Doctrina de los gobiernos de facto de Argentina

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La doctrina de los gobiernos de facto es una doctrina de origen jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina para convalidar los actos normativos de las dictaduras militares que se instalaron en el país durante el siglo XX y de ese modo legitimarlas.

1 Golpe del 6 de septiembre de 1930 Dictadura de José Félix Uriburu (1930-1932) Dictadura de José Félix Uriburu (1930-1932) 2 Golpe del 4 de junio de 1943 Generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell, los tres dictadores sucesivos de la Revolución del 43. La dictadura finalizó con un llamado a elecciones democráticas realizadas el 24 de febrero de 1946, que todos los sectores aceptaron como impecables, en las que triunfó Juan Domingo Perón, quien asumió el 1 de mayo de 1946. Perón sería derrocado por un golpe militar en 1955 antes de finalizar su segundo mandato.

3 Golpe del 16 de septiembre de 1955 Revolución Libertadora Generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, los dos dictadores sucesivos de la «Revolución Libertadora». En 1958 la Revolución Libertadora convocó a elecciones limitadas y controladas por las Fuerzas Armadas, con proscripción del peronismo que fueron ganadas por la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), un sector de la fracturada Unión Cívica Radical, liderado por Arturo Frondizi, quien había realizado un pacto electoral y político con Perón con el fin obtener el apoyo del decisivo voto peronista a su candidatura. El Presidente Frondizi sería a su vez derrocado por los militares cuatro años después.

4 Golpe del 29 de marzo de 1962 José María Guido Finalmente en 1963 volvió a convocar a elecciones limitadas, con proscripción del peronismo, en las que resultó elegido presidente Arturo Illia (radical del pueblo), saliendo segundo el voto en blanco que muchos peronistas utilizaron como forma de protesta. El Presidente Illia asumió el 12 de octubre de 1963 y también sería derrocado por un golpe militar el 28 de junio de 1966.

5 Golpe del 28 de junio de 1966 Revolución Argentina y Juan Carlos Onganía Generales Juan Carlos Onganía, Marcelo Levingston y Alejandro Lanusse, los tres dictadores sucesivos de la autodonominada «Revolución Argentina». Acosada por una insurrección popular creciente y generalizada, la dictadura organizó una salida electoral con participación del peronismo (aunque impidiendo la candidatura de Perón), en 1973, en la que triunfó precisamente el candidato peronista Héctor J. Cámpora, con el 49,53% de los votos, asumiendo el 25 de mayo de 1973.

6 Golpe del 24 de marzo de 1976 Proceso de Reorganización Nacional y Guerra sucia en Argentina El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas:

1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido, en un acontecimiento sobre el cual siguen siendo muy oscuras las causas desencadenantes. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien asumió el 10 de diciembre de 1983.

El problema de la continuidad jurídica[editar]

Una de las cuestiones capitales de los gobiernos dictatoriales es la continuidad jurídica y la validez de las normas que puedan haber sido dictadas durante los mismos. Si un gobierno dictatorial es considerado ilegítimo, entonces también lo serían los actos y normas por él realizados, los que quedarían sin valor alguno una vez que cesara la fuerza que obligaba a su obediencia. Ello traía considerables problemas económicos y políticos, para aquellos que pretendían contratar con los funcionarios que usurpaban el Estado o que aceptaban (y se beneficiaban con) las normas que ellos dictaban. De este modo toda la lógica del golpe de estado caía, pues si sus actos pudieran quedar sin efecto simplemente por el hecho de cesar la usurpación del poder, se perdía gran parte de la razón de ser de los mismos.

Una de las funciones esenciales de la doctrina de los gobiernos de facto buscó resolver la cuestión. Al aceptar la situación de fuerza como un hecho (facto) que explicaba la continuidad del Estado, las normas dictadas por los usurpadores adquieren continuidad y legalidad como parte indisoluble del sistema jurídico estatal.

