Crisis política en Perú de 2016-2020
| Crisis política en Perú de 2017-2019 | ||
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 En sentido horario de izquierda a derecha: El primer gabinete ministerial del presidente Pedro Pablo Kuczynski; Kuczynski junto a sus dos vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz durante el primer proceso de vacancia presidencial; el nuevo gabinete de Kuczynski denominado gabinete de la reconciliación; Kuczynski junto a su gabinete anunciando su renuncia a la presidencia durante el segundo proceso de vacancia presidencial; Martín Vizcarra como nuevo presidente constitucional por orden de la constitución; el gabinete de Vizcarra y la juramentación de Pedro Chávarry como nuevo fiscal de la Nación. | ||
| Contexto del acontecimiento | ||
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Primer período Segundo período
Tercer período
Cuarto período
Quinto período
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| Sitio |
 Perú | |
| Impulsores | Congreso de la República del Perú | |
| Motivos |
Ver lista
Primer período
Segundo período
Tercer período
Cuarto período
Quinto período
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| Gobierno previo | ||
| Gobernante | Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski | |
| Forma de gobierno | Gobierno constitucionalista republicano | |
| Gobierno resultante | ||
| Gobernante | Gobierno de Martín Vizcarra | |
| Forma de gobierno | Gobierno constitucionalista republicano | |
La crisis política en Perú de 2017-presente se refiere al período de inestabilidad política que aconteció en la República del Perú durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, entre el 15 de septiembre de 2017 hasta el 23 de marzo de 2018; retornando el 7 de julio de 2018 bajo el gobierno de Martín Vizcarra.
Se lo puede dividir hasta ahora en cinco períodos: El primer período o «primera crisis» se debió a una serie de eventos que desembocaron oficialmente el 15 de septiembre de 2017 en una fractura total del Estado en dos. Por un lado el Ejecutivo, denominado «oficialismo», liderado por el presidente elegido constitucionalmente Pedro Pablo Kuczynski y por el otro el Congreso de la República del Perú controlado en su mayoría por el partido fujimorista Fuerza Popular que se autodenomina «la oposición» dirigido por su líder Keiko Fujimori. El 13 de octubre el congreso de la República dominado por la oposición reanudó las relaciones con el oficialismo aunque de manera frágil.[6]
El segundo período o «segunda crisis» se debe a la falta de prestigio que perdió el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski al ponerse al descubierto un supuesto conflicto de interés cuando fue ministro de Estado del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), ocasión en la que una de sus empresas unipersonales de consultoría había hecho servicios profesionales a la empresa Odebrecht y recibido sustanciosos pagos. Hasta entonces, PPK había negado constantemente haber mantenido relación laboral alguna con dicha empresa. Todo ello originó un primer pedido oficial vacancia presidencial por «incapacidad moral» según la constitución vigente (que sería por haber mentido reiteradamente sobre su relación con la empresa Odebrecht),[7] que sin embargo no prosperó.[8] Poco después, Kuczynski indultó al expresidente Alberto Fujimori, quien purgaba una pena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos.[9] La decisión desencadenó protestas masivas en varias ciudades,[10] la renuncia de tres de sus ministros[11] y severas críticas de un amplio espectro de personalidades.[12] Luego, el 28 de febrero de 2018 se aprobó por insistencia del APRA y del Fujimorismo la Ley Mulder que prohibía la publicidad estatal en medios privados y poco después sobrevino un segundo pedido de vacancia presidencial, promovida por la izquierda y apoyada por los fujimoristas de Fuerza Popular.
El tercer período o «tercera crisis» inició unos días antes de debatirse en el Congreso el pedido de vacancia, cuando el 20 de marzo del 2018, los fujimoristas revelaron unos videos y audios donde se mostraba que operadores del gobierno, incluyendo un ministro de Estado, negociaban con un congresista de Fuerza Popular para comprar su voto en contra de la vacancia, a cambio de obras para su región. Al día siguiente, el presidente envió su carta de renuncia al Congreso, que fue aceptada el 23 de marzo de 2018. Ese mismo día juramentó como nuevo presidente el ingeniero Martín Vizcarra, por estar en la línea de sucesión al ser el primer Vicepresidente de la República.
El cuarto período o «cuarta crisis» inició el 7 de julio de 2018 cuando el portal IDL-Reporteros sacó a la luz los CNM Audios, unas grabaciones que revelarían presuntos ofrecimientos de rebajas de penas, pedidos y agradecimientos de favores o negociaciones de ascensos de funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura (cuerpo del Ministerio Público que se relacionaría con diversas figuras públicas como políticos, empresarios y deportistas, encabezados por el abogado César Hinostroza), esto ocasionaría las llamadas marchas contra la corrupción que exigen «que se vayan todos» refiriéndose a los políticos en general y al congreso en particular.[13][14] El ahora presidente de la República Martín Vizcarra durante su discurso por fiestas patrias dijo que convocará un referéndum sobre la no reelección de congresistas y miembros de la Magistratura.[15][16] El referéndum se dio y provocó una relativa tranquilidad con la victoria de la postura del oficialismo de Vizcarra.[17]
El quinto período o «quinta crisis» inició el 31 de diciembre de 2018 cuando el fiscal de la Nación Pedro Chávarry a horas del año nuevo de 2019 removió a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, encargados del caso de la política Keiko Fujimori y ex presidente Alan García,[18] ese mismo día se originó toda una carga mediática por parte del Gobierno liderado por el Presidente Vizcarra[19] —incluido tanto sectores de la oposición[20] y de la derecha e izquierda política[21]— en contra de esa decisión y contra la propia figura del Fiscal, exigiendo su renuncia.[22] La consecuencia, concretada el 2 de enero de 2019, fue la orden de Chávarry de reponer a los fiscales Pérez y Vela.[23]
Antecedentes
Las elecciones de 2016 habían enfrentado a los bloques más grandes en su tiempo, Fuerza Popular dirigido por Keiko Fujimori, Frente Amplio dirigido por Verónika Mendoza y Peruanos Por el Kambio dirigido por Kuczynski.
