Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia

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Gaceta Oficial Número 41.274, en la cual fue publicada la Ley contra el Odio.

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, también conocida simplemente como Ley contra el Odio, es una ley aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela el 8 de noviembre de 2017 cuyo propósito es promover «el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política».[1]​ El proyecto de ley fue consignado a la Asamblea el 10 de agosto por el presidente Nicolás Maduro,[2]​ quien declaró ante los constituyentes que «ha llegado la hora de, a través de un gran proceso político de creación de conciencia, castigar los delitos de odio, la intolerancia en todas sus formas de expresión y que se acaben definitivamente», y la discusión del proyecto inició el 4 de septiembre.[3]​ La ley establece penas de 20 años de cárcel, cierre de medios de comunicación y multas a empresas y medios electrónicos, entre otras sanciones.[4]​ La ley es polémica y ha sido criticada en Venezuela, cuyos detractores señalan que está diseñada para penalizar la disidencia política al tipificarla como delito, que establece restricciones a la libertad personal y que promueve tanto la censura como la autocensura.[5]​ También se ha señalado la falta de competencias de la Asamblea Constituyente para legislar, y la Asamblea Nacional de Venezuela declaró su nulidad “en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente”, estableciendo que la ley viola los artículos 49, 51, 57, 58, 62, 68 y 202 de la constitución.

Contenido[editar]

La ley establece como sanción entre 8 a 10 años de cárcel a funcionarios que se abstengan, omiten o retarden la consumación de un delito de odio y al personal de salud que se niegue a atender a una persona por razones de odio. El artículo 21 establece sentencias de hasta 20 años de cárcel para quien incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas mediante cualquier medio, y el artículo 22 legaliza el bloqueo de portales que sean considerados inadecuados por su contenido. La ley indica que la persona que difunda un “mensaje de odio” en las redes sociales deberá eliminarlo dentro de las seis horas siguientes a su publicación, o de lo contrario deberá pagar una multa que va desde cincuenta mil a cien mil unidades tributarias.[4]

La ley también permite revoca la concesión del prestador de servicio de radio o televisión que promueva el odio o la propaganda de guerra, y señala que los medios de comunicación que no difundan mensajes "destinados a promover la paz, la tolerancia y la igualdad" serán multados con hasta 4% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el que se cometió la infracción. Según la ley, la multa será depositada en el Fondo de Responsabilidad Social de Radio y Televisión.[4]

La ley prohíbe la constitución de movimientos y organizaciones sociales que incumplan con lo establecido en su contenido. Igualmente, el artículo 11 ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) revocar la inscripción de las organizaciones políticas que promueven "el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza". El artículo también señala que los partidos deberán contemplar entre sus normas disciplinarias la medida preventiva de suspensión y la sanción de expulsión de las personas que contravengan la ley.[4]

Historia[editar]

El 3 de enero de 2018, Ronald Güemes y Erika Palacios fueron los primeros procesados por la Ley contra el Odio; ambos fueron detenidos cuando se desarrollaba una protesta vecinal contra el gobierno de Nicolás Maduro y fueron apresados en la comandancia policial de Naguanagua. Luis Armando Betancourt, coordinador de Foro Penal en Carabobo, denunció que la imputación se basó en declaraciones de funcionarios policiales que indicaron que habían expresado mensajes de perjuicios contra el presidente y calificó de irregular el proceso judicial porque la detención fue arbitraria, ya que “no estaban cometiendo ningún delito que pudieran imputársele”. Betancourt aseguró que hubo una violación del domicilio; una comisión del CICPC, el SEBIN y la policía municipal allanó los hogares de ambas personas sin ninguna orden ni autorización emitida por un tribunal en violación al artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal. De acuerdo con el expediente, se le incautaron cauchos, bombas molotov y morteros, lo cual fue desmentido por las víctimas durante la audiencia.[6]​ Familiares de Erika denunciaron que había sido torturada por los funcionarios policiales; entre las denuncias señalan que fue esposada a un pupitre, que por cuatro horas le arrojaron agua fría al cuerpo y que una compañera de celda fue golpeada por un funcionario cuando intentó evitar que se llevaran a Erika a un interrogatorio.[7]

