Los principales impactos esperados incluyen el aumento de eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones, la pérdida de hábitats naturales en regiones como la Amazonía y los Andes, y la afectación a la seguridad hídrica y alimentaria del país.[2] Estas alteraciones también incrementan la vulnerabilidad de comunidades rurales y urbanas, con repercusiones socioeconómicas significativas.
En respuesta, Colombia ha adoptado diversas políticas y estrategias para enfrentar el cambio climático, incluyendo el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y su compromiso con el Acuerdo de París, mediante la reducción de emisiones y la promoción de la conservación ambiental. No obstante, el país enfrenta desafíos importantes en la implementación y monitoreo de estas iniciativas.[3]
De acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, los impactos del cambio climático en Colombia incluyen el aumento de temperaturas promedio, alteraciones en los regímenes de precipitación, eventos climáticos extremos más frecuentes, pérdida de biodiversidad en ecosistemas estratégicos, y afectaciones significativas en sectores económicos clave como la agricultura y el turismo.[1] Además, los patrones cambiantes del clima aumentan los riesgos para la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y la salud de la población, especialmente en comunidades rurales y vulnerables.[2]
El Gobierno Nacional ha desarrollado una hoja de ruta detallada en el marco de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que establece acciones concretas para reducir emisiones en sectores clave. Estas incluyen el fortalecimiento de sistemas de información climática, el fomento de energías renovables y la promoción de prácticas sostenibles en agricultura y silvicultura. Además, Colombia presentará avances en estos compromisos en su próximo Reporte Bienal de Transparencia bajo el Acuerdo de París.[5][6]
La agricultura, particularmente en sus formas tradicionales y extensivas, es una fuente importante de emisiones de metano (CH₄) y óxidos de nitrógeno (NOₓ). El uso de fertilizantes, la gestión de residuos agrícolas y la cría de ganado generan grandes cantidades de estos gases. A pesar de los esfuerzos por promover prácticas agrícolas sostenibles, la expansión de la frontera agrícola y el uso de tierras de forma no sostenible siguen siendo desafíos importantes para reducir las emisiones en este sector[5]. El gobierno colombiano, consciente de los retos que enfrenta en términos de emisiones, ha adoptado compromisos a nivel internacional, especialmente a través de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) bajo el Acuerdo de París. Entre sus objetivos, se destaca la meta de reducir las emisiones de GEI en un 51% para 2030 respecto a los niveles de 2010, con el propósito de lograr la carbono-neutralidad para 2050[6].
Esto incluye no solo la promoción de energías renovables, sino también una reforma estructural en la gestión del uso de la tierra y el fortalecimiento de políticas contra la deforestación. Estas políticas reflejan un enfoque integral para abordar las emisiones de GEI en Colombia, combinando esfuerzos en la transición energética, la restauración de ecosistemas y la mejora de las prácticas agrícolas. La implementación de estas acciones es clave para reducir el impacto de las emisiones y cumplir con los compromisos climáticos internacionales del país.[6]
El aumento de las temperaturas es una de las principales consecuencias del cambio climático en Colombia. Se ha proyectado que para 2040 la temperatura media en el país podría aumentar en 0.9°C, y hasta 2.4°C para finales de siglo. Este incremento de la temperatura afecta tanto a las zonas rurales como urbanas, alterando patrones de temperatura y exacerbando las olas de calor en varias regiones, especialmente en áreas de la Amazonía y la Orinoquía, donde el aumento de la temperatura es más evidente.[10][11]
El cambio climático en Colombia no solo afecta al medio ambiente, sino que también tiene repercusiones en la población. Estos impactos se manifiestan en diferentes ámbitos como la salud pública, la economía y la sociedad en general, exacerbando las desigualdades existentes y afectando a las comunidades más vulnerables.[11]
Agricultura: La agricultura, que representa más del 6.2% del PIB colombiano y emplea al 16% de la fuerza laboral, se ve afectada por las alteraciones en las precipitaciones y las sequías prolongadas. Según un informe del IDEAM, la productividad de cultivos como el café, el arroz y el maíz se ha reducido en un 10% en los últimos 15 años debido a las variaciones climáticas.[15] En el caso del café, un producto insignia del país, las temperaturas más altas y la aparición de plagas como la broca han generado pérdidas anuales superiores a 100 millones de dólares.[16]
Pesca: En el sector pesquero, los cambios en los patrones de temperatura y salinidad del agua afectan especies clave como la tilapia y el bagre. Según la FAO, las capturas de peces han disminuido un 25% en la región Caribe, afectando directamente los ingresos de más de 80,000 pescadores artesanales.[17]
Inundacion Colombia 2010 2011. En rojo áreas inundadas de acuerdo con la información del IDEAM. En Azul los ríos principales de acuerdo con información del IGAC.
