Constitución

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Constitución (del latín constitutio-constitutionis -de cun- 'con, en conjunto' y statuere 'establecer'-[cita requerida] o del latín constitutionem -nominativo constitutio-, "acto de establecer, condición establecida... regulación, orden, ordenanza", de constitut, participio pasado de constituere)[1] es la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política.[2] También es designada con las expresiones "carta magna" o "ley fundamental".[3] En cuanto norma jurídica suprema de un Estado de derecho, establece el origen de la soberanía en la nación o el pueblo (soberanía nacional, soberanía popular), reconoce los derechos fundamentales (o derechos constitucionales) y los mecanismos de participación y representación política, establece la forma de Estado (en cuanto a su organización territorial), la forma de gobierno (o régimen político) y el sistema político; particularmente al fijar los límites y controles a que se someten cada uno de los poderes del Estado y definir sus filiaciones y equilibrios (checks and balances,[4] en la división de poderes clásica: legislativo, ejecutivo y judicial). La norma o, en su caso, el conjunto de normas constitucionales, son las que determinan las bases del ordenamiento jurídico; especialmente la organización de los poderes públicos y sus competencias, los fundamentos del sistema económico y las relaciones sociales, los deberes y derechos de sus ciudadanos.

Clasificación[editar]

La constitución, como toda ley, puede definirse tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista material. Desde el punto de vista material, la constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal. Desde el punto de vista formal, la Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adopción, derivándose así una de sus características principales, su supremacía sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico.

Según su reformabilidad[editar]

Según su reformabilidad, las Constituciones se clasifican en rígidas y flexibles. Las Constituciones rígidas son aquellas que requieren de un procedimiento especial y complejo para su reformabilidad; es decir, los procedimientos para la creación, reforma o adición de las leyes constitucionales es distinto y más complejo que los procedimientos de las leyes ordinarias.

  • Constituciones semirrígidas, rígidas o pétreas

Son aquellas Constituciones que para modificarse establecen un procedimiento más agravado que el procedimiento legislativo ordinario. Según el grado de complejidad del mismo se denominarán bien rígidas, bien superrígidas.

En la práctica, las Constituciones escritas son también constituciones rígidas; es decir, cuando en un Estado encontramos que existe Constitución escrita, descubrimos que ésta tiene un procedimiento más complejo de reforma o adición que el procedimiento para la creación, reforma o adición de una ley ordinaria.

  • Constituciones flexibles

Se modifican mediante el procedimiento legislativo ordinario, lo que significa que una ley del parlamento puede cambiarlas en cualquier momento.

Según su origen[editar]

Las Constituciones se diferencian también en función de su origen político: pueden ser creadas por contrato entre varias partes, por imposición de un grupo a otro, por decisión soberana, etc.

Constituciones otorgadas[editar]

Las Constituciones otorgadas se dice que corresponden tradicionalmente a un Estado monárquico, donde el propio soberano es quien precisamente otorga; es decir, son aquellas en las cuales el monarca, en su carácter de titular de la soberanía, las otorga al pueblo. En este caso, se parte de las siguientes premisas:

  • Desde la perspectiva del monarca, es él quien la otorga, por ser el depositario de la soberanía.
  • Es una relación entre el titular de la soberanía –monarca— y el pueblo, quien simplemente es receptor de lo que indique el monarca
  • Se trata de una Constitución en la cual se reconocen los derechos para sus súbditos. con respecto al poder legislativo.

Constituciones impuestas[editar]

Hay Constituciones que son impuestas por el Parlamento al monarca, refiriéndose al Parlamento en sentido amplio, con lo que se alude a la representación de las fuerzas políticas de la sociedad de un Estado, de los grupos reales de poder en un Estado que se configuran en un órgano denominado Parlamento. En este tipo de Constitución, es la representación de la sociedad la que le impone una serie de notas, determinaciones o de cartas políticas al rey, y éste las tiene que aceptar. Por lo tanto, en el caso de las Constituciones impuestas existe una participación activa de la representación de la sociedad en las decisiones políticas fundamentales.

