Genocidio guatemalteco

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La perpetración de masacres sistemáticas en Guatemala surge de un período en la prolongada guerra civil de este país, donde la violencia contra la ciudadanía, indígenas mayas de las comunidades rurales del país en su mayoría, llegó de acuerdo a comisiones indagatorias [1] bajo observancia de la Organización de Naciones Unidas, al nivel extensivo de genocidio como crímenes continuados contra un grupo humano, siendo éste, por la incidencia de asesinatos y represión en el grupo minoritario maya ixil, contra los pobladores rurales de la demarcación septentrional de la provincia de El Quiché.

Consideraciones acerca de la dictadura y la represión[editar]

El 100 % de las desapariciones fueron cometidas por el Estado fáctico guatemalteco en la dicotomía de la Guerra Fría.[cita requerida]El 90% de todos los asesinatos fueron cometidos por la dictadura militar, según las averiguaciones documentadas de la ONU. Durante ese tiempo se cometieron cerca de 6000 asesinatos al año.[cita requerida] El 98 % de los actos de terrorismo de Estado quedaron sin castigo después de la firma de la amnistía, en 1996.[cita requerida]

Más de 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas entre 1960 y 1996 en el conflicto interno. Según la Comisión del Esclarecimiento Histórico(CEH) de las Naciones Unidas, el ejército guatemalteco y paramilitares indistintamente perseguían a comunidades indígenas, líderes[1] sindicales, estudiantes, personas religiosas y otros civiles bajo la teoría que formaban un ‘enemigo interno’ subversivo, insurrecto dentro de los grupos armados oponentes a la dictadura militar, de propugnada tendencia revolucionaria marxista. El peor período de violencia acaeció entre 1982-1983, cuando fuerzas contrainsurgentes promovieron campañas de represión esquematizadas contra población civil, en términos operacionales, beligerancia de tierra arrasada; sobre todo, dirigidas contra la población maya ixil y aun contra grupos étnicos escasos demográficamente como los mayas chuj y qanjobal, habitantes de áreas fronterizas con palmaria presencia de grupos insurrectos. De una histórica discriminación hacia la mayoría indígena de Guatemala, el Estado justificó el exterminio de aproximadamente 440 comunidades mayas bajo las acciones de represión de focos facciosos, comunistas según los términos del aparato autocrático y militar guatemalteco de la época.

Fuerzas gubernamentales implementaron una serie de tácticas estándar. Trabajando metodológicamente a través de las tierras altas centrales, el ejército y sus equipos paramilitares —incluyendo “patrullas civiles” de leva forzosa de hombres locales— atacaron mas de 600 pueblos mayas. Concentrándose en el departamento de El Quiché, las fuerzas armadas sitiaban el pueblo, sojuzgaban a los habitantes, separaban a los hombres de las mujeres y después ocurrían asesinatos en secuencia. Aquellos que escaparon serían perseguidos desde helicópteros. Tortura extrema, mutilación y violencia sexual se convirtieron en una práctica común, y también la violencia contra niños y seniles. Este período de dos años se conoció como “holocausto silencioso” en acepción del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de 1999.

La percepción del ejército hacia las comunidades mayas como aliados naturales de las guerrillas contribuyó al aumento de violaciones de los derechos humanos impunes contra ellos, demostrando un racismo agresivo, componente de sevicia, que derivó en el exterminio consecutivo de comunidades mayas inermes incluyendo, como se comprobaría en exhumaciones numerosas, niños, mujeres y ancianos, a través de métodos brutales que han indignado la conciencia moral del mundo civilizado.

Regulación legal del genocidio en Guatemala[editar]

El Estado de Guatemala ha adoptado normas nacionales e internacionales para sancionar el delito de genocidio.[2] Desde 1949, Guatemala forma parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El Código penal de Guatemala, en vigencia desde 1973, establece el delito de genocidio en su artículo 376 y señala:

Comete delito de genocidio quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso efectuare cualquiera de los siguientes hechos:

  • Muerte de miembros del grupo.
  • Lesión que afecte gravemente a la integridad física o mental de miembros del grupo.
  • Sometimiento del grupo o de miembros del mismo a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial.
  • Desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo.
  • Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquier otra manera de impedir su reproducción.
El responsable de genocidio será sancionado con prisión de 30 a 50 años.

Esta definición en el Código penal es parecida a la adoptada en la Convención. Sin embargo, en la regulación nacional se omitió a los grupos raciales como categorías protegidas contra el genocidio.[3] La definición racial por su naturaleza en este caso de ser aceptada cono norma legal, convertiría de hecho la norma en racismo para todos los demás grupos que coexisten en una sociedad.

Presidentes de Guatemala en el período de 1978 a 1996[editar]

Durante la evolución política de Guatemala el informe Guatemala, memoria del silencio, establece ―en relación con el genocidio guatemalteco―, distintos períodos de gestación, ejecución y transición política; todos importantes para comprender lo sucedido. Los dos períodos más reseñables pueden considerarse los siguientes:[4]

Agudización de la violencia y militarización del Estado (1979-1985)[5]
La transición política (1986-1996)[7]

Juicio contra Ríos Montt[editar]

El día 10 de mayo del año 2013, el tribunal A de mayor riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios condenó al exdictador y general retirado José Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel, 30 años por crímenes contra la humanidad y 50 por genocidio, en un histórico y controversial juicio en el que su jefe de inteligencia José Rodríguez Sánchez fue absuelto por falta de pruebas. El argumento de la condena se centró en que durante el gobierno de facto de Ríos Montt (entre 1982 y 1983) se cometieron crímenes de manera sistemática contra el pueblo maya ixil, en una política de guerra manejada por el Estado consistente en mermar a los grupos indígenas, así como la prohibición del uso de idioma y la eliminación física de sus miembros como parte de los planes contrainsurgentes y antiterroristas manejados por el ejército. La sentencia deja abierta la posibilidad a que se investigue a quienes hayan tenido responsabilidad en el genocidio sucedido en Guatemala.[cita requerida]

El día 22 de mayo de 2013, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró ilegal por falencias de procedimiento la sentencia de genocidio.[cita requerida]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. CJA. «El Caso de Genocidio en Guatemala» (en españlol). Consultado el 6 de noviembre de 2014.
  2. AIZENSTATD, Najman Alexander (2007). «Origen y evolución del concepto de genocidio». En Revista de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, Volumen 25, pág. 11. Resumen.
  3. Inconstitucionalidad. Expediente 2242-2010. Corte de Constitucionalidad (pendiente de resolverse).
    Artículo en el diario El Periódico (Guatemala) del 27 de diciembre de 2010.
  4. Guatemala. Memoria del Silencio
  5. Guatemala. Memoria del silencio. Capitulo I
  6. Perfil de Efrain Ríos Montt en CIDOB, Centro de Estudios Internacionales de Barcelona
  7. Guatemala. Memoria del silencio. Capítulo 1. La transición política
  8. Perfil de Jorge Serrano Elías en CIDOB, Centro de Estudios Internacionales de Barcelona

Enlaces externos[editar]

Noticias de prensa