la violencia en el país. El dirigente del Partido Comunista, Rodolfo Ghioldi, fue herido de bala y estuvo cerca de la muerte. Ricardo Balbín, radical, fue objeto de un atentado con arma de fuego, y el socialista Alfredo Palacios afirmó que el Partido Socialista no se presentaría a elecciones.​ Fue en aumento la propaganda antigubernamental de los partidos que se oponían al peronismo.

En este contexto, dos grupos de conspirados quisieron alzarse en armas contra el presidente. El primero surgió tras la reforma constitucional de 1949 y fue encabezado por los coroneles Jose Francisco Suarez y Bartolomé Gallo secundados por los coroneles Agustin de la Vega, su hermano Urbano, Alejandro Ojeda, Miguel Ángel Mascaró (que habian sido separados del servicio activo por su postura en los sucesos de 1945) los tenientes coroneles Manuel Haroldo Pomar y Carlos Toranzo Montero y otros oficiales subalternos. A ellos se sumaron el general retirado Fortunato Giovanelli, Capitanes de Navío Adolfo Estévez y Carlos Kolungia, capitán de fragata César Poch, los capitanes de corbeta Mejía y Cristián Beláustegui; en la Fuerza Aérea los vicecomodoros Martínez y Manni; y de la Gendarmeria el comandante principal Guillenteguy. El intento de capturar a Perón y convocar una convención constituyente que reestableciera la constitución argentina de 1853 iba a realizarse en mayo de 1951, pero una delación llevo a la detención de Suárez. Su confinamiento en Villa Devoto condujo a la disolución del grupo.​

El segundo grupo conspirativo de 1951 surgió en la Escuela Superior de Guerra, en torno al profesor de historia militar, teniente coronel Pedro Eugenio Aramburu (luego ascendido a coronel). A su lado trabajaban el director del establecimiento, general Eneas Colombo, y cuatro colegas profesores: el coronel Juan Carlos Lorio y los tenientes coroneles Bernardino Labayru, Luis Leguizamón Martínez y Emilio Bonnecarrere. De forma imprevista, Pedro Eugenio Aramburu fue trasladado a Río de Janeiro en calidad de agregado militar - donde conocería al agregado naval Isaac Rojas.​ Desprovistos así de su jefe, Labayru y Lorio viajaron a Córdoba y se entrevistaron con Eduardo Lonardi, quien aceptó el compromiso liderarlos. La fecha tentativa del alzamiento, 15 de julio, fue pospuesta por carecer de suficientes elementos revolucionarios.​ Por ello el complot comenzó a dividirse. El general Benjamín Menéndez no había estado de acuerdo con la elección de Lonardi y todavía guardaba expectativas de ser él quien liderase el alzamiento.​ En la madrugada del 28 de septiembre Menéndez, sin dar aviso al resto de los complotados y con muy escasos recursos a su mando, se sublevó contra el gobierno de Juan Domingo Perón.

El intento tuvo su epicentro en Campo de Mayo, pero terminó en un estrepitoso fracaso al no conseguir apoyos sustanciales dentro del Ejército: a las nueve de la mañana la sublevación ya había sido derrotada. El mismo 28 de septiembre, Perón decretó el «estado de guerra interno», estado que no existía en el ordenamiento jurídico argentino y era análogo al «estado de sitio» declarable por el congreso. El decreto del Presidente en su artículo dos continuaba: «todo militar que no se subordine o se subleve contra las autoridades o participe en movimientos tendientes a derrocarlas o desconocerlas, será fusilado inmediatamente». Así la pena de muerte sin juicio previo reapareció, tras estar prohibida durante más de un siglo.​ Ese mismo día la CGT convocó a una movilización y huelga general. Aun así, y pese a la insistencia de Eva Perón y sectores combativos dentro del peronismo, ninguno de los sublevados fue fusilado. Las «milicias obreras de autodefensa», creadas a iniciativa de Eva, serían desarticuladas poco tiempo después.

Una orden general del 18 de abril de 1952 decía que se debía aniquilar a las fuerzas adversarias ante el supuesto de un atentado contra el Presidente. El procedimiento estipulado era muy estricto. «A un atentado contestar con miles de atentados».​​ La Orden General incluía una lista de entidades que debían «ser suprimidas sin más» y personas que debían ser arrestadas: todos los partidos políticos menos el peronista, sus dirigentes, empresas y negocios cuyo dueño fuese no-peronista, consultorios médicos y estudios de abogados no-peronistas, agencias periodísticas, embajadas de Estados Unidos, Uruguay y Chile, asociaciones culturales, etc.​

El 6 de noviembre José Francisco Suárez fue liberado, y preparó una última conspiración revolucionaria. Sabiendo que podía ser arrestado nuevamente en cualquier momento, Suárez pasó a la clandestinidad y junto a unos cincuenta oficiales planificó la toma de la residencia presidencial.​ El plan de Suárez fue el primero en prever la colaboración de columnas de civiles armados, que posteriormente serían llamados «comandos civiles», ellos se encargarían de la detención de los principales ministros de gobierno, mientras los militares profesionales aseguraban la ocupación de la casa de gobierno y de la secretaría de comunicaciones. Pero el fracasado intento de Benjamín Menéndez, la nueva pena de fusilamiento, y el estado de "guerra interna" que nunca fue levantado, impusieron mucha tensión a los grupos revolucionarios. El 10 de enero se ordenó la «desmovilización» de los civiles hasta nuevo aviso.​ El 3 de febrero las actividades llegaron a su fin, nuevamente de forma imprevista, tras una delación y el arresto de Suárez en la casa de su colaborador Atilio Demichieli. Si bien fueron torturados mediante el uso de la novedosa picana eléctrica, no delataron a sus compañeros. Esto posibilitó que una cincuentena de oficiales antiperonistas permaneciera en el servicio activo de las Fuerzas Armadas.​

A mediados de 1952 ese año más de 600 personas habían sido arrestadas de forma preventiva, interrogadas y liberados sin orden judicial y sin que se formalizaran cargos en su contra.​ El enfrentamiento de Perón con los sectores católicos iniciado a fines de 1954 precipitó la conspiración en su contra. Entre otras medias criticadas por la Iglesia, Perón había derogado la enseñanza religiosa en las escuelas, aprobado la ley de divorcio, anulado la mayoría de los feriados por razones religiosas, autorizado la apertura de prostíbulos y llamado a una Convención Constituyente para separar a la iglesia del Estado, lo que puso a los sectores católicos en pie de guerra junto a los otros sectores que venían conspirando.

En 1953 el capitan de fragata Jorge Alfredo Bassi se embarco en el rutinario viaje de intrucción de la Flota de Mar llevando consigo el último boletín del Centro Naval. Allí leyó un articulo de Mitsuo Fuchida en el que éste relataba cómo había planificado y dirigido la primera ola de bombarderos navales en el ataque a Pearl Harbor. De aquí Bassi tomo la idea de hacer una maniobra semejante contra la Casa Rosada.​

¡Qué lindo imaginar la Casa Rosada como Pearl Harbor!​

Jorge Alfredo Bassi, 1953

El capitán de fragata Francisco Manrique quedó muy entusiasmado con la idea y junto a Antonio Rivolta y Néstor Noriega (capitanes de fragata) fueron a pedirle a Lonardi su ayuda para conseguir elementos del ejército que se plegaran a la revuelta. Lonardi, cuando escuchó el plan de asesinar a Perón bombardeando la Plaza de Mayo, dijo que le desagradaba la idea y que no tenía deseos de participar.​

Al poco tiempo se gestó un audaz plan para capturar al Presidente en un buque de la armada. Con motivo de la celebración del día de la independencia, Perón con todo su gabinete, con el jefe de la policía federal y con los presidentes de ambas cámaras legislativas, serían agasajados a bordo del crucero 9 de Julio.​ Dirigía la operación el comandante segundo de la nave, capitán de fragata Carlos Bruzzone, secundado de Jorge Alfredo Bassi y Carlos Bonomi. Bassi se reunió nuevamente con Lonardi. El general dijo aceptar la convocatoria, pero tras entrevistarse con alguas otras personas llegó a la conclusión de que el plan no se sustentaba sino en un grupo demasiado reducido y sin los elementos suficientes como para realizar la operación con éxito. Por este motivo decidió revocar su participación; de todos modos el plan de los conjurados se tornó imposible cuando la cúpula del gobierno canceló el acto con la Marina. La negativa de Lonardi lo apartó de sus contactos en la Marina y no volvió a reunirse con ellos hasta después de los sucesos de 1955.​

En 1954 no hubo planes para el derrocamiento de Perón ni en el Ejército, ni en la Armada; pero hubo dos series de eventos de suma importancia que tuvieron una relación directa con la caída del presidente: su conflicto con los estudiantes universitarios y el quiebre de relaciones con la Iglesia. En el centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires participaban alumnos como Gregorio Recondo, Hipólito Solari Yrigoyen, Jorge Saenz Rosas, Mariano Grondona, Mario Diehl Gainza, Guillermo O'Donnell, Carlos Suárez Anzorena, Luis Felipe Noé, y otros. Se formó una Federación Universitaria paralela a la oficial, con Gastón Bordelois en agronomía, Carlos Velasco Suárez en medicina, etc.​ Los estudiantes tenían prohibida cualquier expresión política, y se organizaron para realizar acciones sorpresivas de reparto de volantes.​ Por este motivo, el 4 de noviembre, Mario Diehl asaltó sorpresivamente el micrófono que estaba al aire en Radio del Estado:

