Golpe de Estado en Venezuela de 2002

Golpe de Estado de 2002
Hugo Chávez Frías
Lugar	Palacio de Miraflores, Caracas Venezuela
Blanco(s)	Derrocamiento de gobierno de Hugo Chávez
Fecha	11 de abril de 2002.
Tipo de ataque	Golpe de Estado
Perpetrador(es)	Pedro Carmona Militares en rebelión Oposición Venezolana

El Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 fue un intento de derrocamiento contra el entonces presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.

Enmarcado en fuertes protestas y una huelga general convocada por Fedecámaras, que duró más de tres días, el 11 de abril del 2002, el mando de la oposición convocó a una marcha permisada entre los sectores caraqueños de Parque del Este y PDVSA Chuao que luego fue desviada hacia al Palacio de Gobierno ubicado en Miraflores, Caracas, esta marcha fue fuertemente promovida e impulsada por los medios de comunicación privados de Venezuela. Alrededor del mismo se habían congregado simpatizantes de Hugo Chávez, y cuando ambos bandos se encontraron se produjeron enfrentamientos que causaron varios muertos en ambos bandos. Si bien todavía se discute quién inició y quién continuó el tiroteo esa tarde, en la madrugada del día siguiente el Alto Mando Militar venezolano anunció que Chávez había renunciado tras habérselo solicitado . Inmediatamente, militares adversos a Hugo Chávez ejecutaron un Golpe de Estado que colocó en la Presidencia al presidente de Fedecámaras Pedro Carmona Estanga. Luego de fuertes protestas de los simpatizantes de Chávez y algunas presiones internacionales, ya que muchos países no reconocieron a Carmona, los militares leales al Gobierno retomaron el poder y Chávez reasumió la Presidencia en la madrugada del 14 de abril de 2002.

La oposición argumentó fervientemente que lo ocurrido no fue un golpe de Estado, sino un vacío de poder, originado por la declaración del Alto Mando Militar, la supuesta renuncia de Chávez, de su vicepresidente Diosdado Cabello y por el desconocimiento público de algunos oficiales a la autoridad de Chávez. Inicialmente el recién instaurado Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió un veredicto dictando que lo sucedido el 11 de abril fue un vacío de poder, sentencia que sería anulada.

Chávez y sus seguidores lo llaman un «golpe mediático», argumentando que los medios privados de comunicación venezolanos, tuvieron una gran cuota de responsabilidad en el golpe de Estado, autocensurando información comprometida con los golpistas e incluso de ser ellos los principales promotores. Los chavistas también mencionan que fue un golpe empresarial, pues el efímero presidente Carmona no sólo era empresario, sino que era el presidente de la principal organización patronal, llamada Fedecámaras; igualmente, el golpe fue apoyado por un obispo de la iglesia católica.

Antecedentes

Las 49 Leyes

Fedecámaras empezó a distanciarse de Chávez durante la elaboración de la nueva Constitución venezolana en 1999. Pedro Carmona Estanga indica que la falta de diálogo del gobierno con los empresarios durante el proceso constituyente causó malestar general en estos últimos, a su parecer los puntos específicos del texto que irritaron al empresariado fue la eliminación del carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas, el poder otorgado al Presidente frente a los ascensos militares, la eliminación del Congreso bicameral, el fortalecimiento del presidencialismo y la extensión del período presidencial a seis años con posibilidad de reelección inmediata, la pérdida del equilibrio entre los Poderes Públicos, un capítulo de derechos indígenas desproporcionado a la realidad venezolana, y la reafirmación de una orientación estatista e intervencionista, lo que limitaría las libertades individuales y económicas. Vicente Brito, el entonces presidente de la cúpila empresarial, agregó una razón más al anunciar que la organización que presidía apoyaría el "No" en el Referéndum constitucional que venía, le había molestado una declaración que Chávez hizo el 18 de noviembre de 1999:

Venezuela va hacia la misma dirección, hacia el mismo mar hacia donde va el pueblo cubano, mar de felicidad , de verdadera justicia social, de paz

Hugo Chávez en la Universidad de La Habana durante la IX Cumbre Iberoamericana.

El 28 de julio de 2001, Carmona Estanga derrota electoralmente a Alberto Cudemus, empresario porcino cercano al chavismo, y sucede a Brito en la presidencia de Fedecámaras. El 4 de agosto, Carmona coincide con Chávez en la Academia militar de Venezuela, donde se celebraba el aniversario de la Guardia Nacional; de acuerdo al empresario, el Presidente le dice que ya no quiere conflictos con Fedecámaras, y planifican una reunión el 22 de agosto en el Palacio de Miraflores. En la reunión, Carmona le propone a Chávez un plan para bajar el desempleo, en 17% en ese momento, mejorando las condiciones en aras de aumentar la inversión privada hasta un 20% del PIB en cinco años, el último responde con un plan de fortalecimiento del sector público. Se crea entonces una mesa de diálogo entre Fedecámaras y el gobierno, este último representado por Jorge Giordani, ministro de Planificación. Las reuniones no trajeron resultados, a pesar de que ocurrían una vez a la semana y de que Chávez estuvo presente en una de ellas, el gobierno siguió elaborando las polémicas 49 leyes sin compartir su contenido con Fedecámaras o su equivalente agraria, Fedenaga, lo que en la opinión de los opositores, violaba los artículos 206 y 211 de la Constitución.