En un primer momento se creyó que tanto el Congreso como la Presidencia serían ocupados por los integrantes de Fuerza Popular debido a su abrumadora mayoría; los otros dos partidos ya mencionados ocupaban el tercer y segundo lugar respectivamente. Mendoza (que se encontraba en tercer lugar) decidió pedir a sus votantes que apoyaran a la elección del partido Peruanos Por el Kambio para que éste lograse llegar al poder.
El objetivo del Frente Amplio era contrarrestar la gran cantidad de votantes que tenía Fuerza Popular. Dicho objetivo fue cumplido a medias, ya que Kuczynski llegó a la Presidencia por un estrecho margen[24], mientras que Fuerza Popular logró mantener la hegemonía en el Congreso.[25]
Esto dio como resultado que Fuerza Popular tuviese poder político decisivo para manejar algunos asuntos que le competía a la nueva administración Kuczynski durante el período 2016-2021.
A pesar de que intentaron llevar una cierta armonía política, ambos «bandos» se enfrentaron por una falta de entendimiento y por diferentes intereses. Las principales discrepancias que tuvieron fueron:
- Censura del ministro de educación Jaime Saavedra.[26]
El 17 de diciembre de 2016, Saavedra presentó su renuncia y al día siguiente juró en su reemplazo la educadora Marilú Martens.[27]
- Renuncia del ministro de economía y finanzas Alfredo Thorne.[28][29]
- Renuncia del ministro de transporte y telecomunicaciones Martín Vizcarra.[30]
- Posible censura de la ministra de educación Marilú Martens.
- Actos de corrupción y amiguismo como el Caso Odebrecht[31] o el escándalo del Negociazo.[32]
- Protestas contra la implementación del currículo de educación que, según la organización Con mis hijos no te metas, contiene la llamada ideología de género.[33][34][35]
- Aumento de la delincuencia.
- Poco control hacia los movimientos de fachada política como Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.
- Ineficacia del gobierno de manejar los problemas sociopolíticos.
- Consecuencias del Niño costero.[36][37]
Primer período
Negación del pedido de confianza al Primer Gabinete
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El 17 de agosto de 2017 los congresistas de Fuerza Popular presentaron una moción de interpelación contra la ministra de Educación Marilú Martens quien se encontraba en negociaciones con los representantes de los maestros, en busca de la solución a una prolongada huelga magisterial[38]
El 25 de agosto de 2017 el pleno del Congreso aprobó, con 79 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones, realizar dicha interpelación. Los votos a favor fueron de las bancadas de Fuerza Popular, el Apra, Frente Amplio y Acción Popular. Se fijó como fecha de la interpelación el 8 de septiembre.
La ministra respondió un pliego de 40 preguntas, principalmente sobre la huelga de maestros que todavía persistía.[39] Martens reconoció deficiencias al afrontar la huelga de maestros, pero aseguró que su gestión no daría marcha atrás en el reconocimiento a la meritocracia dentro del magisterio.
El 13 de septiembre, la bancada de Fuerza Popular anunció que presentaría una moción de censura contra la ministra, pues consideraba que no había respondido satisfactoriamente a las preguntas de la interpelación.[40]
Ante esta amenaza de censura (que sería la segunda contra un titular de Educación en menos de un año), el primer ministro Fernando Zavala solicitó al Congreso una cuestión de confianza para el gabinete ministerial en pleno; en otras palabras, una renovación del voto de confianza que se le había dado al inicio de su gestión.
Desde el Congreso se criticó esta solicitud, señalándose que Zavala se solidarizase con una ministra que estaba cuestionada, poniendo en peligro a todo su gabinete, y más aún, cuando aún no se había oficializado la moción de censura. Se dijo también que la “renovación de confianza” era algo que no contemplaba la Constitución.[41]
De todos modos, la Junta de Portavoces del Congreso convocó a Zavala a las cuatro de la tarde del 14 de septiembre para que sustentara su pedido de confianza. Zavala se presentó al pleno del Congreso con los ministros y expuso su pedido en 12 minutos; su argumentación se centró en la intención del gobierno de defender la política educativa a la que se pretendía, según él, socavar con la censura a la ministra de Educación. Luego se procedió al debate parlamentario.[42]
La cuestión de confianza fue debatida durante 7 horas y votada la madrugada del 15. El gabinete no logró obtener la confianza del Parlamento, que votó con 77 en contra de la confianza, con lo que se produjo la crisis total del gabinete.[43]
Primer Gabinete Ministerial
Debido a la negación de confianza el Consejo de Ministros del Perú tendrá que ser renovado por el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, a continuación se muestra una lista de los ministros de las distintas carteras magisteriales del Consejo que tendrán que renunciar a sus cargos:
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Respuesta del presidente de la República
El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski anunció que el domingo 17 de septiembre anunciaría al nuevo gabinete que ocuparía el Consejo de ministros.[44][45]
Soy respetuoso de la Constitución y la democracia. Procederemos conforme leyPedro Pablo Kuczynski @ppkamigo (en Twitter)
Acción de Kuczynski
Segundo gabinete ministerial
El 17 de septiembre de 2017, la segunda vicepresidenta y congresista Mercedes Aráoz Fernández juramentó como presidenta del Consejo de Ministros del Perú y con ello se anunciaron a cuatro nuevos ministros: Claudia Cooper Fort (Economía), Idel Vexler (Educación), Enrique Mendoza Ramírez (Justicia y Derechos Humanos), Fernando d'Alessio (Salud) y Carlos Bruce (Vivienda).