¡Hay doscientos estudiantes presos, FUBA lucha por su libertad!​

Mario Diehl, 4 de noviembre de 1954

Esta rara maniobra tuvo cierto impacto ya que en general estaba prohibido emitir por radio opiniones contrarias al gobierno. La prensa nacional no se hizo eco de la noticia, que en cambio llegó a ser mencionada en el periódico New York Times.​

Conflictos sectoriales

Al conflicto con los estudiantes se sumó el conflicto con la Iglesia Católica. Tras la muerte de su mujer Eva Duarte, el presidente Perón tuvo un decaimiento anímico que fue notado por sus allegados,​ para colaborar con su esparcimiento el ministro de educación Armando Méndez San Martín fundó la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) para facilitar a alumnas colegios públicos el uso de las instalaciones de la Quinta Presidencial de Olivos, que poseía una piscina muy amplia.​ El presidente asistía asiduamente a los esparcimientos de las jovencitas y circulaban distintos rumores acerca de su comportamiento.​​​ Al poco tiempo esos rumores se demostraron parcialmente ciertos, cuando Nélida Haydeé Rivas, de catorce años, se mudó a la residencia presidencial y comenzó a hacer vida marital con el presidente, en ocasiones asistiendo a su lado a eventos públicos.​​​ Para los feriados de carnaval, Perón invitó a la juventud estudiantil a los «bailes existencialistas», de noche, disfrazados, y publicitados como «sin restricciones».​

La prédica moralizadora de la Iglesia se extendió a todo el territorio argentino, y tuvo mucha fuerza en Córdoba donde los sacerdotes Quinto Cargnelutti y Eduardo Angelelli, junto a la Acción Católica y otras organizaciones, establecieron el Movimiento de Juventudes Católicas para evitar que los estudiantes se adhirieran a UES.​ El 11 de septiembre (día del maestro en la Argentina) la UES organizó un desfile en Córdoba que logró una concurrencia muy escasa; el 21 de septiembre (día de la primavera) las Juventudes Católicas organizaron un desfile de carrozas con una concurrencia estimada en doscientas mil personas, incluyendo adultos. El ministro Méndez San Martín acusó al clero cordobés de interferir en política. El 9 de septiembre el secretario adjunto de la CGT, Hugo di Pietro pronunció un discurso ante dirigentes gremiales instándolos a no tolerar la actitud de los sacerdotes.​ Al día siguiente, el presidente Perón acusó de antiargentinos a los obispos Fermín Emilio Lafitte, Froilán Ferreyra Reynafé y Nicolás Fasolino.​ Añadió:

El dirigente peronista que acepta la responsabilidad del puesto de dirigente debe descargar su conciencia de cualquier otro sentimiento que pueda ser superior al peronismo; y si no, no debe aceptar el cargo. Y si equivocadamente lo ha aceptado y él siente que es más otra cosa que peronista, por honor y dignidad debe renunciar inmediatamente.​

Juan Domingo Perón, 10 de noviembre de 1954

El 2 de diciembre se disolvió, por decreto,​ la Dirección Nacional de Enseñanza Religiosa y se dejó cesantes a los maestros que enseñaban esa materia. El 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción, una festividad católica que, si bien fue definida dogmáticamente en 1850, había sido popularizada en el territorio argentino varios siglos antes por el Reino de Indias de la Corona de Castilla. Para la ocasión, la Iglesia convocó a una misa en la Catedral, con una concurrencia de ochenta mil personas que llenó la Plaza de Mayo. Poco después se clausuró un pequeño periódico católico llamado El Pueblo, que fue el único medio de prensa que reportara acerca del acto. Su director fue detenido,​ y tras este episodio, el día 21 de diciembre se dictó la ley 14.400 que prohibía cualquier acto público que fuera «contrario a los intereses del pueblo». Esa misma sesión de la cámara de diputados se extendió hasta pasada la medianoche; ya en la madrugada del día 22 se introdujo sorpresivamente, y se aprobó sin debate, la ley de divorcio vincular.​ Las medidas contra la Iglesia se completaron el día 30, con un decreto presidencial que legalizó la prostitución.​​

El complot de la Armada

Estas medidas hicieron resurgir al grupo de oficiales navales que en anteriormente había conspirado contra el gobierno:​ Los capitanes de fragata Noriega y Bassi eran el epicentro de la sedición en Punta Indio. El plan de este último, de atacar la Casa de Gobierno, aún carecía de apoyo del Ejército. En Buenos Aires conspiraban los capitanes de fragata Francisco Manrique, Aldo Luis Molinari, Guillermo Rawson, Antonio Rivolta, Jorge Castiñeiras Falcón, Alberto Antonini, Jacinto Cueto y Ricardo Fitzsimon. En Puerto Belgrano, Recaredo Vázquez, Enrique Sánchez Moreno, Carlos Bruzzone, Horacio Barilari, y otros.​

Lo que principalmente retenía a los conjurados era la falta de apoyo del ejército. En noviembre de 1954 Manrique y Bassi se reunieron en la quinta del rico​ industrial Raúl Lamuraglia, en Bella Vista, junto al capitán de navío Bruzzone, el ex capitán del ejército Walter Viader, el comandante de la Fuerza Aérea Agustín de la Vega, y el doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz de la Unión Cívica Radical. Si bien exploraron la posibilidad de convocar a los generales Gibert, Aramburu y Anaya, las reuniones no tuvieron ningún resultado concreto.​ Lamuraglia tendió lazos con los tres partidos de oposición más importantes y se designó un triunvirato civil para asumir el poder en caso de triunfar los planes revolucionarios: Zavala Ortiz por los radicales, Ghioldi por los socialistas, y el mendocino Vicchi por los conservadores.​

En diciembre de 1954 movimiento incorporó a un grupo subversivo de civiles guiado por Walter Viader,​ pero tuvo dificultades para darse un líder hasta que ingresaron dos oficiales del cuerpo de Infantería de Marina: capitán de fragata Carlos Nielsen Enemark y capitán de corbeta Fernando Suárez Rodríguez. Ellos sugirieron al jefe del Estado Mayor del Comando de Infantería de Marina, el contraalmirante Samuel Toranzo Calderón,​ que se plegó con entusiasmo como líder del grupo revolucionario, e inmediatamente se entrevistó con Vicchi y Zavala Ortiz para confirmar el rumbo de un posible gobierno.​ Después de esto, Toranzo Calderón buscó el apoyo de los antiperonistas general Aramburu y teniente coronel Labayru, que se negaron a participar. A fines de febrero de 1955, un segundo grupo de civiles se unió a los marinos conspirados: pertenecían al crículo liderado por los doctores Mario Amadeo y Luis María de Pablo Pardo.​ El estudiante de derecho Jaime Mejía los contactó con el general Justo León Bengoa, que comandaba la III división de infantería con sede en Paraná.​ Entrevistado por Amadeo, Bengoa se mostró entusiasmado, pero no llegó a comprometerse para el alzamiento.

En cuanto a la Fuerza Aérea, el comandante Dardo Eugenio Ferreyra logró comprometer el apoyo del capitán Julio César Cáceres, primer teniente Carlos Torcuato de Alvear, y unos pocos vicecomodoros y brigadieres retirados. Pero los interrogatorios del servicio de informaciones interno de la Fuerza Aérea, alertaron a los complotados de las sospechas que se levantaban contra ellos, y abandonaron todo contacto con los marinos.​

El domingo 23 de abril de 1955 el general Bengoa, que había viajado a Buenos Aires, se reunió con Toranzo Calderón y le prometió su apoyo. A partir de entonces varios oficiales viajaron regularmente entre Paraná y Buenos Aires para organizar los preparativos.​ Un detallado estudio de los movimientos del presidente permitió a los marinos saber que los miércoles de 9:30 a 10:30 el Presidente se reunía con todos sus ministros en la Casa Rosada: durante ese lapso podía capturarse al más alto nivel del gobierno en un sólo ataque. La "hora 0" serían las 10 de la mañana: el almirante Toranzo Calderón llamaría al Presidente, amenazándolo para evitar un derramamiento de sangre si en un plazo de 15 minutos no se rendía. Para cumplir esta amenaza, Toranzo Calderón disponía de aviones de la Base Naval de Punta Indio, y cerca de 700 efectivos de la Infantería de Marina.​ Los tenientes primeros de la Fuerza Aérea, Carlos Enrique Carús y Orlando Arrechea integraron en el complot a muchos oficiales de la VII Brigada Aérea de Morón que también participarían del ataque. Finalmente varios grupos de civiles, identificados por una cinta blanca anudada al brazo, tendrían por misión neutralizar la operatoria de la CGT, la Alianza Libertadora Nacionalista, y varias estaciones de radio. Los rebeldes consideraban que todo podía llegar a estar listo para dar el golpe cerca del 9 de julio.​

