Copamiento del cuartel de La Tablada

Copamiento del cuartel de La Tablada
Policías trasladando a un policía herido. Foto de Alberto Haliasz.
Fecha	23–24 de enero de 1989
Lugar	La Tablada, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Coordenadas	34°41′55″S 58°32′11″O
Casus belli	Supuesta defensa de la democracia ante un posible golpe de Estado cívico-militar según la declaración de los sobrevivientes
Resultado	Victoria del Ejército Argentino y la Policía Bonaerense
Consecuencias	Disolución del MTP
Beligerantes
Ejército Argentino Policía de la Provincia de Buenos Aires Archivo:Brigada Halcon escudo.svg Grupo Halcón * Grupos carapintadas autoconvocados​ * Policía Federal * Militares sin encuadramiento​ Movimiento Todos por la Patria
Figuras políticas
Raúl Alfonsín Enrique Gorriarán Merlo Jorge Baños Carlos "Quito" Burgos
Comandantes
General Francisco Gassino General Alfredo Arrillaga Enrique Gorriarán Merlo
Fuerzas en combate
3600 soldados y policías 46 guerrilleros​
Bajas
11 muertos 53 heridos 32 muertos 4 desaparecidos 2 civiles muertos 4 civiles heridos

El copamiento del cuartel de La Tablada fue un intento de ocupación de los cuarteles del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano (RIM 3) del Ejército Argentino​en La Tablada, provincia de Buenos Aires, el 23 y 24 de enero de 1989 por miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP), liderados por Enrique Gorriarán Merlo. El ataque se produjo durante la presidencia de Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical y tuvo como fin declarado por los atacantes supervivientes defender la democracia recuperada en diciembre de 1983, que por entonces habia enfrentado tres levantamientos militares de carapintadas, aduciendo que se preparaba un intento de golpe de estado.

El presidente Alfonsín ha sostenido que fue él quien ordenó la represión,​ acto confirmado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,​ pero el investigador Felipe Celesia sostiene que durante el primer día, las operaciones represivas dentro del cuartel estuvieron bajo el mando autónomo del poder militar y que el presidente Alfonsín recién pudo asumir el control de las mismas a partir del día siguiente.​ La represión llevada a cabo por el Ejército se caracterizó por un alto grado de violencia, sin intentos de negociación, con varias violaciones de derechos humanos, que contrastó con la modalidad no violenta y negociada que el gobierno había adoptado para reprimir las tres insurrecciones militares de 1987 y 1988. Resultaron muertos 32 guerrilleros, 9 militares y 2 policías.​​ Cuatro guerrilleros fueron detenidos-desaparecidos por las fuerzas gubernamentales, cuya suerte nunca fue revelada por el Estado argentino.​

El juicio contra los atacantes se realizó en forma sumaria ese mismo año sin respetar el derecho al debido proceso, con condenas "ejemplificadoras", completadas en 1997 con las condenas de Gorriarán Merlo y Ana María Sívori.​ En 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo por probado que el Estado argentino fusiló ilegalmente, torturó y vejó a varias de las personas que fueron detenidas, evitando investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares y otros funcionarios, además de no respetar el derecho al debido proceso de los acusados.​

Doce años después de los hechos, luego de una huelga de hambre de los presos de la Tablada y presionado por los cuestionamientos de la CIDH, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, el presidente Fernando de la Rúa, conmutó las penas de los condenados.​ En 2003 el presidente Eduardo Duhalde indultó a todos los condenados.​

La investigación sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas del gobierno se ha visto obstaculizado. En diciembre de 2016 el Poder Judicial reabrió la investigación luego de que la Corte Suprema lo ordenara el año anterior.​​ A 35 años de los hechos el juicio aún no se ha realizado.

Antecedentes

Situación política

Archivo:Alfonsin 1983.jpg

El 10 de diciembre de 1983 asumió el presidente Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical. Tenía como primer desafío interrumpir el ciclo elección-golpe y consolidar la democracia.

El 10 de diciembre de 1983 la Argentina había recuperado una vez más la democracia, luego de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). El país venía transcurriendo un ciclo de "elección-golpe" desde 1930, cuando el gobierno constitucional liderado por el presidente Hipólito Yrigoyen fue derrocado por el primer golpe cívico-militar del ciclo. Con posterioridad se produjeron los golpes de Estado de 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976.

El gobierno constitucional liderado por el presidente Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical tenía como primer desafío interrumpir el ciclo elección-golpe, consolidar la democracia y entregar el mando a otro presidente constitucional al finalizar su mandato el 10 de diciembre de 1989.

Ni bien asumió la Presidencia, Alfonsín ordenó investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura creando la Conadep -que emitió el informe Nunca más al año siguiente-, a la vez que ordenó enjuiciar a todas las juntas militares que se habían sucedido desde 1976 - menos la última-, y las cúpulas de las organizaciones guerrilleras que habían actuado en la segunda mitad de la década de 1970 (Montoneros y ERP). En 1985 se realizó el Juicio a las Juntas, resultando condenados cinco de los nueve dictadores enjuiciados, dos de ellos a reclusión perpetua. Los delitos revelados en el Nunca más y las pruebas producidas en el Juicio a las Juntas, abrieron nuevos juicios, mayoritariamente contra militares, por su participación en crímenes de lesa humanidad.

Al promediar el gobierno de Alfonsín se incrementaron las presiones provenientes de importantes grupos de poder, con la intención de que el Estado dejara de investigar los crímenes y juzgar a sus responsables, abriendo camino a una amnistía. Como resultado de esas presiones, Alfonsín envió al Congreso una "Ley de Punto Final" estableciendo una fecha tope para iniciar juicios por crímenes de lesa humanidad, la primera de las llamadas leyes de impunidad.

Jefes militares carapintadas sublevados en Semana Santa de 1987. En el centro el coronel Aldo Rico.

Pese a ello, en la Semana Santa de 1987, un grupo de militares que adoptó el nombre de Carapintadas, se alzó contra el gobierno constitucional, exigiendo que no se enjuiciaran a los militares que habían cometidos crímenes de lesa humanidad cumpliendo órdenes. El presidente Alfonsín envió tropas para contener el levantamiento, pero los oficiales al mando de las fuerzas del gobierno demoraron interminablemente la movilización de las tropas, dejando en evidencia que el gobierno constitucional no tenía el mando efectivo sobre las mismas. El levantamiento militar fue respondido a su vez por una enorme multitud civil, que salió a la calle a defender la democracia, apoyada activamente por los medios de comunicación, especialmente los canales de televisión, que por entonces se encontraba en manos del Estado. Varios observadores atribuyen a esta movilización civil, haber sido la causa de que el primer levantamiento carapintada no desencadenara un golpe de Estado exitoso.​ Alfonsín negoció con los insurrectos y pocos días después envió al Congreso la segunda ley de impunidad, conocida como "Ley de Obediencia Debida", que prohibía enjuiciar a militares que hubieran cometido delitos de lesa humanidad que tuvieran un grado inferior a coronel.