Constituciones pactadas[editar]

En las Constituciones pactadas, la primera idea que se tiene es el consenso. Nadie las otorga en forma unilateral, ni tampoco las impone debido a que si son impuestas y no se pactan, carecerían de un marco de legitimidad. Estas Constituciones son multilaterales, ya que todo lo que se pacte implica la voluntad de dos o más agentes; por lo tanto, son contractuales y se dice que parten de la teoría del pacto social. Así, se puede pactar entre comarcas, entre provincias, entre fracciones revolucionarias, etc. Las constituciones pactadas o contractuales implican

  1. una mayor evolución política que en aquellas que son impuestas u otorgadas
  2. en las pactadas hay una fuerte influencia de la teoría del pacto social
  3. en aquellas que son pactadas, este pacto o consenso se puede dar entre diversos agentes políticos o todos aquellos grupos de poder real que estén reconocidos por el Estado.

Así, aun tratándose de una monarquía, cuando se pacta los gobernados dejan de ser súbditos y se consagran como un pueblo soberano.

Constituciones aprobadas por voluntad de la soberanía popular[editar]

Son aquellas elegidas democráticamente por el pueblo de un estado, la cual por lo general se dan a conocer por una asamblea y se reafirman con la votación máxima de la población en un proceso electoral. Por lo tanto, no es que la sociedad pacte con los detentadores del poder público, sino que la Constitución surge de las necesidades social y de la fuerza popular.

Control de constitucionalidad[editar]

El control de constitucionalidad trata de los mecanismos de revisión de la adecuación de las leyes y de los actos del Estado o


  • Sistema concentrado: en algunos países es realizado por una Corte Suprema o Tribunal Constitucional, que es el encargado de resolver los planteamientos o recursos de inconstitucionalidad presentados por los ciudadanos frente a las violaciones a alguna norma legal por parte del Estado, o de otro particular.
    • Sistema concentrado en Corte Suprema, sistema imperante en Uruguay.
    • Sistema concentrado en Tribunal Constitucional, caso de vigencia en Bolivia.
  • Sistema difuso: Este sistema establece que el control de constitucionalidad de una norma o de un acto jurídico puede ser realizado por cualquier tribunal del país. Los jueces inferiores no tienen minusvalía alguna para este mecanismo respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal es el caso de la República Argentina. Sin embargo, será el máximo tribunal quien resolverá si son apelados los fallos de los tribunales inferiores.
  • Sistema mixto.
    • Sistema de control difuso en tribunales ordinarios y control concentrado en Corte Suprema, como en Brasil.
    • Sistema de control difuso en tribunales ordinarios y control concentrado en Tribunal Constitucional, como en Perú y Colombia.
    • Sistema de control concentrado de constitucionalidad en Tribunal Constitucional (preventivo) y Corte Suprema (represivo).

Clasificación según el efecto de la sentencia[editar]

  • Puede ser que la sentencia surta efecto sólo entre las partes intervinientes en el caso concreto. En este caso se dice que la declaración de inconstitucionalidad tiene efecto "inter partes".
  • O puede acontecer que la sentencia sea válida para todos los ciudadanos, en cuyo caso se dice que surte efecto "erga omnes". Esto generalmente sucede en los países en los que se aplica un sistema concentrado de control.

Historia del constitucionalismo[editar]

Sería anacrónico entender como constituciones modernas los sistemas políticos de la Antigüedad griega (democracia ateniense), la obra de sus legisladores (logógrafos) o los estudios legislativos de sus filósofos (Aristóteles, Athenaion politeia -cuyo título se traduce habitualmente como Constitución de los atenienses-). Lo mismo puede decirse de los fueros locales o estamentales que se redactaron en la Europa medieval o de la Carta de Medina (Mahoma, año 2 de la Hégira -622 d. C.-)

Ya en el contexto de las revoluciones burguesas de la Edad Moderna, algún texto ha sido retrospectivamente calificado de "constitución", como la Ley Perpetua del Reino de Castilla que intentaron promulgar los comuneros de la Junta de Ávila (1520).[5] Con mayor trascendencia, el régimen político establecido en los Países Bajos sublevados desde finales del siglo XVI incorpora algunas características propias de un sistema constitucional, aunque los textos que generó (Pacificación de Gante -1576-, Unión de Utrecht -1579-) no pueden considerarse "constituciones". El régimen político inglés establecido paulatinamente desde finales del siglo XVII ("Revolución Gloriosa" y Bill of Rights de 1689 -los Tratados sobre el gobierno civil de John Locke se publican ese mismo año-) se basa en el derecho consuetudinario, y se define como un régimen constitucional sin constitución escrita cuyos precedentes pueden remontarse a la Carta Magna de 1215, que en sí misma no puede calificarse de "constitución".

