Revolución Libertadora (Argentina)

Revolución Libertadora
Generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, los dos dictadores sucesivos de la Revolución Libertadora.
Contexto del acontecimiento
Fecha	16 de septiembre de 1955 al 1 de mayo de 1958
Sitio	Argentina
Impulsores	Eduardo Lonardi
Influencias ideológicas de los impulsores	Anticomunismo Antiperonismo
Gobierno previo
Gobernante	Juan Domingo Perón
Forma de gobierno	Democracia representativa
Gobierno resultante
Gobernante	Eduardo Lonardi
Forma de gobierno	Dictadura militar

La Revolución Libertadora es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la República Argentina tras haber derrocado al presidente constitucional Juan Domingo Perón,​ clausurar el Congreso Nacional, deponer a los miembros de la Corte Suprema y todos las autoridades provinciales, municipales y universitarias y poner en comisión a todo el Poder Judicial.​ ​ mediante un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955 y que, tras más de dos años de gobierno, hizo entrega del mismo al presidente electo Arturo Frondizi, el 1 de mayo de 1958, quién también sería derrocado en 1962. El peronismo y algunos otros sectores de opinión, suelen utilizar el término «Revolución Fusiladora» para referirse a éste período, aludiendo a los fusilamientos de 1956, luego de un fracasado el intento de levantamiento contra el régimen militar encabezado por el general Juan José Valle.​En menos de 48 horas, civiles y militares son fusilados en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejercito y la Penitenciaria Nacional. Para la noche del 11 de junio de 1956, la lista de ejecutados asciende a 16 militares y 13 civiles.​

El general de división Eduardo Lonardi, líder del golpe asumió el poder el 23 de septiembre de 1955 y fue sustituido el 13 de noviembre de ese año por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu, mediante un golpe palaciego. Ambos gobernaron como autoridades supremas del país, atribuyéndose el título de Presidente de la Nación.

Aramburu derogó mediante una proclama la Constitución Nacional vigente y repuso el texto constitucional de 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Poco después, el régimen organizó bajo su control y mediante elecciones condicionadas, una Convención Constituyente que aceptó la decisión anterior y realizó dos agregados a la Constitución, entre los que se destaca el artículo 14 bis.

Antecedentes y preparativos

La Revolución Libertadora fue una de las seis dictaduras que tomaron el poder en la Argentina entre 1930 y 1983, en lo que se conoció como el ciclo golpe-elección, que postergó la consolidación de la democracia en Argentina hasta fines del siglo XX. El ciclo comenzó con el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 que derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical que había desarrollado la primera experiencia de gobierno democrático en Argentina a partir de las elecciones de 1916, las primeras en realizarse con la Ley Sáenz Peña de 1912, que estableció el sufragio secreto y obligatorio para todos los varones (la democracia universal plena recién se alcanzaría en 1951, con el voto femenino). En ese período fueron derrocados por golpes de Estado, todos los gobiernos radicales (1930, 1962, 1966) y peronistas (1955 y 1973). También fue derrocada la experiencia de gobierno conservador-radical impuesta mediante elecciones fraudulentas, conocida como Década infame (1930-1943). Los últimos alzamientos militares fueron las sublevaciones carapintadas realizadas entre 1987 y 1990, durante los gobiernos democráticos del radical Raúl Alfonsín y el peronista Carlos Menem.

El peronismo surgió entre 1943 y 1945, a partir de un amplio movimiento de base sindical, que se caracterizó por un fuerte contenido social, conocido con el nombre de peronismo o justicialismo, debido al énfasis puesto en la justicia social. En simultáneo, se formó un amplio movimiento antiperonimo, coordinado por la embajada de Estados Unidos en Argentina, e integrado por las cámaras patronales, la mayoría de los partidos políticos existentes y asociaciones estudiantiles. Las elecciones de 1946 fueron ganadas por el peronismo, que llevaba como candidato a Juan Domingo Perón, en un hecho que sorprendió al Establishment.

La confrontación entre peronistas y antiperonistas caracterizó todo el gobierno de Juan Domingo Perón. Ya antes de que asumiera como Presidente, Perón había sido derrocado de su cargo de Vicepresidente y detenido en octubre de 1945, por un golpe de Estado que fracasó luego de una amplia movilización obrera el 17 de octubre de 1945. Pocos días antes de las elecciones de 1946, la oposición también había preparado un golpe de Estado, que no llegó a ponerse en marcha, enfrentaba una dura oposición antiperonista que incluyó actos terroristas a partir de abril de 1953, y connatos militares a partir de septiembre de 1951. En general señalan su origen en las conspiraciones golpistas y los actos terroristas antiperonistas, como el intentogolpe de Estado de 1951, el atentado en la Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953 que asesinó a seis manifestantes peronistas e hirió a otros noventa, y el bombardeo de la Plaza de Mayo de 1955, en el que fueron asesinadas por sectores antiperonistas 308 personas oficialmente identificadas.​

En octubre de 1945 el Coronel Cabanillas, antiperonista fanático, había planeado dos atentados fallidos contra Perón. Más tarde sería convocado por la dictadura de Aramburu para matar a Perón en Caracas, haciéndose pasar por un peronista.​

En 1946 sectores ligados a la Sociedad Rural Argentina, la sección local de la UCR en Corrientes y el Partido Liberal de Corrientes planearon un atentado contra su vida, durante la campaña electoral que llevaría a Perón a la presidencia. El 3 de febrero de 1946, el diario ‘El Laborista‘ de Buenos Aires informaba que opositores políticos al coronel ante la marcha por las calles de Goya se posicionaron sobre los techos con armas. Desde un vehículo en el que viajaban los liberales Bernabé Marambio Ballesteros, Gerardo Speroni, Juan Reynoldi y Ovidio Robar, dispararon con armas de fuego a la gente que desde el puerto enterada de la noticia marchaba hacia el centro para repudiar el intento de asesinato. ​

Uno de los primeros antecedentes del intento de golpe de Estado se produjo en la madrugada del 28 de septiembre de 1951, el capitán Alejandro Agustín Lanusse, futuro dictador, se apoderó de la puerta número 8 de Campo de Mayo y por ella ingresaron Luciano Benjamin Menéndez y su estado mayor. A todo esto llegó el jefe del C-8 teniente coronel Julio Cáceres que recibió el apoyo de los suboficiales, produciéndose un tiroteo en el cual cayó muerto el cabo Miguel Farina por las fuerzas golpistas. De los treinta tanques, sólo pudieron movilizar a siete –probablemente por sabotaje de los suboficiales- pero antes de llegar a la salida otros cinco tuvieron desperfectos y debieron ser abandonados. Perón fue informado por sus servicios de inteligencia que el complot estaba encabezado por el general retirado del servicio activo desde 1942, Luciano Benjamín Menéndez, Julio Alsogaray, Tomás Sánchez de Bustamante y Alejandro Agustín Lanusse. En un segundo plano estaban los oficiales Larcher, Guglialmelli, Álzaga y el capitán de navío Vicente Baroja. Benjamín Menéndez convocó a una reunión secreta para transmitirles referentes de la oposición los pasos a seguir: asistieron Arturo Frondizi de la UCR, Américo Ghioldi, Horacio Thedy en representación de los Demócratas Progresistas y Reynaldo Pastor. Sin embargo la intentona golpista fracasó rápidamente.​​

En 1953 el capitán de fragata Jorge Alfredo Bassi se embarcó en el rutinario viaje de instrucción de la Flota de Mar, durante el cual tuvo la idea de atacar la Casa Rosada de la misma manera que los japoneses habían atacado Pearl Harbor. Mediante amigos comunes solicitó nuevamente al general Eduardo Lonardi su ayuda pero este hizo caso omiso.

El 15 de abril de 1953 se produce un ataque terrorista que consistió en la detonación de dos bombas mientras se realizaba un acto sindical organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en la Plaza de Mayo (frente a la Casa de Gobierno). Como resultado murieron seis personas y más de 90 quedaron heridas y 19 mutilados.​siendo considerado un primer ensayo del posterior bombardeo a Plaza de mayo de 1955 y del golpe de Septiembre.​​ Luego del Atentado de 1953 se reactivó la conspiración e incluso se elaboraron dentro de la Marina varios planes que bajo la apariencia de ejercicios de guerra tenían como finalidad prepararse para un futuro golpe .​Tras el Golpe de Estado de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón fueron amnistiados por la dictadura llamada Revolución Libertadora.

Tan pronto se acallaron los ecos de las bombas detonadas en la Plaza de Mayo durante el virulento abril de 1953 y amainó la persecución de sus autores, “la conspiración naval adquirió nueva vida”. Al punto de que un grupo de capitanes de fragata y de corbeta elaboraron “un plan para capturar al Presidente en julio (de 1954), en ocasión de su visita a la nave insignia de la flota durante las ceremonias del Día de la Independencia, que terminó en fracaso.​

En agosto de 1954 Raúl Lamuraglia un hombre de negocios que había financiado la campaña de la Unión Democrática, que enfrentó en las elecciones de 1946 a la formula de Perón, a través de millonarios cheques de Bank of New York que habían tenido como destino sostener el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y a sus candidatos José P. Tamborini y Enrique Mosca. En 1951, el empresario había aportado recursos para apoyar la asonada fallida del general Benjamín Menéndez, lo que lo llevó a prisión, tras salir en libertad marchó al Uruguay. Gracias a su fortuna compra un avión de combate en Estados Unidos, para llevar adelante la misión de matar a Perón y bombardear la Plaza de Mayo. Tripulado por un aviador naval, Luis Baroja, el cazabombardero volaría hasta la Plaza de Mayo, en pleno acto del peronismo, para ametrallar el balcón donde hablaría Perón. Lamuraglia se reunía frecuentemente con referentes del Partido Colorado de Uruguay. Días antes de concretar el plan se encontró secretamente, en 1954, con el presidente Batlle Berres y el empresario argentino Alberto Gainza Paz en su residencia veraniega de Punta del Este, quienes le ofrecieron apoyos para el plan de magnicidio. Instalado de nuevo en Buenos Aires, el empresario radical Lamuraglia ofreció su quinta de en Bella Vista para organizar la conspiración y se comprometió a financiar un futuro golpe,​ en noviembre de 1954 se reunieron finalmente Bassi, Lamuraglia, Francisco Manrique, Néstor Noriega, el ex capitán del ejército Walter Viader, Carlos Bruzzone, el comandante de tropas de la Fuerza Aérea Agustín de la Vega, y políticos opositores entre ellos el político radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, el intelectual conservador Américo Ghioldi, Jaime Mejía, Mario Amadeo y el abogado Luis María de Pablo Pardo, futuro Ministro del Interior del dictador Eduardo Lonardi, Adolfo Vicchi futuro embajador ante Estados Unidos durante la dictadura de Aramburu y Alberto Benegas Lynch.​ Olivieri no solo admitió haber ordenado disparar contra los civiles que rodeaban el alzado Ministerio de Marina (hoy edificio Guardacostas, sede de la Prefectura Naval, en la Avenida Madero y Perón, entonces Cangallo) incluso después de haber dispuesto un alto el fuego y enarbolar la bandera blanca de parlamento. Al redactar sus memorias dos años más tarde, Olivieri seguirá reivindicando haber ordenado disparar a los civiles.

El 16 de junio de 1955 un sector de la Aviación Naval bombardeó Buenos Aires causando 364 muertos (algunas versiones elevan esa cifra a 500) y un millar de heridos. Bajo la cobertura de los ataques aéreos, las tropas de Argerich atacaron a los granaderos que defendían la Casa Rosada: al llegar camiones con refuerzos, los sublevados mataron a los conscriptos que los manejaban, para que las tropas no llegaran al destino.​ numerosos los oficiales de la Marina a cargo de naves que se negaron a bombardear la destilería platense, incluidos dos comandantes que inicialmente se habían plegado al golpe.

En Buenos Aires, el 29 de agosto el diario porteño La Época informaba que en el Barrio Norte, barrio residencial de clase alta había sido desbaratada una organización de "pitucos" que disponían de dinero, armas y autos en abundancia. Planeaban atentados y estaba integrada por Emilio de Vedia y Mitre (h.), Mario Wernicke, Emilio Allende Posse, Carlos Ocantos, Héctor López Cabanillas y Julio E. Morón.

Para principios de septiembre de 1955 la UCR había convocado a un acto en la Casa Radical, donde repartieron armas en comités y en parroquias. Los comandos civiles ultracatólicos (llamados “palomas”) convocaron a la acción armada. Previamente negociaron un crédito con la Sociedad Rural Argentina para que financie actividades desestabilizadoras, como sabotajes a la red eléctrica, a los cables de la empresa telefónica Entel, disparos a las ruedas de camiones de bomberos y ambulancias, días antes represantantes de la UCR y comandos civiles viajaron a Uruguay entrevistándose con Emilio Eduardo Massera, Horacio Mayorga, Oscar Montes, y Osvaldo Cacciatore.​En Córdoba, se sucedieron atentados con bombas o incendios: contra seis unidades básicas peronistas, la sede de la UES, de la Confederación General Universitaria, y un busto de Eva Perón en Unquillo.

Respecto a los motivos del golpe de Estado, el almirante Arturo Rial uno de los Jefes de la revuelta diría semanas más tarde frente a representantes sindicales: “«Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que en este bendito país, el hijo de barrendero muera barrendero»

El golpe de Estado

El 16 de septiembre de 1955 se inició el golpe de Estado que derrocaría al Presidente constitucional Juan D. Perón, al Congreso de la Nación y a los gobernadores provinciales. La sublevación se inició en Córdoba, fue liderada por el general Eduardo Lonardi y se extendió hasta el 23 de septiembre. El 16 de septiembre de 1955, después de ingresar a la Escuela de Artillería en Córdoba, Lonardi se dirige al dormitorio del jefe de la unidad, y ante un amago de resistencia de éste le descerrajó un balazo. La consigna era: hay que ser brutales y proceder con la máxima energía. El golpe de estado estaba en marcha ​

Los mayores enfrentamientos se produjeron en Córdoba, donde hubo al menos 112 muertos. Allí, Lonardi, atacó a la de Infantería, cuyos mandos no quisieron plegarse al golpe y habían decidido defender el gobierno constitucional. El mismo Eduardo Lonardi cometería el primer asesinato de la Revolución Libertadora al darle un tiro en la cabeza al jefe de la Escuela de Artillería en Córdoba, por no sumarse a la sublevación. Días después es el responsable de la represión el 17 de octubre de 1955 –y cuya ejecución estuvo a cargo del general Raúl Justo Bengoa- donde tres tanques Sherman ametrallan a una manifestación de alrededor de 5000 personas en Pavón y Centenario Uruguayo, dejando muertos y heridos​.

El día 17 de septiembre de 1955 el pueblo de Río Colorado sufrió el primer bombardeo por parte de las fuerzas militares que habían desatado el golpe de Estado. Ese día la infantería de marina ocupa la ciudad de Bahía Blanca tras bombardear a la ciudad, pero tropas leales al gobierno constitucional marcharon sobre ella. También fue bombardeada por los golpistas la ciudad de Mar del Plata. El 18 de septiembre es derrotada la Escuela Naval de Río Santiago, que estaba sublevada, por la acción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el regimiento 7 de Infantería, leales al gobierno democrático. Los mayores enfrentamientos se produjeron en Córdoba, donde hubo al menos 112 muertos. Allí, Lonardi, atacó a la de Infantería, cuyos mandos no quisieron plegarse al golpe y habían decidido defender el gobierno constitucional.

El 19 de septiembre son acorraladas las tropas golpistas de Córdoba en el centro de la ciudad y su comando operativo en el Cabildo de dicha ciudad está a apunto de ser tomado por asalto por parte del General Miguel Iñiguez y su tropa.

En esas circunstancias donde el golpe parecía fracazar se dan dos factores decisivos: una parte e la Escuadra de Mar a cargo de Isaac Rojas, llegó a la altura de Pontón Escalada y lanzó su ultimátum: si Perón no renunciaba, bombardearían la ciudad de Buenos Aires y la destilería de petróleo de La Plata. Para demostrar que su decisión era definitiva, ordenó el bombardeo de la destilería de Mar del Plata, destruyéndola. El crucero 17 de octubre abrió fuego desde una distancia de 9.000 metros que dio en los depósitos de combustible del puerto, que estallaron y se incendiaron, disparando 69 proyectiles, que los destruyeron por completo. Tras esa demostración de fuerza, la Armada golpista hizo conocer su ultimátum para que Perón renuncie. A partir de ese momento, «comandos civiles» comienzan a actuar realizando actos de terrorismo.​ Todo ello presagiaba que aun con un descontado triunfo militar por parte del Gobierno constitucional, se abría la posibilidad del desarrollo de una guerra civil. Evitando ello renunció Perón y transfirió el mando a una junta militar.

En 2017 el Archivo Nacional de la Memoria concluyó una investigación sobre la cantidad de personas muertas en el golpe, documentando al menos 156 víctimas fatales.​

El primer muerto fue un suboficial de la Policía Federal asesinado en la madrugada del 16 por un grupo de civiles ligados al radicalismo en el barrio de Belgrano. Según consta en el acta de defunción fue asesinado por un comando civil que entre otros integraba Mariano Grondona. En Córdoba, la mayor cantidad de muertos se produjo en el ataque del ejército golpista a la Jefatura de Policía legalista. En el Río de La Plata, 6 de los muertos fueron producto del bombardeo de la Armada al barrio Campamento de Ensenada, dos soldados del Regimiento 7 de La Plata legalista, dos policías de la provincia de Buenos Aires que enfrentaron junto con los vecinos a los marinos golpistas, un dirigente ferroviario que se quedó a atender a los soldados y otro vecino que murió horas después. También hubo 28 muertos en Buenos Aires, capital y provincia; 16 en Ensenada, y 5 en Santa Fe, de las cuales 4 en Rosario y una en Reconquista. Otras fuentes indican que los golpistas se cobraron alrededor de 2000 víctimas fatales.

El golpe contó con el apoyo activo de Comandos civiles, de un sector de la Iglesia Católica que hizo de nexo entre Lonardi y los comandos civiles, y el Reino Unido que mostró una fuerte hostilidad al gobierno de Juan D. Perón y financió el golpe de septiembre, proveyendo dinero, armamento y combustible a las fuerzas gopistas.​También apoyaron el golpe algunos partidos políticos, como la Unión Cívica Radical.​ El santo y seña de los conspiradores fue "Dios es justo".​

“Dentro de los llamados gorilas, los comandos civiles ocuparon un espacio central” después del golpe de septiembre de 1955 “en acciones paramilitares o parapoliciales (…) ocuparon sindicatos y oficiaron de rompehuelgas”, describe María Sáenz Quesada​

El 20 de septiembre Lonardi se autoproclama desde Córdoba "Presidente provisional de la Nación", disponiendo como sede del nuevo gobierno a la provincia de Córdoba, hasta su traslado a la Capital Federal. El 23 de septiembre de 1955 se hizo cargo de la suma del poder público. La banda presidencial le fue entregada por el cardenal rosarino Antonio Caggiano, quien también firmó el acta de toma del poder.​ Sus primeras medidas fueron disolver el Poder Legislativo, derrocar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y a todos los gobernadores y legislaturas provinciales y hacerse cargo de los poderes legislativo y ejecutivo, atribuyéndose el título de "Presidente". En los días siguientes nombraría por decreto a los miembros de la Corte Suprema y a los interventores de las provincias.

