Violaciones de los derechos humanos del Régimen Militar (Chile)

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El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue creado para conmemorar las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet.

Las violaciones de los derechos humanos en Chile se refieren al conjunto de acciones de persecución de opositores, represión política y terrorismo de Estado, llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y de Orden, agentes del Estado y por civiles al servicio de los organismos de seguridad de la época, durante el Régimen Militar de Augusto Pinochet en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

De acuerdo a los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), la cifra de víctimas directas de violaciones de los Derechos Humanos en Chile, ascendería, al menos, a unas 35 000 personas, de los cuales unos 28 000 fueron torturados, 3197 muertas, de las cuales 2095 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente, y al menos 1.102 habrían desaparecido. Además, unas 200 000 personas habrían sufrido el exilio y un número no determinado (cientos de miles) habría pasado por centros clandestinos e ilegales de detención.

Contexto histórico[editar]

Buque Escuela Esmeralda, utilizado como centro de detención y torturas en 1973.

El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado al mando de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, terminó con el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. Unidades blindadas y de infantería del ejército atacaron el Palacio de La Moneda (sede de gobierno) y aviones de la Fuerza Aérea lo bombardearon. Allende se suicidó y no se rindió ante las tropas que ingresaron al Palacio en llamas.

Ministros de gobierno y colaboradores cercanos al Presidente fueron detenidos y llevados a centros ilegales de detención. Inmediatamente al Golpe de Estado se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional a partir de las 15 horas del 11 de septiembre de 1973. Se silenciaron las radios Portales, Magallanes y Corporación, y los diarios El Clarín, El Siglo, Puro Chile y otros fueron allanados y sus prensas destruidas. En las zonas rurales se detuvo a muchos dirigentes de la Reforma Agraria, muchos fueron ejecutados en el lugar de detención.

El 12 de septiembre, por medio del Bando Militar n° 5 las Fuerzas Armadas y de Orden declararon unilateralmente el Estado de Guerra interna en Chile. Se declaró ilegal y proscrito a los partidos Comunista, Socialista y las demás organizaciones de izquierda; los partidos Nacional, Democratacristiano y Radical fueron suspendidos cuando se disolvió el Congreso Nacional. También fue disuelto el Tribunal Constitucional, los registros electorales fueron quemados y se ordenó el cese de funciones de Alcaldes, Regidores y Rectores de las universidades públicas. Los militares llamaron a la población a denunciar a los líderes y adherentes de la Unidad Popular como «traidores a la Patria».

Se llamó a aquellos que tuvieran cargos y representatividades de grupos sociales a entregarse a las comisarías para regularizar su situación. Se detuvieron a miles de personas y fueron conducidas el Estadio Chile y luego al Nacional, a aquellas personas que fueron llamadas a viva voz y respondieron de entre la multitud fueron ejecutadas en el mismo lugar, como es el caso de Víctor Jara. Las poblaciones populares tales como La Legua, La Victoria y La Bandera fueron allanadas y sus pobladores detenidos en masa.

Miles de personas fueron detenidas a lo largo de todo el país durante los primeros días de la dictadura, sin importar clase social, género, ocupación, estado civil o edad. Según datos de Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a diciembre de 1973, por motivos políticos, habían sido detenidas cerca de 250.000 personas,[1] es decir, el 2,7% de la población chilena.

Ante la gran cantidad de denuncias y la inexistencia de instancias formales, en octubre de 1973 se crea el Comité de Cooperación para la Paz en Chile con la participación de las Iglesias Católica, Luterana, Ortodoxa, Evangélica y la Comunidad Israelita, para realizar una acción ecuménica de ayuda a las personas y familias afectadas.[2]

En junio de 1974 la Junta Militar crea la DINA, a cargo del teniente Coronel de ingenieros Manuel Contreras. El proyecto fue aprobado por la Comunidad de Inteligencia, con el voto en contra del Jefe de Inteligencia de Carabineros de la época, General Germán Segundo Campos Vásquez, quien desaprobó el proyecto porque creaba una entidad ajena a todo control institucional, a las órdenes y mando directo del General Augusto Pinochet.