Consecuencia de la crítica ilustrada a los sistemas políticos del Antiguo Régimen (la monarquía absoluta o autoritaria), las constituciones actuales comienzan con los proyectos para Córcega[6] y para Polonia[7] que redactó Jean-Jacques Rousseau en 1755 y 1771-1772 respectivamente; y, ya como documento que efectivamente entró en vigor, la Constitución de Estados Unidos (17 de septiembre de 1787, cuyo antecedente directo es la la del Estado de Virginia,[8] 1776), estableciendo los límites de los poderes gubernamentales, y que en sus primeras enmiendas (Bill of Rights de 15 de diciembre de 1791) protege los derechos y libertades fundamentales.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa (26 de agosto de 1789), documento precursor de los derechos humanos, menciona explícitamente en su artículo XVI el concepto de constitución: «Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución». El siglo XIX supuso un desarrollo constante de esta idea de constitución, de división de poderes y de establecimiento del derecho moderno como hoy lo conocemos. Así, con el liberalismo, las constituciones se concretan y desarrollan (Ustawa Rządowa o constitución polaca del 3 de mayo de 1791, Constitución francesa del 3 de septiembre de 1791, Constitución Política de la Monarquía Española del 19 de marzo de 1812, etc.); diseñando sistemas políticos muy diversos (Acta constitucional del pueblo francés o "Constitución del año I" -1793, una constitución republicana y democrática, que reconocía el derecho al trabajo y a la insurrección, y que no llegó a entrar en vigor-,[9] Carta constitucional francesa de 1814 -una "carta otorgada" que no reconocía la soberanía nacional-).

Más allá de los derechos civiles y políticos, la introducción de la llamada "segunda generación de derechos" (los derechos sociales) comienza en las constituciones surgidas en el primer tercio del siglo XX (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 31 de enero de 1917, Constitución soviética de 10 de julio de 1918 -precedida por una Declaración de derechos del pueblo trabajador y explotado-,[10] Constitución de Weimar de 11 de noviembre de 1919, Constitución española de 1931). Simultáneamente se promulgaron las constituciones o pseudo-constituciones fascistas (Carta del Lavoro italiana de 1927, Ley Habilitante alemana de 1933, Leyes Fundamentales españolas de 1938-1967), caracterizadas por no imponer límites al poder del gobernante.[11]

El siguiente hito fundamental fue la Segunda Guerra Mundial, tras la cual se produjo la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948), cuya ratificación por los distintos Estados le otorgó cierto valor constitucional que algunas constituciones explícitamente reconocen.[12]

Reconocimiento de derechos[editar]

La norma fundamental no solo es una norma que controla y estructura el poder y sus manifestaciones en una sociedad, sino que además es la norma que reconoce los derechos que el Estado advierte en todas las personas. La Constitución no otorga los derechos, como tampoco lo hacen las múltiples declaraciones que internacionalmente se han pronunciado sobre el tema. Los derechos humanos son precedentes a cualquier Estado y superiores a cualquier expresión de poder que éste tenga.

Hasta el día de hoy el proceso demostró un desarrollo, gracias al cual el modelo inicial del sujeto poderoso y violento pasó al pueblo soberano y superior en sus derechos a cualquier expresión del Estado. Hoy el sujeto poderoso no es una persona, sino que es una entelequia creada por el pueblo y ocupada por él según las normas que este mismo estableció a través de una Constitución.

El punto más novedoso de este desarrollo se da con la certeza de que la mera declaración de derechos no hace a estos invulnerables a cualquier violación o intento de violación por parte tanto del Estado como de otras personas. En ese sentido el desarrollo del Constitucionalismo moderno se dedica al estudio de procedimientos que aseguren una adecuada protección a los derechos reconocidos. Algunos de estos procedimientos tienen un gran desarrollo histórico y teórico (como el habeas corpus que data del siglo XIII) y otros son aún novedosos y tienen poco desarrollo (como el habeas data y la acción de cumplimiento).

