Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina)

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Instituto Nacional de Estadística y Censos
Instituto Nacional de Estadística y Censos y National Institute of Statistics and Censuses (INDEC)
Indec logo.png

INDEC edificio 1.jpg
Edificio principal del Indec, en Julio A. Roca 609, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Información general
Acrónimo INDEC
Tipo Ente estadístico
Fundación 25 de enero de 1968 (50 años)
Jurisdicción Nacional
País ArgentinaFlag of Argentina.svg Argentina
Sede Avenida Julio A. Roca 615, Buenos Aires, ArgentinaFlag of Argentina.svg Argentina
Organización
Director Jorge Todesca
Dependiente de Poder Ejecutivo Nacional
Entidad superior Ministerio de Hacienda (1894-1944; desde 1954)
Ministerio de Asuntos Técnicos (1950-1954)
Ministerio del Interior (1864-1894; 1944-1950)
Histórico
Oficina de Estadística Nacional (1864-1894)
Dirección General de Estadística (1894-1943)
Dirección General de Estadística y Censos (1943-1944)
Consejo Nacional de Estadística y Censos (1944-1946)
Dirección Nacional de Investigaciones, Estadística y Censos (1946-1950)
Dirección General del Servicio Estadístico (1950-1956)
Dirección Nacional de Estadística y Censos (1956-1968)
Actual
Sitio web

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) es un organismo público, de carácter técnico, que ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio de la República Argentina. Su creación y funcionamiento están reglamentadas por la ley 17.622 (25 de enero de 1968)[1]​ y los decretos 3110/70 (30 de diciembre de 1970)[2]​ y 1831/93 (1 de septiembre de 1993).[3]​ En este marco, sus responsabilidades son: implementar la política estadística del Estado argentino; estructurar y conducir el Sistema Estadístico Nacional (SEN); diseñar metodologías para la producción estadística; organizar y dirigir los operativos estadísticos de infraestructura; elaborar indicadores básicos e información social, económica, demográfica y geográfica. Es un ente desconcentrado en la órbita del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Estructura[editar]

La estructura del instituto responde a un esquema piramidal. El primer nivel es la Dirección General del INDEC, de la que dependen la Dirección Técnica y la Dirección de Gestión.
El tercer nivel está organizado por 14 Direcciones Nacionales, cada una de ellas con objetivos específicos y subdirecciones o delegaciones subordinadas. De estas Direcciones Nacionales, 2 dependen directamente de la Dirección General, 7 de la Dirección Técnica y 5 de la Dirección de Gestión.[4][5]

Coordinación del Sistema Estadístico Nacional[editar]

Según la ley que lo rige, el INDEC tiene la responsabilidad de coordinar el Sistema Estadístico Nacional (SEN), bajo el principio de centralización normativa y descentralización ejecutiva. Esto significa que el Instituto es responsable del desarrollo metodológico y normativo para la producción de estadísticas oficiales, asegurando la capacidad de comparar la información originada en distintas fuentes. El SEN está integrado por los servicios estadísticos de los organismos nacionales, provinciales y municipales.

En todas las provincias argentinas hay direcciones provinciales de estadística (DPE) dependientes de los gobiernos provinciales. Dichas direcciones coordinan los sistemas estadísticos provinciales, e intervienen en la captura, ingreso y procesamiento de información a nivel provincial. Esta información es luego consolidada por el INDEC o por otros servicios nacionales para la obtención de información a nivel nacional.

La reestructuración del organismo implementada en 2017 creó seis delegaciones regionales, —Gran Buenos Aires, Cuyo, Pampeana, Noreste (NEA), Noroeste (NOA) y Patagonia—, destinadas a actuar como nexo entre la Dirección Nacional del Sistema Estadístico Nacional y los organismos estadísticos provinciales y locales de cada región.[6]

Producción estadística[editar]

El INDEC produce, por un lado, estadísticas socioeconómicas de coyuntura que se publican en la serie Informes Técnicos. Por otro lado, se publican de forma eventual los resultados de otros operativos estadísticos, como el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (2018), la Encuesta Nacional de Victimización 2017 (2018), la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2016-2017 (2018), el Censo Nacional a la Actividad Minera 2017 (2018), el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018 (2018) y los censos de población.

La serie Informes Técnicos se basa en un programa regular de trabajo que publica periódicamente más de treinta y cinco productos estadísticos que se actualizan de forma mensual, trimestral, semestral o anual. La serie comprende las subseries Comercio, Comercio Exterior, Construcción, Cuentas Nacionales, Cuentas Internacionales, Energía, Índices de Precios, Industria Manufacturera, Salarios, Servicios, Turismo, Condiciones de Vida y Trabajo e Ingresos.

Secreto estadístico[editar]

La ley n° 17.622, del año 1968, rige la creación y funcionamiento del INDEC, y dispone la obligatoriedad de proporcionar los datos que requieran los organismos integrantes del SEN, conducido por el INDEC e integrado por las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las oficinas de estadística de organismos nacionales, provinciales y municipales de la República Argentina.

La producción de información estadística se basa fundamentalmente en la capacidad para requerir y obtener datos de los informantes individuales, para con ellos elaborar compilaciones de conjunto. Cualquiera sea el carácter y condición del informante, lograr su colaboración descansa, en gran medida, sobre la actitud de confianza que el demandante le inspire.