La nueva jefa del gabinete juramentó con los 18 ministros en una ceremonia realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. El 6 de octubre, se dará el voto de confianza y si este es rechazado por segunda vez, el presidente puede disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones, como dice la Constitución de 1993.
El voto de confianza se atraso hasta el 12 de octubre iniciándose con las exposiciones del nuevo gabinete liderado por Mercedes Aráoz Fernández y posterior intervención de las diferentes bancadas políticas del Congreso hasta las 00:30 a.m. del día siguiente. Dio como resultado 83 votos a favor y 17 en contra.[46][Nota 1]
Reacciones
Diversos personajes de la política como los medios de comunicación comunicaron sobre la negación de confianza al primer gabinete; la periodista Rosa María Palacios mandó un mensaje al presidente pidiéndole disolver el Congreso[47] y advirtió que «el fujimorismo ha quedado atrapado»,[48] el periodista César Hildebrandt también le mando un mensaje al mandatario diciéndole que «el país le exige que se enfrente al Congreso fujimorista».[49]
El ex abogado constitucionalista en una entrevista dijo que el ya ahora expresidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala «se está sacrificando por las políticas de Estado».,[50] el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano advirtio que «Keiko Fujimori [líder del partido Fuerza Popular] quiere dar un golpe de Estado».[51]
Segundo período
El presidente de la República es involucrado en el caso Odebrecht
En noviembre de 2017, la Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Rosa Bartra y que se dedicaba a investigar las implicaciones en el Perú de la red de corrupción de la organización Odebrecht, recibió una información confidencial de que el presidente Kuczynski había tenido vínculos laborales con dicha empresa, que se remontaban a la época en que fue ministro de Estado entre 2004 y 2006, bajo el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, pese a que desde el estallido del caso Odebrecht, Kuczynski lo había negado en varias ocasiones.
La Comisión solicitó entonces a la empresa Odebrecht detalles de su relación con Kuczynski, los mismos que se dieron a conocer públicamente el 13 de diciembre de 2017. Se reveló entonces que Westfield Capital, una empresa de asesoría de banca de inversión, fundada y dirigida por Kuczynski, había realizado siete consultorías para Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007 por 782.207 millones de dólares, es decir, coincidiendo con la época en que Kuczynski había sido ministro de Economía (2004-2005) y presidente del Consejo de Ministros (2005-2006). La información revelaba también que otra empresa muy relacionada con Kuczynski, First Capital, constituida por su socio chileno Gerardo Sepúlveda, había realizado igualmente asesorías para Odebrecht entre el 2005 y 2013.[52]
La información resultaba gravemente comprometedora para el presidente, porque los pagos a su empresa personal de consultoría se habían realizado cuando era Ministro de Estado y tratándose de consultorías referidas a obras públicas que la empresa realizaba en el Perú. Lo cual iba contra la norma constitucional que impide a los ministros de Estado administrar negocios particulares en el ejercicio de su función pública (conflicto de intereses). Complicaba aún más el asunto el hecho que esos pagos proviniesen de una empresa como Odebrecht, que ahora se sabe que había pagado coimas para adjudicarse la concesión de obras precisamente bajo el gobierno de Toledo, cuando Kuczynski había sido ministro, una de las cuales fue la construcción de la ruta interoceánica al Brasil.
Aunque los pagos de Odebrecht a las empresas de consultoría relacionadas con PPK eran legales,hubo quienes especularon que podría haber sido parte de la retribución de la empresa por favorecerla en la buena pro de las obras.
Primer pedido de vacancia presidencial por parte del Congreso de la República
| Grupo Parlamentario | Legisladores |
|---|---|
 Fuerza Popular
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Héctor Becerril (Lambayeque) Miguel Castro (Amazonas) Cecilia Chacón (Lima) Joaquín Dipas (Ayacucho) Miguel Ángel Elías (Ica) Mártires Lizana Santos (Lambayeque) Moisés Mamani (Puno) Juan Carlos Gonzales (Lima) Guillermo Martorell (Tacna) Dalmiro Palomino Ortiz (Apurímac) Daniel Salaverry (La Libertad) Milagros Salazar (Lima) Milagros Takayama (Lambayeque) Juan Carlo Yuyes (Tumbes) |
 Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad
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Marco Arana (Cajamarca) Jorge Castro (Tacna) Hernando Cevallos (Piura) Edilberto Curro (Puno) María Elena Foronda (Áncash) Humberto Morales (Ayacucho) Zacarías Lapa (Huancavelica) Wilbert Rozas (Cusco) Rogelio Tucto (Huánuco) |
 Alianza para el Progreso
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Edwin Donayre (Lima) |
 Cédula parlamentaria Aprista
|
Mauricio Mulder (Lima) Elías Rodríguez Zavaleta (La Libertad) |
| No agrupados | Roberto Vieira (Callao) |
La oposición al gobierno, liderada por Fuerza Popular, exigió la renuncia de Kuczynski y le amenazó con vacarlo de la Presidencia si no lo hacía. Frente Amplio, por su parte, planteó que se procediera directamente a la vacancia.
En la medianoche del 14 de diciembre, Kuczynski, mediante un mensaje a la nación, negó las acusaciones y dijo que no renunciaría a su cargo. «Estoy aquí para decirles: no voy a abdicar ni a mi honor ni a mis valores ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos», expresó de entrada.
