Diferencia entre revisiones de «Gobierno de Argentina»
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Revisión del 00:07 16 jun 2017
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|---|---|---|---|---|
 Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo | ||||
| Localización | ||||
| País |
 Argentina | |||
| Información general | ||||
| Jurisdicción | Territorio argentino | |||
| Tipo | Poder ejecutivo | |||
| Sede |
Casa Rosada (Buenos Aires) Presidencia del Gobierno | |||
| Sistema | República representativa federal | |||
| Organización | ||||
| Presidente de la Nación Argentina |
Mauricio Macri (Presidencia de Mauricio Macri) | |||
| Vicepresidente de la Nación Argentina | Gabriela Michetti | |||
| Presidente Provisional del Senado | Federico Pinedo | |||
| Presidente de la Cámara de Diputados | Emilio Monzó | |||
| Presidente de la Corte Suprema de Justicia | Ricardo Lorenzetti | |||
| Composición | presidente de la Nación Argentina y Gabinete de Ministros | |||
| Sucesión | ||||
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| Sitio web oficial | ||||
El Gobierno de la República Argentina adopta constitucionalmente la forma de una democracia representativa, republicana y federal. Debido a su carácter federal, la Argentina posee dos estructuras de gobierno: El Gobierno Nacional o Federal; 23 gobiernos provinciales más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada una de las cuales son consideradas preexistentes a la Nación y ejercen todos los poderes no delegados expresamente al gobierno federal.
Adicionalmente la Ciudad de Buenos Aires está regida por un sistema de autonomía, mientras que las provincias poseen subdivisiones administrativas y municipios.
Gobierno Nacional o Federal
Poder Legislativo Nacional
El Poder Legislativo es bicameral y está a cargo del Congreso Nacional, el cual consiste del Senado (72 butacas), presidido por el Vicepresidente, y la Cámara de Diputados (257 butacas), actualmente presidida por Emilio Monzó, del partido oficialista Cambiemos. Este poder también incluye al Vicepresidente (ya que es el presidente de la Cámara de Senadores), al Auditor General de la Nación y al Defensor del Pueblo.
El Congreso sesiona entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de cada año, aunque el Presidente de la Nación puede convocar sesiones extraordinarias o prorrogar su extensión. En el primer caso es el presidente quien determina los temas a tratar, mientras que en el segundo el Congreso tiene libre iniciativa. Según la interpretación de las Cámaras, esta prórroga de sesiones también puede ser ordenada por el Congreso.
Los residentes de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen diputados y senadores directamente. Los diputados son los representantes de todos los habitantes de la Nación, mientras que los senadores representan a sus distritos.
Cada distrito elige un número de diputados proporcional a su población y a tres senadores: dos para la mayoría y uno para la primera minoría.
Cámara de Senadores o Senado
Está compuesto por tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires electos por períodos de 6 años. Los senadores son elegidos por voto directo en cada uno de los 24 distritos. La renovación se realiza de a tercios cada dos años. En cada distrito, correspondiendo dos bancas el partido que obtenga mayor cantidad de votos y una tercera al que quedó en segundo lugar. El Vicepresidente de la República como Presidente del Senado no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación.
Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados tiene atribuciones exclusivas en materia de creación de impuestos y reclutamiento de tropas.[1] También es quien debe formular las acusaciones que puedan desembocar en un juicio político al Presidente de la República, al vicepresidente, los Ministros de Estado y los miembros de la Corte Suprema. Dichas acusaciones son formuladas ante el Senado de la Nación Argentina y requieren una aprobación de las dos terceras partes de la Cámara.[2]
Al igual que la Cámara de Senadores, redacta su reglamento interno y puede decidir el disciplinamiento o incluso la expulsión de sus propios integrantes.[3] Sus integrantes reciben fueros parlamentarios, los cuales pueden ser revocados por los restantes componentes de la Cámara si se formulara una denuncia que lo requiriera.[4]
Poder Ejecutivo Nacional
Corresponde al Presidente de la Nación Argentina y se encarga de la administración y de cumplir los intereses del Estado Nacional.
En las elecciones generales el Presidente y el Vicepresidente son elegidos por sufragio universal directo en distrito único. La reforma constitucional de 1994 introdujo el mecanismo de doble vuelta, de modo que si, en una primera votación, la fórmula más votada supera el 45 % de los votos válidos o el 40 % con una ventaja superior al 10 % respecto de la segunda, sus integrantes serán proclamados Presidente y Vicepresidente, siendo necesario, de lo contrario, celebrar una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta, en la que serán proclamados Presidente y Vicepresidente los que obtengan un mayor número de votos.