En octubre de 2001 el contenido parcial de estas leyes se había filtrado como rumores, Carmona y Chávez coinciden en el Círculo Militar de Caracas. De acuerdo el empresario, ocurre el siguiente diálogo:

Carmona Estanga: Presidente, se avecina una confrontación, un choque de trenes; evite que se aprueben los decretos leyes en la forma como se pretende; no ha habido consultas sobre los proyectos; entre ellos la Ley de Tierras, uno de los más delicados. Chávez: Espero que no asumas la defensa de los intereses de la oligarquía para impedir la aprobación de una ley que permitirá el reparto de tierra a los pobres. Carmona Estanga: Otra cosa es reforma agraria. Por favor convoque a una consulta, evite una ruptura que será trágica. El 13 de noviembre, Chávez decreta 49 leyes amparándose en la Ley Habilitante que le fue otorgada por la Asamblea Nacional en noviembre del año pasado, instrumento legal que le permitía legislar sin la aprobación del Poder Legislativo. Aunque originalmente dos tercios de la Asamblea estaban controladas por el chavismo, la situación había cambiado debido a que unos diputados se habían vuelto disidentes y era poco probable que Chávez lograse conseguir otra Habilitante; razón por la cual el Presidente aprueba estas leyes un día antes de que su poder especial expire. Aparecen entonces la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Pesca, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley General de Puertos, etc., pero la más polémica es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Bajo esta última ley, el gobierno venezolano ganaba la potestad de tomar tierras privadas si sobrepasaban cierto tamaño y eran catalogadas como latifundios, o si consideraba que estaban siendo explotadas por debajo de su potencial; adicionalmente, el Estado ahora debía aprobar el uso que el propietario hace de la tierra; además, todos los propietarios fueron obligados a demostrar la titularidad de sus terrenos antes del 18 de diciembre, bajo el riesgo de perderlas en caso de que no lo hiciesen. De acuerdo a The Miami Herald, en ese momento el 95% de los terratenientes venezolanos no contaban con títulos firmes. Carmona Estanga suspende entonces el diálogo con el gobierno y convoca a una asamblea extraordinaria el 28 de noviembre; en la fecha propone entonces que el 10 de diciembre se realice un paro nacional de doce horas, y logra el apoyo mayoritario de la cúpula empresarial, aunque resalta el rechazo de Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria. Fedecámaras no va sola al paro, el 4 de ese mes se suma la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la principal central sindical; su Secretario General, Carlos Ortega, viene fortalecido después de derrotar en elecciones al candidato chavista, Aristóbulo Istúriz. No obstante, los partidos políticos opositores están divididos en sus opiniones de como superar la crisis política, Acción Democrática insiste en la Asamblea en designar una junta médica que pruebe la incapacidad mental del Presidente, Francisco Arias Cárdenas y sus diputados llaman a referéndum consultivo, el Movimiento al Socialismo pide que se convoque a otra Consituyente, Primero Justicia y la Iglesia Católica piden al gobierno un cambio de curso. En todo caso la iniciativa opositora la tienen los empresarios, los partidos aún no se recuperan de los descalabros electorales de los últimos años. Aunque firme en ejecutar sus 49 leyes, el Presidente intenta hasta el final evitar que Fedecámaras lleve a cabo su paro, durante un almuerzo con un grupo de empresarios y banqueros el 6 de diciembre, estos últimos son presionados para que no se pleguen al paro, bajo pena de que se le retiren los fondos públicos depositados en sus entidades. Producto de esta reunión, el ministro del Interior, Luis Miquilena, prepara un texto de compromiso que presenta a Carmona Estanga, pero éste lo rechaza, simultáneamente Chávez hace lo mismo, hecho que ahonda la separación que se estaba formando entre el Presidente y quien fuera su mentor político. El día del paro Carmona anuncia que el mismo fue acatado por el 90% del país, pero el gobierno lo niega; haya sido o no un éxito, tanto Chávez como Carmona consideraron, en retrospectiva, que esa fecha fue histórica: Hoy es 10 de diciembre y se cumple [el aniversario de] muchas cosas. Estamos recordando los diez años de aquel diciembre del año 2001. Comenzó en firme, y de manera abierta, la agresión burguesa, la contrarrevolución burguesa, el 10 de diciembre... Entonces, aquel 10 de diciembre comenzó abiertamente la contrarrevolución, hace diez años, y estaban preparando el golpe militar, el golpe económico, luego vino el golpe petrolero un año después, por estos días del 2002. Hugo Chávez en el Teatro Municipal de Caracas el 10 de diciembre de 2011. El paro del 10 de diciembre pasó a la historia como el primer gran hito de protesta de la sociedad civil. Según algunos historiadores, su éxito fue mayor que el de la huelga general que derrocó a Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958, sólo que el objetivo en esta ocasión no era derribar a un gobierno, sino solicitarle rectificaciones de una manera firme, pero pacífica, cosa que de haber sido entendida, habría evitado la crisis que fue tomando cuerpo en el país, ante la tozudez y ceguera de los gobernantes... A partir del 10 de diciembre, las mayorías opositoras sintieron que disponían de herramientas legales para luchar contra los atropellos oficialistas y la autocracia. La sociedad civil, alentada por el resultado del paro, inició una presencia casi permanente en las calles. Pedro Carmona Estanga en sus memorias, "Mi testimonio ante la historia", escrito en 2004. Efectivamente el conflito estalla de manera irreconciliable entre los empresarios y el gobierno; en los próximos dos meses Chávez hace dos cambios en su gabinete que demuestran que no hay marcha atrás, primero reemplaza al ministro de Agricultura y Tierras por "un catedrático revolucionario" cuya principal misión es asegurarse que se ejecute la Ley de Tierras; luego, saca a Luis Miquilena del gobierno, aunque este último promete seguir cooperando con Chávez, en privado siente disgusto por el discurso agresivo de