Por esta razón, en todos los países del mundo la actividad estadística está asociada legalmente con dos tipos de obligaciones:

  • que el informante proporcione información veraz
  • que la oficina estadística asegure que la declaración individual sea tratada con la más estricta reserva

Este es el principio al que se alude con la expresión “secreto estadístico”; esto es, el resguardo legal que tiene toda persona física o jurídica obligada a proporcionar datos a los servicios que integran el Sistema Estadístico Nacional de que esos datos no serán utilizados con otros fines que los estadísticos.

Los artículos 10, 13 y 17 de la referida ley establecen que quienes intervienen en cualquiera de las etapas de elaboración de la información estadística tienen la obligación de mantener el secreto estadístico, y los funcionarios y personal interviniente se hacen pasibles de penalidades establecidas en el Código Penal. El sentido de la norma es proteger la identidad de la fuente primaria de datos, por lo que, adicionalmente, la información estadística siempre se refiere a una población bien definida y no a una unidad identificable.

Operativos estadísticos[editar]

Censos de población[editar]

Año Población al 30 de junio Tasa de crecimiento entre censos Tasa de crecimiento media anual
1970 23.364.431 16,7% 1,56%
1980 27.949.480 19,6% 1,81%
1991 32.615.528 16,7% 1,41%
2001 36.260.130 11,2% 1,06%
2010 40.117.096 10,6% 1,12%
Censo 1991[editar]

Los resultados del censo del 1991 dieron como resultado una población nacional de 32.615.528.[7]​ Los resultados completos, se pueden obtener de la página del censo del 2001, en comparativa con los de ese año.[8]

Censo 2001[editar]

Los resultados del censo del 2001, dieron como resultado una población nacional de 36.260.130.[7]​ Los resultados completos, se pueden obtener de la página del censo del 2001.[9]

Censo 2010[editar]

Los resultados del censo del 2010, dieron como resultado una población nacional de 40.091.359.[10]​ Los datos básicos definitivos se pueden obtener de la siguiente página del INDEC.[11]

Difusión y comunicación[editar]

El artículo 5 inciso f de la ley n° 17.622 (que rige la creación y funcionamiento del INDEC) encomienda al Instituto la promoción de “la adecuada difusión de toda la información estadística en los Ministerios, Comandos en Jefe, Secretarías de Estado, Gobiernos provinciales y municipales, organizaciones públicas y privadas y población en general”,[12]​ en cumplimiento de su rol de organismo rector del SEN.

A partir de este mandato legal, el INDEC publica información demográfica, social y económica de relevancia con los objetivos de promover una sociedad más abierta y participativa; educar ciudadanos mejor capacitados e informados; impulsar políticas de Estado fundamentadas; y facilitar la toma de decisiones eficaces y responsables. El INDEC pone a disposición de la ciudadanía su producción estadística en distintos soportes de divulgación y planifica sus acciones de difusión con el fin de ampliar el conocimiento y el buen uso de información basada en evidencia empírica.

Desde este punto de partida, es función de la Dirección Nacional de Difusión y Comunicación (DNDC), establecida por la DA 305/2017 del INDEC, publicar la producción del Instituto, en observancia del derecho de acceso a la información pública de la comunidad en general, y para usuarios de datos estadísticos en particular.

Adhesión a recomendaciones internacionales[editar]

El INDEC reconoce los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, elaborados originalmente por la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas en 1992 y asumidos luego por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (CENU), en los que se establece como primer postulado que “las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al Gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental”.[13]

Asimismo, la Argentina fue incorporada, en agosto de 2017, como adherente a la Recomendación del consejo de la OCDE sobre buenas prácticas estadísticas, adoptada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que, para las tareas inherentes a la difusión y comunicación estadística, implica:

  • garantizar la imparcialidad, la objetividad y la transparencia de las estadísticas oficiales mediante el desarrollo, la producción y la difusión por parte de las Autoridades Estadísticas Nacionales de estadísticas de independencia científica establecidas de manera objetiva, profesional y transparente en las que todos los usuarios sean tratados equitativamente. El trato equitativo implica en particular un acceso equitativo a los datos por parte de todos los usuarios; y
  • asegurar un acceso y una difusión de datos fáciles de usar, de modo que las estadísticas se presenten de forma clara y comprensible, se publiquen de una manera adecuada y conveniente, incluso en forma legible por máquina ("datos abiertos") y accesible sobre una base imparcial con metadatos de apoyo y orientación. Esto también implica un compromiso para responder a las principales interpretaciones erróneas de los datos por parte de los usuarios.

Finalmente, el INDEC suscribe desde 1996 a las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD o SDDS, por sus siglas en inglés) del Fondo Monetario Internacional (FMI), una iniciativa para mejorar la transparencia de los datos y para promover el desarrollo de sistemas estadísticos sólidos en los países adherentes. La adhesión a normas de divulgación homogéneas, sumada a la estandarización de las metodologías estadísticas, permite el análisis comparativo real entre países.

Por tanto, con base en las recomendaciones internacionales previamente mencionadas y en la legislación nacional, el INDEC asume el compromiso de producir y difundir estadísticas sustentadas en los siguientes principios generales:

  • Imparcialidad y objetividad: difusión imparcial y objetiva; igualdad de trato para todos sus usuarios.
  • Accesibilidad y claridad: se utilizan los medios técnicos más adecuados para garantizar el acceso ilimitado, eficiente y comprensible a la información.
  • Secreto estadístico: difusión en compilaciones de conjunto, para asegurar que la información individual quede protegida.
  • Orientación hacia el usuario: satisfacer las necesidades y requerimientos de información, sean estos del sector público o del privado.
  • Transparencia: metodologías, parámetros de calidad, calendario de publicaciones y tarifario de los productos especiales de difusión se comunican con antelación y claridad.
  • Puntualidad: la publicación de las estadísticas se realiza de acuerdo con el calendario previamente establecido y en forma simultánea para todos los usuarios.
  • Gratuidad: los resultados de las operaciones estadísticas considerados en el calendario anticipado se difunden gratuitamente.