En la madrugada del 10 de junio, Toranzo Calderón y Pablo Pardo partieron hacia el litoral en el auto del escribano Raúl Medina Muñoz. El 11 pudieron reunirse con Bengoa y acordaron qué causas invocarían los revolucionarios para su acción: el "estado de guerra interno" que consideraban violatorio de las garantías constitucionales y el ataque a la religión católica. No pusieron una fecha, más bien, Bengoa se comprometió a estar siempre alerta y movilizar todos sus efectivos apenas se conociera la noticia del alzamiento de la armada.​ Muchos capitanes, impacientes, incitaban a Toranzo a atacar cuanto antes. No se sabía qué reacción tendrían los elementos del ejército radicados en Buenos Aires, ni tampoco qué clase de apoyo u oposición les daría el superior directo de Toranzo, vicealmirante Benjamín Gargiulo, quien estaba al tanto de la existencia de una trama conspirativa pero no daba señas de querer interferir.​

El sábado 11 de junio se llevó a cabo la tradicional Procesión de Corpus Christi en Buenos Aires, que se ha celebrado en esa ciudad todos los años desde 1580. Según la ley 14.400, estaba prohibida la asistencia a actos públicos no-autorizados, y la autorización para realizar este acto había sido retirada el día 7.​​ A pesar de eso, monseñor Manuel Tato instó a Manuel Ordóñez para que, junto la cúpula juvenil de la Acción Católica, convocara a la mayor cantidad posible de personas. Grupos de radicales y socialistas también asistieron por considerarlo un acto de desobediencia al gobierno.​ Esa misma noche, la policía distribuyó fotos de una bandera argentina quemada, acusando a los manifestantes católicos de agraviar la enseña nacional. Durante varios días se sucedieron notas injuriosas contra la población católica en los medios de comunicación, discursos de políticos y declaraciones en el congreso, hasta que el marino José María Gilberti publicó una nota en que relataba cómo su propio hermano, oficial subinspector de policía Héctor Eduardo Gilberti había quemado la bandera en una sede policial de acuerdo a una serie de instrucciones que había recibido.​

El día 11, alrededor de las veintidós horas, yo recibí la orden de proceder a quemar la bandera (...) de mi jefe inmediato, comisario inspector Racana. Lo que quiero aclarar es que ... tengo absoluta confianza en que tanto el comisario inspector Racana, como el Director interino de Investigaciones, que es el señor García, no hacían más que transmitir órdenes.

Héctor Eduardo Gilberti

El 12 de junio de 1955 un grupo de la Alianza Libertadora Nacionalista organizó una movilización frente a la Catedral de Buenos Aires amenazando con incendiarla en protesta por la quema de la bandera. Rápidamente grupos de estudiantes de la Acción Católica Argentina se presentaron en el lugar y, tras encerrarse en defensa del edificio, fueron arrestados.​

En la madrugada del 13 llegó al comando rebelde la información de que la casa del almirante Toranzo Calderón estaba siendo vigilada por los servicios de inteligencia. Esta novedad, sumada a los hechos de los días anteriores, desencadenó la decisión de hacer estallar el golpe el jueves 16 de junio, sin más dilación.​

Bombardeo del 16 de junio de 1955

El 16 de junio de 1955 se produce un levantamiento militar en el que la Aviación Naval bombardeó Buenos Aires causando 364 muertos (algunas versiones elevan esa cifra a 500) y un millar de heridos. Perón se refugió en uno de sus bunkers, en los subsuelos de la sede del Ejército dejando el manejo de la situación a su Ministro de Guerra Franklin Lucero.

Se combatió por aire, mar y tierra. Aviones de la Marina se enfrentaron a los de la Fuerza Aérea y atacaron a unidades del ejército que convergían sobre el epicentro de la ciudad. Los puntos bombardeados fueron la Casa de Gobierno, los alrededores de Plaza de Mayo, el Ministerio de Guerra, el Departamento Central de Policía, la zona aledaña a la Residencia presidencial, en la zona norte del Gran Buenos Aires en el barrio de Olivos y otros sectores de la ciudad.

Aviones de la Marina fueron derribados, uno de ellos sobre el Río de la Plata y otro en la localidad de Tristán Suárez y el Regimiento de Granaderos a Caballo y cuerpos del Ejército, con el Regimiento Motorizado Buenos Aires a la cabeza, lograron rechazar el ataque de la Infantería de Marina sobre la Casa de Gobierno y rendir al Ministerio de Marina, donde se había concentrado el alto mando rebelde, cuyo jefe, el contralmirante Benjamín Gargiulo, al ver fracasada la asonada, se suicidó.

Por la noche, tres grupos organizados de personas que partieron de dos reparticiones del Estado y del local del Partido Peronista saquearon e incendiaron los principales templos del casco histórico de la ciudad, la Curia Metropolitana y los edificios de importantes instituciones, provocando la pérdida de invalorables tesoros artísticos, culturales y esencialmente religiosos, y el 40% de las partidas de nacimiento de todos los porteños desde 1580. La policía, las fuerzas militares y los bomberos se abstuvieron totalmente de intervenir, limitándose estos últimos a comenzar a actuar contra el fuego una vez terminada la agresión. Algunos de los templos databan de la época colonial por lo que ciertos daños fueron irreparables. En un discurso pronunciado al día siguiente el presidente Perón atribuyó los hechos a los comunistas. Perón siguió al frente del gobierno como presidente, aunque solo por unos meses más.

El golpe del 16 de septiembre de 1955

Inicio de la insurrección

Situación al 16 de septiembre

Tropas leales al gobierno constitucional resisten el golpe de Estado en la localidad bonaerense de Ensenada.

El 16 de septiembre de 1955 estalló en Córdoba la insurrección cívico-militar que daría inicio a la Revolución Libertadora. Los rebeldes contaron con el apoyo de los llamados comandos civiles revolucionarios, que combatieron contra las tropas leales al presidente Perón en Alta Córdoba, y mantuvieron escaramuzas en distintos puntos del país, ocupando edificios públicos y constituyeron un factor de enlace permanente con los militares sublevados.

A la medianoche el general Eduardo Lonardi junto al coronel Arturo Ossorio Arana y otros jefes, sublevó la Escuela de Artillería de Córdoba y abrió fuego inmediatamente contra la Escuela de Infantería, dando inicio al golpe. La Escuela de Infantería, comandada por el coronel Brizuela, se rindió tras un largo parlamento esa misma mañana. La escuela de Arillería rindió honores a los rendidos pero no logró convencerlos para que se plegaran a la insurrección.​

Lonardi decidió atrincherar sus unidades de artillería en la Escuela Militar de Aviación, comandada por el comodoro Krause, única parte de la Fuerza Aérea que se sublevó el 16 de septiembre.​ Hubo fuertes enfrentamientos entre la Escuela de Artillería, su aliada, la Escuela de Tropas Aerotransportadas y la vecina Escuela de Infantería, leal al gobierno, en las afueras de Córdoba y se combatió en el centro de aquella ciudad, sobre todo frente al histórico Cabildo; en la Escuela Naval Militar (Argentina) y en la Base Naval de Río Santiago, ambas atacadas por la Fuerza Aérea leal y en el Río de la Plata, donde la Escuadra de Río sufrió serios daños. También se produjeron choques en Curuzú Cuatiá (provincia de Corrientes), en Cuyo y Entre Ríos. Hubo duros enfrentamientos entre fuerzas del Ejército y la Aviación Naval en la zona de Sierra de la Ventana y Tornquist y combates de consideración en Bahía Blanca y la provincia de Río Negro donde un convoy fue atacado por aviones navales.

El almirante Rojas al mando del grueso de la Flota de Mar advirtió a Perón de que "de no promoverse su salida del gobierno, la Flota de Mar bombardearía las instalaciones petroleras de YPF en Mar del Plata, Argentina". Es así que en la alborada del lunes 19 los buques se situaron frente a la costa de Mar del Plata, la que había sido evacuada en la zona adyacente a los depósitos de combustible ante las advertencias de un inmediato bombardeo​ y procedieron a destruirlos con dos cañonazos, sin producir víctimas según una versión​u ocasionando una cantidad no determinada de muertos y heridos según otra versión,​ y desembarcaron tropas y ocuparon la Escuela de artillería antiáerea de Mar del Plata y la ciudad misma sin encontrar resistencia.​ Prosiguen viaje hacia Buenos Aires y por Radio Pacheco advierten a la población civil que debe evacuar la zona adyacente al dock de Berisso porque se produciría el bombardeo de la Destilería de La Plata.​Unidades rebeldes de la Fuerza Aérea atacaron aeródromos y bases leales en diferentes puntos de las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Perón hace caso omiso de varios de sus colaboradores que le aconsejaron "Llevar a la zona de los hechos a los familiares de los revolucionarios para hostigarlos a deponer su actitud".​

En la zona de Cuyo, el golpe fue promovido por el general Lagos, su hermano Carlos y el doctor Bonifacio del Carril. Los tres llegaron a San Luis después del mediodía del día 14 de septiembre, habiendo sido anoticiados el día anterior de la inminente intentona. Dado que Lagos hasta hacía dos meses había sido el jefe de esa guarnición, esperaba poder tomar el mando sin problemas. En reunión con el comandante en jefe Eugenio Andía se anoticiaron de que en la Comandancia Segunda había sido designado José Epifanio Sosa Molina, quien había llegado de Buenos Aires con un grupo de la Policía Federal con las órdenes de investigar la situación de los oficiales para evitar un alzamiento similar al que Videla Balaguer había intentado fallidamente dos semanas atrás en Río Cuarto.​ Andía agregó que la noticia de la presencia de Lagos en San Luis desataría una intensa búsqueda y su posterior detención por parte de la policía; y que lo mejor era tratar de juntarse en Mendoza con el coronel Fernando Elizondo.​ Más tarde Andía se reunió con los oficiales golpistas, los tenientes coroneles Eppens y Ávila, y el mayor Blanco.

