Confederación Argentina
| Confederación Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Período histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1831-1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Himno: Himno Nacional Argentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mapa de la Confederación Argentina (y sus países limítrofes) hacia 1846 (aproximadamente). Las zonas de control no efectivo se muestran en verde más claro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas | 31°43′56″S 60°31′43″O / -31.732222222222, -60.528611111111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital |
Buenos Aires (1831-1854) Paraná (1854-1861) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad | Período histórico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma oficial | Castellano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentilicio | Argentino, -a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religión |
Catolicismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moneda | Peso Moneda Corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período histórico | Mediados del siglo XIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 4 de enero de 1831 | Pacto Federal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 1838-1840 | Primer bloqueo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 1845-1850 | Segundo bloqueo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 3 de febrero de 1852 | Caída de Rosas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 11 de septiembre de 1852 | Separación de Bs. As. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 1 de mayo de 1853 | Constitución de 1853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 23 de octubre de 1859 | Batalla de Cepeda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 18 de septiembre de 1861 | Batalla de Pavón | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 12 de diciembre de 1861 | Disolución del gobierno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de gobierno |
Confederación (1831-1853) República federal (1853-1861) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gobernador • 1835-1852 • 1852-1852 |
Juan Manuel de Rosas Vicente López y Planes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente • 1854-1860 • 1860-1861 |
Justo José de Urquiza Santiago Derqui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Confederación Argentina fue el nombre de la actual República Argentina entre 1831 y 1861. También es el nombre más habitualmente usado para los dos períodos históricos que ocupan ese lapso de tiempo, esencialmente distintos en cuanto a la organización institucional: entre 1831 y 1853 no existió ninguna constitución nacional, y entre 1853 y 1861, la provincia de Buenos Aires se mantuvo segregada del conjunto de las demás provincias.
Su origen suele situarse en la firma del Pacto Federal del 4 de enero de 1831 entre las provincias de Buenos Aires (que entonces incluía a la ciudad homónima), Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, al que adhirieron durante los dos años siguientes las restantes provincias existentes. Según la interpretación predominante en la historiografía argentina, este proceso marcó el fin de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el surgimiento de un nuevo orden confederal.
La consolidación de este sistema se produjo con la reelección de Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1835. Ese mismo año, la Junta de Representantes de Buenos Aires le otorgó la «suma del poder público» y le delegó la conducción de las relaciones exteriores de la Confederación. Durante los 17 años siguientes, Buenos Aires ejerció una posición predominante dentro del sistema confederal.
La oposición al rosismo estuvo integrada principalmente por el Partido Unitario, cuyos principales referentes debieron exiliarse a Uruguay. También surgieron sectores disidentes dentro del propio federalismo, críticos del liderazgo personalista de Rosas y de los métodos represivos empleados por organizaciones como La Mazorca.
La época rosista concluyó en 1852, cuando el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, encabezó un pronunciamiento contra Rosas y organizó el Ejército Grande, integrado por fuerzas entrerrianas, correntinas, de unitarios exiliados y contingentes extranjeros, entre ellos tropas del Imperio del Brasil.
Después de la batalla de Caseros, en la que Urquiza venció a Rosas, invitó a los gobernadores de las demás provincias a una reunión en San Nicolás de los Arroyos. Allí los gobernadores firmaron el Acuerdo de San Nicolás, por el cual nombraron a Urquiza como director provisorio de la Confederación y convocaron a un Congreso General Constituyente en la ciudad de Santa Fe.
La provincia de Buenos Aires no estuvo de acuerdo con la forma en que se organizó el Congreso, lo que llevó a la secesión de la misma, dando origen al Estado de Buenos Aires en 1852. Este último entró repetidamente en guerra con el resto de la Confederación y se enfrentó con ella en la batalla de Pavón en 1861. El triunfo de Buenos Aires significó el fin de la Confederación, la reunificación nacional —a costa de las autonomías federales provinciales— hegemonizada por la élite liberal instalada en la ciudad de Buenos Aires y la aplicación de la Constitución de 1853 en todo el territorio.
Toponimia
[editar]A partir de 1831, el conjunto de provincias que se reconocían dentro de un único Estado fue adoptando la denominación «Confederación Argentina» y «República Argentina» en reemplazo de «Provincias Unidas del Río de la Plata». El primero se generalizó a partir del inicio del segundo mandato de Rosas en Buenos Aires.[9]
Antes de la reforma constitucional de 1860, se usaba en el preámbulo y artículos; no obstante, tras esta y al reincorporarse la provincia de Buenos Aires, se reemplazaron esas menciones por «Nación Argentina». De todos modos, el artículo 35 de la Constitución declara que, junto con «Provincias Unidas del Río de la Plata», sigue siendo uno de los nombres oficiales del país.[10] En concordancia, el 9 de octubre el presidente Santiago Derqui dispuso por decreto el uso de «República Argentina» para todos los actos oficiales del gobierno.[11]
No obstante, la historiografía argentina suele utilizar el nombre de Confederación Argentina a todo el período que termina con la caída del gobierno de Derqui y Pedernera, a fines de 1861, como netamente separado del período inmediatamente posterior, dominado por los líderes unitarios y porteñistas.
Antecedentes
[editar]Revolución de Mayo e la independencia
[editar]La Revolución de Mayo de 1810 ocasionó el colapso del virreinato del Río de la Plata, que había sido creado en 1776 y dominada efectivamente la actual Argentina y Bolivia. Se conformó una junta de gobierno autónoma, que juraba fidelidad al rey de España Fernando VII y desconocía la autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias en la península ibérica. Este es el punto de arranque para las denominadas Provincias Unidas del Río de la Plata y, según la historiografía argentina, del Estado argentino.[12]
A partir de principios de 1814 se formó un inorgánico Partido Federal, que al año siguiente intentó organizarse en la Liga Federal, una confederación asentada en el Congreso de Oriente: una parte de las Provincias Unidas adoptó el sistema federal de gobierno, enfrentado al centralismo del gobierno directorial, iniciándose las guerras civiles argentinas.[13][c]
A su vez, en julio de 1816, las provincias sometidas al gobierno central —más la provincia de Córdoba, gobernada en ese entonces por los federales— declararon oficialmente la independencia en el Congreso de Tucumán.[14] Para ese entonces, los ejércitos rioplatenses enfrentaban a las fuerzas del Imperio español en varios frentes simultáneos, mientras los federales iniciaban su lucha contra la invasión lusobrasileña en la Provincia Oriental.
Crisis de 1820 y presidencia de Rivadavia
[editar]En 1820, tras el motín de Arequito y la batalla de Cepeda, que causaron la disolución del Congreso de Tucumán y del gobierno directorial, cada provincia pasó a gobernarse por sí misma. Esta situación pareció comenzar a revertirse a partir de 1824, con la reunión del Congreso General Constituyente.[15] El estallido de la guerra del Brasil al año siguiente aceleró el proceso de formación de un nuevo gobierno central, dirigido por el flamante presidente Bernardino Rivadavia, pero las negociaciones de este con el Imperio del Brasil y su apoyo al Partido Unitario en la renacida guerra civil causó un descontento generalizado tanto en la capital como en las provincias interiores.[16]
El gobierno nacional y el Congreso fueron nuevamente disueltos,[17] se perdieron las provincias de Tarija —incorporada a Bolivia mientras las Provincias Unidas estaban en guerra contra Brasil—[18] y la Oriental, la cual —debido a las presiones del Reino Unido y Brasil— se independizó como Estado Oriental del Uruguay. Se deshizo la federalización que había efectuado Rivadavia sobre la provincia de Buenos Aires. Las elecciones celebradas en agosto de 1827 resultaron en la elección de Manuel Dorrego, líder de los federales porteños.[19]
Guerra civil de 1828-1831
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En diciembre de 1828 se produjo una revolución unitaria en Buenos Aires, por medio de la cual el gobernador Dorrego fue derrocado. Su máximo impulsor, el general Juan Lavalle, se nombró como nuevo gobernador y mandó a fusilar a Dorrego, quien había intentado resistir en el interior bonaerense.[19]
Lavalle debió enfrentar la crisis que el mismo había ocasionado. El gobernador de Santa Fe, Estanislao López, y el comandante y gran hacendado, Juan Manuel de Rosas, pusieron sitio a Lavalle, obligándolo a acordar la paz con Rosas y sus aliados. En el Pacto de Cañuelas se acordó fecha para nuevas elecciones de la Junta de Representantes de Buenos Aires, que debían tácitamente ser favorables a los deseos de Rosas.[19]
Los unitarios porteños interpretaron este acto de Lavalle como una traición, y si bien se formó la lista de unidad, en la víspera de la elección, presentaron una segunda lista, formada únicamente por unitarios. Dominada la ciudad por las tropas del ejército unitario, la lista rebelde triunfó sin problemas. Rosas desconoció la elección y mantuvo el sitio en Buenos Aires. El designado para reemplazarlo no fue el mismo Rosas, sino el general Juan José Viamonte, quien debía de inmediato convocar a nuevas elecciones legislativas. Tres meses y medio duró su gestión.[19]
Historia
[editar]Primer gobierno de Rosas (1829-1832)
[editar]Elección y asunción
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El 1 de diciembre de 1829 la Junta de Representantes volvió a funcionar; pocos días después, en la mañana del 6 de diciembre, se decide que al nuevo gobernador se le otorgará «todas las facultades ordinarias y extraordinarias que creyera necesarias, hasta la reunión de una nueva legislatura».[20][21]
En la tarde, la Junta de Representantes procedió a la elección del titular de la gobernación. Juan Manuel de Rosas obtuvo 33 votos, mientras que Viamonte recibió uno solo. Juan Nepomuceno Terrero, estrecho colaborador, socio y pariente de Rosas, optó por no votar por él.[21]
Rosas tenía un contacto con las clases populares que no podían tener los profesionales y tenderos que vivían en la ciudad. Como Quiroga, Ramírez y casi todos los caudillos, venía de la clase de estancieros que administran personalmente sus estancias. Los estancieros estaban identificados con sus peones gauchos: vestían sus trajes, montaban en recados, usaban su lenguaje y sus modalidades; en fin, hablaban, pensaban y obraban como dirigentes naturales del hombre de campo.[22]
Rosas asumió el cargo el 8 de marzo, en medio de una multitudinaria manifestación de apoyo. Durante la ceremonia de asunción declaró que había aceptado el gobierno porque «las circunstancias han podido más que todo, y por su influjo he aceptado», afirmando que su intención era permanecer retirado en la campaña. En el mismo acto, el presidente de la Sala de Representantes, Felipe Arana, lo saludó con el título de «digno restaurador de las Leyes», denominación que desde entonces quedó asociada a su figura.[22] Ello guarda diversos significados. Por un lado, aludía al restablecimiento del orden legal surgido de la Revolución de Mayo, que, según la interpretación federal, había sido vulnerado por los unitarios tras la Revolución decembrista. Por otro, hacía referencia a las reformas impulsadas durante su propio gobierno. Asimismo, el término podía evocar tanto la restauración de un orden moral como la aplicación efectiva de las leyes y el mantenimiento del orden político.
