Reforma constitucional argentina de 1949

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Argentina
Escudo de la Argentina

Este artículo es una parte de la serie:
Constitución de la Nación Argentina


Texto completo de la Constitución vigente
Wikisource-logo.svg Texto de la Constitución
Análisis del texto original
Preámbulo
Constitución de 1853
Reformas constitucionales
Reforma de 1860
Reforma de 1866
Reforma de 1898
Reforma de 1949
Reforma de 1957
Reforma de 1972
Reforma de 1994

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La Constitución Argentina de 1949 fue una constitución sancionada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1952), dentro de la corriente jurídica del constitucionalismo social, que incorporó en sus artículos los derechos de segunda generación (laborales y sociales), reconoció la igualdad jurídica del hombre y la mujer, incorporó la función social de la propiedad, dispuso la elección directa del presidente y del vicepresidente, levanto la prohibición de reelección inmediata, estableció la autonomía universitaria, los derechos de la niñez y la ancianidad, entre otras normas.

La Constitución de 1949 fue derogada luego del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, autodenominado Revolución Libertadora, a través de una proclama del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, que reestableció la Constitución Argentina de 1853 con sus reformas de 1860, 1866, 1898.

La Convención Constituyente de 1949[editar]

Integración de la Convención[editar]

La Convención Constituyente se reunió en Buenos Aires. Comenzó las sesiones preparatorias el 24 de enero de 1949, sancionó el nuevo texto reformado el 11 de marzo y concluyó con el juramento el 16 de marzo de ese año.

Los convencionales de la Unión Cívica Radical (UCR) solo asistieron a la primera sesión ordinaria del 8 de marzo, plantearon su disconformidad con la convocatoria, y se retiraron de las sesiones.

La ausencia del radicalismo empobreció los debates. Solo Sampay tuvo participaciones de gran altura analítica. En sus extensas participaciones Sampay insistió en un concepto importante: la reforma constitucional buscaba entre uno de sus objetivos básicos promover la participación del Estado en la economía, pero con un sentido complementario y supletorio de la actividad privada. Reclamaba Sampay un Estado Interventor pero:

“como poder supletorio e integrador, para afirmar un orden positivo, restituyendo o asegurando al hombre la libertad necesaria a su perfeccionamiento”.

Los convencionales constituyentes de 1949 pertenecieron al peronismo, que obtuvo la mayoría, y al radicalismo que obtuvo, la minoría.

Entre otros participaron los siguientes convencionales:

Peronistas:
  • Arturo Sampay, es considerado unánimemente como el ideólogo de la Constitución de 1949. Sampay, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, se había formado en el radicalismo yrigoyenista y el catolicismo tomista, y venía insistiendo en la necesidad de la reforma constitucional en Argentina desde 1933. Sampay, quien durante la Convención Constituyente presidió la Comisión de Estudio del Anteproyecto de Reformas, había presentado él mismo un anteproyecto que guarda gran similitud con la reforma final. Ha sido autor de libros como "La crisis del Estado democrático liberal burgués" (1942), "Introducción a la Teoría del Estado" (1951) y "Constitución y Pueblo" (1974).
  • Domingo Mercante, militar e hijo de un importante dirigente sindical ferroviario socialista y ex Secretario de Trabajo, diseñó junto con Perón, la estrategia de alianzas con el movimiento obrero en 1943.
  • José Espejo, dirigente sindical, elegido secretario general de la CGT en 1947.
  • Ítalo Luder, jurista, profesor de Derecho Constitucional en las universidades de Buenos Aires, Católica, del Litoral y de la Plata; presidente provisional de la Nación en 1975. Escribió La Jurisprudencia (1951), El Sistema Jurídico de la Ejecución Penal (1959), La Argentina y sus Claves Geopolíticas (1974).
  • Pablo A. Ramella, jurista; destacado constitucionalista sanjuanino. Ha sido autor de libros como Derecho Constitucional (1982), Crímenes contra la Humanidad (1986).
  • Eduardo Colom, director del diario La Época.
Radicales:
  • Moisés Lebensohn, político; fue uno de los renovadores de la Unión Cívica Radical, integrando el grupo que realizó la Declaración de Avellaneda y fundó el Movimiento de Intransigencia y Renovación en 1945. Desarrolló un pensamiento nacionalista inspirado en la obra de gobierno de Yrigoyen y adaptado a la construcción de una sociedad industrial y al proceso de sustitución de importaciones.
  • A. Aráoz de Lamadrid;
  • Alfredo D. Calcagno;
  • R. Lascano

El debate sobre los miembros totales o presentes[editar]

Cuando en 1948 el Partido Peronista propuso la reforma de la Constitución Nacional, la Unión Cívica Radical se opuso.