Una limitada comunicación radial fue complementada por el capitán de fragata Carlos García Favre, que estuvo en Córdoba al estallar la insurrección y en avión viajó a Bahía Blanca el 16, de vuelta a Córdoba el 17, a Mendoza el 18, y volvió otra vez a Córdoba con un refuerzo de doscientos soldados.​

Los días 17 y 18 de septiembre

Situación al 17 de septiembre

Los días 17 y 18, casi todos los escenarios entraron en una situación de estancamiento: la Base Comandante Espora en Bahía Blanca se encontraba rodeada, la Escuadra de Río mantenía el bloqueo sobre el Río de la Plata, la Escuadra de Mar continuaba su travesía de dos días y medio entre Puerto Madryn y Buenos Aires al mando de Isaac Rojas, y las fuerzas de Lonardi sobrevivían a duras penas ayudados por civiles armados que intervenían en combates de guerra urbana en el barrio de Alta Córdoba. El único avance golpista se produjo con la instalación de gobiernos paralelos en San Luis el día 17 de septiembre y en Mendoza el día 18, sin que hubiera resistencia armada por parte de sectores del ejército, ni de los sindicatos, ni de los gobiernos provinciales anteriores.

Para evitar los controles policiales, el auto de Lagos salió de San Luis por la ruta hacia San Juan, y después fueron a Mendoza, adonde llegaron a las 15 horas del día 15 de septiembre, 8 horas antes del momento establecido para el comienzo de la revolución: "y en ese momento eramos unos simples fugitivos, sin la más mínimas esperanza de poder cumplir el compromiso de honor que había contraído el general Lagos".​ Se presentaron en la casa de la conocida familia Arizu (de origen vasco, llegados a fines del siglo XIX) donde se había guarecido la imagen de Nuestra Señora de la Merced, generala del Ejército de los Andes, con el bastón de mando que le había sido entregado por José de San Martín. El doctor Romeo de la Vega (marido de Clara Arizu) fue a buscar al coronel Elizondo quien les informó que las tropas estaban en maniobras dispersas a lo largo de las provincias de Mendoza y San Juan, que era imposibles reunirlas para el día siguiente.​ Del Carril y los hermanos Lagos se alojaron esa noche en casa del doctor Jorge Vera Vallejo, y después en la casa de la familia Vallée, donde entraron en contacto con toda la estructura civil revolucionaria de la ciudad, encabezada por Emilio Olaechea.​ En cuanto a los militares, el teniente coronel Mario R. Graci y el teniente Ricardo José Ahualli fueron los ayudantes de Lagos. La noche de 16 varias columnas del ejército, lidereadas por el general Raviolo,​ pasaban a las apuradas por Mendoza camino a San Luis con órdenes de sofocar el golpe en Córdoba, pero los contactos establecidos por Lagos lograron convencer a la mayor parte de la comandancia para que se plegaran a Lagos, esperando el momento oportuno para exteriorizar la decisión.​

Situación al 18 de septiembre

En la mañana del 17 de septiembre la columna llegó a San Luis y tras una muy tensa reunión se obligó al general Raviolo y a los oficiales leales al gobierno constitucional a que juraran no luchar contra la insurreción, y se le permitió marchar en libertad hacia sus respectivos domicilios.​

Esa tarde se estableció el primer gobierno provincial de facto, ubicado en San Luis, a cargo del coronel Carlos Trogliero; además se ocupó el Aeoródromo de Villa Mercedes que contaba con un grupo de bombarderos. La mayor parte de las tropas que habían llegado desde Mendoza fueron enviadas entonces de vuelta a esa provincia para incorporar a todas las provincias andinas al golpe. La mañana del día siguiente se instaló otro gobierno de facto en la provincia de Mendoza.

El bloqueo de la Escuadra de Mar, desde el punto de vista de las potencias internacionales, era ilegal ya que ningún gobierno se hacía cargo de él como parte beligerante, al contrario, podía ser considerado un acto de piratería. Durante la tarde del 18 el capitán García Favre se percató de que la situación en Mendoza reunía los requisitos mínimos para que se pudiera formar un gobierno paralelo que asumiese su condición de beligerante: tenía dominio sobre un territorio y poseía una frontera internacional abierta. Consecuentemente en Mendoza se iniciaron gestiones con los partidos Conservador, Radical y Socialista para que se presentaran los nombres de ciertas personas que pudieran integrar temporalmente parte de ese gobierno.​

La noche del 18, Perón delegó el poder en una junta militar peronista, que ejercía la presidencia de facto. Desde ese momento la cúpula revolucionaria consiguió tranquilizar a muchos oficiales que antes se podían exponer a ser fusilados por sublevarse contra las autoridades constituidas; dado que la constitución no permite que un presidente entregue las instituciones republicanas en manos de una junta militar, entonces ya no habían autoridades legítimamente constituidas, ya no había "rebeldes y leales".​ A la mañana siguiente se conoció tregua solicitada por la junta militar peronista, y esa noche el general Lagos recibió un telegrama invitándolo al edificio del Cabildo de Buenos Aires o a la sede de la Corte Suprema de Justicia a fin de realizar las gestiones necesarias para el cese de la lucha y la pacificación definitiva. Lagos, a pesar de haber triunfado por sí mismo en tres provincias, prefirió dejar esas gestiones en manos del general Lonardi, a quien consideraba autor de la revolución.​

Desde un punto de vista formal, los momentos en que Perón cesó en el cargo de presidente y en el que asumieron las nueva autoridades son confusos. El 19 de septiembre al mediodía, Perón escribió una confusa carta dirigida al general Franklin Lucero, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y leal al gobierno constitucional. En la carta Perón da a entender su renuncia:

Hace algunos días... decidí ceder el poder...Ahora mi decisión es irrevocable... Decisiones análogas del vicepresidente y de los diputados... El Poder del Gobierno pasa por ello automáticamente a las manos del Ejército.

Juan D. Perón. Carta al general Franklin Lucero.​

La carta fue asumida por Lucero como una renuncia, tras lo cual procedió a formar una junta militar integrada entre otros por los generales José Domingo Molina, Raúl D. Tanco, Juan José Valle, Angel J. Manni, Emilio Forcher y Oscar A. Uriondo, que declaró haber asumido el Poder Ejecutivo. Esta junta militar peronista fue también un gobierno de facto inconstitucional, pero técnicamente no realizó un golpe de estado porque fue el titular del poder ejecutivo quien activamente eligió entregarle el poder.​ Luego, el general Lucero leyó la carta de Perón, por la cadena de radio y televisión.​ Esa misma noche Perón se reunió con la junta militar para informarle que él no había renunciado; la junta sin embargo no fue disuelta.​

Esta nueva situación del gobierno nacional hacía que la declaración de un gobierno de facto pudiese ser interpretada por las autoridades extranjeras como una maniobra para aprovecharse de la situación de incertidumbre institucional. Se decidió no instituir un gobierno ilegímito para evitar una eventual intervención internacional.​

La tregua del 19

Situación al 20 de septiembre

Si bien el día 19 había una tregua, el ejército leal al gobierno continuó con la concentración de tropas en Río Cuarto. Según Del Carril, "esas fuerzas podían optar por pulverizar primero a Lonardi y después a Lagos, en etapas sucesivas, o podían dividirse en dos sectores, y pulverizar a Lonardi y a Lagos simultáneamente, esto a su entera elección, tal era la superioridad de sus elementos bélicos".​ Una vez triunfado el golpe, el teniente coronel Cabello fue enviado a Río Cuarto para conocer la situación real de las fuerzas allí reunidas: fue recibido como héroe por la población y los efectivos del ejército que en su mayor parte se habían negado a atacar a los rebeldes. Los cañones estaban todavía guardados y los tanques traídos de Buenos Aires nunca habían sido desembarcados de los trenes.​

El 20 de septiembre

Civiles armados celebran en la ciudad de Córdoba el derrocamiento de Perón.