Presidencia
El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) es unipersonal y se encuentra a cargo de un ciudadano electo directamente por voto popular con el título de Presidente de la Nación Argentina. El Presidente de la Nación Argentina es jefe de estado, jefe de la Administración Pública nacional y Comandante en Jefe de las fuerzas armadas; designa y remueve libremente al Jefe de Gabinete y a los ministros.
Vicepresidencia
El Vicepresidente, también es el presidente del Senado, pero sólo tiene voto en caso de empate.
Ministerios de la Nación y Secretarías Presidenciales
El jefe de gabinete, nombrado por el Presidente, ejerce la administración general del país y junto con los demás Ministros, refrenda y legaliza los actos del Presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
Cada ministerio está dirigido por un ministro, que es libremente elegido y removido por el titular del Poder Ejecutivo. A su vez, cada ministerio está integrado por secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales o generales, que constituyen cargos políticos bajo dependencia jerárquica del ministro, y son designados por éste o por el titular del Poder Ejecutivo por recomendación del ministro. Debajo de las direcciones nacionales o generales, se encuentra la jerarquía de carrera: direcciones, departamentos, divisiones y secciones. A su vez, bajo la órbita de los ministros, suelen ubicarse organismos descentralizados o autárquicos, y otro tipo de agencias estatales bajo regímenes especiales.
Las secretarías presidenciales se dividen en la Secretaría General, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), la Secretaría de Inteligencia (SIDE), y la Casa Militar.
Poder Judicial
El Poder Judicial está compuesto por jueces federales y por otros jueces con diferentes jurisdicciones, encabezados por la Corte Suprema de Justicia con cinco miembros (un Presidente, un Vicepresidente y tres Ministros), seleccionados por el Presidente con la aprobación del Senado, quien puede ser depuesto por el Congreso.[5]
Corte Suprema de Justicia
Está compuesta por cinco miembros nombrados por el Presidente de la Nación, con acuerdo del Senado. Es la cabeza del poder judicial de la Nación.
La Corte es el último tribunal habilitado para impartir justicia, es decir que sus fallos no pueden ser apelados. También decide en casos en los que se ponga en duda la constitucionalidad de alguna ley o algún fallo de tribunales inferiores. Puede, por ejemplo, declarar inconstitucional (pero no nula, pues su sentencia solo es estrictamente obligatoria entre las partes en juicio) una ley aprobada por el Congreso Nacional si juzga que es incompatible con la Constitución.
Los requisitos para ser miembro de la Corte son: ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio y tener las condiciones requeridas para ser senador nacional (art. 111 C.N.). Los miembros son elegidos por el Presidente con acuerdo del Senado y duran en su cargo mientras tengan buena conducta (art. 110 C.N.). Sin embargo, la misma Constitución dispone (art. 99, inc. 4, párrafo 3º) la exigencia de un nuevo nombramiento una vez cumplidos los 75 años, y por el plazo de cinco años, pudiendo ser renovado indefinidamente. Pese a ello, esta disposición no es de aplicación, en virtud de haberse reputado inválida su incorporación por la reforma constitucional de 1994 al fallar la Corte Suprema sobre la cuestión en el caso «Fayt» (1999). En consecuencia, sus magistrados sólo pueden ser removidos de sus cargos por un proceso de juicio político, llevado a cabo en el Senado y exclusivamente bajo el cargo de mal desempeño de sus funciones.
Consejo de la Magistratura
Administra el Poder Judicial de todas las instancias excepto la Corte Suprema. Tiene a su cargo cinco funciones, entre ellas seleccionar mediante concurso público de los magistrados (excepto los de la Corte) y removerlos por las causales contempladas por la ley.
Ministerio Público
Organismo independiente con autonomía funcional y financiera para la promoción de la actuación de la justicia en defensa de los intereses de la colectividad, estando integrado por un Procurador General y un Defensor General de la Nación.
Otras Instituciones del Estado
Auditoría General de la Nación
Organismo autónomo de asistencia técnica al Congreso para la fiscalización de la actualización del poder ejecutivo. Su presidente es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso (Diputados y Senadores conjuntamente).
Defensor del Pueblo
Organismo independiente instituido en el ámbito del Congreso Nacional, con plena autonomía funcional, para la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos constitucionales y legales así como para el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Elegido para un mandato de 5 años que podrá renovarse una sola vez, por dos tercios de los miembros presentes en cada una de las Cámaras del Congreso Nacional.
Defensor del Pueblo de la Nación actual: Anselmo Agustin Sella, desde 6 de abril de 2009.
