Consulta popular de México de 2021

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Consulta Popular 2021
Acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos
Fecha 1 de agosto de 2021
Tipo Consulta popular
Duración de campaña 15 de julio al 1 de agosto (difusión del INE)[1]

Demografía electoral
Población 126 014 024 (2020)[4]
Hab. inscritos 93 686 877[2][n 1]
Votantes 6 663 208
Participación
  
7.11 %
Votos válidos 6 614 330
Votos nulos 48 878

Resultados por entidad federativa
Consulta popular de México de 2021
  32   Sí
  0   No

Resultados por distrito electoral federal
Consulta popular de México de 2021
  300   Sí
  0   No

Resultados
  
97.72 %
No
  
1.54 %

La consulta popular de México de 2021, oficialmente denominada Consulta Popular 2021 por el organismo electoral,[5]​ se llevó a cabo el 1 de agosto de 2021. Fue organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y buscó consultar a los ciudadanos sobre si efectuar «las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos».[6]​ Constó de una única pregunta:[5]

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

El 6 de abril del mismo año, el INE inició la organización de la consulta y, luego de que se le rechazaran incrementos presupuestales, estimó un costo de 522 a 528 millones de pesos, un tercio de lo presupuestado inicialmente, y 57 mil mesas receptoras a instalar, frente a las 104 667 planteadas originalmente.[7]​ Se trató de la primera consulta popular celebrada en todo el país,[8]​ aunque durante el periodo de transición gubernamental, el en ese entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, convocó consultas públicas para decidir sobre asuntos como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México y los programas prioritarios del nuevo gobierno, no organizadas por el INE y con mínima participación.[9]

Aunque hubo esfuerzos ciudadanos en búsqueda de la consulta, esta fue resultado de la petición que López Obrador hizo en septiembre de 2020, aprobada por el Congreso de la Unión y cuya materia fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, sin embargo, modificó la pregunta original. Erróneamente promocionada o criticada como una consulta para «enjuiciar a expresidentes», no involucró a la Fiscalía General de la República, al poder Judicial, a «casos puntuales, ni se enfoca en señalar a personas en específico». No obstante, durante su organización se planteó que sí podría dar pie a mecanismos, como las comisiones de la verdad y, eventualmente, a investigaciones.

La misma noche de la consulta se dio a conocer un conteo rápido, que reportaba un intervalo de participación de entre 7.07 % y 7.74 %, con lo que los resultados del ejercicio, con una gran mayoría en favor del «Sí», no serían vinculatorios al no alcanzar el 40 % requerido por la ley.[10]​ Un día después, el INE reportó los resultados finales al concluir los cómputos de los votos, que confirmaban una participación del 7.11 % (6.6 millones) y 97.72 % de respaldo al «Sí» (6.5 millones).

Antecedentes[editar]

Ya desde el periodo de transición gubernamental, el en ese entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que habría en su gobierno una consulta legal para preguntar a los ciudadanos sobre si se deberían promover juicios en contra de los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari, y para revisar sus «responsabilidades en delitos de corrupción y otros». No obstante, también aseguró que hacerlo sería «conspirar contra la estabilidad política del país» y se posicionó a favor de una política de «punto final».[11]​ Originalmente planeada para marzo de 2019, López Obrador optó por posponerla a la espera de las reformas constitucionales que regularan estos ejercicios,[12]​ publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre siguiente.[13]​ Finalmente, después de esfuerzos ciudadanos en búsqueda de la consulta,[14]​ el presidente presentó formalmente el 15 de septiembre de 2020 una petición de consulta popular al Senado de la República sobre el posible enjuiciamiento de los exmandatarios,[15]​ que justificaba en «los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos 30 años [que] fueron resultado de una suma de actos voluntarios irracionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso».[16]​ Originalmente, la propuesta planteaba la pregunta:[15]

¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió la petición de consulta popular al Senado de la República el 15 de septiembre de 2020.

Posteriormente, el mismo día, la Cámara de Senadores envió la propuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar su constitucionalidad.[17]​ Previendo una posible negativa, el presidente advirtió que, de encontrarla inconstitucional, optaría por una modificación al artículo 35 —sobre el derecho de petición nacional— de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[18]​ En este sentido, aunque se pronosticaba su rechazo, quince días después, el 1 de octubre, el tribunal determinó —con seis votos a favor y cinco en contra— constitucional la materia de la consulta, pero optó por reformular la pregunta. Con esto se descartó un proyecto propuesto por el ministro Luis María Aguilar, que la consideraba un «concierto de inconstitucionalidades» por vulnerar la «presunción de inocencia [de los exmandatarios] y subrayaba que la justicia no se puede someter a consulta».[19]​ En contraste, el presidente del órgano, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, argumentó que la SCJN debía fungir como «puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales con pleno respeto al marco constitucional», mientras que otros ministros votaron a favor luego de modificarse la pregunta, que quedó reformulada:[20]

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Aunque celebró el aval de la SCJN, para López Obrador la interrogante era «muy genérica, yo no diría abstracta, porque sería mucho, pero sí poco clara».[21]​ Otros políticos, como la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, coincidieron en una reacción positiva, frente al rechazo expresado por otros, como el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, o la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas.[22]​ Más tarde, el 7 de octubre, el Senado avaló en lo general y en lo particular el «dictamen que expide la consulta popular propuesta por el titular del Ejecutivo Federal», con 64 votos a favor, 43 en contra y una abstención.[23]​ Turnada a la Cámara de Diputados, también recibió la aprobación luego de que la Comisión de Gobernación la declarara procedente, con 272 votos a favor y 116 en contra, y originalmente implicaba expedir la convocatoria desde ese momento.[24]