El mismo Lonardi sería quién cometió el primer asesinato de la dictadura al darle un tiro en la cabeza al jefe de la Escuela de Artillería en Córdoba, por no sumarse a la sublevación. Días después es el responsable de la represión el 17 de octubre de 1955 –y cuya ejecución estuvo a cargo del general Raúl Justo Bengoa- donde tres tanques Sherman ametrallan a una manifestación de alrededor de 5000 personas en Pavón y Centenario Uruguayo, dejando muertos y heridos. ​

Primeros levantamientos de resistencia

El mismo 16 de septiembre de 1955, apenas iniciado el golpe contra el gobierno constitucional aparecieron focos de resistencia en Rosario, durante 7 días soportaron el asedio de los golpistas. El general Bengoa con refuerzos militares, armamento y municiones suficientes sitia a la ciudad provocando una guerra civil en Rosario. Sitiados, sin alimentos, sin armamento, las fuerzas leales a Perón, el Regimiento Militar II de Infantería de Rosario junto a los trabajadores del cordón industrial avanzan sobre los sectores golpistas. Allí la resistencia peronista fue una de las más activas. Tenía una base social amplia.En Rosario, el golpe y la psoterior represión se cobró más de 400 muertos entre niños, mujeres y hombres de distintas edades, además de cientos de heridos.​Rosario, no bien se dio el golpe de Estado, fue uno de los lugares más resistentes: ese día, obreros del puerto, de la zona sur, de los mataderos con sus caballos, del frigorífico Swift, estibadores, las mujeres con el pecho desnudo, la ciudad es prácticamente tomada por el pueblo peronista. Levantaron barricadas en las calles, en las esquinas, cortaron el tránsito.

Con resistencias en Rosario, Mar del Plata, Tucumán y en el conurbano bonaerense, Lonardi se autoproclama Presidente Provisional en Córdoba. Ante al golpe militar, el norte de la Patagonia intentó una resistencia. En septiembre de 1955 fuerzas de la guarnición militar de Esquel, Neuquén y Bariloche convergieron hacia Bahía Blanca para ayudar al regimiento V de Infantería a reconquistar la plaza. Las fuerzas que salieron de Neuquén fueron detenidas en Río Colorado y las que provenían de Bariloche y Esquel en Stroeder (provincia de Buenos Aires).

En tanto en Mar del Plata las primeras hubo incidentes, como la irrupción de partidarios del golpe en el local de la CGT, donde destruyeron distintivos y documentación, para luego sacar todos los muebles a la calle y quemarlos en una gran hoguera en medio de la calle Catamarca Incendio de locales peronistas de 1955. La misma suerte corrió el local del consejo de distrito del Partido Peronista, en la calle Mitre, varias unidades básicas masculinas y femeninas, el Centro de Empleados de Comercio, locales de gremios y la delegación del ministerio de Trabajo y Previsión.

Dictadura de Eduardo Lonardi

El General de División Eduardo Lonardi el día que asume el poder en 1955.

El general Eduardo Lonardi gobernó solo 52 días, hasta ser derrocado por el sector liberal de los golpistas. Además padecía un cáncer cuyos síntomas ya eran notables al comienzo del golpe y que finalizaría con su vida en marzo del año siguiente.​ Representaba una fracción de las fuerzas armadas, de orientación nacionalista católica, que tenía como objetivo derrocar a Perón y excluirlo de la vida nacional, así como impedir que el peronismo volviera al poder.

El gobierno militar de Lonardi clausuró el Congreso, dejó cesante por Decreto Nº 415 del 6 de octubre de 1955 a todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia, por primera vez desde su organización, la Corte era renovada sin el procedimiento constitucionales. Desaparecía el respeto por los pasos constitucionales y los gobiernos militares o civiles que se sucederían apelarían a toda clase de violación de tales normas para cambiar los jueces de la Corte e incluso los de instancias inferiores. De esta manera, la independencia y la inamovilidad de los jueces desapareció. Paralelamente fue removido el Procurados vía decreto y del mismo modo fue nombrado Procurador General por Decreto Nº 415 del 6 de octubre de 1955 Sebastían Soler cuyo antiperonismo puso de manifiesto en varios dictámenes.​El golpe de 1955 produjo la suspensión del Estado de derecho, de las actividades políticas, partidarias y gremiales y el cese de todos los mandatos electivos. En las provincias los gobiernos fueron intervenidos y de modo similar se procedió con los municipios.

En materia universitaria las primeras normas fueron Decreto 1339 del 30 de septiembre de 1955 a la semana de to,mar el poder. En él se decreta la intervención de la Universidad de Buenos Aires y el resto de las universidades nacionales, deroga las leyes 13031 y 14297, y confiere al Interventor en la Universidad de Buenos Aires, y a los Delegados Interventores, las facultades del Rector, Decano y respectivos Consejos que quedan suprimidos. El 7 de octubre de 1955, se dicta el Decreto 47812, consecuencia del anterior, por el cual se pone “en comisión” a todo el Claustro de Profesores de la Universidad. Con el articulo 3 de dicho decreto se abre paso a las nuevas designaciones de forma arbitraria eliminando los concusos docentes y se faculta a los Interventores en las universidades a designar, a propuesta de los Delegados Interventores de cada unidad académica, profesores titulares, adjuntos o auxiliares, con carácter interino. También se obliga que: Quienes fueron cómplices en esa tarea de subvertir la función de la cátedra o expresaron públicamente, o desde la Universidad, o desde cargos públicos, su adhesión a (el gobierno constitucional depuesto), carecen de autoridad moral necesaria para desempeñar funciones de profesor universitario”.

Su lema fuer «ni vencedores ni vencidos», tomada de Justo José de Urquiza,​ una de las frases políticas más famosas de la historia argentina.​​A las cinco y media de la tarde del 11 de noviembre, los obispos Antonio Caggiano y Fermín Emilio Lafitte visitaron a Lonardi. La Conferencia Episcopal agradeció la exención impositiva que decretó Lonardi para las escuelas católicas como gentileza por el apoyo de la cúpula eclesiástica al golpe de Estado de septiembre.

Lonardi era un militar quién había tenido una controvertida actuación, fue agregado Militar en Chile en 1942 donde se vio envuelto en un caso de espionaje que lo llevó a estar detenido en aquel país. En Chile en 1942 mantuvo vínculos con el empresario germano August Siebrecht, presidente del Club Alemán Siebrecht le proporcionaba un canal con los círculos nazismo y con el capitán Gerardo Ilabaca. El 2 de abril de 1938, el capitán llegó a las oficinas del pasaje Matte, donde esperaban Lonardi y su amante Ana María Cormack. Ilabaca entregó los documentos y reclamó el dinero acordado. Cuando Cormack salía a buscar el dinero a cambio de la información, la policía de Investigaciones ingresó a la oficina, allanó el departamento y detuvo a los espías. Los diarios chilenos del día siguiente informaban que en el lugar se había encontrado un maletín lleno de dinero. Lonardi y fue llevado a la penitenciaría de Santiago, y fue discretamente puesto en la frontera y deportado del país por orden directa del presidente Alessandri Palma. Cuando se conocieron los hechos, el embajador Quintana y la cancillería prometieron que Lonardi sería castigado. Al llegar a Buenos Aires, el oficial Lonardi fue detenido y permaneció durante 15 días bajo arresto en el Hotel Savoy, a la espera de que se le formara un consejo de guerra. Mercedes Villada Achával esposa de Lonardi, miembro de una aristocrática familia de Córdoba, vinculada con obispos y militares, movilizó todas sus influencias para evitarle el procesamiento. Lo salvó de la destitución y de la baja deshonrosa gracias a un generoso donativo.​Lonardi participó en el golpe de 1943 y en el intento de golpe contra Juan Domingo Perón de 1951, tras lo cual fue pasado a retiro.

Los interventores, nombrados para reemplazar a los gobernador electos depuestos recibieron una ampliación de facultades que les permitió actuar sin consulta previa en cuestiones vinculadas con los fines revolucionarios, el régimen constitucional, municipal, impositivo y legislativo, y acumulando en sus personas los poderes legislativo, judicial y ejecutivo.​ Este constructo entre la legalidad avasallada -la Constitución Nacional- y la ilegalidad imperante- la proclama revolucionaria- constituye un rasgo peculiar del gobierno de facto (Spinelli, 2005)

Por primera vez desde su organización, la Corte Suprema era renovada sin el procedimiento constitucional, desaparecía el respeto por los pasos constitucionales y los gobiernos militares o civiles que se sucederían apelarían a toda clase de violación de tales normas para cambiar los jueces de la Corte e incluso los de instancias inferiores. De esta manera, la independencia y la inamovilidad de los jueces desapareció. Por el decreto citado del dictador Eduardo Lonardi y su elenco del ministerio de Justicia, fueron removidos todos los jueces supremos.​

También el gobierno militar formó 60 comisiones investigadoras, con amplias facultades, el grado de discrecionalidad y poder atribuido a los comandos civiles antiperonistas y a las comisiones investigadoras dio como resultado miles cesantías, encarcelamiento, procesamiento de funcionarios y allegados. Entre las facultades que recibieron se hallaban la posibilidad de detener personas, allanamiento y secuestro de la documentación sin autorización de ningún juez, bloqueo de bienes , traslado de detenidos , ocupación de viviendas de sospechosos de simpatías con el peronismo, expropiación de bienes,etc. Estas comisiones quedaron mayormente en manos de las agrupaciones políticas como la UCR, impulsora de denuncias. Las comisiones instaban a la población mediante comunicados de prensa, audiciones radiales y bajo amenaza de detención a los ciudadanos de cada ciudad a denunciar a sus vecinos, colegas, empleados o patrones que adherían al peronismo. La mayor parte de las consecuencias recayeron sobre los municipios, policía, escuelas, sindicatos y centros de asistencia. Los medios de prensa también fueron perseguidos por estas comisiones y sus brazo parapolicias, los comandos civiles. Se indicó a los directores de establecimientos escolares secundarios y a los profesores universitarios que entregaran listas con estudiantes simpatizantes del peronismo o que indicaran de cualquier discurso que pudiera ser tildado de peronista durante la asistencia a clases.

Las autoridades militares colaboraron activamente en la represión mediante la creación de comandos civiles revolucionarios, que actuaban como grupos de choque en apoyo al gobierno de facto, a los que pusieron bajo su dependencia a las policías locales cuyo objetivo delatar y castigar a simpatizantes del peronismo, que fueron organizados siguiendo el modelo de las Einsatzgruppen y las Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo. El radicalismo aceptó integrar las comisiones investigadoras junto con sectores del partido Demócrata Nacional.​ Opina la historiadora Martha Ruffini que" La fiebre de denuncias y delaciones se advierte en la documentación relevada que da cuenta de un espíritu revanchista, temeroso del resurgimiento de la hegemonía peronista pero complaciente con el gobierno de facto".​Los soportes financieros para las actividades de tales organizaciones también se emparentan en sectores agropecuarios y financieros. Los soportes técnicos militares y logísticos fueron proporcionados en su mayoría por sectores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.​

Durante su dictadura se entonara la emblemática Marcha de la Libertad, cuya letra y musicalización correspondeManuel Rodríguez Ocampo y Manuel Gómez Carrillo (h)— quienes la compusieron justo después del 16 de junio, con un tono reminiscente del himno franquista De cara al sol​

Asesinato de Manuel Chavez

La noche del 22 de septiembre de 1955, menos de una semana después del golpe, un comando militar integrado por marinos y un comando civiles antiperonistas de la UCR irrumpió en la casa del secretario general de ATE y la CGT en la localidad bonaerense de Azul, Manuel Chaves, derribando la puerta. Tras allanar el domicilio el comando civiles formado por miembros del comite de la UCR de Recoleta intento abusar de la esposa de Chaves, bajo la atenta mirada de los marinos quienes no intervinieron, excepto para golpear a Chaves cuando intento defenderel honor de su esposa, hasta dejarlo inconciente. Cometida la violación los civiles radicales procedieron a intentar violar a la pequeña hija de Chaves, Merceditas, de 4 años de edad, pero ante los gritos de la niña que alertó a los vecinos desistieron. Tras el allanamiento mataron de una ráfaga de ametralladora al dirigente sindical delante de su mujer y sus cuatro hijos.​

Durante su régimen dictatorial se disolvió en parte el IAPI. Se suspendió el contrato firmado en 1954 con la Standard Oil para autoabastecer al país de petróleo, lo que provocó una declinación de la producción hidrocarburífera nacional y un aumento de las importaciones de petróleo que revirtieron la balanza comercial supervitaria, acumulando un creciente déficit comercial y atraso en el sector hidrocarburifero que entraría en crisis en la siguiente década a causa de ello.​

Represión

El 1 de noviembre la Marina ocupó el Ministerio de Trabajo con el fin de desencadenar la represión de los sindicalistas peronistas. Cerruti Costa resiste la presión y logra, con apoyo de Lonardi, un nuevo pacto con la CGT, por el cual vuelven a ser reconocidas las autoridades de la central sindical y se decide designar de común acuerdo a los interventores sindicales que procederían a la normalización.​un conjunto con los grupos de choque denominados Comandos Civiles habían ocupado por la fuerza una cantidad considerable de locales sindicales. Entre ellos se encontraban los locales de la Asociación Bancaria, la Federación Gráfica, La Confederación de Empleados de Comercio, la Fraternidad, el SUPE, la Unión Ferroviaria, entre otros, provistos con armas de la Marina. ​

Su gobierno de facto estuvo teñido por las persecuciones al peronismo, que sin ser tan acentuado como el que le siguió con Aramburu, ponía en evidencia su debilidad para controlar a los sectores mas antiperonistas que se lanzaron a ocupar espacios en todos los niveles, ingresando a punta de pistola en locales partidarios, sindicatos y universidades. Además se procedió en encarcelar e interrogar a miles de dirigentes peronistas y sindicales, mientras sus hogares eran allanados. La hija del general Lonardi señala al coronel Carlos Eugenio Moori Koenig como el cabecilla de los comandos civiles que actuaron como fuerza parapolicial organizada, en todos los ataques sufridos por locales peronistas y sindicatos, además ese militar fue el que cumplió la misión de ultrajar el cadáver de Eva Perón. ​

La Confederación General Económica (CGE) fue intervenida por Lonardi. Fue declarada ilegal e intervenida militarmente. Para el 30 de septiembre de 1955, se había ocupado numerosos sindicatos, como la Federación Gráfica, la Unión Ferroviaria, la UTA, la Asociación Bancaria, el SUPA (portuarios), entre otros. Frente a la inacción del gobierno para frenar estas ocupaciones ilegales por parte de comandos armados, la CGT pidió una reunión de urgencia con Lonardi.​

Lonardi sería acusado por limitar la libertad de prensa, condenado la imposición de la uniformidad de la prensa, agravado por la presencia de «veedores» en algunos de ellos, negándose por su conducto todo principio de libertad aplicado a la prensa. También se quejaba de la prohibición explícita e implícita de determinadas informaciones es una consecuencia natural aunque vergonzosa de la intervención de las empresas.​, el dirigente radical Carlos Walter Perkins, colaborador civil de Lonardi declaró: «A todos los que atacan una revolución que ha venido a restablecer la libertad de palabra, yo les cortaría la lengua»

Después de setiembre de 1955 se procede a la expulsión de los empleados identificados con el peronismo. La Asociación Bancaria fue intervenida y puesta bajo la dirección de César González,. Fue una de las tantas intervenciones de facto realizadas por los comandos antiperonistas munidos de armas largas. El asalto tuvo lugar el 4 de octubre.Empleados de distintas extraccionesorganizaron una asamblea de 1957 a la que asistieron más de mil personas. Visto el poder de la convocatoria decidieron tomar la sede de la Asociación Bancaria, expulsar a la intervención y designar una Mesa Coordinadora. La dictadura militar había decretado un aumento salarial para los bancarios, pero el proceso inflacionario de una tasa anual superior al 25% fue erosionando la capacidad de compra. ​

En tanto el peronismo intentó maniobrar aprovechando las diferencias entre ambas corrientes militares, para obtener ventajas y ganar tiempo para reorganizarse alrededor del movimiento sindical. Por esa razón ese momento fue conocido como la entente cordiale.​

El 5 de octubre de 1955 la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) renunció asumiendo la dirección provisoria Andrés Framini y Luis Natalini de Luz y Fuerza.​

Por su parte, la CGT aumentó su presión sobre el gobierno para que se abstuviera de intervenir en la situación interna de los sindicatos, buscando imponer direcciones no peronistas y antiperonistas. El 26 de octubre, en una reunión con el Ministro de Trabajo Luis Cerruti Costa, La CGT le exigió dejar de apoyar a los grupos opositores, bajo amenaza de declarar una huelga general.​ Cerruti Costa entonces rechaza la exigencia sindical y, dos días después establece nuevas reglas para la "normalización sindical" que, en los hechos, dejaban sin efecto el acta firmada con la CGT. Las nuevas reglas establecían la caducidad de los mandatos de los dirigentes de la CGT y los sindicatos, y el llamado a elecciones controladas por las Fuerzas Armadas.​Ante ello los sectores liberales del régimen militar se movieron para obtener mayor poder.cr

Al día siguiente de asumir la dirección de la CGT, Framini y Natalini firmaron un pacto formal con el ministro Cerruti Costa, por el cual el gobierno reconocía a las autoridades de la CGT y se comprometía a designar interventores imparciales en los sindicatos, donde se deberían realizar elecciones democráticas en 120 días.​ Por su parte, la CGT aceptó la eliminación del preámbulo del estatuto donde se adoptaba la doctrina peronista y la eliminación del 17 de octubre como feriado.​

A fines de septiembre reabrió la Cárcel de Ushuaia de la Armada Argentina, que en 1947, durante el gobierno de Juan D. Perón, el penal fue clausurado por su entonces director Roberto Pettinato por razones humanitarias. Más de 2 mil dirigentes peronistas volvieron seríanprisioneros políticos en el penal, entre ellos los sindicalistas Andrés Framini y José Espejo (titular de la CGT en la década peronista), además de Héctor J. Cámpora.

Sobre esta etapa se producirá una persecución muy violenta a la clase trabajadora. Eso implica la intervención de todos los sindicatos, que lleva a que los sectores más antiperonistas y reaccionarios a través de lo que se llamaban los comandos civiles coparan a punta de pistola los sindicatos y trataran por todos los medios de poner gente adicta como interventores. Eso generará una gran resistencia que poco a poco se va conformando.​

Es saqueada la Escuela de Enfermeras 7 de mayo perteneciente a la Fundación Eva Perón, que entre 1947 y 1955 formó a 858 enfermeras y 430 especialistas. Las enfermeras fueron perseguidas con saña y crueldad. Allanaron sus casas, quemaron sus uniformes, destruyeron sus libros y apuntes. Se destruyeron los legajos de los hospitales con las historias clínicas de los pacientes. A los enfermos mentales los sacaron a empujones de los hospitales, los arrastraron hasta una ruta y los fusilaron. Por lo demás, todo lo que tuviera que ver con la Fundación fue destruido. De los hospitales, los vándalos de los comandos civiles robaron lo que pudieron y lo que no, lo rompieron: vajillas, nebulizadores, aparatos de presión.​

Una abogada antiperonista fue nombrada interventora del Hogar Escuela de San Juan. Decidió convertirlo en una agencia de empleo. Así las niñas internas, debían trabajar como mucamas en las casas de sus amigas. Las asistentes sociales protestaron y desde el patio las niñas gritaron,”¡Queremos que vuelva Perón!” (Clarín, 7 de agosto de 2006, “Hogar Escuela de San Juan”).