En su defensa, aseguró no tener ninguna relación con la empresa First Capital, que era propiedad exclusiva de Sepúlveda, y que solo uno de los pagos mencionados tenían que ver con él, el fechado en 2012, cuando ya no era ministro de Estado. En cuanto a Westfield Capital, si bien reconoció que era su empresa unipersonal, afirmó que nunca estuvo bajo su dirección y administración mientras fue ministro de Estado, y que los contratos fechados en esa época los había firmado Sepúlveda, su socio. También señaló que todos los pagos a su empresa eran legales, y que estaban debidamente registrados, facturados y bancarizados.[54]
Las explicaciones de PPK no convencieron a la oposición, y se le achacó de seguir mintiendo, sobre todo en lo referente a que se había desligado de Westfield Capital cuando fue ministro, cuando, según los registros públicos, siempre figuró como director de esa empresa. Aunque PPK argumentó al respecto que había existido una “muralla china”, expresión que se usa en los negocios empresariales para referirse cuando el socio o titular no tiene ningún contacto ni recibe información sobre el manejo de la empresa, mientras desempeña un cargo público (pero en el caso de Wesfield Capital, al tratarse de una empresa donde PPK era su único apoderado, no se entiende cómo podría darse esa “muralla china”). Ante la negativa del presidente a renunciar, varias de las bancadas opositoras del Congreso plantearon entonces someter su cargo a la vacancia.
La bancada del izquierdista Frente Amplio presentó la moción para que la solicitud de la vacancia fuera debatida en el pleno del Congreso. Los congresistas de Fuerza Popular, Apra y Alianza para el Progreso se sumaron al pedido y fue así como superaron más de las 26 firmas necesarias para proceder con el trámite. Aprobada la moción, el debate se inició a las 4 y 38 de la tarde del día 15 de diciembre y duró hasta las 10 de la noche.
Los legisladores opositores que introdujeron la moción citaron una incapacidad moral al denunciar que el presidente mintió en las declaraciones que dio sobre sus vínculos con la compañía brasileña.
Los congresistas oficialistas reclamaron que se siguiera el debido proceso, reprochando el hecho de que la oposición procediera con celeridad inusitada y que varios de sus miembros ya hubieran decidido vacar al presidente sin haber escuchado su defensa. También cuestionaron que un solo informe proveniente de Odebrecht fuera considerado prueba suficiente, con lo que se prescindía abiertamente de la investigación que demandaba un caso tan delicado y trascendental.
Según el reglamento, se necesitaba para la admisión del pedido de vacancia el voto del 40% de congresistas hábiles. Como se contabilizaron 118 congresistas presentes, se precisaban solo 48 votos, lo que fue ampliamente rebasado, pues votaron 93 a favor y 17 en contra; estos últimos fueron, en su gran mayoría, los de la bancada oficialista.[55]
Aprobado así el pedido de vacancia, el Congreso acordó que el jueves 21 de diciembre, a las 9 de la mañana, Kuczynski debería presentarse ante el pleno del Congreso para realizar sus descargos; luego se procedería a debate y finalmente se votaría para decidir la vacancia presidencial, necesitándose para esto 87 votos del total de los 130 congresistas.[56]
El día señalado, PPK acudió al Congreso a ejercer su defensa, acompañado de su abogado Alberto Borea Odría. La defensa dio inicio con la alocución del propio presidente, en la que negó haber cometido algún acto de corrupción. Luego vino la defensa de Borea, que tuvo como eje la consideración de que el pedido de vacancia era una exageración pues no se podía acusar a un presidente de la República sin demostrar con pruebas fehacientes su “incapacidad moral permanente”, concepto que los congresistas no tenían al parecer muy claro, pues estrictamente el precepto constitucional estaría haciendo alusión a una incapacidad mental. Consideraba que las faltas o delitos imputados debían ventilarse primero en la comisión investigadora, antes de sacar conclusiones apresuradas. Rechazó también que PPK haya mentido reiteradamente sobre su relación con Odebrecht (argumento que los fujimoristas usaban para justificar su incapacidad moral permanente), pues los hechos en cuestión habían ocurrido hacía doce años y no tenía por qué tenerlos presente al detalle.[57]
Terminada la alocución de Borea, se inició el debate congresal que duró catorce horas. La votación por la vacancia se llevó a cabo pasadas las once de la noche, con el siguiente resultado: 78 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. Una de las bancadas, la de Nuevo Perú (izquierda), se retiró antes de la votación, pues a decir de sus miembros no querían seguirle el juego al fujimorismo. Como se necesitaban 87 votos para proceder a la vacancia, esta fue desestimada.[58] Toda la bancada de Fuerza Popular votó a favor de la vacancia, con excepción de 10 de sus miembros, encabezados por Kenji Fujimori, que se abstuvieron, y que decidieron así el resultado. Corrió el rumor que este grupo disidente, que luego sería bautizado como los "Avengers", había negociado sus votos con el gobierno a cambio del indulto presidencial a favor de Alberto Fujimori, su líder histórico que se hallaba entonces preso.[59] Ese grupo se separó después de la bancada de Fuerza Popular y encabezados por Kenji anunciaron la formación de un nuevo grupo político, que apoyaría al gobierno.[60]
Indulto a Alberto Fujimori
El 24 de diciembre de 2017, el presidente PPK concedió el indulto humanitario a Alberto Fujimori, que se hallaba preso desde hacía 12 años, con una sentencia de 25 años por delitos de violaciones a los derechos humanos (casos La Cantuta y Barrios Altos).[61] El gobierno aseguró que el indulto se había decidido por razones puramente humanitarias, ante los diversos males físicos que aquejaban al expresidente de la República, confirmados por informes de una junta médica.[62]
Sin embargo, surgió una fuerte sospecha de que el indulto habría sido el resultado de un pacto furtivo del gobierno de PPK con el sector de la bancada fujimorista que se había abstenido durante la votación por la vacancia presidencial y que de esa manera había evitado que se concretara esta. El indulto motivó además la renuncia de los congresistas oficialistas Alberto de Belaunde, Vicente Zeballos y Gino Costa; del ministro de Cultura Salvador del Solar y del ministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos. Ya antes había renunciado el ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias. Se produjeron además diversas marchas en Lima y el interior del país en protesta contra el indulto.
