Narcotráfico en Colombia

Mapa de la DEA que muestra el flujo de heroína y dinero entre Colombia y Estados Unidos en 2003.

Narcotráfico en Colombia se refiere al negocio de las drogas ilícitas de efectos psicotrópicos en Colombia, la producción y distribución de estos productos, así como la evolución histórica de esta actividad económica. El narcotráfico ha tenido directa influencia en la vida política, social y económica del país; también como actor importante del conflicto armado interno, siendo el apoyo económico directo e indirecto, tanto de grupos insurgentes (FARC, ELN y disidencia del EPL) como de grupos paramilitares (AUC) y de la delincuencia organizada (carteles de la droga y BACRIM). Varios dirigentes nacionales han sido acusados de alianzas con grupos de narcotraficantes y/o grupos armados ligados al narcotráfico para ganar poder político y económico.​

El uso de la hoja de coca y otras plantas, había sido parte del estilo de vida de algunas comunidades indígenas de América del Sur, pero la demanda mundial de drogas psicoactivas durante las décadas de 1960 y 1970 incrementó la producción y procesamiento de éstas en Colombia. Se implementaron leyes de prohibición en Estados Unidos y en Colombia para sofocar el efecto negativo de las drogas en la sociedad y castigar a quienes las cultivaran, poseyeran, comercializaran o distribuyeran.

Desde el establecimiento de la guerra contra las drogas, los Estados Unidos y algunos países europeos han proveído al gobierno colombiano ayuda logística y financiera para implementar planes que permitan combatir el tráfico de drogas. El programa más notable ha sido el polémico Plan Colombia, el cual también está destinado a combatir los grupos armados ilegales calificados por estos países como terroristas, entre ellos paramilitares y guerrillas, que en la década de 1980 empezaron a financiarse con esta actividad ilícita. En Colombia, la guerra contra el narcotráfico empieza el 30 de abril de 1984, fecha del asesinato del Ministro de Justicia: Rodrigo Lara Bonilla; ordenado por el líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, entonces suplente en la Cámara de Representantes, y de quien Lara ya venia denunciando sus actividades ilegales a raíz del descubrimiento del complejo cocalero de Tranquilandia el mes anterior, por parte de la policía colombiana; razón suficiente para que el gobierno, presidido por Belisario Betancur, implementara de manera inmediata la Ley de Extradición contra los narcotraficantes firmada en el gobierno de Julio Cesar Turbay, luego de esto promulgó el Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986), teniendo así una herramienta para combatir la fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

A pesar de estos programas y leyes, Colombia continuó siendo el líder mundial en producción de cocaína con aproximadamente el 70% del total de distribución a nivel mundial y el 90% del procesamiento, según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2004.​

Historia

Carlos Lehder.

La economía subterránea del tráfico ilícito de drogas venía operando en Colombia desde finales de los años 60´s cuando en la región Caribe, especialmente, floreció el cultivo de la marihuana y se dio un primer auge, la llamada bonanza Marimbera. El mercado norteamericano, receptor principal de los estupefacientes, empezaría luego a derivar hacia la cocaína, producto originado de la planta de coca extrayendo el alcaloide de la hoja, siendo cultivada y traida originalmente de Bolivia y Perú; pero varios años después, los narcotraficantes colombianos promoverían el cultivo de la planta en su propio pais, haciendo innecesario importar la hoja de manera clandestina. En este marco, jugaría Colombia el papel de placa giratoria: Los cargamentos del alcaloide llegaban desde el sur y eran redistribuidos por las mafias locales hacia EE.UU. Los primeros grupos de narcotraficantes surgidos en la primera parte de la década de los 70´s, presentes sobre todo en Medellín y el centro del país (en gran parte eran antiguos contrabandistas), fueron liquidados en guerras internas; le sucedería una nueva generación más violenta pero más activa y emprendedora, de la que serían exponentes Pablo Escobar, su primo Gustavo Gaviria, los hermanos Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vásquez, Griselda Blanco (sobreviviente de la primera etapa) y Pablo Correa Arroyave en Antioquia; Carlos Lehder en Armenia; Gonzalo Rodríguez Gacha y Verónica Rivera en el centro del país; los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño, Pacho Herrera y los hermanos Henao en el Valle del Cauca; y José Rafael Abelló Silva en la Costa Atlántica.