Infraestructura: Los desastres naturales, como inundaciones y deslizamientos de tierra, generan daños en la infraestructura vial, viviendas y sistemas eléctricos. Según un informe del Banco Mundial, los costos asociados a eventos climáticos extremos en el país se estimaron en aproximadamente 7.1 billones de pesos colombianos (equivalentes a 3,674 millones de dólares) durante el período de 2010 a 2011.[18] Este informe detalla que las inundaciones y deslizamientos de tierra fueron responsables de pérdidas significativas en diversos sectores, incluyendo infraestructura, agricultura y vivienda. Por ejemplo, las inundaciones de 2010-2011 afectaron gravemente la infraestructura vial, interrumpiendo el transporte y la comunicación en varias regiones del país, además de generar daños considerables en sistemas eléctricos y viviendas.[18] Adicionalmente, estudios del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) han documentado costos económicos acumulados por desastres climáticos extremos en las últimas décadas, confirmando la vulnerabilidad de la infraestructura crítica en Colombia. La implementación de estrategias de adaptación y mitigación, así como una mayor inversión en infraestructura resiliente, se plantea como una prioridad para reducir las pérdidas económicas y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.[18]
Seguridad alimentaria: La inseguridad alimentaria es un problema creciente debido a las sequías y la pérdida de productividad agrícola. Según el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe de la FAO, el 27% de la población colombiana enfrenta algún nivel de inseguridad alimentaria, especialmente en departamentos como La Guajira, Chocó y Córdoba.[21]
La pérdida de ecosistemas naturales no solo reduce la biodiversidad, sino que también limita los servicios ecosistémicos que benefician a las comunidades humanas, estos se pueden ver reflejados en los siguientes aspectos:
El cambio climático amenaza directamente la seguridad alimentaria en Colombia, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. Las lluvias extremas, sequías prolongadas y cambios en los patrones climáticos impactan negativamente los cultivos de alimentos básicos como el maíz, el arroz y las hortalizas, generando pérdidas económicas significativas y desabastecimiento.[23]
Morichal en La Primavera, Vichada. El incremento de las temperaturas en los meses de sequía ha logrado secar estos depósitos de agua, lo que genera un impacto negativo en los sistemas biológicos que allí existen.
El impacto económico de esta crisis alimentaria es considerable. Desde 2020, los precios de los alimentos básicos han incrementado en un 15% en promedio, lo que ha generado un alza en el costo de vida y afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), las regiones afectadas por la disminución en la producción agrícola enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria, particularmente en zonas rurales donde las alternativas de ingresos son limitadas.[24]
Colombia, al ser uno de los países más biodiversos del mundo, ha implementado diversas estrategias para enfrentar el cambio climático. Estas acciones están orientadas tanto a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como a la adaptación a los impactos climáticos. Estas políticas están alineadas con compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, y buscan proteger los ecosistemas estratégicos, reducir las emisiones y fortalecer la resiliencia de las comunidades vulnerables.
Reducción de la deforestación La protección de los bosques es una de las estrategias clave de mitigación. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la tasa de deforestación en Colombia pasó de 171.685 hectáreas en 2021 a 123.517 hectáreas en 2022, lo que representa una reducción del 28%. Programas como Visión Amazonía y acuerdos con comunidades locales han sido fundamentales para estos avances.[27]
Movilidad sostenible Ciudades como Bogotá y Medellín lideran la adopción de transporte público eléctrico. Actualmente, Bogotá cuenta con 1.485 buses eléctricos, la flota más grande de América Latina, lo que ha reducido las emisiones de CO₂ en 94.300 toneladas anuales. [29]Además, proyectos de movilidad no motorizada han incrementado el uso de bicicletas desde 2020, durante la pandemia de COVID-19, Bogotá experimentó un notable incremento en el uso de la bicicleta como medio de transporte. En abril de 2020, se registraban alrededor de 360.000 viajes diarios en bicicleta, cifra que aumentó a 650.000 para diciembre del mismo año, representando un incremento del 80%. Este aumento refleja la creciente preferencia por modos de transporte sostenibles y políticas públicas orientadas a promover la movilidad no motorizada en la ciudad.[30]
Páramo de Chingaza principal proveedor de agua para la ciudad de Bogotá, abasteciendo a cerca del 70% de la población.