Las violaciones de los derechos humanos como política de Estado[editar]

Las violaciones de los derechos humanos fueron una práctica sistemática durante la dictadura militar, la cual fue posible dada la concentración de distintos poderes del Estado en manos de la Junta Militar de Gobierno, la renuncia del poder judicial a algunas de sus funciones, a la creación de organismos represivos (DINA y CNI) y a la ausencia de libertad de prensa.[3] De acuerdo a la Comisión Valech:

... la prisión política y la tortura constituyeron una política de estado del Régimen Militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas. Y en esto contó con el apoyo, explícito algunas veces y casi siempre implícito, del único Poder del Estado que no fue parte integrante de ese régimen: la judicatura.

Síntesis del Informe Valech, pág. 12

Organismos represivos[editar]

DINA[editar]

La DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) fue la policía secreta durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet en Chile entre 1973 y 1977. Fue creada formalmente a través del Decreto Ley n.° 521, de junio de 1974, aunque ya funcionaba de facto desde fines de 1973. Dirigida por el teniente coronel Manuel Contreras, fue creada con el objetivo de reprimir, desarticular y eliminar elementos calificados como subversivos por el régimen, así como asesinar a figuras notables de la oposición a la dictadura en el exilio. La DINA fue responsable de la mayor parte de los casos de asesinatos, tortura, secuestro y desaparición forzada de personas realizados durante el régimen militar. Fue reemplazada en 1977 por la CNI (Central Nacional de Informaciones).

El Informe Hinchey señala que entre 1974 y 1977, la CIA mantuvo contacto regular pagado[4] con el entonces director de la DINA.[5] El gobierno de los Estados Unidos aprobó esta relación mercenaria con Contreras puesto que “dada su posición como jefe de la principal organización de inteligencia en Chile, era necesario para cumplir la misión de la CIA, a pesar de las preocupaciones de que esta relación pudiera exponer a la CIA a acusaciones de estar colaborando en la represión política interna”.

CNI[editar]

La CNI fue creada por el Decreto Ley n° 1.878 el 13 de agosto de 1977. Se creó luego de que su antecesora, la DINA, fuese disuelta en 1977 por múltiples conflictos internos de poder[6] A pesar de ser un organismo integrante de la Defensa Nacional, la CNI dependía directamente del Ministerio del Interior.

Fue responsable de numerosos casos de infiltración política, asesinatos, secuestro y tortura de personas, entre los que se destacan el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría Mundaca en 1982, y la Matanza de Corpus Christi en 1987. Se investiga su participación en el presunto envenenamiento que habría ocasionado la muerte del expresidente de la República Eduardo Frei Montalva en 1982. Fue disuelta en febrero de 1990, poco antes del retorno a la democracia.

Detenidos desaparecidos[editar]

Manifestación en el memorial de Detenidos Desaparecidos, en el Cementerio General de Santiago.
Carta desde prisión de Manuel Guerrero en 1976, detenido nuevamente años más tarde y degollado junto a José Manuel Parada y Santiago Nattino.

Desde el mismo día del golpe, las autoridades militares comenzaron una masiva detención de adherentes y autoridades del gobierno de la Unidad Popular. Algunos de estos detenidos fueron ejecutados, para luego hacer desparecer sus cuerpos. De acuerdo a la Comisión de Verdad y Reconciliación en Chile se practicaron dos mecanismos de desaparición forzada de personas:

"Una que prevaleció en los meses inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973. Las detenciones al parecer fueron practicadas, en distintos puntos del país, por diversas unidades de uniformados, a veces acompañados de civiles. En el fondo, consistieron en una ejecución sumaria o asesinato de la víctima, disponiéndose luego del cadáver (por lo común lanzándolo a un río o enterrándolo clandestinamente) todo ello seguido de negación de los hechos o de la entrega de versiones falsas. La desaparición en estos casos es más bien un modo de ocultar o encubrir los crímenes cometidos, antes que el resultado de acciones sujetas a una coordinación central que tuvieran por objeto eliminar a categorías predeterminadas de personas. La segunda forma de "desapariciones" fue practicada principalmente entre los años 1974 y 1977, siendo responsable principal, pero no única, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En el conjunto de esos casos sí ha podido convencerse la Comisión de que había detrás una voluntad de exterminio, dirigida sistemáticamente y por motivaciones políticas, en contra de ciertas categorías de personas".[7]

En la actualidad el número de Detenidos Desaparecidos se estima en 1.248 personas, cuyos restos aún no han sido localizados, 127 de los cuales tenían ciudadanía extranjera, 79 eran mapuches y 54 eran menores de edad al momento de la detención.

Comisiones Oficiales[editar]

Muertos y Detenidos Desaparecidos (Comisión Rettig)[editar]

Bajo el primero gobierno de la transición, liderado por Patricio Aylwin, fue convocada la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, para esclarecer el número de víctimas mortales de la dictadura, y el paradero de los detenidos desaparecidos. La Comisión, presidida por el abogado militante del Partido Radical, Raúl Rettig, y conocida por el apellido de este, evacuó el Informe Rettig en marzo de 1991. El día 4 del mismo mes, el presidente Aylwin se dirigió a la Nación, indicando que el balance final del periodo examinado (11 de septiembre de 1973 a 11 de marzo de 1990) "arroja 2279 víctimas, de las cuales 164 son consideradas por la Comisión ‘víctimas de la violencia política‘ y 2115 calificadas de ‘víctimas de violación a sus derechos humanos’[8] . De ellos, 1068 fueron calificados como "muertos por agentes del Estado o personas a su servicio", 957 como "detenidos por agentes del Estado y desaparecidos", y 90 como "muertos por atentados cometidos por particulares bajo pretextos políticos", esto es, uniformados que fueron muertos por particulares. Además, la comisión conoció otros 641 casos "respecto de los cuales no pudo formarse convicción y considera necesaria que se continúe investigando"[9] .

Más tarde, las cifras del primer Informe fueron corregidas[10] , estableciéndose que el total de víctimas fue de 2298 personas, de las cuales 168 habían sido producto de violencia política y 2130 producto de violaciones de Derechos Humanos atribuibles a la acción del Estado [11] . De estas 2.130 víctimas de violaciones a derechos humanos, 1.319 fueron clasificadas casos como "muertos" (ejecuciones extrajudiciales) y 979 como "desaparecidos" (desaparición forzada)[12] . Los casos respecto de los cuales la Comisión no pudo formarse convicción fueron 634[13] .

Por su parte, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley N° 19.123, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Rettig, fue mandatada para concluir el trabajo de dicha Comisión. De acuerdo a su informe evacuado en 1996, la Corporación investigó un total de 2188 denuncias de ejecución extrajudicial o desaparición forzada. De ellas, 988 provenían de la Comisión Rettig y 1200 nuevos casos. El resultado final fue que 899 nuevos casos fueron calificados como violaciones a los derechos humanos[14] . De estos 899 nuevos casos, 644 fueron calificadas como víctimas de violaciones a derechos humanos, y 255 como víctimas de violencia política, siendo 776 calificados como "muertos", y 123 como "desaparecidos"[15] .

De esta manera, al agregar las cifra final de la Comisión Rettig y las de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, el resultado es el siguiente [16] :

  • Ejecutados políticos: 2.095 (1.319 + 776)
  • Detenidos Desaparecidos: 1.102 (979 + 123)
  • TOTAL VÍCTIMAS: 3.197 personas

Víctimas de Prisión y Tortura[editar]

Por su parte, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) determinó en 2004 que de 34 690 víctimas de prisión política, 28 459 sufrieron torturas y apremios ilegítimos, de los cuales 1244 tenían menos de 18 años (fueron torturados 176 niños menores de 13 años), 3621 eran mujeres,[17] de las cuales alrededor de 3400 fueron abusadas y violadas por sus captores.