su púpilo y espera el momento adecuado para arrebatarle el control de la Asamblea Nacional. Preliminares al 11 de abril La situación económica se va deteriorando rápidamente en Venezuela, a inicios de febrero las reservas internacionales han caído a 10 mil millones de dólares; una semana después Chávez recorta el gasto público en un 22%, y luego del anuncio el Bolívar se devalúa en un 20%; Chávez también destituye al presidente de PDVSA, Guacaipuro Lameda, un militar quien se había vuelto crítico de la Ley de Hidrocarburos, incluída en el paquete de 49 leyes, su sucesor, Gastón Parra Luzardo, es un economista de visión dura cercano a Chávez. La nómina ejecutiva de la estatal petrolera se muestra molesta ante esta decisión, ya que en su opinión el nuevo Presidente no conoce la industria, y además se ha violentado una larga tradición meritocrática. A la crisis política y económica se suma entonces el factor militar; el 7 de febrero, el diario El Nacional organiza un foro sobre la democracia, después de que Carmona concluyera su participación, un coronel de la Aviación, Pedro Luis Soto, toma el micrófono de manera sorpresiva y hace un llamado a las Fuerzas Armadas para que salven la democracia, que en su opinión está siendo amenazada por Chávez, no obstante, el coronel tuvo que aclarar que estaba hablando de una salida institucional, no un Golpe de Estado, y que no había sido invitado a ese foro, su intervención había sido espontánea. Éste era el tercer pronunciamiento de un militar activo contra Chávez desde que llegó al poder, el año pasado el capitán de la Guardia Nacional Luis García Morales había pedido la renuncia de Chávez y asegurado que existía una Junta Patriótica cívico-militar que planeaba destituirlo pacíficamente; poco después, otro coronel de la Aviación, Silvino Bustillos, denunció que los militares estaban siendo usados para hacer proselitismo político a favor de Chávez en las "Megaelecciones", y que había mucho descontento por esto; ambos oficiales fueron dados de baja de inmediato para la sorpresa de Bustillos, quien alegó que solamente le había tomado la palabra al Presidente, quien hace poco había pedido a los militares que mostrasen públicamente su descontento al gobierno, en caso de que existiese. Al pronunciamiento de Soto se suman entonces otros oficiales; destacan el contralmirante Carlos Molina Tamayo, el general Román Gómez Ruiz y el teniente coronel Hugo Sánchez; que si bien no llaman a derrocar al Presidente, sí piden un cambio en su política o que en su defecto renuncie. Chávez resta importancia a los anuncios y descarta que haya posibilidad de un golpe de Estado. Mientras tanto los empresarios han estado ocupados, en el aniversario del Golpe de Estado de 1958 realizan una multidinaria concentración centrada en la Plaza O'Leary, el chavismo hace lo mismo frente al Palacio Federal Legislativo, ambas concentraciones están separadas entre sí por cuatro cuadras, pero transcurren sin incidentes. El 6 de marzo la CTV y Fedecámaras, representadas por Carlos Ortega y Carmona Estanga, firman un documento titulado "bases para un acuerdo democrático", con la mediación de Luis Ugalde, rector de la Universidad Católica Andrés Bello; en dicho documento se exige al gobierno que cambie su gabinete económico, que abandone el sectarismo político, y que ofrezca soluciones inmediatas al déficit fiscal y al creciente desempleo. Carmona Estanga define el acuerdo como unas bases para superar la crisis actual, Ortega es más directo al decir que representa las bases para un gobierno de transición post-Chávez, y que si los convenios colectivos del sector magisterial y petrolero no son discutidos se convocará a una huelga general de trabajadores. Al día siguiente, Manuel Cova, secretario general de la CTV, llama al presidente Chávez a hacer un referéndum para determinar si la población está de acuerdo con las políticas de su gobierno. Bajo este ambiente es que la CTV anuncia a una huelga general de 48 horas el 9 de abril, Fedecámaras y los ejecutivos de PDVSA hacen pública entonces su intención de unirse al paro. Chávez les sale al paso el 7 de abril, durante la transmisión de su programa dominical Aló Presidente, empieza a nombrar uno por uno a los gerentes petroleros que han llamado a la huelga, y luego de hacer sonar un silbato, anuncia su despido. Entre otras cosas los acusa de vivir con muchos lujos y beneficios, de sabotear la industria petrolera y de manejarla de manera poco ética, además les recrimina que la empresa tiene gastos operacionales tan altos que queda poco dinero para los planes sociales. Ese mismo día, Chávez se reúne con los generales Efraín Vasquez Velazco y Manuel Rosendo, así como con el presidente de PDVSA Gastón Parra, el fiscal general Isaías Rodríguez, los diputados Nicolás Maduro, Ismael García y Cilia Flores, también están presentes varios ministros, gobernadores y alcaldes chavistas, destaca el ministro de Finanzas, general Francisco Usón, el alcalde del oeste de Caracas, Freddy Bernal, y el exguerrillero Guillermo García Ponce. Entre varias cosas se habló de aplicar el Plan Ávila, de pagar un bono de millón y medio de bolívares a los trabajadores petroleros que no se sumasen al paro, y hasta de simular una congestión de tráfico en la Autopista Francisco Fajardo con simpatizantes del chavismo para hacer ver que el paro no ha sido efectivo. El primer día de la huelga el gobierno inicia una serie de cadenas presidenciales, 16 en total a un ritmo de dos por hora, donde el Estado obliga a todas las televisoras a presentar imágenes que muestran al país en normalidad laboral y entrevistas a sindicalistas opuestos a la huelga. Carlos Ortega desmiente al gobierno, y asegura que el 80% del país se ha paralizado. De manera inédita, en horas de la noche varias televisoras privadas deciden dividir la pantalla y transmiten su propia programación junto con la del gobierno, aunque sí se mantiene el audio de éste último. Al día siguiente, el vicepresidente Diosdado Cabello y el ministro de Defensa José Vicente Rangel se reúnen con directivos de Venevisión, RCTV, Globovisión y Televen, y los presionan para que no vuelvan a dividir la pantalla durante una transmisión nacional del