Pero las concesiones del gobierno no pusieron fin a los movimientos insurreccionales de los militares, apoyados por grupos de poder tradicionales. La estabilidad de la democracia se vio afectada también por el grave deterioro de la situación económica, jaqueada por una deuda externa insostenible generada por la dictadura y un altísimo nivel de inflación, que en 1987 alcanzó el 174% y en 1988 superó el 387% anual,​ reduciendo los salarios reales,​ congelados por la decisión del gobierno de no convocar a negociar convenios colectivos de trabajo.

De este modo la situación política se deterioró severamente en 1988, poniendo en riesgo la continuidad del régimen democrático. Dos nuevas insurrecciones carapintadas se produjeron en enero de 1988 y en diciembre de 1988. Un mes después de este último, cuando aún faltaban varios meses para las elecciones, se produjo el alzamiento del MTP.

Las tensiones económicas y políticas harían finalmente que Alfonsín no pudiera cumplir su mandato constitucional como Presidente, debiendo renunciar cinco meses antes.

El MTP

El Movimiento Todos por la Patria (MTP) fue una organización política pequeña, con tendencia de izquierda "movimientista",​ que reunía en su seno a militantes que provenían del ERP -una organización guerrillera guevarista que había actuado en la década de 1970-, con militantes socialcristianos, peronistas, radicales, intransigentes, comunistas y socialistas. Pretendía constituirse en una corriente que, partiendo del apoyo a la experiencia democrática liderada por Raúl Alfonsín, retomara las banderas de "liberación nacional" que dominaron la política argentina antes de la dictadura instalada en 1976 y contribuyera a evitar un nuevo golpe de Estado que reiniciara el ciclo elección-golpe que venía repitiéndose desde 1930.​

La iniciativa partió del grupo de sobrevivientes del ERP liderado por Enrique Gorriarán Merlo (el Pelado), conocido como "los peladistas", luego de haber actuado en la Revolución sandinista y haber realizado la operación que mató al exdictador nicaragüense Anastasio Somoza. Al recuperarse la democracia en Argentina en diciembre de 1983, Gorriarán pensaba que para profundizarla y evitar un nuevo golpe de Estado, era necesario crear un "movimiento" que uniera a los sectores progresistas de los partidos populares y los sectores de la Teología de la liberación, con las nuevas generaciones.​ En esa visión se notaba la influencia de la experiencia sandinista en Nicaragua, con su perfil movimientista, frentista y cristiana.​ Contaba con el apoyo político-financiero de la inteligencia cubana, del gobierno sandinista y con considerables fondos provenientes de operaciones ilegales.​

Gorriarán convocó a Nicaragua a referentes progresistas de distintas corrientes y de allí surgió la posibilidad de fundar una revista que sirviera de aglutinadora. En noviembre de 1984 se publicó el primer número de la revista Entre Todos, dirigida por Carlos Alberto "Quito" Burgos y su esposa Martha Fernández, en la que escribieron representantes de los más diversos sectores del campo "nacional y popular".​​ El lema de la revista era "Entre Todos los que queremos la liberación", aclarando que abarcaba a "peronistas, radicales, intransigentes, cristianos, socialistas, comunistas, independientes".​ El espacio obró también como punto de reencuentro para varias personas que habían militado en el PRT-ERP: algunos habían estado en la cárcel, como Francisco Provenzano, Roberto Felicetti y Carlos Samojedny; otros se habían incorporado al Partido Intransigente.

Luego de poco más de un año se consolidó un grupo pluralista que estaba en condiciones de fundar una nueva organización política, movimientista y cristiana. La asamblea que fundó el Movimiento Todos por la Patria (MTP) se realizó el 8 de mayo de 1986, en Managua, porque Gorriarán no podía ingresar a la Argentina debido al decreto de Alfonsín ordenando enjuiciar a las cúpulas guerrilleras de los '70. Su objetivo era dar forma a una fuerza política capaz de competir exitosamente en las elecciones. Su primera Mesa Nacional estuvo integrada por Jorge Baños, "Quito" Burgos, los exsacerdotes Rubén Dri y José "Pepe" Serra, Martha Fernández, José Liñeiro, y Melitón Vázquez.​ Simultáneamente el MTP decidió sacar un diario que, desde un periodismo independiente y no partidario, impulsara la conformación de una corriente de izquierda movimientista en Argentina: el 26 de mayo de 1987 salió el primer número de Página/12, el emprendimiento periodístico argentino más exitoso, en términos simbólicos, de las últimas décadas del siglo XX.​

El MTP se presentó en las elecciones legislativas del 6 de septiembre de 1987 en las provincias de Córdoba, Jujuy, Neuquén, Salta y Santiago del Estero,​ con magros resultados y sin lograr la elección de ningún representante.​​

El auge del movimiento carapintada y el mal desempeño electoral produjo una fuerte división interna y un viraje en la orientación del MTP, postergando los esfuerzos encaminado a formar un frente multipartidario de unidad, para adoptar una postura más vanguardista, retomando el paradigma de la lucha armada para enfrentar a los golpistas que predominó en la década de 1970.​​ La ruptura comenzó en diciembre de 1987, cuando se incorpora a la Mesa Nacional Gorriarán Merlo y varios dirigentes importantes abandonaron el MTP, como Rubén Dri, Manuel Gaggero, Pablo Díaz y Pepe Serra, junto a grupos importantes de militantes, sobre todo en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Córdoba, disconformes con el rumbo abiertamente vanguardista y el cariz conspirativo que tomaba el MTP. La nueva Mesa Nacional quedó integrada por Gorriarán, Francisco "Pancho" Provenzano, Jorge Baños, el sacerdote Antonio Puigjané y Roberto Felicetti.​

La sangría del MTP continuó en 1988, con el alejamiento de referentes disconformes con el verticalismo creciente, como Alberto Genoud, Fernando Dondero, Mariano Duhalde, Marcos Adandia, Luis Lea Place y Daniel de Santis, junto a grupos que actuaban en la Capital Federal, Lanús y Neuquén.​

En 1988 el MTP empezó a hacer trabajos de inteligencia sobre el Ejército argentino, evaluando que la agudización de los levantamientos militares y el deterioro de la situación económica-social, conducía a un nuevo golpe de Estado.​ Según Celesia, en ese momento muchos^[¿quién?] le contestaban al MTP que no existía un golpe en marcha y que había que observar a los carapintadas pero no sobreactuar,​ afirmando que los levantamientos carapintadas no tenían características golpistas.​​ Otros, como el entonces diputado nacional de la UCR Leopoldo Moreau, sostienen que había una acción terrorista impulsada por ciertos medios de comunicación y algunos agentes económicos destinada a "fogonear" el golpe de Estado económico que derribó al presidente Alfonsín seis meses después del copamiento de La Tablada.​

El 16 de enero de 1988 se produjo el segundo levantamiento militar carapintada con centro en Monte Caseros, con un resultado de tres militares muertos y una nueva movilización civil en defensa de la democracia, que fortaleció la postura del sector "peladista" que sostenía que el golpe de Estado estaba en marcha y que había que concentrar la acción del movimiento en detenerlo.