El defensor del Pueblo (del sueco ombudsman, comisionado o representante), es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos ante abusos que puedan cometer los poderes ejecutivo y, en su caso, legislativo de ese mismo Estado. Algunos autores defienden que el Justicia de Aragón es el precursor del Defensor del Pueblo, que procede de la Constitución Sueca que estableció dicha figura en 1809 para dar respuesta inmediata a los ciudadanos ante abusos de difícil solución por vía burocrática o judicial. De ahí que en diversos idiomas se haga referencia a su nombre en sueco Ombudsman. En los países hispanohablantes se denomina comúnmente Defensor del Pueblo, mientras que en los países francófonos suele llamarse Médiateur de la République y en los catalanófonos Síndic de Greuges. Algunos países también lo han titulado Defensor de los Ciudadanos.
Del mismo modo, existen diferencias entre el ombudsman y el defensor del pueblo en España, ya que mientras el Ombudsman fue diseñado para supervisar la Administración pública, el Defensor del Pueblo utiliza esta supervisión como instrumento para defender los derechos y libertades fundamentales, tal y como se desprende del art. 54 de la CE y de su ubicación dentro del Capítulo IV del Título I.
La legitimación democrática del Defensor del Pueblo es indudable, pues en todos los casos procede de la elección parlamentaria, con mayoría cualificada y tras debate público sobre la figura del candidato. Sin embargo, es independiente del Parlamento, el cual no puede enviarle instrucciones ni cesarle, salvo por causas tasadas. Se ha señalado que la efectividad de esta figura queda limitada por su incapacidad de imponer coactivamente sus decisiones a las autoridades concernidas. Su capacidad de control reside sobre todo en la razonabilidad o persuasión de sus argumentos, por lo que adquiere un carácter más político que judicial. Sin embargo, la experiencia demuestra que buena parte de sus recomendaciones suelen ser atendidas por los poderes públicos.
En algunos países, el Defensor del Pueblo tiene capacidad para presentar acciones o recursos ante la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, en su caso.
El Defensor del Pueblo se ha desarrollado especialmente en el continente americano, siguiendo el modelo español. Las instituciones del continente se agrupan en la [1]Federación Iberoamericana de Ombudsman, organización muy activa en la defensa de los derechos humanos en la región, que publica anualmente un importante Informe sobre derechos humanos.
Elecciones y voto
Las elecciones en la República Argentina se celebran cada dos años para elegir a los cuerpos legislativos y, desde 1995, cada cuatro para elegir al poder ejecutivo (antes se realizaban cada seis años). La constitución nacional, en su artículo primero, establece que el país tiene un sistema de gobierno «representativo, republicano y federal».[6] Por su condición de país federal, en Argentina se realizan regularmente dos tipos de elecciones principales: Elecciones nacionales, y las elecciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde 1983 hasta la fecha, se ha producido el segundo período más largo de elecciones ininterrumpidas de la historia argentina (el más largo hasta ahora fue el período de 1853 a 1930). El período actual es el más largo, sin embargo, si se toma desde la Ley Sáenz Peña que estableció en 1912 el voto universal, secreto y obligatorio (seguido por los períodos 1912-1930, 1931-1943 y 1946-1955).
Próximas
| Próximas Elecciones | |
|---|---|
| Primarias | Elecciones primarias de Argentina de 2017 |
| Legislativas | Elecciones legislativas de Argentina de 2017 |
| Presidenciales | Elecciones presidenciales de Argentina de 2019 |
Últimas
| Próximas Elecciones | |
|---|---|
| Primarias | Elecciones primarias de Argentina de 2015 |
| Legislativas | Elecciones legislativas de Argentina de 2015 |
| Presidenciales | Elecciones presidenciales de Argentina de 2015 |
Gobiernos provinciales
La República Argentina es un estado Federal constituido por 23 Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumple la función constitucional de ser la Capital de la República.
Cada Provincia constituye un estado autónomo que ejerce todo el poder no delegado expresamente a la Nación y tiene competencias legislativas en los términos establecidos en sus respectivas constituciones en las que de forma expresa manifiestan su adhesión a la República, tiene su propia constitución, leyes, autoridades, formas de gobierno, etc., aunque primero y principal esto debe conformar con las leyes y la constitución nacional.