Situación del interior
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Mientras en Buenos Aires parecía restablecerse un clima de orden, la situación en el interior del país continuaba siendo profundamente inestable. Los conflictos entre provincias resurgieron y la guerra civil se reanudó con particular intensidad. A pesar de las victorias militares obtenidas por Facundo Quiroga sobre las fuerzas unitarias, hacia 1829 las provincias interiores distaban de constituir un bloque político homogéneo. Las provincias andinas —La Rioja, Catamarca, Mendoza y San Luis— permanecían bajo la influencia del caudillo riojano, pero en Salta continuaban predominando los sectores unitarios, mientras que en Tucumán el gobernador Javier López, instalado por Quiroga, comenzó a distanciarse de su liderazgo. En Santiago del Estero, Juan Felipe Ibarra mantuvo una posición relativamente neutral y, en Córdoba, Juan Bautista Bustos enfrentaba dificultades para consolidar su autoridad, aunque sostenía su alianza con Quiroga.[23]
La situación cordobesa terminó siendo el principal foco de expansión del conflicto. El general unitario José María Paz intentó revertir el predominio federal avanzando sobre su provincia natal. Años antes, en 1820, Paz y Bustos habían encabezado conjuntamente el motín de Arequito, oponiéndose al empleo del Ejército del Norte contra las fuerzas federales que amenazaban Buenos Aires. En aquella oportunidad respaldaron el acceso al gobierno cordobés de la facción federal local, que hasta entonces buscaba una alianza con las fuerzas artiguistas. Sin embargo, esa colaboración fue efímera: Bustos consolidó su propio poder, se distanció de los federales cordobeses y también de Paz, quien abandonó su anterior identificación con el federalismo provincial para encabezar el movimiento unitario.[23]
Paz logró destituir a los gobernadores federales aliados a Quiroga, estableciendo gobiernos que respondían a su autoridad. El 5 de julio de 1830, impulsó la creación de la Liga Unitaria o del Interior, una alianza político-militar integrada por las provincias de Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca. Consolidada mediante los tratados del 5 de julio y del 31 de agosto de 1830, la Liga constituyó una alianza ofensiva y defensiva destinada a coordinar la acción de las provincias unitarias, contrarrestar la influencia de Rosas y de los gobernadores federales, y promover la organización nacional a través de un congreso que determinara la forma de gobierno del país.[23][24]
La Liga se amplió el 31 de agosto de 1830 mediante un convenio suscrito por sus representantes diplomáticos. A las provincias que habían adherido al pacto del 5 de julio se incorporaron Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. El tratado, firmado en Córdoba, confirió además al general Paz el cargo de «jefe del Supremo Poder Militar». Esto le confería el mando sobre las fuerzas veteranas y milicianas de las provincias integrantes de la Liga, con todo su armamento y pertrechos, así como la dirección suprema de las operaciones tanto en tiempos de paz como de guerra. Asimismo, las provincias se comprometían a poner a su disposición la cuarta parte de sus rentas y a realizar los sacrificios adicionales que fueran necesarios para sostener el esfuerzo militar. Estas atribuciones se mantendrían hasta la instalación de un gobierno nacional.[25] Aunque los tratados no hacían referencia expresa al unitarismo, la Liga respondía al proyecto político impulsado por el general Paz, orientado hacia un modelo de organización nacional de carácter unitario. Asimismo, el proyecto disponía que las provincias firmantes revocaran la delegación de las relaciones exteriores que habían otorgado con anterioridad al gobierno de Buenos Aires.[26]
Pese a la amplitud territorial que alcanzó la Liga, su solidez política era limitada. El predominio unitario en gran parte de las provincias dependía, en buena medida, de la presencia del ejército comandado por Paz, ya que, con excepción de Salta y Tucumán, la mayoría de los gobiernos aliados tenía dificultades para sostenerse sin el respaldo de las tropas. Aunque el tratado otorgaba a Paz el control de los recursos militares y financieros de las provincias integrantes, estas atravesaban una situación económica precaria y enfrentaban problemas para reclutar efectivos. En la práctica, la principal fortaleza de la Liga residía en el ejército y en el liderazgo militar de Paz, quien era consciente de las limitaciones estructurales de la alianza que encabezaba.[27]
Política interna
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Los unitarios fueron sistemáticamente estigmatizados y responsabilizados por los principales conflictos y dificultades que atravesaba la provincia. En mayo de 1830, en el marco de la guerra contra Paz, el gobierno de Rosas promulgó un decreto que establecía: «que todo el que sea considerado autor o cómplice del suceso del día 1º de diciembre de 1828, o de alguno de los grandes atentados cometidos contra las leyes por el gobierno intruso que se erigió en esta ciudad en aquel mismo día... será castigado como reo de rebelión, del mismo modo que todo el que de palabra o por escrito o de cualquier otra manera se manifieste adicto al expresado motín».[28] Más adelante, en 1832, el gobierno sancionó una nueva Ley de Imprenta invocando las facultades extraordinarias que le habían sido conferidas. La norma supuso el retorno de las restricciones a la actividad de la prensa escrita y redujo el alcance de la libertad de imprenta.[29]
Esta disposición implicó el desconocimiento de las cláusulas de paz suscriptas entre Lavalle y Rosas en 1829, mediante las cuales ambas partes se habían comprometido a respetar una amplia amnistía. Cabe señalar que estas limitaciones no se iniciaron con el gobierno de Rosas, ya que durante la administración de Dorrego se habían impuesto restricciones a la libertad de prensa consagrada por la ley de 1821; sin embargo, dichas restricciones se profundizaron durante su primer gobierno.[28]
El control que el gobierno buscó ejercer sobre la oposición mediante leyes y decretos se complementó con una serie de medidas simbólicas destinadas a reafirmar la hegemonía del Partido Federal. Entre ellas, la más representativa fue la adopción de la «divisa punzó», un distintivo de color rojo que constituía un símbolo de adhesión al federalismo. Habitualmente consistía en una cinta roja que los hombres llevaban en el pecho o en el sombrero, mientras que las mujeres solían usarla en el cabello. Rosas dispuso mediante decreto la obligatoriedad de su uso para los empleados públicos de la provincia. Quienes prescindían de ella podían ser identificados como opositores al gobierno y quedar expuestos a diversas formas de persecución o sanción.[28]
Rosas hizo un amplio uso de las facultades extraordinarias. Numerosos opositores fueron desterrados a Montevideo, Uruguay o confinados en la estancia de Callejas —perteneciente a Rosas— y en el bergatín Cacique —una embarcación que sirvió de prisión flotante—, mientras que varios prisioneros unitarios fueron ejecutados. Estas medidas suscitaron críticas entre algunos sectores del propio federalismo, aunque Rosas sostenía que provenían principalmente de los llamados «federales distinguidos», ya que, según afirmaba, la mayoría de la población reclamaba un trato aún más severo hacia los unitarios.[30]
Pacto Federal
[editar]La formación de una alianza entre las provincias federales adquirió carácter urgente ante la expansión de la Liga Unitaria encabezada por el general José María Paz. Rosas impulsó la creación de una liga capaz de enfrentar militarmente a los unitarios y, una vez restablecida la paz, servir como fundamento de una futura confederación.[31]
El 20 de julio de 1830 se reunieron en Santa Fe los comisionados de las provincias federales: José María Roxas y Patrón por Buenos Aires, Domingo Cullen por Santa Fe, Diego Miranda por Entre Ríos y Pedro Ferré por Corrientes. Roxas y Ferré recibieron el encargo de elaborar un anteproyecto de liga provincial. Ferré propuso una comisión representativa que convocara posteriormente a un congreso constituyente, además de medidas proteccionistas frente a las manufacturas extranjeras y la distribución entre las provincias de los ingresos de la aduana de Buenos Aires. Roxas respondió que no contaba con instrucciones para aceptar esas propuestas y las negociaciones quedaron estancadas.[32]
Rosas también rechazó inicialmente la convocatoria de un congreso constituyente. En una carta dirigida a Estanislao López el 16 de agosto de 1830 sostuvo que «Antes debemos existir y después organizarnos», argumentando que mientras Paz mantuviera bajo su influencia a nueve de las trece provincias argentinas, un congreso favorecería los intereses unitarios. López respondió el 27 de agosto manifestando su conformidad.[32]
Con el propósito de destrabar las negociaciones, Rosas aceptó posteriormente incorporar las propuestas de Ferré, aunque condicionó su aplicación al restablecimiento de la «plena libertad y tranquilidad». Persistía el desacuerdo respecto de la comisión representativa, organismo al que Rosas se oponía por considerarlo un posible «semillero de intrigas». Ante la insistencia de López, que consideraba innegociable ese punto, Rosas envió en octubre al ministro Cullen a Buenos Aires para alcanzar un acuerdo. Finalmente aceptó la inclusión de la Comisión en el tratado.[33]
El 4 de enero de 1831, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos suscribieron el Pacto Federal. El tratado ratificó los acuerdos previamente celebrados entre las tres provincias y reconoció recíprocamente su libertad, independencia, representación y derechos. Las partes se comprometieron asimismo a prestarse auxilio ante una invasión extranjera que afectara a cualquiera de ellas o de las restantes provincias argentinas, y constituyeron una alianza ofensiva y defensiva frente a cualquier agresión o amenaza proveniente de otra provincia que pusiera en riesgo su integridad territorial e independencia.[34]
El Pacto creó además la «Comisión Representativa de los Gobiernos de las Provincias Litorales de la República Argentina», integrada por un diputado de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos y con sede en Santa Fe. Mientras continuara el estado de guerra, la Comisión actuaría como órgano de coordinación entre los gobiernos signatarios. Entre sus atribuciones se encontraban celebrar tratados de paz, declarar la guerra, levantar el ejército, designar a su comandante y determinar los contingentes militares aportados por cada provincia. Una vez restablecida la paz, debía invitar a las demás provincias a incorporarse a la federación y convocar un «Congreso General Federativo», encargado de organizar el país bajo el sistema federal, regular el comercio y la navegación, establecer el régimen de las rentas generales y del pago de la deuda pública y definir la organización general del país, preservando la soberanía, la libertad y la independencia de cada provincia.[34]