En marzo de 1988 el grupo decidió dejar de publicar la revista Entre Todos y se concentró en proclamar la posibilidad de que se produjera un golpe de estado, sea en la forma tradicional o institucional y que uno de los medios que podían llegar a usar los golpistas era mediante hechos que levantaran el fantasma del "brote subversivo".​

Un tercer levantamiento carapintada se realizó el 1 de diciembre de 1988 en Villa Martelli, durante el que fue asesinado un civil. La insurrección convenció al MTP que el golpe era inminente y tenía como fin desplazar al presidente Alfonsín antes de las elecciones. Gorriarán mandó a traer a Buenos Aires algunas armas que había sido enterradas en Jujuy cuando se inició la Guerra de las Malvinas, al desarmar un pequeño núcleo guerrillero que venía actuando sin combatir desde un año antes. Las fotos del periodismo luego del enfrentamiento, muestran esas armas sucias y oxidadas. El 7 de diciembre Página/12 (periódico financiado por el MTP) publicó un artículo de Gorriarán, que aún tenía pedido de captura debido al decreto de Alfonsín, titulado "Resistamos a la amnistía y el golpe". El 29 de diciembre Página/12 publicó una entrevista a Jorge Baños con el título "Los militares se preparan para salir de nuevo". Baños había denunciado judicialmente unos días antes la intención golpista de los carapintadas. El 12 de enero de 1989, el MTP llamó la atención de la opinión pública, denunciando en conferencia de prensa que el candidato peronista Carlos Menem, el carapintada Seineldín y el sindicalista peronista Lorenzo Miguel preparaban un golpe. El 17 de enero Quito Burgos publicó en Página/12 un artículo sobre la inminencia del golpe titulado "Un secreto a voces".​ Fue la última declaración pública del MTP antes del asalto.

Los hechos

En la madrugada del 23 de enero de 1989, unos 70 miembros del MTP se movilizan. Es lunes de un verano muy caluroso. El objetivo es tomar el cuartel de La Tablada en el partido de La Matanza, llamar la atención de los medios de comunicación para desencadenar una «insurrección popular» y con los tanques del regimiento emprender una marcha hacia la Casa de Gobierno en la Plaza de Mayo, distante a 23 kilómetros, para "exigir cambios de fondo" y "hacer la revolución".​​ Los atacantes sostuvieron también, en reiteradas oportunidades, que el objetivo del copamiento era frenar un golpe de Estado supuestamente planeado para ese día, organizado por el candidato presidencial del peronismo Carlos Menem, el líder carapintada coronel Mohamed Alí Seineldín, y el dirigente que conducía la rama sindical peronista, Lorenzo Miguel.​

No se trataba en realidad de un grupo guerrillero. El MTP era una agrupación política legalmente reconocida. La mayoría de los atacantes carecía de instrucción militar, estaban mal armados y el objetivo del copamiento no era iniciar un proceso de lucha armada guerrillera, sino generar un hecho político que desencadenara una insurrección popular ese mismo día. Los atacantes ni siquiera tenían un Plan B, en caso de que no pudieran tomar los tanques. Algunos de sus miembros compararon la operación con el asalto al cuartel Moncada en Cuba, tres años antes de que se iniciara la lucha guerrillera contra la dictadura de Batista, que le permitió a Fidel Castro y a la juventud del Partido Ortodoxo presentarse ante la ciudadanía como defensores de la democracia contra la dictadura.​​

El ingreso

Mapa del Regimiento de La Tablada. Las medidas del terreno son 750 m de frente por 1400 m de fondo. Referencias: 1) Puesto Nº 1. 2) Guardia de Prevención y Calabozos. 3) Cancha de fútbol. 4) Enfermería. 5) Mayoría. 6) Baño. 7) Comandos y Servicios. 8) Plaza de Armas. 9) Compañía A. 10) Compañía B. 11) Casino de Suboficiales. 12) Capilla. 13) Comedor. 14) Cancha de fútbol. 15) Piscina. 16) Casino de Oficiales. 17) Puesto Nº 3. 18) Puesto Somellera. 19) Garage. 20) Taller. 21) Caballeriza. 22) Polígono de Tiro. 23) Polvorín. 24) Puesto Spinossi. 25) Galpones de Tanques. 26) Depósito de combustibles. 27) Casino de Suboficiales EECB1. 28) Logística General. 29)Cancha de Polo. 30) Tosquera.

El Regimiento de Infantería Mecanizada (Tanques y vehículos blindados) se encontraba en el cruce de la avenida Crovara y Camino de Cintura, en La Matanza. Se trataba de un gran terreno de 750 metros de frente por 1400 metros de fondo. La entrada principal se encontraba sobre la avenida Crovara, unos 150 metros antes de llegar al Camino de Cintura.

A las 5:30 a.m., efectivos del MTP interceptan el camión Ford F-7000 de la empresa Coca-Cola que abastecía el regimiento. A las 6 a.m., llegan el camión seguido de varios autos al cuartel. A bordo de los vehículos van 46 personas armadas y comunicados con walkie-talkie. El operativo es comandado por Gorriarán Merlo, que debía permanecer afuera del cuartel hasta que el mismo fuera asegurado. Otros miembros del MTP permanecen también fuera del cuartel, con la función de actuar como apoyo logístico y agitadores de la población. Dentro del Regimiento hay 120 militares, muchos de ellos soldados realizando el servicio militar obligatorio; el oficial de mayor graduación es el mayor Horacio Fernández Cutiellos.

El camión seguido de un Ford Falcon verde, embistió súbitamente la barrera de la entrada (Puesto Nº 1), ingresando al cuartel por la entrada principal de la Avenida Crovara. El fiscal de la causa, los medios de comunicación y algunos sitios web, informaron profusamente y aún siguen informando en algunos casos, que el soldado que custodiaba el acceso, había sido aplastado por el camión causándole la muerte instantánea.​ La información es falsa y tanto el soldado -de apellido Morales-, como el cabo Garnica, que también se encontraba allí, recibieron lesiones de escasa consideración.​​

Inmediatamente detrás del camión ingresaron por el camino principal, seis autos trayendo al grueso de los atacantes, que estaban divididos en cinco grupos. El más numeroso de 14 personas, debían llegar a los galpones del fondo, como a 600 metros de la entrada, donde se encontraban los tanques para tomar control de los mismos. Los demás formaban cuatro grupos de ocho, cada uno con la misión de controlar un punto estratégico.

Los combates de la mañana

Con el fin de sorprender a los militares, el MTP había decidido simular que se trataban de carapintadas, pero el ardid no tuvo el efecto deseado; Casi de inmediato los soldados que se encontraban en la Guardia, a unos cien metros de la entrada, abren fuego contra el camión matando al acompañante, Pedro "Pety" Cabañas, que se convierte en el primer muerto del enfrentamiento. Los disparos hacen que el conductor pierda el control del camión, estrellándose cien metros después de pasar frente a la Guardia de Prevención, a la altura de la Enfermería. En la Guardia se encontraban también los calabozos, donde estaban presos tres conscriptos por deserción.​

Movimientos y posiciones en la mañana del 23 de enero. En azul las tropas defensoras (Ejército). En rojo las tropas atacantes (MTP). El frente sobre Crovara tiene 750 metros.