Gestión del recurso hídrico Los páramos, que abastecen cerca del 70% del agua potable en Colombia, están siendo gravemente afectados por el incremento de las temperaturas y la expansión de actividades agrícolas. El IDEAM advierte que alrededor del 50% de estos ecosistemas han sufrido algún tipo de intervención, reduciendo su capacidad de conservar y regular el agua. Iniciativas como el Programa de Adaptación al Cambio Climático en Páramos han beneficiado a más de 2 millones de personas, mejorando el suministro de agua en ciudades clave como Bogotá y Bucaramanga.[22]
Adaptación en la agricultura La variabilidad climática afecta la producción de alimentos como el maíz y el arroz. Según el Ministerio de Agricultura, las sequías prolongadas han causado pérdidas en la producción agrícola en la Costa Caribe. Para enfrentar esto, se han desarrollado cultivos resistentes a la sequía y técnicas de riego eficiente que han reducido el consumo de agua en las zonas afectadas.[31]Deslizamientos ocasionados por fuertes lluvias en Dabeiba - Antioquia.
Infraestructura resiliente Colombia ha invertido en infraestructura sostenible para reducir los daños causados por desastres naturales. La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ha destinado 1.2 billones de pesos para la construcción de obras que mitiguen inundaciones y deslizamientos en regiones vulnerables como el Chocó y el Eje Cafetero.[32]
Educación y concienciación Programas como Escuelas Climáticas han capacitado a más de 50.000 estudiantes en comunidades rurales para enfrentar los desafíos del cambio climático, integrando saberes tradicionales con soluciones basadas en la naturaleza. Una de las estrategias destacadas es la incorporación del cambio climático en la educación básica, mediante la creación de materiales educativos como la cartilla "El clima cambió, yo también". Esta herramienta está orientada a maestros de instituciones educativas y presenta propuestas claras para integrar el tema de cambio climático en el currículo y en los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), adaptándose a las problemáticas particulares de los territorios.[34] Además, en junio de 2023, en colaboración con el Ministerio de Educación, se lanzó el Programa Nacional de Educación Ambiental. Este programa busca fortalecer las competencias ciudadanas para el cuidado del medio ambiente, involucrando a diversos actores del territorio en una construcción colectiva. Se enfoca en brindar formación a 5.000 establecimientos educativos y acompañar a 13 territorios priorizados, incluyendo regiones como La Amazonía, La Mojana y el Pacífico biogeográfico.[35]
Colombia ha reafirmado su compromiso con el Acuerdo de París, estableciendo la meta de reducir sus emisiones de GEI en un 51% para 2030 y alcanzar la carbono-neutralidad para 2050. Para lograrlo, el país ha presentado su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) actualizada y participa activamente en foros como la COP y la Alianza de Países Amazónicos.[36]El país ha establecido la meta de neutralidad de carbono como objetivo a largo plazo. [37] Para lograr estos objetivos, el país ha delineado una hoja de ruta que incluye medidas de mitigación y adaptación necesarias para cumplir con las metas establecidas en su NDC actualizada.[38]
Brasil Belem intervención Cumbre Amazonía.
Colombia también participa activamente en foros internacionales como la Conferencia de las Partes (COP) y la Alianza de Países Amazónicos. En la COP16, celebrada en Cali entre el 20 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, se destacó la importancia de la protección y el cuidado de la Amazonía en las negociaciones globales sobre biodiversidad.[39]
Asimismo, Colombia ha trabajado en fortalecer alianzas con países como Brasil para la defensa de la Amazonía y la promoción de la biodiversidad en la agenda internacional. En este contexto, se han organizado reuniones en la Asamblea de Naciones Unidas para consolidar la alianza de los 17 países más biodiversos del mundo.[40] Estos compromisos y acciones reflejan la determinación de Colombia para enfrentar los desafíos del cambio climático y contribuir a los esfuerzos globales en la protección del medio ambiente y la biodiversidad.
Colombia ha reconocido la necesidad de contar con un financiamiento robusto para abordar los efectos del cambio climático y avanzar en las políticas de mitigación y adaptación. En este sentido, ha sido clave la participación del país en iniciativas internacionales y el acceso a fondos globales para fortalecer su capacidad de respuesta frente a los desafíos climáticos.
Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de Financiamiento Climático: Colombia ha implementado un sistema MRV para rastrear y reportar los flujos de financiamiento climático, asegurando la transparencia y eficacia en la asignación de recursos.[42]
Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (ENFC): Esta estrategia guía la movilización de recursos internos y externos para financiar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, alineando las inversiones con las prioridades nacionales.[41]
Fuente de financiamiento
Áreas de aplicación principal
Fondo Verde para el Clima (GCF)
Energías renovables, adaptación al cambio climático.
Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF)
Conservación de biodiversidad, restauración de ecosistemas.
Banco Mundial
Infraestructura verde, gestión de recursos hídricos.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Adaptación en agricultura, desarrollo urbano sostenible.
Inversión Pública Nacional
Proyectos de infraestructura resiliente, energías renovables.