El día 20 Lonardi envió al mayor Juan Francisco Guevara y al capitán Landaburu para exigir la rendición incondicional del gobierno de Buenos Aires. Esa noche Lonardi, sin esperar los resultados de las gestiones que sus colaboradores estaban haciendo en Buenos Aires, constituyó un gobierno revolucionario.​ Perón trató de recuperar el poder alegando que lo que había firmado no era una renuncia sino un renunciamiento, pero esa noche el general Ímaz en una reunión de la junta militar de gobierno dejó zanjada la cuestión cuando obligó a todos los presentes a que consideraran al ex-presidente como definitivamente renunciado.​ A la madrugada pudieron establecerse comunicaciones telefónicas entre Mendoza y Buenos Aires, con el general Tassi y con el doctor Alberto Tedín para intercambiar información.​

Triunfo del golpe

Los enfrentamientos finalizaron cuando en la madrugada de ese día tanques del Ejército cañonearon y demolieron la sede de la Alianza Libertadora Nacionalista en el centro de Buenos Aires, sin causar muertos y hubo 54 detenidos.​ Ese día a las 6:00 am cayeron las últimas bombas rebeldes en las pistas de Las Higueras (Córdoba) todavía en manos de fuerzas que respondían al gobierno.

El golpe militar de septiembre de 1955 constituyó el bautismo de fuego de la Aviación Naval (nada tenía que ver con la Fuerza Aérea, ya que era un comando de la Marina de Guerra y por lo tanto dependía de ésta).

El 20 de septiembre por la mañana, Perón pidió asilo en la embajada de Paraguay y una vez que le fue concedido subió a bordo del buque paraguayo "Paraguay", una cañonera militar.​ Ese mismo día, una vez asilado Perón, Lonardi emitió un bando con el nombre de "Decreto Nº 1" por el que se nombra a sí mismo como "presidente provisional de la Nación", solicita el reconocimiento de los otros países y establece la sede provisoria del gobierno en la Ciudad de Córdoba.​ Al día siguiente, 21 de septiembre, la Junta Militar, que había estado negociando con el contraalmirante Rojas y el general Uranga las condiciones de paz a bordo del crucero "17 de Octubre", canceló esas gestiones y aprobó que Lonardi fuese a Buenos Aires a hacerse cargo del gobierno. El 22 de septiembre Uruguay reconoció a Lonardi como presidente de Argentina, en tanto que éste disolvió el Congreso Nacional y nombró interventores en varias provincias.​ Ese mismo día el general Aramburu y un colaborador del general Lagos se reunieron a evaluar el escenario, y concluyeron que el ala liberal se encontraba en problemas e iba a ser excluida del gobierno que se estaba organizando.​

El 23 de septiembre el general Lonardi y el almirante Rojas llegaron a Buenos Aires. Ese mismo día el primero prestó juramento asumiendo el título de "Presidente Provisional", y al día siguiente designó al almirante Isaac Rojas con el título de "Vicepresidente Provisional".​ La portada del diario Clarín de ese día convocaba a la población a hacerse presente en la Plaza de Mayo con el siguiente titular: "Cita de honor con la libertad. También para la República la noche ha quedado atrás".​

La asunción de Lonardi fue acompañada por una gran multitud reunida en la Plaza de Mayo. Algunas consignas de los manifestantes fueron: "Argentinos sí, nazis no"; "San Martín sí, Rosas no", "YPF sí, California no",​ "No venimos por decreto, ni nos pagan el boleto".​ El 25 de septiembre reconocieron al gobierno militar los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, éste último luego de prestar importante apoyo a los insurrectos.​​

Gobierno de Eduardo Lonardi

El General de División Eduardo Lonardi en 1955.

El general Eduardo Lonardi gobernó solo 52 días, hasta ser derrocado por el sector liberal de los golpistas. Además padecía un cáncer cuyos síntomas ya eran notables al comienzo de la insurrección y que finalizaría con su vida en marzo del año siguiente.​ Representaba una fracción de las fuerzas armadas, de orientacíón nacionalista católica, que tenía como objetivo derrocar a Perón y excluirlo de la vida nacional, así como impedir que el peronismo volviera al poder -al menos en lo inmediato-, pero sin recurrir a una represión masiva, ni derogar la Constitución de 1949 y las leyes sociales y laborales que caracterizaron al gobierno peronista.

Desde el triunfo de la revolución, Lonardi planeaba quedarse poco tiempo en el poder debido a su estado de salud. Pensaba convencer a la CGT que aceptara la nueva situación y simplemente ordenar el país para que se recupere lo antes posible de lo que él consideraba una "tiranía".​

El lema político que expresaba esa intención fue la consigna pronunciada al asumir el poder, «ni vencedores ni vencidos», tomada de Justo José de Urquiza,​ que se convirtió en una de las frases políticas más famosas de la historia argentina.​

Lonardi integró su gobierno con los siguientes ministros:

• Ministro de Hacienda: Eugenio Folcini
• Ministro del Interior y Justicia: Eduardo B. Busso
• Ministro de Ejército: Justo León Bengoa (reemplazado por Arturo Osorio Arana).
• Ministro de Marina: general de Teodoro Hartung
• Ministro de Aeronáutica: Comodoro Julio Cesar Krause
• Ministro de Comercio: César Augusto Bunge
• Ministro de Obras Públicas: José Blas Paladino
• Ministro de Educación: Atilio Dell'Oro Maini
• Ministro de Trabajo: Luis B. Cerruti Costa
• Ministro de Transporte: Juan José Uranga
• Ministro de Asistencia Social: Ernesto Rottger
• Ministro de Relaciones Exteriores y Culto: Mario Amadeo
• Ministro de Comunicaciones: Luis María Ygartúa
• Ministro de Industria: Horacio Morixe
• Ministro de Agricultura y Ganadería: Alberto Mercier
• Ministro de Finanzas: Julio Alizón García

Al final de su gobierno Lonardi dividió el Ministerio del Interior y Justicia, renunciando entonces el ministro Busso; el 12 de noviembre asumió Luis María de Pablo Pardo como Ministro del Interior y Julio Velar de Irigoyen como Ministro de Justicia.

Dentro del Estado asumieron ciertas responsabilidades minoritarias las demás fuerzas que, junto al Nacionalismo Católico, habían inervenido en la revolución. En el Ministerio del Interior tuvieron influencia los demócratas progresistas, uno de cuyos líderes, el doctor Sebastián Soler, fue designado Procurador General de la Nación. En el Ministerio de Marina estuvieron los representantes del socialismo con Américo Ghioldi.​

Luchas internas y golpe palaciego

A poco de asumir el general Lonardi, se manifestaron las diferencias entre las dos alas del gobierno militar:

• el ala nacionalista católica, liderada por el propio general Eduardo Lonardi, más proclive a negociar con el peronismo y preservar la mayor parte de las conquistas sociales y laborales realizadas durante los gobiernos de Perón.
• el ala liberal, liderada por el vicepresidente almirante Isaac Rojas, sostenía un antiperonismo radical, pretendía erradicar totalmente al peronismo de la vida política y sindical argentina, derogar las medidas sociales y laborales establecidas durante el gobierno peronista, y establecer una política económica dirigida por los economistas más conservadores.

En este primer período de la Revolución Libertadora, el peronismo intentó maniobrar aprovechando las diferencias entre ambas corrientes militares, para obtener ventajas y ganar tiempo para reorganizarse alrededor del movimiento sindical. Por esa razón ese momento fue conocido como la entente cordiale.​

El 5 de octubre la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) renunció asumiendo la dirección provisoria Andrés Framini y Luis Natalini de Luz y Fuerza.​ Los sindicalistas negociaban con el régimen militar, a través del Ministro de Trabajo Luis Cerruti Costa, un socialcristiano, abogado del sindicato metalúrgico, que había sido peronista hasta 1947. Al día siguiente de asumir la dirección de la CGT, Framini y Natalini firmaron un pacto formal con el ministro Cerruti Costa, por el cual el gobierno reconocía a las autoridades de la CGT y se comprometía a designar interventores imparciales en los sindicatos, donde se deberían realizar elecciones democráticas en 120 días.​ Por su parte, La CGT aceptó realizar algunas concesiones, como la eliminación del preámbulo del estatuto donde se adoptaba la doctrina peronista y la eliminación del 17 de octubre como feriado.​

Para fines del mes de octubre, las tensiones en pugna se acentuaron. El peronismo comenzó a reorganizarse y a recuperar su capacidad de acción, y llegó a realizar una silbatina al vicepresidente de facto, Almirante Isaac Rojas, en ocasión de una visita de este al Hipódromo de San Isidro, que se frustró a los pocos minutos cuando aviones de la Marina de Guerra comenzaron a realizar vuelos rasantes sobre las tribunas.