En 1947, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón se ordenó la construcción del complejo turístico en Chapadmalal consistente en un conjunto de edificios y pabellones los cuales fueron pensadas para albergar niños, en especial hijos de obreros. Las obras se dieron en el marco del Primer Plan Quinquenal peronista. La Fundación Eva Perón se encargó de llevar contingentes de niños hasta cuatro mil por cada dos semanas.​ El uso del complejo turístico por parte de obreros fue mermando con el avenimiento de la Revolución Libertadora.​En lo que respecta al turismo el cambio devino en un giro en la forma de concebirlo y estructurarlo. Así, con el derrocamiento del peronismo, el turismo social fue desplazado. Se observa la omisión por parte de la dictadura militar a las políticas públicas sobre turismo social llevada a cabo por el peronismo.Los trabajadores en su condición de “pobres” dejarían de contar con este beneficio que le había dado el gobierno peronista y las vacaciones pasarían a ser vistas como un privilegio y no como un derecho garantizado. Se intervinieron todos los complejos hoteleros, siendo privatizados mediante decreto, siendo vendidos en algunos casos a una décima parte de su valor empresarios cercanos a Lonardim entre ellos a su cuñado Villada Achával.​

Golpe palaciego

A poco de asumir Lonardi, se manifestaron las diferencias entre las dos alas del régimen militar:

• El ala nacionalista católica, liderada por el propio general Eduardo Lonardi, más proclive a negociar con el peronismo y preservar la mayor parte de las conquistas sociales y laborales realizadas durante los gobiernos de Perón.

• El ala liberal, liderada por el vicepresidente Isaac Rojas, sostenía un antiperonismo radical, pretendía erradicar totalmente al peronismo de la vida política y sindical argentina, derogar las medidas sociales y laborales establecidas durante el gobierno peronista, y establecer una política económica dirigida por los economistas más conservadores.

En el Ministerio del Interior tuvieron influencia los demócratas progresistas, cuyo líder Sebastián Soler, fue designado Procurador General de la Nación. En el Ministerio de Marina estuvieron los representantes del socialismo con Américo Ghioldi.​En su gabinete sumó además sectores nacionalcatolicos, junto a un nazi declarado y confeso como Goyeneche, quién fue un colaborador cercano del Ausland-Sicherheitsdienst, el servicio de inteligencia de ultramar de la Alemania nazi. y simpatizantes fascistas como Bengoa, Uranga y Villada Achával.​

Lonardi integró su gobierno con los siguientes ministros:

• Ministro de Aeronáutica: Comodoro Julio César Krause.
• Ministro de Agricultura y Ganadería: Alberto Mercier.
• Ministro de Asistencia Social: Ernesto Rottger.
• Ministro de Comercio: César Augusto Bunge.
• Ministro de Comunicaciones: Luis María Ygartúa.
• Ministro de Educación: Atilio Dell'Oro Maini.
• Ministro de Ejército: Justo León Bengoa (reemplazado por Arturo Osorio Arana).
• Ministro de Finanzas: Julio Alizón García
• Ministro de Hacienda: Eugenio Folcini
• Ministro de Industria: Horacio Morixe
• Ministro del Interior y Justicia: Eduardo Busso
• Ministro de Marina: Contraalmirante Teodoro Hartung
• Ministro de Obras Públicas: José Blas Paladino
• Ministro de Relaciones Exteriores y Culto: Mario Amadeo
• Ministro de Trabajo: Luis B. Cerruti Costa
• Ministro de Transporte: Juan José Uranga

En noviembre Eduardo Lonardi dividió el Ministerio del Interior y Justicia, renunciando entonces el ministro Busso; el 12 de noviembre asumió Luis María de Pablo Pardo como Ministro del Interior y Julio Velar de Irigoyen como Ministro de Justicia.

Para fines del mes de octubre, las tensiones en pugna se acentuaron. El peronismo comenzó a reorganizarse y a recuperar su capacidad de acción, y llegó a realizar una silbatina al vicepresidente de facto, Almirante Isaac Rojas, en ocasión de una visita de este al Hipódromo de San Isidro, que se frustró a los pocos minutos cuando aviones de la Marina de Guerra comenzaron a realizar vuelos rasantes sobre las tribunas.

A las 2.35 de la madrugada del 12 de noviembre, la casi totalidad de los miembros de la Junta Consultiva presentó su renuncia al vicepresidente Rojas. Permanecieron en sus puestos los «lonardistas» Ariotti y Storni. El hijo de Lonardi, Luis Eduardo, da en su libro Dios es justo detalló las últimas horas de su padre en el poder: "Ossorio Arana se adelantó y […] le dijo: Señor general, debo manifestarle, en nombre de las Fuerzas Armadas, que ha perdido su confianza y exigen su renuncia. Otorgan solo cinco minutos para presentarla. Vencido este plazo se adoptarán medidas de fuerza y habrá derramamiento de sangre. Alguien confirmó: Cuando salí ya estaban calentando los motores los Glosters" Entre otras amenazas estaba bombardear la Quinta de Olivos, y amenazaron con repetir en pequeña escala los bombardeos del 16 de junio, entre ellos estuvieron Ossorio Arana, el almirante Hartung, los generales D’Andrea, Huergo, Videla Balaguer y Dalton, los contraalmirantes Toranzo Calderón y Rial, y el secretario general de la Presidencia, coronel Boncarrere.​Los dos miembros de la Junta Consultiva que no habían renunciado la noche anterior fueron muy pronto separados de la misma. En medio de fuertes presiones civico-militares debió huir acompañado por su mujer, Mercedes Villada Achával, a Nueva York. A las 17.45 del 29 de noviembre de 1955, partieron a bordo del Río Tunuyán, un moderno vapor de pasaje y carga hecho construir por el gobierno peronista en Italia. En la escala de Caracas, Lonardi se enteró de que su casa había sido allanada.​

Un foco sedicioso para el derrocamiento de Lonardi estuvo ubicado en la Casa Militar, organismo que debía ocuparse de la seguridad del presidente, las audiencias y el protocolo, cuyo jefe era el coronel Bernardo Labayrú, el jefe del despacho de la Casa de Gobierno era el coronel Emilio Bonnecarrere y el jefe del regimiento de granaderos a Caballo, Alejandro Lanusse, todos los cuales tenían la obligación de defender al presidente sin embargo fueron miembros activos y determinantes de la conspiración.

Poniendo en evidencia el desplazamiento inminente del sector nacionalista católico, ese mismo día Luis Pandra, del Partido Socialista escribió en el diario La Época:

Vamos a hacer la Revolución Libertadora desde el gobierno, con el gobierno, sin el gobierno o contra el gobierno.

Luis Pandra, La Época, 11 de noviembre de 1955.​

Los sectores más duros encabezados por Aramburu y Rojas acusaban al Lonardi de cierta complacencia para con el peronismo depuesto. Las presiones llegaron al límite y ante la negativa de Lonardi a renunciar, sus enemigos amenazaron con bombardear la residencia presidencial.​

El 13 de noviembre un golpe palaciego desalojó del poder al general Lonardi, instalando como nuevo presidente de facto a un liberal, el general Pedro Eugenio Aramburu.​Al día siguiente el gobierno militar dio a conocer tres comunicados con la firma de Aramburu informando de los motivos del desplazamiento de Lonardi: el primero se limitó a informar del cese de Lonardi; el segundo sostiene que Lonardi había sido depuesto debido a la "presencia de grupos que orientaron su política hacia un extremismo totalitario incompatible con las convicciones democráticas de la Revolución Libertadora"; y el tercero amplía las razones acusando al grupo de Lonardi de "escudarse tras el estandarte de la religión católica".​

Esto desairó gravemente a todos los militantes nacionalistas que habían participado en el golpe de Estado. La manera en que se produjeron los arrestos a oficiales de alto cargo al interior de las fuerzas fue considerada escandalosa. el general Uranga fue detenido en su domicilio, de manera violenta, mientras que Bengoa, junto con numerosos civiles y militares que habían detentado altos cargos durante el régimen de Lonardi fueron arrestados inmediatamente de forma arbitraria y, como en el caso de tantos otros, sin seguir las vías procesales necesarias.​

Meses después, ya durante la dictadura de Aramburu, los personajes cercanos a Lonardi sufrieron el encarcelamiento y largos meses en prisión (alrededor de un año en la mayoría de los casos), de esta manera, explícito una particularidad de la Libertadora: quienes habían hecho la “revolución” contra Perón el 16 de septiembre de 1955 estaban, tan solo un año más tarde, encarcelados por sus propios compañeros golpistas. ​

Junta Consultiva Nacional

Primera reunión de la Junta Consultiva Nacional, 11 de noviembre de 1955.

El 11 de noviembre se constituye la Junta Consultiva Nacional del gobierno militar (creada por decreto del 28 de octubre). La junta tenia un caracter meramente simbólico y deliberativo, cuya misión sería la de cumplir funciones de asesoramiento del gobierno pero sin capacidad de legislar, reuniéndose en el edificio del Congreso Nacional.

El gobierno militar decidió que, haciendo una interpretación extensiva de la Constitución Nacional (art. 50),​consideró que debía ser presidida por el almirante Rojas, en su condición de Vicepresidente de facto. La junta estaba integrada por políticos de partidos antiperonistas: cuatro miembros de la Unión Cívica Radical (Oscar Alende, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Miguel Ángel Zavala Ortiz), cuatro del Partido Socialista (Alicia Moreau de Justo, Américo Ghioldi, Ramón Muñiz y Nicolás Repetto), cuatro por el Partido Demócrata Nacional (José Aguirre Cámara, Rodolfo Coromina Segura, Adolfo Mugica y Reinaldo Pastor), cuatro por el Partido Demócrata Progresista (Juan José Díaz Arana, Julio Argentino Noble, Horacio Thedy y Luciano Molinas), dos por el Partido Demócrata Cristiano (Manuel Ordóñez y Rodolfo Martínez) y dos por la nacionalista Unión Federal (Enrique Arrioti y Horacio Storni). Predominara en el gobierno militar el sector liberal de línea antiperonista radical.

Dictadura de Pedro Eugenio Aramburu

El vicepresidente almirante Isaac Rojas y el presidente teniente general Pedro Eugenio Aramburu, al momento de la asunción de este último el 13 de noviembre de 1955.

El general Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia de facto el día 13 de noviembre de 1955, en tanto que el almirante Rojas, líder del ala liberal, permaneció como vicepresidente. El dúo asumió a las 16.40 del domingo en vísperas de un paro decretado por la CGT que duraría hasta el 17. Pedro Eugenio Aramburu había tenido escasa relevancia en el golpe deseptiembre, al haber sido impotente para sublevar las fuerzas militares de Curuzú Cuatiá, no tenía más apoyo que el de un reducido sector de oficiales que respondían al general Justo León Bengoa y el de un grupo de doctrinarios nacionalistas como Juan Carlos Goyeneche, Mario Amadeo, Clemente Villada Achával y de Pablo Pardo.​

El nuevo general-presidente asumía mediante una violación a la Constitución Nacional que establece en su artículo 88: «En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación»​

Marcelo Sánchez Sorondo, mantuvo una postura crítica respecto del gobierno a medida que la dictadura profundizaba su antiperonismo, su autoritarismo y daba signos de pretender perpetuarse en el poder. ​Aramburú, utilizó como argumento las "Connotaciones providenciales" que él poseía, para justificar el usurpamiento del poder a través de un Golpe de Estado.​

Se inició así una segunda etapa de la dictadura militar, caracterizada esencialmente por adoptar una línea dura frente al peronismo. El nuevo régimen encaró una purga en las Fuerzas Armadas, en la Marina, fueron forzosamente pasados a retiro 114 oficiales, entre los que figuraban todos los almirantes con la excepción de Isaac Rojas y 45 capitanes de navío. En el Ejército, fueron pasados a retiro 63 de los 86 generales en actividad y unos mil oficiales fueron obligados a pasar a retiro.​

Inmediatamente la CGT declaró una huelga general para los días 15, 16 y 17 de noviembre. Ese mismo día el régimen militar encarceló a más de 9.000 dirigentes sindicales, incluidos Framini y Natalini. El paro solo tuvo adhesión en algunos distritos obreros como Avellaneda, Berisso y Rosario y debió ser levantado al día siguiente de iniciarse. La CGT y la mayor parte de los sindicatos fueron intervenidos por los militares.​

Política interna

En el nuevo gabinete se produjeron cambios sustanciales respecto al anterior, participando del mismo desde integrantes de la derecha liberal hasta socialistas. En el Ministerio del Interior, asumieron dos radicales: Laureano Landaburu y Carlos Alconada Aramburú. También eran radicales el Ministro de Educación (Acdel Salas) y el Ministro de Trabajo (Horacio Aguirre Legarreta, frondizista). Se reorganizó la Junta Consultiva Nacional, de la que se habían visto excluidos los sectores nacionalistas luego de la salida del golpe palaciego. Se firma el decreto-ley 5315/56 de Pedro Eugenio Aramburu y ampliado a través de la ley 18.302 por la dictadura de Juan Carlos Onganía. que permitieron el “uso irrestricto de fondos reservados”.​También otorgo un indulto al mayor Guillermo Mac Hannaford quién había sido condenado y degradado en 1936 por una corte militar por espionaje contra Argentina a favor de Paraguay. Aramburu amplió la competencia de la justicia militar en asuntos civiles.

Se intervinieron todos los sindicatos y la Confederación General del Trabajo (CGT), y se dispuso el encarcelamiento de más de 9.000 dirigentes sindicales, luego de la huelga general declarada el 14 de noviembre de 1955.​ El gobierno militar dictó el Decreto 3855/55 disolviendo el Partido Peronista y luego el 5 de marzo de 1956 el Decreto 4161, de "prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista", por el que incluso se prohibía mencionar el nombre de Juan Domingo Perón, castigando a los infractores con penas de hasta seis años de prisión.​ De este modo se inició un largo período de proscripción del peronismo de la vida militar, pública y docente que se extendería hasta 1973, y que dio lugar a un movimiento opositor, muchas veces clandestino, conocido como la Resistencia Peronista.Se intervino la CGT y todos los sindicatos de base, se inhabilitaron más de 150.000 delegados de fábricas y se encarcelaron cientos de dirigentes justicialistas. A mediados de octubre de 1956 Comandos Civiles atacaron los locales sindicales y los tomaron a punta de pistola. Los gremios llamaron a la primera huelga para el 2 de noviembre y el gobierno detuvo a sus dirigentes​el gobierno de Aramburu encarceló a millares de trabajadores, reprimió cada huelga, arrasó la organización sindical. La tortura se masificó y extendió a todo el país” en una implacable persecución de clase. ​Sin embargó estas medidas aumentaron la conflictividad social y gremial, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo los jornales perdidos por huelgas pasaron de 144.120 en 1955 a 5.167.294 en 1956. Uno de los conflictos más importantes del período fue el de los metalúrgicos entre los meses de noviembre y diciembre de 1956, con una huelga que se extendió por cincuenta días a pesar de haber sido declarada ilegal por el interventor de la CGT, quien ordenó el allanamiento de la sede de la UOM y el ataque contra los delegados de fábricas.

Estampilla del primer aniversario de la Revolución Libertadora.

El 25 de mayo de 1957, agentes de la dictadura de Aramburu, instalados en la embajada argentina en Venezuela, intentaron asesinar a Perón haciendo estallar su automóvil. El atentado fracasó. En respuesta, el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, que había dado asilo al derrocado Perón, ordenó la expulsión del embajador argentino en ese país, general de brigada Carlos Severo Toranzo Montero, hecho que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.​ Fue designado jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Desiderio Fernández Suárez, sindicado por la muerte de cinco personas, a las que fuerzas policiales dispararon por la espalda en un descampado de José León Suárez en la madrugada del 10 de junio de 1956.​ Estando al frente de la policia hubo fusilamientos, y torturas un caso especial es el de Livraga, quien recibió el tiro de gracia que le destrozó la cara pero no lo mató, quienes lo llevaron a la comisaría de Moreno, arrojándolo desnudo y sin atención médica, y luego lo trasladaron a Olmos.El periodista Rodolfo Walsh investigó y escribió una serie de artículos que tuvieron como protagonistas a efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, a la que denomina ‘la secta del gatillo alegre’, que describía el accionar de las fuerzas públicas de seguridad, las torturas, los fusilamientos encubiertos, los falsos enfrentamientos, los allanamientos ilegales durante la época. ​

Con el golpe de Estado contra Perón, se produjo la intervención de todas las agencias estatales incluyendo, la policía bonaerense. Las nuevas autoridades dictatoriales llevaron a cabo una purga significativa del personal, procurando la desperonización de la fuerza. Así, la cantidad de policías se redujo a 17.405 (frente a la de 19.092 de 1952), lo que representó un descenso de casi el 10%. Se disolvió la Dirección de Orden Público, que estaba sometida al Congreso y se la reemplazó por un nuevo Servicio de Informaciones de la policía, que se nutrió de los legajos informativos sobre actividades políticas y sociales. También se incrementó el dictado de Edictos Policiales en materia de orden público y restricciones a la libertad de movimiento y de expresión de las personas.​

Tras la caída del régimen de Aramburu se formó una Comisión Investigadora acerca del asesinato se Satanowsky, esta comisión entrevistó a Cuaranta manop derecha del dictador, quien reconoció haber mandado a Pérez Griz a investigar la muerte de Satanowsky, y mencionó al pasar a Carlos Delgado. Luego Walsh descubrirá que esa persona era venezolana, que había ingresado a la Argentina con el nombre de Joaquín de la Torre, con recomendación del embajador argentino en ese país, general Toranzo Montero, encargado de los atentados contra Perón en Caracas. El venezolano entró en el SIDE, tuvo numerosas identidades y pudo haber sido el autor material del asesinato del abogado de ‘La Razón’.Dice Roberto Ferro, al analizar el final de la investigación, que en el Caso Satanowsky las conclusiones son alarmantes. Se revela una verdad inquietante: el Estado ampara y oculta a los culpables. El criminal es el Estado”.​Mediante un Decreto de Intervención Militar a la Provincia de Buenos Aires número 9329 del 13 de junio de 1956, publicado en la Orden del Día Número 19402 del 19 de junio de 1956 se decretaron ascensos extraordinarios de los policías participantes en la represión y fusilamiento del General Valle fueron publicados en la Orden del Día Número 19414 del 6 de julio de 1956.