A pesar de los avances en la movilización de recursos, Colombia enfrenta desafíos en la coordinación interinstitucional y en la atracción de inversión privada para proyectos climáticos. La implementación efectiva del MRV de Financiamiento Climático es crucial para superar estas barreras y garantizar una asignación eficiente de los recursos.[42]En particular, el país fortalece la coordinación entre las entidades públicas y privadas para canalizar los recursos de manera eficiente.[43]
Es así, como la reciente iniciativa del gobierno colombiano, que lanzó una cartera de inversiones por $40 mil millones para la transición energética y climática, representa una oportunidad significativa para fortalecer la acción climática en el país.[44] El compromiso de Colombia con la carbono-neutralidad para 2050 ha abierto nuevas oportunidades para la financiación climática. Iniciativas como la Estrategia Climática de Largo Plazo (E2050) buscan construir un desarrollo resiliente al clima, promoviendo la carbono-neutralidad en las acciones productivas y extractivas del país.[45]
Además, programas como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, al disminuir las emisiones causadas por la deforestación y promover la conservación de los bosques. Estos proyectos, implementados en regiones como el Amazonas y el Pacífico colombiano, no solo contribuyen a la conservación ambiental, sino que también generan recursos adicionales para las comunidades locales.
La participación de Colombia en la Alianza del Pacífico también ofrece una plataforma para generar recursos adicionales, especialmente para proyectos de conservación y restauración de bosques. A través de esta colaboración regional, se promueven políticas y acciones conjuntas que facilitan la movilización de financiamiento climático y fortalecen la capacidad del país para alcanzar sus metas de carbono-neutralidad.[45]
En Colombia, el cambio climático es considerado una de las principales amenazas ambientales. Según la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Cambio Climático 2023 realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 87% de los colombianos considera que este fenómeno representa un problema grave o muy grave para el país. Asimismo, el 74% de los encuestados afirmó estar dispuesto a modificar sus hábitos diarios, como el uso eficiente de agua y energía, para contribuir a su mitigación.[46]
Zona rural del municipio de Murillo (Tolima), Vereda la Cabaña, cercanías al Volcán Nevado del Ruiz, zona de Subpáramo.
Un estudio realizado por el Banco Europeo de Inversiones en 2023 reveló que el 94 % de los colombianos considera el cambio climático como una amenaza grave para su país. Además, 9 de cada 10 ciudadanos exigen la implementación de políticas más estrictas para combatirlo. Este nivel de preocupación supera el promedio global y refleja una alta conciencia ambiental en la sociedad colombiana. Entre las acciones prioritarias señaladas por los encuestados destacan la transición hacia energías renovables, la mejora en el manejo de residuos y la protección de los ecosistemas estratégicos, como los bosques y páramos. Asimismo, los colombianos perciben la lucha contra el cambio climático como una responsabilidad compartida entre los ciudadanos, el gobierno y las empresas privadas.[47]
En los últimos años, Colombia ha sido testigo de un aumento en la movilización social relacionada con la crisis climática. Grupos juveniles como Fridays for Future Colombia han liderado marchas y campañas para exigir mayor ambición en las políticas climáticas.[50] Asimismo, organizaciones indígenas, como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), han jugado un papel clave al resaltar la importancia de los saberes ancestrales en la adaptación al cambio climático.[51][52]
Eventos anuales como el Día Sin Carro y Sin Moto, implementado en ciudades como Bogotá y Medellín, han generado conciencia sobre la necesidad de reducir las emisiones de carbono en los entornos urbanos.[53] Según un informe del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, estas iniciativas han resultado en una disminución de las emisiones diarias en estas ciudades, citando a Bogotá como una de las primeras ciudades del mundo en crear ciclovías de emergencia.[54]
Ciclovía en Bogotá. Carrera Séptima con calle Diecisiete
Bogotá recibió el Premio de Transporte Sostenible 2022, otorgado por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), como reconocimiento a sus innovaciones en movilidad sostenible y su impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. La ciudad ha liderado proyectos que promueven modos de transporte bajos en carbono, como la expansión de su red de ciclovías, la introducción de 1.485 buses eléctricos considerada la flota más grande de América Latina y la mejora en la infraestructura peatonal.[54]
Estas iniciativas no solo han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también han mejorado la calidad de vida de los habitantes al priorizar espacios públicos seguros y accesibles. Este enfoque, destacado como ejemplo para otras ciudades del mundo, refleja el compromiso de Bogotá con un desarrollo urbano sostenible y su contribución a la mitigación del cambio climático.[54]
↑ abcPower, Maeve (9 de febrero de 2022). «Bogotá Wins 2022 Sustainable Transport Award». Institute for Transportation and Development Policy - Promoting sustainable and equitable transportation worldwide(en inglés estadounidense). Consultado el 19 de diciembre de 2024.
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