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Revisión del 00:07 16 oct 2016

Alejandro Ordóñez Maldonado

Procurador General de Colombia
16 de enero de 2009-8 de septiembre de 2016
Predecesor Edgardo Maya Villazón

Concejal de Bucaramanga
1986-1989
Información personal
Nacimiento 29 de mayo de 1955 (68 años)
Bucaramanga
Colombia Bandera de Colombia
Residencia Bogotá
Colombia
Nacionalidad Colombiano
Religión catolicismo
Familia
Padres Mary Maldonado
Miguel Ordoñez
Cónyuge Beatriz Hernández de Ordóñez
Hijos María Alejandra Ordóñez
Natalia Ordóñez
Ángela María Ordóñez
Educación
Educado en Archivo:Escudo Universidad Santo Tomàs.png Universidad Santo Tomás
Información profesional
Ocupación Abogado
Político
Jurista
Partido político Partido Conservador Colombiano
Orden religiosa Iglesia Ctolica
Sitio web ordonezpresidente.co Ver y modificar los datos en Wikidata
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Alejandro Ordóñez Maldonado (Bucaramanga, 29 de mayo de 1955) es un abogado y político colombiano adscrito al Partido Conservador. Es egresado de la Universidad Santo Tomás. En su juventud fue elegido concejal de su ciudad natal. Ocupó diversos altos cargos judiciales, como magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, presidente del Consejo de Estado de Colombia. Desde enero de 2009 se desempeña como procurador general de la República de Colombia, cargo para el que fue reelegido para el periodo 2013-2016.[1]​[2]​

El Consejo de Estado estudiaba una demanda en el mismo año de su reelección para anularla toda vez que en la misma participaron senadores que se habrían beneficiado de medidas tomadas por el procurador y por tanto se encontraban impedidos para reelegirlo, además de nombramientos a familiares de otros senadores en cargos de la Procuraduría.[3]​ Luego de casi cuatro (4) años de estudio por parte del Consejo de Estado, se anuló la reelección de Ordóñez a falta de cuatro (4) meses para terminar su gestión.[4]​

Biografía

Infancia y familia

Tienda de Galletas Familiar La Aurora

El menor de cinco hermanos, es hijo de Mary Maldonado y Miguel Ordoñez, un empresario y antropólogo autodidacta que fundó una fábrica de galletas llamada La Aurora.[5]​

Estudios

Estudió en el Colegio San Pedro Claver,[6]​ posteriormente ingresó a la Universidad Santo Tomás donde terminó sus estudios de pregrado en Ciencias Políticas y Derecho vinculándose inmediatamente a la docencia en esta institución.

En la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga se especializó en Derecho Administrativo.

Vida Académica y de Funcionario Público

En la universidad sería elegido presidente de las Juventudes Departamentales del Partido Conservador en Santander.[7]​

Como profesor de Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás conocería a su esposa Beatriz Hernández de Ordóñez, con la que tuvo tres hijas, María Alejandra, Natalia y Ángela María.[8]​ Poco antes de casarse fue seminarista por año y medio en Francia y Argentina.

Luego del nacimiento de su primera hija se desempeñó como abogado litigante en las áreas de Derecho Civil y Derecho Administrativo,[9]​ siendo asesor de diversas empresas.

Ha sido catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga y Bogotá ocupando el cargo de Director del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas de esta Universidad, a su vez fue docente en la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Católica, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Autónoma de Nariño, la Universidad Nacional y la Universidad Industrial de Santander.[10]​[11]​

Fue elegido como concejal de su ciudad natal por el Partido Conservador en el periodo 1986-1989.[12]​

Fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Altas Jurisdiciones Contenciosas Administrativas en una reunión celebrada en Budapest-Hungría, e integrante como asesor de una misión electoral de la Organización de Estados Americanos, para la institucionalización de Perú, entre 1991 y 1992.[13]​

Sería elegido como con-juez en 1989 del Tribunal Administrativo de Santander luego se convirtió por concurso en magistrado y presidente de este Tribunal, también en el año 2000 fue elegido Consejero de Estado, luego sería elegido como presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado de Colombia, y nuevamente presidente pero esta vez de la corporación en el año 2004.[14]​

Fue elegido por el Senado de Colombia en el 2008 como procurador general de la Nación para el periodo en el cargo 2009-2013 y fue reelegido para el periodo 2013-2016.