Historia[editar]

Creación[editar]

Desde su creación, original en la ley 17.622 de 1968, dependió en forma alternativa de diversas instancias del Poder Ejecutivo Nacional, preservando siempre la independencia en la producción de las estadísticas.

Dicha ley le confirió dos objetivos fundamentales:

  • Ejercer la dirección superior de todas las estadísticas oficiales.
  • Estructurar y conducir el Sistema Estadístico Nacional (SEN).

Bajo los principios de centralización normativa y descentralización ejecutiva, el Indec coordina el funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN), confecciona el Programa Anual de Estadística y Censos, y desarrolla metodologías y normas que aseguran la comparación de información procedente de distintas fuentes.

La ley también establece la obligatoriedad de suministrar datos e informaciones de interés estadístico que requieran los organismos del SEN, y la garantía del secreto estadístico sobre los datos suministrados. Para esto el Indec debe publicar los resultados de cada relevamiento en compilaciones de conjunto, para que así el secreto comercial o patrimonial no sea violado, ni puedan ser individualizadas las personas o entidades a quienes se refieran.

Regreso de la democracia[editar]

Con la consolidación del sistema democrático, en 1983, se afianzó el papel de la ciudadanía en la demanda a los responsables del Gobierno acerca de los resultados del accionar público.

Por otra parte los procesos de apertura e integración de la Argentina en una economía globalizada y la necesidad de reconvertir el aparato productivo nacional tornaron necesaria la disponibilidad de datos de diversa índole para la toma de decisiones y para evaluar los efectos de las políticas de gobierno: tanto en educación, salud, vivienda y cobertura social, además del avance tecnológico y económico sobre el empleo y los cambios en los hábitos de consumo de la población.

Crisis institucional[editar]

Las primeras dudas acerca de la exactitud de sus cifras datan del censo de población de 1970.[14]

Desde mediados de la década del 2000 se ha hablado en los medios de comunicación de una crisis institucional del Indec. Sin embargo, el organismo ha tenido diferentes controversias, bajas en su credibilidad y acusaciones de "fraude" desde al menos el año 1999, en especial en relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En dicho año, una consultora privada, contratada por el Indec, señaló que la credibilidad del organismo "era muy baja en los indicadores económicos y mayor en el censo".[15]

En el año 2000, el entonces supervisor de Metodología del IPC publicó un informe que cuestionaba las fórmulas y metodologías utilizadas, a las que califica de "fraudulentas". Según el mismo, el índice de precios con el que se calcula el índice no representa al consumidor medio sino casi exclusivamente a los estratos más altos, subestimando los artículos de primera necesidad, dando resultados equivalentes a ocultar a más de la mitad de la población, debido a distorsiones que el autor califica como intencionales.[16]​En 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa creó una nueva metodología para el relevamiento del IPC. La nueva forma de medir fue cuestionada por empleados del organismo, quienes en una publicación llamada "Cuidemos al Indec" denunciaron la obstaculización del trabajo de técnicos y profesionales. Según la misma, los cambios le quitaban representación en las estadísticas a más del 80% de la población.[14]

En el año 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa creó una nueva metodología para el relevamiento del IPC, en la cual se incorporaron tres grandes modificaciones: se aumentaron la cantidad de productos que el índice vigila, se cambiaron las ponderaciones de esos mismos productos y se estableció el secreto sobre más de 500 de los 800 artículos.[17]​ En julio de 2001, empleados y estadistas del organismo, organizaron una publicación llamada "Cuidemos al Indec", donde denunciaban que en la gestión del Indec se obstaculizó el trabajo de técnicos y profesionales; se retiró de la difusión, por largos períodos, la información pública producida, se entregaron en forma gratuita a instituciones privadas, bases de datos y trabajos que no se difunden al público en general; y se desatendió la planificación y el financiamiento de estadísticas básicas.[18]

En 2002, el ex supervisor de Metodología del IPC, realizó una publicación llamada «Informe de Coyuntura» donde criticaba la metodología que calificaba como "fraudulenta" creada el año anterior en el gobierno de la Alianza, en los siguientes puntos:

  • "Discriminar a los sectores más pobres y a la clase media, quitándole representatividad a más del 80% de la población, y haciendo que el índice sea virtualmente insensible a los aumentos de precios de los artículos y servicios más necesarios. Representando al 20% más rico de la sociedad, y en algunos rubros apenas al 10% más rico, y con ello favorece la ponderación excesiva de determinados artículos suntuarios sin tener en cuenta que solamente una ínfima minoría los puede consumir. Propiciando el aumento de la brecha entre ricos y pobres y la exclusión social."
  • "Producir indirectamente subestimaciones en otros indicadores sociales, como los índices de pobreza. Hará que la cantidad oficialmente calculada de pobres esté subestimada en varios millones."
  • "Acusar incrementos inflacionarios notoriamente más bajos a los verdaderos en: períodos de recesión económica y caída del poder adquisitivo, épocas de aumento de la desocupación y sistemas compulsivos de control de precios."
  • "Presentar un efecto paradójico que puede arruinar cualquier mejora, ya que acusa incrementos inflacionarios mayores a los verdaderos en: períodos de recuperación económica, disminución de la desocupación con aumento de demanda laboral y sistemas de mercado autoequilibrado."[19]