La aprobación del tratado generó un debate en la Junta de Representantes de Buenos Aires. Rosas rechazó la posibilidad de modificar sus artículos, por considerar que ello alteraría un acuerdo cuya redacción había impulsado personalmente. El principal cuestionamiento se dirigió al artículo 7, relativo a la entrega de personas reclamadas por las demás provincias. Algunos diputados consideraron que esa disposición podía favorecer el ejercicio arbitrario del poder por parte de los gobiernos provinciales, especialmente porque Buenos Aires ya había concedido facultades extraordinarias a su gobernador y otras provincias podían adoptar medidas similares. Durante el debate legislativo del 26 de enero de 1831, el diputado Juan Manuel Sáenz Cavia advirtió que la aprobación del artículo podía ampliar excesivamente las atribuciones del poder ejecutivo y legitimar eventuales abusos de autoridad.[35]
Guerra contra la Liga Unitaria
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El 4 de febrero de 1831, el gobierno de Buenos Aires, por medio de su ministro Tomás de Anchorena, impulsó la declaración de guerra contra la Liga Unitaria. Un día antes, Rosas había enviado a Facundo Quiroga al frente de una división militar con destino a las provincias andinas. En una comunicación dirigida a los integrantes de la Comisión Representativa, Anchorena solicitó una declaración formal de guerra con el propósito de «evitar una explosión violenta y sin dirección producida por la desesperación de los pueblos oprimidos y que tal vez causaría la ruina y desolación de toda la República». El 15 de febrero quedó formalmente instalada la Comisión Representativa, presidida durante el primer semestre por Roxas y Patrón. Su primera resolución fue declarar la guerra a la Liga Unitaria y designar a Estanislao López como comandante en jefe del ejército federal.[36]
El derrumbe de la Liga se precipitó en mayo de 1831, cuando el general Paz fue capturado por una partida de soldados santafesinos al mando de López. Su reemplazante, el general Gregorio Aráoz de Lamadrid, asumió el mando de las fuerzas unitarias, pero fue derrotado poco después por Quiroga en la batalla de La Ciudadela, librada en Tucumán.[26]
Se produjo un éxodo de unitarios a la vecina República de Bolivia, entre ellos los generales Lamadrid, José Videla, Javier López, Juan Esteban Pedernera y el coronel Mariano Acha, así como figuras civiles como Facundo Zuviría, Marcos Zorrilla y Rafael Beeche. Todos ellos recibieron el apoyo del presidente boliviano Andrés de Santa Cruz, desde donde continuaron conspirando contra el régimen federal.[37]
Adhesión de las provincias
[editar]Tras la derrota de los unitarios, las provincias comenzaron a adherir progresivamente al Pacto Federal, dejando sin efecto el acuerdo alcanzado previamente en el Tratado de Calchín por decisión de Rosas. Santiago del Estero manifestó su intención de incorporarse el 5 de junio de 1831 y formalizó su adhesión el 20 de agosto, una vez restablecida su Junta de Representantes. Ese mismo día se sumó Córdoba; Mendoza anunció su incorporación el 9 de agosto y la ratificó por ley el 1 de septiembre; Corrientes lo hizo el 19 de agosto; La Rioja, el 12 de octubre; San Luis, el 13 de abril de 1832; Tucumán, el 8 de julio de ese año; Salta, el 4 de julio; Catamarca, el 3 de septiembre, y San Juan se consideraba ya integrada a la Liga Federal desde mayo de 1832. Con estas adhesiones terminó de conformarse la Confederación Argentina. Cada provincia sancionó dos leyes: una aceptando el Pacto y otra delegando en el gobernador de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores de la Confederación. Algunas, además, enviaron representantes a la Comisión Representativa, entre ellos Manuel Leiva (Corrientes), Juan Bautista Marín (Córdoba), Joaquín Corvalán (Mendoza) y Urbano Iriondo (Santiago del Estero).[37]
Disolución de la Comisión Representativa
[editar]Resurgieron las diferencias entre Quiroga y López. Aunque Rosas había logrado reconciliarlos temporalmente y Quiroga había aceptado servir bajo las órdenes de López como comandante de la División Auxiliar de los Andes, el riojano terminó convencido de que el santafesino buscaba perjudicarlo al encomendarle las operaciones más riesgosas. A ello se sumó un conflicto personal por la apropiación del célebre caballo moro de Quiroga, capturado durante la campaña, lo que agravó aún más la relación entre ambos. Rosas propuso la disolución de la Comisión Representativa, convencido de que se había convertido en un foco de intrigas políticas. En una reunión celebrada en Rosario en octubre de 1831, López aceptó posponer la convocatoria del congreso y disolver la Comisión una vez concluida la guerra.[38]
Sin embargo, tras el conflicto, López y su entorno retomaron la iniciativa de convocar un congreso constituyente y mantuvieron en funciones a la Comisión Representativa, en abierta discrepancia con Rosas. La tensión aumentó cuando Quiroga interceptó correspondencia de los comisionados Leiva y Marín, en la que criticaban la postura del gobernador porteño y promovían la organización nacional inmediata. Indignado, Quiroga respondió con duras cartas contra ambos dirigentes, acusándolos de fomentar la división entre las provincias y de conspirar contra Buenos Aires, profundizando así el enfrentamiento dentro del propio federalismo. Marín recibió la carta de Quiroga y presentó su renuncia al gobierno delegado de Córdoba, que fue aceptada por los hermanos Reynafé. Leiva, en cambio, rechazó las acusaciones y permaneció en la Comisión con el respaldo del gobernador correntino Pedro Ferré. Rosas aprovechó la situación para exigir a López el cumplimiento del acuerdo alcanzado en Rosario. En consecuencia, Santa Fe y Entre Ríos retiraron a sus representantes, al igual que Buenos Aires, Mendoza y Santiago del Estero por decisión de sus respectivos gobiernos. Ante la falta de cuórum y con Leiva como único miembro restante, la Comisión Representativa se declaró disuelta el 13 de julio de 1832.[38]
Las atribuciones de la Comisión Representativa fueron transferidas definitivamente al gobernador de Buenos Aires por resolución del propio organismo, decisión que posteriormente fue ratificada por las provincias adheridas al Pacto. De este modo, el mandatario porteño pasó a ejercer, además del manejo de las relaciones exteriores de la Confederación, las funciones que el artículo 16 del Pacto había conferido a la Comisión, entre ellas declarar la guerra o celebrar la paz, determinar los contingentes militares de las provincias, designar a los jefes del ejército confederado y convocar al congreso federativo cuando el país se encontrara en condiciones de «plena libertad y tranquilidad».[39]
Cuestión de las facultades extraordinarias
[editar]Diversos sectores del federalismo impulsaron la restitución de las facultades extraordinarias a la Legislatura. La Junta de Representantes había ido modificando su composición mediante la renovación anual de la mitad de sus miembros, conforme a la ley electoral de 1821, lo que fortaleció a los federales opuestos a la continuidad de esos poderes. Consciente de que la mayoría legislativa le era desfavorable, Rosas devolvió las facultades extraordinarias el 7 de mayo de 1832, aunque aclaró que su decisión respondía a la «divergencia de opiniones» existente con la Junta de Representantes y no al cese del estado de amenaza. Con ello inauguró una práctica que repetiría en otras oportunidades: rehusarse a ejercer facultades extraordinarias para que fuera el propio poder legislativo la que solicitara expresamente su renovación. En esta ocasión, sin embargo, la estrategia no prosperó. Aunque un grupo de diputados afines propuso restituírselas, la iniciativa fue rechazada por una amplia mayoría de los federales opositores, aunque no cuestionaban su prestigio ni su liderazgo —de hecho, apoyaban su reelección—, resistían concederle nuevamente un poder de carácter excepcional.[40] La división también se reflejaba en el gabinete: mientras Manuel José García de Zúñiga, José María Roxas y Patrón y Vicente López y Planes apoyaban la devolución de las facultades, Juan Ramón Balcarce y Manuel Vicente Maza consideraban que debían mantenerse.[41][42]
Con el objetivo de mejorar las relaciones con Bolivia, el 22 de mayo de 1832 Rosas designó a Pedro Feliciano Sáenz de Cavia como encargado de negocios. Aunque era un federal doctrinario y crítico de las facultades extraordinarias y partidario de convocar un congreso constituyente, fue propuesto para el cargo por Quiroga. Durante su misión, Cavia promovió en Santiago del Estero, Tucumán y Salta la convocatoria de un congreso nacional, excediendo las instrucciones recibidas. Ello llevó al gobernador Juan Felipe Ibarra a creer que esa iniciativa contaba con el respaldo de Rosas. La misión diplomática fracasó cuando el gobierno de Santa Cruz se negó a reconocer el carácter diplomático de Cavia.[43]
Interregno de 1832-1835
[editar]Gobierno de Balcarce
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Al concluir su mandato, la Junta de Representantes resolvió reelegir a Rosas como gobernador. En la votación del 5 de diciembre de 1832, obtuvo 29 votos, frente a siete distribuidos entre otros candidatos. Sin embargo, Rosas rechazó la reelección alegando problemas de salud y su deseo de retirarse a la campaña. La Legislatura insistió en tres oportunidades, argumentando que su permanencia era indispensable para el bienestar de la provincia y de la Confederación, e incluso envió una comisión de diputados para persuadirlo, pero el gobernador mantuvo su negativa, invocando el agotamiento que le producía el ejercicio del cargo. Finalmente, el 10 de diciembre, se aceptó su renuncia, aunque le solicitó permanecer en funciones hasta la designación de un sucesor. En esa ocasión, los legisladores destacaron que Rosas se convertía en el primer gobernador que concluía su mandato constitucional y abandonaba el poder sin que ello provocara disturbios o conflictos políticos.[44]
El poder legislativo designó gobernador a Juan Ramón Balcarce, prestigioso general de la guerra de Independencia que había participado en la campaña contra los unitarios.[45][40] En un primer momento, este también rechazó el nombramiento, alegando que no bastaban la buena voluntad y las intenciones si no se contaba con los medios necesarios para gobernar. Sin embargo, ante la insistencia de la Legislatura, aceptó el cargo el 15 de diciembre de 1832 y asumió dos días después. Durante la ceremonia de traspaso, al recibir el bastón de mando de manos de Rosas, expresó su compromiso de seguir el ejemplo de su predecesor, a quien calificó como un «modelo tan digno de ser imitado» y un «verdadero republicano».[46]
Balcarce procuró mantener inicialmente una línea de continuidad respecto de la administración anterior. Confirmó en sus cargos a García de Zúñiga en el Ministerio de Gobierno, a Maza en Justicia —quien además quedó interinamente a cargo de Relaciones Exteriores— y a Roxas y Patrón en Hacienda. Para el Ministerio de Guerra y Marina, vacante tras su ascenso a la gobernación, designó a su primo, el general oriental Enrique Martínez, quien se desempeñaba como inspector de armas.[46]
Sin embargo, la formación del gabinete encontró algunas dificultades. García de Zúñiga, Maza y Roxas y Patrón manifestaron inicialmente su negativa a continuar en sus funciones. La intervención de Rosas habría contribuido a que los dos primeros permanecieran en el gobierno, pero no logró convencer a Roxas y Patrón, quien fue reemplazado por Ceferino Lagos el 7 de enero de 1833.