Procurador General de la Nación (2009-2016)

Desde que empezó a desempeñarse como procurador general señaló que iba a luchar contra la corrupción y usaría la función articuladora de la procuraduría para buscar mecanismos que permitiesen la formación de los funcionarios públicos para que estos evitasen caer en faltas disciplinarias.[15]​[16]​

El proceso de desinstitucionalización que estamos viviendo es dramático, (…) toda la institucionalidad está siendo cuestionada y cuando eso acontece, pues la sociedad, los movimientos sociales empiezan a desbordar esa institucionalidad (...) Porque las políticas públicas no logran su cometido, por ende los derechos sociales, económicos y culturales quedan insatisfechos.
Foro Acciones y retos del Estado por una minería responsable en Colombia, 7 de noviembre de 2013

Con su gestión la entidad por primera vez en su historia usó la función sancionatoria de la entidad para destituir a Congresistas, la mayoría fueron destituidos por parapolítica.[17]​

Ordóñez, destituyó, suspendió e inhabilitó a diversos altos funcionarios, ministros, gobernadores, alcaldes y congresistas de diversos partidos.[18]​ Entre ellos al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, a quien inhabilitó por malversación de fondos y contratación indebida, a la exsenadora Piedad Córdoba el ministerio público la inhabilitó por haber realizado reuniones ilegales con la guerrilla de las FARC, a las congresistas Eleonora Pineda y Rocío Arias la Procuraduría las destituyó por parapolítica, al exalcalde Samuel Moreno Rojas lo inhabilitó por falta de gestión para evitar las demoras de los contratistas de la calle 26 de Bogotá y a su hermano el excongresista Iván lo inhabilitó por el llamado Carrusel de la Contratación por medio del cual los hermanos permitieron la malversación de fondos por parte de los contratistas de la calle 26 apropiándose de recursos del erario público. Entre otros destituyó al exministro Sabas Pretelt de la Vega,[19]​ a los exdirectores del DAS Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, al exsecretario general de la Presidencia de Álvaro Uribe Bernardo Moreno, al exdirector nacional de estupefacientes Carlos Albornoz, al exconcejal de Bogotá Hipólito Moreno, al exsuperintendente financiero Gerardo Hernández Correa, al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, al alcalde de Bogotá Gustavo Petro, su secretario Guillermo Asprilla y al exgerente del Acueducto de Bogotá Diego Bravo.

Algunas de las medidas tomadas por Ordóñez al frente de la Procuraduría han sido consideradas inexactas,[20]​ desproporcionadas y fundamentadas en intereses políticos. Incluso algunas han sido revertidas por tribunales de justicia nacionales e internacionales, tal es el caso de la sanción impuesta al ex alcalde de Medellín Alonso Salazar a quien Ordóñez había destituido e inhabilitado por 12 años; dicha sanción fue tumbada y calificada como desproporcionada por el Consejo de Estado.[20]​ Asimismo, la sanción impuesta al alcalde de Bogotá Gustavo Petro, fue suspendida por cuenta de las medidas cautelares concedidas al funcionario por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y protegidas por un juez del Tribunal Superior de Bogotá.

Respecto a sus decisiones, Ordóñez ha afirmado: No le teman a la Procuraduría, quienes no le deben temer, los corruptos sí témanle todo lo que quieran, porque los estoy correteando como ratones alrededor del queso.[21]​

Funcionarios sancionados por faltas disciplinarias[22]​ 2009 2010 2011 2012 2013
Alcaldes 212 162 246 209 152
Concejales 119 101 261 141 87
Gobernadores 14 10 19 6 10
Diputados 7 7 2 2
Senadores 0 3 4 5
Representantes 1 2 3 4

Reelección como Procurador

En septiembre de 2012, Ordóñez postuló su nombre ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia siendo reelegido por mayoría simple como su candidato para la elección del procurador general, que fue realizada en el Congreso de Colombia.[23]​

Hubo posiciones divergentes en el país a favor y en contra de esta nominación, pues la Corte Suprema nombró a Ordónez como elegible a procurador general de Colombia, antes de que el Consejo de Estado y el gobierno nacional presentaran sus respectivos candidatos, lo cual fue considerado por sus opositores como una ventaja para Ordónez.[24]​

Otro punto alrededor del cual surgió controversia fueron los impedimentos que tenían algunos congresistas para la votación en el parlamento para la elección del procurador.[25]​[26]​[27]​ Algunos de estos impedimentos fueron presentados ante el Congreso el mismo día de la elección, donde fueron evaluados y después se realizó la elección donde Ordóñez fue reelecto como procurador general de la Nación para el periodo 2013-2016 con 80 de 93 votos.