Durante 2006, el Secretarío de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, le reclamó a Graciela Bevacqua, que conducía la dirección de Índice de Precios al Consumidor (IPC), discordancia entre los acuerdos de precios establecidos con los productores y los precios relevados en el índice. Guillermo Moreno también discutió con Bevacqua y su superior, Clyde Trabucci, debido a las metodologías utilizadas para realizar el IPC.[20]​ Según Bevacqua, en octubre de 2006 Moreno le solicitó los nombres de los comercios que se encuestaban para calcular el índice de precios minorista, y la misma se negó a hacerlo, aduciendo que se lo prohibía la ley de secreto estadístico.[21][22]​ Según Gustavo Noriega, el comité de secreto estadístico el organismo terminó con un dictamen ambiguo sobre lo inquirido por Moreno.[20]

Policías Federales a las afueras de la sede del Indec en 2007.

A fines de enero de 2007 Graciela Bevacqua y Clyde Trabucchi fueron desplazadas;[23][24]​En reemplazo de Bevacqua asumió una persona supuestamente vinculada políticamente con el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri.[25]​ En febrero, la directora Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida pidió su "desafectación" en desacuerdo por la remoción de Bevacqua.[26]​ El representante de la Unión Argentina de Inquilinos denunció que en enero de 2007 los alquileres subieron un 70% más que la inflación promedio del mes según el INDEC.[27]

En marzo la ministra de Economía Felisa Miceli, nombró interinamente a Mario José Krieger como director del Indec, en reemplazo de Lelio Mármora, quien había presentado su renuncia. Krieger fue reemplazado en abril por Alejandro Barrios, sindicalista de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), luego de mantener conversaciones con la ministra. Si bien se esperaba que la designación del delegado gremial supondría un acercamiento con los sectores internos más críticos con el proceso del instituto, el sindicato al que pertenecía Barrios realizó severas críticas a los pocos días de iniciada esta gestión.[28]​ Ana María Edwin, fue nombrada en julio directora del instituto por el nuevo ministro de Economía de la Nación, Miguel Gustavo Peirano, ya que la ministra Miceli había renunciado a su cargo y el sindicalista Barrios perdió así apoyo político. En julio Cynthia Pok, que ocupaba el cargo de Directora de la Encuesta Permanente de Hogares, fue desplazada de su cargo. Como consecuencia de esto, empleados del Indec realizaron una huelga en solidaridad con Cynthia Pok.[29]

Durante julio de 2008 el índice estimado por el Indec fue del 0,4%, mientras las cifras calculadas por consultoras y se situaron en el 1,5%.[30]​ Ante la supuesta manipulación de datos, desde la virtual totalidad de los sectores políticos y económicos del país, incluyendo miembros del oficialismo, fueron presentados pedidos de remoción del Secretario de Comercio Guillermo Moreno y de un inmediato saneamiento del organismo.[31]​ El entonces Jefe de Gabinete, Sergio Massa se refirió al tema diciendo que se debía "construir una muy fuerte confianza del ciudadano en todas las instituciones del Estado y eso obviamente incluye al Indec".[32][33]​ Según las cifras oficiales del organismo, luego del cambio en la metodología de cálculo del IPC, la inflación del año 2008 fue del 7,2%. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), de Mendiguren, había sostenido que la inflación de ese año alcanzaría el 25%.[34]

Desde el año 2005, el Indec además de calcular el IPC-GBA, coordinaba con 7 provincias la elaboración de sus respectivos índices y los publicaba agrupándolos en lo que llamaba "IPC-Nacional", en abril de 2008 el Gobierno decidió eliminar el IPC Nacional.[35]​ Algunas provincias como Córdoba,[36]​ Santa Fe, y San Luis[37]​ continuaron elaborando y difundiendo índices propios.

En el mes de julio de 2009, mediante el decreto 927, el poder ejecutivo transfirió el Indec a la órbita de Ministerio de Economía, conformó el Consejo Académico de Monitoreo y Seguimiento del Indec con cinco Universidades Nacionales en julio de 2009, y conformó el Consejo de Observación Económico y Social en materia de estadística, conformado por representantes del sector primario, del sector secundario, del sector comercial y del sector servicios, como así también representantes de los trabajadores y de los usuarios y consumidores.[38][39]​ El Consejo Académico de Monitoreo y Seguimiento, fue integrado por la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Universidad Nacional de Tucumán. Poco después de su conformación las universidades denunciaron que el Indec les negaba información necesaria para hacer el informe.[40]​ y, luego de anunciar el resultado del monitoreo,[41]​ no obtuvieron respuesta sobre el mismo.[42]​ Finalmente se realizaron pedidos de información al Indec, que entregó la misma en 3 informes diferentes en los meses de septiembre de 2009, noviembre de 2009 y marzo de 2010. En el mes de septiembre de 2009, el consejo realizó su informe de evaluación.[43]

Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, afirmó en 2010 luego de una reunión que mantuvo con los intelectuales agrupados en “Carta Abierta”:

Todos los que participamos de este espacio repudiamos el avasallamiento del organismo oficial de medición de indicadores económicos.[44]

En dicho año, la Auditoría General de la Nación, consideró que los datos del Instituto no son confiables por los “riesgos inaceptables” que toma el organismo al utilizar una “red de información desactualizada”, “equipamiento obsoleto” y dispersión tecnológica.[45]