Trece atacantes concentran el fuego sobre la Guardia de Prevención (Sánchez, Ruiz, Caldú, José Díaz, Mendoza, Burgos, Álvarez, Arroyo, Baños, Mamani, Falco, Félix Díaz y Veiga), que controlan casi de inmediato ante el repliegue de los dos guardias que la defendían (Sosa y Escalante). En la puerta de la Guardia muere de un balazo el soldado Taddei cuando intentaba rendirse, variando las versiones sobre cuál de los dos bandos lo mató. Entra en escena entonces el mayor Fernández Cutiellos, que desde el edificio de Mayoría, a unos 70 metros de la Guardia, mata a tres miembros del grupo (Caldú, Mendoza y Arroyo) y hiere a otros cinco (Sánchez, Mamani, Félix Díaz, Veiga y Baños).

Fernández Cutiellos también se comunica con la X Brigada Mecanizada para dar aviso del ataque y con el jefe del regimiento, teniente coronel Jorge Zamudio que le ordena resistir el ataque. Poco después resultará muerto en el combate, pero para entonces el copamiento ya había sido frustrado.​

Mientras tanto los otros grupos intentan tomar sus objetivos. El más importante es el grupo "Tanques", del que depende todo la operación, integrado por doce personas -de las cuales sólo cinco tienen entrenamiento militar-, con Roberto Vital Gaguine como jefe. Los tanques se encontraban en los galpones del fondo, a casi un kilómetro de la entrada. El grupo combatió más de dos horas y llegó a abrir dos galpones, pero no aquellos en los que se encontraban los tanques. Los miembros del MTP fueron atacados desde el Casino de Suboficiales de EEGBI, el Puesto Spinassi y la Caballeriza, debiendo finalmente retroceder y refugiarse en el edificio de la Compañía B, que había sido tomada por el Grupo 3. En ese tramo mueren combatiendo Pablo Belli y Aldira Pereyra Nunes del MTP, así como el cabo José Albornoz y el soldado Domingo Grillo, del Ejército.​

Otro grupo liderado por Roberto "Gordo" Sánchez, tiene como misión tomar el edificio de Comandos y Servicios ubicado cerca de la entreda, frente a la Guardia. El edificio fue defendido exitosamente por el teniente Gerardo Vlcek, con el apoyo del cabo Néstor Fernández y varios soldados, que matan en combate a Félix Díaz, Ricardo "Pichi" Arjona y Eduardo "Rockero" Agüero, estos dos últimos pertenecientes al grupo que debía tomar el Comedor.​ Sánchez también resulta herido en los enfrentamientos, siendo detenido con vida y ejecutado ilegalmente.​

Simultáneamente, en la primera hora, otros tres grupos se dirigen a tomar los objetivos de la Plaza de Armas que se encuentran más alejados:

• Francisco Provenzano comanda el grupo que toma el Casino de Suboficiales, a unos 300 metros de la Guardia, del otro lado de la Plaza de Armas. Lo hacen sin combatir porque encontraron a sus ocupantes durmiendo.​
• Claudia Acosta con su grupo tienen como objetivo el Comedor que se encuentra detrás del Casino de Suboficiales. El Comedor es tomado parcialmente por los atacantes, mientras que un sector del mismo es defendido por los tenientes Martín Molteni, Ramón Sánchez y Mario Amarante, y el sargento José Soria. Se producen varios enfrentamientos en los que mueren el sargento José Manuel Soria de la Policía Bonaerense. También resultan heridos Berta Calvo del MTP y el comisario Emilio García García. La primera sería fusilada ilegalmente al día siguiente y el segundo moriría en el hospital tres días después.​
• Claudia Lareu lidera el grupo que toma la Compañía A, ubicada en otro de los laterales de la Plaza de Armas, al rendirse el Sargento Abel Ferreyra. En la acción muere combatiendo el atacante Oscar "Cacho" Allende.​

Cerca de las 10:30 a.m. los miembros que aún están en condiciones de combatir del Grupo Tanques, se repliegan y atacan la Compañía B, defendida por el sargento Córsico y cuatro solados, que se rinden y entregan el edificio.​

El plan original establecía que si a las 9:30 a.m. no habían podido tomar el cuartel, cada uno de los jefes y jefas de grupo debían ordenar la retirada. Pero el cerco policial y sobre todo los heridos, hacían imposible la salida del cuartel sin ser detenidos. Por esa razón la mayoría de los miembros del MTP decidieron permanecer en el cuartel y enfrentar el contrataque del Ejército, aún sabiendo que no había posibilidad de salir victoriosos. Casi todos los hombres y mujeres del MTP se concentraron entonces en el Casino de Suboficiales, con 123 soldados y suboficiales de rehenes, mientras que dos de ellos permanecieron en la Compañía B (Felicetti y Samojedny) y otros dos en la Guardia (Ruiz y Díaz).​

Fuera del cuartel, pero en las inmediaciones, unos diez militantes del MTP permanecen expectantes para comenzar a incitar a la población a una insurrección, una vez que el cuartel fuera tomado. Varios de ellos se instalan en la estación de servicio de YPF ubicada en la esquina de Crovara y Almafuerte, a cuatro cuadras del regimiento. El mismo lugar es utilizado por los policías para concentrarse. Frustrada la operación, se retiran sin haber actuado, según lo establecido previamente en caso de que fracasara el copamiento.​

El contrataque

Primeros movimientos

Desde las 6:30 a.m., efectivos policiales de la Provincia de Buenos Aires comenzaron a rodear el exterior del cuartel a modo de primera línea de emergencia para repeler a los guerrilleros. Para las 8 a.m. ya eran más cien policías disparando desde el perímetro del cuartel. A las 9 a.m. comienza a intervenir el presidente Alfonsín.

El mando de la operación lo asumió el jefe del Ejército general Francisco Gassino, quien puso al frente de las tropas en el terreno al general Alfredo Manuel Arrillaga, secundado por el coronel Jorge Halperín, el teniente coronel Jorge Zamudio (jefe del regimiento copado) y el mayor Rodrigo Soloaga.​ Años después Arrillaga fue condenado en varias causas por cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.​ Los investigadores Felipe Celesia y Pablo Waisberg, autores de un importante libro sobre el tema, sostienen que el presidente Alfonsín fue desplazado del mando sobre el Ejército, al menos hasta el mediodía del día siguiente,​ pero Alfonsín nunca realizó declaraciones referidas a ese eventual desplazamiento del mando, hizo explícito que él fue quien ordenó la represión,​ y felicitó a los militares por su accionar.​ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también confirmó que la operación militar estuvo bajo el mando del Presidente.​

Ese mismo día los medios de comunicación difundieron la declaraciones del general Arrillaga informando que el objetivo de la operación de recuperación era "aniquilar" a los miembros del MTP:

...la operación de recuperación es una operación táctica. La maniobra táctica es el uso de los medios, del terreno, de toda la situación, y que busca aniquilar al enemigo.