Por cuenta de los presuntos impedimentos que tendrían varios senadores para participar en la reelección de Ordóñez, el Consejo de Estado investigó una demanda que buscaba anular su elección como procurador, fallando en contra de Ordoñez despúes de cuatro (4) años de estudio. La demanda argumentó que algunos de los senadores que votaron por la reelección habían sido beneficiados por nombramientos realizados por Ordóñez en la Procuraduría y por tanto se encontraban impedidos para votar en la elección de procurador.[3]​

Su gestión en este segundo periodo se ha caracterizado más por la polémica que por su gestión como tal, causando polarización en el país entre quienes lo apoyan y lo rechazan.[28]​ Un ejemplo de ello es la solicitud a la Corte Constitucional para que decrete inconstitucional la Ley Antidiscriminación, que busca proteger los derechos de poblaciones afrodescendientes, indígenas, LGBTI y personas con discapacidad, bajo el argumento que esta ley "no precisa cuáles son los hechos puntuales que deben ser clasificados como discriminatorios".[29]​

Polémicas

Ordóñez se ha enfrentado a muchas controversias por sus políticas e ideología ultraconservadora, generando polarización entre aquellos que lo apoyan y aquellos que son sus contradictores.

Quema de libros en Bucaramanga y sociedad Lefebvrista

El 13 de mayo de 1985, Alejandro Ordóñez participó, junto a la Hermandad San Pío X o Sociedad Lefebvrista de Colombia, de la cual es miembro, en una quema colectiva de libros y revistas frente a la Biblioteca Pública Municipal Gabriel Turbay de la ciudad de Bucaramanga, conminando al encargado de la custodia del material bibliográfico a entregar libros y revistas cuyo contenido, según ellos, "podía perturbar las mentes juveniles". Según investigación del periodista Daniel Coronell, entre el material incinerado, además de revistas de corte pornográfico llevadas por los asistentes a la manifestación, había obras de García Márquez, Rousseau, Marx y una Biblia que también encontraron pecaminosa porque, a juicio de ellos, era una “edición protestante” y no “católica, apostólica y romana”. Aunque el procurador se niega a comentar los hechos ocurridos ese día, algunas fotografías reveladas por la prensa muestran un joven Alejandro Ordóñez participando de esta quema.[30]​[31]​ Su relación con la Hermandad de San Pío X es muy cercana, tanto así que, al igual que esta, el procurador niega el holocausto judío perpetrado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista concedida al periodista Hector Abad Faciolince, de la cadena radial Blu Radio, cuando este le preguntó su opinión sobre si "creía que el concepto dado por la sociedad al holocausto judío por parte del gobierno de Hitler era una exageración", el procurador se negó a contestar la pregunta y, de manera repentina y estando el programa al aire, se despidió y se fue de los estudios de la cadena radial, manifestando que había sido invitado para tratar el tema de la "Justicia Transicional en Colombia".[32]​

Negociaciones en La Habana con las FARC

En su condición de procurador, ha señalado en diversos pronunciamientos sus dudas con respecto al proceso de paz y lo que en él se está pactando, ha dicho que los guerrilleros que han cometido delitos de lesa humanidad y que estén condenados o procesados por Cortes Internacionales no pueden participar en elecciones democráticas; en la Corte Penal Internacional reposan 218 condenas por delitos de lesa humanidad contra las FARC y 8 miembros del secretariado que han sido procesados por delitos como genocidios, violación a los derechos humanos y crímenes de guerra,[33]​ así como tampoco pueden aspirar a cargos públicos las personas que en cualquier momento de su vida hayan sido privadas de la libertad por medio de sentencia judicial (exceptuando los que hayan sido condenados exclusivamente por delitos políticos o culposos).[34]​