Víctimas[editar]

Entre las miles de víctimas de los derechos humanos en Chile, se encuentras varios Diputados, Senadores, Ministros de Estado, rectores de universidades, alcaldes y miembros de las Fuerzas Armadas.[18] [19] También se encuentran intendentes, funcionarios públicos, periodistas, profesores y académicos, sacerdotes, dirigentes sindicales, sociales y políticos, artistas, estudiantes, agricultores, dueñas de casa, profesionales, obreros, indígenas, etc.

Entre todos ellos se pueden listar a los siguientes:

Métodos de tortura[editar]

Durante los 17 años que duró el Régimen Militar en Chile se hizo uso habitual de la tortura[21] hacia los prisioneros políticos, como medio de conseguir información, someter psicológicamente y castigar a los prisioneros. Estas prácticas fueron llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y de Orden, y por los organismos de seguridad (DINA y CNI). De hecho, el 94% de los exprisioneros entrevistados por la comisión Valech, señaló haber sufrido torturas por parte de sus captores.

Entre las torturas más comunes se cuentan:

  1. golpizas reiteradasUno de los métodos de tortura más comunes que aplicaba los organismos represivos, era el de propinar brutales y reiteradas golpizas a los detenidos, muchas veces estas palizas consistían en puñetazos, patadas, saltos sobre el estómago, golpes en la planta de los pies, etc.
  2. lesiones corporales provocadasLos captores sometían a los prisioneros a cortes y fracturas con corvos, yataganes, alicates, cuchillos, etc. Cabe decir que hay testimonios por parte de exdetenidos políticos que a los prisioneros más reacios a confesar eran recostados en el suelo mientras un vehículo pasaba por encima de sus piernas rompiéndolas al instante.
  3. colgamientos, de las extremidades por horas.
  4. aplicación de electricidad, más conocido como la parrilla, que consistía en maniatar al preso en un catre metálico mientras se le insertaban electrodos en los testículos a los varones, mientras que a las mujeres se le los insertaban en los labios vaginales, clítoris y/o pezones, aunque también se podía aplicar electricidad en la dentadura y labios.
  5. amenazas, era usual que durante los interrogatorios los agentes estatales amenazaran a los detenidos con asesinar, secuestrar o torturar a familiares, cónyuges, hijos, etc.
  6. simulacros de fusilamiento;
  7. humillaciones y vejámenes, para quebrar a los detenidos durante los interrogatorios, se obligaba a los prisioneros a desnudarse frente a sus captores, a ser orinado por terceros, a comer materia fecal o comida en descomposición,etc. En el caso de las mujeres a ser manoseadas, recibir amenazas de violación, entre otros vejámenes.
  8. desnudamientos, en muchos casos se les dejaba desnudo a la intemperie durante el día hasta provocar serias quemaduras por el sol, y enfriamientos por la noche.
  9. violaciones y abusos sexuales, especialmente hacia las mujeres, muchas de ellas denuncian haber sido sometidas a manoseos, insinuaciones sexuales, y en los peores casos a violación, (muchas veces de manera reiterada), además de que a muchas de ellas se les introducían objetos tales como maderos, cañones de fusil, etc. Cabe mencionar que también se han registrado casos de violaciones a hombres.
  10. confinamiento en condiciones infrahumanas, privación de alimentos y de condiciones dignas de vida (sanitarias e higiénicas), prohibición de asearse, etc.;
  11. privación de sueño
  12. Privación por extensos períodos de tiempo de alimentos y líquidos, llegando incluso algunos prisioneros a entrar en un estado de inanición o deshidratación que los llevaba al borde de la muerte.
  13. Asfixia y/o Ahogamiento consistía en que durante los interrogatorios los detenidos eras sometidos al submarino seco, que es cuándo al prisionero se le ponía una capucha o funda plástica que le impidiera respirar, y así empezara a ahogarse, y la otra versión llamado submarino mojado, consistía en someter y maniatar al detenido e introducirle la cabeza en un tanque con agua sucia, orina, etc.