Sus profusas redes en Norteamérica y la diáspora colombiana en el exterior les permitieron controlar prácticamente el negocio y obtener astronómicos beneficios económicos, que los catapultaron pronto como los “Mágicos”, los nuevos ricos de Colombia. A partir de la Administración López, la economía subterránea de la coca iniciaría su apogeo. El gobierno Turbay emprendería las primeras acciones al respecto, presionado por los EE.UU., lanzando una fuerte ofensiva contra los cultivos de marihuana en la Costa Norte (cultivos que ya habían perdido su valor estratégico ante las plantaciones caseras surgidas en Norteamérica), firmando además a finales de 1979 el famoso Tratado de Extradición con la Administración de Jimmy Carter. Pronto los narcotraficantes se presentarían no solo como “empresarios” llamados "mágicos", sino como agentes de desestabilización y violencia en todo el país. La propia naturaleza ilícita de su negocio y la necesidad de protegerlo así lo dictaba.

Algunas de estas organizaciones criminales emprendieron guerras contra el Estado para tratar de evitar el Tratado de Extradición con los Estados Unidos, cometiendo actos terroristas contra la población civil, actos que se extendieron a la guerra entre los carteles. Ya en las décadas de 1990 y 2000, varios de estos carteles consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado, al tiempo que consolidaban igualmente las alianzas con grupos al margen de la ley, incluidas guerrillas y paramilitares que daban sus primeros pasos en el negocio.

Con la prohibición, productores y traficantes formaron carteles clandestinos armados. Durante la década de 1980, al incrementarse la demanda, los carteles se expandieron y se organizaron en grupos criminales de mayor envergadura, usualmente liderados por uno o más capos como fue el caso del Cartel de Medellín o con un liderazgo confederado tal como sucedió con el Cartel de Cali o el Cartel del Norte del Valle.

El Cartel de Medellín mantuvo, hasta su disolución a inicios de los 90´s, el control y la distribución de los envíos de cocaína hacia los Estados Unidos y otros países. Según varios reportes periodísticos, se estimaba que cerca del 95% de la cocaína era controlada por el cartel.​

Gobierno Betancur

La reforma tributaria de 1983 planteó una nueva relación entre el narcotráfico y el Estado, ofreciendo la alternativa de incorporar los dineros calientes a la economía legal colombiana. Se sondeó además la posibilidad de la legalización de las drogas y la expedición de un marco legal que permitiera a los barones de la coca, su participación en la vida social, legal y política del país. El nacimiento del Movimiento Latino Nacional de Carlos Lehder y de Civismo en Marcha de Pablo Escobar, quien ocupó un puesto en la Cámara de Representantes, fue una expresión de este proceso. Pero dicho esbozo fracasó por la oposición de los sectores tradicionales para aceptar estos hechos. El Nuevo Liberalismo, movimiento liderado por Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla (nombrado Ministro de Justicia por Betancur), fue el adalid de esta cruzada contra la narco-política, que convirtió en el objetivo principal de sus críticas a Pablo Escobar.

En este marco se dieron los primeros intentos de diálogo entre los traficantes de droga y el Gobierno sobre el Tratado de Extradición a los Estados Unidos. Sin embargo, pese a los intentos de sabotear la acción del ministro Lara en el Congreso, denunciando su supuesta relación con Evaristo Porras, un narcotraficante del Amazonas, Escobar se vio obligado a renunciar definitivamente a la actividad política. La difícil coyuntura que parecía desactivarse se complicó, cuando la policía anti-narcóticos (con el ministro Lara detrás del operativo), desmanteló el complejo cocalero de Tranquilandia, en marzo de 1984. Aquel golpe al Cartel de Medellín fue devuelto el 30 de abril de 1984, cuando 2 sicarios mataron al ministro de justicia en Bogotá.

Luego del asesinato de Lara Bonilla el gobierno amplió el estado de sitio en el país, ratificó e implementó el Tratado de Extradición y generó el Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986). Con este marco legal, Betancur inició la primera gran guerra contra el narcotráfico: se dispuso del embargo y secuestro de bienes de los narcotraficantes, además del aumento de penas y multas para delitos asociados al tráfico de drogas, pasando estos al conocimiento de la Justicia Penal Militar. Los principales cabecillas del Cartel debieron refugiarse en Panamá auxiliados por el dictador Manuel Antonio Noriega e intentaron en mayo de 1984 un último acercamiento al Estado, conocido como los Diálogos de Panamá. Su fracaso trajo una importante consecuencia: El dinero fue reemplazado por el terror como principal recurso de enfrentamiento y diálogo. Meses después, regresarían clandestinamente al país y la guerra total sería cuestión de tiempo.