También ha hecho hincapié en que no se pueden desarrollar unas elecciones donde el grupo insurgente no deje las armas y que los guerrilleros deben ser investigados por sus crímenes y no pueden pagar penas simbólicas o no pagar pena alguna,[35]​ ya que la Justicia Transicional señala que los delitos de lesa humanidad tienen que ser investigados, que el narcotráfico y el terrorismo de las guerrillas no son delitos conexos a los delitos políticos y en caso de que el recusado sea considerado culpable debe pagar una pena moderada de prisión.[36]​ A su vez ha señalado que si bien la sociedad y las víctimas "están dispuestas a asumir una dosis de impunidad", ello no significa la "impunidad total".[37]​

Sus contradictores señalan que se debe ponderar el derecho a la paz sobre cualquier derecho de las víctimas a la justicia y que para ello se deben abrir los canales democráticos a las FARC para que estos puedan tener acceso a las corporaciones públicas,[38]​[39]​ a su vez han insistido en que es más importante la paz que los tratados internacionales.[40]​

Soberanía nacional sobre San Andrés y el mar territorial

Ordoñez ha señalado que el fallo de la Corte de La Haya en 2012 no puede constitucionalmente modificar las fronteras colombianas, ni reducir el mar territorial del país ya que, según lo señala el Artículo 101 de la Constitución, estas sólo pueden ser modificadas por medio de convenios entre países que sean ratificados por el Congreso de la República de Colombia.[41]​

Por tanto, ha insistido en garantizar la protección de los sanandresanos y de su actividad comercial e industrial referida a la pesca,[42]​ se mostró contrario a que Nicaragua tenga derechos sobre territorio colombiano y declaró que este sector del mar territorial debe ser declarado patrimonio de la humanidad para proteger a los raizales.

A su vez insistió que se encuentra preocupado, por el sobrevuelo de aviones rusos sobre el mar territorial de San Andrés, en un vuelo ida y vuelta entre Venezuela y Nicaragua.[43]​

Objeciones a matrimonios entre parejas del mismo sexo

Ha estado en contra de asimilar las uniones de personas del mismo sexo con el matrimonio o de darle una forma jurídica similar al mismo, ya que considera inconstitucional que se realice ello. Resaltó que su posición estaba respaldada por la Sentencia C-577 de 2011, donde si bien la Corte Constitucional avala las uniones homosexuales, en está misma sentencia rechaza que estos sean considerados como matrimonios. Ordóñez le señaló a los notarios que oficien bodas homosexuales que se salen del marco constitucional.

El 24 de julio de 2013, la Corte Constitucional rechazó la solicitud de Ordóñez de anular la sentencia C-577 de 2011, donde se avalaban las uniones homosexuales.[44]​ Ordóñez acató la sentencia, aunque pidió a notarios no realizar uniones con la forma jurídica del matrimonio y solicitó al Superintendente de Notariado y Registro no crear una cartilla donde estas uniones se constituyesen bajo la forma legal del matrimonio. En abril de 2016, la Corte Constitucional otorga legalidad jurídica a los matrimonios civiles entre parejas de mismo sexo, otorgándoles los mismos derechos y beneficios de un matrimonio heterosexual.[45]​ Ordoñez rechaza este nuevo fallo, argumentando que la Corte esta "legislando" para modificar la Constitución y solicitó al Congreso de la República un Acto Legislativo para reversar el fallo del máximo tribunal.

Adopción por parte de parejas del mismo sexo

El procurador se ha manifestado en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo ya que, según un concepto enviado por este en 2014 a la Corte Constitucional, "solo la familia que tiene su origen en las relaciones heterosexuales resulta idónea para cumplir con los fines de la adopción". Advierte a la Corte Constitucional y a la sociedad que "la adopción es una institución jurídica establecida para proteger el interés superior del niño en situación de vulnerabilidad, y por ello solo la familia que tiene su origen en las relaciones heterosexuales resulta idónea para cumplir con dichos fines".[46]​ Todo esto se produce a raíz de una acción de tutela interpuesta en el año 2014 por una pareja de mujeres lesbianas, quienes reclaman el derecho de adopción de parte de una de ellas, ya que la otra es la madre biológica de la niña. La Corte Constitucional, en una fallo histórico, aprobó la adopción de la menor a favor de la pareja de la madre biológica de la niña,[47]​ lo que generó el rechazo al fallo de parte del procurador[48]​ y de algunos sectores conservadores y religiosos de la sociedad colombiana, aumentando las discrepancias y la tensión entre la Procuraduria y la Corte Constitucional. En noviembre de 2015, en otro histórico fallo de la Corte Constitucional, se da el visto bueno para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar menores de edad sin que sea necesario que uno de los miembros de la pareja sea el padre biológico o la madre biológica del menor, siempre y cuando la pareja cumpla con los requisitos del ICBF para poder adoptar,[49]​ fallo del cual el procurador Ordoñez solicitó su nulidad a la misma Corte argumentando que es el Congreso quien debe legislar sobre el tema.[50]​