Por su parte, la CGT aumentó su presión sobre el gobierno para que se abstuviera de intervenir en la situación interna de los sindicatos, buscando imponer direcciones no peronistas. El 26 de octubre, en una reunión con el Ministro de Trabajo Luis Cerruti Costa, La CGT le exigió dejar de apoyar a los grupos opositores, bajo amenaza de declarar una huelga general.​ Cerruti Costa entonces rechaza la exigencia sindical y, dos días después establece nuevas reglas para la "normalización sindical" que, en los hechos, dejaban sin efecto el acta firmada con la CGT. Las nuevas reglas establecían la caducidad de los mandatos de los dirigentes de la CGT y los sindicatos, y el llamado a elecciones controladas por las Fuerzas Armadas.​

Ante la actitud ofensiva demostrada por el peronismo a través de la CGT, los sectores liberales del régimen militar se movieron para obtener mayor poder. El 1 de noviembre la Marina ocupó el Ministerio de Trabajo con el fin de desencadenar la represión de los sindicalistas peronistas. Cerruti Costa resiste la presión y logra, con apoyo de Lonardi, un nuevo pacto con la CGT, por el cual vuelven a ser reconocidas las autoridades de la central sindical y se decide designar de común acuerdo a los interventores sindicales que procederían a la normalización.​

El ala liberal volvió a tomar la iniciativa el 11 de noviembre, al formarse una Junta Consultiva Nacional del gobierno militar (creada por decreto del 28 de octubre), presidida por el almirante Rojas e integrada por políticos destacados designados por la mayor parte de los partidos antiperonistas. La Junta estuvo integrada por cuatro miembros de la Unión Cívica Radical (Oscar Alende, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Miguel Ángel Zavala Ortiz), cuatro del Partido Socialista (Alicia Moreau de Justo, Américo Ghioldi, Ramón Muñiz y Nicolás Repetto), cuatro por el Partido Demócrata Nacional (José Aguirre Cámara, Rodolfo Coromina Segura, Adolfo Mugica y Reinaldo Pastor), cuatro por el Partido Demócrata Progresista (Juan José Díaz Arana, Julio Argentino Noble, Horacio Thedy y Luciano Molinas), dos por el Partido Demócrata Cristiano (Manuel Ordóñez y Rodolfo Martínez) y dos por la nacionalista Unión Federal (Enrique Arrioti y Horacio Storni).

Asimilándola a un poder legislativo, el gobierno militar decidió que la Junta Consultiva se reuniría en el edificio del Congreso Nacional, y haciendo una interpretación extensiva de la Constitución Nacional (art. 50).​ en la que el Vicepresidente de la Nación es Presidente del Senado, consideró que debía ser presidida por el almirante Rojas, en su condición de Vicepresidente de facto. A la primera sesión de la junta concurrieron casi 300 invitados especiales, y se colocó en el salón un cuadro correspondiente a la Asamblea Constituyente de 1853.

La constitución de la Junta Consultiva influyó decisivamente para que predominara en el gobierno militar el sector liberal y una línea antiperonista radical. Poniendo en evidencia el deplazamiento inminente del sector nacionalista católico, ese mismo día Luis Pandra, del Partido Socialista escribió en el diario La Época:

Vamos a hacer la Revolución Libertadora desde el gobierno, con el gobierno, sin el gobierno o contra el gobierno.

Luis Pandra, La Época, 11 de noviembre de 1955.​

El 13 de noviembre un golpe palaciego desalojó del poder al general Lonardi, instalando como nuevo presidente de facto a un liberal, el general Pedro Eugenio Aramburu.​Al día siguiente el gobierno militar dio a conocer tres comunicados con la firma de Aramburu informando de los motivos del desplazamiento de Lonardi: el primero se limitó a informar del cese de Lonardi; el segundo sostiene que Lonardi había sido depuesto debido a la "presencia de grupos que orientaron su política hacia un extremismo totalitario incompatible con las convicciones democráticas de la Revolución Libertadora"; y el tercero amplía las razones acusando al grupo de Lonardi de "escudarse tras el estandarte de la religión católica".​

Gobierno de Pedro Eugenio Aramburu

El vicepresidente almirante Isaac Rojas y el presidente teniente general Pedro Eugenio Aramburu, al momento de la asunción de este último el 13 de noviembre de 1955.

El general Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia de facto el día 13 de noviembre de 1955, en tanto que el almirante Rojas, líder del ala liberal, permaneció como vicepresidente. Se inició así una segunda etapa de la dictadura militar, caracterizada esencialmente por adoptar una línea dura frente al peronismo, abandonando así el lema «ni vencedores, ni vencidos».

Inmediatamente la CGT declaró una huelga general para los días 15, 16 y 17 de noviembre. Ese mismo día el gobierno militar encarceló a más de 9.000 dirigentes sindicales, incluidos Framini y Natalini. El paro solo tuvo adhesión en algunos distritos obreros como Avellaneda, Berisso y Rosario y debió ser levantado al día siguiente de iniciarse. La CGT y la mayor parte de los sindicatos fueron intervenidos por los militares.​

Política interna

En el gabinete del nuevo gobierno se produjeron cambios sustanciales respecto al anterior, participando del mismo desde integrantes de la derecha liberal hasta socialistas.

En el Ministerio del Interior, asumieron dos radicales: Laureano Landaburu y Carlos Alconada Aramburú. También eran radicales el Ministro de Educación (Acdel Salas) y el Ministro de Trabajo (Horacio Aguirre Legarreta, frondizista).

Las posturas en contra del peronismo se profundizaron, decidiéndose la disolución del Partido Peronista y la inhabilitación política para sus dirigentes más destacados. Además, se investigaron las presuntas irregularidades producidas durante la presidencia de Perón, a partir de la Comisión General de Investigaciones.

Se intervinieron los sindicatos y la Confederación General del Trabajo (CGT), y se dispuso el encarcelamiento de más de 9.000 dirigentes sindicales, luego de la huelga general declarada el 14 de noviembre de 1955.​ El gobierno militar dictó el Decreto 3855/55 disolviendo el Partido Peronista y luego el 5 de marzo de 1956 el Decreto 4161, de "prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista", por el que incluso se prohibía mencionar el nombre de Juan Domingo Perón, castigando a los infractores con penas de hasta seis años de prisión.​ De este modo se inició un largo período proscripción del peronismo de la vida militar, pública y docente que se extendería hasta 1973, y que dio lugar a un movimiento opositor, muchas veces clandestino, conocido como la Resistencia Peronista.

Estampilla del primer aniversario de la Revolución Libertadora.

El 25 de mayo de 1957, agentes del gobierno militar argentino en Caracas, instalados en la embajada argentina en ese país, realizaron un fallido atentado para asesinar a Juan D. Perón, haciendo estallar su auto. En respuesta, Venezuela expulsó al embajador argentino en ese país, general Federico Toranzo Montero, hecho que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.​

Cuando Aramburu consideró, en 1957, que debía levantarse la proscripción contra el peronismo, se enfrentó duramente con su "vice" Isaac Rojas, quién se opuso férreamente. La medida había sido propuesta por el presidente y el Ministro del Interior, el balbinista Carlos Alconada Aramburú. Aramburu evaluó continuar adelante con la Revolución sin el apoyo de la Marina, aunque esto resultó imposible en la práctica, pues la Marina era el grupo más homogéneo y aguerrido de los que habían participado en el golpe.

Derogación de la Constitución de 1949 y reforma de 1957

Una de las decisiones del general Aramburu fue la derogación de la Constitución de 1949, mediante proclama del 27 de abril de 1956, declarando nula la reforma constitucional realizada en 1949, e imponiendo la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898.

La decisión fue cuestionada por diversos sectores, debido a la imposibilidad jurídica de que se pudiera aceptar que un presidente de facto militar, derogara una constitución e impusiera otra. La derogación por decisión militar de la Constitución, generó una crisis en la Corte Suprema que, si bien aceptaba una cierta legitimidad del régimen por aplicación de la doctrina de los gobiernos de facto, tenía establecido que un régimen así debía ser provisorio y mantener la Constitución como norma suprema. La crisis llevó a la renuncia de uno de los cinco miembros de la Corte, Jorge Vera Vallejo.​

Luego de intensas discusiones sobre como resolver la cuestión, el gobierno militar decidió convocar a una Convención Constituyente que convalidara el acto. A tal efecto, se decidió también que los convencionales a la misma serían elegidos en elecciones en las que no pudiera participar el Partido Peronista.​

Las elecciones se realizaron el 28 de julio de 1957 y en ellas el voto en blanco, propuesto por el peronismo, resultó en la primera minoría.​

Elecciones para constituyentes de 1957
Partido	Cantidad de votos
En blanco	2.119.147
Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP).	2.117.160
Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI).	1.821.459
Partido Socialista (PS).	525.721
Partido Demócrata Cristiano (PDC).	420.606
Demócrata de Centro (PDC).	407.695
Demócrata (PD).	269.089
Demócrata Progresista (PDP).	263.915
Comunista (PC).	228.451
Cívico Independiente (PCI).	86.441
Partido Laborista (PL).	3 conv.
Partido de los Trabajadores (PCI).	1 conv.
Unión Federal (UF).	1 conv.