Pese a la ofensiva que siguió al crimen de Lara Bonilla y a la activación del proceso de extradición, hecho efectivo en enero de 1985 con el envió de los primeros capturados a Estados Unidos, los narcotraficantes del Cartel de Medellín permanecieron impunes, ejerciendo el control de su aparato criminal y expandiendo sus rutas por Mexico, Nicaragua y Cuba, además de abrir nuevos mercados en Europa. De modo paralelo, los efectos corrosivos del narcotraficante seguían creciendo, contribuyendo al progreso de la corrupción dentro del gobierno -en sus múltiples estamentos-, los partidos políticos, y sobre todo las fuerzas de seguridad, sobornadas con profusión por Escobar y sus secuaces. Solo esto último permitió al Cartel de Medellín continuar golpeando impunemente al Estado colombiano.

Después del asalto del M 19 al palacio de justicia, la campaña de terror del Cartel continuaría contra sus enemigos en el Gobierno, contra los que apoyaran el Tratado de Extradición, y todos los que denunciaran sus negocios y redes mafiosas. Además, demostrarían su poder de corrupción cuando evitaron que Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela, reconocidos narcotraficantes capturados en España, fueran extraditados a Estados Unidos y deportados de regreso a Colombia, donde pagaron irrisorias penas de cárcel.

Hasta ese momento, los dos principales grupos exportadores de droga no habían entrado en pugna y respetaban sus respectivos mercados y territorios, aunque la atención de las autoridades se centraba esencialmente sobre los violentos cabecillas de Medellín, que controlaban hasta un 80% del lucrativo negocio. Los jefes del Cartel de Cali optaron principalmente por la corrupción y por la infiltración dentro de las instituciones como medio de lidiar con el Estado.

El Cartél de Medellin fue catalogado en su momento como la organización criminal más peligrosa de Colombia y del mundo​ debido a su «modus operandi», además de ser liderado por el narcotraficante Pablo Escobar, quien fuera congresista de Colombia para luego ser desenmascarado por el entonces Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, a quien asesinó como represalia.​

Gobierno Barco

Pablo Escobar.

La captura de uno de los principales capos de la mafia se dio en 1987, luego del aprisionamiento de Carlos Lehder, miembro y fundador del Cartel de Medellín. Lehder fue extraditado a los Estados Unidos y condenado a cadena perpetua más 135 años de cárcel, pero su pena se redujo a 55 años luego de colaborar con la justicia estadounidense.​ Al momento de la captura, el narcotraficante se encontraba con otros diecisiete integrantes en la vereda Los Toldos, un municipio de Antioquia. Lehder era uno de los criminales más buscados por la DEA, prueba de ello fue el allanamiento realizado por parte de la agencia a Cayo Norman, una isla localizada en las Bahamas donde Lehder ejecutaba todas sus operaciones.​

El Cartel de Medellín fue responsable de varios homicidios perpetrados en contra de civiles, miembros de la fuerza pública y personalidades como Luis Carlos Galán, político y candidato a la presidencia en representación del Partido Liberal Colombiano, asesinado durante la campaña electoral. Otro ataque atribuido a Pablo Escobar fue el atentado al edificio del DAS, un ataque terrorista ocurrido en 1989 que dejó un saldo de setenta muertos y más de quinientos heridos.​ Este y otros ataques fomentaron la creación del Bloque de búsqueda, con el fin de capturar a Escobar. Por su parte los líderes del cartel empezaron a reclutar mercenarios de distintas nacionalidades para hacer frente a las fuerzas del estado, lo que llevo al país a una guerra que provocó más de 20,000 muertes.

Gobierno Gaviria

Aprovechando la tregua unilateral indefinida anunciada en julio de 1990 por Los Extraditables, se diseñó la legislación de estado de sitio que se haría pública como “Política de Sometimiento a la Justicia”. Dicha política aspiraba a favorecer con la reducción de la pena a los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente y confesaran un delito, con la garantía de ser juzgados en el país y recluidos en pabellones de alta seguridad. Pablo Escobar receloso de las intenciones del gobierno, organizó una serie de secuestros selectivos de periodistas y de personajes influyentes (Diana Turbay, Francisco Santos y Maruja Pachón, entre otros), presionando de ese modo al presidente para que fuera tratado como un delincuente político, haciéndose beneficiario de paso de los indultos reservados a los guerrilleros.