Las reglas para la reforma constitucional estaban establecidas en el artículo 30 de la Constitución Nacional vigente que decía:

"La Constitución puede reformarse en él todo o en cualquiera de sus partes, pasados diez años desde el día en que la juren los pueblos. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto".

Es decir el sistema de reforma incluía dos pasos:

  1. . Que el Congreso declare la necesidad de la reforma con una mayoría especial: dos terceras partes de sus miembros
  2. . Que se elija una Convención Constituyente para que realice la reforma.

El debate sobre la legalidad de la Constitución de 1949 tiene que ver con el primer paso, con la mayoría necesaria para que el Congreso declare la necesidad de la reforma.

Los radicales sostenían que la mayoría de dos terceras partes, debía calcularse sobre todos los miembros del Congreso. Los peronistas sostenían que, los dos tercios debían calcularse como en las demás votaciones, sobre los miembros presentes. De todos modos esta posición nunca fue llevada a votación en el Congreso y solo sería planteada como moción de voto por el radicalismo, en ocasión de la Convención Constituyente.

Los radicales argumentaron que la frase «dos terceras partes, al menos, de sus miembros» debía interpretarse literalmente, sin agregar «presentes», y que cuando la Constitución autorizaba el cálculo sobre los «miembros presentes», aclaraba en el texto esa circunstancia.

En sentido contrario el peronismo argumentó que la práctica constitucional argentina desmentía la interpretación radical, ya que las leyes 234 y 171, que declararon la necesidad de las reformas constitucionales de 1860 y 1866, tampoco se habían sancionado con la mayoría que estaba sosteniendo la U.C.R. y que nadie nunca había sostenido que eran inválidas. Argumentaron también que si la Constitución no lo decía expresamente, no correspondía asumir que había que computar a todos los parlamentarios.

La diferencia en un caso y otro era pequeña, porque estaba referida a los parlamentarios enfermos o incapacitados para asistir, pero era suficiente para que el peronismo no alcanzara la mayoría según el cálculo que proponía el radicalismo.

En realidad en la Unión Cívica Radical existían dos posiciones enfrentadas. Por un lado, se encontraba los radicales unionistas -José P. Tamborini, Enrique Mosca, Ernesto Sammartino, etc.-, que sostenían una posición frontalmente antiperonista y proponía un rechazo absoluto, tanto a la reforma constitucional, como a presentarse a elecciones de convencionales constituyentes, asistir a las sesiones y jurar la nueva Constitución. Por el otro lado estaban los radicales intransigentes -Ricardo Balbín, Arturo Frondizi, Moisés Lebensohn, Crisólogo Larralde, Arturo Illia, Amadeo Sabattini, etc.- que mantenían una posición de crítica a los actos supuestamente anti-democráticos del peronismo, pero de apoyo a las medidas de progreso social y nacionalismo económico. Estos sostuvieron que había que presentarse a elecciones y asistir a las sesiones de la Convención Constituyente para que fuera este organismo el que se pronunciara sobre la cuestión de las mayorías. Finalmente así sucedió: los radicales se presentaron a elecciones y asistieron a la primera sesión ordinaria a plantear el cuestionamiento sobre la mayoría con que se sanción la ley de convocatoria. Debido a que la Convención votó en contra de la posición sustentada por la UCR, sus convencionales no volvieron a asistir, aunque finalmente juraron como diputados la nueva Constitución. La corriente unionista de la Unión Cívica Radical los acusó duramente, de "peronizar la U.C.R." y de"colaboracionistas".

La Revolución Libertadora, utilizando ese argumento derogó finalmente la Constitución de 1949 mediante el Decreto 229/56.

