Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 2017

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Asamblea Nacional Constituyente
Tipo Asamblea constituyente
Presidente Por definir
Miembros 545 constituyentes
Sede Caracas, Distrito Capital
Flag of Venezuela.svg Venezuela
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La Asamblea Nacional Constituyente de 2017 es una iniciativa convocada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mediante el decreto presidencial 2830 del 1 de mayo de 2017, basándose en los artículos 79, 236, 347, 348 y 349 de la constitución. Las bases comiciales de la Asamblea Constituyente propuestas por el presidente y su convocatoria fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, [1]​ cuya presidente declaró que el proceso de postulación para los candidatos se iniciaría el 1 y 2 de junio de 2017, realizándose el proceso electoral el día 30 de julio de 2017.[2]​ El decreto 2831 también creó una comisión presidencial que redactará la propuesta con las bases comiciales territoriales y sectoriales de la constitución.[3][4]

Antecedentes[editar]

Reunión del TSJ el 28 de marzo de 2017.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dicta la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y se extienden los poderes del presidente de la República, Nicolás Maduro,[5]​ según la Sala Constitucional[6]​ «hasta que persista la situación de desacato»[6][7]​ del parlamento.

Al momento de darse las sentencias, la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varios organismos internacionales y de la región, fue mayoritariamente negativa. Algunos calificaron dichas acciones como un "autogolpe de Estado" y que se estaba "disolviendo a la AN", lo que suscitó protestas en Caracas y otras ciudades del país. Ante dichas acusaciones (y antes de la anulación de las sentencias), el TSJ afirmó que sus acciones no estaban disolviendo la Asamblea, sino que "estarían supliendo sus labores" hasta que esta hiciera los procedimientos necesarios para salir de su estado de desacato.[8]

La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, representante del Ministerio Público (MP), de manera presuntamente personal en un acto oficial de su despacho, manifestó su desacuerdo ante las medidas, adoptadas por el alto tribunal tachándolas de "ruptura del orden constitucional",[9]​ lo que fue entendido como un "breve conflicto" entre los poderes públicos tradicionalmente aliados al Poder Ejecutivo Nacional.[10][11][12]

El presidente Maduro (quien calificó el roce entre el MP y el TSJ como un "impase") convocó a un Consejo de Seguridad de la Nación, para discutir la situación con los entes públicos (a excepción de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General), cumpliendo con el artículo 323 de la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, quien fue invitado a participar, no asistió[13]​ La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien horas antes había catalogado el hecho como una "ruptura del orden constitucional”, tampoco asistió.[14]​ Después de esta convocatoria el Tribunal Supremo de Justicia publicó una aclaración sobre las sentencias 155 y 156.[15][16]

Finalmente, el presidente Nicolás Maduro señaló este "impase" como una muestra de "plena independencia" de poderes en Venezuela, posición contrariada por analistas afines a la oposición para quienes la propia actuación de la sala constitucional del TSJ ante el Consejo de Defensa de la Nación ratificaba su falta de independencia.[17]

Posteriormente, se realizaron protestas que exigieron la renuncia de los magistrados, la realización de elecciones postergadas y el adelanto de las elecciones presidenciales previstas para 2018.[18]

Temas propuestos[editar]

El presidente Maduro propone como objetivos programáticos:[19][20][21]

  1. Reafirmar los valores de la justicia, ganar la paz y aislar a los violentos en una constituyente para la paz.
  2. Ampliar el sistema económico venezolano para dejar un sistema económico post petrolero.
  3. Constitucionalizar las misiones y grandes misiones creadas por Hugo Chávez Frías.
  4. La justicia, el sistema judicial y penitenciario, la guerra contra la impunidad, el terrorismo, el narcotráfico. Aumentar las penas para una justicia severa.
  5. Constitucionalizar las comunas y los consejos comunales para llevarlos al rango constitucional más alto por ser nuevas formas de la democracia participativa y protagónica.
  6. La defensa de la soberanía nacional y el rechazo al intervencionismo.
  7. Nueva espiritualidad cultural y venezolanidad, el carácter pluricultural y la identidad cultural.
  8. Derechos y deberes sociales, educativos y culturales de la juventud venezolana.
  9. El cambio climático, el calentamiento global y la sobrevivencia de la especie en el planeta.