Emilio Llambrias de 19 años fue llevado con los ojos vendados al Destacamento San Martin, otra jurisdicción policial del mismo partido. Acusado de distribuir panfletos "peronistas", fue torturado y golpeado a puntapiés por todo el cuerpo. Diego soler, dirigente estudiantil fue interceptado en junio de 1956 por un grupo de policías de civil al mando del Comisario Polo de Dock Sud, y conducido con venda en sus ojos a un sitio donde se lo torturó con picana eléctrica, golpes y se le introdujeron elementos cortantes en el recto, produciendole hemorragias internas por las que fallecería tres días después abandonado en un descampado.​

Cuando Aramburu consideró, en 1957, que debía levantarse la proscripción contra el peronismo,^{[cita requerida]} se enfrentó duramente con su "vice" Isaac Rojas, quien se opuso férreamente. La medida había sido propuesta por el presidente y el Ministro del Interior, el balbinista Carlos Alconada Aramburú. Aramburu evaluó continuar adelante sin el apoyo de la Marina, aunque esto resultó imposible en la práctica, pues la Marina era el grupo más homogéneo y aguerrido de los que habían participado en el golpe. Tambien se desplegó un intenso aparato de propaganda produciendo cortos como Unidos por la libertad pertenece que muestra el encuentro entre Aramburu y el presidente uruguayo, Arturo Lezama, quienes participaron de los festejos del 9 de Julio en Buenos Aires, glorificando el golpe de 1955 y a sus participes.​

El miércoles 16 de noviembre, decretó la intervención de la CGT y de todas las organizaciones afiliadas, siendo declarado interventor el capitán de navío Alberto Patrón Laplacette, quien dio rienda suelta a los comandos civiles para ocupar todas las sedes gremiales que pudieran. El historiador argentino Felipe Pigna describió al respecto: "Las corruptas intervenciones militares a los gremios fue para desfinanciar a las organizaciones sindicales. Llegaron al extremo insólito de convertirlas en prestamistas a costo cero de las empresas del ramo" Para debilitar al movimiento obrero, resulta óptimo privarlo de fondos. En la Unión Obrera Metalúrgica se registra por primera vez el caso de un sindicato prestando dinero a la patronal. Dispuso la extraordinaria medida el ex interventor, general Gallo. Su sucesor, el señor Barlova, estimó que por vía de tan extraño empréstito habían salido de la entidad 1.800.000 pesos. Prometió ofrecer datos más concretos pero fue relevado de su cargo antes de hacerlo. La intervención de la Unión Obrera de la Construcción recibió el sindicato con tres millones de pesos en caja, dejando dos millones de déficit. ​

Meses después sobrevino una catarata de decretos contra la organización sindical; entre otros, el 9270 del 23 de mayo de 1956, que echaba por tierra prácticamente toda la legislación gremial vigente. Los decretos habilitaban numerosas discrecionalidades.​

Respecto a las libertades individuales el gobierno de ‘facto’ ha hecho tabla rasa de las leyes para imponer el principio de la fuerza. "El capricho del poder ha puesto a la Nación al margen de su ordenamiento jurídico haciendo valer las normas impuestas por el criterio de quienes mandan pero no gobiernan". Es así que las reformas constitucionales fueron derogadas por los mismos que juraron mantenerlas; la libertad privada de los ciudadanos está sometida al arbitrio policial del Estado y no a la garantía de los jueces; las organizaciones sindicales han sido avasalladas en el claro designio de servir intereses ajenos a la masa trabajadora; se ha sustituido la voluntad del pueblo en la digitación de palaciegos candidatos...​

En agosto de 1956, el Director de Institutos Penales repone en sus cargos a varios torturadores dados de baja, mientras tienen lugar las denuncias de «apremios ilegales», secuestran en la ciudad de Buenos Aires todas las copias del film nacional Los torturados.​​El uso sistemático de la tortura ya había comenzado los primeros días tras el Golpe de Estado, reportándose numerosos testimonios y entre otros de La Nación (20 de junio de 1956) y La Prensa (21 de junio de 1956). En agosto del mismo año insiste en el tema La Gaceta de Tucumán, se torturaba en dependencias del Congreso Nacional y en el interior del país. En Buenos Aires, el escritor Ernesto Sábato denuncia desde las páginas de Mundo Argentino, publicación periódica cuya dirección ejerce, la puesta en vigencia de la tortura.​ También fue aplicada sistemáticamente la tortura psicológica, la Comisión Nacional de Investigaciones, dependiente de la vicepresidencia de la Nación –Isaac Rojas- tenía entre sus componentes al subjefe de la Policía Federal, capitán de fragata Aldo Molinari, las sección a cargo de las torturas quedó a cargo de Próspero Fernández Albariños formando un grupo parapolicial que cometía apremios ilegales. Entre otras cosas que ordenó cortarle la cabeza al cadáver de Juan Duarte, y durante uno de los interrogatorios a que fue sometida Fanny Navarro, mandó traer la cabeza tapada, que descubrió súbitamente ante la actriz. (La Nación, 30.11.1997)

Se desata la epidemia de poliomielitis, en 1956, cuando la llamada Revolución Libertadora había empezado a desmantelar la infraestructura sanitaria. Conocida como parálisis infantil, la enfermedad dejó una secuela de muertes y discapacidades.​Se dio el mayor brote epidémico de poliomielitis en todo el territorio nacional. Según cifras oficiales, en 1956 se registraron y notificaron 6490 casos mortales, con una tasa de mortalidad del 33,7 % en todo el país.​

Respecto al turismo el hotel Puente del Inca fue intervenido y su director reemplazado por un capitán de navío, quién ordeno destruir toda la vajilla del hotel llevándola a la plaza y gran parte de sus muebles, rompiendo cada plato y cubierto por asociarselos con el peronismo, incluso paró un tren ferroviario con maples de huevo que ordenó destruir por tener las letras P.P creyendo que eran las siglas de Partido Peronista, siendo en realidad las siglas Pascual Palmada dueño del embarque de huevos.​ en 1956 el dictador Aramburu sancionó el decreto 17.800 por el que se transfirieron a la Dirección General Inmobiliaria las Unidades Turísticas Chapadmalal, Embalse Río Tercero y de Alta Montaña, privatizando dichas unidades turísticas, quedando en muchos casos en manos privadas de los interventores designados por Aramburu.​La Ciudad Infantil, conocida y admirada en el mundo como un ejemplo de contención y educación de la infancia desvalida, fue asaltada por las tropas. Sus pequeñas casitas que reproducían los edificios clásicos de una ciudad y un enorme comedor que alimentaba a centenares de niños por día, fueron aplastadas por los tanques y sus piscinas fueron cegadas con cemento. ​

El 13 de junio de 1957 apareció muerto en su estudio de la calle San Martín 536, el doctor Marcos Satanowsky. El asesinato fue cometido por sicarios del general Quaranta, que había participado por órdenes directas de Aramburu en los fusilamientos de José León Suárez y del asalto a la embajada de Haití con el objetivo de matar a Perón. El crimen estaba vinculado con la tenencia de las acciones del diario La Razón, intervenido por Aramburu. Peralta Ramos había recibido presiones y extorsiones para que entregara el diario a Aramburu.​

Dispone la desactivación absoluta de todos los programas de turismo social por ser “un peligroso ejemplo de demagogia populista y antidemocrática” en las Colonias de Vacaciones de Córdoba, Mar del Plata y Buenos Aires. Decide el cierre definitivo de las casi 200 proveedurías de alimentos de primera necesidad, la clausura del Plan Agrario, el Plan de Trabajo Rural y los Talleres Rodantes. Resuelve la intervención de los Hogares de Ancianos y el cierre de los Hogares de Tránsito. A pedido del Coronel Ernesto Alfredo Rottger son expulsados a la calle todos los estudiantes de la Ciudad Estudiantil “Presidente Juan Perón” para convertirlo en un centro de detención.​La Dirección de Asistencia Integral fue encargada de intervenir desmantelar y disolver toda la obra de la Fundación Eva Perón. Marta Ezcurra, fundadora de la juventud de la Acción Católica en 1931, ordenó el 23 de ese mes de ese mismo año la ocupación militar de cada una de las Escuelas Hogar. Se retiraron o se destruyeron todos los símbolos peronistas. Los niños alojados en ellos fueron testigos de la quema de frazadas, sábanas, colchones, pelotas y juguetes con el logo de la FEP. Cada Hogar fue intervenido por Comandos Civiles que, en el caso de la Clínica de Recuperación Infantil Termas de Reyes, de Jujuy, llegaron al extremo de expulsar a los niños para dejar inaugurado allí, muy poco después, un casino de lujo. En Mendoza los golpistas tiraron al río toda la vajilla y cristalería, que había sido importada de Finlandia y Checoslovaquia, con la que habían comido los niños internados. En todo el país, además de la destrucción de los pulmotores se ordenó romper todos los frascos de sangre de los hospitales de la Fundación.​ Decenas de pulmotores fueron destruidos por la misma razón. Pocos meses después, ya durante la dictadura de Aramburu una gravísima epidemia de polio se abatió sobre el país. Muchos chicos argentinos murieron por falta de aquellos aparatos y, ante la tragedia tuvieron que importar veintiún pulmotores desde los Estados Unidos. ​Finalmente se produjo el asalto militar sobre la Escuela de Enfermeras fundada por Ramón Carrillo, y con su cierre definitivo.​Es designado Ministro de Asistencia Social y Salud Pública Ernesto Alfredo Rottger, un coronel sin experiencia en temas sanitarios, quién como primer acto ordena el saqueé de la casa del Dr Carillo y la paralización de la construcción de hospitales.​

Mediante el decreto-ley 4161 se convirtieron en delito: el uso del escudo peronista, pronunciar el nombre del anterior líder o su esposa, y cantar la Marcha peronista.​fue dictado en marzo del 56 con el objetivo de prohibir al peronismo en todas sus formas y expresiones.El decreto fue objetado por la Cámara Criminal y Correccional de la Capital que entendió que contrariaba el derecho de expresarse a través de la prensa, pero la Corte Suprema adicta al régimen compuesta por Alfredo Orgaz, Manuel J. Argañarás, Enrique V. Galli, Carlos Herrera y Benjamín Villegas Basavilbaso, argumentó, que el decreto era constitucional y fue aún más lejos, al dictaminar que lo que llamó «el poder revolucionario» podía restringir los derechos individuales dadas las particulares circunstancias que nos tocaban vivir.​

Exclusión de la reforma constitucional de 1949 y asamblea de 1957

Tras el golpe de Estado la dictadura toma diversas medidas clausuró el Congreso, dejó cesante por Decreto Nº 415 del 6 de octubre de 1955 a los jueces de la Corte Suprema. Por primera vez desde su organización, la Corte era renovada sin el procedimiento constitucional, desaparecía el respeto por los pasos constitucionales y los gobiernos militares o civiles que se sucederían apelarían a toda clase de violación de tales normas para cambiar los jueces de la Corte e incluso los de instancias inferiores. De esta manera, la independencia y la inamovilidad de los jueces desapareció. Por el decreto citado del dictador Eduardo Lonardi y su elenco del ministerio de Justicia, fueron removidos todos los jueces surpemos.​Aramburu deja sin efecto la Constitución Argentina de 1949, mediante proclama del 27 de abril de 1956, imponiendo el texto de la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898 en cuanto no se oponga a los fines de la Revolución enunciados en las Directivas Básicas del 7 de diciembre de 1955, y a las necesidades de la organización y conservación del Gobierno Provisional. En su Articulo 4 dejaba sin efecto las Constituciones sancionadas para las provincias de Chaco, La Pampa y Misiones​.

La decisión fue cuestionada por diversos sectores, debido a la imposibilidad jurídica de que se pudiera aceptar que un presidente de facto militar, derogara una Constitución e impusiera otra. La derogación por decisión militar de la Constitución, generó una crisis en la Corte Suprema que, si bien aceptaba una cierta legitimidad del régimen por aplicación de la doctrina de los gobiernos de facto, tenía establecido que un régimen así debía ser provisorio y mantener la Constitución como norma suprema. La crisis llevó a la renuncia de uno de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Vera Vallejo.​Ni bien había comenzado la organización de la Asamblea, Sánchez Sorondo junto a otros intelectuales llevaron sus críticas de la “farsa democrática”, no ya sostenida sólo por los ideólogos de la “Libertadora” sino fomentada desde el gobierno mismo con el fin de legitimar la derogación de una Constitución democrática. Así, se instauraba un sistema fraudulento, bajo el resguardo de una legalidad ficticia: “Se han tácitamente postergado las elecciones presidenciales y se abre un procedimiento que manejado con el absoluto discrecionalismo [sic] que permite la cómoda teoría de los „derechos revolucionarios‟, puede convertirse a la reforma de la Constitución en el instrumento de un fraude por el cual una minoría determina las futuras autoridades” .

La reforma tenía como único fin legitimar ilícitamente su acción de gobierno “en el papel”.​ Paralelamente se dió el surgimiento de pequeños partidos estrechamente vinculado con la reforma del Estatuto de los Partidos Políticos, donde el gobierno asumía un carácter prescindente en los asuntos partidarios internos (Spinelli, 2005: 116)

El gobierno militar convocó a una Convención Constituyente que convalidara el acto. La convocatoria a la reforma contradecía a la propia Constitución cuyo artículo 30 establecía que solo el Congreso, y con una mayoría especial de votos en ambas cámaras, tenía esa facultad, y decidió también que en dichas elecciones no pudiera participar el Partido Peronista.​Las elecciones se realizaron el 28 de julio de 1957 y en ellas el voto en blanco, propuesto por el peronismo, resultó en la primera minoría.​

Elecciones para constituyentes de 1957
Partido	Votos	%	Bancas
Total	8.703.322	100	205
En blanco	2.115.861	24,31
Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP)	2.106.524	24,20	75
Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI)	l.847.603	21,23	77
Partido Socialista (PS)	525.721	6,01	12
Partido Demócrata Cristiano (PDC)	420.606	4,83	8
Demócrata (PD)	333.749	3,83	7
Partido Demócrata Progresista (PDP)	263.805	3,03	5
Partido Comunista (PC)	228.821	2,63	3
Unión Federal (UF)	159.177	1,83	1
Partido Laborista (PL)	93.172	1,07	3
Partido Cívico Independiente (PCI)	86.441	0,99	1
Partido Conservador*	76.976	0,88	1
Partido de los Trabajadores (PT)	58.312	0,67	1
Partido Liberal de Corrientes*	47.862	0,55	2
Demócrata Autonomista Conservador Popular (Corrientes)	40.269	0,46	1
UCR-Bloquista (San Juan)	30.461	0,35	2
Partido Demócrata Conservador Popular (Chaco, Jujuy y Tucumán)*	25.036	0,28	1
Partido Demócrata Liberal (San Luis y Tucumán)*	24.206	0,28	2
Unión Provincial (Salta)*	11.265	0,13	1
Partido Demócrata Conservador Popular/Partido Demócrata (Catamarca)*	9.689	0,11	1
Fuentes: La Nación,​ Melon Pirro.​ * Estos partidos provinciales, identificados con el conservadorismo, formaron en la Convención el Bloque Demócrata de Centro, totalizando 8 bancas.

La población peronista votó en blanco siguiendo las instrucciones de Perón. Los partidos políticos que apoyaban la reforma (UCRP, PS, PDC, PDP, PD, PDC y PCI) alcanzaron 120 bancas, mientras que los partidos que estaban en contra de la reforma (UCRI, PL, PdelosT, UF) obtuvieron 85 bancas. Estos últimos se presentaron en la Convención para dejar constancia de que la misma era ilegítima.​

El primer día el bloque de la UCRI presidido por Oscar Alende, se dirigió a la Convención impugnando su validez, debido al hecho de que no había sido convocada por el Congreso Nacional, tal como lo establece la Constitución. El bloque del radicalismo intransigente había discutido internamente hasta horas antes la postura a adoptar en la Convención. El presidente del partido, Arturo Frondizi, sostenía a través de Oscar López Serrot, que había que plantear la nulidad de la Convención pero no retirarse de la misma, para evitar que quedara en manos de los partidos cercanos a la dictadura. Alende, por el contrario, sostenía que los convencionales de la UCRI no debían siquiera asumir sus cargos, retirándose inmediatamente después de sostener la postura de nulidad de la misma. El bloque rechazó la estrategia de Frondizi y aprobó la de Alende. Las autoridades de la Convención finalmente no le permitieron a Oscar Alende, ni a los demás miembros de la UCRI, explicar su punto de vista, ejerciendo una censura.

Poco después, el 3 de septiembre, sucedería lo mismo con Enrique E. Ariotti de la Unión Federal Demócrata Cristiana, a quien tampoco se le permitió explicar su impugnación a la reforma.​ Tampoco se incorporaron a la asamblea los dos convencionales del partido Demócrata Autonomista Conservador Popular de Corrientes. Finalmente, sólo 125 convencionales, de los 205 se registrarían.​

La UCRI, que constituía el bloque mayoritario (77 convencionales), sostuvo la ilegalidad de la convención debido a su origen antidemocrático, generando un escándalo en el que se produjeron agresiones y el retiro de los convencionales frondizistas y otras fuerzas opositoras a la dictadura gobernante, e impidió la formación de un Quorum.​ el bloque de la UCRI impugnó la Asamblea y se retiró con sus setenta y siete constituyentes, no sin antes declarar:

Denunciamos ante el pueblo de la República que en el seno de la pretendida convención reformadora de la Constitución de 1853 se consuma en este instante otra etapa de la maniobra continuista que procura asegurar a la oligarquía nacional y a los intereses del privilegio internacional, el manejo futuro de lospoderes del gobierno político de la Nación […]. Afirmamos que esta convención está muerta. Solamente el pueblo en mayoría da vida y valor a la democracia. En esta oportunidad el pueblo en mayoría está ausente. Afirmamos que es absolutamente inválida la convención reformadora de la Constitución de 1853 reunida en esta ciudad de Santa Fe y de la misma manera inválido el mandato de los convencionales que la integran.

Las fuerzas restantes procedieron a convalidar la derogación de la Constitución de 1949 y establecer la de 1853, con las modificaciones de 1860, 1866 y 1898.

En tanto expusieron las impugnaciones a dicha decisión los convencionales del Partido Laborista (Cipriano Reyes, Ricardo Ovando y Luis V. Giacosa) y del Partido de los Trabajadores (Juan Carlos Deghi). Ambos partidos negaban la legitimidad de la Convención y exigían respetar la vigencia de la Constitución de 1949. En tanto Juan C. Deghi y la Unión Federal representados por Enrique Ariotti plantearon la nulidad de la asamblea. El argumento básico que utilizaron es que un presidente de facto no tenía facultades para derogar una Constitución, ni para declarar la necesidad de su reforma. Señalaron el carácter antidemocrático de impedir la representación del electorado peronista mayoritario en el país. Denunciaron que el verdadero objetivo de la Convención era convalidar el retorno a la Constitución de 1853 y eliminar definitivamente los derechos sociales y económicos establecidos por la Constitución de 1949. Tampoco se incorporaron a la asamblea, los bloques Demócrata Autonomista Conservador Popular de Corrientes (2 convencionales) y de la Unión Federal (1 convencional).También los bloques Laborista, de los Trabajadores, y Laborista Federal de Salta, impugnaron la legitimidad de la derogación de la Constitución de 1949. ​

Con el retiro durante la primer sesión de 77 convencionales de la UCRI, más el retiro de partido menores la convención quedo sin quorum necesario para aprobar cualquier reforma. En vistas del fracasó de la convención ya en su primer día y ante la imposibilidad de sancionar o modificar cualquier artículo, visto como un fracasó político el gobierno de Aramburu presionó para que se cambie el reglamento interno para que la Constituyente pudiese funcionar sin el quorum legal establecido.</ref>

Al discutir los derechos humanos de segunda generación (sociales y laborales) y aquellos relacionados con una orientación social de la economía, que ya habían sido incluidos por la abolida Constitución de 1949, los sectores conservadores que incidían en el quorum de la Convención, debido al retiro de los representantes de la UCRI, comenzaron a retirarse para evitar las reformas. En esa circunstancias, el ala izquierda de la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por su presidente Crisólogo Larralde, presionó a los delegados del partido para que no abandonaran las reuniones y así logró que se aprobara la inclusión del artículo 14 bis, referido a los derechos del trabajador, de los gremios y de la seguridad social.​después de votado el artículo 14 bis, los convencionales conservadores y parte de los convencionales radicales dejaron simplemente de asistir dejando sin quorum la asamblea que se extinguió así informalmente, circunstancia que fue duramente criticada por todo el espectro político.​

Sobre el final ya sin quorum, el convencional socialista Alfredo Palacios, pronunciaba las siguientes palabras:

Los que se han ido serán responsables ante el pueblo y ante la historia. Por hoy basta con el repudio de esta Asamblea y de sus propios compañeros; repudio terrible, Señor Presidente.