El debate entre miembros presentes y totales nunca se resolvió plenamente. En 1994 el diputado conservador Francisco de Durañona y Vedia elaboró un proyecto de ley estableciendo que para declarar la necesidad de modificar la Constitución bastaban dos tercios de los miembros presentes de las cámaras del Congreso, que llegó a obtener la media sanción del Senado.[1] A su vez la Convención Constituyente de 1994 no hizo cambio ni aclaración alguna al artículo 30.

Consecuencias históricas[editar]

La derogación por"proclama" y por un gobierno de facto de la Constitución Nacional de 1949 trajo consecuencias históricas y jurídicas importantes.

En primer lugar porque, la aceptación del argumento de que para que una reforma constitucional resultara válida se precisaban los dos tercios de los votos totales, dejaba sin validez también a las reformas constitucionales de 1860 y 1866, cuyas leyes declarando la necesidad de las mismas, tampoco fueron sancionadas con esa mayoría.

En segundo lugar, porque no se podía aceptar que un gobierno militar derogara por decreto una constitución e impusiera otra. Resulta obvio que aún pudiéndose discutir los argumentos a favor y en contra de la mayoría necesaria para que el Congreso declare la necesidad de una reforma constitucional, la ilegalidad de la derogación por decreto y por una dictadura militar resultaba indiscutible.

Finalmente, una vez derogada la Constitución de 1949, se abrió el debate de fondo: ¿Qué sucedería entonces con los derechos sociales y económicos que estaban incluidos en la constitución derogada?

En 1957, el gobierno militar convocó a elecciones para una nueva reforma constitucional, prohibiendo la participación del peronismo. Una parte considerable de las argumentaciones de radicales y socialistas era que, de ese modo podría realizarse una legítima constitución que receptara los derechos sociales y económicos. El peronismo, la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), el Partido Comunista y otras fuerzas menores argumentaron, que la ilegitimidad de la Convención Constitucional de 1957, era mucho mayor que la que se le imputaba a la de 1949.

La Convención Constituyente de 1957 convalidó la derogación de la Constitución de 1949, y restablecer la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Inmediatamente después la mayoría de los convencionales, principalmente los pertenecientes a la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), dieron señales de abandonar la Convención sin incluir derechos sociales ni económicos.

En ese momento, los sectores más progresistas de la UCRP, alarmados, presionaron a los convencionales radicales para que, al menos se incluyera una norma constitucional de protección de los trabajadores. En esa encrucijada jugó un rol importante Crisólogo Larralde, presidente de la UCRP. y además el radical históricamente más preocupado por los derechos de los trabajadores. Larralde se trasladó a Santa Fe, donde se reunía la convención reformadora, para garantizar que los radicales asistieran a votar lo que luego sería el artículo 14 bis o artículo 14 nuevo de la Constitución Nacional, que establece los derechos del trabajo.

Inmediatamente después de aprobar el artículo 14 bis, los radicales abandonaron la Convención Constituyente, dejándola sin quórum. Ello impidió discutir las restantes propuestas y poder cerrarla formalmente.

Sobre el final de la Convención Constituyente de 1957, y ya sin quórum, el convencional socialista Alfredo Palacios, pronunciaba las siguientes palabras:

Los que se han ido serán responsables ante el pueblo y ante la historia. Por hoy basta con el repudio de esta Asamblea y de sus propios compañeros; repudio terrible, Señor Presidente.[2]

Las reformas de 1949 a la Constitución argentina[editar]

Síntesis[editar]

La Constitución Argentina de 1949 fue una constitución de acentuado contenido social que incorporó los derechos de los trabajadores (decálogo del trabajador), los derechos de la familia, de la ancianidad, de la educación y cultura;la protección estatal para la ciencia y el arte; la rnseñanza primaria obligatoria y gratuita. Además de la igualdad de hombres y mujeres en las relaciones familiares; la autonomía universitaria; la función social de la propiedad; la elección por voto directo para diputados, senadores y presidente ; y la reelección inmediata del presidente.[3]

Agregados al preámbulo[editar]

El Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina no tiene carácter normativo, pero siempre se lo ha considerado como un programa político por encima de los partidos. La Constitución de 1949 incorporó al Preámbulo la siguiente frase:

...la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.