El gobierno de cada provincia, a su vez tiene también tres ramas (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). El poder ejecutivo de cada provincia es ejercido por un gobernador; tanto la extensión de su mandato como la forma de ser elegido y la posibilidad de reelección están determinadas por cada Constitución provincial que, en general, establecen en cuatro años la duración del mandato. Entre sus obligaciones se encuentra hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación, de ahí que la Constitución Nacional se refiera a ellos como agentes naturales del Gobierno Federal. El poder legislativo provincial es ejercido por la correspondiente Legislatura provincial que puede ser unicameral o bicameral conforme establezca cada Constitución provincial.
Cada provincia tiene a su vez subdivisiones territoriales que se denominan departamentos, salvo en la Provincia de Buenos Aires donde se llaman partidos. Según lo que decida cada provincia los departamentos pueden estar subdivididos en distritos, pedanías o cuarteles que pueden o no tener funciones administrativas. Para la administración de los intereses de la población local, la Constitución Nacional reconoce a los municipios como entes autónomos creados por los gobiernos provinciales por las leyes que regulan el ejercicio de su autonomía, habiendo provincias que los consideran aún como entes autárquicos. Los municipios se clasifican administrativamente principalmente en función del número de habitantes. La naturaleza, composición y competencias del gobierno de cada localidad depende de su rango, estableciéndose en las diferentes constituciones los criterios de clasificación y las formas de gobierno, existiendo también gobiernos locales sin categoría municipal generalmente en pequeñas localidades o en áreas rurales, los cuales adoptan diferentes nombres: comisiones de fomento, comisiones municipales, juntas de gobierno, comunas rurales, comunas, etc.
Las localidades que por cumplir los requisitos para su creación son declaradas Municipios son gobernadas por una Municipalidad cuya rama ejecutiva es ejercida por un Intendente o Presidente Municipal, elegido por sufragio universal directo y cuya rama legislativa, con potestad para la sanción de Ordenanzas Municipales, es ejercida por un Concejo Deliberante o Concejo Municipal en la mayoría de los casos, siendo el número de concejales determinado por las leyes generalmente en función del número de habitantes del municipio. Para los municipios que cumpliendo ciertos requisitos legales deciden hacer uso de su autonomía institucional, la mayoría de las provincias les dan la potestad de establecer por sí mismo su forma de gobierno mediante la sanción de una Carta Orgánica o Carta Municipal con carácter de constitución municipal.
Esta estructura administrativa es muy dinámica y tiene el doble propósito de colaborar en la descentralización del Estado (el Federalismo Argentino se lleva hasta el ámbito Municipal) y fomentar la colonización de territorios vírgenes, en los que los asentamientos creados sirvan de base para la creación de otros nuevos con la consiguiente creación de Municipalidades o Comisiones de Fomento desgajadas de las originales.
Gobiernos departamentales y municipales
Todas las provincias excepto la provincia de Buenos Aires, se encuentran divididas en distritos llamados departamentos. Los departamentos son simplemente divisiones administrativas; no tienen estructuras gubernamentales o autoridades propias. A su vez son divididos en municipios (ciudades, pueblos y villas). Cada provincia tiene sus propias convenciones de nomenclatura y diferentes sistemas de gobierno para diferentes tipos de municipalidades. Por ejemplo, la Provincia de Córdoba tiene municipios (ciudades) y comunas (pueblos); la Provincia de Santa Fe incluso distingue entre la primera y segunda categoría municipios; mientras que la Provincia del Chaco refiere a todos los centros poblados como municipios en tres categorías.
Por su parte, la provincia de Buenos Aires tiene un sistema diferente. Su territorio está dividido en 134 distritos llamados partidos, los cuales son técnicamente municipios, aún cuando normalmente contienen diferentes ciudades y pueblos. Sin importar la provincia, cada departamento/partido tiene una cabecera, aunque a menudo no es necesariamente el mayor centro urbano, y en algunas provincias pueden ser llamados como el distrito donde se encuentran.
Los municipios están dirigidos por gobernantes llamados intendentes en el caso de las ciudades y pueblos (los de mayor categoría). Una ciudad tienen un cuerpo legislativo llamado Concejo Deliberante. Los pueblos más pequeños tienen sistemas más simples, a menudo gobernadas por una comisión, presidida por el Presidente Comunal u otra autoridad similar.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires es la capital federal de la república y fue declarada una ciudad autónoma luego de la Reforma de la Constitución Argentina de 1994. Se organiza como un Estado autónomo, regido por una constitución y tres poderes.
La ciudad se encuentra representada en el Congreso Nacional según las mismas reglas que las provincias, mediante tres senadores (dos por la mayoría y uno por la minoría), y diputados en proporción a su población, todos ellos elegidos por voto directo. El Poder Ejecutivo de la ciudad se encuentra a cargo de un Jefe de Gobierno.