El 28 de octubre, se publicó en el DOF el decreto para la convocatoria a la consulta popular, que la dejaba a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), como «única instancia calificadora», en los tiempos y forma que determinara la metodología que aprobase el organismo. Por otra parte, establecía su celebración el 1 de agosto de 2021 entre las 8:00 y las 18:00 horas, con únicamente dos opciones de voto —«Sí, estoy de acuerdo» y «No estoy de acuerdo»—.[6]​ No obstante, a inicios de noviembre, el Senado modificó, con 54 votos a favor y 16 abstenciones, la convocatoria para determinar que entrara en vigor a partir del 15 de julio de 2021, lo que implicaba que el INE tendría quince días para llevar a cabo acciones de propaganda y promoción,[25]​ además de que, con la entrada en vigor previa, se impedía la difusión de propaganda gubernamental de cualquier tipo hasta la celebración de la consulta. La cámara baja dio el visto bueno a tal cambio poco después con 306 votos a favor y 154 en contra.[26]​ El 19 de noviembre, se publicó en el DOF la modificación al artículo primero del decreto, con lo que se fijaba su entrada «en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin perjuicio de que el Instituto Nacional Electoral ejecute las acciones preparatorias necesarias para realizar la jornada de consulta popular».[27]

Resolución de la SCJN[editar]

Aunque determinó que la materia de la consulta era constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación optó por modificar la pregunta original.

El 1 de octubre de 2020, la Suprema Corte determinó que la materia de la consulta popular era constitucional, con seis votos a favor frente a cinco en contra,[n 2]​ y modificó la redacción de la pregunta planteada originalmente por López Obrador. En esa ocasión, Zaldívar Lelo de Larrea, presidente del tribunal supremo, aseveró: «No podemos cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal». En contraste, uno de los ministros que se mostró en contra, Javier Laynez Potisek, indicó que la justicia nunca debe «actuar o no dejar de actuar como consecuencia de presiones, opiniones ni emociones de parte de los Gobiernos, los poderes fácticos ni de la ciudadanía».[29]

En la «Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular convocada por el Congreso de la Unión», la SCJN encontró necesario modificar la pregunta original para «hacerla congruente con el tema sobre el que se consultará a la población y purgarla de cualquier elemento que la vicie» y optó por eliminar las referencias a los expresidentes.[30]​ El máximo tribunal asumió que la materia de la consulta era el «esclarecimiento de los hechos del pasado» y justificó los elementos de la interrogante: «acciones pertinentes» al plantear que los votantes opinarían «sobre un tema de trascendencia general, correspondiendo a las autoridades determinar cómo actuar en consecuencia».[30]

En este sentido, sobre «con apego al marco constitucional y legal» indicó la necesidad de explicar que tales acciones encuentran «un límite en aquellos contenidos obligacionales, que están protegidos por los principios de seguridad jurídica y legalidad»; «para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos» al señalar que no se pregunta sobre «si quiere que se cumpla una facultad de ejercicio obligatorio», sino sobre si quiere que «se haga un desvelamiento del pasado, en términos amplios, mediante la creación de mecanismos complementarios», y, finalmente, «encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas» al plantear que «la idea del esclarecimiento debe poner un acento en estos fines».[30]

Legislación[editar]

El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es derecho de la ciudadanía el votar en las consultas populares convocadas por el Congreso de la Unión y que si la participación corresponde al menos al 40 % de la lista nominal de electores tendrán un resultado vinculatorio.[31]​ Por su parte, la Ley Federal de Consultas Populares las define como «el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional». La legislación determina que es el INE el responsable de su organización y desarrollo, así como de la promoción del voto.[32]​ También, la carta magna dispone su celebración el primer domingo de agosto y señala que la Suprema Corte debe resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.[31]​ No obstante, la participación se limita a aquellos ciudadanos con credencial electoral vigente y que no tuvieran suspendidos sus derechos políticos.[33]

Organización[editar]

Logo de la consulta popular utilizado por el Instituto Nacional Electoral.

El organismo electoral comenzó los trabajos para la organización de la consulta el 6 de abril de 2021, con la aprobación del «Plan Integral, Calendario y Lineamientos para realizar la Consulta Popular 2021».[5]​ En esa ocasión, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el organismo «no pidió la consulta pero va a cumplir con su responsabilidad pero que exista un acompañamiento para que sea exitosa y no se deje al garete de la inanición presupuestal».[34]​ Se propuso «un análisis para determinar la viabilidad de que se amplíe el periodo de vigencia de la credencial para votar» y la reutilización del material electoral de los comicios legislativos del mismo año.[7]​ Por otra parte, se fijó ad cautelam un periodo —del 15 de julio al 1 de agosto— para la promoción de la consulta.[5]​ A finales de mayo, la Comisión del Registro Federal de Electores y el Consejo General avalaron extender la vigencia de las credenciales de elector, vencidas en 2019 y 2020, hasta el 1 de agosto para permitir la participación en la consulta. También se definieron los plazos para la actualización del padrón nominal —7 de junio al 7 de julio—, la reimpresión de la lista nominal —11 al 23 de julio— y su distribución en las casillas —15 al 23 de julio—.[35]

Después de las elecciones legislativas, la Comisión de Organización y Capacitación propuso medidas para reducir el gasto presupuestario, como la eliminación de los consejeros locales, distritales y los supervisores electorales, así como la creación de «unidad territorial de la consulta» —que abarcaría una o varias secciones— y emplear los mismos protocolos sanitarios del 6 de junio.[36]​ El 18 de junio, el INE emitió la convocatoria para las personas interesadas en participar como observadoras, vigente entre ese mismo día y hasta el 15 de julio siguiente.[37]​ No obstante, un mes después, previo a cumplirse el plazo lo amplió hasta el 23 de julio y se indicó que los visitantes extranjeros de los comicios del 6 de junio podrían participar también en la consulta.[38]​ Con motivo del ejercicio, se aplicaría ley seca en algunos estados, como Veracruz de Ignacio de la Llave, Puebla y Nuevo León, y en municipios de ciertas entidades, como Guanajuato.[39][40][41]​ El 29 de julio, en conferencia de prensa, el INE informó que la lista nominal estaba conformada por 93 686 877 ciudadanos.[2]

Resultados preliminares y finales[editar]