Además, se les hacía como presenciar fusilamientos, torturas y vejámenes de otros prisioneros o familiares.[22]

"Parrilla" o catre metálico donde se amarraba y torturaba con electricidad a los detenidos.

En ese momento no sabía donde estaba. Nos llevaban en camiones frigoríficos, amarrados, vendados, con capuchas. Nos hacían bajar escalones y, a mí me dejaron en una celda. Los interrogatorios empezaban muy temprano... me golpearon y aplicaron todas las formas de tormento: Golpes, corriente eléctrica, quemaduras con cera, cigarrillos; en un brazo aún tengo las marcas. Les dije que estaba embarazada, pero la verdad a ellos no les importó, al contrario. Me golpeaban con una fusta en el bajo vientre, para que perdiera mi guagua. Al tercer o cuarto día, comenzaron a violarme... varias veces me violaron y aplicaron corriente en la parrilla eléctrica...

Testimonio de una prisionera política del Campo de Concentración "Tejas Verdes"[23]

Centros de detención[editar]

Memorial de víctimas de Villa Grimaldi.

Durante la dictadura se habilitó una extensa red de centros clandestinos de detención y tortura a lo largo de todo el país, identificándose 1168[24] centros de detención y tortura, 1132 de acuerdo a la Comisión Valech.[25] [26] [27]

En muchos casos se utilizaron las propias instalaciones del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada (incluido el Buque Escuela Esmeralda y el Buque Lebu) y Carabineros de Chile. También se instalaron campos de concentración en oficinas salitreras (Oficina Chacabuco), en islas (como la Isla Dawson o la Quiriquina) y en zonas aisladas; hasta se hizo uso de instalaciones deportivas, como el Estadio Nacional de Chile, el Estadio Chile o el Estadio Municipal de Concepción.[28] En otros casos se habilitaron para estos efectos inmuebles particulares, como Villa Grimaldi, Venda Sexy o Londres 38, como cuarteles o prisiones clandestinas de los servicios de seguridad del régimen.

Principales presuntos violadores de los Derechos Humanos[editar]

Dado que las violaciones de los derechos humanos durante el Régimen Militar correspondían a una política de Estado, la cantidad de personas involucradas en estos actos como autores, cómplices o encubridores, es elevada. Si bien es difícil determinar su número, se estima que supera las varias centenas. De hecho, a la fecha, cerca de 500 militares y colaboradores de los servicios de seguridad de la dictadura de Pinochet han sido procesados por su presunta participación en estos crímenes,[29] de los cuales uno 70 se encuentran cumpliendo condena.[30] Entre los principales presuntos violadores de los derechos humanos se cuentan:

Exilio[editar]

Una de las maneras más comunes que la dictadura militar efectuó para silenciar a la oposición política fue exiliar a todo aquel que presentara signos disidencia, además de exiliar a los disidentes, se les negaba la ciudadanía chilena, cosa por la cual dificultaba mucho más los trámites para pedir asilo en otros países. Los destinos más usuales que decidieron tomar rumbo los chilenos exiliados fueron por lo general países socialistas tales como Cuba, la Unión Soviética entre otros países del bloque del este, sin embargo también hubo un número importante de chilenos que decidió emprender rumbo a países como Canadá, Suecia, la Alemania Occidental, etc.

Se llegó, incluso, a quitarle la ciudadanía chilena a determinadas personalidades políticas, sindicales, parlamentarios, diplomáticos y militares, como por ejemplo: Orlando Letelier, Hugo Vigorena Ramírez, Volodia Teitelboim, Jaime Suárez Bastidas, Anselmo Sule, Ernesto Araneda Briones o Sergio Poblete (exgeneral de la Fuerza Aérea).

"Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de las personas nacionales o extranjeras, que... a juicio del Gobierno constituyan un peligro para el Estado...Tratándose de chilenos, el Ministerio del Interior dictará un Decreto Supremo prohibiendo su ingreso al país y la autoridad administrativa correspondiente ordenará la cancelación del pasaporte, en su caso.