Debido a que la Ciudad de Buenos Aires no es todavía una provincia, sino que goza de un régimen de autonomía garantizado por la Constitución Nacional, existen divergencias, tanto en el mundo político como jurídico, sobre los alcances y límites de esa autonomía.
Es al Congreso de la Nación al que le corresponde precisar las limitaciones de la autonomía porteña. Ello ha sido realizado por la Ley Nº 24.588 de 1996, mejor conocida como Ley Cafiero. Entre las limitaciones establecidas por la Ley Cafiero se encuentran varios fueros judiciales (civil, penal, laboral, comercial), la policía de seguridad, varias áreas del transporte, facultades en materia de política laboral, la zona portuaria, etc. Estas limitaciones han generado reclamos por parte de varios sectores políticos porteños[7] y en general los porteños y los ciudadanos del resto de las provincias tienen puntos de vista considerablemente diferentes sobre las limitaciones a la autonomía de Buenos Aires, sobre todo en materia presupuestaria (de dónde debieran provenir los fondos para sostener esas actividades).
Historia
La primera forma de gobierno de la Argentina surgió durante la Revolución de Mayo de 1810 al crearse la Primera Junta y duró hasta el 18 de diciembre de 1810, seguido por la Junta Grande, la cual gobernó desde ese mismo día hasta el 22 de septiembre de 1811. Luego gobernaron, el primer triunvirato (1811-1812) y el segundo triunvirato de (1812-1814). Después de los triunviratos, desde 1815 hasta 1820, el gobierno fue ejercido por una sola persona con el título de Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta forma de gobierno duró desde 1815 hasta 1820. Desde 1820 hasta 1852 la Argentina sufrió un período en el que las provincias tuvieron su propio gobierno, sin un gobierno central por sobre ellas. Durante este período hubo un intento de organización nacional que fracasó, dado que la sanción de la Constitución de 1826 era de carácter centralista, por lo que la forma que adoptó fue de una república unitaria, eligiéndose primer presidente a Bernardino Rivadavia entre 1826 y 1827, que ejerció con el título de Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
A partir de 1852 y con la sanción de la Constitución Argentina de 1853 comenzó a hablarse de la Nación Argentina, presidida por una autoridad nacional constitucional representante de todas las provincias. Sin embargo, entre 1852 y 1862 no hubo un orden político-administrativo estable, la Provincia de Buenos Aires se había separado del resto formándose el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina separadamente.
Durante el período de separación, Buenos Aires experimentó prosperidad económica gracias a los ingresos que le proporcionaba la Aduana, mientras que la Confederación no tenía casi ingresos. Justo José de Urquiza, presidente de la Confederación, tomó algunas medidas para trabar el comercio de Buenos Aires pero ninguna le fue fructífera. Los dos estados coexistieron pacíficamente hasta 1859.
En dicho año, las tropas bonaerenses, al mando de Bartolomé Mitre se enfrentaron a las de la Confederación, al mando de Urquiza en la batalla de Cepeda, triunfando estas últimas. Como consecuencia de ello, se negoció la entrada de Buenos Aires a la Confederación, pero el fracaso diplomático llevó a otra batalla, la Batalla de Pavón (1861) donde venció el ejército de Mitre. Como consecuencia se pactó el ingreso de Buenos Aires a la Confederación pero bajo los términos que a la nueva provincia le parecieran convenientes. Formándose así la actual República Argentina.