gobierno. Justo durante la reunión, estos últimos son informados que funcionarios del gobierno han llegado al lugar donde está el control maestro de las televisoras, preguntando como pueden apagar y encender los transmisores; al enterarse, los directivos abandonan la reunión furiosos, Rangel les saca a regañadientes la promesa de que no dividirán de nuevo la pantalla siempre y cuando los funcionarios gubernamentales sean retirados. El mismo 10 de abril, dos generales más se pronuncian en contra del gobierno, el general de la Guardia Nacional Rafael Bustillos pide cordura al gobierno y la CTV, y llama a las Fuerzas Armadas a no dejarse usar para reprimir a la población. El general del Ejército Néstor González González es más agresivo: Usted (Chávez) negocia para alcanzar sus objetivos comunistas y vende y traiciona a su patria y pueblo por su ambición personal. No es aceptable que un Presidente diga que aquí no existe la guerrilla, cuando existen pruebas en poder del CUFAN (Comando Unificado de la FAN), pero al señor Presidente le interesa más su relación con Fidel Castro y el comunismo... Somos un país digno de ser gobernado por algo mejor que usted. General del Ejército Néstor González González, el 10 de abril de 2002. Las declaraciones de los militares coinciden con un cable enviado al Departamento de Estado estadounidense por la CIA el 6 de abril, donde se estipula: Militares disidentes, incluyendo a un grupo descontento en el Alto Mando, así como un grupo radical de oficiales de bajo rango, están aumentando sus esfuerzos para organizar un golpe contra el presidente Chávez, posiblemente en los próximos días de este mes... los que conspiran podrían intentar explotar conflictos y violencia durante las manifestaciones de la oposición que tomarán lugar este mes... Los informantes aseguran que ninguno de los grupos que conspiran parecen dispuestos a liderar un golpe exitoso. Cable enviado desde Caracas al Departamento de Estado de los Estados Unidos el 6 de abril de 2002. Este cable fue desclasificado por petición de la investigadora Eva Golinger, quien alegó en su libro "El Código Chávez", que esto era prueba de que el gobierno estadounidense estaba al tanto de que iba a ocurrir un Golpe de Estado, no obstante no hace mención a la declaración de Charles S. Shapiro, entonces embajador en Caracas, quien sí comunicó al presidente Chávez de estos planes, pero este último no le dió mucha importancia. Esa noche Carlos Ortega anuncia que la huelga general ahora será indefinida al no conseguirse superar la crisis. Más temprano, se había reunido con Carmona Estanga y otros líderes de la oposición, quienes gesticularon que no era conveniente que la huelga superase las 72 horas, sugirieron convocar a una marcha desde Parque del Este a la sede de PDVSA en Chuao, que se había convertido en centro icónico de concentración de los petroleros en huelga. Algunos de los presentes propusieron marchar hacia el Miraflores, el palacio de gobierno, pero esto no fue aprobado, en su lugar se daría por terminada la huelga al finalizar la marcha; agentes infiltrados de la Disip se enteraron de los pormenores de la marcha, por otros medios también se enteró Edgar Márquez, entonces coordinador de la Federación Bolivariana de Trabajadores y posteriormente presidente de la "Asociación Nacional de Victimas del Golpe de Estado del 11 al 14 de Abril de 2002" (ASOVIC), afín al chavismo. De acuerdo a los periodistas LaFuente y Meza, la probabilidad de que la marcha fuese desviada a Miraflores el 11 de abril era conocida también en la alcaldía de Bernal. Simultáneamente Chávez junto con Rosendo y los generales Francisco Belisario y Lucas Rincón planifican mandar un piquete de la Guardia Nacional a Chuao al día siguiente, para tomar las instalaciones de PDVSA y dispersar la concentración opositora, el general Eugenio Gutiérrez Ramos recibe el mando operativo de esta misión, no obstante, en la noche Rosendo logra convencer al Presidente que suspenda la operación. Caracas no es el único foco de inestabilidad, el 10 de abril también se registran disturbios en Anzoátegui, Aragua, Nueva Esparta y el Zulia, pero el ministro Rodríguez Chacín declara a la prensa que "el país se encuentra en total y absoluta tranquilidad, ...como es evidente", y acusa a la CTV y a Acción Democrática de querer desestabilizar al gobierno. El 11 de Abril Marcha de anti-Chávez en 2002. Este acto, percibido por los cuadros gerenciales de PDVSA y los sindicatos opositores como una agresión contra el sistema meritocrático en la empresa más importante del país y los paquetes legislativos decretados por Chávez, junto a la persistencia de la crisis económica y social, indujo a un grupo de organizaciones sindicales como la Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV), empresarios, la jerarquía de la iglesia católica, algunos partidos políticos y las televisoras privadas de Venezuela, a que el 9 de abril Fedecamaras convocara otra huelga general, esta vez de carácter indefinido, para forzar la renuncia de Chávez. El 11 de abril, el tercer día de la huelga, las protestas se convirtieron en disturbios, y una marcha contra el Gobierno fue desviada de su recorrido hacia el palacio presidencial de Miraflores la marcha fue fuertemente promovida e impulsada por los medios de comunicación privados de Venezuela. Ante estos hechos, el Presidente Chávez ordenó a los militares activar el Plan Ávila, y la televisora oficial Venezolana de Televisión empezó a realizar llamados a todos los simpatizantes de chavismo a que saliesen a "defender la revolución". Para cuando la marcha opositora se acercó a Miraflores, se encontraron con una concentración de apoyo al Gobierno y varios efectivos militares. Ocurrieron entonces enfrentamientos armados entre la Policía Metropolitana, el Ejército y grupos, que produjeron varios muertos y heridos. La presencia de francotiradores y los enfrentamientos con la Policía Metropolitana dejaron 19 muertos y cientos de heridos, tanto opositores como partidarios al Gobierno. Entre otros hechos hubo una cadena nacional de radio y televisión, en la cual Presidente llamó a la calma. Por su parte, los medios de comunicación decidieron dividir la pantalla, acción