Los resultados finales se obtendrán de los cómputos de las juntas distritales.[42]​ En este sentido, los «Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de la Consulta Popular, 1 de agosto de 2021» postularon que tales cómputos, de las actas de conteo de votos de las mesas receptoras, los harían las juntas la misma noche de la consulta a partir de la llegada del primer paquete proveniente de las mesas. Más tarde, informarían los resultados al secretario ejecutivo del INE, obligado, dentro de las 48 horas siguientes a la finalización de los cómputos, a informar al Consejo General la sumatoria. Por su parte, este último tendría 72 horas después de recibir la información para efectuar el cómputo total y emitir la declaratoria de resultados, que debía dar a conocer al terminar el periodo para impugnaciones y que estas fueran resultas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.[43]​ Por tanto, inicialmente se descartó que hubiera un Programa de Resultados Electorales Preliminares o un conteo rápido, sino un micrositio con los cómputos en tiempo real.[44][45]

Igualmente, se estimó que el reporte de información la noche de la consulta arrojaría entre el 65 y el 79 % de los resultados a las 23:00 horas y, una hora después, el 85 %.[46]​ No obstante, pese a lo anterior, el 14 de julio, el Consejo General del INE aprobó el desarrollo de un conteo rápido —estimación de resultados y participación ciudadana con un intervalo de confianza de 95 %— para la noche del 1 de agosto, para lo que sería necesario determinar un tamaño de muestra y los métodos estadísticos para su realización.[47][48]​ Para tal conteo se realizaron un par de simulacros de los trabajos de campo y la captura de información,[49]​ y el 30 de julio se seleccionó la muestra probabilística de 1830 mesas receptoras, seis por cada uno de los trescientos distritos federales y una sobremuestra de Baja California y Sonora. En este sentido, el organismo informó se planteaba dar a conocer el conteo en torno a las 21:30 horas del 1 de agosto.[50]

Difusión[editar]

El 14 de junio, la comisión aprobó un conjunto de carteles para promocionar el voto en la consulta, con el lema «con tu participación en la consulta popular, también hacemos democracia», además de informar que se haría uso de propaganda en redes sociales, medios, paradas de autobús y paredes, junto con tiempos en radio y televisión —12 % en comparación con lo usualmente asignado en procesos electorales—.[51]​ Es decir, 377 606 anuncios en medios y plataformas, incluyendo 3492 emisoras —1394 de televisión y 2098 de radio[52]​— y 97 inserciones en periódicos, entre el 15 de julio y el 1 de agosto con información sobre la consulta y su fecha, la papeleta y los protocolos sanitarios.[53]​ A finales de junio, Morena acusó al INE de un «intento de boicot», al plantear que «no hay el deseo de que este ejercicio democrático sea un éxito»,[54]​ a lo que el organismo respondió que «no ha existido un boicot de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y del INE a la Consulta Popular». En ese periodo, el instituto aprobó 65 campañas promocionales para la difusión del ejercicio,[55]​ para lo que se usarían espacios como el programa Aprende en casa de la Secretaría de Educación Pública.[56]

Ante la entrada en vigor de la convocatoria a la consulta popular, comenzó la difusión del ejercicio el 15 de julio y también la suspensión de propaganda gubernamental, con lo que desde ese día y hasta la finalización de la consulta estarían permitidas únicamente las «campañas de información de las autoridades electorales, las de servicios educativos, de salud y de protección civil».[57]​ Por tanto, desde ese momento el INE comenzó a circular promocionales e infografías con información de la consulta, con lemas como «infórmate y participa» o «participa y celebremos la democracia».[58][59]​ El mismo día, la jefa de Gobierno Sheinbaum ofreció, y el organismo aceptó,[60]​ espacios de publicidad en transporte público —como Metro y Metrobús— de Ciudad de México para la difusión[61]​ y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, instó a la participación para «desalentar cualquier intento por sabotear este ejercicio democrático tan importante, pero tan novedoso en el país».[62]​ Por su parte, se llevaron a cabo 335 «Jornadas de Diálogo» nacionales, estatales y distritales para «promover» la participación y discusión.[63][64]

El 23 de julio, ante una denuncia del PAN, el INE permitió que Morena promoviera la consulta en redes sociales, pero no a través de tiempos oficiales en radio y televisión.[65]​ En contraste, por violar la veda electoral, ordenó el retiro de la conferencia del 15 de julio del presidente López Obrador,[66]​ de publicaciones en Facebook del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca,[67]​ y, en dos ocasiones, de propaganda gubernamental en las redes sociales del mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.[68][69]​ Días después, el organismo acordó que los institutos electorales estatales también difundieran la consulta y llamaran a la participación[70]​ y, más tarde, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a legisladores de Morena no promover la consulta mediante inserciones pagadas en La Jornada, periódico al que se le pidió no difundir esas inserciones.[71]​ A finales de julio, en su numeralia, el organismo electoral precisó las cifras en 377 833 los anuncios a emitir entre el 15 de julio y el 7 de agosto, 3499 las emisoras —1394 de televisión y 2105 de radio—, 97 inserciones en medios y 1432 espacios de publicidad exterior, así como siete comerciales producidos para radio y televisión.[3]

Mesas receptoras y materiales[editar]

Representación de la papeleta empleada en la consulta.