El 30 de enero, la directora y el editor del periódico Región Oriente en Cumaná fueron citados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) a declarar en sus instalaciones a raíz de una denuncia realizada por la publicación del 11 de enero de un artículo del diario, el cual informa que el Partido Comunista de Venezuela advierte al gobierno de Maduro que habría razones para que en el país se presentara un estallido social como el del Caracazo, incluyendo inflación, la caída de los precios del petróleo, desabastecimiento, falta de acceso al efectivo y el deterioro del servicio de transporte. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) indicó que consistía en una investigación realizada el cuerpo de inteligencia militar por delitos contemplados en la Ley Contra el Odio, siendo la primera vez que se abre una investigación contra un medio por crímenes establecidos en la ley.[8]

El 12 de septiembre, dos bomberos del estado Mérida, Ricardo Prieto de 41 años y Carlos Varón de 45 años, fueron arrestados por oficiales de contrainteligencia militar después de publicar un video en el que se retrata al presidente Nicolás Maduro como un burro donde un bombero conduce a un burro a través de la estación en Mérida mientras otro habla con el animal como si estuviera guiando al presidente en una de sus visitas oficiales. El 16 de septiembre el juez Carlos Márquez ordenó que fueran juzgados por violación de la Ley contra el Odio, siendo acusados de cargos agravados de incitación al odio y pudiendo enfrentar hasta los 20 años de prisión que establece la ley si son declarados culpables. Los abogados de los acusados aseguran que los bomberos hicieron el vídeo como una broma y no para incitar al odio.[9]​ El 18 de septiembre, cuando el periodista Esteban Rojas, de la agencia Agence France-Presse (AFP), le preguntó a Nicolás Maduro sobre la opinión sobre la detención en una rueda de prensa, Maduro se molestó, evitó responder la pregunta y atacó al periodista.[10]

¿Tú crees que eso es una pregunta para esta rueda de prensa? ¿Tú eres periodista? ¿Te graduaste dónde? Si tú como profesional crees que preguntarle a un presidente en una rueda de prensa internacional, no sé de dónde sacaste la pregunta. ¿Te la orientaron desde Francia? No te la voy a responder; porque no es el nivel compadre, te saliste de nivel. Eso sí, te vas a hacer viral en las redes.

Nicolás Maduro

El médico José Alberto Marulanda fue apresado el 20 de mayo de 2018 por oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), día en el que se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela. A pesar de ser civil, cuatro días después fue presentado ante tribunales militares, el 24 de mayo, en Fuerte Tiuna, para ser imputado de cargos. De acuerdo con Alfredo Romero, director de Foro Penal, a Marulanda no le permitieron defensa al ser ingresado por la puerta trasera del tribunal. El juez militar le imputó los delitos de instigación al odio y traición a la patria. Durante su detención, Marulando ha sido torturado por parte de funcionarios hasta llegar a quedar sordo del oído derecho tras un golpe que le dieron y de perder la sensibilidad en sus manos.[11][12]​ Para noviembre de 2018, seis meses después de su detención, su audiencia había sido diferida seis veces.[13]

En 2019, un tribunal del estado Barinas dictó tres meses de trabajo comunitario a un hombre acusado de instigación al odio.[14]

Críticas[editar]