Alberto Fujimori, que días antes del indulto se había internado en una clínica por complicaciones en su salud, fue dado de alta el 4 de enero de 2018 y así pudo, por primera vez, trasladarse en libertad.[63]
PPK formó un nuevo gabinete ministerial, al que llamó «el Gabinete de la Reconciliación», que según él, debía marcar una nueva etapa en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se mantuvo en la presidencia del Consejo de Ministros a Mercedes Aráoz y se realizaron ocho cambios ministeriales, la renovación más importante en lo que iba del gobierno.[64]
Aprobación de la Ley Mulder
El 15 de noviembre de 2017 mediante el Proyecto de Ley N° 2133 el congresista Mauricio Mulder presentó la Ley Mulder, la cual prohibía la publicidad estatal en medios privados y el 28 de febrero de 2018 aprobada el proyecto por la Comisión Permanente del Congreso con 20 a favor, 3 en contra y 14 abstenciones.[65][66] El dictamen fue aprobado por insistencia del APRA y del Fujimorismo el 15 de junio del 2018 con 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones.[67][68] y se publicó el 18 de junio del 2018 en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.[69]
Segundo pedido de vacancia presidencial por parte del Congreso de la República
Solo días después del primer intento de vacancia presidencial, en enero de 2018, la bancada de Frente Amplio planteó un nuevo pedido de vacancia, teniendo como causal el indulto a Alberto Fujimori, que supuestamente habría sido negociado y otorgado de manera ilegal. Ello no prosperó, ante la falta de apoyo de Fuerza Popular, cuyos votos eran necesarios para llevar adelante una iniciativa como esa. Bajo esa experiencia, las bancadas izquierdistas de Frente Amplio y Nuevo Perú promovieron otra moción de vacancia, concentrándose exclusivamente en el caso Odebrecht, aduciendo que se habrían descubierto nuevos indicios de corrupción y conflicto de intereses de parte de PPK cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Alejandro Toledo.[70] Esta vez si lograron el apoyo de Fuerza Popular, así como de otras bancadas como la de Alianza para el Progreso (cuyo vocero, César Villanueva, fue el principal promotor de la iniciativa), reuniendo así los 27 votos mínimamente necesarios para presentar una moción multipartidaria ante el Congreso de la República, lo que se hizo el 8 de marzo de 2018.[71]
El 15 de marzo se sometió a debate la admisión de dicha moción en el pleno del Congreso, siendo el resultado 87 votos a favor, 15 votos en contra y 15 abstenciones. La moción recibió el respaldo de todas las bancadas, a excepción de Peruanos por el Kambio y de congresistas no agrupados, entre ellos, los tres ex oficialistas y el bloque de Kenji Fujimori.[72] La Junta de Portavoces programó el debate del pedido de vacancia presidencial para el jueves 22 de marzo.
Un informe reservado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las movidas de dinero de las cuentas bancarias de PPK, fue remitido al Ministerio Público y a la Comisión Lava Jato del Congreso, pero inexplicablemente se filtró al conocimiento público. Ese documento de 33 páginas revelaba que desde las empresas y consorcios vinculados al Grupo Odebrecht se habían hecho transferencias hacia Westfield Capital, la empresa unipersonal de PPK, por 1.893.841 dólares, es decir, un millón y pico más de lo que se conocía hasta el momento. También se revelaron transferencias hechas a la cuenta del chofer de PPK y a la de Gilbert Violeta, aunque se demostraron que estos eran solo pagos de carácter laboral y de servicios básicos.[73] La filtración de este informe, que se presume fue hecho desde la Comisión Lava Jato presidida por Rosa Bartra, habría sido con la intención de mellar aún más la credibilidad del presidente de la República. Pero el golpe mortal para PPK vino unos días después.
Tercer período
Escándalo por la colección de los kenjivideos
El 20 de marzo de 2018, la bancada de Fuerza Popular mostró las pruebas de que el gobierno estaba comprando el apoyo de congresistas para que votaran contra el segundo pedido de vacancia presidencial, un rumor que ya había circulado durante el primer proceso. Se trataba de un conjunto de vídeos donde se observan las conversaciones que habían realizado los legisladores Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel (de la bancada de Kenji Fujimori) para intentar convencer al congresista Moisés Mamani (de Puno) a no sumarse a apoyar la vacancia presidencial, a cambio de obras para su región. En uno de los videos se ve a Kenji Fujimori en una reunión con Mamani, en la que también se encuentra Bienvenido Ramírez. Este último hace una serie de ofrecimientos al parlamentario puneño para que pudiera agilizar obras y proyectos para su región, a cambio de sumarse a su grupo y apoyar a PPK. En otro video se ve a Bocángel hablando sobre el control administrativo del Congreso, una vez que accedan a la Mesa Directiva. Y en un tercer video, se ve a Alberto Borea Odría, abogado de PPK en el tema de la vacancia, explicando a Mamani sobre aspectos de ese proceso y dándole el número telefónico de un ministro de Estado. Los involucrados en el escándalo, salieron a defenderse, diciendo que era práctica normal que los congresistas recurrieran a los ministros para pedir obras a favor de sus regiones. El congresista Bienvenido dijo incluso que solo había “fanfarroneado”. Pero lo que se cuestionaba era el hecho que desde el gobierno se negociaran esas obras con el fin de reorientar la votación de un grupo de congresistas en el tema de la vacancia presidencial, lo que vendría constituir la figura delictiva de tráfico de influencias.[74]
Pocas horas después, los fujimoristas dieron la estocada final, al difundir un conjunto de audios, en los que se escucha al ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra ofrecer a Mamani obras a cambio de su voto para evitar la vacancia. La prensa resaltó una frase de Giuffra en la que dice: «compadre, ya sabes cómo es la nuez y qué cosa vas a sacar», presumiblemente haciendo referencia a los beneficios que sacaría Mamani si votaba en contra de la vacancia.[75]
Hasta entonces, se preveía que la votación para lograr la vacancia estaría muy ajustada y que incluso PPK podría nuevamente salir airoso como había ocurrido en el primer proceso. Pero los Kenjivideos determinaron que varios congresistas que hasta entonces habían manifestado su abstención (entre ellos los tres ex oficialistas) se plegaran a favor de la vacancia, y así lo dieron a conocer abiertamente.[76]
Se dice que PPK, al enterarse de los kenjivideos, no le dio mucha importancia y dijo que Kenji Fujimori era el que debía dar las explicaciones al respecto. Pero la difusión del audio entre Mamani y Giuffra fue lo que lo obligó a presentar su renuncia.