considerada por ellos como un acto de respuesta periodística a los hechos. Mientras que en una pantalla se veía al Presidente en tensa calma recibiendo papelitos de sus colaboradores en la segunda pantalla se mostraba el caos originado por los tiroteos que ocurrían en Caracas. De inmediato, líderes de la oposición, empresarios y sectores políticos y sociales acusaron al gobierno central de haber planificado las acciones violentas. Poco después el Ministro de la Defensa, General en Jefe Lucas Rincón, hoy Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante Portugal, anunciaba la solicitud y aceptación de la renuncia al Jefe de Estado Presidente Hugo Chavez. El Golpe En la madrugada del 12 de abril, el Alto Mando Militar venezolano anunció a través del general Lucas Rincón Romero que le habían solicitado la renuncia a Chávez, y que éste había aceptado: Los miembros del Alto Mando Militar de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor Presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Los integrantes del Alto Mando ponen sus cargos a la orden los cuales entregaremos a los oficiales que sean designados por las nuevas autoridades General Lucas Rincón Romero No obstante, jamás fueron presentadas pruebas que respaldasen las declaraciones del General Rincón. El Gobierno argumentó después que la renuncia nunca se produjo puesto que no se firmó ningún documento y que de haberse firmado hubiese sido ilegal una renuncia bajo presión militar, además de que en caso de renunciar el presidente debía asumir el vicepresidente y en el caso de renunciar este también debía asumir el presidente de la Asamblea Nacional de acuerdo a lo establecido en la Constitución: Artículo 233. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva. Poco después, Chávez fue detenido y trasladado inicialmente al Fuerte Tiuna, ubicado en el sur de Caracas. Ese mismo día se autojuramentó Pedro Carmona como presidente interino, al margen de lo establecido en la Constitución: Artículo 228. La elección del Presidente o Presidenta de la República se hará por votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamará electo o electa el candidato o candidata que hubiere obtenido la mayoría de votos válidos. Su primer acto oficial fue la disolución del Parlamento (Asamblea Nacional), el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, de todos los gobernadores, alcaldes y concejales, la remoción del Fiscal General, del contralor, y de la Defensor del Pueblo, de todos los embajadores, cónsules y vicecónsules como también de las Misiones Permanentes Diplomáticas, así como la eliminación de las 48 leyes habilitantes, y el cambio de la Constitución, al reponer el nombre de República de Venezuela, quitándole la condición de Bolivariana. El nuevo Gobierno de facto tuvo que enfrentarse con enormes protestas de ciudadanos que se mantenían concentrados por todo el país firmes a favor de Chávez. En muchos puntos de la capital y en algunas ciudades del país se presentaron disturbios y hubo saqueo de negocios. Durante todas estas protestas, el canal del estado Venezolana de Televisión, y las compañías de televisión privadas fueron rodeadas por simpatizantes chavistas. Cuando fue retomado el canal del Estado, se transmitió al entonces Vicepresidente Diosdado Cabello, juramentado como Presidente temporal hasta que Hugo Chávez pudiese retomar el poder. En la madrugada del 13 de abril, Chávez fue trasladado del Fuerte Tiuna a la base naval de Turiamo, donde escribió una nota que indicaba que no había renunciado "al poder legítimo que el pueblo me dio". Para aquella fecha aún se mantenían reunidos un buen número de simpatizantes de Chávez que habían salido a protestar frente al Palacio de Miraflores y en la Brigada de Paracaidistas en la ciudad de Maracay. El general Raúl Isaías Baduel se opuso al gobierno de Carmona, y empezó a buscar activamente el modo de restaurar a Chávez en el poder. El 14 de abril de 2002 Chávez fue liberado de la prisión militar en la Isla La Orchila y fue repuesto como presidente constitucional de Venezuela. Funcionarios del Gobierno de Carmona Ministro de Relaciones Interiores: General Rafael Damiani Bustillos. Ministro de Relaciones Exteriores: José Rodríguez Iturbe. Ministro de Finanzas: Leopoldo Martínez. Diputado por Primero Justicia Ministro del Trabajo: César Carvallo, Abogado de la UCAB ex Vice ministro de Rafael Caldera. Ministro de Planificación: León Arismendi. Ministro de la Defensa: Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez. Ministro de Salud: Rafael Arreaza. Formó parte de la Comisión de Salud de la Alcaldía de Baruta (1999-2001) Ministro de Secretaría de la Presidencia: Vicealmirante Jesús E. Briceño. Ministro de Agricultura: Raúl de Armas: Empresario ganadero, Directivo de Fedecámaras. Procurador general de la República: Daniel Romero Presidente de PDVSA: Guaicaipuro Lameda. Acta de constitución del Gobierno de Facto El Decreto Carmona fue un acta con la que se pretendió constituir el nuevo Gobierno su nombre oficial fue Acta de constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional fue firmada por alrededor de 400 personas presentes en el Palacio de Miraflores el 12 de abril de 2002. Este decreto fue elaborado desconociendo la Constitución de 1999 y daba poderes especiales y amplios al gobierno transitorio. Consistía en una introducción, varios "considerando" y 11 artículos que pretendían establecer el nuevo gobierno con un nuevo marco legal: Artículo 1°: Nombra presidente a Pedro Carmona Estanga, quien para ese entonces era líder de la Patronal Fedecámaras y lo faculta para redactar nuevos decretos que aseguraran la consolidación del gobierno de facto. Artículo 2°: se Cambia el nombre del país a República de Venezuela eliminándose la denominación "Bolivariana". Artículo 3°: se disuelve el Poder Legislativo y se destituyen a todos los diputados de la Asamblea Nacional, el parlamento permanecería cerrado hasta la convocatoria de nuevas elecciones antes de diciembre de 2002, el nuevo parlamento tendría poderes para modificar la constitución de 1999. Artículo 4: se crea un Consejo Consultivo del Presidente de 35 miembros principales con sus suplentes, los principales podían