Historia del constitucionalismo por país[editar]

Véase también[editar]

Bibliografía[editar]

  • Bidart Campos, Germán J. (2007). Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino. Buenos Aires: Ediar. ISBN 950-574-079-4. 
  • Bilbao Ubillos, Juan María (1997). La eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. ISBN. 
  • Brage Camazano, Joaquín (2005). Los límites a los derechos fundamentales. Madrid: Dykinson. ISBN. 
  • Cascajo Castro, José Luis y García Álvarez, Manuel B. (1994). Constituciones extranjeras contemporáneas. Madrid: Editorial Tecnos. 
  • Cruz Villalón, Pedro (1989). Formación y evolución de los derechos fundamentales. Revista Española de Derecho Constitucional. ISBN. 
  • Dalla Vía, Miguel Ángel (2004 1ª Edición). Manual de Derecho Constitucional. Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis. ISBN 978-987-1178-04-9. 
  • Ekmekdjian, Miguel Ángel (1994). Comentarios a la Reforma Constitucional de 1994. Buenos Aires: Depalma. 950-14-0797-7. 
  • García Pons, Enrique (1997). Responsabilidad del Estado: La justicia y sus límites temporales. Barcelona: Librería Bosch, S.L. ISBN 84-7698-409-X. 
  • Linares Quintana, Segundo V. (1979). Las nuevas constituciones del mundo. Buenos Aires: Plus Ultra. 
  • López Guerra, Luis (2001). Estudios de Derecho Constitucional. Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch, S.L. ISBN 84-8442-360-3. 
  • Lopresti, Roberto P. (1998). Constitución Argentina Comentada. Buenos Aires: Unilat. ISBN 987-96049-3-8. 
  • Nino, Carlos Santiago (2000). Fundamentos de derecho constitucional. Buenos Aires: Astrea. 
  • Quisbert, Ermo (2005). Los derechos fundamentales. Apuntes de Derecho de Ermo Quisbert. ISBN. 
  • Quisbert, Ermo (2007). ¿Qué es una Constitución política del Estado? La Paz (Bolivia): CED.
  • Häberle, Peter (2013). Pluralismo y Constitución Madird, Tecnos, 2.edición

Notas[editar]

  1. Online Etymology Dictionary. Véase también establishment y establecimiento (página de desambiguación).
  2. Real Academia Española (2014). «constitución». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Madrid: Espasa. 
  3. Véanse las desambiguaciones carta magna y ley fundamental
  4. Britannica
  5. Ramón Peralta, La Ley Perpetua de la Junta de Ávila (1520). Mateo Ballester, Comunidad, patria y nación como fuentes de la legitimidad política en las Comunidades de Castilla (1520-1521): "La gran mayoría de los cuerpos docentes de las universidades de Alcalá de Henares, Valladolid, y probablemente también de Salamanca [ escuela de Salamanca ] simpatizaban con la Comunidad. En Salamanca enseña Fernando de Roa, que ha sido considerado como el principal referente intelectual del proyecto de Ley Perpetua. Fray Pablo de León, fraile dominico, fue uno de los tres emisarios que la Junta envío a presentar este texto al emperador. Otro autor como fray Alonso de Castrillo por un lado lamenta la violencia de la rebelión comunera, pero en su Tractado de República (1521) compone su modelo de gobierno según el modelo comunero". Jesús Luis Castillo Vegas, La formación del pensamiento político comunero. De Fernando de Roa a Alonso de Castrillo. Capítulos de lo que ordenaban de pedir los de la Junta en Martín Fernández Navarete, Miguel Salva y Pedro Sainz de Baranda, Colección de documentos inéditos para la historia de España, 1842, vol. 1, pg. 272.
  6. Dereck-Héry, fuente citada en fr:Projet de constitution pour la Corse
  7. Jean-Clément Martin, fuente citada en fr:Considérations sur le gouvernement de Pologne
  8. Lieberman, fuente citada en en:Constitution of Virginia. Entre sus principales redactores estuvieron George Mason y James Madison. Thomas Jefferson, que era representante de Virginia ante el Congreso Continental reunido en Filadelfia, no intervino en ese texto, pero sí en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos que se redactó allí (4 de julio de 1776).
  9. Pilar Chávarri, Sistemas Políticos Contemporáneos, pg. 97.
  10. Redactada por Lenin, fue aprobada por la sesión del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista del 3 de enero de 1918, rechazada por la mayoría de la Asamblea Constituyente Rusa y ratificada el 12 de enero de 1918 por el III Congreso de los Sóviets de toda Rusia (marxists.org). La formación de la Unión Soviética dio origen a una nueva constitución en 1924, y ya en época de Stalin se promulgó la de 1936 (Constitución de la Unión Soviética).
  11. Donald Carper, Understanding the Law, pgs. 42-43.
  12. Constitución portuguesa de 1976, artículo 16.2: "los preceptos Constitucionales y legales relativos a derechos fundamentales deberán ser interpretados e integrados en armonía con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre." Constitución española de 1978, Artículo 10.2: "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España." (web del Congreso -texto web del Congreso -sinopsis).

Enlaces externos[editar]