El estado liberal
El estado liberal en la Argentina asume dos formas: la vertiente oligárquica, que se extiende desde 1853 hasta 1916, momento en que asume el poder el primer gobierno ejercido por un partido de masas moderno y la vertiente democrática que se extiende desde 1916 hasta 1930 con el derrocamiento de Yrigoyen. Una caracterización general del estado liberal en cualquiera de sus vertientes, no puede dejar de lado al menos tres grandes cuestiones: 1. A mediados del siglo XIX cuando el contexto mundial se caracterizaba por el desarrollo de un capitalismo creciente, se hacía imperiosa la participación de las nuevas naciones en la economía capitalista mundial. Para esto el estado argentino elabora un proyecto político con un objetivo claro: la inserción de la Argentina en el comercio mundial, asumiendo un modelo de desarrollo agroexportador, cuya unidad de producción fue la estancia. Este modelo se basaba en promover un desarrollo capitalista dependiente sustentado en afluencia de capital y mano de obra extranjeros. Estos dos elementos, asociados a las grandes extensiones de tierras, producirían materias primas destinadas a la exportación para satisfacer la demanda de los países centrales. 2. Por otro lado, alcanzar la pacificación social se hacía indispensable para generar una mayor confianza en el exterior en relación a la estabilidad del país y aumentar la credibilidad de sus instituciones. Tal como sostiene Oszlak, el estado necesitaba generar bases concensuales de dominación para sustentar su legitimidad como una de las dimensiones de la ¨estatidad¨ que paulatinamente iba construyendo. No alcanzaba ya con la dominación por la fuerza de las armas, sino que era necesario generar una modificación profunda de las fuerzas tradicionales de organización social y ejercicio del poder político. En tal sentido, el estado nacional despliega distintas estrategias para hacerse presente en todo el territorio del país. Esta presencia estatal creciente en los distintos planos de la sociedad, adopta diversas modalidades que Oszlak caracteriza de la siguiente manera: una primera modalidad represiva, que supuso la organización de una fuerza militar unificada y distribuida territorialmente, con el objeto de prevenir y sofocar todo intento de alteración del orden impuesto por el estado nacional. Una segunda, que denomina cooptativa, incluyó la captación de apoyos entre los sectores dominantes del interior, a través de la formación de alianzas basadas en compromisos de prestaciones recíprocas. Una tercera, material, presupuso diversas formas del estado nacional, a través de la localización en territorio provincial de obras, servicios y regulaciones indispensables para su progreso económico. Y una cuarta y última, que llama ideológica, consistió en la creciente capacidad de creación y difusión de valores, conocimientos y símbolos reforzadores de sentimientos de nacionalidad que tendían a legitimar el sistema de dominación establecido. 3. Esta es la tercer cuestión de importancia en el estado liberal, la necesidad de construir una identidad nacional para la definitiva conformación de la nación. Esto se encuentra fuertemente vinculado con la llegada de inmigrantes portadores de culturas y tradiciones diversas que venían a satisfacer la demanda de mano de obra que crecía junto con la economía.
En 1916 el estado liberal oligárquico cambia de régimen político. Con el ascenso del radicalismo yrigoyenista al gobierno, se pasa de la democracia restringida a la democracia ampliada, en virtud de las luchas por la libertad política y por la democracia implementadas por la UCR. Si bien con la llegada de este partido al poder, el estado cumple funciones de armonizador de los distintos intereses sociales, no hubo una ruptura con el modelo político-económico imperante, ya que la clase oligárquica dominante continúa siendo hegemónica en virtud de haberse mantenido la visión del desarrollo y el progreso económico sustentado por los conservadores. En otras palabras, al no cambiar el modelo de acumulación y al mantener el conservadurismo su presencia en ciertos lugares estratégicos del marco político-institucional, el radicalismo yrigoyenista no puede ejercer plenamente el poder otorgado por el triunfo eleccionario. Por esta razón, García Delgado habla de un cambio de régimen político dentro de un mismo modelo de estado. El gobierno radical finaliza en 1930 con el golpe de estado que dará comienzo a la restauración conservadora. Se manifiesta así la decadencia del modelo agroexportador y comienza un recatado proceso de industrialización que sentará las bases para el surgimiento de una nueva fuerza política: el sector obrero, que se incorporará a la vida política en la siguiente década con el peronismo. El proyecto industrializador de los conservadores es un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. La estrategia de la elite tradicional (terrateniente) fue cambiar algo para que la estructura socioeconómica de base pudiera mantenerse. El estado de la década del 40 asume un papel mucho más activo, adquiere un perfil de mayor autonomía. Su función no será, a partir de este momento, traducir en políticas públicas los intereses de un sector de la clase dominante, sino articular esos intereses con los de elites provenientes de otros sectores propietarios, inmersos todos ellos en un proceso de acumulación de capital. El estado se torna mucho más intervencionista de lo que había sido en el pasado.