Los primeros en acogerse a la oferta, entre diciembre de 1990 y febrero de 1991, fueron los hermanos Ochoa: Jorge Luis, Juan David y Fabio, socios cercanos de Escobar. Sin embargo este último pretendía arrancarle al Ejecutivo un acuerdo hecho a su medida, y siguió presionando por la vía armada, amenazando con ejecutar a los rehenes y con reiniciar su ofensiva terrorista. El 12 de diciembre de 1990 una bomba mató a 7 policías en Medellín, y otros 7 más, serían ultimados por sicarios en los 3 primeros días de enero. Poco después el 22 resultaron abatidos, en un doble operativo lanzado en el departamento de Antioquia, 2 de los hermanos Prisco, jefes de una banda transformada en el brazo armado del capo. El informante que los delató entregó luego la ubicación de 2 de los secuestrados, pero en la confusa operación de rescate que se adelantó el 24 de enero, Diana Turbay y 3 de sus captores murieron.

La respuesta no demoró en llegar, con la ejecución de uno de los rehenes, Marina Montoya, hermana del antiguo Secretario de Presidencia, Germán Montoya, y con una nueva racha de atentados: una decena de efectivos policiales fueron víctimas de sicariato; una explosión en un bus dejó 6 muertos; y el 16 de febrero un bombazo en la plaza de toros de Medellín se saldó con 23 fallecidos. Dos meses después el ex ministró de Justicia Enrique Low Murtra, perdió la vida a manos de pistoleros. Dicha estrategia le dio resultados a Escobar, quien habiéndole ganado el pulso al ejecutivo, libero al resto de los secuestrados como gesto de “buena fe”. Sin embargo, fue solo cuando estuvo seguro de que la Constituyente había votado y aprobado el 19 de junio de 1991 el artículo que prohibía la extradición de colombianos, se entregó en la capital antioqueña, en compañía del sacerdote Rafael García Herreros. Luego, Escobar sería recluido en la Cárcel de La Catedral en Envigado. Desde adentro siguió controlando los hilos del negocio ilegal, además de realizar fiestas y orgías contratando modelos y reinas de belleza (algunas terminaron siendo parte de la farándula colombiana), todo a través de otros 2 aliados de Escobar que no se entregaron a las autoridades: Fernando Galeano "El Negro" y Gerardo Moncada "Kiko".

Fin del Cartel de Medellín y auge del cartel de Cali

A casi un año de su encierro a principios de julio de 1992, Pablo Escobar se había convertido en un extorsionista de alto rango. Dejó de exportar cocaína y empezó a cobrar dinero a los demás narcotraficantes. Sospechando de sus aliados, ejecutó a Fernando “El Negro” Galeano y Gerardo “Kiko” Moncada, con el pretexto que estos le habían robado $20 millones produto de actividades ilícitas. La posterior purga entre los más cercanos a ambos capos y entre sus familiares dejó unos 50 muertos. El gobierno y la Fiscalía General de la Nación, al conocer de los hechos y para evitar que el “Patrón” siguiera delinquiendo desde su prisión, ordenó el traslado de este hacia un nuevo penal. Pero en condiciones sospechosas él, su hermano Roberto y 8 de sus lugartenientes se fugaron de La Catedral el 22 de julio de 1992. El gobierno creó entonces el Bloque de búsqueda, integrado por miembros de la Policía y el Ejército, para cazar a los prófugos.

Los narcos de Cali se encargaron entonces de desencadenar nuevamente la guerra, al activar un coche bomba en Medellín que atribuyeron a sus enemigos antioqueños. Estos ante la arremetida de las fuerzas estatales, reactivaron su campaña con una serie de ataques en los que ejecutaron a 30 uniformados y una juez, entre septiembre y octubre de 1992. Pero esta vez la situación había cambiado bruscamente para el Cartel: la muerte de Galeno y Moncada generó una fractura al interior de la organización. Diego Fernando Murillo "Don Berna", jefe de seguridad de los capos asesinados, y los hermanos Castaño se alinearon con los narcos del Valle contra Escobar, en una alianza que incluía a oficiales del Bloque de Búsqueda y varios de sus antiguos socios y testaferros. Con la información que pudieron suministrar a las autoridades se asestaron durísimos golpes a las redes del “Patrón”. El 28 de octubre Brances Alexander Muñoz, unos de los jefes militares más importantes del cartel, fue abatido en una operación especial.