En 2011, la revista The Economist afirmó que hasta nuevo aviso no publicará más datos provenientes del Indec, pues consideró que «desde el año 2007 la información proveniente de allí es manipulada».[46]

El 1 de febrero de 2012 el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado de prensa en el cual el directorio ejecutivo expresa su lamento en la ausencia de progreso en alinear el Índice de Precios del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) con las pautas estadísticas internacionales. Además aprobó una decisión que llama a Argentina a implementar medidas específicas, dentro de un plazo de 180 días, para mejorar la calidad de los datos reportados sobre el IPC-GBA y el Producto Bruto Interno, de modo tal que la calidad de dichos datos se torne consistente con el cumplimiento de la referida obligación prevista en el Convenio Constitutivo del FMI. Se fijó como plazo máximo el próximo 6 de septiembre para elevar un informe al Consejo Ejecutivo del FMI sobre el estado de aplicación en la Argentina de las medidas solicitadas.[47][48]

Los índices de pobreza en abril de 2012 fueron medidos por el Indec en un 5,4% de la población,[49]​ mientras que para analistas privados fueron superiores: según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina fue de un 19,9%,[49]​ según el economista Federico Muñoz rondó el 21,1%[49]​ y según la UCA fue del 24,5%.[49]​ Para la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (Cepal) la pobreza fue del 5,7 por ciento en el año 2012.[50]

Según el Indec el índice de pobreza en la ciudad de La Rioja se redujo al 2,7% y la indigencia al 0,1%, lo que provocó estas palabras del intendente del mencionado distrito:

Decir que en La Rioja hay 0,1% de indigencia me parece una barbaridad. Si fuera del 0,1%, existirían 360 personas indigentes, y eso es un absurdo. En este momento yo tengo en la puerta de mi casa 40 o 50 personas indigentes.

El 1 de febrero de 2013 el directorio del Fondo Monetario Internacional emitió una moción de censura contra Argentina en “relación con su incumplimiento de la obligación en virtud de los artículos del acuerdo con el FMI".[51]​ Es la primera vez, desde su fundación en 1944, que el FMI aplica una medida de este tipo.[52]​ En un informe de abril de 2013, el FMI advirtió que "los controles de cambio afectan a la confianza empresarial y las inversiones" y alertó sobre el impacto negativo de la inflación. Los analistas privados, en los que el FMI también se fija para complementar sus informes, sitúan la inflación por encima del 25 %. No obstante, según el Indec, la inflación seguirá situada en el entorno del 10 %.[53]

El 30 de diciembre de 2015 el ministro de Economía del recientemente electo presidente Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, anunció que había declarado la emergencia estadística, razón por la cual el gobierno «no publicará datos de la inflación hasta nuevo aviso» y que se estaba analizando la posibilidad de elaborar un índice alternativo. Prat Gay dijo respecto a las razones de la medida que «el Gobierno decretó la emergencia estadística, para recuperar la verdad» y «porque queremos que el Indec deje de mentir» aclarando que «estamos trabajando en un nuevo índice, pero hasta que eso esté terminado el Índice de Precios al Consumidor, hasta nuevo aviso, no se va a publicar. Se trabaja ahora en un índice alternativo, para que no se suspenda la aplicación del CER para contratos financieros y no financieros».[54]​ El ministro estimó que la inflación de diciembre sería de entre 3 y 3,5 por ciento, pero consideró que «al menos un 2 por ciento» de la misma se registró previo a la asunción de Macri y habló de ≪una zona (de precios) liberada del gobierno anterior≫.[55]​ La gestión del Indec durante los gobiernos kirchneristas había sido criticada por diferentes sectores y organizaciones nacionales e internacionales e inclusive por trabajadores del propio Indec agrupados en ATE,[56][57][58][59]​ como el Consejo Académico de Estudio y Seguimiento (CAES) del INDEC, el PRO, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Peronismo Renovador, el GEN, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Fondo Monetario Internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. En el caso de algunos de los partidos políticos se habló directamente de falsificación de estadísticas e incluso hubo denuncias penales al respecto pero que en ningún caso llegaron a juicio, mientras que en los organismos se habló de «imprecisiones» y que debían realizarse correcciones.[60][61][62]

Como consecuencia de esas críticas, el Indec había empezado a trabajar con especialistas del Fondo Monetario Internacional para mejorar la calidad de sus estadísticas, aunque en el primer plazo se dijo que hubo «avances», no se corrigieron las «impresiciones» por lo que el organismo decidió postergar el plazo, estableciendo el 15 de julio de 2016 como fecha máxima para implementar las observaciones realizadas y lograr el suministro de datos «precisos».[63][64]​ Las declaraciones de emergencia dispuestas por el gobierno de Macri en varias áreas, fue cuestionada por periodistas como Tomas Lukin y el diario Página/12 y dirigentes del Frente para la Victoria, sosteniendo que la misma permite incumplir los procedimientos constitucionales y legales establecidos e institucionalizar la corrupción.[65][66]

A poco de asumir Todesca diversos especialistas advirtieron este martes que el Gobierno nacional alteró la medición de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Total (CBT) para exagerar los nímeros de la pobreza de 2015. Los indicios marcan que el valor de la nueva CBT es entre el 20% y el 30% superior al valor de la CBT tradicional -con precios tomados del IPC-GBA-, lo que se traducirá en un impacto de entre 6 y 10 puntos porcentuales mayor en la incidencia de la pobreza.[67]