Inicialmente se previó la instalación de 104 667 casillas en el país, con 1500 boletas por casilla, y con la participación de 2318 supervisores y 17 469 instructores,[7]​ con un costo de 1499 millones de pesos. No obstante, al plantearse la falta de recursos económicos se propuso el uso de 91 mil casillas y un costo de 890 millones de pesos.[34]​ Luego de que la Dirección de Organización de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE presentara un paquete con veintidós documentos a utilizarse en la consulta —incluyendo el diseño de la papeleta y urna—,[72]​ el 5 de mayo, tal comité aplazó la aprobación de los materiales electorales, en medio de una confrontación entre los consejeros que lo conformaban,[73][74]​ pues tres de ellos argumentaron que no se podía avalar sin que el Consejo General determinara el presupuesto con el que contaban.[72]​ Poco después, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó el primer proyecto para la organización, que implicaba 1.9 millones de pesos para el desarrollo de «sistemas digitales que permitan capacitar y organizar» las mesas directivas de las casillas electorales, sin especificarse cuántas se instalarían y si se usarían boletas o urnas electrónicas.[75]

También a finales de mes, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó cuatro cambios en algunos materiales, como la eliminación de los sobres para la lista nominal y bolsas para la reunión de actas, así como la fusión de documentos, con la intención de generar ahorros y porque el cómputo de la consulta se llevaría a cabo la misma noche del 1 de agosto.[76]​ Por su parte, se determinó el uso de boletas impresas e inicialmente se planteó ocupar mil urnas electrónicas, además de reutilizar urnas y canceles electorales, marcadores, mamparas y tintas indelebles de las elecciones del 6 de junio previo. Se afirmó que hasta el 14 de junio se tendrían datos relativos al número de mesas receptoras —conformadas por un presidente, un secretario, un escrutador y dos suplentes, sin presencia de representantes de partidos políticos, aunque sí de observadores acreditados—, en cuanto se conociera el presupuesto disponible.[46]​ El 1 de junio, la Comisión avaló el diseño de la boleta, que no sería impresa en papel de seguridad —aunque incluyendo elementos de seguridad—, la plantilla en braille y el sello de la papeleta a utilizar para la consulta. Tendría un tamaño media carta en cuyo anverso se presentaría la pregunta[n 3]​ y en el reverso la «descripción del tema de trascendencia nacional de conformidad [con] la ley en la materia»:[78]

Esta consulta tiene como objetivo conocer tu opinión acerca de si se deben esclarecer o aclarar hechos de importancia histórica y política ocurridos en México, con la finalidad de que las autoridades competentes, en su caso, determinen cómo actuar y los mecanismos a implementar respecto a las y los posibles responsables y víctimas.
Descripción del tema de trascendencia nacional en el reverso de la papeleta.[79]

Un día después, el Consejo General del organismo electoral respaldó el diseño de las papeletas, cuya impresión se haría por los 300 distritos electorales y no por los 2517 municipios. En este sentido, la boleta no contaría con el municipio o alcaldía en su diseño, lo que se reemplazaría con el uso de un sello. Además, las únicas opciones de respuesta a la pregunta señalada en el anverso serían recuadros con «Sí» y «No».[80][81]​ Pasados los comicios legislativos, el organismo electoral optó por rechazar la propuesta de utilizar urnas electrónicas —por falta de tiempo y presupuesto para conducir una auditoría de los materiales— y, ante el rechazo de la SCJN de más presupuesto, señaló que no se podría garantizar la «accesibilidad» al planearse la instalación de menos mesas de votación. También se buscaría que las mismas personas que se desempeñaron como funcionarios de casilla en los comicios previos hicieran lo mismo en agosto.[82]​ Por otra parte, ante el rechazo definitivo de mayor presupuesto, se fijó un estimado de 57 mil casillas, en contraste con las 162 570 de los comicios intermedios, aunque con un mayor número de posibles votantes por cada casilla —2000 frente a los usuales 750—.[83]

En este sentido, el 14 de junio, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral informó que una vez integradas las unidades territoriales se determinaría la cantidad de mesas receptoras y se abordaría el aumentar hasta 2500 las boletas que estas podrían recibir.[51]​ Posteriormente, se confirmó que serían instaladas 57 mil mesas receptoras integradas dentro de las «Unidades Territoriales para la Consulta Popular» y con su ubicación definida por las Juntas Distritales.[84][85]​ Al respecto, el 25 de junio comenzaron las actividades, por parte del INE a través de los «instructores asistentes de consulta popular», de invitación a los funcionarios de casilla del proceso electoral previo para integrar las mesas.[86]​ Sobre esto, Córdova Vianello detalló que serían 9630 instructores los encargados de reclutar a los 285 450 ciudadanos que fungirían como funcionarios, con un promedio de casi doscientas mesas por cada distrito, y afirmó que el organismo garantizaría las condiciones de «legalidad, equidad, certeza y transparencia» para el ejercicio.[3][8][55][87]​ En total, el INE precisó el número de mesas receptoras en 57 087 —23 965 básicas y 33 122 contiguas—, con Estado de México, Ciudad de México y Jalisco como las entidades con el mayor número,[3]​ dos mil boletas para cada una,[88]​ y sin la existencia de mesas especiales, por lo que los ciudadanos estaban obligados a participar en su centro de votación correspondiente.[89]

Papeleta y crayón usados en la consulta, al interior de una mesa receptora en Ciudad de México.

A finales de mes, se reportaba un avance del 34 % en la invitación de los funcionarios —aceptación de 97 105 personas— y se aprobó el contenido de la «Lista Nominal de Electores con Fotografía» —impreso en blanco y negro, en papel seguridad y con 64 registros por hoja—, así como el marcado con las letras «CP» en la credencial de elector en el área de elecciones «locales y extraordinarias».[55]​ El modelo operativo de las mesas receptoras planteaba hasta cinco votantes simultáneos, con medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, gel alcoholado y el distanciamiento físico, el empleo de dos canceles electorales sin cortinillas y la entrega, entre el 26 y el 30 de julio, de la documentación a los presidentes de las mesas.[90]​ Al 7 de julio, el avance con el funcionariado representaba 173 749 personas capacitadas (60.73 % de avance)[91]​ y sumaban dos observadores registrados a nivel nacional, en el estado de Puebla.[92]​ Al poco tiempo, Córdova cifraba en más de 236 mil las personas nombradas funcionarias (83 % del total) y capacitadas 228 mil (80 %),[93]​ y el día previo a la entrada en vigor de la convocatoria, se registraban 255 881 funcionarios (89.62 %) con nombramientos entregados.[47]​ El 9 de julio, el instituto electoral anunció la conclusión de la impresión —por parte de los Talleres Gráficos de México[94]​— de las más de 93.5 millones de papeletas a emplear en la consulta, correspondientes al número de ciudadanos registrados en la lista nominal, que contaban con cuatro mecanismos de seguridad: «microimpresión, impresión invertida, imagen latente y tinta invisible».[95]