El agregado está relacionado con el reconocimiento de tres principios básicos sobre los que se debe constituir la Nación:

El constitucionalismo social y los derechos de segunda generación[editar]

Antecedentes[editar]

En Argentina, el primer antecedente de constitucionalismo social fue la reforma de la Constitución de Santa Fe de 1921, que no fue promulgada por el gobernador radical Enrique Mosca porque la convención había excedido los 90 días que la ley le había otorgado para realizar la reforma. Fue puesta en vigencia en 1932 por el gobernador Luciano Molinas, del Partido Demócrata Progresista, el cual había sido inspirador de gran parte de las reformas de 1921. Tras la intervención federal de 1935, se volvió a la constitución anterior.

Luego de 1930 varias provincias argentinas reformaron sus constituciones para incorporar las nuevas tendencias del constitucionalismo social (San Juan, Entre Ríos, Buenos Aires, etc.) y los reclamos para reformar la Constitución de 1853 fueron cada vez más numerosos. En 1937 la Unión Cívica Radical resolvió que era necesario reformar la Constitución.[5]

En 1931 había aparecido un libro de Rafael Emiliani, titulado Bases para la reforma de la Constitución Argentina.[6] En 1936, Rómulo Amadeo, publicó Hacia una nueva constitución nacional,[7] y en 1943, Roberto Podestá escribió Antecedentes y puntos de vista para una revisión constitucional.[8]

Asimismo, otros países latinoamericanos habían sancionado nuevas constituciones con contenido social, como Brasil (1937), Bolivia (1938), México (1938), y Cuba (1940).

Entre los proyectos de reforma presentados en el Congreso Nacional, se destacó el que realizara el convencional John William Cooke. Precisamente éste explica los fundamentos ideológicos sobre la intervención del Estado en la economía que inspirarán la reforma de 1949:

Las enormes concentraciones financieras –resultado fatal de la lucha por las materias primas y los mercados- crearon condiciones en que no pudo cumplirse con ninguno de los supuestos en que se basaba la doctrina económica liberal. Ante el creciente poder de las grandes organizaciones capitalistas, de proyecciones mundiales, fue un mito la libertad, no ya económica sino política. Este estado de cosas –dicen los autores del proyecto- hizo entonces necesaria la intervención del Estado en la vida económica de las naciones, tanto para impedir la explotación de los débiles como para facilitar el desarrollo orgánico y equilibrado de las fuerzas económicas.[8]

La inclusión en 1949 de los derechos sociales o de segunda generación en la Constitución Argentina, fue parte de un movimiento universal llamado constitucionalismo social, iniciado con la sanción de la Constitución de México de 1917, resultado directo de la Revolución mexicana, en Alemania, con la Constitución de la República de Weimar en 1919 y en España la Constitución española de 1931.

La creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, con dirección tripartita de gobiernos, sindicatos y empleadores, y las invocaciones del Preámbulo de su Constitución,[9] de validez mundial, fueron un factor que fortaleció el reclamo de los trabajadores de todo el mundo de incluir los derechos sociales en las constituciones nacionales. Prácticamente todas las constituciones del mundo, reorganizaron sus textos, para recoger los derechos y garantías que caracterizaron al constitucionalismo social y reorganizar el Estado para orientarlo activamente hacia esos fines.[10]

El constitucionalismo social es una consecuencia de la revolución industrial, la aparición de la clase obrera, y su organización en sindicatos y partidos obreros, para reclamar por los derechos específicos del trabajo. El constitucionalismo social y la constitución del estado de bienestar que caracterizó al siglo XX son proceso indisolubles. El derecho del trabajo se constituyó en el eje central del estado de bienestar. En Estados Unidos el proceso fue más conocido como New Deal, término que traducido literalmente significa"Nuevo Pacto", pero que se aproxima más a la idea de nuevo contrato social.[11] [4] [12]

El principio medular del constitucionalismo social es la justicia social, entendida como la necesidad de superar las declaraciones puramente formales de derechos humanos, para otorgar al Estado un rol activo con el fin de garantizar que los derechos constitucionales sean realmente disfrutados por todos los ciudadanos.[13]

El constitucionalismo social excede el campo del derecho laboral para incluir normas económicas, sociales y culturales. Entre las normas económicas, se destaca la noción de función social de la propiedad. Entre las normas sociales, se destacan las garantías específicas sobre vivienda, salud, seguridad social, ancianidad. Entre las normas culturales, la garantía de una educación pública y gratuita.[4] [12]