Escobar que trataba en ese momento de negociar su reentrega y había autorizado la rendición de varios de sus lugartenientes más cercanos, entre ellos su hermano Roberto, alias “Popeye”, “Otto” y el “Mugre”, desencadenó en respuesta una nueva guerra total. Decenas de pistoleros ejecutaron a un centenar de policías hasta febrero y los coches bomba reaparecieron en las grandes ciudades a partir de diciembre de 1992. Si bien los mecanismos ya no eran tan sofisticados como antes, las pérdidas humanas y materiales fueron cuantiosas, pues los atentados ya no iban dirigidos a un objetivo específico, sino que eran totalmente indiscriminados. En Medellín murieron 19 personas, en la capital de la república 41 y en Barrancabermeja 16. El Valle de Aburra se vio afectado por 3 ataques mortales en diciembre del 92 y en Bogotá las explosiones se sucedieron a partir de enero de 1993: el 20 en el norte, el 30 frente a la Cámara de comercio, mediando febrero en dos áreas comerciales, el 5 de marzo en las instalaciones de Telecom y en abril 15 en la calle 93.

Pese a la dura arremetida de los terroristas, en el curso de una ardua cacería, las autoridades dieron de baja hasta marzo de 1993 a 100 sicarios y 10 jefes militares del Cartel, entre los que se contaban Mario Castaño Molina “El Chopo”, Hernán Darío Henao “HH” y Jhonny Edison Rivera “El Palomo”, todos hombres de confianza de Escobar. También fueron apresados 1900 sospechosos de pertenecer a la organización y se rindieron 18 altos mandos de su ala militar. Esto sumado a la derrota por bandas rivales de sus grupos de gatilleros, en una guerra que dejó 300 muertos, terminó por debilitar decisivamente al grupo de Medellín que perdió en 8 meses el 80% de su capacidad bélica. Como añadidura, el 30 de enero hizo su aparición pública una estructura paramilitar que se autodenominó “Los Pepes” (Perseguidos por Pablo Escobar), detrás de la que estaban los Castaño y que se dedicaría a matar a los testaferros, contadores, abogados y familiares del capo, como también a destruir sus propiedades y minar sus finanzas.

Escobar, arrinconado por las fuerzas armadas y por las amenazas que pesaban sobre su familia, interrumpió del todo su campaña terrorista. Trato de renegociar su rendición, condicionándola a la salida del país de su mujer y sus hijos, pero esta vez su propuesta no halló eco entre el Ejecutivo. Si bien logró evadir al Bloque de Búsqueda por 6 meses más, la muerte de su jefe de seguridad León Puerta Muñoz “El Angelito”, en octubre de 1993, lo dejó desprotegido, al mando ya de sicarios rasos. Finalmente, la preocupación por la situación de su esposa refugiada en el Hotel Tequendama bajo vigilancia policial, lo llevó a utilizar un radio de comunicaciones, revelando su ubicación. En la tarde del 2 de diciembre de 1993 sería abatido por un comando de 20 hombres.

Su muerte y la de su único guardaespaldas significó el final del Cartel de Medellín y del narcoterrorismo como actor bélico (5500 muertos en la lucha desde 1989 hasta 1993), pero en ningún modo afectó como tal al negocio del tráfico de cocaína, en manos ahora de los narcotraficantes de Cali y el Norte del Valle.

En vez de desaparecer como tal, el Cartel de Medellín se atomizó en pequeñas estructuras o bandas delincuenciales que se enfrentaban entre si por el control territorial en Medellin que luego se unieron, gracias a "Don Berna", en una sola organización criminal denominada la "Oficina de Envigado", fomentando además el fortalecimiento indirecto del grupo de Cali, el cual no solo llegó a controlar el 80% del negocio, sino que perfeccionó sus métodos de inteligencia y reforzó su infiltración dentro de las autoridades. Y si bien la atención de la opinión pública se había centrado en Escobar y sus socios, las otras redes de narcotraficantes, específicamente la del norte del Valle no era menos violenta. En Trujillo (Valle) los capos Henry Loaiza “El alacrán” y Diego Montoya “Don Diego”, ejecutaron a principios de la década de 1990, a no menos de 250 personas.

El gobierno de EE.UU. empezó a exigirle a Colombia más contundencia en las acciones contra los nuevos amos del narcotráfico y aunque el Bloque de Búsqueda logró apuntarse algunos éxitos con la captura de Jaime Orejuela e Iván Urdinola, el núcleo de la organización se mantuvo intacto hasta la llegada de la nueva administración. Además, ahora se añadía un nuevo ingrediente a la ecuación: los cultivos ilícitos empezaron a expandir su frontera aceleradamente a finales del cuatrienio Gaviria. De placa giratoria del tráfico de cocaína, pasó a ser el primer productor del mundo, desbancando de su puesto a Perú y Bolivia. Con el impulso del Cartel de Cali y, sobre todo, con la participación cada vez mayor de las FARC y los paramilitares en el negocio, el fenómeno se extendería rápidamente por gran parte del territorio, en las selvas del sur sobre todo pero también en otras áreas como el Catatumbo y Antioquia. Pese a la reducción de los aportes de los EE.UU. a la lucha antinarcóticos, el gobierno multiplicó la erradicación de las zonas sembradas de coca y amapola, iniciando en 1992 las polémicas fumigaciones con glifosato, a la vez que desarrollaba programas de sustitución de cultivos.