El 16 de julio, inició la distribución de las papeletas y el material de la consulta —carteles de resultados, actas, plantillas en braille, constancias, sobres, cintas de seguridad, líquido indeleble, entre otros— a las trescientas juntas distritales, que se planteaba concluir seis días después, por medio de 78 vehículos y siete rutas para el traslado de los 417 387 kilogramos.[96]​ Al 19 de julio se reportaba un avance del 95.64 % de los nombramientos de funcionarios de las mesas entregados y 94.85 % capacitados, así como 2690 solicitudes de observadores de la consulta aprobadas, con la mayoría en los estados de Puebla, Veracruz, Michoacán y Campeche.[97]​ Nueve días después, las cifras habían aumentado a 99.56 % de nombramientos, 99.51 % de capacitados y 20 755 solicitudes de observadores aprobadas, con predominio en Ciudad de México, Veracruz y Michoacán.[98]​ Asimismo, a partir del 22 de julio, comenzó a funcionar un minisitio del INE —«Ubica tu mesa»— para localizar la mesa receptora por sección distrital, sin embargo, recibió críticas por fallas y problemas para localizarlas.[99]​ Pese a los reportes, el organismo afirmó que el sistema no tenía fallas y que únicamente había presentado problemas con 5 % de los domicilios.[100]

Presupuesto[editar]

El 13 de noviembre de 2020, se publicó en el DOF un acuerdo por el que el Consejo General del INE solicitaba recursos adicionales para la organización de la consulta popular, que consistía en una petición de 1 499 392 669.67 pesos.[101]​ No obstante, un mes después, la Cámara de Diputados aprobó un recorte de 870 millones de pesos a su presupuesto, por lo que se advirtió que el organismo no contaría con los recursos suficientes para la organización de la consulta.[102][103]​ En marzo de 2021, Córdova señaló que el INE seguía la espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resolviera la solicitud del presupuesto adicional.[104]​ Posteriormente, aunque el instituto informó que llevaría a cabo la consulta, indicó que dependería de las «suficiencias presupuestales de este instituto [...] y si se lleva a cabo, pues en qué condiciones y con qué dimensiones»[105]​ y, a finales de abril siguiente, la SHCP le negó al organismo la entrega de más recursos económicos.[106]

Más tarde, el INE presentó una controversia constitucional ante la SCJN al considerar que el Congreso violó su «autonomía constitucional y presupuestaria, al no destinar los recursos “necesarios y suficientes”» para la consulta. No obstante, el 9 de junio, la corte suprema por unanimidad desechó las quejas al determinar que las Cámaras no contaban con la obligación de establecer los «recursos económicos con los que el INE lleve a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular».[107]​ Con base en lo anterior, se estimó que la consulta tendría un costo de 522 a 528 millones de pesos, un tercio de lo presupuestado inicialmente.[83][108]​ El 2 de julio, la Suprema Corte notificó al INE de su fallo, a lo que el organismo respondió que no contó con excedentes presupuestales e insistió en que organizaría la consulta con los recursos «con que cuenta para el ejercicio fiscal 2021, originariamente destinados a otras tareas».[109]

Encuestas[editar]

El diario El Universal publicó, poco después de que la SCJN declarara constitucional la consulta, una encuesta en la que el 58.4 % de los encuestados aseguró que participaría en ella. De ese porcentaje, el 91.4 % se mostró a favor de la investigación y juicio, sin embargo, un 62.4 % consideró innecesaria una consulta con alto costo económico y un 80.5 % indicó que entendía la pregunta modificada por el tribunal constitucional. Por otra parte, para un 48.9 % se trataba del cumplimiento de una promesa de campaña del presidente y para un 25.9% era una «venganza política», mientras que, de las figuras políticas interrogadas, el exmandatario Carlos Salinas de Gortari era quien la mayoría (88.1 %) apoyaba que fuera investigado y enjuiciado.[110]

Las encuestas estuvieron bajo regulación del INE desde el 16 de junio y hasta tres días después de la consulta, con la prohibición de publicarse tres días antes de la jornada y hasta el cierre de las mesas receptoras. Entre los lineamientos establecidos por el organismo estaban la obligación de reportar las fechas de levantamiento e identificar el origen de los recursos que pagaron la encuesta o sondeo.[111]​ El 28 de julio, El Financiero publicó una encuesta en la que el 55 % de los encuestados consideraba que la pregunta de la consulta «se entiende bien», frente a 40 % que dijo no se entendía, además, 61 % se mostraba mucho o algo interesado en participar y 37 % poco o nada.[112]

Encuestadora Publicación Levantamiento Muestra No NS/NC Margen de error Ref
El Universal[n 4] 7 de octubre de 2020 2-4 de octubre 800 personas 91.4 % 7.2 % 1.4 % ±3.5 % [110]
Mitofsky[n 5] 25 de octubre de 2020 Sin datos 1000 personas 72.1 % 15.4 % 12.5 % Sin datos [113]
TResearch 16 de junio de 2021 6-15 de junio 1000 personas 80.8 % 10.7 % 8.5 % Sin datos [114]
TResearch 13 de julio de 2021 2-11 de julio 1000 personas 74.3 % 16.3 % 9.4 % Sin datos [115]
El Financiero 28 de julio de 2021 23-24 de julio 500 personas 58 % 17 % 25 % ±3.1 % [112]
TResearch 28 de julio de 2021 18-25 de julio 1000 personas 71.2 % 18.6 % 10.2 % Sin datos [116]

Posturas[editar]

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, consideró que la pregunta de la consulta, «ambigua y general», no obligaba al fiscal general de la República o al poder Judicial, sino que abría la puerta a la creación de mecanismos, como las comisiones de la verdad.