General Alfredo Arrillaga​

La declaración pública del general Arrillaga sería citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como prueba para responsabilizar al Estado argentino por los delitos del lesa humanidad que se cometieron en la represión del copamiento.​

A las 9 a.m. Arrillaga instaló el puesto de mando en el Puente 12 de la autopista a Ezeiza.​ Una de sus primeras medidas es interferir las comunicaciones de los atacantes, desde un Boing 707 de la Fuerza Aérea.​ Recién cerca de las 11 a.m. el Ejército comenzó a intervenir en la situación, desplegando artillería, tanques y más de 3000 soldados para reprimir a los ocupantes y retomar el cuartel. Algunos periodistas han calificado ese tiempo de reacción como una "demora inexplicable".​

A eso de las 11 a.m., por el fondo del cuartel donde se encontraba la tosquera, ingresa el primer grupo de militares, entre ellos el jefe del regimiento, teniente Coronel Jorge Zamudio. Los militares llegan al sector de tanques, que ya había sido abandonado por los atacantes, y logran poner en marcha tres vehículos blindados. Los tanques se dirigen a la Plaza de Armas, pero las fuerzas del MTP los atacan con cohetes antitanques, dejando a uno de ellos fuera de combate.​

La Guardia

Poco después el Ejército instaló tres cañones de 30 milímetros sobre Avenida Crovara. El batallón está al mando del teniente coronel Guillermo Nani. Mientras sus hombres instalan las baterías, Nani decide intentar la recuperación del edificio de Guardia, acompañado del sargento Antonio Balbastro de la policía bonaerense, sin otra acción militar que lo apoyara. Al asomarse a la Guardia, Nani recibe un escopetazo en la cara, causándoles graves heridas.​ Aproximadamente a las 11:30 a.m. la artillería comenzó a bombardear la Guardia.

Inicialmente el Ejército decidió concentrar el fuego sobre el edificio de Guardia y el de Comandos, sin saber en este último caso que estaba siendo defendido por los hombres del teniente Vlcek. Un cañonazo de tanque pudo matar a los soldados que se encontraban dentro, razón por la cual el teniente Vlcek ordenó a sus hombres abandonar el edificio por uno de los boquetes abiertos, pero un intenso fuego amigo lo impidió. Finalmente, ya cerca del mediodía, un soldado tomó el riesgo de quedar al descubierto con una camiseta a modo de bandera, para evitar que las tropas militares y policiales siguieran disparándoles. En medio de una gran confusión, unos 40 soldados en ropa interior salieron corriendo del edificio, poniéndose a resguardo fuera del cuartel, escena que fue captada por todos los medios de comunicación presentes sin poder explicar qué estaba sucediendo.​

Una vez que el Ejército se dio cuenta que el edificio de Comandos no había sido tomado por los atacantes, concentró la artillería sobre el edificio de la Guardia, donde se encontraban cinco hombres del MTP, varios soldados y desertores en prisión. Las bombas y cañonazos incendiaron el edificio hasta derrumbarlo parcialmente a las 15:30, quedando bajo los escombros Quito Burgos, Jorge Baños y Rubén Alberto "Kim" Álvarez. La CIDH comprobó que Burgos fue detenido con vida, siendo ejecutado ilegalmente poco después.​ También se ha denunciado la posibilidad de que Álvarez hubiera sido rematado ilegalmente por los militares.​ El derrumbe e incendio de la Guardia hizo que los soldados, desertores y los dos atacantes restantes que se encontraban allí abandonen el edificio por la ventana trasera. Estos últimos eran José "Maradona Díaz e Iván Ruiz, que intentaron hacerse pasar por soldados, pero uno de los desertores los delata. Son entonces detenidos por el teniente primero Carlos Alberto Naselli. Varios periodistas registraron la detención de ambos y su marcha hacia el fondo del cuartel escoltados por Naselli, así como los gritos pidiendo que los maten.​ Luego de eso Díaz y Ruíz desaparecieron. Hasta el presente sus restos no fueron hallados. Las desapariciones de Díaz y Ruiz también fueron probadas por la CIDH en 1997,​ pese a lo cual hasta el presente, el Estado argentino no las ha investigado ni informado sobre su suerte. Existe una fuerte presunción de que fueron asesinados por el general Arrillaga y el mayor Varando.​

Simultáneamente siguen produciéndose enfrentamientos entre los edificios que están en torno a la Plaza de Armas: de un lado el Casino y las compañías A y B, en poder del MTP, y del otro lado Comandos y Mayoría, en poder de los militares.

Compañía A

En la Compañía A, el grupo que tomó el edificio bajo el mando de Claudia Lareu, sacan a los suboficiales y soldados a la galería y los hacen acostar boca abajo, frente a la Compañía Comandos, quedando entre los dos fuegos, circunstancia en la que resultó herido los soldados Gustavo Bianchi y Marcelo Rodríguez. Acosados desde Mayoría y Comandos, la posición se vuelve insostenible y se retiran hacia la Compañía B. Claudia Lareu y Ramos se suman al grupo que había tomado la Compañía B, y el resto se dirige al Casino de Suboficiales.​

Compañía B

La Compañía B había sido tomada por los atacantes a media mañana, luego de que se rindieran el sargento Claudio Córsico y cuatro soldados. En la toma muere Juan González Rabugetti y el edificio queda en manos de siete guerrilleros (Felicetti, Samojedny, Ramos, Gauguine, Murúa, Lareu y Deleis). A eso de las 13:30 el sargento Córsico logra escapar, dejando dentro del edificio a cuatro soldados que se encontraban bajo su mando (Cuevas, Barañao, Rotemberg y Pedelhez). Inmediatamente después el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía bonaerense, apoyado por una tanqueta, inicia un ataque contra la Compañía B. El grupo policial es rechazado y recibe la orden de retirarse.

A las 20:00 el Ejército inicia una nueva ofensiva contra el edificio, desde el lado opuesto a la Plaza de Armas. Luego de un intenso intercambio, en el que ambos bandos usan lanzacohetes. A las 21:15 (aún de día), dos cohetes pegan en la Sala causando una gran explosión en forma de hongo flamígero.​ Algunos analistas sostuvieron incluyó la detonación de algún tipo de explosivo prohibido, como napalm o fósforo blanco. Inmediatamente después un tanque choca la pared trasera abriendo un enorme hueco, por el que ingresan los comandos. Mientras el edificio se incendia y se derrumba, se producen intensos tiroteos.

Los cuatro soldados logran escapar por el baño. Vital Guaguine y Juan Manuel Murúa quedan atrapados por el incendio, aunque el cadáver de éste último no aparecería. Pablo Ramos, Claudia Deleis y Claudia Lareu, resultan detenidos y fusilados casi de inmediato.​​​ Los únicos dos sobrevivientes, Felicetti y Samojedny, permanecerán escondidos en el edificio hasta la rendición de todo el grupo de sobrevivientes a la mañana del día siguiente.