Gobierno Samper

El Cartel de Cali, en su época dorada posterior a la caída del Cartel de Medellín, fue señalado por las autoridades estadounidenses de ser el responsable del envío del 35% de la cocaína que llegaban a las calles de ese país, razón por la cual llegó a ser catalogado como la organización criminal más peligrosa de Colombia. Existió desde los años 1985 hasta 1995, cuando fueron capturados los hermanos Rodríguez Orejuela.

En 1995, los hermanos Rodríguez Orejuela, principales miembros y fundadores del cartel de Cali fueron capturados durante la presidencia de Ernesto Samper. Gilberto Rodríguez Orejuela, el mayor de los hermanos y conocido por el alias de El Ajedrecista por su particular forma de manejar los negocios y eludir a las autoridades​​ fue extraditado a Estados Unidos el 3 de diciembre de 2004 junto con su hermano Miguel Rodríguez Orejuela, alias El Señor. Fueron condenados a treinta años de cárcel en Pensilvania, pero fue reducida luego de aceptar los cargos y colaborar con las autoridades estadounidenses.​ Según varios informes de la DEA, la organización ganaba en su momento más de diez billones de pesos colombianos (siete mil millones de dólares) anuales.​​

Varios miembros que conformaban la «cúpula principal del cartel» fueron abatidos con el transcurrir de los años. José Santacruz Londoño y Pacho Herrera fueron asesinados, mientras que Víctor Patiño Fómeque y Henry Loaiza fueron extraditados a Estados Unidos. Phanor Arizabaleta Arzayús, el último de los jefes del cartel se encuentra recluido en una cárcel de Colombia, donde paga una condena de veinte años.​ En 1998, finalizando el periodo presidencial de Ernesto Samper, es capturado el jefe del Cartel de la Costa, Alberto Orlández Gamboa, alias El Caracol.​

El Cartel del Norte del Valle, operaba principalmente en el Norte del Valle del Cauca, al Suroeste de Colombia, tuvo un importante crecimiento a mediados de los años 1990, después de que los carteles de Medellín y Cali se disolvieran.

Gobierno Pastrana

Véase también: Plan Colombia

El jefe del Cartel de la Costa: Alberto Orlandez Gamboa, alias "Caracol". fue extraditado a Estados Unidos en el año 2000. Este cartel que funcionaba en Barranquilla y en la Región Caribe en el norte de Colombia, controlaba el comercio de droga con otras regiones del país y con países limítrofes además de la producción local. En este gobierno se dio la llamada "Zona de Despeje", teniendo como epicentro la población de San Vicente del Caguán para un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, proceso que fracasó por la incursión directa de los insurgentes en el negocio del narcotráfico al utilizar la Zona de Despeje para la producción y tráfico de cocaína, siendo conocida la organización como una "narcoguerrilla". En respuesta, el gobierno colombiano implementó con Estados Unidos un acuerdo bilateral para atacar el narcotráfico y a quienes se beneficien de este, incluyendo a grupos insurgentes y paramilitares, conocido como Plan Colombia.

Gobierno Uribe

Véase también: Narcoparamilitarismo

En 2006 se produjo la captura de Salvatore Mancuso, comandante y narcotraficante de las Autodefensas Unidas de Colombia, apodado con los alias de Santander Lozada o Triple Cero. Mancuso se desmovilizó del grupo paramilitar en 2005 y fue extradito a los Estados Unidos en 2008. El 24 de septiembre de 2002, el gobierno estadounidense emitió un comunicado donde manifestaba que los líderes de las AUC eran responsables del envío de varios cargamentos de drogas que tenían como destino los Estados Unidos y Europa: «el Departamento de Justicia está haciendo cargos en contra de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia por traficar más de diecisiete toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa desde 1997. En el informe de incriminación, cinco cargos de narcotráfico fueron establecidos en contra del líder de las AUC Carlos Castaño y otros dos miembros del comando paramilitar, Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra Ramírez».​ También estuvo relacionado con el empresario italiano Giorgio Sale por el lavado de activos y narcotráfico.​ Gran parte del dinero fue destinado al grupo paramilitar, mientras que otra parte era utilizada para realizar varias inversiones en inmobiliarias colombianas e italianas.​

Salvatore Mancuso extraditado a Estados Unidos en 2008.