Rosas se retiró formalmente de la administración provincial para dedicarse a sus actividades privadas. Sin embargo, conservó una influencia decisiva sobre la política al asumir el cargo de comandante general, en preparación de una campaña de expansión de la frontera provincial sur, que hasta entonces llegaba hasta el río Sauce Chico.[47]
La influencia de Rosas
[editar]La partida del caudillo profundizó las tensiones políticas en Buenos Aires. Balcarce y, especialmente, el ministro Martínez, procuraron ejercer un gobierno más independiente y limitar la influencia que Rosas seguía ejerciendo desde la campaña. La Junta de Representantes quedó dividida entre los federales apostólicos, fieles a Rosas, y los federales cismáticos o lomos negros, partidarios del gobierno y de una mayor autonomía respecto del exgobernador.[30] El conflicto se trasladó a las elecciones legislativas de 1833. En la ciudad de Buenos Aires, las elecciones se regían por la ley electoral de 1821. Era habitual que grupos de ciudadanos confeccionaran listas de candidatos y las difundieran a través de los periódicos, sin que existieran campañas electorales organizadas. El sufragio era público y oral: los votantes expresaban de viva voz su elección ante las mesas instaladas en cada parroquia urbana, cuyos integrantes habían sido previamente elegidos por los propios electores. Cuando las elecciones enfrentaron a distintas facciones políticas —como ocurrió entre unitarios y federales en 1824, 1825, 1828 y 1829— circularon listas partidarias que los votantes utilizaban como referencia al emitir su voto. Durante el gobierno de Rosas, las listas habían correspondido exclusivamente a candidatos federales o aceptados por el oficialismo y, en la práctica, predominaban aquellas elaboradas por el Ministerio de Gobierno, que se consideraban respaldadas por el gobernador. En la campaña bonaerense, por su parte, los jueces de paz desempeñaban un papel central en la organización de los comicios y orientaban el voto hacia los candidatos promovidos desde Buenos Aires. No obstante, la selección de los postulantes no respondía únicamente a criterios de lealtad personal a Rosas, sino también a su prestigio local, como lo demuestra la presencia en la Junta de Representantes de diputados que se opusieron a la continuidad de las facultades extraordinarias e incluso votaron contra su reelección en 1832.[48]
Aunque Rosas intentó dirigir la política provincial desde la distancia, la victoria correspondió a los federales cismáticos, que consolidaron su mayoría en la Junta de Representantes. El ministro Martínez fue acusado de favorecer ese resultado mediante la movilización de tropas y el control de las mesas electorales. Meses después, la suspensión de unas elecciones complementarias por decisión de Balcarce, en medio de denuncias de violencia, fue interpretada por los rosistas como un intento de impedir su triunfo, profundizando aún más la ruptura entre ambos sectores del federalismo.[30][49]
Relajamiento de la política represiva y de censura
[editar]El nuevo gobernador procuró inicialmente adoptar una política menos restrictiva hacia la prensa. Con ese objetivo, se derogó la Ley de Imprenta de 1832 y se restableció la legislación sancionada durante el gobierno de Manuel Dorrego,[50] con ciertas modificaciones y correcciones. La reforma precisó las publicaciones que podían ser sometidas al juicio del jurado de imprenta, incluyendo aquellas que censuraran actos de funcionarios públicos o de particulares con trascendencia para la moral pública, las leyes fundamentales o el orden público. Asimismo, reglamentó con mayor detalle el procedimiento, facultando al jurado a decidir sobre la procedencia de la acusación, exigir al impresor la identificación del editor e incorporar una instancia de apelación ante un jurado de segunda instancia. En conjunto, estas modificaciones reforzaron las garantías procesales y establecieron un mecanismo de censura más reglado que el previsto por la legislación anterior. Este criterio también fue recogido por el proyecto constitucional de Buenos Aires de 1833, que reconocía la libertad de imprenta y disponía que los abusos cometidos por ese medio serían juzgados conforme a una ley especial y por un tribunal de jurados.[51]
La relativa mayor amplitud de la libertad de imprenta durante el gobierno de Balcarce, en comparación con el período anterior, favoreció la aparición de numerosos periódicos en 1833, que reflejaban las distintas posiciones existentes dentro del federalismo. Mientras algunas publicaciones respaldaban al gobierno, como El Constitucional, otras defendían abiertamente a Juan Manuel de Rosas, como El Restaurador de las Leyes. La creciente virulencia de la prensa política derivó en acusaciones públicas, desmentidas de supuestos editores y, finalmente, en un endurecimiento del control estatal sobre las publicaciones.[52]
Tras los conflictos electorales de 1833, el poder ejecutivo encomendó al fiscal de primera instancia Emilio Agrelo la fiscalización de aquellos impresos que consideraba abusivos, al tiempo que el gobernador Balcarce, junto con sus ministros y asesores, dispuso la aplicación más estricta de la legislación sobre libertad de imprenta. Aunque Balcarce sostuvo que su actuación respondía únicamente al deber de hacer cumplir la ley y no a las críticas dirigidas contra su persona, sus declaraciones evidencian el clima de fuerte confrontación política y la intensa campaña periodística que cuestionaba a su gobierno.[52]
Campaña de Rosas al Desierto
[editar]Las condiciones del Tratado del Guanaco, celebrado en diciembre de 1825, fueron cumplidas en términos generales. Los pueblos indígenas respetaron la frontera acordada y evitaron emprender campañas militares de gran escala contra Buenos Aires, mientras que el gobierno provincial suministró regularmente las prestaciones pactadas —yeguas, alcohol, tabaco, yerba mate y azúcar—. La única interrupción importante ocurrió durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, cuando, en el contexto de la guerra con el Brasil, dejaron de entregarse esos recursos, lo que provocó una reacción de los caciques. La situación se normalizó en julio de 1827, cuando Rosas, como comandante general de campaña, restableció el cumplimiento del acuerdo.[53]
Ello no supuso el cese de los malones, una táctica que empleaban los originarios desde la conquista española, consistente en ataques rápidos y saqueos a los pueblos y fortalezas de la frontera. Grupos borogas, ranqueles e incluso pampas continuaron realizando sus incursiones, aunque ya no como parte de una guerra sostenida, sino con el objetivo de apoderarse de ganado para comercializarlo en Chile. Según las autoridades porteñas, la persistencia de estas incursiones estaba estrechamente vinculada al funcionamiento del denominado «camino de los chilenos», la ruta utilizada para trasladar el ganado robado hasta el Pacífico. En consecuencia, sostenían que mientras no se desarticulara ese circuito comercial y se ocupara militarmente dicho corredor, resultaría imposible poner fin a los malones.[53]

En septiembre de 1832, al conocer que el gobierno chileno preparaba una expedición al mando de Manuel Bulnes para derrotar al cacique Chocorí, Rosas elaboró un proyecto de campaña basado en una ofensiva que partiría desde la Fortaleza Protectora Argentina (actual Bahía Blanca). La iniciativa cobró mayor urgencia debido al recrudecimiento de los malones ranqueles, alentados por Chocorí, que ese año afectaron especialmente a Mendoza, San Luis y el sur de Córdoba, lo que llevó a las legislaturas de las dos primeras provincias a solicitar a Facundo Quiroga que encabezara una campaña contra los grupos indígenas.[54]
Decidido a no aceptar su reelección como gobernador, Rosas procuró coordinar los esfuerzos de Buenos Aires, las provincias cuyanas y Chile en una operación conjunta. Propuso que Quiroga fuera designado comandante general de la expedición, organizada en tres columnas: una avanzaría desde Cuyo, al mando de Quiroga, para derrotar a Yanquetruz y alcanzar el río Colorado; otra, dirigida por el propio Rosas, partiría desde la Fortaleza Protectora Argentina siguiendo el «camino de los chilenos»; mientras que las fuerzas chilenas actuarían al oeste de la cordillera para expulsar a los grupos araucanos hacia el sur de Llanquihue. El objetivo final era converger sobre Choele Choel y avanzar luego hacia el denominado «País de las Manzanas», en la región del Neuquén.[54]
Mientras se desarrollaba la Campaña al Desierto —cuyo principal esfuerzo militar recayó sobre la columna izquierda comandada por el exgobernador—, la provincia de Buenos Aires atravesó una profunda crisis política. Entretanto, la expedición continuó avanzando y, hacia fines de ese año, había cumplido sus principales objetivos: asegurar las rutas comerciales mediante la instalación de fuertes y guarniciones, y debilitar a los grupos indígenas que operaban sobre la frontera. Rosas dispuso el regreso de sus tropas el 28 de enero de 1834 y, tras una última revista de las posiciones establecidas sobre los ríos Colorado y Negro, se despidió de sus soldados en Napostá el 25 de marzo, dando por concluida la campaña.[55]
Invasión y ocupación británica de las islas Malvinas
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En diciembre de ese mismo año la fragata estadounidense USS Lexington, al mando del comandante Silas Duncan, arribó a la comandancia política y militar de las Islas Malvinas con el objetivo de atacar el Puerto Soledad, capital de las islas.[15] Se trataba de una represalia a la continua captura de buques estadounidenses entre 1829 y 1831, debido a las normas que regulaban la pesca en el Mar Argentino.

Cuando el escocés Mateo Brisbane, antiguo colaborador de Luis Vernet, llegó a las islas Malvinas el 3 de marzo de 1833, tomó conocimiento de la reciente ocupación británica. Sin demora, decidió colaborar con las nuevas autoridades. Gracias a la confianza que ganó entre los ocupantes, mantuvo en sus cargos al francés Jean Simon, quien se desempeñaba como capataz desde la época de Vernet, y al irlandés William Dickson, encargado de la despensa de las islas. Según diversos relatos, tanto Simón como Dickson sometían a los peones a duras condiciones laborales. Les pagaban con vales que, además, no eran aceptados en la única despensa del lugar, administrada por el propio Dickson. A esto se sumaba la prohibición impuesta por Simon de faenar ganado, lo que agravó aún más la situación de los trabajadores. El creciente descontento desembocó en una rebelión el 26 de agosto de 1833, encabezada por el gaucho entrerriano Antonio Rivero. Junto a él participaron dos criollos y cinco indígenas. Durante el levantamiento murieron Brisbane, Dickson, Simon y otros extranjeros presentes en las islas. Tras la sublevación, los rebeldes volvieron a izar la bandera argentina y mantuvieron el control del asentamiento durante aproximadamente cinco meses, con la esperanza de recibir apoyo desde Buenos Aires, una ayuda que finalmente nunca llegó.[56]
Los que sí llegaron fueron los ingleses. El 7 de enero de 1834, a bordo de la fragata Challenger, arribó el teniente Henry Smith para asumir como gobernador británico en las islas. Rivero y sus hombres resistieron heroicamente durante dos meses, hasta que fueron capturados el 18 de marzo y enviados a Londres para ser juzgados. El tribunal británico no encontró méritos para juzgar a los resistentes y los devolvió a Buenos Aires.[56]
Revolución de los Restauradores
[editar]Hacia mediados de 1833, el enfrentamiento entre federales cismáticos y apostólicos se había intensificado. La disputa, centrada en la discusión de dos proyectos de reforma constitucional y en el control de la Legislatura —dominada por los cismáticos—, también se trasladó a la prensa, donde ambos sectores sostuvieron una intensa campaña de acusaciones mutuas.[50] Un episodio desencadenó la crisis política. El gobierno inició procesos judiciales contra diversos periódicos y publicaciones, entre ellos El Restaurador de las Leyes. La medida fue malinterpretada por parte de la población de los suburbios y de la campaña, que creyó que el procesado era Juan Manuel de Rosas y no el periódico. Los apostólicos aprovecharon esa confusión para movilizar a sus partidarios hacia la Plaza de la Victoria (actual Plaza de Mayo) en rechazo al gobierno. Tras ser reprimidos por la policía, los manifestantes, dirigidos por militares afines al rosismo, se replegaron a Barracas, donde reorganizaron sus fuerzas y derrotaron rápidamente a las tropas gubernamentales.[57]
El levantamiento precipitó la renuncia de Balcarce y de su ministro de Guerra, Enrique Martínez, evidenciando el creciente aislamiento del gobierno. En noviembre de 1833, la Junta de Representantes eligió como nuevo gobernador a Juan José Viamonte, con el apoyo mayoritario de los diputados cismáticos, frente a la candidatura del general José María Pinto respaldada por los apostólicos.[57]
Gobierno de Viamonte
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Viamonte asumió la gobernación en un contexto de fuerte polarización política. Aunque los lomos negros habían sido debilitados, conservaban la mayoría en la Junta de Representantes. El nuevo gobernador intentó impulsar una política de conciliación entre cismáticos y apostólicos, siguiendo la línea moderada que había ensayado durante su interinato de 1829, pero las circunstancias ya no favorecían ese tipo de acuerdos. Ante la imposibilidad de recuperar el control político por la vía electoral mientras Rosas permanecía al frente de la Campaña al Desierto, sus partidarios recurrieron a métodos de presión directa. Bajo el liderazgo de Encarnación Ezcurra, cónyuge de Rosas, se organizó la Sociedad Popular Restauradora, una agrupación integrada por fervientes seguidores del exgobernador. Sus miembros realizaron manifestaciones en apoyo a Rosas, presionaron a la Legislatura y protagonizaron actos de intimidación y violencia contra los opositores.[58]