Alfredo Palacios.​

Comparada con la Constitución de 1949, la reforma constitucional de 1957 realizó algunos agregados y exclusiones de importancia:

• Agregados: derecho de huelga; la movilidad del salario; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática^{[cita requerida]} por la simple inscripción en un registro especial; derecho sindical a concertar convenios colectivos; garantías para los representantes sindicales; naturaleza estatal de la seguridad social; participación de los trabajadores en los organismos de seguridad social. Todos los agregados se encuentran en el art. 14 bis.
• Exclusiones: derecho de reunión (art. 26); prohibición de discriminar por raza (art. 28); derecho de trabajar (art. 37, I); derecho a la capacitación (art. 37, I); derecho a la preservación de la salud (art. 37, I); derecho a la atención por el Estado de la madre y el niño; igualdad jurídica de hombre y mujer en el matrimonio (art. 37, II); patria potestad compartida (art. 37, II); derechos de la ancianidad (art. 37, III); educación primaria obligatoria y gratuita (art. 37, IV); autonomía universitaria (art. 37, IV); la función social de la propiedad (art. 38); estatización del comercio exterior (art. 40); nacionalización de los recursos mineros y energéticos (art. 40); estatización de los servicios públicos (art. 40); voto directo (arts. 42, 47 y 82).

Denuncia de fraude electoral

Pasada la elección, el ex diputado John W. Cooke desde el exilió en Chile elaboró este informe que le hizo llegar a Perón, en el que relató la manipulación y el fraude que el gobierno de facto realizó :

“Oficialmente el padrón se compone de 9.728.839 ciudadanos. Ya en oportunidad de su confección, varias publicaciones opositoras al gobierno denunciaron la prolija exclusión de electores peronistas. En aquella oportunidad las cifras de exclusiones arbitrarias fluctuaban entre los 250.000 y los 700.000. En tanto Frondizi confiesa que “por lo menos 480.000 excluidos eran peronistas”. Mayoría y otras publicaciones hacen ascender el total de los excluidos a 700.000. De este total, una inmensa mayoría es computable al peronismo puesto que las exclusiones fueron cuidadosamente estudiadas sobre zonas electorales reconocidamente como peronistas. Cooke señaló que “las cifras oficiales han sido tan fluctuantes y contradictorias, que la existencia de un ´fraude novedoso´ es innegable. No ha habido una publicación antigubernista que no denunciase el manoseo del porcentaje, aunque cada una lo interpretas de acuerdo a sus conveniencias. El mismo día de la elección, por la noche, el Ministro del Interior adelantaba que los votantes ascendían al 75%. Los resultados publicados en los días subsiguientes marcaban un elevadísimo porcentaje de abstenciones en el interior, principalmente en: Corrientes, Santa Cruz, Chaco, Formosa, Río Negro, La Pampa, etc. Estos porcentajes de abstención llegaban asta el 70%. Súbitamente los porcentajes se invierten y el escrutinio definitivo indica que no hay provincia (salvo Misiones) que baje del 70% de concurrencia. El porcentaje medio oficial se elevó al 82,05%, y de golpe sobrepasan el 87%”. Respecto al voto en blanco se señaló: ellos mismos (en el diario Democracia del 30 de julio) cometieron el ´lapsus´ de deslizar la cifra de más de 2.300.000 a favor del voto en blanco. El secretario de redacción fue automáticamente separado de su cargo como consecuencia de esta filtración. El apoderado del Partido Comunista, Aráoz Alfaro, en la Junta Electoral fundamentó su opinión de que los votos anulados fueron computados como votos en blanco, respetando la voluntad de los electores. Pero su hipótesis no encontró eco, y arbitrariamente los votos anulados desaparecieron de los cómputos”.​

Levantamiento del general Juan José Valle y fusilamientos

Portada del libro Operación Masacre (1957) de Rodolfo Walsh, utilizando como imagen el cuadro El tres de mayo de 1808, de Francisco Goya.

El 9 de junio de 1956 se produjo un levantamiento cívico-militar contra el gobierno de facto de Aramburu, liderado por el general Juan José Valle, quien a su vez estuvo secundado en el mando por el general Raúl Tanco y los dirigentes sindicales Andrés Framini y Armando Cabo.​​Las primeras manifestaciones de resistencia se produjeron a los pocos días del golpe en los bastiones peronistas de Rosario y Berisso. El 17 de 1956 los gremios de base, desconociendo a la CGT oficial, convocaron a un paro general que tuvo una importante repercusión en Rosario, el Gran La Plata, barrios del Gran Buenos Aires y Tucumán.​En su proclama, Valle y Tanco denunciaban que:

La Nación ha caído en manos de hombres y de fuerzas que aceleradamente retrotraen a la Patria a épocas de sometimiento, de humillación y vergüenza, han violado y desconocido el imperio de la Constitución y de las leyes, sustituyéndolo por un llamado “derecho de la Revolución” que no es otra cosa que el entronizamiento de la arbitrariedad, sin más normas ni vallas que la omnímoda voluntad de los que detentan el poder. Procediendo al avasallamiento de las garantías y derechos individuales, la persecución, encarcelamiento y confinamiento en verdaderos campos de concentración de miles de argentinos no sometidos a proceso y privados del derecho de defensa, la exclusión de cargos públicos y despido de sus empleos a miles de argentinos por razones políticas, la proscripción de la fuerza política mayoritaria, y sumergido a la patria en un clima de delación y espionaje fomentado y organizado desde el poder y la negación de la libertad de prensa, uniformada al servicio del gobierno...

El levantamiento fue rápidamente abortado, debido a que el movimiento había sido infiltrado y el gobierno militar estaba esperando a los insurrectos. El único lugar donde llegó a tener algún éxito fue la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), donde tropas y civiles al mando del coronel Adolfo Philippeaux lograron publicar un manifiesto por una radio, aunque posteriormente huyeron. Los sublevados mataron a tres personas -Blas Closs, Rafael Fernández y Bernardino Rodríguez- y tuvieron a su vez dos muertos -Carlos Yrigoyen y Rolando Zanera-, sin contar a los que fueron luego fusilados.

En La Plata, las tropas sublevadas, encabezadas por el teniente coronel Oscar Cogorno, el mayor Juan José Pratt y el capitán Jorge Morganti, lograron tomar el Regimiento 7 de Infantería y la Jefatura de Policía de Infantería. Resistieron varias horas los ataques rasantes de los aviones navales. Consciente de la derrota, Cogorno no quiso arriesgar una sola vida más. Antes de entregarse, intentó acercarse a su casa de City Bell para despedirse de su mujer y sus hijos, pero fue delatado y fusilado en la madrugada del 11 de junio en el paredón del Regimiento 7. EN tanto en Santa Rosa, capital de La Pampa, los rebeldes, encabezados por el coronel Adolfo César Phillipeaux, lograron tomar el cuartel, la jefatura de policía, las comisarías y la cárcel, donde liberaron a los presos políticos y una radio. Al día siguiente la emisora fue bombardeada a la mañana por aviones navales provenientes de la base Almirante Espora.

Como consecuencia del mismo fueron fusilados 32 civiles y militares, un acto represivo que no tiene antecedentes en la historia argentina.

Los fusilamientos estuvieron signados por irregularidades, como la aplicación retroactiva de la ley marcial, decretos pre-redactados, falta de registros sobre la existencia de juicios sumarios y de las órdenes de ejecución, etc. Los mismos incluyeron también fusilamientos clandestinos de civiles en un basural de José León Suárez, que fueron mantenidos ocultos por el gobierno hasta que el periodista Rodolfo Walsh revelara los hechos en un libro clásico titulado Operación Masacre, publicado en 1957. Otro acto abiertamente ilegal fue el asalto a la embajada de Haití por parte de un grupo comando, que violando las reglas sobre asilo diplomático secuestró a los insurrectos allí refugiados, entre ellos el general Raúl Tanco, los cuales fueron devueltos a su asilo cuando el embajador presentó su reclamo.

Los 18 militares fusilados fueron: el general de división Juan José Valle, coronel Ricardo Santiago Ibazeta, coronel Alcibíades Eduardo Cortines, coronel José Albino Irigoyen, teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, capitán Eloy Luis Caro, capitán Dardo Néstor Cano, capitán Jorge Miguel Costales, teniente primero Jorge Leopoldo Noriega, teniente primero Néstor Marcel Ovidela, subteniente Alberto Juan Abadie, suboficial principal Miguel Ángel Paolini, suboficial principal Ernesto Garecca, sargento ayudante Luis Pugnetti, sargento Hugo Eladio Quiroga, sargento Luis Bagnetti, cabo Miguel José Rodríguez, cabo músico Luciano Isaías Rojas. Los 14 civiles fusilados fueron: Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, Osvaldo Alberto Albedro, Dante Hipólito Lugo, Aldo Emir Jofré, Miguel Ángel Mauriño, Rolando Zanetta, Ramón Raulvidela, Carlos Irigoyen, Carlos Alberto Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion, Vicente Rodríguez.

En Campo de Mayo, en la madruga del 11 de junio de 1956 también fueron fusilados los coroneles Alcibíades Cortínez y Ricardo Ibazeta, los capitanes NéstorCano y Eloy Caro, el teniente primero Jorge Noriega y el teniente de banda Néstor VidelaLa decisión de fusilar al general Valle respondió a una orden directa del almirante Rojas. Los familiares de las victimas no fueron notificados ni de la condena a muerte, ni del fusilamiento, ni siquiera del entierro.

Momentos antes de ser fusilado, el general Valle le escribió una histórica carta al general Aramburu en la que le reclama duramente la decisión de fusilar a los insurrectos y justifica el levantamiento en la necesidad de defender al pueblo de un gobierno que le estaba «imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica». En uno de sus párrafos la carta dice:

Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes, escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos.
Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan cien años sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones.

Los fusilamientos han sido fuertemente cuestionados por actores políticos, observadores e historiadores,​​ tanto por su falta de legalidad como por el grado de violencia innecesaria que los mismos implicaron, así como por sus consecuencias negativas, desatando desde el Estado un ciclo vicioso de violencia y terror que desembocó en el Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980. Más allá de las irregularidades concretas que presentan los fusilamientos en cada caso, quienes cuestionan los mismos destacan que la Constitución Nacional de la Argentina prohíbe la pena de muerte por causas políticas desde 1853.

En menos de 48 horas, civiles y militares son fusilados en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejercito y la Penitenciaria Nacional. Para la noche del 11 de junio de 1956, la lista de ejecutados asciende a 16 militares y 13 civiles.​

el abogado radical Carlos Alconada Aramburú, quien al momento del levantamiento se desempeñaba como Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y, al año siguiente, fue designado Ministro de Educación y Justicia del gobierno militar, los fusilamientos fueron penas de muerte aplicadas por el delito de insubordinación militar, aplicando las leyes 13.234 de 1948 y 14.062 de 1951. La historiadora María Spinelli afirma que las leyes invocadas por Alconada Aramburú habían sido derogadas por el propio gobierno militar el año anterior de los levantamientos, mediante los decretos-leyes 140 y 8.313.​ También, en sus respectivas Memorias, defendieron los fusilamientos, el almirante Isaac Rojas (1993), quien los justifica en la necesidad de "salvaguardar los logros de la Revolución Libertadora",​ y el contralmirante Jorge Perrén (1997), quien sostiene que era necesario dar un "escarmiento ejemplar al peronismo".​

Perón fijó su posición en una carta enviada a Cooke sobre la cual cuenta Miguel Bonasso:

«El fracaso de la asonada del 10 de junio ha sido la consecuencia del criterio militar del cuartelazo.Los dirigentes de ese movimiento han procedido hasta con ingenuidad. Lástima grande es que hayan

comprometido inútilmente la vida de muchos de nuestros hombres, en una acción que, de antemano podía predecirse como un fracaso. Yo vengo repitiendo, a los mismos peronistas precipitados, que no haremos camino detrás de los militares que nos prometen revoluciones cada fin de semana. Hace cinco meses impartí las instrucciones sobre la forma en que debíamos encarar el problema: mediante la resistencia civil. Durante estos cinco meses no he hecho sino repetir que los golpes militares no interesaban al peronismo porque no era solución salir de las manos de una dictadura para caer en otra. Que la única solución aceptable para nosotros era la voluntad del pueblo y que para ello debíamos recurrir a las fuerzas del pueblo y no a las fuerzas militares. Que la acción de las fuerzas del pueblo eran operaciones de resistencia y no golpes de Estado. […] todo ello lo he repetido miles de veces a todos los apresurados que confiaban más en un golpe de la fortuna que en la preparación sistemática y racional de un trabajo adecuado.

Desgraciadamente, el golpe fallado del 10 de junio, me ha dado la razón, pero el precio ha sido demasiado grande. Hubiera preferido equivocarme»​

La dictadura trató de fraguar la documentación sobre el asesinato de Valle y asentó su ingreso torpemente casi un año después de su muerte, mientras comenzaban a ser publicadas las investigaciones de Rodolfo Walsh y la Corte Suprema de Justicia dictaba un fallo en el caso Livraga por el cual pasaba todas las actuaciones al fuero militar, cerrando la vía de la justicia civil. La única causa judicial sobre los fusilamientos fue iniciada por el sobreviviente Juan Carlos Livraga, contra el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Desiderio Fernández Suárez. El doctor Belisario Hueyo, juez de la causa, citó a declarar al acusado, pero Suárez recurrió a sus superiores y el 21 de enero de 1957 lo recibieron Aramburu y Quaranta, quienes lo tranquilizaron y le dijeron que la causa iba a pasar a la justicia militar. Días después los jueces militares le reclamaron al doctor Hueyo su jurisdicción en el tema, quién rechazó el pedido y se declaró competente. Se inventó un artificial conflicto de poderes que se resolvió en la Corte Supremamente adicta, compuesta por Alfredo Orgaz, Manuel J. Argañarás, Enrique V. Galli, Carlos Herrera y Benjamín Villegas Basavilbaso, que falló a favor de la competencia de los jueces militares. El fallo obediente repetía casi textualmente lo que había dictaminado el procurador general, el aramburista Sebastián Soler; la causa pasó al tribunal militar y fue cerrada en tiempo récord.​

Legislación laboral

Luego del golpe de 1955, se produjo por una parte la ocupación de todos los locales sindicales combinado con represión y encarcelamiento para numerosos delegados fabriles y activistas sindicales.​luego del desplazamiento de Lonardi y al asumir a mediados de noviembre, Pedro Eugenio Aramburu impulsa una política antiobrera que incluyó: proscripción de dirigentes sindicales peronistas; intervención de la CGT; se declararon nulas y disueltas las comisiones internas por parte del Ministerio de Trabajo; nombramiento de Interventores Militares en numerosos sindicatos; derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales, quedando restringido el derecho de huelga.​Al momento de su designación como Ministro por el dictador Pedro Eugenio Aramburu, se encontraba retirado. Durante su gestión se dio una extensa huelga de trabajadores de astilleros en 1956. La llamada “Huelga de los Locos” hace referencia al paro protagonizado por los miembros de la Federación de Obreros en Construcciones Navales-Autónoma (FOCN) entre octubre de 1956 y noviembre de 1957, siendo la huelga más extensa de la clase obrera argentina en el siglo XX. desarrollo de los Ferrocarriles Argentinos.​

En materia laboral creó el régimen de asignaciones familiares para empleados de comercio y de la industria​​el aumento de las indemnizaciones. El golpe de estado del 16 de septiembre de 1955 impedirá que el proyecto de regulación laboral específica para trabajadores domésticos, presentado pro la diputada Dellia Parodia antes del golpe siga su curso institucional. Mediante un decreto de 1956, reconociéndoles relación de dependencia a quienes trabajabann por lo menos cuatro horas diarias, cuatro días a la semana, y reconociéndoles a partir de entonces una indemnización por despido de medio mes por año de servicio​​ rl Estatuto excluye las trabajadoras domésticas de la ley de asignaciones familiares y de riesgos de trabajo. No contempla la remuneración por horas extras, el acceso a un seguro de desempleo ni a licencias por maternidad y les fija la semana laboral en 72 horas.​El Decreto-Ley N° 326/56 no establecía una cantidad de horas laborales por día, siendo la misma variable.

Las cajas de jubilaciones de asalariados tuvieron entre 1950 y 1954 un superávit que rondaba el 4 por ciento del PBI, el resultado se revirtió rápidamente tras el golpe de Estado y las cajas pasaron a exhibir un elevado déficit, a partir de 1955 la jubilación media se redujo en un tercio en moneda constante, a una tasa de descenso aún mayor que la de los salarios.​ El decreto/ley 9270/56, eliminó la personería gremial que otorgaba determinados derechos a los sindicatos más representativos, que así pasaban a ser entidades simplemente inscriptas, igualandolos a los sindicatos menos representativos.

Conflictos laborales

Al asumir el nuevo gobierno luego del golpe palaciego contra Lonardi, el gral. Aramburu se encontró con una huelga general. En algunos lugares, la huelga había comenzado el día 13 de noviembre de 1955 y las manifestaciones obreras habían producido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en Rosario se produjeron víctimas fatales entre los huelguistas. El 15 de noviembre el propio gobierno admitió un 75% de ausentismo en el Gran Buenos Aires, llegando al 95 % en las principales industrias, tan sólo en el primer día hubo unas mil detenciones. El día 16, Aramburu intervino la C.G.T. y los sindicatos, mientras se sucedían los encarcelamientos, no se limitó a castigar a la cúpula sindical, continuó con los estratos más bajos de la organización de los trabajadores y declaró disueltas las Comisiones Internas.

En CATITA, planta metalúrgica de la provincia de Buenos Aires, se efectuó en diciembre de 1955 una huelga exitosa contra el despido de varios delegados. En el Frigorífico Lisandro de la Torre de la Capital Federal, se realizaron en abril de 1956 una movilización y una huelga en contra del arresto de tres delegados por el interventor militar.

En 1957 Amparándose en el decreto 2739/56, la Federación de Industrias Metalúrgicas pretendía modificar en junio del 56 el convenio colectivo de trabajo para brindarles mayores poderes a los supervisores y empleados de vigilancia para que actúen sin necesidad de que interfiera el sindicato; establecer normas para terminar con el ausentismo y quitarles los fueros a los delegados. Sin embargo los trabajadores rechazaron inmediatamente el proyecto patronal. Convocando un paro de 24 hs contra el decreto 2739. El régimen no quería bajo ninguna circunstancia ceder ante las demandas porque se transformaría en un “caso testigo” para futuros conflictos en otros gremios que se sumarían a los que ya estaban en lucha: la construcción, el calzado, gráficos, textiles, obreros de la carne y de la construcción naval. Esta intransigencia del régimen llevó a que los metalúrgicos se embarquen en una histórica huelga que duraría seis semanas. La medida duró 40 días generando gran impacto social. El ejército y la policía reprimieron ferozmente. Las demandas de lo trabajadores se centraron cada vez más en la libertad de los presos políticos- que en diciembre eran más de 400- y la reincorporación de los despedidos.​ Cuenta el historiador Daniel James en Resistencia e integración, que la policía amenazó a los comerciantes para que no abran crédito a los huelguistas, pero aún así los apoyaron demostrando la relación solidaria. La ofensiva de la patronal amparada por el dictador Aramburu fue durísima, la huelga metalúrgica dejó un saldo de 12 mil despedidos y perseguidos políticos.

A lo largo de 1957 los ferroviarios, empleados municipales, bancarios, alimentación, textiles, navales, telefónicos tomaron como ejemplo el caso metalúrgico y se lanzaron a la huelga erosionando a estabilidad del régimen. A partir de la aplicación del Plan Prebisch, la carestía aumentaba mes a mes. Desde enero, 3000 obreros y obreras de la empresa Philips durante varias jornadas reclamaron el reconocimiento de los delegados y la comisión interna. Se sumaron al conflicto los obreros de Siam, Piazza, Siambreta.Las luchas se extendieron a los obreros de la construcción de Mar del Plata, al frigorífico La Negra, del caucho, textiles, bancarios que reclamaban el reconocimiento de sus representantes, levantamiento de las intervenciones y aumentos salariales. Posteriormente se desató una violenta represión con allanamientos de domicilios, persecuciones, detenciones y despidos en las grandes empresas.