Casino de Suboficiales

En las últimas horas de la tarde el Ejército concentra su ataque sobre el Casino de Suboficiales, donde se encontraban atacantes y militares rehenes. El frente del edificio era perfectamente visible desde la avenida Crovara y gran cantidad de medios registraron las escenas. Varios tanques rodearon el edificio y procedieron a bombardearlo, hasta incendiarlo y virtualmente demolerlo. Una de esas balas mató al soldado Héctor Cardozo.​

Sobre las 21:00, con las últimas luces de la tarde, ingresó un pelotón de ocho comandos y cuatro militares al mando del teniente Ricardo Rolón, con la misión de recuperar el edificio. Los miembros del MTP que había tomado el edificio se repliegan, pero el croquis con el que cuentan los comandos del Ejército está equivocado, induciéndolos a un error de ubicación que permite que Rolón reciba un disparo en la cara que le causa la muerte. Los demás comandos abandonan entonces el edificio.​

Grupo agitador

Casi a las 7 p.m. se retiran en un autos los últimos cinco militantes de apoyo que se encontraban en las inmediaciones (Juan Manuel Burgos, Dora Molina, Miguel Faldutti, Daniel Almirón y Juan Carlos Abella), pero son detenidos. Luego de sufrir diversas torturas, son anotados en las primeras horas del día siguiente. Los cinco serán sometidos a juicio sumario y condenados, junto a los atacantes sobrevivientes y fray Puigjané.​

La noche

A la noche los combates amenguaron. Salvo Samojedny y Felicetti que estaban en la Compañía B, todos los demás combatientes que atacaron el cuartel y siguen vivos estaban en el Casino de Suboficiales: Acosta, Aguirre, Calvo, Díaz, Fernández, Pedro Luque, Maldonado, Mesutti, Moreyra, Motto, Paz, Provenzano, Joaquín Ramos, Luis Ramos, Rodríguez, Segovia y Veiga. En total diecinueve sobrevivientes de los cuarenta y seis que ingresaron.​ Durante la noche Segovia y Luque intentan rendirse, pero son ametrallados a la salida del edificio.​ Durante la noche fueron sacrificados también los siete caballos con que contaba el Regimiento.​

Día 24 de enero

Rendición

Poco después de las 8 a.m. el general Arrillaga, a través de un megáfono, intima a los atacantes a rendirse incondicionalmente. Provenzano, en nombre de los combatientes del MTP, responde que están dispuestos rendirse, pero que piden que esté presente un juez y que haya atención médica para los heridos. Arrillaga acepta esas dos condiciones y se inicia el proceso de rendición.​

A las 9 a.m. comienzan a salir del Casino de Suboficiales los hombres y mujeres que se hallaban allí. Lo hacen por la puerta trasera del edificio que mira a la Avenida Crovara, donde se encuentran los medios de comunicación, intercalados combatientes del MTP y militares. Claudia Acosta lleva una remera oscura como bandera de rendición y Berta Calvo, muy malherida, es llevada sobre una puerta a modo de camilla. Todos caminan hacia la Plaza de Armas donde son detenidos, sin que se encontrara ningún juez presente.​

Mientras esto sucede, Samojedny y Felicetti también salen para rendirse por una puerta lateral de la Compañía B, donde habían pasado la noche. Al momento de ser detenidos los militares le fracturan ambos brazos a Felicetti, esposan a ambos combatientes y la vendan los ojos, antes de ser llevados hacia el fondo del cuartel, fuera del alcances de las cámaras de los medios de prensa.​

Detención

Las personas detenidas fueron llevadas al edificio de Logística, cerca de los galpones de los tanques. Allí fueron todas interrogadas, torturadas y vejadas por los militares, sin presencia del juez. En el caso de las mujeres y Paz, también fueron abusadas sexualmente.​ Los interrogatorios incluyeron preguntas sobre las organizaciones guerrilleras que actuaron en la década de 1970, así como sobre la Junta Coordinadora, una de las principales organizaciones alfonsinistas, con importantes cargos en el gobierno.​​ Pocos días después de los hechos, el secretario de Justicia de la Nación, Enrique Paixao, anunciaba que estaba en curso una investigación sobre posibles malos tratos a los detenidos involucrados en el copamiento del regimiento.​

Ejecuciones ilegales y desapariciones forzadas

Entre las 9 y las 10 de la mañana, los militares asfixiaron intencionalmente a Berta Calvo, colocándole una bolsa en la cabeza. Asimismo separaron a Samojedny y Provenzano del grupo de detenidos, haciéndolos desaparecer forzadamente.​ ​ Sus cadáveres nunca fueron encontrados.

Llegada del juez y del presidente Alfonsín

• Presencia del juez federal de Morón, Gerardo Larrambebere.
• Presencia de Alfonsín en el cuartel. Ve a los detenidos, aunque sin tomar sus nombres. Años después, entrevistado para el documental Tablada: el final de los '70, Alfonsín diría sobre las personas detenidas que luego no aparecieron que "hay dos que no puedo decir qué pasó". Alfonsín también reconoció que a los detenidos "se les hizo un camino para golpearlos un poco".​

Causas judiciales

Causa "Abella y otros"

El primer juicio relacionado con los hechos de La Tablada se realizó ese mismo año y fue realizado en forma sumaria o abreviada, sin permitirle a los acusados apelar la sentencia, tal como lo establece la garantía del debido proceso. Los enjuiciados fueron trece personas detenidas dentro del Regimiento, acusadas de ser autoras directas de las muertes y demás delitos cometidos durante el ataque, y otras siete personas detenidas con posterioridad, acusadas de haber colaborado. Los treces sobrevivientes enjuiciados fueron Claudia Beatriz Acosta, Miguel Ángel Aguirre, Luis Alfredo Díaz, Roberto Felicetti, Isabel Margarita Fernández, Gustavo Mesutti, José Moreyra, Carlos Ernesto Motto, Sergio Manuel Paz, Luis Darío Ramos, Sebastián Joaquín Ramos, Claudio Néstor Rodríguez y Claudio Omar Veiga. Las siete personas detenidas con posterioridad fueron Juan Carlos Abella, Juan Manuel Ernesto Burgos, Cintia Alejandra Castro, Miguel Ángel Faldutti, Daniel Alberto Gabioud Almirón, Dora Ester Molina y Juan Antonio Puigjané. La causa llevó el número 231, fue caratulada "ABELLA, Juan Carlos y otros s/..." y fue sentenciada por la Cámara Federal de San Martín. integrada por los jueces Hugo Rodolfo Fossati, Marta Herrera y Jorge Eduardo Barral.

Los imputados de participar en el hecho fueron juzgados en forma sumaria aplicando una norma de excepción que había sido sancionada en 1984 con la Ley 23.077, conocida como Ley de Defensa de la Democracia, que establecía que cuando se tratara de los delitos cometidos en el marco del artículo 210 bis del Código Penal, que contemplaba el caso de las organizaciones guerrilleras, la investigación debía completarse en un plazo máximo de 20 días corridos (art. 21) y el juicio debía realizarse en una sola instancia sin derecho a apelación (art. 15).​ Con posterioridad este tipo de juicio sumario sin apelación sería considerado violatorio de los derechos humanos por afectar el derecho al debido proceso.