Decreto Ley 604 del 10 de agosto de 1974

Es imposible de determinar la cantidad de gente que abandonó el país para escapar a la persecución política buscando refugio en el exterior, sin embargo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos estimó su número en 200.000 en 1983.[47] Uno de los países que mayor número de exiliados recibió fue Suecia, donde se refugiaron 15.000 chilenos. Entre los años 1982 y 1988, periódicamente, se publicaron listas de chilenos a quienes se les prohibía el ingreso al país. Del mismo modo, se les estampaba una L (limitación de ingreso) en el pasaporte cuando iban a renovar a los respectivos consulados.

Si bien, a comienzo de la década de 1980 comenzó a permitirse la entrada de pequeños grupos de exiliados (3.542 entre 1982 y octubre de 1983), a raíz de las masivas protestas populares que se desencadenaron contra el Régimen Militar en 1983, se decretó el exilio de numerosas personas, en especial hacia países limítrofes, o bien, la relegación en zonas aisladas del país, como Putre, Chile Chico o Achao, en Chiloé.

El 1 de septiembre de 1988, por medio de un decreto del Ministerio del Interior se puso fin al exilio:

...Déjense sin efecto todos los decretos y decretos supremos exentos que, dictados en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 41 N° 4 de la Constitución Política de la República disponen la prohibición de ingreso al territorio nacional de las personas que en ellos se mencionan...

Decreto 203

Principales países que recibieron exiliados chilenos[editar]