Durante los últimos tres meses del año volvieron con intensidad los conflictos. A fines de octubre, el gremio textil realizó un paro de 24 horas, que obligó al Ministerio de Trabajo a convocar al Comité de Huelga, y posteriormente se desató una violenta represión con allanamientos de domicilios, persecuciones, detenciones y despidos en las grandes empresas. En noviembre se sumaron los bancarios y los telefónicos por salarios, siendo intervenido el sindicato. Finalmente lo hicieron los trabajadores ferroviarios, construcción, transporte automotor, del tabaco, de la carne, gráficos, metalúrgicos. Todas esas luchas dejaron una gran experiencia en el movimiento obrero.

Luego del golpe de 1955, se produjo por una parte la ocupación de los locales sindicales por los comandos civiles y, por otra, represión y cárcel para numerosos delegados fabriles y activistas sindicales. Luego del desplazamiento de Lonardi y al asumir a mediados de noviembre, Pedro Eugenio Aramburu lo hizo impulsando una política antiobrera que incluyó: proscripción de dirigentes sindicales peronistas; intervención de la CGT; se declararon nulas y disueltas las comisiones internas por parte del Ministerio de Trabajo; nombramiento de Interventores Militares en numerosos sindicatos; derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales, quedando restringido el derecho de huelga; represión e intimidación del sindicalismo, con el arresto de cientos de dirigentes sindicales; sanción del decreto 7107 de abril de 1956 que excluía de cualquier actividad a todos los que se hubieran desempeñado en la conducción de la CGT o sus sindicatos.

Las luchas salariales de fines de 1956 ayudaron a consolidar el movimiento de oposición. A partir de la aplicación del Plan Prebisch, la carestía aumentaba mes a mes y comienza a darse en los supermercado faltantes de productos básicos en las góndolas, junto a un aumento dramático de la inflación. Se fueron dando paros de los trabajadores de los gremios metalúrgicos, construcción, calzados, gráficos, textiles, carne. Justificándose en un paro de telefónicos y telegrafistas, el gobierno decretó el Estado de Sitio por 30 días en Capital Federal y Buenos Aires. En la reunión en la cual se definió la medida participaron el Ministro Alconada Aramburú, el subsecretario García Puente y el jefe de la Casa Militar, Capitán de Fragata Francisco Manrique. Según la cifras oficiales los detenidos por el Estado de Sitio ascendieron a 150 personas que fueron alojadas en los buques Paris y Washington.

En 1957 las entonces flamantes 62 organizaciones y otros sindicatos obreros argentinos disponen una huelga general que, paralizó comercio, industria, transportes. El ausentismo fue casi total en las líneas Sarmiento y Mitre, y en algunos ramales del Urquiza y el San Martín , El paro también fue importante en los barrios industriales del Gran Buenos Aires y en el interior, como en el Chaco, y en Bahía Blanca y Corrientes, donde las CGT locales pararon el día anterior, la adhesión fue total.​

Después de setiembre de 1955 se procede a la expulsión de los empleados identificados con el peronismo. La Asociación Bancaria fue intervenida y puesta bajo la dirección de César González, un acérrimo antiperonista. Frente a la escalada inflacionaria de 1957/1958 comenzó una huelga bancaria. Entonces el régimen declaró la movilización militar de los empleados bancarios , a partir de las 0.00 horas del 10 de marzo de 1958. Se tomaron disposiciones de ocupación militar de todo el sistema bancario. Unidades de la infantería de marina y de la policía se ubicaron en las instituciones financieras. Según el decreto, el personal afectado tenía la obligación de noticiarse en las 48 horas siguientes y presentarse en el puesto de trabajo. Los infractores serían incorporados a las fuerzas armadas y sometidos a la justicia militar.​ El sindicato del Seguro emitió un comunicado contra la medida totalitaria adoptada por el gobierno de facto. El dirigente de ese gremio, Walter Iscaro, fue nuevamente detenido. La lucha por la democratización de la Asociación Bancaria da lugar a la huelga de enero, febreroy marzo de 1958, momento en que el gremio es intervenido y se concretan numerosas detenciones y apremios, movilizándolos militarmente.​

El miércoles 12 de marzo de 1958, ante una huelga de brazos caídos en el Banco de la Provincia de Córdoba, 70 empleados en protesta fueron subidos a un ómnibus y conducidos a una unidad militar. También fue desalojada la Casa Central del Banco Nación. Los empleados fueron conducidos a la Escuela de Mecánica de la Armada sufriendo torturas. El 14 de marzo alrededor de 350 bancarios fueron detenidos por la Fuerzas Armadas. Fueron declarados individuos “en cumplimiento de misión efectiva” y trasladados el Quinto Regimiento de Infantería. Para fines de marzo aproximadamente 8 mil empleados bancarios se encontraban alojados en unidades militares en todo el país. En la Capital Federal superarían los tres mil, distribuidos entre la Escuela de Mecánica de la Armada y la del Ejército, el regimiento primero de Infantería de Marina y el regimiento primero de Patricios .La medida hizo que la huelga se extendiera. En Rosario continuó el paro. Se hizo evidente que las medidas represivas no estaban dando resultados positivos para el régimen de Aramburu. Días antes de de asumir Frondizi, esté se reunió con los dirigentes bancarios, quienes luego de 52 días de huelga, los gremios bancario y del seguro retornaron a sus puestos de trabajo.​

Ante la dureza de la medida de movilización militar, hubo muestras de apoyo de otras organizaciones sindicales que declararon su solidaridad con el gremio bancario: Sindicato de Seguro, Sindicato Argentino de Prensa, Asociación del Personal Aeronáutico, Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Sindicato de Luz y Fuerza, Federación de Obreros yEmpleados de la Argentina, Sindicato de Agua y Energía, Federación de Empleados de Comercio de Buenos Aires, Unión Obrera de la Industria Maderera, Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, Delegaciones Regionales de la CGT (Concordia y Mendoza), SindicatosUnidos de Petroleros del Estado, Asociación Argentina de Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines, Sindicato Obrero de la Industria Aceitera, Sindicato de la Industria del Papel, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Unión Obrera de la Construcción, Sindicato Argentino de Músicos, Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines, La Fraternidad , Unión Ferroviaria, Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Afines, Sindicato Único de Relojeros y Joyeros de la Argentina, Sindicato Único de Portuarios, Federación de Obreros de Construcciones Navales.

En la segunda mitad del año 1958, las 62 Organizaciones lanzaron varias proclamas de índole más política que gremial, en las cuales no se nombraba a Perón o al peronismo, aunque sí se utilizaba un lenguaje inequívocamente peronista. Los sindicatos peronistas anunciaron un paro general los días 22 y 23 de octubre de ese año, que terminó con la movilización militar de los trabajadores y el arresto de decenas de dirigentes gremiales y una enérgica represión. ​

En ese clima de huelgas, represión y ataques a las conquistas obreras, la “Federación de Obreros en Construcciones Navales-Autónoma” (FOCN) lanzó en octubre de 1956 una huelga que duró 14 meses, entre octubre de 1956 y noviembre de 1957 siendo la huelga más extensa de la clase obrera argentina en el siglo XX. El 11 de octubre de 1956, la huelga se agravó cuando en Rosario, elementos parapoliciales del régimen apuñalaron de muerte al obrero naval Asesinato de Ramiro García Fernández. el gobierno de Aramburu construyó un sindicato paralelo, el SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales), reconociéndolo formalmente en agosto de 1957, comenzando a afiliar compulsivamente nuevos trabajadores a este sindicato.​

Desde mediados de 1956 hasta fines del mismo año, donde se efectuaron una serie de paros de gran significación, se evidenciaba un incremento de la resistencia de los trabajadores recurriendo a todos los métodos a su alcance. En cada barrio, ciudad o pueblo surgieron dirigentes que por su decisión eran elegidos por sus compañeros para ocupar los primeros planos, no existía otra selección que la predisposición para la lucha.

Pueblada de Cutral Có

EL 19 de febrero 1958 se desatá en Cutral Có una pueblada en apoyo de huelga petrolera descalabra la represión. Ese día, miles de manifestantes salen a las calles de Cutral Co para apoyar la huelga que llevaban a cabo los petroleros y enfrentar el plan represivo que había desplegado el gobierno autodenominado “Revolución Libertadora”. La masiva concurrencia partió del centro de la comarca petrolera y marchó hasta Plaza Huincul, encabezada por los párrocos locales Zsantos y Urrutia. Las movilizaciones se fueron sucediendo desde el primer día de la huelga general por tiempo indeterminado reclamando “entre otros puntos, un aumento salarial de $800, reincorporación del personal cesanteado por cuestiones políticas y restauración del servicio asistencial”. Para evitar la acefalia ante el eventual encarcelamiento de la conducción y el 13 de febrero se aprobó la huelga general. El Regimiento 10 de Infantería irrumpió en la localidad, ocupando la sede sindical del SUPE y encarcelando a unos trescientos obreros.​

Huelga estudiantil de 1956

Aramburu sanciona el 23 de diciembre de 1955 el decreto-ley 6.4032, en cuyo artículo 28 afirmaba: «La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente»

Las protestas relativasa la derogación del artículo no se harían esperar y se convertirían en particularmente álgidas durante los primeros días de mayo del 56, cuando detractores y defensores del ministro de Educación se crucen violentamente en un proceso que implicó tomas de dependencias secundarias y universitarias en todo el país.​

En la UBA los comunistas serían los principales impulsores de las ocupaciones en la Facultad de Medicina. La caída de José Luis Romero del rectorado, quién había llevado adelante un proceso de cesantías masivas de docentes y renuncias de profesores acusados de colaborar con el peronismo a mediados de mayo de 1956, al igual que la renuncia del militante ultracatólico Atilio Dell’Oro Maini de la cartera educativa nacional, colocaría al médico conservador Alejandro Ceballos al frente de la UBA. Ceballos se convertiría en un adversario de los sectores «modernizantes», afincados en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y Filosofía y Letras, que pretendían una renovación. En junio comienza la toma de diferentes universidades. El reclamó ira de una posición adversa respecto de los concursos docentes, se critica el estado edilicio de las casas de estudio superior, se rechaza la derogación de los exámenes mensuales (mediante los que se permitía al alumnado rendir finales a cada mes) y el espíritu limitacionista que ello implica. ​Desde febrero de 1956, la FUA y la FUBA manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el Artículo 28 se reglamentara. Comenzado el ciclo lectivo de 1956, los estudiantes reformistas llevaron adelante una batería de acciones tendientes a impedir la reglamentación del Artículo 28, acciones que incluyeron demostraciones públicas, huelgas y ocupaciones de facultades en la UBA, Un clima de violencia y agitación se había desatado. Ya en los primeros días de mayo se presentaron por un lado los estudiantes universitarios y secundarios, y enfrentados a ellos las fuerzas represivas y las autoridades universitarias adictas al régimen.​Llevando a un paro e estudiantes de acatamiento unánime.​

A partir de 1957 es fácil advertir a través de diversas publicaciones comunistas, aunque también en otras reformistas, un aumento de la radicalización estudiantil. En febrero de ese año los comunistas propiciaron las protestas contra el examen de ingreso. En este marco, retomando una metodología que los estudiantes habían utilizado el año anterior en repudio al artículo 28, y previamente en los días posteriores en rechazo al golpe de Estado. Se ocuparon las facultades de Medicina e Ingeniería porteñas. El hecho se inició el 12 de febrero en Medicina y luego se trasladó a Ingeniería bajo la consigna «Menos presupuesto militar, queremos estudiar». El acontecimiento, trajo aparejado fuertes cruces con las autoridades universitarias cuya política limitacionista se juzgaba cómplice del ahogo presupuestario al que sometía el gobierno nacional a las casas de altos estudios.​

Política económica

En el ámbito económico, Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Se decretó la intervención de la CGT, la derogación de la ley de Asociaciones Profesionales y la restricción del derecho de huelga, el desmantelamiento de IAPI y la privatización de los depósitos bancarios. De los 371 millones de dólares que encontraron en el Banco Central, para el último día de la dictadura solo quedaban 125 y una deuda externa que comprometía mucho más que la totalidad de las reservas, mientras que el déficit de la balanza de pagos llegaba a los 339 millones de la misma moneda. El déficit fiscal, se había elevado a 38.000 millones. Se habían liquidado en solo dos años tres millones de cabezas de ganado, había bajado sensiblemente la actividad industrial y aumentado exponencialmente la inflación, al tiempo que los salarios estaban contenidos y crecía la desocupación. Las importaciones sumaban en 1957, 1310 millones de dólares, superior a los 957 millones de exportaciones.​

Se dispuso la intervención de 40 firmas nacionales y extranjeras, entre ellas industrias como KaiseR Argentina, Mercedes Benz, Fiat, Deuz, etc. En 1956 firmó un acuerdo con empresas fabricantes de tractores que lo llevó a un fuerte conflicto con la cámara argentina de fabricación de tractores y maquinaria agrícola, por los contratos que otorgaban el total control del sector a cuatro empresas extranjeras. La cámara sotenía que el oligopolio permitía a dichas firmas incrementar los precios abruptamente y cometer prácticas desleales, violentando los principios de competencia.​Al finalizar el régimen de Aramburu, Argentina se encontraba en default, y la deuda externa había crecido hasta alcanzar los 1800 millones de dólares.​ El déficit fiscal que en 1957 era de 27 000 millones de pesos moneda nacional, en 1958 se elevó a 38 000 millones.​ Durante su gestión sumó nuevas obligaciones externas por 700 millones de dólares estadounidenses, que no pudo pagar, dejando al país al borde del default.​​

En 1955, Argentina era un país acreedor y el Banco Central tenía 371 millones de dólares en reservas.​​Al finalizar la dictadura Argentina se encontraba en default, y la deuda externa había crecido. Cuando la dictadura tomó el poder Argentina era un país acreedor y el Banco Central tenía 371 millones de dólares en reservas. Al retirarse en 1958, la deuda externa era de 1800 millones de dólares. El déficit fiscal que en 1957 era de 27.000 millones de pesos, en 1958 se elevó a 38.000 millones.​

Se desarticuló todo el sistema económico montado por el peronismo, pasando la economía del país a depender enteramente de sus exportaciones de granos y carnes, que además estaban controladas por grandes empresas extranjeras. También el Banco Central dejó de ser un promotor del desarrollo para ser un simple estabilizador de precios.​intentó expandir la economía vía del aumento salarial y de los impuestos.​Instauró un régimen de control de cambio, no se podían transferir divisas al exterior, la compra de dólares e limitó a 50 dólares por persona por mes, y para hacerlo había que firmar una declaración jurada.​En ese momento, se registraban vencimientos con Estados Unidos a lo que el gobierno de facto Eugenio Aramburu, sumó nuevas obligaciones por u$s 700 millones, que no pudo pagar.​ Durante este período los términos de intercambio cayeron notablemente: en 1957 los precios eran un 13 % menores que los de 1953, a pesar de la política devaluatoria aplicada, las reservas declinaron y se acumularon las deudas comerciales. Se llevó a cabo una devaluación con lo se produjo un alza interna en los precios los productos primarios, se incrementó un 40 % para la carne y más de 200 % en el caso de los cereales.​ Para cubrir el déficit comercial el gobierno debió recurrir a préstamos externos. Para ello entró en tratativas con el Exim-Bank de Estados Unidos y diversos bancos británicos, sin embargo a fines de 1956 la situación económica argentina se agravó, acusando la balanza comercial un déficit de 210 millones de dólares, cifra casi equivalente a la de las reservas existentes.​

El régimen llegó al punto de realizar incesantes emisiones de dinero, mientras que en el año 1956 la dictadura de Aramburu había emitido 3165 millones de pesos, en el año que terminaba, 1957, la cifra había ascendido casi al doble: 5904 millones

Fundó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el 4 de diciembre de 1956 mediante el Decreto Ley 21.680/56, y se nauguró la Usina de San Nicolás, en 1957.

Durante el régimen se formo una fuerza parapolicial, que bajo la mirada «vigilante» de los agentes del orden, grupos de antiperonistas, llamados «Comandos Civiles Revolucionarios», destruyeron locales partidarios, asaltaron sedes gremiales, atacaron locales de la Fundación Eva Perón y casas particulares de reconocidos funcionarios o militantes peronistas, quemaron miles de documentos,etc.​ Se dió una fuerte animosidad contra la FUBA se debía principalmente a su protagonismo e importante poder decisivo en la política universitaria desperonizadora de la “Libertadora”. Inmediatamente después del golpe, la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue dominada por organizaciones estudiantiles antiperonistas y fue intervenida pocas semanas más tarde. La política universitaria de Aramburu estuvo marcada por la impronta de la desperonización, que se había generalizado en todas las esferas de la vida social y política del país .A partir de ese momento, al igual que en las Fuerzas Armadas, se llevó a cabo una purga que implicó la incorporación y la separación de docentes en todas las universidades nacionales en base al signo respecto del gobierno derrocado.

Política cultural y educativa

Siguiendo la política general de proscripción del peronismo, la dictadura militar reprimió sistemáticamente la expresión de las ideas de esa corriente política. Las posturas en contra del peronismo se profundizaron, decidiéndose la disolución del Partido Peronista y la inhabilitación política para sus dirigentes más destacados. De ese modo, fueron clausuradas publicaciones como la revista «De Frente» y el periódico Palabra Argentina, este último clausurado el 9 de junio de 1957, simultáneamente con el encarcelamiento de su director, Alejandro Olmos.​Se dispuso que fueran intervenidos los más importantes periódicos colocando en ellos personas favorables al régimen. Carlos Alberto Erro fue el interventor de ALEA y ATLAS y se asignó a José Barreiro, director de El Mundo; también fueron intervenidos o expropiados el diario Mundo Argentino; el Hogar Democracia La Época; y Crítica. El 13 de junio de 1957 apareció muerto en su estudio de la calle San Martín 536, el doctor Marcos Satanowsky. El crimen estaba vinculado con la tenencia de las acciones del diario La Razón, intervenido por Aramburu. Peralta Ramos había recibido presiones y extorsiones para que entregara el diario al gobierno de Aramburu.​Durante este período se generalizaron las torturas, expropiación de bienes y exilio de sindicalistas, partidarios y colaboradores peronistas, científicos, intelectuales y artistas Hugo del Carril fue el primer detenido entre las personalidades del campo cinematográfico. Luego fue el turno de Luis y Atilio Mentasti, luego César Amadori. Con los sectores católicos conservadores que le permitió llegar al poder, que pedían una censura cada vez más estricta. Los tres años del régimen están marcados por una numerosa cantidad de episodios de persecución.