ejercer a la vez cargos nacionales, estadales o municipales. Artículo 5°: Establece que el presidente coordinara su políticas con los poderes regionales y municipales. Artículo 6°: Establece que se debe convocar a elecciones generales antes de 1 año para constituir un nuevo gobierno. Artículo 7°: Le otorga al presidente de la República poderes para remover y nombrar a los miembros de todos los poderes públicos venezolanos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Moral (Fiscalía, Defensoría y Contraloría) a nivel nacional, estadal y municipal. Además le da el derecho de nombrar a los representantes del país en los parlamentos andinos y latinoamericano. Artículo 8°: Destituye a los miembros principales del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, le otorga al presidente el poder para nombrar a los nuevos integrantes de todas esas instituciones. Artículo 9°: Se derogan 48 decretos-Leyes hechos en base a la Ley Habilitante que aprobó la Asamblea Nacional en 2000, una comisión nombrada por el nuevo gobierno revisaría las nuevas leyes. Artículo 10°: establece que todo el ordenamiento jurídico (constitución, leyes, decretos, ect) se mantiene vigente siempre y cuando no contradiga o choque con el decreto de constitución del gobierno u otras normas legales dictadas por el nuevo gobierno. Artículo 11°:Establece que el Gobierno de facto entregara el poder a nuevas autoridades electas en el futuro de acuerdo a lo establecido en el decreto y en otras disposiciones que se tomen. Leído el decreto se invita a una serie de ciudadanos presentes representantes de diversos sectores opositores a Chávez, a firmar el decreto, y una vez firmado se produce el acto de Juramentación de Carmona, este jura ante los presentes en el Palacio de Miraflores, y no ante la Asamblea Nacional, debido a que el Parlamento y demás poderes públicos fueron disueltos de acuerdo al mismo decreto. Entre las pocas acciones como jefe de Estado decreto la restitución de los créditos indexados. Firmantes del Decreto Carmona Existe una lista de más 400 personas que firmaron el acta de constitución del Gobierno de Facto. Una vez leído el decreto el procurador General del nuevo gobierno invitó a los presentes en el acto en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores a firmar el decreto: Señoras y señores, a los fines de seguir adelante con este movimiento de toda la sociedad democrática nacional, a la salida de este recinto se les convoca a firmar el decreto que se acaba de leer como adhesión a este proceso. Entre los ciudadanos que aparecen firmando el decreto se encuentran: El cardenal Ignacio Velasco, representante de la Iglesia católica. Carlos Fernández, vicepresidente de Fedecamaras. Miguel Angel Capriles, en representación de los medios de Comunicación privados. José Curiel, secretario de COPEI, en nombre de los partidos políticos opositores. Manuel Rosales, Gobernador del Zulia, como representante de los gobernadores opositores. Julio Brazson, presidente de Consecomercio. Ignacio Salvatierra, presidente de la Asociación Bancaria. Luis Henrique Ball, presidente del Consejo Empresarial Venezuela-EE UU. Rocío Guijarro, representante de Cedice. Raúl de Armas. Douglas León Natera Juan Carlos Zapata Américo Martín General de división Rafael A. Montero Rebete Alejandro Peña Esclusa María Corina Machado (fundadora de la asociación civil Súmate) Haydée Deustch Alberto Quirós Sucesos de Puente Llaguno La cadena de televisión Venevisión grabó unas imágenes que se difundieron y se repitieron muchas veces en la televisión nacional e internacional. La noticia que difundieron los medios de comunicación narraba los hechos de esta forma: ambas marchas se habían encontrado en el puente Llaguno (puente elevado, situado cerca del centro histórico de Caracas) y la marcha chavista disparó a sangre fría contra la marcha opositora; todos los muertos serían de la oposición. Estas imágenes causaron un gran impacto en la opinión internacional, el mismo gobierno de España, a través de la agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional, otorgó el 28 de noviembre de 2002 el premio Internacional de Periodismo Rey de España al reportero Luis Alfonso Fernández, quien realizó el reportaje. El documental Puente Llaguno: claves de una masacre muestra otra mirada a los mismos eventos. La oposición venezolana ha sostenido que este documental no era neutral, había sido realizado y financiado por personas ligadas al Gobierno y que había sido un montaje. Algunos simpatizantes al gobierno sostuvieron que las televisoras hicieron una manipulación de la información para ofrecer otra versión de los hechos. En julio de 2003, Fernández afirmó en un juicio que el vídeo transmitido por Venevisión el 11 de abril no era veraz, que fue manipulado para dar a entender que así habían ocurrido los hechos. En diciembre de ese mismo año, se dictó una sentencia que absolvió de toda responsabilidad a quienes estaban en el puente Llaguno y habían sido acusadas de disparar contra los manifestantes de la oposición. En esa misma sentencia se afirmó que el vídeo de Venevisión había sido manipulado. Algunos sectores de la oposición acusan a la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo de actuar con negligencia en el caso. Asedio de la Embajada de Cuba en Caracas El 12 de abril de 2002, al día siguiente de la salida del poder del presidente en funciones, Hugo Chávez, desde las 9 de la mañana se comenzaron a presentar personas frente a la embajada cubana a modo de manifestación. A las 12.15 p.m. se produjeron actos de intimidación por parte de adversos al gobierno de Chávez, contra el personal de la Embajada de Cuba en Venezuela. Algunas de las acciones vandálicas tomadas contra dicha embajada fueron: la destrucción de autos del personal diplomático, el cese del suministro de los servicios de electricidad y de agua. Estos actos supondrían una violación de los convenios internacionales de delegaciones diplomáticas extranjeras como la inmunidad diplomática, además de la violación a los derechos humanos del personal en el recinto.