Destitución de Gustavo Petro

En diciembre de 2013, la Procuraduría destituyó en primera instancia al entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro, de linea política de izquierda y extremista, inhabilitándolo además por 15 años para ejercer cargos públicos, lo que fue ratificado en segunda instancia por una sala disciplinaria de la misma Procuraduría en enero de 2014; la sanción es por haber incurrido en faltas graves —según el ente de control— debido a irregularidades en las que incurrió cuando realizó el cambio en el modelo de recolección de basuras de la ciudad,[51]​ decisión que el alcalde tomó a pesar de que nueve diferentes entidades señalaban la imposibilidad de aplicar el nuevo sistema y que desencadenó la crisis de los días 18, 19 y 20 de diciembre en Bogotá, cuando se dejaron de recoger miles de toneladas de basura y se optó por recogerla en volquetas. El cambio de modelo, según la Contraloría Distrital de Bogotá, resultó en un detrimento patrimonial que para 2013 fue de $ 59 mil millones de pesos.

El 6 de marzo de 2014, el Consejo Superior de la Judicatura revocó la suspensión del fallo de la Procuraduría ordenada de manera previa por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ese mismo año; asimismo, el 18 de marzo el Consejo de Estado rechazó las tutelas que había recibido contra la destitución, con lo que dejó en firme la sanción emitida por la Procuraduría. Sin embargo, el mismo 18 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares en favor de Petro y requirió que se suspendiera la destitución; no obstante el 19 de marzo, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, rechazó las medidas cautelares que señaló como una "recomendación" y ejecutó la destitución de Petro, nombrando a Rafael Pardo como reemplazo, en calidad de Alcalde Encargado. El 22 de abril (35 días después), un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, ante una acción de tutela, le ordena al Presidente de la República acatar las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y restituir a Petro en el cargo. Al día siguiente, el presidente Santos ejecuta la sentencia y restituye a Petro como Alcalde Mayor de Bogotá.

No obstante, en 2015 el procurador Alejandro Ordóñez le abrió dos nuevas investigaciones disciplinarias al alcalde Gustavo Petro, la primera por supuesta usurpación de funciones al Concejo de Bogotá en la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la capital y la segunda por supuestas irregularidades en el manejo de la línea de emergencia 123 de Bogotá; investigaciones que Petro calificó como una "persecución política" de parte del procurador.[52]​

Posición en contra del aborto

Ha estado en contra del aborto, sea o no producto de una violación, manifestando la incostitucionalidad de este al vulnerar el "Derecho a la Vida" del neonato, contemplado en la Constitución Política del país. Esta posición le ha valido quejas y reclamaciones por parte de diversos grupos políticos y ONG que luchan por el derecho de la mujer a autodeterminarse en su cuerpo. La Corte Constitucional aprobó en 2009, mediante una acción de tutela interpuesta por la abogada Monica Roa, directora de la ONG Women's Link, el aborto en tres casos específicos: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando el feto viene con malformaciones y cuando la vida de la madre corre riesgo; en las tres posiciones el procurador se ha manifestado en contra de estas excepciones, enviando recomendaciones al ente constitucional para reversar esta decisión con argumentos jurídicos ya discutidos y rechazados por la misma Corte, lo que le ha valido desacuerdos e inconvenientes jurídicos y personales con la máxima autoridad constitucional del país.[53]​[54]​ El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, ha manifestado su interés en proponer un proyecto de ley al Congreso para que el aborto sea despenalizado sin necesidad que se cumplan las tres excepciones del caso, buscando que la mujer decida libremente sobre su embarazo,[55]​ radicando el proyecto de ley en el último día de su gestión como Fiscal General.