Algunos autores han considerado que la Constitución argentina de 1949 se enmarca en un movimiento latinoamericano inspirado en la justicia social, al que denominan "populismo".[14]

Forma de gobierno y declaraciones políticas[editar]

La Constitución de 1949 incorporó tres normas relacionadas con la organización política del país:

  • Defensa de la democracia y la Constitución. En el artículo 15 se establecía el principio de que no existe libertad para atentar contra la libertad, la prohibición de formar milicias no estatales y el no reconocimiento de organizaciones que atenten contra la democracia o las libertades de la Constitución. Complementariamente, el artículo 21 ordenó al Congreso sancionar una ley para reprimir penalmente preconizaron o difundieren métodos o sistemas mediante los cuales, por el empleo de la violencia, se propongan suprimir o cambiar la Constitución o alguno de sus principios básicos, y el artículo 35 facultó al Poder Ejecutivo a decretar el "estado de prevención y alarma", durante el cual quedaba habilitado para detener personas hasta por 30 días. Italo Luder fundamentaba estas normas en la necesidad de conciliar orden y libertad, denominándola "democracia beligerante".[8]
  • Seguridad en los ríos. El artículo 18 limita la libertad de navegación de los ríos interiores del país en aquellos casos que pueda afectar "la seguridad o el bienestar nacional". La libre navegación de los ríos interiores establecida en la Constitución de 1853 fue un de los puntos claves de las guerras civiles y de los enfrentamientos bélicos con Gran Bretaña y Francia, en la primera mitad del siglo XIX. La reforma tenía como objetivo abrir camino a la represión del contrabando, que se había extendido, y eventualmente establecer derechos de paso.[15]
  • Juicio por jurados. La reforma constitucional eliminó el sistema de juicio por jurados que estaba establecido por el artículo 24 de la Constitución de 1853 pero no se había aplicado hasta el momento. El juicio por jurados no se aplicó en la Argentina, a pesar de la prescripción constitucional y existía un amplio consenso entre especialistas y partidos políticos sobre el hecho de que no era un sistema recomendable para el país. De hecho, cuando en 1955 se restableció la Constitución de 1853, ninguno de los gobiernos que se sucedieron cumplió el mandato. La reforma constitucional de 1994 confirmó la obligación de organizar el sistema judicial argentino mediante el sistema de jurados, pero hasta el año 2008 no se ha hecho ningún intento de cumplir el mandato constitucional.[16] El sistema fue establecido en la provincia de Córdoba[17] y en la provincia de Buenos Aires por el artículo 338 bis inciso 2 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (de acuerdo a la Ley 14.589).[18]

Derechos sociales y económicos[editar]

La parte más importantes de la reforma constitucional de 1949 fue la inclusión de los capítulos III y IV de la Primera Parte, dedicados precisamente a los derechos sociales y económicos, respectivamente.

El capítulo III, titulado"Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura", tiene un solo y extenso artículo, el artículo dividido a su vez en cuatro secciones, para especificar los derechos...:

  • del trabajo
  • de la familia
  • de la ancianidad
  • de la educación y la cultura.

La primera sección del artículo 37, fue conocida como Decálogo del Trabajador, y está integrada por 10 incisos, referidos a los derechos a trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales.

En este punto, históricamente en Argentina, se discutió la inclusión del derecho de huelga en la Constitución. Los socialistas y peronistas siempre se opusieron a incluir el derecho de huelga en la Constitución, para evitar la reglamentación y limitación del mismo; los radicales intrasigentes (centro-izquierda), por el contrario, proponían su inclusión y su atribución a los sindicatos; finalmente los conservadores en Argentina fueron quienes impulsaron la reglamentación legal del derecho de huelga y la distinción entre huelgas legales e ilegales (Palacios, 197/198). En la reforma constitucional de 1949 el derecho de huelga no se menciona; posteriormente, en la reforma constitucional de 1957, el derecho de huelga es incluido como un derecho de los gremios (art. 14 bis).

Derechos de la mujer
La declaración de la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en el matrimonio y la patria potestad, que estableció el artículo 37 de la Constitución de 1949, fue una de sus normas más destacadas. Tuvo un impacto masivo y directo en la sociedad de su época. Cuando la Constitución de 1949 fue derogada, la mujer casada en Argentina volvió a tener un status inferior durante varias décadas más. Hasta 1968 se la consideró como una incapaz relativa, similar a un menor de edad, y recién en 1985 se estableció su igualdad jurídica con el hombre frente a la patria potestad de sus hijos.