Renuncia de Pedro Pablo Kuczynski
Ante el escenario previsible que le aguardaba en el debate programado para el Congreso el día 22, PPK optó por renunciar a la presidencia de la República, enviando la carta respectiva al Congreso, y dando un mensaje televisado a la Nación, que fue transmitido a las dos y cuarenta de la tarde del día 21 de marzo de 2018.[77]
Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. No quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y la armonía que tanto se necesita y que a mí me negaron. No quiero que la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos.(...) Habrá una transición constitucionalmente ordenada.Kuczynski, en su mensaje de renuncia a la presidencia de la República. Lima, 21 de marzo de 2018.
La Junta de Portavoces del Congreso, si bien rechazó los términos de la carta de renuncia de PPK, aduciendo que este no hacía ninguna autocrítica y se victimizaba, aceptó la misma y programó para el día 22 de marzo, a partir las cuatro de la tarde, un debate en el Congreso para evaluar la renuncia. Ese debate se prolongó hasta el día siguiente.[78] Aunque un sector de congresistas de la izquierda sostenía que no se debía aceptar la renuncia de PPK y que el Congreso debía proceder a la vacancia por incapacidad moral, la mayoría de congresistas consideraron que se debía aceptar, para poner de una vez punto final a la crisis. Al hacerse público el texto preliminar de la resolución del Congreso, en el que se le señalaba que el presidente había «traicionado a la patria», PPK anunció que retiraría su carta de renuncia si se mantenía ese calificativo. La Junta de Portavoces decidió entonces omitir esa expresión. La renuncia fue aceptada con 105 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones.[79] Instantes después se procedió a la juramentación del primer vicepresidente Martín Vizcarra, como nuevo presidente constitucional de la República.[80] Poco después, el flamante gobierno anunció que su primer ministro sería César Villanueva, el mismo que había sido el principal impulsor del segundo pedido de vacancia presidencial contra PPK.
Cuarto período
La crisis en el sistema judicial
El 7 de julio de 2018 el portal IDL-Reporteros liderado por el periodista Gustavo Gorriti difundió una serie de audios a través del programa periodístico Panorama. Se destapó así un grave escándalo de corrupción denominado CNM Audios o caso Corte y Corrupción. Se trata de escuchas telefónicas en los que se revelan supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucraban directamente a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En los audios se escucha a César José Hinostroza Pariachi (juez supremo), a Iván Noguera Ramos (consejero), a Julio Gutiérrez (consejero) y a Walter Ríos (presidente de la Corte Superior del Callao), negociando y utilizando su influencia personal en ámbitos de gobierno, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores y tratamiento preferencial.[81] Estos polémicos audios habían sido filtrados por los periodistas de una investigación aprobada por la fiscal Rocío Sánchez Saavedra para interceptar las llamadas telefónicas de números incautados por la policía a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas (Las castañuelas de Richport), que operaba en el puerto del Callao. Esos números telefónicos pertenecían a los abogados de dicha organización que se contactaban con las autoridades judiciales, y fue así, de esa manera accidental, como se destapó el escándalo que ha llevado a la crisis a todo el sistema judicial del Perú.[82][83]
El 11 de julio de 2018, el presidente Vizcarra anunció la creación de una comisión para reformar el Poder Judicial (presidida por Allan Wagner Tizón) y ese mismo día el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Duberlí Rodríguez anuncio una crisis en el sistema judicial.[84] De otro lado, el fiscal supremo de Control Interno, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, dio un plazo de tres días a IDL-Reporteros y al programa Panorama para entregar los audios y sus fuentes.[85][86] Sin embargo, esto no se concretó debido a que las escuchas telefónicas contenidas en esos audios se habían dado de manera legal, y porque los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes por su derecho a la confidencialidad. En los días siguientes se dieron a conocer más audios que involucraban a personajes de todos los ámbitos, no solo de la política.
El 13 de julio de 2018, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú Salvador Heresi presentó su carta de renuncia debido a que en uno de esos audios se le escucha conversando con el controvertido juez César Hinostroza. En su reemplazo fue nombrado el abogado y congresista Vicente Zeballos Salinas, que había sido miembro de la bancada parlamentaria de PPK.[87]
Ante la crisis institucional en el Poder Judicial, Duberlí Rodríguez renunció a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia el 19 de julio del 2018.[88] Al día siguiente fue designado para presidir la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.[89]
El 20 de julio de 2018, a raíz de la renuncia del presidente de la Corte Suprema Duberlí Rodríguez como consecuencia del escándalo de CNM Audios, Francisco Távara Córdova, en su calidad de vocal supremo decano, asumió interinamente la presidencia de dicha institución.[90]
La juramentación de Pedro Chávarry como nuevo fiscal de la Nación
El 7 de junio de 2018 el abogado Pedro Chávarry fue electo por Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público como Fiscal de la Nación para el periodo 2018-2021.[91] El 3 de julio el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) lo ratificó por unanimidad como fiscal supremo.[92] Doce días despues (El 19 de julio de 2018) se difundió un audio entre el juez César Hinostroza y el electo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, lo cual causó protestas masivas a nivel nacional para pedir su renuncia, sin embargo el 20 de julio de 2018 juramentó como Fiscal de la Nación.[93] Pese a estar involucrado en dicho escándalo de corrupción el fiscal Chávarry se negó a renunciar a su puesto.[94]
La anulación del indulto de Alberto Fujimori
El 3 de octubre el Poder Judicial dictó órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Alberto Fujimori. Sus abogados tuvieron 5 días (desde el 4 de octubre) para sustentar un recurso de apelación.[95] El 9 de octubre, se rechazó la apelación que presentaron sus abogados. Seguidamente, el juez ordenó ubicarlo y capturarlo, a fin de que sea reingresado a prisión.[96]
Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos que, porque ya no tengo fuerza para resistirlo.(...) Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para poder a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más"Fujimori, en la clínica Centenario, donde se encontraba internado, el 5 de octubre de 2018.[97]
En consecuencia de la anulación del indulto, los legisladores a fines del fujimorismo, aprobarían una serie de reformas entre ellas se destacan:
- Una que valida la reelección inmediata de los diputados.