El estado social
A la crisis económica de los años 30 se le suma posteriormente un contexto internacional de características singulares, configurado a partir de la guerra fría, como consecuencia de la relación de poderes entre las naciones después de las dos guerras mundiales. Latinoamérica, posicionada de un modo diferente respecto de los países en lucha por reconstruirse en la postguerra, iba a sufrir evidentes modificaciones en las políticas implementadas, que nos permiten hablar de una redefinición del rol del estado, que implicó un cambio profundo en la relación estado-sociedad que se había mantenido hasta ese momento. Se intensificó el rol del estado en la estructura y gestión de la sociedad y la economía, transformándose en el agente más importante de la producción y reproducción de la sociedad. García Delgado afirma que en este período el estado posee una mayor autonomía relativa, constituyéndose no ya en garante de las reglas de juego, sino del bienestar social asumiendo los roles de redistribuidor, regulador, planificador, empresario y empleador, es decir, no sólo asume un fuerte papel político y social sino que se convierte también en un destacado actor económico. La lógica seguida por el desarrollo del estado de bienestar fue determinada principalmente por la necesidad de mantener el orden social amenazado por el lugar cada vez más activo que ocupa el movimiento obrero como actor social y político. El modelo de estado keynesiano intentaba paliar los efectos de la depresión actuando sobre la demanda a través del estado. A grandes rasgos las dos políticas más importantes contenidas en esta teoría eran el mantener un crecimiento económico estable y la meta del pleno empleo. Este nuevo tipo de estado implica un cambio en la agenda de las políticas públicas, mutando las premisas de ¨ Orden y Progreso ¨ del estado liberal, por la de ¨ Seguridad y Desarrollo ¨, dado que: 1. se prioriza el mercado interno como estrategia de distribución del ingreso hacia los sectores asalariados y la expansión del empleo, 2. se establece una alianza de clases entre los industriales de capital nacional y los asalariados, 3. se trata de dar respuesta a las demandas sociales desde las políticas públicas, con el objetivo de lograr una mayor integración ciudadana a partir de una creciente participación de la sociedad en lo que ella misma produce, primando un concepto de sujeto social, basado en una ´ cultura igualitaria ¨ y ¨holística ¨, en la cual el individuo ata su destino al del conjunto social. En el caso argentino el estado social asume tres vertientes: nacional popular, desarrollista y burocrático-autoritario. La etapa nacional popular, se inicia con la llegada de Perón al gobierno y se caracteriza por la aparición de una industria nacional y generación de empleo urbano asalariado. Si bien después del derrocamiento de Perón en 1955 cambia el régimen político, el modelo de estado continúa bajo la forma desarrollista. Diferenciándose de la estrategia nacional-popular en cuestiones de énfasis, mientras la última consideraba al Estado en función de la distribución y la autonomía nacional, la desarrollista lo hizo a favor del aumento de la inversión y la integración a este proceso del capital extranjero. El modelo de relación estado-sociedad se encuadra, sobre todo durante el gobierno de Frondizi (1958-1962), en el paradigma de la modernización. Este gira en torno a la idea de que el atraso en el desarrollo se debe principalmente a cuestiones idiosincráticas, tales como la escasa inversión o la falta de motivaciones para el cambio. Desde el plano económico se implementan políticas tendientes a disminuir las importaciones de materiales industriales esenciales como acero, papel,..., basándose en el desarrollo de las industrias básicas y del petróleo. Para llevar adelante estas cuestiones se impulsa una amplia apertura al capital extranjero. Pero la acción del capital internacional redefinió y acentuó las viejas contradicciones, marginando a aquellos sectores industriales que habían prosperado en período de sustituciones y que resultaban ahora ineficientes frente a las grandes corporaciones; por otra parte las mayores exigencias de productividad y la alta tecnificación influían sobre el nivel de empleo, afectando las posibilidades de absorción de la mano de obra. Más tarde, con el golpe militar de 1966, se instala el denominado Estado Burocrático Autoritario. Este régimen político sostiene una filosofía contraccionista del aparato burocrático, inspirada en el principio de subsidiariedad del estado, que se evidencia en la desburocratización, la reducción del gasto público, la masiva transferencia de empresas estatales al sector privado, la desconcentración de servicios mediante su transferencia a las provincias, municipios o empresas concesionarias. Cuando a mediados de los 70 la economía mundial entra en crisis, también empiezan los cuestionamientos al estado social, que en la Argentina coincide con la desindustrialización producto de la implementación de políticas económicas neoliberales, iniciándose el proceso de reducción de la intervención estatal en materia económica.