Miembros de la comisión presidencial[editar]

La Comisión Presidencial para la Constituyente está coordinada por Elías Jaua y como secretario Adán Chávez, y sus miembros son:[22]

Miembro Partido Cargo actual en el gobierno
Elías Jaua PSUV Ministerio del Poder Popular para la Educación
Adán Chávez PSUV Ministro de Cultura
Isaías Rodríguez PSUV Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Italia
Aristóbulo Istúriz PSUV Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales
Hermann Escarrá PSUV Asesor del gobierno y abogado constitucionalista
Earle Herrera PSUV Diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela
Iris Varela PSUV Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela
Noelí Pocaterra PSUV Secretaria de pueblos y comunidades indígenas de la gobernación de Zulia
Cilia Flores PSUV Diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela y Primera Dama
Delcy Rodríguez PSUV Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela
Francisco Ameliach PSUV Gobernador de Carabobo

Elección[editar]

Según el decreto Nº 2830[6][23]​ firmado por el presidente Nicolás Maduro y el Consejo de Ministros[6]​ los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente[24]​ serán elegidos mediante voto universal, directo y secreto (artículo 2),[6]​ en un ámbito territorial y sectorial, bajo el control del Consejo Nacional Electoral.[6]

El CNE propuso como fecha de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. El 4 de junio la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que se inscribieron 18 976 candidaturas para las elecciones territoriales, y 35 438 para las elecciones sectoriales,[25]​ las cuales elegirán 364 y 173 representantes, respectivamente,[26]​ además de 8 representantes indígenas, para un total de 545 constituyentes.[27]

El 7 de junio el órgano electoral informó que fueron incorporadas modificaciones a las bases comiciales, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, precisó que en la modificación quedó plasmado de forma clara un artículo que exhorta a la ANC a que los acuerdos resultantes de sus deliberaciones sean sometidos a consulta a través de un referendo y ratificó el 30 de julio como fecha de los comicios.[28]

El 16 de junio, durante una consulta popular convocada por la Asamblea Nacional, el gobierno organizó un simulacro de elección para la Asamblea Constituyente. Según el diputado Henry Ramos Allup, 203 032 personas participaron en dicha simulación.[29]

Fundamentos jurídicos[editar]

La Constitución de Venezuela de 1999 contempla la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.[30]​ Especialmente en los artículos 347, 348 y 349 citados a continuación:

Artículo 347[30]

El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

Artículo 348[30]

La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral.

Artículo 349[30]

El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución.

Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

Una vez promulgada la nueva Constitución, ésta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente.

Controversias[editar]

Existe mucha controversia en torno a la constitucionalidad de esta convocatoria. Uno de los puntos cuestionados es sobre si el presidente está facultado para convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Parte de los juristas afines al gobierno afirman que el Ejecutivo sí está facultado por el artículo 348 de la constitución.[31][32]​ Otra parte de los expertos sostiene que el artículo 348 no faculta al presidente para convocar la ANC, solo le permite tener la iniciativa de tal proceso y que solo el pueblo tiene la potestad de convocarla, en virtud del artículo 347 constitucional.[33][34]​ Encuestas de interés nacional afirman que una extensa mayoría de la población civil concuerda con dicha interpretación, y que por ello rechazan la convocatoria ejercida por el presidente Maduro.[35][36][37]

Otro punto controvertido son las bases comiciales del proceso que, según el artículo 2 del decreto 2830, serían "sectoriales y territoriales". Varios expertos en derecho, incluyendo la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela, argumentan que este aspecto viola el principio de universalidad del voto consagrado en el artículo 63 de la constitución.[38][39]

Dentro del Poder Público Nacional han surgido críticas y rechazos al proceso. Eustoquio Contreras y Germán Ferrer diputados por la coalición Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional (AN),[40][41]​ Luis Emilio Rondón rector del Consejo Nacional Electoral (CNE),[42]Luisa Ortega Díaz fiscal general de la República,[43]​ Danilo Antonio Mojica Monsalvo y Marisela Godoy magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),[44][45]​ Gabriela Ramírez ex consultora jurídica del TSJ,[46]​ rechazaron la convocatoria con el argumento común de que tal proceso no fue convocado por el pueblo como lo establece el artículo 347 de la constitución y por el carácter sectorial y territorial de las bases comiciales planteados en el artículo 2 del decreto.

El 7 de junio de 2017 la Sala Constitucional del TSJ dictó la sentencia 378 en donde se determinó que el presidente está facultado para convocar una constituyente sin referendo consultivo previo, ya que él actuaba en nombre de la soberanía del pueblo:

El artículo 347, cuya interpretación se solicita, debemos necesariamente articularlo con el artículo 348, ambos del texto constitucional. En efecto, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en tal condición, y como titular de la soberanía, le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la iniciativa para convocarla le corresponde, por regla general, a los órganos del Poder Público (el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; y los Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos) quienes ejercen indirectamente y por vía de representación la soberanía popular. La única excepción de iniciativa popular de convocatoria es la del quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

De tal manera que, el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario: en el pueblo como titular de la soberanía. Pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al “Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular.