En enero de 2016 Todesca,[68]​ decidió no publicar más estadísticas hasta que no se construyan nuevos métodos para la medición de las variables macroeconómicas;[54]​ Todesca y Bevacqua sugirieron que hasta tener un índice propio utilizarán los elaborados por la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Luis, lo que fue llamado «apagón estadístico».[69][70][71]​ En febrero de 2016 [72]​ desplazó a Graciela Bevacqua como directora general del organismo[73]​ lo que fue calificado como «un golpe a la credibilidad del INDEC».[74]​ Fabio Peñalba, delegado adjunto de ATE en Indec, señaló que «continúan las patotas» dentro del instituto, amenazando a los trabajadores y que desde mediados de enero de 2016 son «amenazados y presionados».[75][76]​ Voceros del organismo indicaron que Bevacqua «fue separada de su cargo» y que Todesca «le ofreció permanecer en otra área del organismo» aunque no en la Dirección de Precios. Bevacqua recibió el respaldo de los delegados de ATE pero Todesca la desplazó junto a otros directivos.[76][77][78][79]

A mediados de 2016 Jorge Todesca alteró el índice de cálculo de pobreza los cambios metodológicos aplicados por el INDEC de Todesca, que consistieron en modificar la composición de la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo, integrada por dos adultos y dos niños. Jorge Born de cien Born afirma que si el ODSA "utilizara las canastas publicadas por el INDEC, el nivel de pobreza sobre su encuesta daría 45%. [80][81]​Ese mismo año Todesca ordenó reemplazar al encargado de estadísticas de Córdoba. [82]​En marzo se conoció la tasa de desocupación estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC-, del orden del 7,6% para el cuarto trimestre de 2016. Las estimaciones previas habían arrojado guarismos de 9,30% y 8,50% para el segundo y tercer trimestre de 2016, respectivamente criticandose los cambios experimentado la metodología de la EPH y el impacto que esta alteración ha reportado sobre los guarismos oficiales de desocupación. La alteración de índices se produjo esencialmente a través de los cambios en proyección de la muestra de la EPH y la modificación de proyección poblacional, este cambio consistió en modificar las proyecciones demográficas de población elaboradas para los aglomerados que forman parte de la medición de la EPH y cambios en las proporciones etarias que al agrandarse el denominador, la tasa de desocupación resultando en un número más bajo.[83]​ Así mismo también fueron cuestionados los índices de pobreza de 2018, Hernan Letcher director del Centro de Economía Política Argentina, afirmó que “Hasta ahora el gobierno había hecho retoques cosméticos, modificaciones metodológicas que le permitían que algunos indicadores no dieran tan mal y otros fueran discutibles. Ahora directamente han metido mano en los datos”, recordando que el salario real cayó 3 por ciento de fines de 2015 a 2017, la AUH perdió 11 puntos de poder adquisitivo, igual que las pensiones; las jubilaciones mínimas perdieron 7 puntos, pero bajo la pobreza”.[84]

Nómina de Directores[editar]

Director Periodo
Luis Beccaria 1983 - 1990
Héctor Valle 1990 - 1991
Héctor Moreno 1991 - 2000
Osvaldo Kacef 2000 - 2001
Juan Carlos del Bello 2002 - 2003
Lelio Mármora 2003 - 2007
Mario Krieger 2007
Alejandro Barrios 2007
Ana María Edwin 2007 - 2014
Norberto Itzcovich 2014 - 2015
Jorge Todesca 2015 - en el cargo

Alteraciones en el cálculo del CER[editar]

A fines de diciembre de 2015, pocos días después de ser designado ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, Alfonso Prat Gay declaró la "emergencia estadística", —a veces mencionada "apagón estadístico"—, del organismo por un plazo de un año,[85]​ a fin de facilitar el reemplazo del personal técnico y la transición entre la gestión saliente y la entrante.[86]

En marzo de 2016, el Ministerio de Hacienda y Finanzas cambió el IPC de referencia para el cálculo del CER, utilizando el de la provincia de San Luis que mostraba menor inflación que el índice de la ciudad de Buenos Aires. Esta medida generó una polémica en torno a los cambios en los índices utilizados, ya que estos afectaban directamente a los tenedores de títulos actualizados por ese índice que percibirían entonces menores montos en concepto de intereses.[87]​ Previamente, apenas dos meses antes, se había determinado que el índice porteño era el indicado para calcular el CER,[88]​ dado que este mostrara una menor inflación que el de San Luis. En enero, cuando se decidió a favor del índice de la Ciudad de Buenos Aires, la diferencia había sido notaria: el de la Ciudad dio 3,9% y el de San Luis 6,5%.[89]​ Pero meses después, cuando el índice de inflación de San Luis dio más bajo que el porteño se cambió nuevamente la metodología para utilizar el índice que dio más bajo. Diferentes analistas del mercado financiero advirtieron que la decisión podría representar un perjuicio para tenedores de bonos y que podrían accionar judicialmente en reclamo de una mejor tasa de interés y reavivando las sospechas de una manipulación para perjudicarlos. Según el analista de mercado Francisco Uriburu se manipularon los coeficientes para pagar menos por intereses a falta de un IPC nacional y se fue saltando de índice en índice a voluntad.[90]

Supuesta manipulación de índices[editar]