El estado neoliberal
Sobre el final del siglo XX asistimos a un proceso de reestructuración de la sociedad caracterizada por la globalización económica y cultural, producto, sobre todo, del avance científico-tecnológico, que se denomina postindustrial. El agotamiento de aquel modelo de acumulación, algunos de cuyos síntomas han sido los procesos de inflación y recesión, el descontrol fiscal, el endeudamiento, la excesiva burocratización, fueron debilitando el rol del estado. En la Argentina el período más crítico comienza a mediados de los 70 con altos niveles de inflación y recesión que quiebran su ciclo de crecimiento sostenido para ingresar en un proceso de estancamiento que se mantiene hasta los años noventa. Así es como la crisis de este estado desencadena la crítica al estado, posición ésta sustentada desde el neoliberalismo que, a través de la imposición de una economía de mercado deja en un segundo plano las demandas sociales sobre las que se asentaba el modelo estatal anterior. Una economía basada en la liberalización de precios y mercados en el orden interno, y de apertura comercial y financiera en el orden externo. Se reestructura también, la relación entre el capital y el trabajo por el avance de la tecnología: la acumulación de capital ya no depende únicamente de la explotación de los recursos naturales, sino de la incorporación del conocimiento. Al mismo tiempo este proceso va acompañado de la fragmentación , dado que los circuitos de intercambio comercial y financiero se producen entre sociedades desarrolladas o al menos entre aquellas que puedan o logren insertarse en dichos circuitos, con lo cual se produce concomitantemente un proceso de exclusión y desintegración social no sólo entre países, sino al interior de cada uno de ellos. En el orden político, el autoritarismo cede el paso al régimen democrático. El neoliberalismo se constituye en la base de legitimación del estado, pero vaciado de contenido social. La política deja de constituirse en la posibilidad que tienen los sujetos de sentirse representados, de canalizar sus demandas y encontrar respuestas frente a las mismas. En cuanto al aspecto social, se muestra una sociedad que se presenta cada vez menos organizada en clases sociales, que responde a lógicas funcionales o socio-productivas claramente definidas, y a un aumento de la diferenciación y desigualdad de acuerdo a su inclusión –o no- en el postindustrialismo. Este proceso se cristaliza a partir del golpe de estado de 1976. Durante la última dictadura militar el énfasis se pone en la acumulación y en la recomposición de las finanzas públicas a través de medidas que revertirán las políticas de distribución de la renta nacional imponiendo la lógica del ajuste, que en líneas generales, giran en torno a la liberalización de las economías, la reducción de los desequilibrios en la balanza de pagos y del sector público mediante disminución del gasto público, ampliación del sector privado a través de las privatizaciones, capitalización de la deuda externa, ajuste de los salarios reales, aumento de los ingresos impositivos y mayor espacio al capital internacional. Para los críticos del estado benefactor la inflación surgía de la financiación del gasto público excesivo, que se resolvió reduciéndolo, y con una política monetaria conservadora. Se dio también un sobredimensionamiento del sector financiero como parte de un proceso de centralización del capital y crecimiento de un conjunto de grupos articulados con la fracción financiera. La emergencia del estado neoliberal se afianza a fines de los 80 con la Ley de Reforma del Estado durante la gestión presidencial de Carlos Menem. El objetivo fundamental era reducir la intervención del estado en las áreas productivas estableciendo las disposiciones para la privatización y participación del capital privado. Por otra parte, la Ley de Emergencia Económica permitió llevar adelante la suspensión de los subsidios, subvenciones y regímenes de promoción social industrial, cuya magnitud financiera representaba una parte del déficit fiscal. Con este marco legal se promueven diferentes estrategias desde el estado tendientes a la desregulación, la descentralización, la implementación de un programa de privatizaciones, no sólo en el área de producción sino también las del área de los servicios y de la gestión pública (salud, educación,...) las cuales van delineando un nuevo rol para el estado. Dicho plan debía quitar todo tipo de control o de intervención regulatoria estatal. A través de las privatizaciones se transfirieron los activos de producción de bienes y servicios al sector privado, especialmente las empresas estatales (petróleo, gas, agua, teléfono, ferrocarriles,...). Ambos procesos han traído aparejado el agravamiento de dificultades económicas y sociales, ya que la reestructuración impactó fuertemente en algunos sectores de la producción, sobre todo del agro extra-pampeano; así como el cierre de empresas públicas en poblaciones pequeñas y medianas produjo un considerable incremento del desempleo y precarización laboral.
Referencias
- ↑ Constitución Nacional, artículo 52.
- ↑ Constitución Nacional, artículo 53.
- ↑ Constitución Nacional, artículo 66: Disposiciones comunes a ambas Cámaras.
- ↑ Constitución Nacional, artículos 69 y 70: Disposiciones comunes a ambas cámaras.
- ↑ «CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Ley 26.183, Reducción del número de Jueces que la integran. Disposición Transitoria.». 2006. Consultado el 21 de mayo de 2014.
- ↑ Constitución Nacional
- ↑ En el país despunta un debate para cambiar la Ley Cafiero, Página/12, 29 de junio de 2007
Enlaces externos
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- www.senado.gob.ar Sitio oficial del Honorable Senado de la Nación Argentina.
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- www.mpf.gob.ar/ Sitio oficial del Ministerio Público Fiscal.
- www.dpn.gob.ar/ Página Oficial del Defensor del Pueblo de la Nación.
Véase también
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