Dosis personal de drogas

Se ha manifestado en contra de la despenalización de la dosis mínima de alucinógenos, ya que considera que al legalizar la dosis mínima "se estaría dando un paso adelante en la legalización de las drogas en Colombia". El consumo de droga se volvió un problema de salud pública en el país desde 1982, cuando apareció en el mercado el basuco (residuo que queda después de procesar la cocaina), pero solo cinco años después se empezaron a realizar estudios sobre el impacto del consumo de drogas en el país. En 1994, el filósofo colombiano Alexandre Sochandamandou, solicitó a la Corte Constitucional que declarara inexequibles los Artículos 2 y 51 de la Ley 30 de 1986 sobre estupefacientes. El caso le fue asignado al entonces magistrado Carlos Gaviria Díaz, el cual redactó la Sentencia C-221 sobre la dosis personal, por medio de la cual se declaró exequible el Artículo 2 de la citada ley e inexequibles los Artículos 51 y 87 de la misma. Esto significa que la Corte define y legaliza el concepto de la dosis personal o mínima y determina la cantidad exacta de dicha dosis para las siguientes sustancias alucinógenas: marihuana (20 gramos), hachis (5 gramos), cocaína o productos derivados (1 gramo) y metacualona (2 gramos); exonerando de cualquier proceso penal a quienes porten o consuman estas sustancias, excepción que no aplica para quienes tengan como fin producir y comercializar estas sustancias; por consiguiente, los fabricantes y distribuidores de dosis mínimas pueden ser procesados penalmente. El gobierno de Álvaro Uribe intentó, a través de varios proyectos de ley desde el año 2002, penalizar el porte y consumo de la dosis mínima, yendo en contravía del concepto de la Corte Constitucional,[56]​ proyectos que se hundían en el Congreso de la República, la última ocasión en el año 2007[57]​

Eutanasia asistida

Ordóñez se ha manifestado en contra de la eutanasia, al considerar inviolable el "Derecho a la Vida" consagrado en la Constitución. El Código Penal Colombiano define la eutanasia como un "homicidio por piedad" y establece que, quien mate a otro por piedad para ponerle fin a un intenso dolor, tendrá una pena menor, de 6 meses a 3 años. En 1997, una persona demandó ese artículo ante la Corte Constitucional argumentando que, como homicidio, debería tener la misma pena, es decir, más de 10 años. La Corte rechazó este argumento, al considerar que esta conducta esta "dentro del criterio de compasión y solidaridad que nos debemos los seres humanos" y que está consagrado en la Constitución. Además estableció que "la eutanasia solo puede ser aplicada a pacientes con enfermedad terminal, que sea solicitado por el mismo paciente y aplicado por un médico especializado, el cual no sufrirá ningún proceso penal, pues su conducta está justificada".[58]​ Pese a la aprobación legal a la eutanasia, no había una reglamentación establecida para aplicar este procedimiento médico en Colombia, por lo cual muchos médicos se abstuvieron de realizar esta práctica alegando "objeción de conciencia". Solo hasta finales de 2014, el entonces senador Armando Benedetti, después de varios intentos fallidos, radicó un proyecto de ley ante el Congreso de la República para reglamentar la eutanasia en el país, iniciativa rechazada por movimientos religiosos y el mismo procurador Alejandro Ordoñez, declarando incostitucional este proyecto de ley.[59]​ Después de varias polémicas, el proyecto de ley fue aprobado por el Congreso, revisado por la Corte Constitucional y reglamentado por el Ministerio de Salud y la Protección Social, a través de su títular Alejandro Gaviria Uribe en 2015, no si antes recibir solicitudes escritas de parte del procurador Ordóñez para no reglamentar este procedimiento, argumentando que el Ministerio esta "actuando fuera de su competencia"[60]​ y cuya sentencia de la Corte está siendo "discutida por nulidad" por petición directa de Ordoñez en la misma Corte Constitucional,[61]​ petición rechazada en Septiembre de 2015.[62]​ Pese a estar reglamentado el decreto, el procurador lo demandó en mayo de 2015 ante el Consejo de Estado para su nulidad.[63]​