La sentencia fue dictada el 5 de octubre de 1989, resultando condenados todos los acusados con las siguientes penas:

1. Roberto Felicetti: reclusión perpetua mas la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado;
2. Claudia Beatriz Acosta: reclusión perpetua;
3. Carlos Ernesto Motto: prisión perpetua;
4. José Alejandro Moreyra: prisión perpetua;
5. Sergio Manuel Paz: prisión perpetua;
6. Isabel Margarita Fernández: prisión perpetua;
7. Miguel Ángel Aguirre: prisión perpetua;
8. Claudio Néstor Rodríguez: prisión perpetua;
9. Claudio Omar Veiga: prisión perpetua;
10. Joaquín Sebastián Ramos: prisión perpetua;
11. Gustavo Alberto Messuti: prisión perpetua;
12. Luis Alberto Díaz: prisión perpetua;
13. Luis Darío Ramos: prisión perpetua;
14. Juan Antonio Puigjané: 20 años de prisión;
15. Dora Esther Molina: 15 años de prisión;
16. Miguel Ángel Faldutti: 13 años de prisión;
17. Daniel Alberto Gabioud Almirón: 13 años de prisión;
18. Cintia Alejandra Castro: 11 años de prisión;
19. Juan Manuel Burgos: 11 años de prisión;
20. Juan Carlos Abella: 11 años de prisión.

La sentencia incluyó una declaración final cuestionando "la conducta de algunos defensores", que cuestionaron la influencia de factores externos de poder sobre el tribunal, calificando sus expresiones como "agraviantes" y que "podrían exceder los límites de la defensa en juicio".

Causa Maqueda

En un segundo juicio sobre los hechos de La Tablada fue enjuiciado en 1990 Guillermo Maqueda, acusado de haber colaborado con los atacantes. Al igual que en la causa "Abella y otros", Maqueda fue enjuiciado sumariamente y condenado a diez años de prisión, sin derecho a apelación. Por esta razón Maqueda recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que habilitó el "Caso Maqueda vs. Argentina". Antes de que la CIDH dictara sentencia, el Estado argentino llegó a un acuerdo con Maqueda, mediante el cual el presidente Carlos Menem dispuso por decreto la conmutación (reducción) de su pena, quedando en libertad.​

Causa Gorriarán Merlo y Sívori

Un tercer juicio sobre los hechos de La Tablada se realizó en 1997 contra Enrique Gorriarán Merlo y Ana María Sívori, luego de ser ilegalmente detenidos en México y transportados a la Argentina. Gorriarán fue condenado a cadena perpetua y Sívorí fue condenada a diecinueve años de prisión.​ A diferencia de lo sucedido en los dos juicios anteriores, en este caso el Estado argentino si respetó el derecho de los acusados a apelar la sentencia, que fue confirmada en 2000 por la Cámara de Casación Penal.​

Causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del Estado argentino

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Archivo:CIDH 1997.png

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1997, dictaminando que el Estado argentino violaron gravemente los derechos humanos de las personas relacionadas con el ataque al cuartel de La Tablada, incluyendo el delito de desaparición forzada.

Tabla realizada por Amnesty International sobre la base de la comparación de los informes médicos policial (24 de enero) y penitenciario (28 de enero). Cuenta las heridas de cada persona al momento de ser detenido y cuatro días después. Presentada como prueba en el caso Avella ante la CIDH.

En 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso de violaciones de derechos humanos en la represión del copamiento de La Tablada concluyendo que los militares y el Estado argentinos fueron responsables de desapariciones, asesinatos y torturas:

A la vista de todos los elementos aportados por los abogados defensores en Argentina, los testimonios de los procesados y de los propios militares, al igual que otros elementos de prueba disponibles, la Comisión estima que el Estado faltó a su obligación de investigar de manera exhaustiva, imparcial y concluyente las graves denuncias de violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana. Como consecuencia, el Estado no ha esclarecido aún los hechos ocurridos con posterioridad a la rendición de los atacantes en el RIM 3 de La Tablada, ni tampoco ha identificado o sancionado a los responsables de las violaciones denunciadas. El Estado ha faltado a su deber de suministrar a las víctimas un recurso sencillo y efectivo que las ampare contra tales violaciones, consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana.​

Testimonio del sargento Almada

El militar José Almada, que participó de la recuperación del cuartel, fue uno de los denunciantes de las violaciones a los derechos humanos cometidas:

«Denuncié haber observado a dos personas que fueron rescatadas de la guardia cuando comenzó a incendiarse. Estas personas fueron entregadas al personal responsable y trasladadas al fondo del cuartel. Ahí comenzaron a ser interrogadas y a sufrir una sesión de torturas. Varando y el general Arrillaga, que era la máxima autoridad militar, manifiestan que estas personas fueron subidas a una ambulancia y que quedaron en custodia del suboficial Esquivel. El sargento ayudante Esquivel fue a recuperar a su hermano que estaba prisionero. Esquivel estaba conmigo; en un momento que ve salir a su hermano, sale corriendo para recuperarlo y recibe un impacto y se nos muere ahí a nosotros. También escuché por radio el diálogo que denuncié, en el que se ordenó poner fuera de combate a dos personas que habían sido capturadas. Y vi a una chica, que después me enteré que se llamaba Claudia Deleis, que levantaba los brazos en una clara señal de rendición y contra la que abrieron fuego.»​

Distintas organizaciones de derechos humanos (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de las Abuelas, del Serpaj, de la APDH, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas) sostuvieron que no se realizó «una investigación independiente, completa e imparcial con el objeto de identificar y sancionar a todas las personas que resulten individualizadas como responsables de las violaciones a los derechos humanos».​

El 10 de noviembre de 2009, el juez federal de Morón, Germán Castelli ordenó la detención del general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga y del mayor Jorge Eduardo Varando acusados por torturas y fusilamientos de atacantes del cuartel,​ calificando a los delitos como de lesa humanidad.​ Tres meses después la denominada «sala de feria» de la Cámara Federal de San Martín, integrada por los camaristas Jorge Barral, Hugo Fossati y Alberto Crisculo, sin descartar que los fusilamientos y tormentos aplicados a prisioneros rendidos hubieran ocurrido, resolvió que se trató de «un acto aislado, espontáneamente emprendido y no planificado con anterioridad, en respuesta a la inesperada agresión ilegítima de que fueron objeto tanto la instalación del Ejército Argentino como sus efectivos» por lo que no se daban «los elementos objetivos y subjetivos que caracterizan a los crímenes de lesa humanidad»; en consecuencia, al no proceder esta calificación los hechos se encuentran prescriptos en virtud de los 21 años transcurridos y no pueden ya ser juzgados.​ La abogada Marta Fernández, viuda de Carlos Alberto Burgos, afirmó que 8 militantes fueron desaparecidos.​