[cita requerida] En los actos participaron dirigentes del exilio cubano en Venezuela, simpatizantes de diversos partidos de oposición del país y grupos en apoyo al nuevo gobierno. Según información de la Embajada, la concentración, se cree, fue organizada por el disidente cubano Salvador Romaní. A las 3 de la tarde hizo acto de presencia el entonces Alcalde de Baruta Henrique Capriles Radonski, con la intención de solicitar al embajador cubano, Germán Sánchez Otero, la inspección del edificio para comunicar a los manifestantes que no se encontraban funcionarios del gobierno de Chávez en carácter de asilados. Posteriormente Capriles sería acusado de haber irrumpido en la embajada,siendo absuelto por la prueba, presentada por la defensa, en donde se muestra una declaración del embajador noruego Dag Mork-Ulnes, quien alegó haber hablado con teléfono con su homólogo cubano, quien le respondió: Muy amable que usted (Ulnes) haya ofrecido su asistencia, pero todo está bien aquí, estamos conversando los dos (Capriles y Sánchez), pero no hay necesidad de su intervención. Germán Sánchez Otero, embajador cubano, según declaración del embajador noruego Dag Mork-Ulnes. El embajador cubano reconoció haber dejado entrar a Capriles al edificio, pero también lo responsabilizó por no haber ordenado a los policías que dispersaran a la multitud. También acusó al canal Globovisión de no transmitir una entrevista realizada a él durante los sucesos. Por otro lado, los sucesos en las afueras de la embajada sí fueron transmitidos en vivo por los medios de comunicación. Sectores de el chavismo también ha acusado al alcalde Capriles de ser responsable por estos hechos. Como posibles causas de la Manifestación se puede mencionar el rumor, de que en la embajada se encontraba asilado el entonces Vicepresidente de la República, Diosdado Cabello. Radonski fue llevado a juicio en el 2004, acusado de haber irrumpido en la embajada, pero fue absuelto en el 2006. No obstante, en noviembre de 2008, el juicio fue reaperturado. Repercusiones legales El 18 de agosto de 2002, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció que no se podía procesar a los militares involucrados por rebelión militar, porque el fiscal no sustentó suficientemente la acusación. El 14 de marzo de 2005 el mismo TSJ anula dicha sentencia. En opinión de la oposición, esta revocatoria se debió a los cambios ejecutados en el tribunal por un cambio en la legislación aprobada por parlamentarios oficialistas (el Parlamento se encontraba dominado por el chavismo). Por esto, la sentencia era predecible y política. En opinión de los chavistas, la primera sentencia era política ya que sobraban razones para iniciar un juicio por un Golpe de Estado. Decreto de Amnistía de 2007 El 31 de diciembre de 2007 el presidente Hugo Chávez haciendo uso de sus atribuciones para conceder indultos y amnistías, firmó un decreto que daba la Amnistía a las personas que tenían procesos legales, que fueron condenadas por delitos relacionados con los sucesos del 11 de abril de 2002 (además de otros hechos políticos) aclarando que sólo se beneficiarían del decreto las personas que se hubiesen puesto a derecho y que además no estuviesen involucrados en hechos de sangre. "se concede amnistía a todas aquellas personas que, enfrentadas al orden general establecido y que a presente fecha se encuentren a derecho y se hayan sometido a los procesos penales y que hayan sido procesadas y penadas por la comisión de delitos en los siguientes hechos: Por la redacción del decreto del gobierno de facto de 12 de abril de 2002. Por firmar el decreto del gobierno de facto del 12 de abril de 2002. Por la toma violenta de la gobernación del estado Mérida el 12 de abril de 2002. Por la privación ilegítima de la libertad del ministro Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Interior y Justicia, el 12 de abril de 2002. Por la comisión de los delitos de instigación a delinquir hasta el 2 de diciembre de 2007. Por los hechos acaecidos el 11 de abril de 2002 en puente Llaguno, en delitos donde no se haya incurrido en ofensa de lesa humanidad. Por la toma violenta de la alcaldía del municipio Junín del estado Táchira en abril de 2002. Por la toma violenta de la gobernación del Estado Táchira en perjuicio del gobernador Ronald Blanco La Cruz en abril de 2002. Por el allanamiento de la residencia de la diputada Iris Valera en abril de 2002. Por el ingreso a la fuerza del Palacio de Justicia de la circunscripción judicial del estado Táchira el 12 de abril de 2002. Por la toma violenta de la planta televisiva de Venezolana de Televisión el 12 de abril de 2002. Por los hechos violentos ocurridos en los buques petroleros en diciembre de 2002. Por los hechos que configuren o constituyan actos de rebelión civil hasta el 2 de diciembre de 2007" Juicio contra Funcionarios de la Policía Metropolitana Por parte de los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002 en las que murieron varias personas y otras cientas resultaron heridas, la Fiscalía a solicitud de un grupo de afectos al chavismo denominado Asociación de Víctimas del 11 de abril acusaron a diversos funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas por los fallecidos y heridos en el lugar de concentración de los grupos oficialistas de Puente Llaguno. por los delitos de homicidio calificado consumado, homicidio calificado frustrado, lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones menos graves, lesiones leves, uso indebido de arma de fuego y de guerra. Iniciándose un juicio que duró varios años, y en el que se realizaron 230 audiencias, se presentaron 265 experticias, 5 mil 700 fotos y 20 videos, además declararon 198 testigos y 48 expertos, El 3 de abril de 2009 La jueza 4to de Juicio del estado Aragua, Maryorie Calderón, junto a tres escabinos, dictó sentencia: Condenando a 30 años de prisión a los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero, al ex secretario de seguridad ciudadana Iván Simonovis, y a los funcionarios Erasmo Bolívar, Julio Ramón Rodríguez y Luis Enrique Molina. A 17 años y 10 meses de prisión al funcionario policial Cabo Primero Arube Salazar. A 16 años de prisión al funcionario policial Marcos Hurtado. Liberando al funcionario policial Rafael Neazoa López a quien se le absolvió de todas las acusaciones. Condenando a 3 