El Cartel del Norte del Valle, aunque se convirtió en la organización criminal más poderosa del pais, sufrió grandes golpes tanto por acción de la Fuerza Pública como por guerras internas, que terminaron por disminuir su capacidad económica y militar que llegó a su final en 2008, cuando uno de sus jefes; Wílber Varela, alias Jabón, fuera asesinado el 28 de enero y sus otros dos líderes: Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, y Diego León Montoya, alias Don Diego, fueran capturados un año antes, quedando desmantelada esta organización.

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran otro actor importante en el tráfico de drogas, heredando los espacios dejados por los desmantelados carteles de la droga del país. Con su desmovilización, a mediados de 2006, las denominadas Bandas emergentes en Colombia (BACRIM), conformadas por ex-paramilitares que se negaron a la desmovilización en el gobierno de Alvaro Uribe, retomaron el control de todas las actividades criminales dejadas por las AUC y los cárteles del narcotráfico. La conformación de estas organizaciones criminales ha dejado centenares de víctimas, y ha desestabilizado varios sectores del comercio. Se cree que en 406 municipios de Colombia operan las bandas criminales y que éstas han logrado una alianza estratégica con grupos insurgentes como Las FARC, el ELN y el EPL, inclusive llegando a alianzas entre las mismas BACRIM. La alianza obedece principalmente al cultivo y tráfico de drogas, una tarea que genera ingresos y sostiene las finanzas de estas organizaciones. Según el gobierno colombiano, las BACRIM "son carteles del narcotráfico que son combatidos exclusivamente por la Policía, demostrando que son grupos con capacidad militar, campamentos, armas, estructura jerárquica y aliados con la guerrilla".​

De otro lado las FARC, que se habia convertido en una "narcoguerrilla", gracias al Plan Colombia y a la Política de Seguridad Democrática (PSD) implementada por el presidente Uribe, sufrió grandes golpes en su estructura, que se vió reflejado en la disminución de su pie de fuerza (de 20.000 insurgentes armados que contaban en 2002, quedaron con un poco más de 7.000 al finalizar el gobierno de Álvaro Uribe).

Gobierno Santos

En el transcurso del gobierno Santos hasta fines de 2016, se han producido más de 22.800 capturas a miembros de las Bandas Criminales o BACRIM, surgidas por la negativa de un grupo numeroso de paramilitares a la desmovilización en el gobierno de Uribe; además se han incautado 10.300 armas y un millón y medio de municiones (cifras de un ejército).​ Se ha obtenido también la incautación de más de 1.000 toneladas de cocaina a estos grupos criminales, además del desmantelamiento de las bandas criminales Los Paisas y Los Rastrojos,​ así como el debilitamiento de la Oficina de Envigado y los Bloques Meta y Libertadores del Vichada (los dos últimos creados por disidentes de la BACRIM ERPAC, quienes no se sometieron a la justicia en 2011).

Entre las detenciones más importantes se encuentra la de Daniel Barrera Barrera, alias El Loco Barrera, considerado el último gran capo de la droga que existía en Colombia, quien fuera capturado en San Cristóbal (Venezuela) en 2012, con ayuda de las autoridades venezolanas y la inteligencia estadounidense y británica.​ No es la primera vez que un delincuente colombiano cae con ayuda de las autoridades venezolanas; también cayeron en ese país Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, líder de la banda criminal Los Rastrojos en 2012​ y Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, lider de la Oficina de Envigado, capturado en 2011,​ el cual sostenia una guerra en Medellín por el control de esta agrupación criminal con Erick Vargas, alias Sebastian, capturado en Girardota en el año 2012.​

La fuerte presión ejercida por el gobierno colombiano a través de las Fuerza Pública ha obligado a la entrega, en este caso a las autoridades estadounidenses en Panamá, de importantes capos de la droga como los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, alias Hermanos Comba, en 2012.​ Otros jefes importantes de bandas criminales que han caído por acción de las autoridades son: Darío Andrés León Humane, alias Jhonatan, jefe del Bloque Meta, capturado en noviembre de 2015​ y Martín Farfán Díaz, alias Pijarbey, jefe del Bloque Libertadores del Vichada, abatido en octubre de 2015.​

Entre las ofensivas más importantes y aún en curso se encuentra la Operación Agamenón, iniciada por la Policia en Marzo de 2015 y cuyo objetivo principal es la captura o muerte del cabecilla del Clan Úsuga o Clan del Golfo como se le conoce ahora en el gobierno (anteriormente conocidos como Los Urabeños), Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.​ El hermano de Otoniel; Juan de Dios Úsuga David, alias Giovany, el otro cabecilla de esta organización criminal, fue abatido por la Policía en enero de 2012, mientras celebraba el año nuevo en zona rural de Acandi (Choco), en el marco de la Operación Colombia 25. Estos operativos originaron Planes Pistola (asesinatos selectivos) contra la Policía y paros armados en la zona de Uraba por semanas.