América
Europa
Asia
África
Oceanía

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Derechos Chile]
  2. Memorias para construir la paz - Arzobispado de Santiago
  3. Comisión Valech Síntesis Informe. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, págs. 11-12.
  4. «Contreras cuenta sus relaciones con la CIA y con el mundo que lo rodea en Punta Peuco», artículo de Lilian Olivares en el diario La Segunda, del 29 de septiembre de 2000.
  5. Informe Hinchey incluye otros antecedentes: 1.- La CIA tenía como agente permanente a sueldo al director de la DINA, Manuel Contreras, y de hecho le efectuó un pago en 1975. 2.- El general Sergio Arellano Stark ordenó la ejecución de 21 presos políticos en octubre de 1973, en el recorrido criminal de la Caravana de la Muerte.
  6. http://web.archive.org/web/http://www.letraslibres.com/pdf.php?id=389
  7. “Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”. Santiago. Reedición de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. 1996. pág. 22.
  8. Mensaje a la Nación del Presidente Patricio Aylwin al dar a conocer el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (1991, 4 de marzo). En: Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Vol I - Tomo 2, anexo II: pp. 1310-1316. Recuperado el 22 de septiembre de 2015 [1]
  9. Mensaje a la Nación... op. cit. p. 1311.
  10. http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig). Segunda Edición (revisada). Volumen I - Tomo 1: p. xiii
  11. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig). Segunda Edición (revisada). Volumen I - Tomo II - Anexo VI: p. 1364.
  12. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. (1996). Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política. Chile: CNRR, pp. 535. Recuperado el 22 de septiembre de 2015 [2]
  13. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación... op. cit.
  14. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. (1996). Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política. Chile: CNRR, pp. 969. Recuperado el 22 de septiembre de 2015 [3]
  15. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. (1996). Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política. Chile: CNRR, pp. 535. Recuperado el 22 de septiembre de 2015 [4]
  16. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. (1996). Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política. Chile: CNRR, pp. 535. Recuperado el 22 de septiembre de 2015 [5]
  17. http://web.archive.org/web/http://www.comisionprisionpoliticaytortura.cl/ COMISIÓN NACIONAL DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA]
  18. «Jorge Magasich, historiador: “En la Armada hubo mayor oposición al golpe de estado”», artículo de Ernesto Zúñiga y Alberto Salazar en El Ciudadano (del 29 de junio de 2009). Hay 92 marinos que fueron condenados a penas de prisión entre 3 y 8 años, muchos de ellos también fueron torturados. Los condenados a 3 años cumplieron su pena y desde 1978 la mayoría de ellos se fue al exilio. Otros 2 murieron haciendo resistencia a la dictadura.
  19. Proclama desde la cárcel de oficiales democráticos de la FACH. "En esta celda estuvieron junto a otros en esta cárcel, víctimas de la persecución fascista, los siguientes oficiales de la FACH, apresados y torturados por la Fiscalía de Aviación". Firman: el Gral. (R) Alberto Bachelet, Gral. (R) Jorge Poblete, el Cor. Carlos Ominami Daza; el Cor. (R) Rolando Miranda; el Cap. (R) Jorge Silva, el Cap. (R) Ernesto Galaz, el Cap. (R) Carlos Carbacho y Raúl Vergara exsubsecretario de Aviación.
  20. [6], [7] La causa por la muerte del Presidente Frei aún se encuentra abierta en tribunales.
  21. De acuerdo a las convenciones internacionales, "constituye tortura todo acto por el cual se haya infligido intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, intimidar o coaccionar a esa persona u otras, anular su personalidad o disminuir su capacidad física o mental, o por razones basadas en cualquier tipo de discriminación. Siempre y cuando dichos dolores o sufrimientos se hayan cometido por un agente del Estado u otra persona a su servicio, o que actúe bajo su instigación, o con su consentimiento o aquiescencia".
  22. Síntesis Informe. Comisión Prisión Política y Tortura
  23. Tejas Verdes, en Memoria Viva.
  24. Memoria Viva Centros de Detención
  25. Síntesis Informe. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura Recintos de detención, pág. 23
  26. «Tales of torture A former member of Chile's national intelligence agency describes some of the methods used against political prisoners» (en inglés). AlJazeera. 15 de diciembre de 2013. Consultado el 24 de enero de 2014. 
  27. «The Colony: Chile's dark past uncovered» (en inglés). AlJazeera. 15 de diciembre de 2013. Consultado el 24 de enero de 2014. 
  28. Memoria Viva - Centros de Detención
  29. Amnistía Internacional - Indagan primeras denuncias de ejecuciones durante la dictadura
  30. [8] El Nuevo Heradl, La Iglesia pide clemencia para represores en Chile, 22 de julio de 2010
  31. «Falleció exfiscal militar Mario Acuña», artículo en El Mercurio.
  32. a b c «Otros trece procesados por la desaparición de sacerdote», artículo en El Mercurio.
  33. a b «Caravana de la Muerte: Dictan acusación contra Arellano Stark y 8 oficiales más». La Nación. 6 de febrero de 2014. Consultado el 2 de julio de 2015. 
  34. a b c d «Condenan a 14 exagentes de la CNI por crimen de José Carrasco Tapia», artículo en El Mercurio.
  35. [9]
  36. a b c d «Los sabuesos de los derechos humanos. Brigada de Asuntos Especiales de investigaciones», artículo en La Nación.
  37. «Texto completo del fallo de desafuero de Pinochet» (primera parte), artículo en El Mercurio.
  38. Fernández Larios acusado en Miami por "caravana de la muerte"
  39. «Falleció exfiscal militar Mario Acuña», artículo en El Mercurio.
  40. «Abogados de exagentes de la DINA restan valor a juicio en Francia», artículo en El Mercurio.
  41. Memoria Viva - Humberto Gordon
  42. «Carlos Herrera Jiménez insiste en culpar a exedecán Krauss de crímenes de Pisagua», artículo en La Nación.
  43. «Procesan a exagentes por crimen de primo de Martínez Busch», artículo en La Nación.
  44. Nación.cl (18 de noviembre de 2011). «Miguel Krassnoff Martchenko, el "cosaco" que se ensañó con el MIR». Consultado el 22 de noviembre de 2011. 
  45. Punto Final - Torturador al descubierto
  46. El Austral - Alta tensión en juicio contra Alfonso Podlech
  47. [10] Mapa Mundi del Exilio Chileno

Enlaces externos[editar]