Según cifras oficiales, entre 2002 y 2010 el PIB varió -10.9% en 2002, 8.8% en 2003, 9.0% en 2004, 9.2% en 2005, 8.5% en 2006, 8.7% en 2007, 6.8% en 2008, 0.9% en 2009 y 9.2% en 2010.[91]
Algunas consultoras privadas señalaban discrepancias con esas cifras, sobre todo para el período 2009.[92][93]
Para ese período, el Indec informó un crecimiento de 0,9 %, pese a la crisis de las hipotecas subprime de EE.UU. de 2008 que tuvo un impacto global. En 2016, bajo la gestión de Todesca se realizó una revisión de los datos. Se informó que, (tomando como base el 2004) ese año el PBI creció un 0,1% y según la revisión hubo una caída del 6%.[94]​ También hay diferencia para el 2012 pues para el gobierno de ese momento había crecido 1,9 % y en el cálculo revisado da una caída de 1,1 %. Finalmente, en 2014, la CEPAL señaló una contracción del -0,2% ese año,[95]​ pero para el Indec había un crecimiento del 0.5 %,[96]​ y el informe revisado encontró una caída del 2,6 %.[93]

Algunos técnicos del INDEC sostuvieron que, sin los cambios de metodología introducidos, en 2008 la inflación acumulada de enero a julio de 2007 sería del 14,8% contra el 4,4% dado en forma oficial.[97]​ Sobre este dato, Bevacqua que ya no trabajaba en el INDEC pero que sin embargo había supervisado la recopilación de los datos, dijo que "era matemáticamente imposible" y estimó la inflación mensual en casi un 2%.[98]

En febrero de 2007, el fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido abrió una denuncia realizada por el bloque de senadores del radicalismo, en la que se solicitaba que se investigue si Moreno en el año 2006 quiso violar el secreto estadístico al exigir que le entregaran la nómina de 8000 comercios en los que los encuestadores del INDEC relevan precios. En el marco de esa causa, se citó a declarar a Graciela Bevacqua y a Clyde Trabuchi.[99]​ En abril, el fiscal federal Carlos Stornelli, abrió una causa por violación y manipulación del secreto estadístico, involucrando al secretario Guillermo Moreno, a la nueva directora Beatriz Paglieri y a Ana María Edwin,[100]​ En mayo el fiscal Manuel Garrido, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, pedía al Procurador General de la Nación la separación de sus cargos del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y de la directora de Índices de Precios de Consumo del INDEC, Beatriz Paglieri, también por la supuesta violación del secreto estadístico. Dicho informe se elevó al fiscal federal Carlos Stornelli, y se lo adjuntó a la causa penal que Stornelli había abierto ante el Juzgado de Canicoba Corral.[101]​ En esta misma causa, la justicia ordenó secuestrar documentación y computadoras en el instituto debido a que se habían presentado dudas en contra de la correcta medición de la inflación del país.[100]

A raíz de esta negativa el juez federal Rodolfo Canicoba Corral declaró la inconstitucionalidad de dicho artículo y ordenó allanar la sede del INDEC para obtener la información citada. Esta resolución judicial fue confirmada por la Cámara Federal y la Cámara Nacional de Casación Penal, hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia de Argentina. El máximo tribunal hizo lugar al dictamen del procurador González Warcalde en el que sostuvo que el INDEC no ha demostrado que la medida judicial no convendría al buen funcionamiento de la institución y a preservar, justamente, el manejo correcto de las fuentes. El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, quien con un voto propio consideró que la presentación del INDEC no cumplía los requisitos formales de presentación.[cita requerida]

En el año 2009 se solicitó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) un peritaje de los datos recolectados en el INDEC, que indicó que "los datos consignados en la base no fueron adulterados y que se corresponden con los ingresados", por lo que se desestimó así también la denuncia por manipulación del secreto estadístico, considerando que no existió delito.[102]​ Sin embargo, el juez Canicoba Corral en mayo de 2010 solicitó a un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que evalúe si son verdaderas las justificaciones sobre los cambios metodológicos en la medición de la inflación y en sus acusaciones en contra de gestiones anteriores por cómo hacían el trabajo.[103]

Finalmente en 2018 la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal avaló por segunda vez las mediciones de inflación que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) bajo la gestión de Moreno. Según el falló “De la totalidad de la prueba ofrecida y producida por la actora, aunque copiosa (especialmente los informes periodísticos) y considerable, no logra evidenciar la ‘errónea’ elaboración del Índice de Precios al Consumidor por parte del INDEC”, según el expediente tampoco se probó “que la metodología empleada resulte inadecuada para el fin propuesto con relación a la elaboración de dicho Índice”.[104]​En un fallo unánime la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó uno de primera instancia y desestimó la demanda de un bonista que pretendía que se le pague un monto superior ya que se había cuestionado la modificación de la metodología de cálculo por parte del INDEC. En otro tramo del fallo, precisaron que “(…) proponer –como lo hace la actora- la aplicación al caso de índices propios de otra jurisdicción luce ostensiblemente irrazonable y arbitrario, resultando así inadmisible lo solicitado por la actora” refiriéndose a los indíces privados de inflación. Los aportes de informes privados, periodísticos y los índices calculados por distintas provincias no dan cuenta por sí mismo de la veracidad de los datos allí aportados o que resulten ser los correctos a aplicar en el presente caso, ni logran demostrar que el IPC haya sido efectuado en base a procedimientos irregulares y/o arbitrarios", puntualizaba aquella resolución.[105]