En este clima, numerosos federales disidentes comenzaron a exiliarse en Entre Ríos y en Uruguay, mientras el gobierno de Viamonte se debilitaba progresivamente. La tensión alcanzó uno de sus momentos más críticos en abril de 1834, cuando el expresidente Bernardino Rivadavia, de regreso de su exilio europeo, fue objeto de amenazas y hostigamientos que lo obligaron a abandonar nuevamente el país por decisión del gobierno. Aislado políticamente e incapaz de contener la creciente crisis, Viamonte presentó su renuncia en junio de 1834.[58]
Gobierno de Maza
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Tras la renuncia de Viamonte, fue electo nuevamente a Rosas como gobernador de Buenos Aires. No obstante, al no incluir la designación la concesión de las facultades extraordinarias, Rosas volvió a rechazar el cargo, repitiendo la estrategia que había empleado en 1832. Ante la negativa de la Legislatura a restablecer esos poderes —con el fin de evitar un nuevo enfrentamiento como el ocurrido durante su primer gobierno—, se designó gobernador al presidente de la Legislatura Manuel Vicente Maza, estrecho colaborador y amigo personal de Rosas.[58]
Maza evitó designar un nuevo ministerio para no generar resistencias entre los apostólicos y asumió provisoriamente el gobierno mientras buscaba una solución definitiva. Al mismo tiempo, en varias provincias los federales cismáticos impulsaban la convocatoria de un congreso y la sanción de una constitución. En el norte, las tensiones entre el gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, y el salteño Pablo Latorre, agravadas por la actividad de emigrados unitarios, amenazaban con desestabilizar la región.[59]
De acuerdo con el Pacto Federal, correspondía a Buenos Aires intervenir en los conflictos entre las provincias. Maza recurrió entonces a Facundo Quiroga, quien, tras consultar con Rosas, partió hacia el norte con plenos poderes. Durante el viaje, Rosas redactó la carta de la hacienda de Figueroa, en la que planteaba una solución al conflicto entre Salta y Tucumán y sostenía la conveniencia de postergar la organización constitucional hasta consolidar la paz entre las provincias.[59]

Mientras Quiroga avanzaba hacia el norte, Latorre fue derrotado y capturado por las fuerzas de José María Fascio, apoyadas por el presidente boliviano. El 29 de diciembre de 1834, mientras permanecía detenido en Salta, Latorre fue asesinado junto con su jefe de Estado Mayor, José Manuel Aguilar. Al conocer la noticia, Quiroga calificó el hecho como un asesinato y convocó en Santiago del Estero a representantes de Tucumán, Salta y Santiago del Estero. Allí se acordaron medidas para reorganizar la situación del norte, que posteriormente quedaron formalizadas en el tratado del 6 de febrero de 1835. Rosas y Maza desaprobaron el acuerdo por considerar que implicaba reconocer a las autoridades que habían derrocado a Latorre.[59]
Concluida su misión, Quiroga emprendió el regreso a Buenos Aires acompañado únicamente por su secretario, José Santos Ortiz. A pesar de las advertencias sobre un posible atentado y de las ofertas de escolta, decidió atravesar Córdoba, donde los hermanos Reynafé habían sido señalados como posibles responsables de una conspiración en su contra. El 15 de febrero de 1835 ingresó en la provincia y, al día siguiente, mientras atravesaba el paraje de Barranca Yaco, una partida armada detuvo su carruaje y asesinó a Quiroga, Ortiz y sus acompañantes.[59]
El asesinato de Quiroga provocó una profunda conmoción política en las provincias. La desaparición de uno de los principales caudillos federales agravó la crisis de autoridad de la Confederación y tuvo consecuencias decisivas para la política de Buenos Aires, favoreciendo el regreso de Juan Manuel de Rosas al gobierno.[59]
Segundo gobierno de Rosas (1835-1852)
[editar]Elección y asunción
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El 7 de marzo de 1835, tras el asesinato de Quiroga, la Sala de Representantes eligió por segunda vez a Juan Manuel de Rosas como gobernador y capitán general de Buenos Aires. La designación introdujo una fórmula inédita: el mandato se extendía a cinco años y se otorgaba a Rosas «toda la suma del poder público» durante el tiempo que considerara necesario, con la única obligación de defender la religión católica y la causa nacional de la «Federación».[60]
A diferencia de las facultades extraordinarias concedidas durante su primer gobierno, esta delegación no establecía límites temporales ni restricciones precisas sobre las atribuciones del gobernador. La defensa de la religión y de la «Federación» se convirtió así en un fundamento del nuevo régimen: la primera contribuyó a reforzar la idea de unanimidad política, mientras que la segunda permitió presentar la autoridad de Rosas como defensa de la causa federal. De este modo, se consolidó un poder fuertemente centralizado en su figura, cuya influencia se proyectó más allá de Buenos Aires sobre el conjunto de la Confederación.[60]
Reintensificación de las políticas represivas
[editar]Para consolidar su renovado poder, contó con el apoyo de la Sociedad Popular Restauradora. Pero además se formó un brazo operativo, la Mazorca, un grupo parapolicial integrado por miembros de la policía, milicianos y otros colaboradores, que actuó en la persecución, intimidación y, en numerosos casos, el asesinato de opositores políticos. Si bien respondía a Rosas, diversos autores sostienen que con el tiempo adquirió un considerable margen de autonomía en su accionar, convirtiéndose en uno de los principales instrumentos de coerción política durante su segundo gobierno.[61] Uno de los actos más recordados de la Mazorca es el asesinato de Maza, el 27 de junio de 1839. El crimen ocurrió tras descubrirse una conspiración unitaria contra el régimen en la que participaba su hijo Ramón, quien fue fusilado al día siguiente.[62]

Durante octubre de 1840 se produjo en la ciudad de Buenos Aires una intensificación de la persecución contra personas identificadas como unitarias, que incluyó asesinatos, atentados, torturas y encarcelamientos. Aunque no se conoce con precisión el número de víctimas atribuibles a la acción directa de la Mazorca, la violencia política alcanzó una magnitud excepcional. Episodios similares se produjeron posteriormente en el interior, luego de la derrota de la Coalición del Norte a manos de las fuerzas de Manuel Oribe, y nuevamente en Buenos Aires en marzo de 1842, cuando se conoció la victoria obtenida por el general José María Paz sobre las fuerzas de Pascual Echagüe en la batalla de Caaguazú, librada en noviembre del año anterior.[63]
La percepción de una amenaza permanente contra el régimen favoreció la utilización de la violencia y la coerción como instrumentos de gobierno. En este contexto, el rosismo recurrió a distintos mecanismos de control político, entre ellos la confección de «listas de unitarios» por parte de los jueces de paz, que facilitaban la vigilancia y persecución de los opositores, así como la confiscación de bienes para castigar a los adversarios y recompensar a los partidarios de la causa federal. La propaganda oficial también desempeñó un papel central al fomentar la identificación entre el federalismo y la defensa de la Confederación, reforzando la idea de que la conciliación con el unitarismo era imposible y consolidando el apoyo de amplios sectores populares y rurales al gobierno.[64]
Política económica
[editar]La política económica de Rosas estuvo orientada a fortalecer el modelo ganadero-exportador de Buenos Aires. La sanción de la Ley de Venta de Tierras Públicas de 1836 consolidó la concentración de la propiedad rural en grandes estancias, aunque continuó existiendo un número considerable de pequeños propietarios. Paralelamente, la producción pecuaria experimentó un aumento tanto en su extensión como en su productividad, convirtiéndose el ciclo del cuero en el principal eje de la economía porteña.[65]
Durante su gobierno, se preservó el monopolio del puerto de Buenos Aires, el control de la navegación de los ríos y la administración exclusiva de la aduana. Si bien otorgó subsidios a las provincias para afrontar sus gastos, rechazó la distribución de las rentas aduaneras. En respuesta a los reclamos proteccionistas de los gobiernos del interior, especialmente del correntino Pedro Ferré, impulsó la Ley de Aduana de 1835, que elevó los aranceles a numerosos productos importados y prohibió el ingreso de aquellos que competían con la producción local. La medida favoreció el desarrollo de diversas actividades económicas en las provincias —como la agricultura, la industria del cuero, la vitivinicultura, la producción textil, metalúrgica y maderera— y contribuyó a fortalecer el respaldo político al régimen.[65][66]
En el ámbito financiero, Rosas procuró fortalecer el papel moneda y asegurar la disponibilidad de metálico y divisas para atender los compromisos externos. Con ese propósito, en 1836 creó la Casa de Moneda, en reemplazo del Banco Nacional. La nueva institución, administrada por una junta bajo control estatal, quedó encargada de la emisión de moneda, el descuento de letras y pagarés, y la recepción de depósitos particulares y judiciales.[67][68]
Conflictos internos e internacionales
[editar]A partir del segundo gobierno de Rosas, empezaron a surgir cada vez más movimientos de rebelión contra el régimen hegemónico que sostenía sobre el resto del país. A veces con un carácter local, circunscritos a determinadas provincias, y otras con un alcance más amplio, que involucraban a varias provincias y ponían en cuestión la estabilidad de la Confederación.[69]
Guerra con la Confederación Perú-Boliviana
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Desde 1829, Andrés de Santa Cruz ejercía la presidencia de Bolivia. De origen militar y con una destacada trayectoria en las guerras de independencia hispanoamericanas, consolidó su autoridad apoyándose en el ejército y buscó convertir a su país en una de las principales potencias de América del Sur. La crisis política peruana de 1835 le permitió ampliar considerablemente su influencia. Santa Cruz intervino en favor de Luis José de Orbegoso y, tras derrotar a sus adversarios, reorganizó el territorio peruano en dos estados, el Nor y Sud-Peruano, de los cuales fue designado con el título de «supremo protector» en 1836. Al año siguiente, mediante el Pacto de Tacna, se estableció la Confederación Perú-Boliviana, integrada por Bolivia y los estados peruanos, quedando Santa Cruz como su máximo líder.[70]
Durante la guerra civil argentina de 1828-1831 había mostrado su apoyo por el Partido Unitario, por lo que siguió en comunicación con estos tras su exilio en Bolivia y Uruguay. La correspondencia incautada por Felipe Salaverry en febrero de 1836, mostró que una figura unitaria prominente —que Rosas creyó fuera Rivadavia o Lavalle y que actualmente se sabe que era Alvear— estaba en inteligencia con Santa Cruz desde el año anterior para una sublevación en las provincias de la Argentina. Eso confirmaba el plan que había sido denunciado por el diplomático rosista Manuel Moreno. En 1835, la influencia de Santa Cruz ya se había manifestado en el intento del coronel Fascio de conseguir la autonomía de Jujuy respecto de Salta, con la intención de incorporarla a Bolivia. Sin embargo, a partir del año siguiente, su intervención en los asuntos argentinos empezaría a alcanzar una dimensión mucho mayor.[71]
En Chile gobernaban los conservadores pelucones, encabezados políticamente por el ministro Diego Portales. La formación de la Confederación Perú-Boliviana alteró sus relaciones con Perú y agravó las tensiones con Santa Cruz. En 1836, el levantamiento de Ramón Freire contra el gobierno chileno, apoyado por Santa Cruz, y las posteriores represalias entre Chile y la Confederación Argentina llevaron a un enfrentamiento abierto. Ante esta situación, Portales envió a Francisco Javier Rosales a negociar una alianza militar con Rosas, quien también consideraba a Santa Cruz una amenaza. Rosales presentó además la correspondencia que evidenciaba los contactos entre Bolivia y los unitarios argentinos. Aunque Santa Cruz envió paralelamente a su propio agente, José María Armaza, Rosas optó por negociar con Chile. El 13 de octubre de 1836 comunicó a Portales su acuerdo para establecer la alianza, que sería formalizada en la capital chilena.[72]
Al mismo tiempo que Rosales llegaba a Buenos Aires, Portales envió a Manuel Egaña a Lima con amplias facultades para negociar con Santa Cruz e incluso declarar la guerra. Su misión consistía en exigir la reparación de los agravios cometidos contra Chile, el restablecimiento del comercio y garantías contra los enemigos del gobierno chileno. Al enterarse de la misión de Egaña, Rosas creyó que Portales pretendía llegar a un acuerdo con Santa Cruz y, por ello, suspendió el envío de los plenipotenciarios que debían formalizar la alianza. Sin embargo, Portales no tenía esa intención: el error surgió porque ocultó a Rosas el verdadero objetivo de la misión de Egaña, lo que alimentó la desconfianza del gobernador bonaerense y retrasó la formalización de la alianza.[73]