- Reinstala dos cámaras en el Congreso e indica que sus miembros se llamarán parlamentarios.
- Elimina el mecanismo de cuestión de confianza que permite al presidente cerrar el Congreso.
- Quita la obligación de los legisladores de presentar una declaración de de sus bienes patrimoniales.
- Excluye los principios de conducta intachable y paridad.
- Rechaza el criterio de representación de la población indígena.[98]
La detención de Keiko Fujimori
El 10 de octubre, en la Fiscalía del Perú, el juez Richard Concepción Carhuancho, ordenó una detención preliminar a Keiko Fujimori, por 10 días en su contra, por los supuestos aportes ilícitos a la campaña del 2011 provenientes de la empresa Odebrecht.[99][100]
La Fiscalía no cita ninguna prueba en la resolución judicial. A una persona se le dicta detención preliminar cuando hay un riesgo fundado, o una sospecha fundada, de un peligro procesal. ¿Cuál es el peligro si estamos acudiendo puntal y voluntariamente a la Fiscalía? ¿Cuál es el riesgo de fuga?Defensa de Keiko Fujimori al momento de la detención.[101]
El 17 de octubre tras una apelación recuperó su libertad, junto a otros cinco detenidos, al no encontrar pruebas factibles de su responsabilidad.[102]
La fuga de César Hinostroza
El destituido juez Hinostroza, al cual le pesaba una orden de impedimento de salida del país desde el 13 de julio por los supuestos delitos de cohecho pasivo y cohecho activo, por un plazo de cuatro meses. Saldría del país de manera ilegal, violando la ley y saliendo de manera clandestina por el norte del país, el 7 de octubre en horas de la madrugada.[103] Diez días después (17 de Octubre), la información se conocería públicamente, tras lo cual el ministro del Interior Mauro Medina , presentaría su renuncia, tras ser señalado por la clase política como uno de los responsables de la huida del sindicado cabecilla de la organización “Los Cuellos Blancos del Puerto”.[104] Al día siguiente ocurriría la remoción de José Abanto de la Oficialía Mayor, por la demora en el envío a la Fiscalía del expediente acusatorio contra el juez César Hinostroza, designandose a Gianmarco Paz Mendoza en su reemplazo.[105]
La prisión preventiva de Keiko Fujimori
El 19 de octubre de 2018, el fiscal José Domingo Pérez formalizó la investigación preparatoria y solicitó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y otras once personas involucradas por presunto lavado de activos (entre ellas: Jaime Yoshiyama, su sobrino Jorge Yoshiyama, Vicente Silva Checa, Augusto Bedoya, Ana Herz y Pier Figari). Luego de revisar el pedido de prisión preventiva, el juez Richard Concepción Carhuancho empezó a revisar el de las otras diez personas del entorno de Keiko, pero el 31 de octubre de 2018, cuando solo había evaluado la situación jurídica de cinco de ellas, decidió sorpresivamente dar su veredicto con respecto a Keiko Fujimori. Tras aceptar la tesis fiscal que le imputaba ser la cabeza de una presunta organización criminal al interior de su partido que lavó un millón de dólares entregados por Odebrecht en el 2011, y considerando que existía un riesgo de que obstaculizara el proceso, el juez dictó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori.[106]
El asilo político de Alan García
El 15 de noviembre de 2018, Alan García acudió a una cita con la fiscalía de lavado de activos, como parte de una interrogación, llevada a cabo por, parte del fiscal José Domingo Pérez debido a irregularidades en los pagos por conferencias del ex presidente, financiadas con dinero procedente de la Caja 2 de la división de operaciones estructuradas de la empresa Odebrecht, ante esto la fiscalía dicto orden de impedimento de salida del país por 18 meses para García, a pesar que en un primer momento dijo estar a disposición de la justicia, esa misma noche acudió a la casa de Carlos Alejandro Barros, embajador de Uruguay, en donde permaneció hasta el 3 de diciembre de 2018, cuando Tabaré Vázquez, presidente de dicho país, anunció el rechazo al pedido de asilo de Alan García, al considerar que en el Perú funcionaban los tres poderes del Estado con libertad y sin persecución política.[107][108]
Quinto período
La destitución de Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez y su posterior reincorporación
El 31 de diciembre de 2018 cuando el fiscal de la Nación Pedro Chávarry removió a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del Caso Odebrecht en Perú y en su reemplazo nombró a los fiscales Frank Almanza Altamirano y Marcial Eloy Paucar, respectivamente. Este hecho provocó múltiples protestas a nivel nacional lideradas por el antifujimorismo. En conferencia de prensa, convocada para el cierre del 2018, Pedro Chávarry dijo que tomo dicha decisión, ya que los fiscales en cuestión, quienes tuvieron a su cargo importantes investigaciones, habían “afectado la institucionalidad del Ministerio Público” con sus comentarios a través de diferentes medios de comunicación.