La población peronista votó en blanco siguiendo las instrucciones de Perón. Los partidos políticos que apoyaban la reforma (UCRP, PS, PDC, PDP, PD, PDC y PCI) alcanzaron 120 bancas, mientras que los partidos que estaban en contra de la reforma (UCRI, PL, PdelosT, UF) obtuvieron solo 85 bancas. Estos últimos se presentaron en la Convención Constituyente para dejar constancia de que la misma era ilegítima.​

La Convención Constituyente se reunió y, en su primera sesión, procedió a convalidar la decisión del gobierno militar de declarar nula la Constitución de 1949 y establecer la vigencia de la Constitución de 1853, con las modificaciones de 1860, 1866 y 1898. Cuando la Convención Constituyente se preparó para proceder a incluir los derechos humanos de segunda generación (sociales y laborales) y aquellos relacionados con una orientación social de la economía, los sectores conservadores que dominaban la Convención, debido a la ausencia del peronismo y de la UCRI, comenzaron a retirarse para dejar a la Convención sin quorum y evitar las reformas. En esa circunstancias, el ala izquierda de la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por su presidente Crisólogo Larralde, presionó a los delegados del partido para que no abandonaran las reuniones y así logró que se aprobara la inclusión del artículo 14 bis, referidos a los derechos del trabajador, de los gremios y de la seguridad social.​

Pero inmediatamente después de votado el artículo 14 bis, los convencionales conservadores y gran parte de los convencionales radicales dejaron simplemente de asistir a la Asamblea, dejando sin quórum a la Convención, que no pudo siquiera tratar la extensa lista de reformas que se había propuesto. La convención se extinguió así informalmente, circunstancia que fue duramente criticada por todo el espectro político.​

Sobre el final de la Convención Constituyente de 1957, y ya sin quórum, el convencional socialista Alfredo Palacios, pronunciaba las siguientes palabras:

Los que se han ido serán responsables ante el pueblo y ante la historia. Por hoy basta con el repudio de esta Asamblea y de sus propios compañeros; repudio terrible, Señor Presidente.

Alfredo Palacios.​

Comparada con la Constitución de 1949, la reforma constitucional de 1957 realizó algunos agregados y exclusiones de importancia:

• Agregados: derecho de huelga; la movilidad del salario; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical democrática por la simple inscripción en un registro especial; derecho sindical a concertar convenios colectivos; garantías para los representantes sindicales; naturaleza estatal de la seguridad social; participación de los trabajadores en los organismos de seguridad social. Todos los agregados se encuentran en el art. 14 bis.
• Exclusiones: derecho de reunión (art. 26); prohibición de discriminar por raza (art. 28); derecho de trabajar (art. 37, I); derecho a la capacitación (art. 37, I); derecho a la preservación de la salud (art. 37, I); derecho a la atención por el Estado de la madre y el niño; igualdad jurídica de hombre y mujer en el matrimonio (art. 37, II); patria potestad compartida (art. 37, II); derechos de la ancianidad (art. 37, III); educación primaria obligatoria y gratuita (art. 37, IV); autonomía universitaria (art. 37, IV); la función social de la propiedad (art. 38); estatización del comercio exterior (art. 40); nacionalización de los recursos mineros y energéticos (art. 40); estatización de los servicios públicos (art. 40); voto directo (arts. 42, 47 y 82).

Levantamiento del general Juan José Valle y fusilamientos

Portada del libro Operación Masacre (1957) de Rodolfo Walsh, utilizando como imagen el cuadro El tres de mayo de 1808, de Francisco Goya.

El 9 de junio de 1956 se produjo un levantamiento cívico-militar contra el gobierno de facto de Aramburu, liderado por el general Juan José Valle, quien a su vez estuvo secundado en el mando por el general Raúl Tanco y los dirigentes sindicales Andrés Framini y Armando Cabo.​​

El levantamiento fue rápidamente abortado, debido a que el movimiento había sido infiltrado y el gobierno militar estaba esperando a los insurrectos. Como consecuencia del mismo fueron fusilados 32 civiles y militares, un acto represivo que no tiene antecedentes en la historia argentina. La decisión de fusilar al general Valle respondió a una orden directa del almirante Rojas.

Los fusilamientos estuvieron signados por irregularidades, como la aplicación retroactiva de la ley marcial, decretos pre-redactados, falta de registros sobre la existencia de juicios sumarios y de las órdenes de ejecución, etc. Los mismos incluyeron también fusilamientos clandestinos de civiles en un basural de José León Suárez, que fueron mantenidos ocultos por el gobierno hasta que el periodista Rodolfo Walsh revelara los hechos en un libro clásico titulado Operación Masacre, publicado en 1957. Otro acto abiertamente ilegal fue el asalto a la embajada de Haití por parte de un grupo comando, que secuestró a los insurrectos allí asilados, entre ellos el general Raúl Tanco, los cuales fueron devueltos a su asilo cuando el embajador presentó su reclamo.

Los 18 militares fusilados fueron: el Gral. de División Juan José Valle, Coronel Ricardo Santiago Ibazeta, Coronel Alcibíades Eduardo Cortines, Coronel José Albino Irigoyen, Tte. Coronel Oscar Lorenzo Cogorno, Capitán Eloy Luis Caro, Capitán Dardo Néstor Cano, Capitán Jorge Miguel Costales, Tte. Primero Jorge Leopoldo Noriega, Tte. Primero Néstor Marcel Ovidela, Subteniente Alberto Juan Abadie, Suboficial Ppal. Miguel Ángel Paolini, Suboficial Ppal. Ernesto Garecca, Sargento Ayte. Luis Pugnetti, Sargento Hugo Eladio Quiroga, Sargento Luis Bagnetti, Cabo Miguel José Rodríguez, Cabo Músico Luciano Isaías Rojas. Los 14 civiles fusilados fueron: Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, Osvaldo Alberto Albedro, Dante Hipólito Lugo, Aldo Emir Jofré, Miguel Ángel Mauriño, Rolando Zanetta, Ramón Raulvidela, Carlos Irigoyen, Carlos Alberto Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion, Vicente Rodríguez.

Momentos antes de ser fusilado, el general Valle le escribió una histórica carta al general Aramburu en la que le reclama duramente la decisión de fusilar a los insurrectos y justifica el levantamiento en la necesidad de defender al pueblo de un gobierno que le estaba "imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica". En uno de sus párrafos la carta dice:

Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes, escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos.
Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan cien años sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones.

Los fusilamientos han sido fuertemente cuestionados por actores políticos, observadores e historiadores,​​ tanto por su falta de legalidad como por el grado de violencia innecesaria que los mismos implicaron, así como por sus consecuencias negativas, desatando desde el Estado un ciclo vicioso de violencia y terror que desembocó en el Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980. Más allá de las irregularidades concretas que presentan los fusilamientos en cada caso, quienes cuestionan los mismos destacan que la Constitución Nacional de la Argentina prohíbe la pena de muerte por causas políticas desde 1853.

Entre quienes han justificado legalmente los fusilamientos se encuentra el abogado radicial Carlos Alconada Aramburú, quien al momento del levantamiento se desempeñaba como Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y, al año siguiente, sería designado Ministro de Educación y Justicia del gobierno militar. Para Alconada Aramburú, los fusilamientos fueron penas de muerte aplicadas por el delito de insubordinación militar, aplicando las leyes 13.234 de 1948 y 14.062 de 1951. La historiadora María Spinelli, destaca sin embargo, que las leyes invocadas por Alconada Aramburú habían sido derogadas por el propio gobierno militar el año anterior de los levantamientos, mediante los decretos-leyes 140 y 8.313.​ También, en sus respectivas Memorias, defendieron los fusilamientos, el almirante Isaac Rojas (1993), quien los justifica en la necesidad de "salvaguardar los logros de la Revolución Libertadora",​ y el contralmirante Jorge Perren (1997), quien sostiene que era necesario dar un "escarmiento ejemplar al peronismo".​

Perón fijó su posición en una carta enviada a Cooke sobre la cual cuenta Miguel Bonasso:

"En carta a Cooke, Perón criticó acerbamente "el golpe militar frustrado", que atribuyó a "la falta de prudencia que caracteriza a los militares". Después, los acusó de haberlo traicionado y conjeturó que, de no haberse ido del país, lo hubieran asesinado "para hacer méritos con los vencedores".​

Sobre la misma carta dice el historiador Joseph A. Page:

"En una carta que Perón envió a John William Cooke el mismo día del levantamiento de Valle, no había la más mínima traza de compasión por los militares rebeldes. El conductor criticaba su apresuramiento y falta de prudencia y aseguraba que sólo su ira por haber debido sufrir el retiro involuntario los había motivado a actuar".​

Legislación laboral

En materia laboral aprobó el régimen de asignaciones familiares para empleados de comercio​ y trabajadores de la industria.​ También aprobó la primera regulación laboral específica para trabajadores domésticos concediéndoles beneficios laborales como la indemnización por despido, horario de trabajo, vacaciones pagadas, salario por enfermedad, condiciones de trabajo, etc.​También incrementó a $ 30.000 el monto de la indemnización por accidente de trabajo.​

Política económica

En el ámbito económico, Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Se realizó y se finalizó una buena cantidad de obra pública, como, por ejemplo, la Usina de San Nicolás, en 1957. Se promovió la industrialización de la Patagonia.

Se les cambió el nombre al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Política cultural y educativa

Durante el gobierno de facto de Aramburu, se reabrió el principal teatro judío de Buenos Aires, el IFT (Teatro Popular Judío), ^{[cita requerida]} de tendencia izquierdista. Isidro Odena, identificado con la izquierda, fue nombrado Director Nacional de Radiodifusión. Por otra parte, se creó el Fondo Nacional de las Artes, cuyo primer directorio estuvo presidido por Victoria Ocampo.