Diversos colectivos, militantes y simpatizantes de partidos políticos, como Morena, respaldaron la organización de una consulta popular con la que buscaban un juicio contra los expresidentes.[117]​ Algunos buscaron impulsar su propia consulta mediante la recolección de firmas, que enviaron al INE en septiembre de 2020.[118]​ No obstante, poco después la SCJN desechó esa nueva petición al considerar que se correspondía con la del presidente, previamente discutida y avalada.[119]​ Al respecto, luego de anunciarse la decisión del tribunal constitucional, algunos políticos y ciudadanos la criticaron bajo la etiqueta #LaJusticiaNoSeConsulta,[120]​ como el Partido Acción Nacional, que la calificó de «ilegal e inconstitucional y es muy penoso que algunos ministros se presten a las artimañas electorales del Presidente».[121]​ En contraste, militantes y simpatizantes de Morena celebraron la decisión, y un grupo de personas festejó en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.[120][122]​ Más tarde, el Partido de la Revolución Democrática la consideró «inservible y costos[a]» e «incongruente» con la política de austeridad del gobierno de López Obrador.[123]

A mediados de junio de 2021, el colectivo «Juicio a Expresidentes», que había impulsado la recolección de firmas para la organización de una consulta similar, lanzó una campaña denominada «Juicio Sí, Impunidad No» en diecisiete estados del país para promover el voto por el «Sí».[124][125]​ El partido Morena y algunos de sus legisladores se sumaron a la tarea de promoción de la consulta, y del voto por el «Sí», para intentar que se alcanzara el 40 % requerido para que fuera vinculante.[126][127]​ Para ello, el 27 de junio, durante la «Jornada de Respaldo a la Consulta Ciudadana por la Verdad, por la Justicia», la formación presentó acciones de promoción de participación en la consulta bajo el lema «Juicios sí».[128][129]​ Por su parte, el presidente López Obrador fijó su postura al indicar que «de manera pública sostuve que no iba a participar y que además consideraba que teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final solo con el compromiso de la no repetición».[130]​ Pese a lo anterior, el mandatario instó en varias ocasiones, a través de sus conferencias diarias, a la participación en la consulta.[131][132]​ Finalmente, el 30 de julio, externó sus intenciones de participar y votar por el «No»,[133]​ aunque poco después reiteró que no lo haría al no instalarse casillas especiales y él encontrarse en Nayarit el 1 de agosto.[134]

Mientras que para la jefa de Gobierno Sheinbaum era un «ejercicio único de democracia participativa en nuestro país y que va a sentar las bases de una manera fundamental».[135]​ El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) llamó a la participación en el ejercicio y se posicionó a favor del «Sí» en la búsqueda de «una Comisión por la Verdad y la Justicia para las Víctimas»: «Hay que entrarle, no viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas».[136]​ Al respecto, el Subcomandante Galeano explicó que los zapatistas participarían «siguiendo los usos y costumbres de los originarios, con asambleas comunitarias» y a través de las mesas receptoras con quienes contaran con la credencial de elector.[137]​ El Congreso Nacional Indígena respaldó tal llamado del EZLN «con el fin de arrancar una movilización por una comisión por la verdad y la justicia para las víctimas o como quiera que se llame».[138]​ Asimismo, colectivos de familiares de personas desaparecidas exigieron que el día de la consulta fuera una «jornada nacional de visibilización de nuestras atrocidades con miras a la creación de comisiones de la verdad».[139]​ La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció a favor del ejercicio al considerarlo «un mecanismo de participación [...] [cuyo] objetivo gira en torno a poder dar voz y voto al pueblo, y generar conciencia sobre una deuda histórica y de aplicación de la justicia».[140]

Por su lado, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, respaldó la consulta porque «hay que ampliar la democracia participativa en México y porque se deberían procesar los agravios impunes, poniendo en el centro a las víctimas», aunque aseveró que se cumpliera o no la participación necesaria para ser vinculante el Estado persistía en su «obligación de garantizar justicia, verdad y memoria ante [las] graves violaciones a [los] derechos humanos que se cometieron».[141]​ La propia organización se posicionó, «sin dejar de señalar las contradicciones y apuntando las incertidumbres y posibles intentos de manipulación del resultado», por «contestar sí a la consulta teniendo presentes a tantas víctimas que siguen sin acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación».[142]​ En contraste, el expresidente Vicente Fox pugnó a no participar en la consulta, a la que calificó de «farsa»,[143]​ mientras que para el también exmandatario Felipe Calderón se trataba de un «circo romano» y afirmó —sobre la solicitud de consulta en septiembre de 2020— que era «violatoria de garantías elementales y de persecución política».[144][145]​ En este sentido, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, lo consideró un «circo político» y una organización reunió quince mil firmas bajo el lema «Presidente, deje la farsa y aplique la Ley».[146]

Análisis[editar]

Algunas organizaciones impulsaron la consulta, como el colectivo «Juicio a Expresidentes» bajo el lema «Juicio Sí, Impunidad No».

Al explicar la postura que los ministros tomaron en la decisión, Vivanco Lira (2020) explicó que el bloque mayoritario, encabezado por Zaldívar, asumía a la Suprema Corte como un «ente facilitador de la expresión de la voluntad popular», por lo que, en este caso, su función sopesaba «cómo podrían hacer viable que la ciudadanía ejerciera su derecho fundamental de participación política». En contraste, el grupo de ministros que votó en contra basó su argumentación en que la justicia no está a consulta y que su función es «proteger la Constitución aun a costa del sentir mayoritario».[147]​ Por su parte, Hernández Herrera, Peniche Baqueiro y Torres Checa (2020) afirmaron que la argumentación de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue «decisiva», puesto que señalaba que la consulta «puede vincular al ejecutivo federal, pero no debe nunca vincular a las autoridades de procuración de justicia». Ilustraron la posición contraria con lo señalado por el ministro Laynez Potisek que proponía que, al involucrarse en la pregunta a las «instituciones de procuración de justicia», que no podían ser vinculadas por consulta, la materia era inconstitucional.[148]