La Marcha de la Libertad teniendo como objetivo la desperonización y combinando un gran despliegue de su aparato de propaganda, fue impuesta obligatoriamente dentro de las escuelas.​Se impuzó una fuerte censura en el teatro y el cine, obras como La gata sobre el tejado de zinc como su película homónima fueron censuradas en Argentina durante el régimen militar autodenominado Revolución Libertadora.​Encarceló al productor cinematográfico Hugo del Carril, y a los propietarios de la Argentina Sono Film.​El rol protagónico lo tomo la Acción Católica Argentina desde la Dirección Central de Cine y Teatro de la A.C.A., encargada de “calificar” “moralmente” películas y obras de teatro. El dictador Aramburu impone mediante el Decreto 11.847 del año 1956 la formación de Comisiones de Censura Provinciales y Municipales.​La inscripción misma a los concursos para cargos docentes tras 1955 sería parte de una violencia políticainusitada, se establecería que para la presentación a una cátedra el postulante tenía que firmar un documento en el cual declaraba no haber tenido ningún compromiso con el “antiguo régimen”. Asimismo, las autoridades universitarias de la dictadura de Aramburu, más allá de la idoneidad de los docentes, se reservaban el derecho de impugnar las candidaturas en base a un análisis “de la conducta moral” del aspirante. Por ejemplo, por citar algunos casos, eran motivo de impugnación aquellos postulantes que habían participado en el Congreso de Filosofía de Mendoza del año 1949 o en el Latinoamericano de Sociología durante el peronismo o cualquiera que tuviera publicaciones ligadas al gobierno anterior.​Se cometerían numerosas irregularidades en las universidades, a modo de ejemplo de los autoritarismos cometidos en la UBA luego del año 1955, Oscar Balestieri en una entrevista recuerda: “(...) La universidad después del año 1955 y por citar el caso de Arquitectura que yo conozco, se caracterizó por sostener muchas arbitrariedades. Por ejemplo, yo entro en 1958, en el período donde habían ingresado los profesores a las cátedras por la fuerza, ya que se había expulsado a los docentes peronistas y en un primer momento, estoscargos serían cubiertos sin concurso. Habían echado a todos los profesores que venían del peronismo y había un nivel de persecución infernal. Echan a todos y luego asaltan la academia docentes recién recibidos o en varios casos, había algunos profesores que ni siquiera estaban recibidos. Eran, en gran parte de los casos, muy jóvenes e ingresaban sin concursos en el marco de las expulsiones sistemáticas y las arbitrariedades cometidas a la institución.​

La etapa inaugurada en 1955 llevaría acabo persecuciones, proscripciones y violaciones constantes al derecho y a las instituciones educativas de gobierno, retomando un esquema político restringido similar al modelo de la década infame.​

La Marcha de la Libertad, fue impuesta obligatoriamente dentro de las escuelas, teniendo como objetivo la desperonización y combinando un gran despliegue de su aparato de propaganda, .​Se encomendó a la Dirección General de Educación bajo la órbita de la Marina la reforma del plan de estudios y programas de las escuelas primarias, censurandose gran cantidad de autores e imponiendo obligatoriamente una visión historiográfica de linea mitrista-liberal. Se suprimió la libertad de cátedra y los concursos docentes. Designándose profesores según su grado de apego al régimen de la libertadora.​Al mismo tiempo fueron obligatorios el aprendizaje de textos y panfletos diseñados por el ministerio de educación de tono propagandista que exaltaban los logros de la "revolución", a la figura de Aramburu, comparándola con Sarmiento y la de su esposa Sara Lucía Herrera fomentando un culto hacia sus personas.​

Ya durante el régimen de Aramburu se cerraría el cerco contra la autonomía universitaria, se prohibiría laparticipación estudiantil en los consejos, reduciría el presupuesto educativo y promovería laintroducción de exámenes de ingreso en diversas facultades. A partir de la toma del poder de Aramburu se iniciaría la sistemática eliminación de las universidades ya no sólo de peronistas, sino además, de los sectores católicos, nacionalistas y de la izquierda comunista.​

Se dictaron desde un primer momento una serie de disposiciones tendientes a eliminar todas aquellas referencias que de forma gráfica, escrita u oral hicieran mención al gobierno peronista. Como parte de la campaña de "desperonización de la sociedad" se encargo de aplicar el decreto 4161 que prohibía los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención referida a la ideología peronista. Se establecía una pena de prisión de treinta días a seis años para los infractores. Adicionalmente las personas culpables debían pagar una multa y quedaban inhabilitadas para desempeñar cargos públicos, sindicales o en partidos políticos. Si se trataba de una empresa comercial, en la primera ocasión era clausurada quince días y si infringía el decreto por segunda vez era clausurada permanentemente, por lo que se dejaron sin efecto los nombres alusivos al peronismo o a fechas relacionadas a ese movimiento.

Aramburu le ordenaría al coronel Héctor Cabanillas, jefe del servicio de inteligencia militar, el robo del cuerpo de Evita y su traslado al extranjero. Se entregó a la Armada una colonia de vacaciones para niños de la Fundación Eva perón, abandonándose la construcción de hoteles de turismo social, todo ello en villa del Dique (Córdoba) como el que se planificara como gran hospital pediátrico. Se clausuraron las 208 proveedurías que dependían de la Fundación –concebidas para combatir el agio y la especulación- permitiendo que se pudrieran los alimentos perecederos. Fueron destruidos libros, documentos oficiales, pulmotores y medicamentos por tener escrito el nombre de la Fundación; el Hospital Obrero de Nueva Pompeya entregado a la Aeronáutica. ​

Se llegó al extremo de castigar a deportistas: cualquier figura del deporte relacionada o sospechada de haber brindado su apoyo a Perón, o de haber recibido favores de éste, pagaba con la exclusión social. Tal situación afectó a un centenar de atletas, como el remero olímpico Eduardo Guerrero, los campeones mundiales de básquet de 1950, el campeón sudamericano de bochas Roque Juárez, el maratonista Delfo Cabrera y hasta los corredores Walter Lemos y Osvaldo Suárez, que por consecuencia de la suspensión no pudo competir en la Maratón de Melbourne 1956.​

En materia universitaria se expulsaron a profesores simpatizantes del peronismo de las escuelas y universidades. La persecución motivó a muchos profesores a exiliarse. En los meses siguientes cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país. ​​

Se 1955 intervienen todas las universidades, se proyecta retornar a la autonomía universitaria respecto del gobierno con cogobierno estudiantil e independencia en la administración de los recursos y el nombramiento de los profesores, dando impulso modernizador.​ Es demolido el Palacio Unzué, casona que había pertenecido a la familia Unzué, en 1958 definió que el Palacio Unzué debería ser demolido. En cuanto a las comisiones investigadoras, María Estela Spinelli (2005) las considera parte del proyecto pedagógico de la desperonización buscando la estigmatización del peronismo y de su gobierno.

Fueron intervenidos la mayoría de los municipios territoriales comisarías y subcomisarías. Los jueces de paz fueron reemplazados en todo el país y una minoría fue reconfirmada en el cargo.Seintervinieron varios organismos –mayoritariamente establecimientos escolares, hospitales y delegaciones del ministerio de Trabajo y Salud- o disueltos.

Asimismo, se dicto una proclama militar que causaría la cesantía de cientos de docentes: "Declárase absolutamente incompatible, bajo pena de exoneración, el desempeño de cualquier función o empleo público, inclusive el docente, o las tareas de cualquier clase originadas en nombramiento de Comisiones Investigadoras o Intervenciones decretadas por el Gobierno Revolucionario, con la intervención o participación, por sí o por interpósita persona, en el asesoramiento, defensa, patrocinio o representación de personas y/o sociedades o asociaciones interdictas o sometidas a responsabilidad penal, civil y/o administrativa por delitos o irregularidades investigadas durante el gobierno de la RevoluciónLibertadora".

En octubre de 1955 se interviene el Instituto Tecnológico del Sur, que al año siguiente será renombrado Universidad Nacional del Sur (UNS) en la sureña ciudad bonaerense de Bahía Blanca, produciendo decena de cesantías de profesores y académicos, entre ellos Santiago Bergé Vila y Antonio Tridenti, pertenecientes al grupo de profesionales fundadores del Instituto.​ Benito Franchini y el doctor Solana, que se desempeñaba como vicerrector del ITS en 1954. También figuraron en esta nómina de cesanteados el ingeniero Antonio Siri, los doctores Romero Krause y Graziani, el doctor Remus Tetu, los profesores dr. Marcelo Galar, los ingenieros Alejandro Clara, David Craig, N. Cardona, Eloy Varela, Jorge Reyes, Manuel Muradás-docente de origen rumano se desempeñaba en la Escuela de Ciencias Económicas. Algunos de las decenas de profesores e investigadores cesanteados, como Antonio Tridenti, Remus Tetu y Arnaldo Cañueto, se incorporarían al comité Acción Pro Revisionismo Universitario de Bahía Blanca, con el fin de luchar por la derogación la legislación universitaria sancionada por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu.​ Se desencadenó una protesta estudiantil contra el decreto 6403/55 que imponía controles ideológicos a los profesores y un control represivo sobre la actividad estudiantil.​

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que gozaba de autarquía fue intervenida, designándose al coronel Arturo Bullrich como interventor por el nuevo gobierno de facto.​ también fue intervenida la Asociación Argentina de Tenis, por el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu que exigió que se excluyera varios tenistas, entre ellos a María Terán de Weiss del circuito internacional, con la firma de Enrique Morea, exigencia que fue rechazada por la Asociación Internacional de Tenis, debido a "su evidente intencionalidad de persecución política contra Weiss". También fue intervenido el Comité Olímpico Argentino que a pesar de ser una entidad civil, autárquica, desvinculada por normas estatutarias de todo tipo de influencia económica, política, religiosa y racial fue intervenido.En el plano social se caracterizó por un fuerte conservadurismo, la censura y la represión. El libro Los desnudos y los muertos, novela de Norman Mailer, editada en los años previos a 1955 por editorial Sur, con una temática que alude al sexo, había sido secuestrada por la policía, incluso la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires secuestra con sus camiones los cuatro mil ejemplares de la edición. El orden dogmático se impone, prohíben la circulación del libro en el ámbito de la capital. Desde el ángulo social, otros hechos se suman a lo ya expuesto. En octubre de 1956, comisarios de distintas seccionales de la ciudad de Buenos Aires y de los partidos provinciales aledaños, emprenden razzias en sitios de reunión y en la vía pública y detienen a los "petiteros" (palabra que alude a cierta modalidad en el vestir), y en general a todos aquellos que usan el pelo largo.​

Respecto al tango y folklore, la autoproclamada Revolución Libertadora, como más tarde haría el autodenominado Proceso va a establecer una política sistemática de opresión, manipulación, apropiación y aniquilación de las expresiones populares.​

El gobierno militar implementó una política de desfinanciamiento y postergación de la Universidad Obrera Nacional (UON), creada durante el gobierno de Perón, con la evidente intención de organizarla como instituto de formación no universitario. Los estudiantes de la UON se organizaron para reclamar la misma organización y reconocimiento que las demás universidades, y comenzaron a denominarla Universidad Tecnológica Nacional, denominación que finalmente fue adoptada de manera oficial, cuando la misma fue reconocida y organizada como universidad en 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi.​El decreto incluyo también la cesantía de profesores universitarios, médicos y la elaboración de listas negras de artistas peronistas, a los cuáles se les negó créditos y censuró a través de diversos organismos y se los inscribió en listas negras, negandoles cualquier tipo de ayuda económica y prohibiéndoles participar de muestras artísticas.​

Producido el Golpe de Estado de 1955, el dictador Eduardo Lonardi emitió un bando donde Isidro Odena, fue nombrado Director Nacional de Radiodifusión. Pocos días después del derrocamiento del gobierno peronista varias escuelas fueron intervenidas, los estudiantes comenzaron a movilizarse, ocuparon establecimientos. Tanto en las escuelas dependientes del nivel nacional como en aquellas que estaban a cargo de la provincia de Buenos Aires, los ministros de Educación establecieron que las clases terminarían antes de tiempo, el 11 de noviembre. En un contexto igualmente conflictivo, se inició el período lectivo siguiente,20 con el agravante de que la epidemia de poliomielitis lo retrasó en las instituciones de educación primaria hasta mediados de mayo. ​Se procedió a una masiva censura de los libros de lectura y enseñanza Asimismo, cada una de las recien creadas Inspecciones de Enseñanza de los distritos de la provincia se abocaron a elegir los textos de lectura y depuraron de los textos vigentes.​fueron acompañadas, en este contexto, de medidas orientadas al desplazamiento de docentes que pudieran ser identificados con el peronismo o el comunismo a través del decreto nº 2035 serie A del 28 de diciembre, a partir del cual, la Subsecretaría de Educación reglamentaba criterios de despido docentes.

Se cortan los créditos y el cine argentino enfrenta su peor época: se suspende por completo la producción y durante dos años no se estrenará ningún film argentino. El cine estuvo signado por una paralización de la producción cinematográfica, la suspensión de los créditos y la persecución de los hombres y mujeres de la industria cinematográfica que padecían la inclusión en listas negras, especialmente los ligados al peronismo o la izquierda.​se elaboraron películas panfletarias​ En 1955 Lucas y Atilio Mentasti, propietarios de Argentina Sono Film, fueron arrestados.​se elaboran películas propagandísticas como Después del Silencio​o el mito, con el objetivo de intentar desacreditar al peronismo.​

Se adoptaron medidas económicas a favor del catolicismo en las escuelas, que comenzaron con el restablecimiento de subsidios a colegios religiosos el 19 de febrero de 1956, el 22 de mayo de 1957 se firma el decreto por el cual se otorgaba a la educación privada subsidios.Estado e iglesia católica atendía también, la construcción de fundamentos políticos y pedagógicos sobre las modificaciones realizadas y por realizar en el curriculum oficial y especialmente en lo vinculado a la inclusión de la religión en la escuela pública. El 9 de junio el Consejo de Educación obliga a incluir en el horario de clases la enseñanza de la religión católica. Esta materia hacia finales de 1956 sería incorporada al curriculum oficial en carácter de materia de promoción obligatoria para los alumnos. ​

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A partir de 1957, con la nueva reglamentación de la radiodifusión, el medio entró en un terreno complejo. La censura y el cuidado de los contenidos en los programas se convirtieron en una práctica frecuente.​Durante la misma, dictadura de 1955 a 1958, figuras identificadas con el depuesto gobierno de Perón fueron prohibidas: Hugo del Carril, Alberto Castillo, Tita Merello, Nelly Omar, Luis Elías Sojit, Américo Barrios, entre otras.​ Asimismo se dictaron nuevas reglamentaciones con las que el medio entró en un terreno complejo, donde la censura y el cuidado de los contenidos en los programas se convirtieron en una práctica frecuente.​Muchos tangueros peronistas, como Hugo del Carril, Nelly Omar, Héctor Mauré, Anita Palmero, Chola Luna, entre otros, fueron perseguidos por sus ideas y prácticamente nunca más volvieron a trabajar. Tormo, llamado «el cantor de los cabecitas negras» y reconocido como el «inventor del folklore de masas», sería prohibido por la dictadura.

Ante la censura oficial del régimen fueron creados períodicos clandestinos de breve duración ya que muchos fueron censurados y sus editores y periodistas encarcelados, entre ellos El Descamisado, dirigido por Malfredo Sawady; y La Argentina, dirigida por Nora Lagos, cDoctrina, dirigida por José Rubén García Martín, El Fedrealista, dirigido por José Antonio Guemes.Luego se incorporarían durante los siguientes años Tres Banderas y Compañeros, ambos dirigidos por J. Bernado Iturraspe; Bandera Popular, Palabra Argentina, dirigido por Alejandro Olmos; Palabra Prohibida, dirigido por Luis A. Sobrino Aranda; Rebeldía, dirigido por Manuel E. Bustos Nuñez; Línea Dura, dirigido por María Granata; etc.​

Durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu combinando un gran despliegue de su aparato de propaganda, la Marcha de la libertad, himno de las fuerzas golpistas de septiembre de 1955 fue impuesta obligatoriamente dentro de las escuelas.​

El gobierno militar desmanteló el CONITYC​ que había congregado a importantes científicos, como el físico José Balseiro, Enrique Gaviola, el ingeniero nuclear Otto Gamba, los cuales debieron exiliarse o trabajar de forma privada, y se lo renombró como Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), designando a su frente al Premio Nobel Bernardo Houssay.​

La Iglesia Católica, frente a la caída de su principal defensor, el general Lonardi, recibió finalmente como prebenda el decreto 6403, que en su artículo 28 permitía la creación de universidades privadas, el estudiantado protestaba en las escuelas secundarias y en las universidades extendiendo sus huelgas y movilizaciones a todo el país. Lo que llevó a la renuncia del ministro Dell’Oro Maini, que estaba en Perú, también renunciaron el subsecretario de Educación, Belisario Moreno Hueyo, y varios interventores en las universidades. El gobierno aceptó las renuncias y le dejó al próximo gobierno la reglamentación y aplicación del polémico decreto. ​

También se incluyó la degradación de oficiales y suboficiales de las tres armas que habían actuado en defensa del gobierno constitucional derrocado, fueran o no peronistas, la puesta en disponibilidad del personal docente y administrativo de los distintos niveles educativos y clausulas discriminatorias para acceder a cargos o concursos, cesantías en reparticionesde salud pública, en la justicia y en otras dependencias estatales. ​

El 9 de noviembre de 1956 se crea la "Junta de Defensa de la Democracia", un organismo destinado a perseguir a los comunistas, cuyo director fue Luis María Bullrich, el ente gubernamental tendría como tarea de calificar las publicaciones culturales, económicas, sociales o políticas en la misma forma que se hará con las organizaciones. Durante ese mes continuo el traslado de presos políticos comunistas desde la Penitenciaría Nacional y la cárcel de Olmos al buque París. Entre otros fue arrestado el famoso Osvaldo Pugliese, quién compartió celda Rodolfo y Orestes Ghioldi, dirigentes de larga data del Partido Comunista, y curiosamente hermanos de Américo Ghioldi uno de los civiles que apoyaban la dictadura.​También fue detenido por el régimen militar el reconocido poeta chileno Pablo Neruda que se encontraba de paso en Buenos Aires y trasladado a la penal de Las Heras donde sufrió vejaciones.​

Se creo el Fondo Nacional de las Artes dirigido por Victoria Ocampo, en 1957 se decretó la "Ley del Cine" y se creó el Instituto Nacional de Cinematografía (INC).​Jorge Luis Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional.

Aspectos sociales

Las cárceles fueron utilizadas para neutralizar la militancia disidente y silenciar las críticas al gobierno cívico-militar que tomó el poder. Hombres y mujeres declarados (o señalados como) peronistas, fueron encarcelados y mantenidos en reclusión por diversos periodos de tiempo y sometidos a todo tipo de vejaciones y torturas.​

El régimen mostró una apreciable dosis de antisemitismo, produciendo manifestaciones de antisemitismo de algunos integrantes del gabinete. El régimen presentaba, en general, un discurso antisemita, católico, anticomunista, y antiperonista. Respecto a los derechos de las mujeres se derogó la posibilidad del divorcio y la patria potestad compartida que había sido establecida en mediante la reforma constitucional de 1949.

Sancionó la Ley de Radiodifusión de 1957 de fuerte contenido conservador: “abstenerse de los programas que exalten la disolución de la familia, el desvío sexual o el erotismo, como también de la inclusión de alusiones o disquisiciones que exalten formas de vida reñidas con las normas sociales, políticas y éticas de nuestro país”.​

En 1957 deroga la Ley 14.394 ley del divorcio vincular y patria potestad compartida, por vía del decreto 4070 en noviembre de 1955.