En 2015, acusan al INDEC de continuar con la tergiversación de datos comenzada en el año 2007,[106]​ al ocultar un déficit entre las importaciones y las exportaciones del primer bimestre del año.[107]​ Se trata de “inconsistencias entre la información de intercambio comercial que el organismo oficial presenta al público y otros datos oficiales” que ya habían sido advertidas en 2014 respecto al año fiscal 2013,[108]​ y en 1999 cuando Roberto Martínez Pardies, entonces director de Comercio Exterior del INDEC, denunció incrementar los índices de exportaciones en más de 800 millones de dólares, y “(denunció) ante la Justicia federal a los máximos directivos del Instituto Nacional de Estadística y Censos por alterar información pública, con el fin de ofrecer una imagen de la economía más saludable a los inversores extranjeros”.[109]

En opinión de algunos economistas, luego de la intervención de 2016 dispuesta por Mauricio Macri, los datos fueron manipulados y tergiversados durante los meses del" apagón estadístico" dispuesto por el presidente con el objetivo de alterar la metodología para inflar el déficit de las cuentas públicas del último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de minimizar el dedeficit fiscal provocado por la pérdida de recursos con la eliminación de las retenciones agropecuarias, industriales y mineras; y ocultar información pasada al no empalmar las series con los nuevos indicadores del Indec para no reflejar el ciclo regresivo en materia laboral y social.[110]

Paralelamente fue designado Jorge Todesca quien se hallaba imputado penalmente por el fiscal en lo penal Emilio Guerberoff junto a su consultora Finsoport por supuesta falsedad en la elaboración de índices de inflación privados. En 2016 interventor decreto un apagón estadístico, por lo que no se publicaron los índices de inflación durante 8 meses y se decidió seleccionar los IPC de San Luis y de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) a modo de referencia. Meses después para el cálculo de febrero del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el macrismo eligió el índice de San Luis que dio 2,7% cuando venía usando el de la Ciudad de Buenos Aires, que dio 4% para usar el índice más bajo de inflación y pagar menos intereses.[111]​Al mismo tiempo en 2017 los números oficiales del Indec mostraban una inflación sensiblemente menor que consultoras privadas y provinciales, mientras el IPC porteño calculaba una inflación 46% más alta que la del indec en enero de 2017.[112]

En diciembre de 2015 En el caso del IPCBA la inflación fue de 3.9% mensual; mientras que el IPC San Luis para el mismo mes tuvo una variación mensual del 6.5%,[113]​siendo criticados los números de pobreza difundidos en 2016.[114]

En 2017 se implementaron cambios sustanciales a la metodología de la EPH (Encuesta permanente de hogares) por lo que diversos especialistas señalaron que se han realizado numerosos hallazgos acerca de inconsistencias en la EPH y en la metodología de medición de la pobreza que inauguró el INDEC en 2016 bajo la dirección de Todesca.[115]​ Un año antes diversos especialistas advirtieron que el Gobierno nacional Mauricio Macri alteró la medición de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Total (CBT)[116]

En tanto el gobernador cordobés Juan Schiaretti criticó los indices de pobreza del indec de Todesca diciendo que era “una vergüenza” y "una burla" que en tres meses la pobreza baje del 40,5% al 29% en el conglomerado urbano del gran Córdoba. [117]​En tanto también el gobernador de San Juan critico los indices de 2017 ya que el organismo había notificado que San Juan tenía el 43,6 por ciento de pobres y tres meses después informó que la pobreza en San Juan bajó al 26,4 por ciento, 17 puntos en tres meses.[118][119]

En diciembre de 2017 la encargada de la medición de desempleo y pobreza del INDEC, Cynthia Pok, renunció por "presiones políticas" y explicó que tomó esa decisión porque le cuestionaron datos de desempleo porque “no son convenientes o no dan como los responsables políticos desearían".[120]​Por su parte Jorge Todesca arremetió contra la prensa por difundir el conflicto.[121]

En tanto el Instituto Gino Germani, dependiente de la Universidad de Buenos Aires revela a principios de 2018 que desde fines de 2015 se sumaron 4,8 millones de pobres. La pobreza pasó del 24 al 36 por ciento. Los datos de Indec quedaron bajo sospecha desde que la ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares Cynthia Pok renunció en 2017 denunciando presiones para dibujar el índice de pobreza. [122]​El titular del Indec, Jorge Todesca, desplazó a Graciela Bevacqua y Cynthia Pok, dos emblemas de quienes eran muy firmes opositores de la gestión anterior. También fue sorprendente el silencio de esas dos técnicas y de la junta gremial interna del Instituto, cuando habían tenido una meritoria conducta combativa en defensa de la rigurosidad estadística. Otro técnico movido de su lugar fue Alejandro Baranek, un experto en IPC que fue a parar a otra Dirección en noviembre de 2016, cuando Alejandra Clemente (encargada de la Dirección que se ocupa del IPC) exigió a las autoridades que lo sacaran de la tarea del IPC. No se le renovó el contrato hasta marzo del año pasado, cuando fue asignado a otra área, al parecer por pedido de él. El más reciente retoque a las estadísticas públicas del Indec de Macri fue en el IPC de febrero, que anotó 2,4 por ciento cuando podía haber sido un poco más elevado. Para lograr esa marca, el Indec promedió la suba del transporte con los descuentos del sistema multimodal en el área metropolitana. Días antes se había alertado de la posibilidad de un "manoseo estadistico"para diluir el tarifazo en el IPC. La manipulación fue realizada en el dato de febrero, que se replicará en abril y junio con los otros aumentos previstos de los boletos de tren, colectivos y subte.[123]

Referencias[editar]

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  121. «El Indec de Macri acomoda los números». Página 12. 16 de diciembre de 2017. 
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Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]