Por su parte el presidente Martín Vizcarra, que se encontraba en Brasil para la toma de mando de Jair Bolsonaro, cuestiono la decisión de Chávarry y regresó de inmediato al Perú. El 2 de enero de 2019, Vizcarra presento ante el Congreso un proyecto de ley que declaraba en emergencia el Ministerio Público, ese mismo día Pedro Chávarry ante las masivas protestas en su contra decidió reincorporar a Rafael Vela Barba y a José Domingo Pérez en el caso lava jato. Sin embargo se abstuvo a renunciar.[109]
La renuncia de Pedro Chávarry
El 7 de enero de 2019 Chávarry señaló que iba a presentar su carta de renuncia. El 8 de enero ante la Junta de Fiscales Supremos Chávarry renuncio a la presidencia del Ministerio Público.[110] El 8 de enero la Junta aceptó la renuncia de Chávarry y nombró a la Fiscal Supremo Titular Zoraida Ávalos como nueva Fiscal de la Nación interina. Quien en su primer mensaje como presidenta de la Fiscalía declaro en emergencia el Ministerio Público.[111][112]
Desde que asumí el cargo de Fiscal de la Nación he sido víctima de ataques mediáticos con falsas afirmaciones y denuncias por parte de algunos congresistas amparados en su inmunidad parlamentaria, representantes de ONG's y periodistas digitados por los directivos de algunos medios de comunicaciónPedro Chávarry al momento de su renuncia a la presidencia de la Fiscalía de la Nación.[113]
El apartamiento del juez Richard Concepción Carhuancho del Caso Cócteles
El 16 de enero del 2019 La Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones resolvió apartar al juez Richard Concepción Carhuancho del caso cócteles por los que viene siendo investigado Keiko Fujimori y otros altos miembros de Fuerza Popular. Esta medida fue presentada por la defensa de Jaime Yoshiyama. La recusación contra el juez Richard Concepción fue evaluada por la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones conformada por los magistrados César Salhuanay Calsin, Jessica León Yarango e Iván Quispe Auca. Quienes tomaron dicha decisión por unanimidad.[114]
De acuerdo a la resolución de la Segunda Sala, los jueces consideraron que unas declaraciones públicas de Richard Concepción Carhuancho pusieron en duda su imparcialidad, por lo que el caso pasó a manos de otro juez de la Sala Penal Nacional. Este hecho desencadeno nuevas protestas sociales encabezadas por el antifujimorismo en distintas ciudades del País.[115]
El retorno de Alberto Fujimori a Prisión
El 23 de enero del 2019 Alberto Fujimori fue trasladado nuevamente al penal Barbadillo, en el distrito de Ate, lugar en el que estuvo internado del 2007 al 2017 cumpliendo su condena antes de ser indultado. El ex presidente recibió el alta de la Clínica Centenario luego de que una junta médica del Instituto de Medicina Legal lo evaluara y determinara que está estable y que puede recibir tratamiento para sus dolencias.[116]
Firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht
El 15 de febrero del 2019 se firmó en São Paulo el acuerdo de colaboración con Odebrecht entre el equipo especial Lava Jato y altos funcionarios de la empresa Odebrecht, entre la información que la empresa entregará se incluye la de los sistemas My Web Day y Drousys, softwares corporativos en los que se solicitaban, procesaban y controlaban las operaciones del pago de sobornos, nombres, datos, fechas, informes y pruebas que puedan ser usadas en un Juicio los políticos involucrados.[117]
El acuerdo fue criticado por numerosos congresistas, esto debido a que no se tomó en cuenta el monto total de la reparación civil y la empresa obtuvo beneficios sobre el manejo de sus utilidades, con la posibilidad de volver a contratar con el Estado del Perú.[118]
Suicidio de Alan García
El 17 de abril de 2019 el ex presidente del Perú Alan García se suicidó en el dormitorio de su vivienda personal cuando los oficiales de la policía nacional había ido a arrestarlo preliminarmente por asuntos relacionados con el caso Odebrecht.[119] Su funeral se llevó a cabo en la Casa del Pueblo[120] y será cremado el 19 de abril en el cementerio católico de Huachipa.[121]
García no recibió los honores póstumos gubernamentales como el funeral de Estado a ex mandatarios,[122] por petición de familiares y partidarios del APRA,[123] según algunos analistas nacionales[124] e internacionales[125] éste gesto representa un nuevo matiz de la crisis política en el país que se viene desarrollando desde 2017.[126][127]
El gobierno peruano, a través del diario nacional El Peruano declaró tres días de duelo nacional: el 17, 18 y 19 de abril.[128] Según el Ministerio Público el allanamiento del hogar de García que estaban incluidas en las investigaciones del Caso Odebrecht continuarían su curso con normalidad, a excepción del dormitorio que queda lacrado.[129]
Prisión preventiva para Pedro Pablo Kuckzynski
Luego de 3 días de audiencia, el 19 de abril de 2019 el Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.[130]
Véase también
- Caso Odebrecht en Perú
- Crisis política
- Autogolpe de Estado de Perú de 1992
- Ley de la Selva en el Perú
- Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski
- Ley Pulpin
- Ley Mulder
- Renuncia de Pedro Pablo Kuczynski
- Gobierno de Martín Vizcarra
Notas
- ↑ Los que mayoritariamente votaron a favor fueron los partidos opositores Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (Alianza para el Progreso, Partido Democrático Somos Perú, Restauración Nacional), Partido Aprista Peruano, Acción Popular, además de la agrupación oficialista Peruanos Por el Kambio, los que votaron rotundamente en contra fueron los partidos opositores Frente Amplio y Nuevo Perú, no se tiene información de los congresistas que no pertenecen a alguna bancada).
Referencias
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- ↑ Martín Vizcarra anuncia referéndum para el CNM y entrega proyectos.
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