Casos "Municipalidad vs. Mayer", "Arlandini" y "Ziella"[editar]

Entre 1945 y 1947 la Corte Suprema dicto varios fallos ratificando y precisando la doctrina de los gobiernos de facto.

En "Municipalidad vs. Mayer" (Fallos 201:266) la Corte Suprema le reconoció a los gobiernos de facto facultades legislativas, las que serían ejercidas mediante un tipo de norma denominadas decretos-leyes, pero estableció las siguientes limitaciones:

  • que su sanción fuera necesaria para el ejercicio de las funciones de gobierno y el cumplimiento de los fines de la revolución;
  • que esas normas perdían validez al finalizar el gobierno de facto...

Por esa razón, si el Estado pretendía que algún decreto-ley tuviera continuidad, el mismo debía ser ratificado por el Congreso Nacional. Esa fue la razón de la sanción de la llamada ley "ómnibus" 12.921 de 1947, ratificando varios decretos-leyes sancionados durante los gobiernos militares de Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell (1943-1945).

En "Arlandini" (FaIlos 208:185) la Corte profundizó la doctrina sosteniendo que los jueces no podían revisar la oportunidad ni los fines de los decretos-leyes sancionados durante gobiernos de facto.

Finalmente en "Ziella" (Fallos, 209:26) la Corte estableció la continuidad automática de las normas dictatoriales luego de finalizado el gobierno de fuerza que las sancionó, sosteniendo que "los decretos-leyes dictados por el gobierno de facto son válidos por razón de su origen y, puesto que tienen el valor de leyes, subsisten aunque no hayan sido ratificados por el Congreso mientras no sean derogados de la única manera que éstas pueden serlo, es decir por otras leyes".

La Constitución de 1994[editar]

Durante la Convención Constituyente que en 1994 reformó el texto de la Constitución Argentina se discutió largamente la doctrina de los gobiernos de facto y la forma de evitar que la misma pudiera volver a invocarse en un eventual golpe de estado futuro.

El resultado fue la aprobación del primer párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional, conocido también como de "defensa de la democracia o defensa del orden constitucional".

Esta Constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.

Si bien la mayoría de los convencionales rechazaron la doctrina de los gobiernos de facto, se presentaron dos enfoques, aunque no necesariamente opuestos:

  • uno que, haciendo hincapié en la ilegalidad absoluta de una dictadura, proponía no reconocer ningún valor a sus actos de gobierno (punto de vista expuesto por Eugenio Zaffaroni);
  • otra que, haciendo hincapié en la necesidad de la continuidad del Estado, proponía una solución más prudente que no dejara automáticamente sin efecto las normas dictadas durante la dictadura (punto de vista expuesto por Elisa Carrió).

Finalmente se llegó a aprobar el texto: «Estos actos serán insanablemente nulos».

Sin embargo no parece haber consenso entre los especialistas sobre lo que realmente quiere decir esa frase del artículo 36:

  • Una posición sostiene que, en caso de producirse un golpe de estado, todas las normas que dictara serían "insanablemente nulas", y no podrían por lo tanto ser convalidadas, ni siquiera por el Congreso Nacional, una vez restablecido en sus funciones.
  • Otra posición sostiene que los únicos actos que serían insanablemente nulos son "los actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático". Por lo tanto no serían inválidos todos los actos de la dictadura, y se precisaría que el Congreso Nacional (y eventualmente el Poder Judicial), una vez restablecido en funciones, tomara la decisión sobre qué actos concretos de la dictadura deben considerarse como actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático".

La cuestión de la prescripción[editar]

Una de las cuestiones puntuales más importantes relacionadas con la doctrina de los gobiernos de facto es el de la prescripción. Uno de los corolarios básicos de esta doctrina, es que la prescrición no se ve afectada por la imposición de una dictadura. Esta regla ha llevado al rechazo de gran cantidad de acciones judiciales iniciadas por víctimas de las dictaduras luego de que estas terminaran, invocando que, debido a que había pasado mucho tiempo, las acciones estaban prescriptas.

Fuentes[editar]

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]