Por su parte, Caballero Ochoa y García Huerta (2020) aseveraron que el objeto de la consulta era poco claro, incluso después de la decisión del SCJN; pese a considerar que esta última dio un «paso importante en el debate democrático», lamentaban el «nivel argumentativo inferior» utilizado y concluyeron que uno de los principales mensajes de la resolución de constitucionalidad era «que la participación democrática es un derecho de primer orden en nuestro sistema constitucional».[149]​ En este sentido, coincidieron Garza Onofre y colaboradores (2020) para quienes la SCJN planteó una «pregunta radicalmente distinta, ambigua y vaga», que dificultaba dilucidar «a qué tipo de “acciones pertinentes”» se hacía referencia, al tiempo que planteaba un escenario, en caso de una mayoría vinculante que optara por el «No», en el que las «autoridades estarían obligadas a no emprender dichas acciones». Por tanto, se generaba un riesgo de que la consulta fuera «completamente irrelevante».[150]

Al respecto, el presidente de la Suprema Corte, la justificó como una pregunta «ambigua y general», que «conscientemente se hizo de esa manera» dado que «no es una apelación a procesos judiciales»[151]​ y no obliga «de modo alguno» al fiscal general de la República o al poder Judicial, sino que abría la puerta a la creación de comisiones de la verdad o mecanismos similares.[152]​ Sobre esto último, de acuerdo con Hernández Herrera, Peniche Baqueiro y Torres Checa (2020) la interrogante generaría un «diálogo inédito entre nuestra Constitución y la justicia transicional».[148]​ Igualmente, algunas veces se rechazó la narrativa manejada, incluso por el presidente López Obrador, de que se trataría de una consulta para enjuiciar a expresidentes, puesto que la interrogante «no gira en torno a casos puntuales, ni se enfoca en señalar a personas en específico», pero sí podría dar pie a mecanismos como las comisiones y, eventualmente, a investigaciones contra los exmandatarios.[153]

Consulta[editar]

Urnas electorales empleadas de la consulta popular.

La jornada de la consulta popular inició antes de las 08:00 horas del 1 de agosto de 2021 con una ceremonia de honores a la bandera en la sede del INE;[154]​ poco después comenzó la apertura de las mesas receptoras y el organismo electoral se declaró en sesión extraordinaria.[155][156]​ A las 09:34 horas se reportaban 37 574 mesas de votación instaladas, con Baja California y Sonora con el menor número hasta ese momento;[154]​ al corte de las 11:10 horas, la cifra había aumentado a 53 105 (93.04 %).[157]​ Unas horas después, el organismo reportó ocho centros de votación —cuatro en Chiapas, dos en Veracruz y uno en Baja California y Nuevo León— que no serían instalados por «decisiones comunitarias»,[158]​ así como un avance cercano al 99 % con 56 791 mesas instaladas a las 13:15 horas.[159]​ Finalmente, en su reporte final, el INE cifró en 57 077 la mesas que debían instalarse en todo el país y 57 014 (99.98 %) las instaladas, así como 476 incidentes registrados hasta las 16:00 horas.[160]

Durante la jornada, algunos ciudadanos denunciaron falta de información, problemas para localizar las mesas receptoras[161][162]​ y relleno de urnas.[163]​ El INE reconoció cuatro casos en los que se cancelaron las papeletas antes de tiempo, en Oaxaca, Ciudad de México y Michoacán. Además, en Chiapas se suspendieron las votaciones en dos mesas por participar ciudadanos no inscritos en la lista nominal. La consulta concluyó a las 18:00 horas con el cierre de los centros de votación y el inicio del escrutinio y cómputo de los votos. Después de las 20:00 horas, cuando finalizaba el conteo de votos, iniciaron los cómputos distritales y entró en funciones un minisitio con su avance. Además, en la sesión del organismo se incrementó a 1142 el número de incidentes registrados en la jornada.[154][164]​ Poco después se dio a conocer el conteo rápido que arrojó rangos de entre 7.07 % y 7.74 % de participación, entre 89.36 % y 96.28 % para el «Sí», entre 1.38 % y 1.58 % para el «No» y entre 2.19 % y 9.21 % de votos nulos,[165]​ lo que haría de los resultados no vinculantes al no alcanzar el 40 % requerido de participación.[10]

Resultados[editar]

La noche del 2 de agosto, el INE dio a conocer los resultados finales al concluir a las 21:15 horas los cómputos de los votos,[166]​ retrasados al menos cinco horas por diecisiete paquetes trasladados desde zonas serranas.[167]​ Tales cifras confirmaron las señaladas en el conteo rápido, con una participación del 7.11 % y 6.6 millones de papeletas, de las que la gran mayoría (6.5 millones equivalentes al 97.72 %) en favor del «Sí», y sin ser vinculatorios por no lograr el 40 % de participación requerido por la ley.[166][168]​ El organismo detalló que computó en ceros un paquete de una mesa receptora en Orizaba —previamente denunciada por irregularidades— por la introducción de papeletas en la urna al término de la jornada.[169]​ Dos meses después, el 20 de octubre, el INE declaró válidos los resultados finales del cómputo nacional de la consulta, además de que cifró en 144 522 la cifra final de funcionarios de mesas receptoras, 40 146 los observadores electorales y 57 070 las mesas instaladas —99.99 % de las planeadas—. El Consejo General del organismo también ordenó en esa ocasión la destrucción de la papelería utilizada y no utilizada, así como las listas nominales, en el ejercicio.[170]

Acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos
Opción Votos Porcentaje
6 511 385
 97.72 %
No 102 945
 1.54 %
Votos nulos 48 878
 0.74 %
Total de votos emitidos 6 663 208
 100.00 %
Lista nominal 93 686 877 ciudadanos[2]
Participación
 7.11 %
Fuente: Instituto Nacional Electoral.[168]

Reacciones[editar]

Mesa receptora de la consulta popular en Ciudad de México.