Corridas de toros

Alejandro Ordoñez se ha declarado aficionado de la tauromaquia o corridas de toros, manifestando que esta es un “acto civilizador, es la confrontación entre la razón y la fuerza, en la cual sale triunfadora la razón”. En una entrevista al programa radial La FM, señalo que “el sufrimiento del toro debe entenderse dentro de su naturaleza, el toro es un guerrero y su naturaleza lo ordena a morir en la lidia y por eso es que se puede pensar que sufriría más en un matadero que muriendo en el escenario de las plazas; el toro está ordenado a morir en la lidia”.[64]​ Esta posición lo ha convertido en enemigo de las asociaciones defensoras de los derechos de los animales, quienes consideran las corridas de toros un acto de "barbarie" y "un evento cuya puesta en escena tiene reservada la muerte segura del toro, tras un prolongado y doloroso proceso de tortura". Colombia es uno de los pocos países en el mundo donde se permite la presentación de corridas de toros, que tienen su origen en la España del siglo XVIII.[65]​ Ordoñez considera que “a nadie se le obliga a asistir, pero debe respetarse a las personas que, dentro de sus tradiciones culturales, van a las corridas”. En 2009 se presentó una demanda a la Corte Constitucional por parte del ciudadano Oscar Andres Acosta Ramos contra el Artículo 7 del Estatuto Nacional para la Protección de los Animales, que permite las corridas de toros en el país; referente a esta demanda, el procurador envió su concepto a la Corte para que la rechace argumentando que "la ley que reglamenta estos espectáculos se ajusta a la Carta Política, por ser una práctica que ha contribuido a la convivencia pacífica de las sociedades al permitir que desfoguen sus frustraciones e inconformismos".[66]​ En 2012 el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, prohibió, mediante decreto distrital, el uso de la plaza de Toros La Santamaría para los espectáculos taurinos,[67]​ decreto celebrado por parte de los defensores de animales en la capital y rechazado por los amantes de la fiesta brava, entre ellos, el procurador Alejandro Ordoñez.

Petición para restringir manifestaciones de afecto en los colegios

En agosto de 2015, Alejandro Ordóñez pidió por medio de un concepto de carácter no vinculante, enviado a la Corte Constitucional de Colombia, que los colegios del país puedan restringir expresiones excesivas de afecto como abrazos, besos y caricias o, en su defecto, que se les exija a los estudiantes, por medio del Manual de Convivencia o reglamento interno de cada colegio, el autocontrol en ese sentido. Esta posición surgió debido a una acción de tutela instaurada por la madre de Sergio David Urrego Reyes, un estudiante de secundaria homosexual, el cual se quitó la vida en agosto de 2014, debido a la discriminación recibida en el colegio donde cursaba sus estudios por su orientación sexual; buscando proteger los derechos de los estudiantes gays y lesbianas, así como de los estudiantes que sean parejas del mismo sexo dentro del sistema escolar colombiano. Ordóñez manifiesta en su concepto que “No puede perderse de vista que el colegio es el espacio común donde sujetos de especial protección constitucional -niños, jóvenes y adolescentes- desarrollan buena parte de su vida y conviven mutuamente. De donde resulta que faltas como la previstas (besos, abrazos y caricias) no pueden catalogarse como discriminatorias", y agregó que "si las manifestaciones obscenas están prohibidas en el espacio público para todos los ciudadanos, resulta apenas razonable que una institución las sancione cuando se desarrollen en los espacios de la institución, que para efectos formativos resulta asimilable al espacio público”.[68]​ Esta solicitud del procurador es rechazada por los representantes de las instituciones educativas y de los padres de familia, calificando esta petición como una "solicitud sin sentido". El representante de una de las asociaciones de padres de familia manifestó que “La petición hecha a la Corte transgrede el principio de autonomía que corresponde a las instituciones educativas. Tanto los padres como las instituciones ayudamos a la elaboración de los manuales de convivencia y quien decide que su hijo o hija ingrese a determinado colegio debe conocer cuáles son las normas que se deben seguir cuando se les entrega el manual”, agregando que “Prohibir las expresiones de afecto viola la Constitución. A los niños y jóvenes que les falta afecto de parte de su familia y de sus maestros, también les falta de parte del Estado. El afecto es la columna vertebral del desarrollo de una persona. Ya existe una ley, la 1620 de 2013 sobre Convivencia Escolar, que establece el pacto para la convivencia en los colegios y que determina cuáles son los mínimos que deben conservarse en un Manual de Convivencia”.[69]​