En 1958 comienza, gracias a un decreto de la dictadura llamada Revolución Libertadora, a permitirse el 'arresto para identificar'. Era la Policía la que dictaba sentencia (el jefe podía imponer hasta 30 días de arresto) y en los hechos no había defensa alguna. Por año, en Capital iban presos por edictos entre 110.000 y 170.000 personas.​

Relaciones exteriores

Respecto a las relaciones exteriores se produjeron varias controversias, en 1957 agentes del régimen militar presidido por Pedro Eugenio Aramburu colocan un artefacto explosivo en el automóvil asignado a Juan Domingo Perón que se hallaba exiliado en Caracas​ al estallar un vehículo de su propiedad en la esquina de Venus, en Caracas muriendo tres ciudadanos venezolanos. El gobierno venezolano procedió a llamar al Embajador de Venezuela en Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela declaró persona no grata al embajador argentino Toranzo Montero, responsable del atentado. El comunicado emitido por el Ministerio explicaba que lo efectuaba por “existir fundados indicios de que en la sede de la Representación Diplomática de la República Argentina se ha venido fraguando sucesivos atentados contra la vida de refugiados políticos que en nuestro país, se acogen al derecho de asilo territorial”. A los pocos días agentes argentinos perpetran un nuevo atentado en Caracas que terminó con la muerte de cinco venezolanos en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Pérez Jiménez acusó la injerencia extranjera y rompió relaciones con Argentina.​

En Panamá un comando argentino fue enviado al Hotel Washington con el objetivo de matar a Perón. La guardia nacional panameña pone hombres para custodiar a Perón. La guardia nacional panameña descubre intentos para asesinar a Perón, pero fueron frustrados y deportados los mercenarios, lo que originó una grave crisis diplomática con Argentina.​

Durante su gestión también se produce el asalto argentino a la embajada de Haití. En 1956, en la madrugada del jueves 14 una veintena de hombres fuertemente armados comandados por el general Domingo Quaranta, jefe del Servicio de Informaciones del Estado (SIDE) penetra violentamente en la sede diplomática haitiana, sacando por la fuerza a siete asilados políticos. Estos son obligados a ubicarse a lo largo de la verja exterior de la embajada. El grupo asaltante se posiciona frente a ellos preparando sus armas con la intención es fusilarlos allí mismo. Pero se presenta Therese Brierre, esposa del embajador. El general Quaranta, mano derecha del dictador Pedro Eugenio Aramburu la aparta bruscamente “-callate negra hija de puta”. Ante el escándalo un grupo de vecinos se acerca. La señora Brierre por vía telefónica denuncia inmediatamente el hecho a las agencias internacionales de noticias y se comunica con el ministerio de asuntos exteriores haitiano solicitando su intervención, logrando salvar a los asilados que iban a ser fusilados.​Lejos de ser sancionado, el general Quaranta fue premiado meses después por los jefes de la ahora «revolución fusiladora» con la jefatura de la Secretaría de Informaciones del Estado, la SIDE.

En 1958 el régimen de Aramburu financió, entrenó y apoyó la invasión al Paraguay desde territorio argentino de un comando militar que atacó el 1 de abril la localidad de Coronel Bogado, causando la muerte de un número nunca determinado de ciudadanos paraguayos, con el fin de anular la influencia brasileña en la dictadura del general Alfredo Stroessner. Paraguay denunció la agresión argentina ante la Organización de Estados Americanos y la crisis llevó a que Argentina y Brasil quedaran al borde de la guerra.​​

En 1956 llegó a Venezuela un individuo llamado Lluvisa Nicodevieth, procedente del Estado Libre de Tánger contratado por el Secretario de la Embajada Argentina en Venezuela, A Rottjer quién lo había contratado por intermedio de una organización delictiva, para ejecutar un a Perón en Venezuela.

Durante la noche del 22 de noviembre de 1955, por órdenes directas del dictador Pedro Eugenio Aramburu, un comando de marinos al mando del teniente coronel Carlos de Moori Koenig entró por la fuerza en el edificio de la CGT, derribó el busto de Evita que se encontraba en el primer piso y con armas forzaron la puerta de la capilla del segundo piso. Allí quemaron las banderas argentinas dispuestas sobre el cadáver de Eva Duarte y orinaron sobre el mismo.​ El relato del exmayor Jorge Dansey Gazcón difiere, ya que asegura que fue él quién lo trasladó.​ Desde ese momento se estableció un itinerario macabro y perverso.​ Aramburu destituyó a Moori Koenig y le encomendó al coronel Héctor Cabanillas sepultarlo clandestinamente. ​El 23 de abril de 1957 el cadáver fue trasladado en secreto en el barco Conte Biancamano a Génova (Italia) en un ataúd que se explicaba pertenecía a una mujer llamada María Maggi de Magistris y fue enterrado bajo ese nombre en Milán.​

El gobierno del general Lonardi tuvo una vida efímera y su gestión con respecto a la URSS no alcanzó a delinearse. Con el arribo, en noviembre de 1955, del dictador Pedro Eugenio Aramburu comenzó a precisarse la política hacia Moscú, con una base ideológica netamente anticomunista, durante el lapso de la dictadura las relaciones comerciales y diplomáticas argentino-soviéticas volvieron a entrar en un impasse, con una caída de los montos del intercambio a pesar de no anularse el convenio vigente con la URSS, siendo el año1956 el de mayor deterioro que comenzó a manifestarse en el comercio pero se extendió a los vínculos diplomáticos y políticos.​También fueron deterioradas las relaciones con todos los países del bloque oriental.​

Con Paraguay la relación se hizo tensa por la permanencia de Perón en ese país. Con Bolivia la situación amenazaba con repetirse. En Chile se denunciaron los contactos entre el gobierno de Ibáñez y el de Perón. El empeoramiento de las relaciones con todos los países vecinos menos Uruguay quedó demostrado por la publicación en 1957 de un nuevo libro del chileno Alejandro Magnet –Nuestros vecinos argentinos- en el que denunciaba nuevamente el expansionismo argentino.

Paralelamente el régimen de Aramburu indultó a nazis que se hallaban prófugos en Argentina, mediante los decretos 10.213/1956 y 13.689/1956 que indultaba a los criminales de guerra nazis Hans Harmeyer y Wolf Franczok.​

Etapa final

El 30 de noviembre de 1956, el ministro de Aeronáutica, comodoro Julio César Krause, le envió a Aramburu el siguiente informe confidencial que describía la situación económica del país, producto de un trabajo intenso de sus asesores, del Servicio de Informaciones de la Aeronáutica y de la consulta a técnicos de diferentes tendencias. En éste informe ponía en conocimiento de Aramburu sus comprobaciones acerca de como se estaban cumpliendo los objetivos del movimiento revolucionario que los había puesto en el poder: En lo referente a los hechos económicos afirmaba:

• Aumento del costo de la vida
• Disminución de nuestras exportaciones
• Disminución del precio internacional de nuestros productos
• Disminución de nuestras reservas de oro
• Disminución de las ventas del comercio minorista
• Disminución del área sembrada de nuestros cereales
• Baja de los valores de la Bolsa
• Continua de la evasión de divisas;
• Reducción de nuestro comercio exterior con los países limítrofes
• Carencia de apoyo y obstáculos al desarrollo industrial
• Desplazamiento de renta nacional a otros sectores en perjuicio de la industria
• Aumento general de todos los productos importados; y el aumento de fletes y pasajes al exterior.

Al mismo tiempo el informe confidencial argumentaba que la causa de ello eran:

• Que la política económica se ha orientado decididamente para beneficio de un

sector en perjuicio del interés general de la familia argentina;

• Que por la misma causa se han beneficiado mercados extranjeros;
• Que tal orientación económica se asegura mediante la designación de

funcionarios vinculados a los intereses del sector mencionado;

• Que la ponderación de conceptosdoctrinarios tales como: libertad de empresa, supresión del dirigismo, etc, podrían tener como objeto

afirmar esta política económica provechosa para el mismo sector;

• Que los propiciadores del Gobierno Provisional son movidos por el mismo interés de aumentar el tiempo en beneficio propio o de asegurar esta orientación de la economía;
• Que lapolítica económica apreciada conducirá a la lucha de clases y por ende a la violencia, y a una nueva

intervención de las Fuerzas Armadas en la vida cívica de la Nación.​

El 13 de junio de 1957 se destapa uno de los casos más sonados de corrupción del régimen aramburista, cuando apareció muerto en su estudio de la calle San Martín 536, el doctor Marcos Satanowsky. El asesinato fue cometido por un grupo de tareas dirigido por el general Quaranta, que había participado por órdenes directas de Aramburu en los fusilamientos de José León Suárez y del asalto a la embajada de Haití. El crimen estaba vinculado con la tenencia de las acciones del diario La Razón, que estaba intervenido por la «Libertadora». Peralta Ramos había recibido presiones y extorsiones para que entregara el diario a la dictadura de Aramburu.​Según el escritor Rodolfo Walsh, el caso Satanowsky reveló la profunda corrupción de un régimen que intentaba resolver mediante un grupo parapolicial ―armado por la SIDE― la propiedad del diario La Razón.

En 1958 estalla el caso Busso, relacionado con una denuncia contra Eduardo Busso, mano derecha del dictador Aramburu y Ministro del Interior. El caso se vinculaba al juicio de divorcio de los esposos Alejandro Vlasov y Emilia Cavure en el cual el estudio jurídico que tenían el ministro y el subsecretario de justicia López Olaciregui defendía al marido en tanto Acuña patrocinaba a la esposa. Acuña afirmaba que los dos funcionarios, quienes además eran directores y accionistas de la firma Vlasov, habían influido para que se nombrara a Luis María Bunge Campos como nuevo juez a cargo de ese juicio, en el cual había importantes intereses económicos en juego. Busso renunció al cargo el 28 de abril de 1956.

A comienzos de 1957 se produce el Asesinato de Miguel Modesto Figueredo, de 14 años,debido a una violenta represión policial contra los huelguistas ferroviarios de Tafí Viejo (Tucumán).

En enero de 1957 se declara una huelga de recolectores y barrenderos que tapó de basura la Capital Federal. El 23 de mayo de 1956 se desato en la capital argentina un paro de transporte que provocó inconvenientes variados, Aramburu dispuso una medida que se convertiría en una modalidad dispuso la movilización militar del personal del transporte que quedaba sometido al Código de Justicia Militar. El 23 de enero de 1957 los trabajadores de los talleres de la Línea General Roca iniciaron un trabajo a desgano que en los días posteriores se extendió a otros sectores del mismo ramal.En las primeras horas del 6 de febrero de 1957 fuerzas de la Marina ocuparon la Estación de Retiro con tanques un dispositivo similar se desarrolló en la Estación de Constitución. En abril de ese año estalló un conflicto en los talleres de Tafí Viejo en Tucumán, a raíz de lo cual tropas del Ejército son enviadas a la ciudad. Los trabajadores fueron sometidos al Código de Justicia Militar que establecía 4 años de prisión a quienes no se presentaran a trabajar. Se anuncia que aquellos detenidos por el paro serían trasladados a unidades militares donde recibirían disciplinamiento militar, y se les limitaría las visitas sin posibilidad de recibir abogados o defensores, resultando en decenas de detenidos torturados.

Entretanto, los radicales estaban inmersos en feroces luchas internas por acceder, después de casi treinta años, a los cargos ejecutivos del país. El candidato tempranamente designado era Frondizi, visto con muy malos ojos por el dictador Aramburu, que decidió apostar a la división del radicalismo y apoyar decididamente al sector de Balbín: se hizo entregó a los balbinistas todas las intendencias de la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país, el Interventor de facto de la Provincia de Buenos Aires, Coronel Bonecarrere, pidió la renuncia a todos sus Interventores Municipales, para darle el control de las mismas a los radicales balbinistas. Las maniobras encaminadas por la mano derecha de Aramburu, el capitán de fragata y jefe de la Casa Militar, Francisco Manrique, dieron sus frutos y para marzo ya existían la balbinista y oficialista UCR del Pueblo, y la frondicista UCR Intransigente. En ese contexto se anunció que el 23 de febrero de 1958, se producirían elecciones generales. Pocos días después creaba la Junta de Defensa de la Democracia, un organismo destinado a perseguir a los comunistas. Se designó para presidirlo al militante católico Luis María Bullrich, quien estaría acompañado por Andrés Bacigalupo Rosende, Juan Carlos Cruz, Reynaldo Pastor y Adolfo Sánchez Zinny como vocales. Los perseguidos fueron los partidos y organizaciones izquierdistas, incluso cancelándose la personería de los partidos Comunista, Obrero Revolucionario, Cívico, Obrero Revolucionario Trotskista y Unión Cívica Radical Junta Renovadora. De estos solo el Partido Comunista pudo presentarse a elecciones.​

Ante el aumento de protestas y movilizaciones, finalmente, se ve obligado Aramburu a convocar a elecciones, con algunos partidos proscriptos, realizadas el 23 de febrero de 1958 siendo electo presidente Arturo Frondizi con los votos del peronismo, a quien se vió obligado a entrarle el poder el 1 de mayo.

El fin del régimen dejaba un país fracturado políticamente, con graves problemas económicos y una miseria que se agudizaba cada día y que para 1958 arrojaba la cifra de cinco lactantes muertos cada hora por desnutrición o por enfermedades vinculadas a la pobreza.​

La Revolución Libertadora y la oposición peronismo-antiperonismo

Esta etapa ha sido materia de encendido debates sobre su justificación, en el marco de la oposición entre peronismo y antiperonismo.​

Algunos no peronistas y los antiperonistas calificando como autoritario el proceder del gobierno, algunas medidas sobre los medios de comunicación y algunas acciones represivas. La dictadura también fue criticada por su autoritarismo y por pretender perpetuarse en el poder, ​​y por implantar el terrorismo de Estado, el fusilamiento de civiles y militares, entre otras.​

Durante años funcionó en el Círculo Naval la Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora, integrada por Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Adolfo Miguel Donda – presos en Marcos Paz, Edgardo Campiantico y los capitanes de navío Gustavo Ottogalli y Ricardo Horacio Aumann, Vicente Massot​ el historiador Isidoro Ruiz Moreno; Horacio García Belsunce, Rafael Sarmiento, Alberto Rodríguez Varela;Arturo Ossorio Arana y Guillermo de la Plaza, entre otros.​También ha sido reivindicada por Félix Luna quién entre 1956 y 1958, durante la dictadura de Pedro Aramburu, dirigió la obra social del Ministerio de Trabajo. A la ruta nacional 9, se le había impuesto el nombre de Pedro Eugenio Aramburu en 1979, durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.​

Desde la instalación definitiva de la democracia el 10 de diciembre de 1983. Los gobiernos democráticos han tendido a no reconocer legitimidad histórica a ninguno de los gobiernos militares, incluida la Revolución Libertadora, y se han abstenido de utilizar los nombres de sus gobernantes de facto para designar calles, edificios, plazas y otros espacios públicos, así como realizar actos de conmemoración de los golpes, a la vez que se han aprobado iniciativas para cambiar nombres de espacios públicos que llevaban sus nombres.​ En sentido contrario, los nombres de funcionarios del gobierno peronista derrocado en 1955, incluido el del presidente Juan D. Perón, han sido aplicados a diversos ámbitos públicos.​

A fines de 2017, durante el gobierno de Maurició Macri causó controversia la inclusión de homenajes a dictadores argentinos; entre otros fueron incorporados objetos del dictador Pedro Eugenio Aramburu, que fue calificado como "Presidente" y se incluyó una vitrina especial objetos suyos, sin que se mencione en ningún lugar de qué manera llegó al poder y calificando el golpe de Estado de 1955 contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón como "exitoso". También se incluyeron imágenes homenaje a los dictadores Fortunato Galtieri, Jorge Rafael Videla y Roberto Viola, todos ellos calificados en la muestra como "Presidentes" omitiéndose la palabra dictador, y omitiéndose además la mención a las violaciones a los derechos humanos durante sus régimenes. Estos homenajes fueron calificados por Jorge Gils, guionista fundacional del Museo del Bicentenario como una muestra del intento del actual oficialismo de reescribir la historia de acuerdo a sus ideas.​

Homenajes y resarcimiento a víctimas de la dictadura

En marzo de 1999 el presidente Carlos Menem firmó el proyecto de indemnización para resarcir económicamente a los descendientes de las 31 personas fusiladas el 9 de junio de 1956.​ El 2012 se promulgó ley que equipara los derechos a percibir resarcimientos por parte del Estado a las víctimas de la última dictadura con las que padecieron los bombardeos a Plaza de Mayo y el golpe de Estado de 1955, que derrocó a Juan Domingo Perón de su segunda presidencia. ​

En 2005 el ejército argentino recordó a los caídos en junio de 1956 por oponerse a la Revolución Libertadora, expresando:"Ratificamos nuestra firme decisión de que nunca más las armas de la patria serán empuñadas en luchas fratricidas, ni se convertirán en instrumentos al servicio de la intolerancia y de la opresión".​En 2005, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, aprobó una resolución declarando que la autopista de la Ruta Nacional Nº 9 que une las ciudades de Rosario y San Nicolás. debía ser renombrada como Juan José Valle, en memoria del militar peronista fusilado por la Revolución Libertadora.​ Poco después, ese mismo año, hicieron lo mismo los concejos deliberantes de las ciudades de San Nicolás y Villa Constitución.​

En 2006, el senador justicialista y ex gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann y la senadora Roxana Latorre, presentaron un proyecto de ley para dar a la Ruta 9 el nombre de Juan José Valle en toda su extensión, obteniendo la media sanción de la cámara el 11 de abril de 2007; pasado a la Cámara de Diputados, fue aprobado por unanimidad en comisión el 10 de junio de 2008.​

En 2008 se inauguró también, frente a la Casa Rosada, un monumento en memoria de las víctimas del Bombardeo de Plaza de mayo de 1955.​

Los fusilamientos y secuestro de Aramburu

A partir del golpe de 1955 se popularizó el término "gorila", para denominar a los civiles y militares antiperonistas. El término fue tomado de un sketch cómico del humorista Aldo Cammarota que no tenía connotaciones políticas. Inicialmente tuvo un sentido elogioso de los militares y civiles que conspiraban para derrocar a Perón. Con el paso del tiempo, el término adoptó un sentido peyorativo. Desde entonces, la población comenzó a utilizar esa misma expresión para referirse a los movimiento de las tropas.​​En 2005 el Jefe del Ejército argentino expresó que la sentencia fatal contra Valle fue parte de un dispositivo desesperado por silenciar el disenso y la historia, que se expresó también en la proscripción del peronismo, el acoso al movimiento obrero, el robo del cadáver de Eva Perón y la censura.​

En 1970 el general Pedro Eugenio Aramburu fue secuestrado por Montoneros y sometido a un «juicio revolucionario» donde se le imputaron «108 cargos de traidor a la patria y de asesino de 27 argentinos», refiriéndose a los fusilamientos de José León Suaréz, siendo ejecutado el 1 de junio de ese año.​ Algunos historiadores han afirmado que las causas fueron más complejas, y estaban relacionadas al gobierno militar de Juan Carlos Onganía, frente al cual el general Aramburu estaba organizando una oposición que llevara a una salida electoral.​​​​

Véase también

• Antiperonismo
• Bombardeo de Plaza de Mayo
• Decreto Ley 4161 de 1956
• Fusilamientos de José León Suárez
• Golpes de Estado en Argentina
• Juan Domingo Perón
• Levantamiento de Valle

Bibliografía

• Rojas, Isaac F. (1993). Memorias del almirante Isaac F. Rojas: conversaciones con Jorge González Crespo. Planeta Argentina. ISBN 9507423508. 

• Bonifacio del Carril, Crónica Interna de la Revolución Libertadora.
• Florencio José Arnaudo, El año en que quemaron las Iglesias, editorial Pleamar.
• Franklin Lucero, El Precio de la Lealtad - Injusticias sin precedentes en la tradición argentina. Editorial Propulsión.
• Horacio Verbitsky, Cristo Vence - La Iglesia en la Argentina, un siglo de historia política. Tomo I: De Roca a Perón.
• Isidoro Ruiz Moreno, La revolución del 55. Cuarta edición. Editorial Claridad. Buenos Aires, 2013, 800 páginas.
• Juan Domingo Perón, La Fuerza es el derecho de las Bestias, Montevideo, 1958.
• Omar Acha, Los muchachos peronistas - Orígenes olvidados de la Juventud Peronista 1945-1955. Buenos Aires, 2011, Editorial Planeta.
• Susana Bianchi, Catolicismo y Peronismo - Religión y política en la Argentina 1943-1955, Editorial Prometeo, 346 páginas.

Enlaces externos

• Golpe del ’55 - Estampidos de metralla en Ensenada
• La revolución fusiladora, video en Dailymotion
• La Revolución Libertadora en Internet
• El Ortiba - El golpe de Estado de 1955 - La Revolución Fusiladora