Después de la consulta, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia del 2 de agosto que el ejercicio había sido exitoso, se dijo «contento» con los resultados y rechazó que la consulta hubiera sido un fracaso: «¿Cuándo va a fracasar la democracia? Nunca. Es el mejor sistema de Gobierno».[171][172]​ En este sentido, luego de conocerse los rangos estimados de participación, políticos del PRI, PAN y PRD calificaron a la consulta como un «fracaso»; para el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la baja asistencia a las mesas evidenciaba «que los mexicanos están hartos de [este] gobierno».[173]​ Por su parte, los expresidentes Fox y Calderón se congratularon por la participación e incluso el primero la consideró «la más baja votación de todos los tiempos».[174]

Al dar a conocer el conteo rápido, Córdova afirmó que había sido un ejercicio «exitoso»: «Nunca antes en la historia del país, y por eso es un éxito, cerca de 7 millones, de acuerdo con los datos del conteo rápido, participaron por primera vez en un ejercicio de democracia participativa».[175]​ En la misma línea, la jefa de Gobierno Sheinbaum aseveró que, en Ciudad de México, la consulta «fue un éxito. Es la primera consulta popular, ciudadana, constitucional que se realiza y se dio la oportunidad de participar».[176]​ Asimismo, un grupo de ciudadanos promotores de la consulta propugnaron la creación de un Tribunal del Pueblo para juzgar a las figuras políticas[177]​ y el partido Morena indicó que buscaría la creación de una «comisión de la verdad de la mano con las víctimas y una comisión contra la impunidad de los crímenes económicos del neoliberalismo».[178]

Impacto[editar]

Participación por entidad federativa en la Consulta Popular 2021.

Se estimó un costo aproximado de 79.30 pesos por voto en la consulta.[179]​ Al analizar la delimitación territorial previa a la jornada, Carranza Rodríguez (2021) señaló que se estimaba instalar el 35 % del total de las casillas usadas para las elecciones federales previas del 6 de junio, en 23 966 secciones —34 % de las secciones vigentes en el «marco geográfico electoral 2021»—. Por tanto, mientras que en los comicios había un promedio de una casilla por cada 574 personas, en la consulta habría una mesa por cada 1635 ciudadanos. Por otra parte, la dispersión de las mesas receptoras planteaba que 53.7 millones de los votantes potenciales podría sufragar en la sección electoral en la que vivían, mientras que 39.4 millones tendrían que desplazarse.[180]

Desde la organización Justicia Transicional en México, se planteó que «muchas personas no participaron como medio de protesta por considerar que era un ejercicio y capricho del Presidente, y que únicamente tenía el objetivo de utilizarlo políticamente, y no contenía propuestas concretas», sin embargo, la elevada votación a favor del «Sí» representaba la existencia de una «demanda por conocer la verdad y la justicia» en México. En suma, señaló que la consulta posibilitaba iniciar «el diseño de un mecanismo de verdad», oportunidad que se desaprovechó por la falta de un «compromiso real por parte del ejecutivo» evidenciada en su falta de acciones para «garantizar los derechos a la verdad y la justicia de las miles de víctimas».[181]​ En este sentido, en su tercer informe de gobierno, un mes después del ejercicio, López Obrador únicamente consideró que la consulta y las acciones para su realización «[marcaron] un hito histórico en la consolidación democrática de nuestro país».[182]

La mayor participación se dio en los estados del sur del país y en los gobernados por el partido Morena —entidades gobernadas por partidos opositores al gobierno federal en el momento de la consulta, como Aguascalientes, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, obtuvieron las menores participaciones, por debajo del 5  %[183]​—, además de que solamente en siete se superó el 10 % de participación; Tlaxcala (11.6  %), Tabasco (11.26  %), y Guerrero (10.85  %) registraron la mayor cantidad de votantes, frente a Chihuahua (3.12 %), Zacatecas (3.38 %) y Nuevo León (3.48 %) con la menor. En términos municipales, 75 % de los municipios tuvo tasas de participación inferiores al 11 % y en solo once esta fue mayor al 40 %, siendo Iztapalapa (10.83  %), Ecatepec de Morelos (9.02  %), Puebla (8.43  %) los que tuvieron mayor cantidad de asistentes a las mesas receptoras. Por su parte, cuatro mesas tuvieron el 100 % de participación, 47 registraron más opiniones nulos que otras y 21 en las que ganó el «No».[184]

Asimismo, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz de Ignacio de la Llave aportaron el mayor número de opiniones en favor del «Sí», mientras que Baja California Sur, Colima y Aguascalientes tuvieron la menor cantidad de votos en este sentido.[185]​ De acuerdo con una encuesta de El Financiero, un 67 % de los cuatrocientos sondeados consideró un «fracaso» la consulta, lo que en su opinión obedeció a que «no se promovió adecuadamente» (38 %), «no interesó» (20 %) y a que había «otros temas más importantes para consultarle a la ciudadanía» (16 %), entre otras causas. Además, un 53 % se inclinaba a creer que no habría «acciones concretas» a partir de los resultados del ejercicio, cuyo bajo porcentaje de participación llevó a un 59 % a considerarlos no válidos. En contraste, un 63 % de los participantes se mostraba de acuerdo en la creación de una comisión de la verdad.[186]

Véase también[editar]

Notas[editar]

  1. Una participación del 40 % era equivalente a 37.4 millones de ciudadanos.[3]
  2. Voto en contra de José Fernando Franco González-Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek; voto a favor de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat.[28]
  3. En algunos casos, como en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la interrogante se tradujo a lenguas indígenas.[77]
  4. Los datos provienen del grupo de encuestados que aseguró participaría en la consulta (58.4 %). Del total de la muestra, 78.1 % se mostró a favor, 18.8 % en contra y 3.1 % no sabía.[110]
  5. Dentro de la encuesta se interrogaba sobre la pregunta original, en donde 59.4 % de los encuestados se mostró a favor, 31.2 % en contra y 9.4 % no sabía.[113]

Referencias[editar]

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