La segunda sección del artículo 37, dedicada a los derechos de la familia, declaró la igualdad jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio y la patria potestad, garantizó el bien de familia que protegía la vivienda de los trabajadores y la clase media de los juicios por deudas, y estableció una protección especial para la maternidad y la infancia.

La tercera sección del artículo 37, dedicada a los derechos de la ancianidad, es un extenso decálogo de protección integral del anciano.

La cuarta sección del artículo 37, dedicada a la educación y la cultura establece entre otras cosas, la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, las escuelas rurales, y la autonomía universitaria.

El artículo 40
El artículo 40 ha sido considerado por muchos como el centro de la Reforma de 1949 y la causa real de su derogación en 1956. El artículo 40 fue impuesto por el ala de centro-izquierda y sindical del peronismo, resistiendo las presiones de los sectores conservadores y el lobby de las grandes empresas. Estableció en forma operativa:
  • El monopolio estatal del comercio exterior;
  • La propiedad inalienable de la Nación sobre las minas y fuentes de energía;
  • La obligación del Estado de prestar los servicios públicos en forma directa;
  • Reglas para el cálculo de la indemnización por expropiación de empresas de servicios públicos, debiendo computarse como amortización los excedentes sobre una ganancia razonable.

El artículo 40, de naturaleza básicamente operativa, de hecho estableció una economía capitalista mixta, con una importante intervención del Estado, cuya estructura básica no estaría sujeta a los vaivenes de los cambios de gobierno.

El capítulo IV, titulado "La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica", tiene tres artículos:

  • artículo 38: establece la función social de la propiedad;
  • artículo 39: establece que el capital debe estar al servicio del bienestar social;
  • artículo 40: establece reglas para la intervención del Estado en la economía.

Adicionalmente, la Convención Constituyente de 1949, estableció otras importantes reformas constitucionales. Entre aquellas referidas a los derechos civiles y políticos, pueden mencionarse la prohibición de discriminar por raza (art. 28), el derecho de hábeas corpus (29), y la facultad conferida al presidente de declarar el "estado de prevención y alarma" durante el cual se podría detener ciudadanos hasta por 30 días (art. 34). Entre las reformas referidas al sistema de gobierno, pueden mencionarse el voto directo (arts. 42, 47 y 82) y la reelección ilimitada del presidente (art. 78).

Detalle de las reformas[editar]

A continuación se realiza una lista de las reformas realizadas por la Convención Constituyente de 1949.

I. Preámbulo[editar]

El Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina no tiene carácter normativo, pero siempre se lo ha considerado como un programa político por encima de los partidos. La reforma incorporó al Preámbulo la siguiente frase:

...la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.

El agregado está relacionado con el reconocimiento de tres principios básicos sobre los que se constituye la Nación:

I. Forma de gobierno y declaraciones políticas[editar]

  • Art 15. No reconocimiento de organizaciones que atenten contra la democracia o las libertades de la Constitución. Prohibición de milicias no estatales.
  • Art. 18. Condiciona la libertad de navegación de los ríos a que la misma no resulte contraria a la seguridad y bienestar nacional.
  • Art. 21. Ley especial para reprimir a aquellos que pretendan suprimir la Constitución por la violencia.
  • Elimina la referencia que realizaba el art. 24 de la Constitución de 1853 al establecimiento de juicios por jurado, que nunca se ejecutó.

II. Derechos deberes y garantías de la libertad personal[editar]

  • art. 26. Agrega el derecho de reunión
  • art. 28. Prohibición de la diferencias raciales
  • art. 29. Incluye el hábeas corpus, la ultractividad de la ley penal más benigna y el fuero jurisdiccional militar y de las fuerzas asimiladas.
  • art. 31. Regula la inmigración y el derecho a nacionalización de los extranjeros.
  • art. 34. Establece la facultad del Presidente de declarar el"estado de prevención y alarma", pudiendo detener ciudadanos hasta por 30 días.

III. Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y cultura[editar]

Artículo. 37

I. Derechos del Trabajador

  1. Derecho de trabajar
  2. Derecho a una retribución justa
  3. Derecho a la capacitación
  4. Derecho a condiciones dignas de trabajo
  5. Derecho a la preservación de la salud
  6. Derecho al bienestar
  7. Derecho a la seguridad social
  8. Derecho a la protección de su familia
  9. Derecho al mejoramiento económico
  10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales

II. Derechos de la familia

  1. Igualdad jurídica de los cónyuges y frente a la patria potestad
  2. Bien de familia
  3. Atención de la madre e hijo a cargo del Estado

III. Derechos de la Ancianidad

  1. Derecho a la asistencia
  2. Derecho a la vivienda
  3. Derecho a la alimentación
  4. Derecho al vestido
  5. Derecho al cuidado de la salud física
  6. Derecho al cuidado de la salud moral
  7. Derecho al esparcimiento
  8. Derecho al trabajo
  9. Derecho a la tranquilidad
  10. Derecho al respeto

IV. De la educación y la cultura

  1. Establece a la familia como la entidad responsable. El Estado y las instituciones de enseñanza colaboran.
  2. Enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Creación de escuelas rurales.
  3. Servicio de orientación profesional
  4. Autonomía universitaria. Ubicación de la universidad como centro del desarrollo de las regiones.
  5. Protección estatal para la ciencia y el arte. La investigación a cargo de las academias.
  6. Becas para todos los niveles
  7. Protección estatal del patrimonio cultural de la Nación

IV. Función social de la propiedad, el capital y la actividad económica[editar]

  • art. 38. Función social de la propiedad
  • art. 39. El capital al servicio del bienestar social.
  • art. 40. Actividad económica:
  • Facultad del Estado para intervenir en la economía y monopolizar ciertas actividades
  • Comercio exterior función irrenunciable del Estado.
  • Minerales y fuente de energía, propiedad inalienable de la Nación.
  • Servicios públicos, función irrenunciable del Estado.
  • Pautas para fijar el precio de las expropiaciones.

V. Reformas a la Segunda Parte (gobierno)[editar]

  • Establece la elección por voto directo para diputados, senadores y presidente (arts. 42, 47 y 82).
  • Extiende el mandato del diputado de 4 a 6 años (art. 44).
  • Acorta el mandato del senador de 9 a 6 años (art. 49).
  • El dictado de códigos Aeronáutico, Sanitario y de Derecho Social (art. 68, inciso 11).
  • Establece la reelección del presidente, con 6 años de mandato, y pueden ser reelegidos (art. 78).
  • Elimina el tope máximo de 8 ministerios que establecía la Constitución de 1853 en el art. 87.
  • Asigna facultades de casación a la Corte Suprema (art. 95).

Entre las disposiciones transitorias se disponía la caducidad de los mandatos de senadores y diputados y nuevas elecciones para sincronizar sus mandatos.

VI. Reformas al régimen de estabilidad de los jueces[editar]

La cuarta disposición transitoria eliminó la garantía de estabilidad para los jueces que estuvieran en ese momento en funciones al establecer que cesarían todos aquellos a los que durante el primer período legislativo siguiente a la sanción de la Constitución no obtuvieran el acuerdo del Senado.

Bibliografía[editar]

  • CARNOTA, Walter (2001). Curso de Derecho Constitucional. Buenos Aires: La Ley. 
  • LÚDER, Ítalo A. (1949). El principio democrático en la Constitución. La Plata: Biblioteca Laboremus. 
  • PALACIOS, Alfredo (1958). El pensamiento socialista en la Convención Nacional de 1957. Buenos Aires:. 
  • RAJLAND, Beatriz (1999). «Los valores del constitucionalismo social». Los valores en la Constitución Argentina. Buenos Aires: Ediar. ISBN 950-574-126. 
  • SAMPAY, Arturo E. (1974). Constitución y Pueblo. Buenos Aires: Cuenca. 
  • LOPRESTI, Roberto P. (1998). Constitución Argentina Comentada. Buenos Aires: Unilat. ISBN 987-96049-3-8. 
  • SANTOS MARTÍNEZ, Pedro (1976). «La Constitución"justicialista"». La nueva argentina. Buenos Aires: La Bastilla. 
  • SEGOVIA, Juan Fernando (2005). «El peronismo y la Constitución de 1949 en la crisis de legitimidad argentina». Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas Anales (2005). (Artículo completo) consultado 29-abr-2006. 
  • TERROBA, Luis Alberto (2010). La Constitución de 1949. Una Causa Nacional. Ediciones del Pilar (2003, agotada) y Editorial Ross (2da. Edición 2010). 
  • VANOSSI, Jorge Reinaldo (1994). El Estado de Derecho en el Constitucionalismo Social. Buenos Aires: EUDEBA. 
  • VANOSSI, Jorge Reinaldo (2005). «La Constitución Nacional de 1949». Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas Anales (2005). (Artículo completo) consultado 29-abr-2006. 