Deportaciones de colombianos de Venezuela en 2015

Ordoñez fue crítico de la manera en la cual el gobierno colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos, manejó la crisis de los colombianos indocumentados en Venezuela, deportados de manera forzosa de ese pais en el mes de agosto de 2015, debido al estado de excepción decretado en ese momento por el gobierno de Nicolás Maduro en la frontera con Colombia, por la supuesta presencia de grupos paramilitares colombianos en territorio venezolano, además de buscar frenar el narcotráfico y el contrabando de productos básicos venezolanos hacia Colombia. Al respecto, el procurador manifestó que “Es inaceptable que el gobierno de Venezuela acuse a los medios de comunicación y los responsabilice de la crisis, por informar sobre los ataques a que están siendo sometidos los colombianos” además que rechazó la manera como el gobierno venezolano estigmatiza a la población colombiana que reside de manera ilegal en la frontera, calificándolos de paramilitares, contrabandistas y narcotraficantes. Ordoñez acusó a la Guardia Venezolana de cometer abusos contra la población expulsada y de cometer actos de violación a niñas menores de edad en la frontera, llevando estos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Penal Internacional (CPI).[70]​[71]​

Distinciones

Ha recibido diversas distinciones como un magíster Honoris Causa en Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno, la medalla José Ignacio de Márquez, mejor magistrado del Consejo de Estado, mejor magistrado del Tribunal Administrativo de Santander,[72]​ le fue otorgada la medalla San Francisco Javier en primer grado o Gran Cruz,[73]​ a su vez recibió la Orden al Mérito Bolivariano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería,[74]​ también recibió de Sixto Enrique de Borbon la distinción honorífica de la Orden de la Legitimidad Proscrita y recibió una condecoración dada por su alma máter.

Obra literaria

La obra literaria de Ordoñez gira en torno al estudio del Derecho y la temática de la defensa de los principios y moral católica en la sociedad, a su vez ha realizado la crítica a la pérdida de valores. Es seguidor de la corriente de defensa de la Hispanidad de Rubén Darío, que en Colombia fue enarbolada por el expresidente Alfonso López Michelsen (al cual cita en sus escritos) y ha discurrido sobre temas históricos, políticos y de actualidad de Colombia.

El primer escrito que se conoce de Ordóñez es su tesis de abogado en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Presupuestos fundamentales del Estado Católico un escrito de 1979, donde discurre sobre las diferencias de la visión del Estado y de la persona que hay entre el racionalismo y el catolicismo. En dicho escrito realiza una crítica a los modelos de Estado cuya fuente de autoridad no provienen de Dios como la democracia liberal, el autoritarismo, el comunismo y el nazismo.

Ordóñez concluye que es necesario volver a un Estado basado en la doctrina católica en contra del racionalismo que considera falso. En el escrito describe dos episodios con los que busca exponer la falsedad del racionalismo, ya que en estos se manipuló a las masas para tomar decisiones en contra de la razón y de Dios; el primer episodio es la crucifixión de Jesús que se decidió luego de la votación del pueblo, y el segundo episodio es la victoria del ateísmo-racista en Alemania por medio del nazismo lo que se dio luego de plebiscitos que manipularon al pueblo alemán y a la postre según señala Ordóñez llevaron a la destrucción de este país y su pueblo, victimas del materialismo y el racismo.

En sus libros Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad (2003), Ideología de género: utopía trágica o revolución cultural (2006) y El nuevo Derecho, el nuevo orden mundial y la revolución cultural (2007), escritos donde critica la ideología de género y a las grandes multinacionales que socavan la soberanía nacional.

Otros de sus libros son Justicia Disciplinaria: De la Ilicitud Sustancial a lo Sustancial de la Ilicitud (2009), Fundamentos Generales del Derecho Administrativo” (1996), “Fundamentos Constitucionales de la Seguridad Social” (1997), “Derecho Procesal Administrativo” (1997) y Contratación Estatal: Teoría y Práctica (1999).[75]​

Fuera de estos libros ha escrito numerosos artículos académicos y participado en recopilaciones como en las Memorias del VIII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, donde escribió un texto titulado: La Acción Popular, Aspectos Sustanciales y Procesales (2001).

Referencias

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Enlaces externos

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