Conmutación de penas

En octubre de 2000 el entonces presidente Fernando de la Rúa reconoció el incumplimiento de la garantía del debido proceso en el caso de La Tablada, y presentó un proyecto de ley con el fin de que diez años después de condenados tuvieran la posibilidad de apelar la sentencia.​

Dos meses después De la Rúa conmutó las penas de todos los condenados en 1989. El decreto del presidente De la Rúa permitió que nueve de los once condenados que aún estaban encarcelados salieran en libertad en 2001, mientras que los dos restantes (Felicetti y Acosta) quedaron libres en 2006.​

Indulto presidencial de 2003

El 20 de mayo de 2003, por Decreto Nº 1230/2003, el entonces presidente Eduardo Duhalde indultó a todos los condenados por los hechos de La Tablada.​ Los indultos del presidente Duhalde de los autores del ataque a La Tablada, fueron acompañados por otros nueve indultos a nueve militares carapintadas condenados por actos de sedición contra el Estado democrático argentino, entre los que se encontraba Mohamed Alí Seineldín.​

Análisis histórico

La versión del MTP elaborada en las memorias de Gorriarán Merlo afirman que el ingreso al cuartel por parte del grupo tuvo como finalidad detener un nuevo alzamiento carapintada, que debía producirse el día 23 de enero. Este alzamiento en preparación se habría propuesto no limitarse a los cuarteles sino salir a la calle y producir una suerte de «Noche de San Bartolomé» contra dirigentes progresistas. El complot también habría incluido, según denuncias de la dirección del MTP al diario Página/12, al militar carapintada Mohamed Alí Seineldín, al entonces candidato a presidente Menem y a otros dirigentes del peronismo. El lanzamiento de volantes según esta versión sería simplemente una «táctica de guerra» de parte del grupo armado.

Una segunda versión indica que el MTP habría sido víctima de una operación de inteligencia del Ejército o de la Junta Coordinadora Nacional del político radical Enrique Nosiglia. Según este razonamiento, los militares habrían alimentado la versión de una conspiración para instigar a la acción preventiva del MTP y así cobrarse cuentas pendientes a antiguos militantes del ERP, reverdeciendo la teoría del carácter agresor de la guerrilla en la represión de los '70 y enalteciendo su propio papel en el mantenimiento de las instituciones frente al accionar renovado de la guerrilla y, eventualmente, de los propios sectores carapintadas. Quienes señalan a la Coordinadora de Nosiglia aducen que, al denunciar un pacto Menem con Seineldín, la intención habría sido desprestigiar al candidato opositor al radicalismo que se perfilaba como el potencial triunfador en las elecciones de 1989.

Por otro lado, según la investigadora Claudia Hilb, se trataba de:

«fabricar un presente ficticio: fabricar en primer lugar la materia a ser interpretada —el ficticio golpe "carapintada"— para sobre esta ficción erigir una mentira verosímil —fuimos a parar el golpe— que, bien instrumentada, deberá poder manipular ahora los sentimientos antigolpistas del pueblo en favor de la insurrección».​

La conclusión de Claudia Hilb, basada en los testimonios que recopiló y en los razonamientos que formula, es que la cúpula del MTP preparó a una parte selecta de sus militantes para la acción armada, instruyó muy precariamente a otros pocos sobre el filo de la acción de La Tablada y ocultó ambos hechos a sus simpatizantes o a sus militantes más periféricos:

[...] Gorriarán se atuvo, en lo esencial, a lo que más abajo denomino la 'versión oficial' de los hechos; aun así, el diálogo prolongado permitió que en los pliegues de esa versión oficial se ratificara una certeza, que a mí me resultaba fuertemente perturbadora de aquella versión oficial: las fuerzas atacantes habían buscado disimular su carácter de 'civiles', arrojando volantes de un ficticio agrupamiento denominado Nuevo Ejército Argentino. Y había sido, en palabras de Gorriarán Merlo, «en el momento en que se empezó a decir que el grupo atacante no era un grupo carapintada sino un grupo de civiles» que la operación naufragó definitivamente. Asida al hilo conductor de esa certeza perturbadora reconocida de manera pública por Enrique Gorriarán Merlo encaré esta investigación.​

Considera sorprendente que el grupo creyera que tendrían un apoyo popular masivo y una insurrección popular, y no el repudio altamente generalizado a la reaparición de la violencia política como forma de intervenir en la vida en común. La única explicación que encuentra es su incapacidad por comprender la sociedad sobre la que habían pretendido operar, su encierro autista en un microclima revolucionario que nada ni nadie, fuera de ellos, parecía avalar. La investigadora dice que como en aquellos casos en que regímenes totalitarios pretendieron alterar la memoria del pasado fabricando una historia ficticia –como el conocido caso de las fotografías en que se eliminó la presencia ahora indeseable de algún personaje– ese reducido grupo de personas urdió la construcción del escenario ficticio más propicio a sus proyectos en el que cifraban sus esperanzas de triunfo. Esa manipulación intencional de la verdad fáctica unida a un nivel de enajenación respecto de la realidad probablemente sin precedentes en la tradición de la izquierda, dan un rasgo específico a este resurgimiento de la violencia revolucionaria en los ochenta.​

Referencias

Bibliografía

Fuentes primarias

• Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (5 de octubre de 1989). «Sentencia dictada en el caso del copamiento de La Tablada, Causa 231/89». Poder Judicial de la Nación. 
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (18 de noviembre de 1997). «Informe dictado en el Caso 11.137 "Juan Carlos Abella y otros vs. Argentina"». Organización de Estados Americanos. 
• «Edición digitalizada de la revista Entre Todos». Ruinas Digitales. 
• Jaunarena, Horacio (2011). La casa está en orden. Argentina: Taeda Editora. p. 260. 

Fuentes secundarias

• Edición Plus-Telefé (1993). «Movimiento Todos por la Patria (informe televisivo)». YouTube. 
• Agosta, Fabio (2013). «Tablada: el final de los '70 (documental)». YouTube. 
• Anguita, Eduardo (23 de enero de 2011). «La Tablada: más silencios que certezas». Miradas al Sur. 
• Celesia, Felipe; Waisberg, Pablo (2013). La Tablada. A vencer o morir. La última batalla de la guerrilla argentina. Buenos Aires: Aguilar. ISBN 978-987-04-319-30. 
• Hilb, Claudia (2007). «La Tablada: el último acto de la guerrilla setentista». Lucha armada en la Argentina (9). Consultado el 8 de marzo de 2010. 
• Montero, Hugo (marzo de 2011). «MTP: De Nicaragua a La Tablada (2ª Parte)». Sudestada (96). 
• Veiras, Nora (23 de enero de 1999). «Los puntos oscuros del asalto a La Tablada». Página/12. 

Enlaces externos

• Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Copamiento del cuartel de La Tablada.
• «La batalla de La Tablada». YouTube. 
• Agosta, Fabio (2013). «Tablada: el final de los '70 (documental)». YouTube. 
• Zurita, Fabio (2015). «Antonio Puigjané, el Piru».  (Película documental que puede ser vista libremente en el sitio del INCAA).