En los términos expuestos anteriormente, la Sala considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX.

Extracto de la sentencia 378 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

Al día siguiente de conocida la decisión del Poder Judicial, la Fiscal General de la República introdujo ante el TSJ un recurso de aclaratoria sobre la sentencia 378, donde solicita explicar cuatro puntos: Retroceso de derechos humanos, vigencia de la democracia participativa y protagónica, diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria a una ANC y modificación del texto constitucional sin aprobación del Pueblo.[47]

En respuesta a estas controversias; el presidente Maduro anunció que haría la propuesta al CNE de convocar a un referéndum consultivo para la nueva constitución, alegando que una vez que los tentativos cambios sean anunciados, estos se someterían a unas elecciones aprobatorias, de manera que el pueblo apruebe o desapruebe una nueva constitución. La propuesta fue entregada por el comando de campaña Zamora 200 al CNE el 5 de Junio.[48][49]

El 8 de junio, Luisa Ortega Díaz interpuso ante la Sala Electoral del TSJ contencioso electoral de nulidad conjuntamente con amparo cautelar, y, subsidiariamente, medida cautelar innominada de suspensión de efectos de la Constituyente, solicitando la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con la convocatoria a la ANC por considerar que el decreto presidencial no cumple con los extremos legales y argumentando que «el pueblo venezolano es quien tiene la potestad de realizar dicha convocatoria».[50]​ Dicho recurso fue apoyado por el Foro Penal Venezolano, cuyo director Alfredo Romero, informó que la institución prestará su plataforma para apoyar a los ciudadanos que se quisieran adherir al mismo.[51]​ El 12 de junio la Sala Electoral del TSJ declaró como inadmisible el recurso interpuesto por la fiscal general, alegando que el amparo cautelar es inoficioso por la «inepta acumulación de pretensiones».[52]​ Después de declarada la inadmisibilidad, dos tribunales de Nueva Esparta rechazaron otro recurso contra la Constituyente introducido por un grupo de ciudadanos del estado.[53]

Según el Observatorio Electoral Venezolano, el Consejo Nacional Electoral obvió en su cronograma electoral 14 auditorías, varias etapas del proceso y se saltó 70 de 100 actividades previas a cualquier elección contempladas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).[54]

Nicolás Maduro utilizó la canción de Luis Fonsi Despacito[55]​ para llamar a votar a la Constituyente,[56]​ lo que acarreó controversias con el propio cantante porque no permitió su uso comercial para fines políticos.[57]​ Diversas organizaciones internacionales y la oposición venezolana también la han rechazado y han pedido su suspensión.[57]​ A la protesta de Luis Fonsi también se la ha unido Daddy Yankee y la autora de la canción Erika Ender, ya que Maduro se ha apoderado ilegalmente de la canción al no consultarle sobre su uso.[58]

Reacciones[editar]

  • Bandera de Estados Unidos Estados Unidos: El presidente Donald Trump amenazó aplicar sanciones económicas si el gobierno continuaba intentando implementar la Asamblea Constituyente, afirmando que «el pueblo volvió a dejar claro que apoya la democracia, la libertad y el estado de derecho» en referencia a la consulta nacional del 16 de julio.[59]

El gobierno invitó a la oposición a participar en el proceso. Sin embargo, Henrique Capriles, en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática aseguró que no participaría en la asamblea al considerarla «fraudulenta».[60]

La Organización de los Estados Americanos también se opone a la asamblea. Según su secretario general, Luis Almagro, «La conformación de la constituyente solo con supuestos representantes sectoriales, viola los principios fundamentales de igualdad política. Una Asamblea Constituyente convocada sobre la base de la discriminación política, violando la constitución y a medida del régimen es en sustancia y forma antidemocrática, porque se ha usurpado el poder del pueblo».[61]

La Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado dijo que «los temas presentados por el presidente de la república para apoyar su propuesta no apuntan a resolver los graves problemas que aquejan a los venezolanos, sino a prolongar la permanencia de su gobierno en el poder»[62]​ y el Consejo Evangélico de Venezuela (CEV) emitió un comunicado donde dice que la constituyente «deja de lado a un sector de la población venezolana que también forma parte del pueblo soberano; atentando no solo contra la voluntad popular, sino que además se trata de aplicar una sectorización de la base poblacional sin sustentos legales en la constitución».[63]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. «CNE aprobó cambios en bases comiciales y elección de constituyentes para el #30Jul». EFE. 7 de junio de 2017. pp. Efecto Cocuyo. Consultado el 12 de junio de 2017. 
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  8. «TSJ atiende y aclara las sentencias 155 y 156». La Iguana. 1 de abril de 2017. Consultado el 1 de abril de 2017. 
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Enlaces externos[editar]