Egaña no consiguió su propósito. Santa Cruz exigía previamente el desagravio de Chile por el incautamiento de buques peruanos en la rada del Callao y, en uso de sus atribuciones, anunció el 11 de noviembre que «puede mirarse ya como declarada la guerra entre Chile y los Estados del Norte y Sur peruanos». Portales hizo saber a Rosas el estado de guerra y le pidió que, conforme al entendimiento de ambos gobiernos, tomase igual medida, reiterando al mismo tiempo la firma del tratado de alianza convenido. En consecuencia, Rosas, en febrero de 1837, «interrumpió las comunicaciones» con Bolivia y notificó a Chile las bases de la alianza. La guerra no se llevaría contra los pueblos del Perú y Bolivia, sino contra Santa Cruz, a quien se obligaría a evacuar los estados peruanos; además, no podría retirar de Perú ejército ni armamento y debería limitar sus fuerzas en Bolivia a las indispensables para mantener el orden interior. También se exigían la devolución de la provincia de Tarija a la Argentina, indemnizaciones por las incursiones de los unitarios facilitadas por el protector y por los gastos realizados para conquistar la independencia de Bolivia, además de facilidades comerciales y la fijación definitiva de los límites. Portales rechazó los puntos territoriales y las indemnizaciones reclamadas por la Argentina en el tratado, por considerar que eran asuntos en los que Chile no había tenido participación. La alianza quedó así «en suspenso» hasta que ambas partes acreditaran sus respectivos reclamos. Mientras tanto, se mantendría una alianza de hecho y la Argentina declararía la guerra a Santa Cruz.[74]
Rosas no contestó a Portales, pero ya estaba comprometido con Chile y había tomado desde febrero medidas de guerra, enviando a Heredia armamentos y vestuarios. El 8 de mayo pidió a las provincias que le acordasen «expedirse con toda la plenitud de facultades» contra las maquinaciones de Santa Cruz y sus «infames asociados los parricidas unitarios». El 16 designó a Heredia como general en jefe del «Ejército Confederado en Operaciones contra Santa Cruz» y, finalmente, el 19 declaró la guerra.[75] Santa Cruz intentó negociar con Heredia a través de una carta con Napoleón Bonetti como mediador, pero este había sido declarado traidor y criminal, por lo que no reconoció su inmunidad parlamentaria y lo encarceló. El protector amenazó con reiniciar las hostilidades si no le liberaba, a lo que Heredia se negó.[76]
La columna del general Gregorio Paz tomó el poblado de Caraparí después de la batalla de la Laguna de Acambuco, llegaron a San Luis y, tras el combate del Pajonal, no pudieron cortar la retirada de los bolivianos. Cuando Paz llegó a las cercanías de Tarija, la superioridad numérica de Braun debido a los refuerzos que había recibido de milicias locales hizo que los argentinos tuviesen que retroceder y tuvo lugar la cuesta de Coyambuyo, en la que los bolivianos capturaron a 20 oficiales argentinos. La columna de Virto puso rumbo al Abra de Zenta, donde se incorporaron fuerzas jujeñas y se enfrentaron a los bolivianos en el combate de Iruya.[76]
El fracaso de las dos columnas provocó la retirada de las tropas hacia Jujuy y Tucumán y la división del ejército. En Tucumán, el pueblo se levantó contra su ejército con Alejo Córdoba a la cabeza, en la llamada Coalición del Norte, en la que Heredia fue asesinado por el coronel Gabino Robles. El encargado de apaciguar la rebelión del militar fue el comandante Rentería, junto con 50 hombres.[76]
Finalmente, Santa Cruz anexionó la puna jujeña a Bolivia y lo puso bajo dependencia del departamento de Tarija. El nuevo gobernador unitario de Salta, Manuel Solá, comenzó las negociaciones de paz y consiguió que el boliviano José Miguel de Velasco le enviase una carta de paz junto con la liberación de los prisioneros argentinos. En enero de 1839, el general chileno Manuel Bulnes y el peruano Agustín Gamarra derrotaron a Santa Cruz, lo que supuso el fin de la confederación y, posteriormente, Velasco fue nombrado nuevo presidente de Bolivia y comunicó el fin de la guerra. La Puna, Iruya y las demás poblaciones ocupadas fueron devueltas a la Confederación Argentina.[76]
Guerra Grande
[editar]La estabilidad interna de la Confederación continuaba amenazada por la actividad de los emigrados unitarios, particularmente desde el Uruguay. Tras la asunción de Manuel Oribe como presidente en octubre de 1834, Fructuoso Rivera, comandante de la campaña, comenzó a vincularse con los emigrados y a favorecer sus proyectos de intervención en las provincias del Litoral argentino. Estas relaciones se desarrollaban en un contexto marcado por la persistencia de vínculos políticos y territoriales entre la Banda Oriental, Entre Ríos y Corrientes, heredados de la tradición artiguista. La actividad de los emigrados y la propaganda de la prensa unitaria y riverista, que promovía nuevas acciones revolucionarias, motivaron una reclamación del gobierno de Buenos Aires, ante la cual Oribe aceptó adoptar medidas para limitar dicha propaganda. Sin embargo, las tensiones internas provocadas por la política del nuevo gobierno, que implicaba un cambio respecto de la orientación de su antecesor, desembocaron en el pronunciamiento de Rivera contra el gobierno constitucional el 16 de julio de 1836. El movimiento contó con el respaldo de Juan Lavalle y de otros jefes y oficiales argentinos emigrados, quienes esperaban que un triunfo de Rivera favoreciera sus propios proyectos políticos. Rosas se abstuvo de intervenir directamente en el conflicto, en respeto a la Convención Preliminar de Paz de 1828, aunque dispuso el cierre de las comunicaciones en el Litoral para limitar su extensión. El 19 de septiembre de 1836, las fuerzas de Oribe, apoyadas por Juan Antonio Lavalleja, derrotaron decisivamente a Rivera y sus aliados en la batalla de Carpintería. En esta acción, las fuerzas de Oribe utilizaron divisas blancas, mientras que las de Rivera emplearon divisas coloradas, dando origen a las denominaciones de los partidos tradicionales de la política uruguaya. Tras la derrota, Rivera se refugió en Brasil, desde donde comenzó a buscar apoyo externo para continuar la lucha contra el gobierno de Oribe.[77]
El exilio de Rivera no puso fin al conflicto. En 1837, volvió a levantarse contra Oribe y, con el apoyo de los emigrados unitarios y Brasil, logró imponerse en 1838. Oribe se vio obligado a abandonar la presidencia y se trasladó a Buenos Aires, donde Rosas reconoció su legitimidad y le brindó apoyo político y militar. Desde entonces, la disputa entre blancos y colorados quedó estrechamente vinculada con los conflictos políticos de la Confederación Argentina. En 1839, la situación se agravó con la intervención de Francia, que inició un bloqueo naval contra Buenos Aires y buscó debilitar al gobierno de Rosas. El conflicto se extendió a ambas márgenes del Río de la Plata y se vinculó con las guerras civiles argentinas, mientras Rivera y los emigrados unitarios intentaban aprovechar la situación para enfrentar a Rosas. Tras el levantamiento de la Coalición del Norte y la campaña del general Lavalle, las fuerzas rosistas recuperaron progresivamente el control del interior. En el Uruguay, Oribe estableció el llamado Gobierno del Cerrito y, con apoyo de Rosas, sitió Montevideo, donde Rivera y sus aliados mantenían el control.[78]
Manuel Moreno, representante del gobierno de Rosas, canalizó las protestas de los comerciantes británicos en Buenos Aires afectados por el bloqueo; esto se sumó a las dudas francesas sobre mantener un conflicto que esperaban que fuera breve. Francia finalmente levantó el bloqueo mediante el Tratado Mackau-Arana. Lavalle perdió el apoyo francés, pero intentó continuar el conflicto de todos modos. Se retiró antes de llegar a Buenos Aires, sin librar batalla alguna, y huyó hacia el norte. Fue perseguido por Oribe —quien ya estaba al mando de los ejércitos argentinos— y murió en circunstancias poco claras.[79]
Guerra contra la Coalición del Norte
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Entre 1840 y 1841, una coalición integrada por varias provincias del norte y Cuyo, inicialmente encabezada por Tucumán bajo el gobernador Marco Avellaneda, y tuvo como objetivo enfrentar la influencia del rosismo y promover una organización constitucional de la Confederación.
El conflicto se vinculó estrechamente con la situación internacional y con la Guerra Grande. Los opositores a Rosas contaron con el apoyo de sectores unitarios emigrados y con la participación del general Lavalle, quien, tras sus campañas anteriores, regresó al territorio argentino desde el Uruguay. La Coalición del Norte llegó a reunir a Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, aunque la coordinación entre sus integrantes fue limitada y sus fuerzas debieron enfrentar la superioridad militar de los ejércitos federales.
Las principales operaciones militares estuvieron dirigidas por el uruguayo Oribe, enviado por Rosas para combatir a la Coalición, y por otros jefes federales como Ángel Pacheco. Lavalle intentó avanzar desde el norte hacia Córdoba y posteriormente reorganizar sus fuerzas, pero fue derrotado por Oribe en la batalla de Famaillá, el 19 de septiembre de 1841. La derrota provocó el colapso de la Coalición y la muerte del gobernador Avellaneda, mientras el general Lavalle emprendía la retirada hacia el norte.
Durante los meses siguientes, las fuerzas federales recuperaron progresivamente el control de las provincias que habían integrado la Coalición. La derrota de los últimos focos de resistencia permitió restablecer gobiernos aliados de Rosas en el noroeste y consolidó la posición política de la Confederación en el interior. Con ello, hacia fines de 1841, la principal oposición organizada en el norte había sido derrotada.
Bloqueo anglo-francés
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A partir de la intervención Reino Unido y Francia en favor de los sectores vinculados a Rivera y al Gobierno de la Defensa, la guerra civil uruguaya tomaría una dimensión internacional. Como parte de su involucramiento, las fuerzas anglo-francesas capturaron la pequeña escuadra de la Confederación iniciaron un nuevo bloqueo naval del Río de la Plata, con el objetivo de presionar a Buenos Aires y favorecer la apertura de los ríos interiores al comercio extranjero.[80]
«Lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la dominación española; una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer» |
La intervención también se extendió al interior de la región. El italiano Giuseppe Garibaldi, al frente de fuerzas navales y con participación de voluntarios italianos, colaboró con los colorados en las operaciones sobre el río Uruguay y logró asegurar temporalmente su control. Posteriormente, las fuerzas aliadas organizaron una expedición destinada a penetrar en el sistema fluvial del Paraná, alcanzar el Paraguay y establecer una vía de comunicación comercial que permitiera sortear el control ejercido por el gobierno porteño sobre la navegación de los ríos interiores.[80]
La expedición anglo-francesa ingresó en el Paraná en 1845 y encontró resistencia de las fuerzas de la Confederación, que instalaron baterías y fortificaciones en distintos puntos del río. El enfrentamiento más importante tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 en la batalla de la Vuelta de Obligado, donde las tropas comandadas por Lucio Norberto Mansilla intentaron impedir el avance de la escuadra extranjera. Aunque las fuerzas anglo-francesas consiguieron superar las defensas y continuar su navegación, sufrieron importantes pérdidas y encontraron dificultades para establecer un comercio sostenido con las provincias del interior.[80]
Las fuerzas europeas habían alcanzado sus objetivos inmediatos de navegación, pero los elevados costos de la intervención, las pérdidas sufridas por las escuadras y la resistencia porteña llevaron al Reino Unido y a Francia a reconsiderar su política. Finalmente, ambas potencias negociaron con el gobierno de Rosas y abandonaron la intervención militar, levantando el bloqueo y reconociendo progresivamente la posición de la Confederación sobre la navegación de sus ríos interiores.[80]
Campañas correntinas contra Rosas
[editar]La oposición de Corrientes a Juan Manuel de Rosas se manifestó en una serie de campañas militares desarrolladas entre 1839 y 1852. Las tensiones tenían antecedentes políticos y económicos, vinculados entre otras cuestiones con la autonomía provincial, la organización nacional y las restricciones al comercio y a la navegación fluvial. En 1839, el gobernador Genaro Berón de Astrada decidió enfrentarse a Rosas y al gobernador entrerriano Pascual Echagüe, encargado de contener la oposición correntina. Berón de Astrada buscó además el apoyo de Fructuoso Rivera, presidente de Uruguay, pero este no llegó a prestarle la ayuda comprometida. El ejército correntino, compuesto por unos 5000 hombres, fue derrotado por Echagüe en la batalla de Pago Largo, el 31 de marzo de 1839. Berón de Astrada murió durante el combate y una parte importante de sus fuerzas fue muerta o capturada. Tras la ocupación de la provincia, los sectores federales aliados de Rosas impusieron un nuevo gobierno, aunque la situación cambió posteriormente con la intervención de Juan Lavalle en Entre Ríos y un levantamiento que permitió el regreso de Pedro Ferré al gobierno correntino.