Notas[editar]

  1. La interpretación de los dos tercios, por el Jorge Horacio Gentile
  2. Palacios, Alfredo (1958). El pensamiento socialista en la Convención Nacional de 1957. Buenos Aires: p. 200. 
  3. http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/ascenso_y_auge_del_peronismo/constitucion_de_la_nacion_argentina_1949.php
  4. a b c Sampay, Arturo Enrique (1974). Constitución y pueblo. Buenos Aires: Cuenca. 
  5. Del Mazo, Gabriel (1955). El radicalismo. Notas sobre su historia y doctrina (1922- 1952). Buenos Aires: Raigal, p. 285-286. 
  6. Emiliani, Rafael (1931). Bases para la reforma de la Constitución Argentina. Buenos Aires: Baloné. 
  7. Amadeo, Rómulo (1936). Hacia una nueva Constitución Nacional. Buenos Aires: López. 
  8. a b c Segovia, Juan Fernando (2005). «El peronismo y la Constitución de 1949 en la crisis de legitimidad argentina». Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas Anales (2005). http://www.ancmyp.org.ar/user/files/Segovia.pdf. 
  9. OIT. «Preámbulo de la Constitución de la OIT». OIT. Consultado el 7 de enero de 2008.
  10. Linares Quintana, Segundo V. (1979). Las nuevas constituciones del mundo. Buenos Aires: Plus Ultra. 
  11. Rudi, Daniel M. (1974). Los derechos constituciones del trabajador. Buenos Aires: EUDEBA. 
  12. a b Cruz, Paulo Márcio; Xavier, Grazielle (2007). «O Estado de Bem-Estar». Revista de Doutrina da 4ª Região Edição 21 (19-12-2007). ISSN 1980-458X. http://www.revistadoutrina.trf4.gov.br/index.htm?http://www.revistadoutrina.trf4.gov.br/artigos/edicao021/Paulo_Cruz.htm. 
  13. Palacios, Alfredo (1954). «La justicia social». Buenos Aires: Claridad. 
  14. Mecle, Elina y Ferández, Beatriz. La Justicia Social Hoy: un dilema. Proyectos de investigación"Reforma Constitucional, Poder Político, Justicia Social y Políticas Sociales 1949-1994."Políticas Sociales y Democracia en el Neoliberalismo, Argentina en la década de los ´90". UBA. Secretaría de Ciencia y Técnica."...En América Latina, el desarrollo de la Justicia Social, surgirá de un movimiento regional, político y altamente movilizador conocido con el nombre de Populismo; el nuevo Estado Populista, acompañado por los movimientos obreros del Siglo XX, se convertirá en una fuerza política decisiva que, aliado con algunos sectores de las clases medias y de la burguesía industrial le disputarán al Estado oligárquico su papel hegemónico. ...
  15. Rosa, José María (1936). «La soberanía Argentina y la libre navegación de los ríos». Boletín del Instituto de Estudios Federalistas mayo de 1939 (1). http://www.pensamientonacional.com.ar/biblioteca_josemariarosa/Articulos/LibreNav.htm. 
  16. Miranda, Verónica; Mardones, Anahí (1996). «Juicio por Jurados». Universidad de El Salvador Cátedra de Derecho Constitucional (Dr. Carlos Salvadores de Arzuaga). http://www.salvador.edu.ar/ua1-jxa.htm. Rivas, Adolfo (Coord.) (1996). «Juicio por Jurados». Universidad de El Salvador Cátedra de Derecho Procesal. http://www.salvador.edu.ar/ua1-jxj.htm. 
  17. Asociación Argentina de Juicios por Jurado. Acceso 25-5-2014
  18. Asociación Argentina de Juicios por Jurado. Acceso 25-5-2014

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]