La guerrilla de las FARC inició a comienzos de la década de 1980 los primeros movimientos en relación al cultivo y tráfico de drogas,​ aunque hasta 1998, cuando inició la Zona de Despeje para los fallidos diálogos de paz, empezaron a traficar de forma directa y a gran escala con drogas ilícitas. La inclusión de la guerrilla en el narcotráfico supuso otro problema, no solo por haberse consolidado como una organización narcoguerrillera, sino también por el hecho de haber implementado las denominadas «vacunas» o impuesto revolucionario. Según varios informes de seguridad, el grupo armado ha llegado a cobrar $ 40 000 dólares mensuales por el funcionamiento de los laboratorios y cerca de $ 20 dólares por cada kilogramo distribuido, sea por vía terrestre o fluvial.​ Se espera que con su desmovilización, pactada con el gobierno en 2016 en el marco de los dialogos de paz que se efectuaron en la La Habana (Cuba), sus actividades con el narcotráfico queden desactivadas o disminuidas, tomando en cuenta que una parte del Frente 1 de las FARC, por medio de un comunicado, manifiesta que no hará parte del proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.​ En cuanto a la guerrilla del ELN, esta ha negado por décadas que se financie con actividades relacionadas al narcotráfico, pero según información dada a conocer por el gobierno en 2014, existen documentos y correos electrónicos que vinculaban a este grupo guerrillero con la banda criminal de Los Rastrojos, extintos al día de hoy, donde estos últimos les proponen al ELN financiar cargamentos de drogas por el Occidente del pais​ (concretamante en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde esta activo el Frente Suroccidental). En la región del Catatumbo se han destruido en el 2016 por parte del Ejército laboratorios para el procesamiento del cocaina que, se presumen que son propiedad del ELN, quienes la fabrican y se la entregan al EPL,​ otro grupo insurgente (visto como una banda criminal desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y llamados en el gobierno de Juan Manuel Santos como Los Pelusos) que controla toda la actividad del narcotráfico en esta zona, desde la compra de la hoja de coca a los campesinos hasta el procesamiento y la distribución de la cocaina, incluyendo el control y vigilancia de las rutas por la frontera con Venezuela, en alianza con cárteles mexicanos.​

A partir de Mayo de 2016, gracias a la Directiva 015 del Ministerio de Defensa Nacional, las Bandas Criminales o BACRIM pasan a ser conocidas como Grupos Armados Organizados (GAO), otorgándo facultades a la Fuerzas Militares de combatirlas como si fueran grupos guerrilleros, incluyendo bombardear los campamentos de estas organizaciones criminales.​

Rutas de transporte

Véanse también: Implicación de la CIA en el tráfico de drogas, Mulas del narcotráfico en Colombia y Narco submarino.

Microtrafico

Véanse también: El Bronx (Bogotá) y El Cartucho.

Regulación como alternativa a la guerra contra las drogas

Fernando Henrique Cardoso ex presidente de Brasil, César Gaviria ex presidente de Colombia y Ernesto Zedillo, ex presidente de México, han propuesto la "regulación de las drogas" como un camino para reducir los problemas sociales provenientes del narcotráfico, aclarando que no se trata de legalizar las drogas sino de regular su producción, distribución y consumo.​

Véase también: Programa de Resocialización de Narcotraficantes

Narcotráfico colombiano en la cultura

Películas sobre el narcotráfico en Colombia

Alias el Mexicano, Apocalipsur, Blow, Sumas y restas.

Series de televisión o web sobre el narcotráfico en Colombia

El cartel, Escobar, el patrón del mal, Narcos, Sin senos no hay paraíso, Tres Caínes.

Véase también

• Conflicto armado interno en Colombia
• Crimen en Colombia

Bibliografía

• Jonathan D. Rosen y Roberto Zepeda Martínez: Artículo titulado La Guerra contra las Drogas y la Cooperación internacional: el caso de Colombia en Revista CS, No. 18, pp. 63-84, 2016. Cali, Colombia: Universidad Icesi (URL visitada el 11 de marzo de 2017).

Enlaces externos

• Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Narcotráfico en Colombia.