años a Ramón Zapata que fue liberado puesto que ya tenía 5 años detenido, por lo que ya había cumplido su condena. En este juicio se acusó a los PM de asesinar a los ciudadanos Rudi Urbano, Josefina Rengifo, Erasmo Sánchez en las inmediaciones de Puente Llaguno, en la avenida Baralt de Caracas (en las cercanías del Palacio de Miraflores), así como de ocasionar lesiones a 29 personas el 11 de abril de 2002. Reacción internacional De manera casi unánime, todos los países mostraron su preocupación porque Venezuela normalizara su situación rápidamente. Muchos países fueron cautelosos y no juzgaron si lo ocurrido había sido o no un golpe de Estado, lo cual habría tenido otras implicaciones diplomáticas, ya que las leyes internacionales impiden reconocer un Gobierno que sea producto de un golpe de Estado. Los gobiernos español y estadounidense emitieron un comunicado conjunto en el que decían, textualmente que "Los gobiernos de Estados Unidos y de España, en el marco de su diálogo político reforzado, siguen los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela con gran interés y preocupación, y en contacto continuo". Los dos gobiernos "declaran su rechazo a los actos de violencia que han causado una cantidad de víctimas", "expresan su pleno respaldo y solidaridad con el pueblo de Venezuela" y "expresan su deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena". Los que expresaron más claramente su opinión fueron la Unión Europea, Colombia y El Salvador que dieron muestras de apoyo al nuevo gobierno. Los gobiernos de Argentina y Cuba sentaron una posición de rechazo desde el primer momento al gobierno de facto de Carmona. Los países del Grupo de Río, que se reunieron en San José (Costa Rica) el 12 de abril, condenaron la interrupción del orden constitucional en Venezuela, aunque no calificaron tal interrupción como golpe de estado debido a que consideraron que la información que disponía no era concluyente. El presidente mexicano Vicente Fox no reconoció al nuevo Gobierno, y manifestó que esperaría a que se realizaran nuevas elecciones. Medios de comunicación internacionales Los medios de comunicación internacionales fueron menos unánimes, primero destacando la noticia difundida sobre la masacre en el puente Llaguno y luego saludando al nuevo presidente. La posición más criticada fue la de los medios de comunicación españoles y estadounidenses, incluso diarios de tendencia socialdemócrata como El País, publicaron editoriales o noticias en favor del gobierno de Carmona. CNN en Español le concedió una entrevista a Carmona, apoyando su Gobierno de facto e igualmente editoriales del Washington Post dieron su apoyo al golpe.[cita requerida] Los medios de comunicación alternativos, como Indymedia, ofrecieron información más imparcial, debido que podían ser utilizados por los chavistas para difundir los acontecimientos vividos luego del golpe de Estado. Intervención de España y Estados Unidos En 2004 España vivió un grave incidente político, cuando el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Moratinos (PSOE), en un programa de televisión, aseguró que el gobierno previo de José María Aznar (PP) era responsable de haber apoyado el golpe. Además, Chávez ha acusado al entonces presidente estadounidense George Bush como el principal responsable del golpe. También acusa a los agregados militares estadounidense en tener conversaciones con militares venezolanos insurrectos y dar apoyo logístico a estos. Véase también: Posición de Aznar El Rol de Chávez El domingo anterior a los sucesos aquí reseñados, concretamente el 7 de abril de 2002, hubo una transmisión radial y televisiva del programa ¡Aló Presidente! en la cual el presidente Hugo Chávez, con un silbato en la boca, despidió con nombre y apellido a la alta gerencia de PDVSA. Uno a uno fue nombrando a todos los gerentes con su cargo y sueldo, acusándolos de tener salarios obscenos, de llevar una vida llena de lujos y escandalosa. Con cada señalamiento sonaba el silbato y decía: "¡Pa fuera señor, muchas gracias por sus servicios, está usted despedido!" En una alocución ante la Asamblea Nacional, ocurrida el 15 de enero de 2004, Chávez aclara su contribución al desenvolvimiento de los hechos con las siguientes palabras: "Lo de PDVSA era necesario. Aún cuando nosotros -bueno, no es que no la generamos; sí la generamos- porque cuando yo agarré el pito aquél en un ¡Aló Presidente! y empecé a botar gente, yo estaba provocando la crisis. Cuando nombré a Gastón Parra Luzardo, y aquella nueva Junta Directiva, pues estábamos provocando la crisis. Ellos respondieron y se... presentó el conflicto. ¡Y aquí estamos hoy! ¡Era necesaria la crisis!" Documentales La Revolución no será transmitida Un equipo de televisión de Irlanda (Radio Telefís Éireann) el cual tenía varios meses registrando un documental acerca de Chávez, en el momento las imágenes registradas contradijeron las explicaciones de los opositores a Chávez, además salen imágenes incriminando a elementos de oposición controlados por los medios, por el Departamento de estado de los EE.UU. y por el vocero de la Casa Blanca entre otros. Sin embargo la imparcialidad de este documental ha sido puesta en duda por venezolanos de tendencia opositora, que volcaron su crítica al mismo en otro documental, Radiografía de una mentira. Adicionalmente otro documental, War on Democracy (2007), revela detalles clave sobre tales incidentes, que relacionan la administración estadounidense con los promotores del golpe de estado. "Puente Llaguno, Claves de una Masacre" Véase también Golpes de Estado en Venezuela Elecciones en Venezuela Decreto Carmona Referencias Enlaces externos Documental "Puente Llaguno, Claves de una Masacre" [http://www.youtube.com/watch?v=DtDl7SuHRkM Radiografía de una mentira - Las mentiras de "La revolución no serán tele Mensaje del General en Jefe Lucas Rincón Romero Acta de constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional (Decreto del 12 de abril de 2002 de Pedro Carmona Estanga. (en inglés) La revolución no será televisada Documental. Y su contestación Radiografía de una mentira - Las mentiras de "La revolución no serán televisada" Documental "Puente Llaguno, Claves de una Masacre"