Siguiendo la política de proscripción del peronismo, la dictadura militar reprimió sistemáticamente la expresión de las ideas de esa corriente política. De ese modo, fueron clausuradas publicaciones como la revista "De Frente" y el periódico Palabra Argentina, éste último clausurado el 9 de junio de 1957, simultáneamente con el encarcelamiento de su director, Alejandro Olmos.​También se dejaron sin efecto los nombres alusivos al peronismo tales como Eva Perón, Juan Domingo Perón, 26 de julio, 8 de octubre (cumpleaños de Perón), 7 de mayo (cumpleaños de Eva Perón) y 17 de octubre entre otros, que designaban a calles, plazas, estaciones de subterráneo y de ferrocarril (la estación Presidente Perón retomó su nombre de Retiro), municipios, escuelas, hospitales y otros establecimientos públicos. También se cambió el nombre de las provincias Eva Perón (que tomó el nombre de La Pampa) y Presidente Perón (que pasó a denominarse Chaco) y de la ciudad Eva Perón que retornó al nombre de La Plata. También se retiraron los bustos de Eva Perón y de Juan Domingo Perón que estaban en numerosos lugares y establecimientos públicos, como plazas, hospitales, escuelas, etc.

En materia universitaria, la Revolución Libertadora restableció un régimen de autonomía universitaria, con cogobierno estudiantil, con la salvedad de que las universidades no podían permitir el acceso a la cátedra de docentes peronistas o ligados con el peronismo. El socialista José Luis Romero, fue nombrado rector de la Universidad de Buenos Aires, a partir de una terna elevada por la FUBA. Jorge Luis Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional.

Simultáneamente al impulso brindado a las universidades nacionales tradicionales, el gobierno militar implementó una política de desfinanciamiento y postergación de la Universidad Obrera Nacional (UON), creada durante el gobierno de Perón, con la evidente intención de organizarla como instituto de formación no universitario. Los estudiantes de la UON se organizaron para reclamar la misma organización y reconocimiento que las demás universidades, y comenzaron a denominarla Universidad Tecnológica Nacional, denominación que finalmente fue adoptada de manera oficial, cuando la misma fue reconocida y organizada como universidad en 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi.​

En materia de investigación científica, el gobierno militar reorganizó el CONITYC y lo renombró como Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), designando a su frente al Premio Nobel Bernardo Houssay.​

Relaciones exteriores

En el ámbito de las relaciones exteriores, el gobierno de facto de Aramburu libró una dura batalla con el dictador Alfredo Stroessner, tanto por motivos geopolíticos como doctrinarios. Como embajador en Uruguay fue nombrado el socialista Alfredo Palacios.

Debido al atentado realizado el 25 de mayo de 1957 por agentes del gobierno militar argentino en Caracas para asesinar a Juan D. Perón, Venezuela expulsó al embajador argentino en ese país, general Federico Toranzo Montero, hecho que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.​

La Revolución Libertadora y la oposición peronismo-antiperonismo

La Revolución Libertadora ha sido materia de encendido debates sobre su justificación, en el marco de la oposición entre peronismo y antiperonismo. Históricamente, peronistas y antiperonistas se han acusado mutuamente de no proceder en forma democrática: el peronismo señalando la participación de los políticos antiperonistas en complots, actos terroristas e intentos de golpes de Estado;​ y el antiperonismo señalando el proceder autoritario del gobierno, el control de los medios de comunicación y las acciones represivas.​

Sin embargo esos debates se han ido atenuando desde la instalación definitiva de la democracia el 10 de diciembre de 1983. Los gobiernos democráticos instalados desde entonces, han tendido a no reconocer legitimidad histórica a ninguno de los gobiernos militares, incluida la Revolución Libertadora, y se han abstenido de utilizar los nombres de sus gobernantes de facto para designar calles, edificios, plazas y otros espacios públicos, así como realizar actos de conmemoración de los golpes, a la vez que se han aprobado iniciativas para cambiar nombres de espacios públicos que llevaban sus nombres.​ En sentido contrario, los nombres de los funcionarios del gobierno peronista derrocado en 1955, incluido el del presidente Juan D. Perón, han sido aplicados a diversos ámbitos públicos.​

Un hecho destacado en esta tendencia es el proceso de cambio de nombre del tramo autopista de la Ruta Nacional Nº 9 que une las ciudades de Rosario y San Nicolás. Al mismo se le había sido impuesto el nombre de Pedro Eugenio Aramburu en 1979, durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.​ En 2005, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, aprobó una resolución declarando que la misma debía ser renombrada como Juan José Valle, en memoria del militar peronista fusilado por la Revolución Libertadora.​ Poco después, ese mismo año, hicieron lo mismo los concejos deliberantes de las ciudades de San Nicolás y Villa Constitución.​ En 2006, el senador justicialista y ex gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann y la senadora Roxana Latorre, presentaron un proyecto de ley imponiéndole a la Ruta 9 el nombre de Juan José Valle en toda su extensión, obteniendo la media sanción de la cámara el 11 de abril de 2007; pasado a la Cámara de Diputados, fue aprobado por unanimidad en comisión el 10 de junio de 2008.​

En 2008, se inauguró también, frente a la Casa Rosada, un monumento en memoria de las víctimas del Bombardeo de Plaza de mayo de 1955.​

La «Revolución Fusiladora». la proscripción y el secuestro de Aramburu

El peronismo y algunos otros sectores de opinión, suelen utilizar el término «Revolución Fusiladora» para referirse a éste período, aludiendo a los fusilamientos de 1956, luego de un fracasado el intento de levantamiento contra el régimen militar encabezado por el general Juan José Valle.​

En 1970 el general Pedro Eugenio Aramburu fue secuestrado por el grupo guerrillero Montoneros, de extracción nacionalista-peronista, y sometido a lo que la organización llamó un "juicio revolucionario". Según la versión de Montoneros, a Aramburu se le imputaron "108 cargos de traidor a la patria y de asesino de 27 argentinos", refiriéndose en éste último caso, a los fusilamientos derivados del levantamiento del general Juan José Valle. El "juicio revolucionario" impuso pena de muerte al general Aramburu, la que fue ejecutada mediante un tiro de pistola por Fernando Abal Medina el 1 de junio de ese año.​ Algunos historiadores han afirmado que las causas de la muerte de Aramburu fueron más complejas, y estaban relacionadas con las circunstancias políticas en las que se estaba desenvolviendo el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, frente al cual el general Aramburu estaba organizando una oposición que llevara a una salida electoral.​

A partir del golpe de 1955 también se popularizó el término "gorila", para denominar a los civiles y militares antiperonistas. El término fue tomado de un sketch cómico del humorista Aldo Cammarota que no tenía connotaciones políticas. Inicialmente tuvo un sentido elogioso de los militares y civiles que conspiraban para derrocar a Perón. Con el paso del tiempo, el término adoptó un sentido peyorativo.​​

Otro hecho destacado y polémico fue la relación establecida entre el almirante Isaac Rojas y el ex presidente peronista Carlos Menem, durante el mandato de éste último. A poco de asumir Rojas, quien se caracterizó siempre por su fuerte antiperonismo, sorprendió a la opinión pública expresando muchos años después su opinión favorable al presidente Menem.​ Menem se refirió a ese hecho del siguiente modo:

Rojas fue el único de los más conspicuos antiperonistas que hizo pública su simpatía por mi gobierno y por mi persona, siendo yo Presidente de la República. Me solicitó una entrevista y no dudé ni un minuto en concedérsela. El almirante me saludó efusivamente y me felicitó por mi gobierno.
Ambos sabíamos que estábamos triturando la intolerancia y restañando una herida muy antigua. Luego volvimos a encontrarnos para hablar del porvenir: le preocupaba la cuenca del río Bermejo y del Paraná, las obras de Yacyretá, el destino de Malvinas.
Nos vimos cuatro veces. En la Fragata Sarmiento me contó historias de su vida de soldado que, a juicio de otros oyentes más conocedores que yo de su carácter, no había contado jamás por el sentido personal de su crónica. Finalmente lo visité en el Hospital Naval cuando enfermó.
Rojas era un militar que quiso reparar los errores cometidos. No puedo decir lo mismo de todo el mundo.

Carlos Menem.​

Véase también

• Golpes de Estado en Argentina
• Decreto Ley 4161 de 1956
• Peronismo
• Antiperonismo

Referencias

Rojas, Isaac F. (1993). MEMORIAS DEL ALMIRANTE ISAAC F. ROJAS: CONVERSACIONES CON JORGE GONZÁLEZ CRESPO. Planeta Argentina. ISBN 9507423508. 

• Bonifacio del Carril, Crónica Interna de la Revolución Libertadora.
• Isidoro Ruiz Moreno, La revolución del 55. Cuarta edición. Editorial Claridad. Buenos Aires 2013. ISBN 978-950-620-336-8

Enlaces externos

• La Revolución Libertadora en Internet
• La revolución fusiladora, video en Dailymotion
• Golpe del ’55- Estampidos de metralla en Ensenada