Según abogados, activistas de derechos humanos y diputados, el objetivo de la ley es penalizar a la ciudadanía que se revele contra el gobierno y algunos señalan que la Asamblea Constituyente no tiene potestad para dictar leyes y que las sanciones parten de conceptos jurídicos indeterminados como el odio que facilitan la aplicación discrecional de sanciones.[15]​ La Asamblea Nacional declaró nula la Ley contra el Odio “en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente”, estableciendo que la ley viola los artículos 49, 51, 57, 58, 62, 68 y 202 de la constitución;[16]​ los artículos 6, 11, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que además de estar viciada de incompetencia, su aplicación viola las garantías fundamentales del Estado de Derecho, y “pretende aniquilar de una vez por todas los valores democráticos”. El diputado Biagio Pilieri abrió un debate y presentó el proyecto del texto en el que se declaraba la nulidad de la ley, exponiendo que "es inconstitucional, ilegítima e ilegal desde su origen, pasando por la técnica como se aprobó y además por su forma y fondo” y que "usurpa las funciones legítimas de la Asamblea Nacional", indicando también que con la normativa se pretende penalizar la disidencia política al tipificarla como delito, imponiendo sanciones penales, administrativas y tributarias “en flagrante violación del derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”. Los diputados que participaron en el debate expresaron que la ley establece restricciones a la libertad personal, promueve la autocensura y la censura por parte de los órganos del Estado. “suprimiendo los pocos espacios con que cuenta el ciudadano para debatir los asuntos de interés colectivo e inhibiendo la posibilidad de formular denuncias de cualquier naturaleza”.[5]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. «La Ley contra el Odio y por la Tolerancia allanó el camino hacia un futuro de paz». Correo del Orinoco. 9 de noviembre de 2017. Consultado el 9 de noviembre de 2017. 
  2. «Entra en vigencia Ley contra el Odio en Venezuela». teleSUR. 9 de noviembre de 2017. Consultado el 20 de febrero de 2018. 
  3. MippCI. «Comisión de la Verdad ANC instaló Capítulo Lara: Odio Imperial provocó solo en Barquisimeto 22% de las víctimas en Venezuela – VTV». vtv.gob.ve. Consultado el 5 de septiembre de 2017. 
  4. a b c d León, Ibis (9 de noviembre de 2017). «10 claves que debe saber sobre la Ley Contra el Odio y por la Tolerancia». Efecto Cocuyo. p. Prensa ANC. Consultado el 20 de febrero de 2018. 
  5. a b León, Rafael (15 de noviembre de 2017). «Ley contra el odio viola 7 artículos de la Constitución». El Nacional. Consultado el 20 de febrero de 2018. 
  6. León, Rafael (8 de enero de 2018). «Gobierno estrena la Ley de odio: imputaron a dos personas en Carabobo». El Nacional. Consultado el 20 de febrero de 2018. 
  7. Moreno Losada, Vanessa (2 de febrero de 2018). «Erika Palacios, la historia de la primera mujer detenida por la Ley contra el Odio». Efecto Cocuyo. Consultado el 20 de febrero de 2018. 
  8. Moreno Losada, Vanessa (30 de enero de 2018). «Investigan al primer medio en Cumaná por delitos contemplados en la Ley Contra el Odio». Efecto Cocuyo. Consultado el 20 de febrero de 2018. 
  9. «Dos bomberos venezolanos enfrentan 20 años de cárcel por comparar a Nicolás Maduro con un burro». Reuters (El Mundo). 17 de septiembre de 2018. Consultado el 21 de septiembre de 2018. 
  10. «El enojo de Nicolás Maduro con un periodista al ser consultado sobre la detención de dos bomberos que lo compararon con un burro». Infobae. 18 de septiembre de 2018. Consultado el 21 de septiembre de 2018. 
  11. Galaviz, Daisy (25 de mayo de 2018). «PERFIL |Médico José Alberto Marulanda es cirujano de manos egresado de la UCV». El Pitazo. Consultado el 5 de febrero de 2019. 
  12. «HRW y Foro Penal advierten de que Venezuela torturó a decenas de militares y sus familiares». BURGOSconecta. 9 de enero de 2019. Consultado el 5 de febrero de 2019. 
  13. Pineda Sleinan, Julett (25 de noviembre de 2018). «A seis meses de la detención del Dr. Marulanda, seis veces han diferido su audiencia». Efecto Cocuyo. Consultado el 5 de febrero de 2019. 
  14. Fermín, Marieva (4 de febrero de 2019). «Tribunal de Barinas dicta tres meses de trabajo comunitario a hombre acusado de instigación al odio». El Pitazo. 
  15. León, Ibis (9 de noviembre de 2017). «Ley contra el Odio amenaza seis artículos de la Constitución, según expertos». Efecto Cocuyo. Consultado el 20 de febrero de 2018. 
  16. MORA, FANNY (9 de noviembre de 2017). «Ley contra el odio promueve persecución política según Acceso a la Justicia». El Universal. Consultado el 9 de noviembre de 2017.