Ferré organizó entonces un segundo ejército correntino, de unos 3000 hombres, y puso sus fuerzas bajo el mando de Juan Lavalle. Corrientes mantuvo su alianza con Rivera y con los unitarios establecidos en Montevideo, aunque el apoyo recibido de estos fue limitado. A comienzos de 1840, Ferré declaró formalmente la guerra a Rosas y el ejército correntino inició una nueva campaña. Lavalle intentó extender el conflicto hacia Santa Fe y Entre Ríos: una expedición auxiliar dirigida por Mariano Vera y Francisco Reinafé fue derrotada en Cayastá, mientras el grueso del ejército avanzó por Entre Ríos y combatió contra las fuerzas de Echagüe en Don Cristóbal y Sauce Grande. Tras ser rechazado en esta última batalla, Lavalle trasladó sus fuerzas a Buenos Aires con apoyo de la escuadra francesa. Sin embargo, la expedición no logró provocar un levantamiento general contra Rosas y terminó retirándose hacia el interior. Lavalle fue finalmente derrotado por Manuel Oribe en la batalla de Quebracho Herrado, el 28 de noviembre de 1840.
La derrota de Lavalle no puso fin a la resistencia correntina. Pedro Ferré organizó un tercer ejército y, inicialmente, confió su conducción a Rivera; poco después, el general José María Paz asumió el mando de las fuerzas correntinas, conocidas como Ejército de Reserva. En noviembre de 1841, las tropas de Paz derrotaron al ejército entrerriano de Echagüe en la batalla de Caaguazú, una de las mayores victorias obtenidas por Corrientes durante estos conflictos. La derrota provocó la caída de Echagüe y permitió que Paz avanzara sobre Entre Ríos, mientras Rivera también intervenía desde Uruguay y Juan Pablo López se levantaba contra Rosas en Santa Fe. Sin embargo, la falta de coordinación entre los aliados debilitó rápidamente la ofensiva. Paz perdió buena parte de sus fuerzas, mientras Rivera reunió tropas correntinas, uruguayas y restos de los ejércitos de López y Paz. Esta fuerza fue derrotada por Oribe en la batalla de Arroyo Grande, el 6 de diciembre de 1842. La derrota permitió a las fuerzas federales recuperar el control de Entre Ríos y Corrientes, mientras Ferré marchaba al exilio.
En 1843 comenzó una nueva etapa bajo la conducción de Joaquín Madariaga, quien regresó a Corrientes desde el exilio brasileño acompañado por un pequeño grupo de correntinos. Con el apoyo de fuerzas reclutadas en distintos puntos de la provincia, Madariaga recuperó la ciudad de Corrientes y organizó un nuevo ejército. Durante los años siguientes, las fuerzas correntinas volvieron a intervenir en Entre Ríos y en el territorio oriental, manteniendo vínculos con Rivera y con otros grupos opositores a Rosas. En 1845, José María Paz regresó a Corrientes y asumió nuevamente la conducción militar, mientras la provincia establecía una alianza con Paraguay. Esta nueva coalición enfrentó a las fuerzas de Urquiza, que avanzaron sobre Corrientes, aunque el conflicto no produjo inicialmente una batalla decisiva. Las diferencias entre Paz y los hermanos Madariaga terminaron debilitando al gobierno correntino y provocaron la salida de Paz y de varios oficiales extranjeros. Posteriormente, Madariaga inició negociaciones con Urquiza y ambos acordaron el Tratado de Alcaraz, mediante el cual Corrientes aceptaba reintegrarse a la Confederación y al Pacto Federal de 1831, aunque mantenía sus alianzas con Paraguay y los opositores de Montevideo. Rosas rechazó el acuerdo y ordenó a Urquiza reanudar las operaciones contra Corrientes.
La ruptura de las negociaciones condujo a la cuarta campaña correntina. En noviembre de 1847, Urquiza avanzó sobre Corrientes al frente de unos 5000 hombres, entre ellos aproximadamente 2000 correntinos que habían pasado a apoyar su causa. El ejército de Madariaga fue derrotado el 26 de noviembre en la batalla de Vences. La derrota puso fin a la resistencia armada organizada por el gobierno correntino contra Rosas y provocó el exilio de los principales dirigentes opositores. Madariaga huyó al Paraguay y Miguel Virasoro fue designado gobernador, siendo posteriormente reemplazado por su hermano Benjamín, ambos vinculados políticamente con Urquiza. De esta manera, Corrientes quedó bajo la influencia de los sectores federales aliados del gobernador entrerriano y cesaron temporalmente sus campañas contra Rosas.
La última campaña correntina contra Rosas se produjo en un contexto político diferente. A partir de 1850, Urquiza comenzó a distanciarse de Rosas y estableció acuerdos con Benjamín Virasoro, gobernador de Corrientes. En mayo de 1851, Urquiza realizó su pronunciamiento contra Rosas y Virasoro se sumó poco después. Las fuerzas entrerrianas y correntinas pasaron entonces a operar conjuntamente con los aliados brasileños y orientales. El ejército aliado intervino primero en Uruguay, donde contribuyó al levantamiento del sitio de Montevideo y a la derrota del gobierno de Manuel Oribe. Posteriormente, Urquiza organizó el Ejército Grande, integrado por fuerzas entrerrianas, correntinas, orientales y brasileñas, que cruzó hacia la provincia de Santa Fe y avanzó sobre Buenos Aires. El 3 de febrero de 1852 derrotó a Rosas en la batalla de Caseros, poniendo fin a su gobierno. Con esta campaña concluyó la larga serie de enfrentamientos militares en los que Corrientes había participado contra Rosas desde 1839.
La caída de Rosas
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Año tras año, Rosas presentaba su renuncia al manejo de las relaciones exteriores de la Confederación, alegando problemas de salud. Sin embargo, lo hacía con la certeza de que su dimisión no sería aceptada, lo que le permitía mantener el control de esa función.[82]
El 1 de mayo de 1851, el gobernador entrerriano Justo José de Urquiza, mediante un pronunciamiento —una típica práctica política de Hispanoamérica— aceptó la renuncia de Rosas y en consecuencia reasumió para su provincia la conducción de las relaciones exteriores. Aunque era federal y hasta entonces había sido uno de los principales sostenes del régimen rosista, Urquiza había decidido romper con ese orden político y ponerse a la cabeza de su oposición. Consciente de que esta medida equivalía a una declaración de guerra, esperaba que las demás provincias lo respaldaran o prestaran algún tipo de apoyo. No obstante, solo el gobernador correntino Benjamín Virasoro se adhirió al pronunciamiento. En Buenos Aires ocurrió lo contrario: el episodio fue aprovechado para reavivar la movilización popular en favor de Rosas. Urquiza fue calificado de «loco», mientras que la ciudad volvió a ser escenario de las habituales manifestaciones de apoyo al federalismo.[82]
Para enfrentar al gobierno rosista se organizó el Ejército Grande, integrado en partes iguales por tropas entrerrianas y fuerzas correntinas, brasileñas y uruguayas. Esta alianza militar permitió desarrollar la campaña que culminó con la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852, donde las fuerzas de Urquiza obtuvieron la victoria. Rosas renunció a la gobernación y se exilió al Reino Unido, poniendo fin al orden político que se había extendido por casi dos décadas y convirtiendo al caudillo entrerriano en la figura central del nuevo escenario.[82]
La Confederación constitucional (1852-1861)
[editar]Acuerdo de San Nicolás
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Todas las provincias, con excepción de Salta, Jujuy y Córdoba, estuvieron representadas en el Acuerdo de San Nicolás. El encuentro tuvo por objeto poner en ejecución las disposiciones del Pacto Federal y avanzar en la organización institucional del país. Previamente, Urquiza había mantenido reuniones en Palermo con representantes de distintos sectores políticos, en las que advirtió las dificultades que presentaban las negociaciones con los dirigentes porteños opositores.[83]
Durante las deliberaciones, los asistentes presentaron diversas propuestas para la organización nacional. Con el propósito de alcanzar un consenso, se designó una comisión integrada por cuatro miembros, encargada de redactar un proyecto definitivo, que fue aprobado por unanimidad. El acuerdo estableció como ejes principales la convocatoria del Congreso General Constituyente y la creación de un gobierno provisional que ejercería sus funciones hasta la sanción de una constitución nacional. La sede de sesiones sería la ciudad de Santa Fe. Todas las provincias tendrían una representación igualitaria de dos diputados por provincia, quienes debían ser elegidos con plena libertad y sin sujetarse a instrucciones particulares de sus gobiernos. Asimismo, Urquiza fue designado «director provisorio de la Confederación», con atribuciones para conducir las relaciones exteriores, preservar la paz interior, ejercer el mando de las fuerzas militares de las provincias y reglamentar la navegación de los ríos interiores. Para sostener el funcionamiento del nuevo gobierno, las provincias debían contribuir con los ingresos de sus aduanas exteriores, disposición que otorgaba un papel central a la aduana porteña, principal fuente de recursos fiscales de la Confederación, y que pronto se convertiría en uno de los puntos más controvertidos del acuerdo.[83]
Además de ratificar la vigencia del Pacto como ley fundamental de la Confederación, también incorporó doce artículos destinados a reglamentar la convocatoria y el funcionamiento del Congreso Constituyente, así como cinco artículos referidos a la organización y atribuciones del gobierno provisorio.[83]
Secesión de Buenos Aires
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Urquiza dejó Buenos Aires y partió a Santa Fe para asistir a la instalación del Congreso Constituyente. Pocos días después, el 11 de septiembre de 1852, estalló en Buenos Aires una revolución encabezada por sectores opositores a su política, bajo la dirección de Valentín Alsina. El movimiento restableció las antiguas autoridades provinciales, declaró nulos los acuerdos establecidos en el Acuerdo de San Nicolás y afirmó la autonomía de Buenos Aires frente al gobierno provisional de la Confederación. Poco después, Valentín Alsina, uno de los principales dirigentes del sector porteño más intransigente frente a la organización nacional, fue elegido gobernador de la provincia. Urquiza decidió no intervenir militarmente y concentró sus esfuerzos en la organización constitucional del resto de las provincias.[84] En un acto de independencia, la provincia de Buenos Aires retiró a sus representantes del Congreso Constituyente. Igualmente, se negó a tomar parte tanto en la elección de las autoridades nacionales como en aceptar su autoridad.[85]
La situación económica y política de cada una de las provincias eran muy distintas. Buenos Aires gozaba de una creciente prosperidad económica, ya que sus gobernantes seguían controlando la aduana, y recibían los beneficios de las rentas aduaneras. La Confederación, en cambio, apenas podía pagar los sueldos de sus funcionarios y carecía de recursos suficientes para afrontar sus gastos.[86]
Constitución de 1853
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El Congreso Constituyente de Santa Fe fue inaugurado el 20 de noviembre de 1852. De acuerdo con lo estipulado por el Acuerdo de San Nicolás, cada provincia debía designar dos representantes para integrar el Congreso, aunque varios de ellos no eran residentes de las provincias que representaban. La composición del Congreso fue resultado de negociaciones previas entre las dirigencias provinciales y el entorno de Urquiza, posteriormente ratificadas mediante las elecciones correspondientes, y reunió a hombres de distintas generaciones, profesiones y trayectorias políticas. Entre sus integrantes se destacaron Juan María Gutiérrez, nacido en Buenos Aires y representante de Entre Ríos; José Benjamín Gorostiaga, representante de Santiago del Estero; y Facundo Zuviría, representante de Salta y presidente del Congreso, quienes tuvieron una participación destacada en los debates constitucionales.[87]

Desde el 18 de abril de 1853, las sesiones plenarias se celebraron diariamente con el objetivo de concluir el proceso en la fecha propuesta por Urquiza, el 1 de mayo. El debate presentó pocos obstáculos, aunque el presidente Zuviría propuso postergar el proceso al considerar que la situación política del país todavía no era propicia para sancionar la constitución. Sus argumentos fueron rechazados y el Congreso decidió continuar con el tratamiento del proyecto. Finalmente, la mayoría de los representantes aprobó el proyecto en los términos en que había sido presentado y, por catorce votos contra cuatro, el texto constitucional fue sancionado. Urquiza, que por entonces se encontraba en San José de Flores, promulgó formalmente la Constitución Nacional el 25 de mayo de 1853 y dispuso que fuera jurada el 9 de julio.[87]
Se estableció una república federal y representativa, al tiempo que reservó a las provincias «todo el poder no delegado […] al gobierno federal» (art. 104). Con ello, combinó la tradición federal desarrollada desde la década de 1820 con el rechazo a los proyectos unitarios de las décadas anteriores. Asimismo, reconoció derechos y libertades civiles, personales y de propiedad, estableció la igualdad ante la ley y garantizó la libertad de cultos, además de otras garantías individuales. En materia política, aunque no estableció expresamente el sufragio universal masculino, este fue posteriormente considerado implícito y regulado por las leyes electorales.[88]
La Constitución organizó el gobierno sobre los principios de división de poderes y representación. Estableció un poder legislativo bicameral, compuesto por una Cámara de Diputados y otra de Senadores; un poder ejecutivo encabezado por un presidente, con facultades relativamente amplias pero sin posibilidad de reelección inmediata ni de ejercer facultades extraordinarias; y un poder judicial encabezado por una Corte Suprema. Los diputados serían elegidos directamente, mientras que los senadores serían designados por las legislaturas provinciales y el presidente y vicepresidente mediante el Colegio Electoral. Las provincias conservarían sus instituciones y deberían dictar sus propias constituciones de acuerdo con la Constitución Nacional.[88]
El texto constitucional combinó tradiciones políticas y compromisos previos con instituciones inspiradas en modelos extranjeros. Su redactor, el diputado Gorostiaga, señaló que el proyecto había sido «vaciado en el molde de la Constitución de los Estados Unidos», cuya organización republicana y federal constituía uno de los principales referentes disponibles para los constituyentes. También tuvo particular influencia Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, de Juan Bautista Alberdi.[88]
Este hecho consumó la secesión de Buenos Aires. A partir de entonces, la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires comenzaron a organizar de manera separada sus respectivas instituciones políticas y administrativas. En abril de 1854, Buenos Aires sancionó su propia constitución, que, por iniciativa de Bartolomé Mitre, estableció la preexistencia de la nación argentina, aunque afirmó la autonomía de la provincia. Por su parte, la Confederación comenzó a organizarse administrativamente y se consolidó la separación entre ambos gobiernos. Sin embargo, las circunstancias económicas y comerciales hicieron imposible una separación completa y los obligaron a mantener relaciones permanentes, entre la búsqueda de un acuerdo y la posibilidad de un nuevo enfrentamiento.[86]
Cumplidos sus objetivos, dos días después, el Congreso Constituyente se disolvió para dar paso al nuevo Congreso Legislativo Federal, establecido por la Constitución. Sin embargo, transcurrieron varios meses hasta que pudieron realizarse, no sin dificultades, las elecciones de representantes en las distintas provincias.[89]
La primera presidencia constitucional
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El 5 de marzo de 1854 fueron elegidos presidente y vicepresidente el general Justo José de Urquiza y el doctor Salvador María del Carril.
Organizó su gabinete siguiendo una pauta similar a la adoptada durante su gobierno provisional. Para ello convocó a dirigentes de distintas provincias y de diferentes tendencias políticas, aunque comprometidos con la organización de la Confederación y dotados de cierto prestigio. Cuatro de los ministros habían formado parte del Congreso Constituyente. El primer gabinete estuvo integrado por José Benjamín Gorostiaga, de Santiago del Estero, en el Ministerio del Interior; Juan María Gutiérrez, de Buenos Aires, en Culto, Justicia e Instrucción Pública; Mariano Fragueiro, de Córdoba, en Hacienda; Rudecindo Alvarado, de Salta y veterano del Ejército de los Andes, en Guerra y Marina; y Facundo Zuviría, también salteño, en Relaciones Exteriores. Tras la renuncia casi inmediata de Zuviría, Gutiérrez pasó a ocupar la cartera de Relaciones Exteriores y fue reemplazado en Culto, Justicia e Instrucción Pública por el cordobés Santiago Derqui. El gabinete experimentó varios cambios a lo largo de los seis años de la presidencia de Urquiza, en el marco de los distintos conflictos políticos que atravesaron a la Confederación.[89]
Paraná, que por entonces no alcanzaba los 10 000 habitantes, se convirtió en el principal centro político de la Confederación. Aunque la Constitución establecía que Buenos Aires debía ser la capital de la República, la secesión de la provincia impidió hacer efectiva esa disposición. Por ello, el Congreso Constituyente había resuelto que la sede provisional del gobierno nacional fuera la ciudad en la que este estableciera su residencia. Cuando el poder ejecutivo se instaló en Paraná, la ciudad pasó a desempeñar el papel de capital de la Confederación y la provincia de Entre Ríos fue federalizada.[89]
Mientras el poder ejecutivo logró organizarse con relativa rapidez y el poder legislativo pudo comenzar a funcionar pese a las dificultades iniciales, la organización del poder judicial presentó mayores obstáculos. En agosto de 1854, Urquiza designó por decreto a los nueve integrantes de la Corte Suprema de Justicia, pero la creación efectiva del tribunal se demoró durante más de una década. Ante las dificultades para ponerlo en funcionamiento, sus funciones fueron asumidas de manera parcial y provisional por una Cámara de Justicia integrada por tres miembros, que comenzó a funcionar en Paraná. Tampoco resultó sencillo organizar de manera regular la administración de justicia, debido a la escasez de abogados en la ciudad para cubrir los distintos cargos del sistema. Los intentos por atraer profesionales desde otras provincias no tuvieron resultados satisfactorios.[89]
El 22 de octubre de 1854, con un atraso de meses, iniciaron las sesiones del Congreso.[89] A pesar de la pluralidad del gabinete, las diferencias entre los distintos sectores se manifestaron en intensos debates en las Cámaras y en enfrentamientos tanto dentro del Congreso como entre este y el Poder Ejecutivo. El propio gobierno de Urquiza tampoco estuvo exento de disputas internas, que en distintas ocasiones provocaron cambios en su composición y en sus orientaciones políticas.[90]
Presidencia de Derqui
[editar]Interinato de Pedernera
[editar]La batalla de Pavón y la disolución de la Confederación
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El 18 de septiembre de 1861 las fuerzas porteñas y confederadas se enfrentaron por última vez en la batalla de Pavón, desarrollada en las cercanías del arroyo homónimo al sur de Santa Fe.
El ejército de Urquiza tenía la superioridad numérica y acarreaba todavía la gran victoria de Cepeda. Durante la batalla la caballería de Mitre se desbandó, cediendo su izquierda y su derecha ante las cargas federales, apenas si el centro mantuvo una débil resistencia que no pudo prolongarse. Mitre se fugó derrotado. Pero sorpresivamente Urquiza también, cruzando a Entre Ríos y dejando a su bando desprovisto de liderazgo. Se desconocen las razones exactas de dicha retirada, que permitió a los porteños romper la defensa de la Confederación e ingresar al interior. Posteriormente el ejército porteño perpetró una masacre contra parte de los confederados que se habían estacionados en la localidad de Cañada de Gómez.[91]
Al conocerse la devastadora e inesperada derrota, Derqui dimitió. Siguiendo la sucesión estipulada en la Constitución Nacional, el vicepresidente Juan Esteban Pedernera asumió provisoriamente el Poder Ejecutivo Nacional, pero entendiendo que Buenos Aires había esencialmente ganado y avanzaba rápidamente en su ocupación de las provincias, firmó el 12 de diciembre la disolución de las autoridades federales.[91]
Sin tratado alguno, finalizó la guerra y quedó incorporada Buenos Aires al resto del país, ya como hegemón de la política nacional. Pasó casi un año de acefalía hasta que Mitre, al que las provincias le arrogaron el manejo del Poder Ejecutivo, asumió la presidencia. Se organizaron nuevas elecciones que, el 5 de octubre de 1862, le dieron la victoria electoral por unamimidad. Se dio inicio al segundo período de la Organización Nacional, las presidencias históricas.
Véase también
[editar]Notas
[editar]- ↑ Durante la época de Rosas, que va desde 1829 a 1852, el color predominante en las banderas argentinas fue el azul y sus tonalidades. No existió un solo diseño estándar, los regimientos de los ejércitos rosistas usaban banderas azules con inscripciones varias como «¡Mueran los salvages unitarios!» y «¡Viva la santa federación!».[1][2] En el Museo Histórico Nacional se encuentran dos banderas argentinas que fueron tomadas durante la batalla de la Vuelta de Obligado. En la primera, tomada por los franceses, se observa una bandera azul con cuatro gorros frigios y un sol rojo con rostro.[3] En la segunda, tomada por los británicos, solo esta presente el sol rojo con rostro.[4]
- ↑ El diseño del escudo argentino, adoptado por primera vez por la Asamblea del Año XIII, no fue estandarizado hasta el siglo xx. Fue común encontrar varios diseños distintos en los documentos oficiales, consulados, ministerios y monedas. Durante la época de Rosas (1829-1852), se empleó también un escudo con esta misma ornamentación pero con catorce estandartes en los que figuraban los escudos provinciales.[5][6] En el Museo Histórico Nacional se encuentra una proclama por la cual Rosas ordena cesar el luto de su esposa, Encarnación Ezcurra. En la parte superior se observa la variante rosista.[7] El mismo se replica en un certificado de alta de la milicia provincial porteña, conservada en el mismo Museo.[8]. Tras derrocar al gobierno rosista en 1852, Justo José de Urquiza quedó a cargo de la Confederación y abandonó todos los símbolos rosistas hasta entonces existentes.
- ↑ No obstante, la denominación «federal» no aludía a un único modelo político, sino que englobaba distintas concepciones sobre la organización del Estado. Según José Carlos Chiaramonte, el término podía referirse tanto a una confederación semejante a la de las Colonias Unidas de América del Norte tras su independencia, caracterizada por un gobierno central con atribuciones limitadas, como a una federación en el sentido de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, en la que el gobierno federal ejercía mayores competencias sin eliminar la autonomía de los Estados miembros. En la práctica, durante este período, los términos «federación» y «confederación» solían emplearse indistintamente. (Ternavasio, 2009, pp. 87-88)
Referencias
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- ↑ Di Meglio, 2023, p. 292.
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- ↑ Di Meglio, 2023, p. 240.
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- ↑ Astolfi, Jose C. (1953). «IX: el siglo XVIII en América». Instituciones políticas y sociales de América hasta 1810. Buenos Aires: Kapelusz S. A. p. 138.
- ↑ Pérez Amuchástegui, Antonio (1968). «Se reúne el Congreso». Crónica Histórica Argentina. Buenos Aires: Codex S. A. p. 170.
- 1 2 Floria, Carlos A.; García Belsunce, César A. (1971). «Tercera parte: LA DISOLUCIÓN DEL PODER NACIONAL». Historia de los Argentinos. Buenos Aires: Kapeluz S.A. pp. 36-430.
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Bibliografía
[editar]Citada
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Complementaria
[editar]- Quesada, Ernesto (1965). Los unitarios y la traición a la patria. Buenos Aires: Plus Ultra. pp. 216-221.
- Barba, Enrique M. (1982). Unitarismo, federalismo, rosismo (PDF). Historia Testimonial Argentina. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Rins, Cristina E.; Winter, María Felisa (1996). La Argentina, una historia para pensar: 1776-1996. Buenos Aires: Kapelusz.