Daniel Quintero Calle

Daniel Quintero
Alcalde de Medellín Actualmente en el cargo
Desde el 21 de junio de 2022
Predecesora	Jennifer Andree Uribe (e)
1 de enero de 2020-10 de mayo de 2022
Predecesor	Federico Gutiérrez
Sucesor	Juan Camilo Restrepo (e)
Viceministro de la Información y Comunicaciones para la Economía Digital
26 de julio de 2016-4 de diciembre de 2017
Presidente	Juan Manuel Santos
Predecesor	María Isabel Mejía
Sucesor	Juanita Rodríguez
Concejal de Medellín
1 de enero de 2008-1 de enero de 2012
Información personal
Nacimiento	26 de julio de 1980 (43 años) Medellín, Antioquia, Colombia
Residencia	Medellín
Nacionalidad	Colombiana
Religión	Catolicismo ​
Lengua materna	Español
Familia
Cónyuge	Diana Osorio
Hijos	Maia Quintero Aleia Quintero
Familiares	Miguel Quintero Calle (hermano)
Educación
Educado en	Universidad de Antioquia Universidad de los Andes
Posgrado	Boston University
Información profesional
Ocupación	Ingeniero electrónico, empresario de software y político
Partido político	Partido Conservador (2007-2012) Alianza Verde (2012-2013) Partido del Tomate (2013-2019) G.S.C Independientes (desde 2019)
Distinciones	Orden Carlos Lemos Simmonds (2019)

Daniel Quintero Calle (Medellín, 26 de julio de 1980) es un ingeniero electrónico, empresario de software y político colombiano. Es el Alcalde de Medellín desde el primero de enero de 2020. ​ Fue suspendido provisionalmente el 10 de mayo de 2022 por la procuradora Margarita Cabello Blanco por presunta participación en política electoral a favor del candidato Gustavo Petro.​ Fue restituido a su cargo el 21 de junio del mismo año.​​

Biografía

Creció en el barrio Tricentenario. A los 17 años comienza sus estudios en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Antioquia financiado por una beca. Después de graduarse, funda una empresa de software llamada Intrasoft S.A con la cual financió sus estudios de postgrado en los Estados Unidos.

Graduado como Ingeniero Electrónico de la Universidad de Antioquia y también como Especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes. Cuenta con estudios de Administración de Finanzas Públicas de Harvard Kennedy School of Government y es Magíster en Administración de Negocios (MBA) de la Boston University.​

En el 2015 se casó con Diana Marcela Osorio (Actual Gestora social de la ciudad de Medellín) y tiene dos hijas: Maia Quintero y Aleia Quintero.​

Trayectoria Laboral y Política

En 2007 fue elegido al concejo de Medellín por el Partido Conservador, luego se ha desempeñado como empresario de software, director de la Fundación Piensa Verde y fundador del Partido del Tomate.​​ Entre julio de 2015 y julio de 2016 ocupó el cargo de gerente de Innpulsa ​​ en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y entre julio de 2016 y diciembre de 2017 se desempeñó como viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones​​​ de la Economía Digital en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del gobierno de Juan Manuel Santos. Renunció a su cargo para acompañar al negociador de paz Humberto de la Calle en su campaña a la presidencia.

Alcalde de Medellín

Fue candidato a la Alcaldía de Medellín por el grupo significativo de ciudadanos Independientes​​​ en las elecciones de regionales del 27 de octubre de 2019 donde resultó electo.

En una entrevista con el diario El País, Quintero aseguró estar siendo desafiado por sus rivales políticos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, el Grupo Empresarial Antioqueño y el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo.Varios sectores han promovido sin éxito la revocatoria de su mandato. Durante la campaña a la alcaldía Quintero dijo que había sufrido dos intentos de asesinato que fueron repelidos por la policía.​

Durante su gobierno Quintero tuvo varios enfrentamientos con el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño). Según Quintero en entrevista con la Revista Semana, a través de varias fundaciones y medios de comunicación, dominaba gran parte de la contratación estatal gestionada por la administración municipal. Quintero afirma: “Se debió a un proceso de exclusión. Las élites tomaron la decisión de excluir a ciudadanos. Por esa misma época, esas élites se dieron cuenta de que las empresas que habían construido miles de personas pues tenían y no tenían dueño. Ellos eran los gerentes, pero dijeron: ‘Oiga, esto tan bonito, miles son los accionistas, nosotros somos los gerentes, ¿Cómo hacemos para que no nos saquen a nosotros?’. Y se sindicalizaron los gerentes y crearon entonces el Sindicato Antioqueño. Ellos no eran los que habían creado esas empresas, miles de personas sí” ​

Bajo su administración entró en funcionamiento la central hidroelectrica Hidroituango, tras quedar el proyecto casi destruido en la anterior administración debido a la crisis del embalse en 2018-2019producto de defectos constructivos. La Administración de Quintero ha sido criticada sin embargo, por un lado, por haber demandado a los constructores de la represa (Consorcio Hidroituango compuesto por las empresas Concreto, Camargo Correa Infraestructura y Coninsa Ramón H) por el detrimento patrimonial que casuó la destrucción de la sala de maquinas en 2018-2019, y por otro lado, por grupos ambientalistas que se oponen a la entrada de funcionamiento de la represa por considerar que es un riesgo catastrofico para las comunidades que habitan aguas abajo. Quintero ha mantenido que el macizo rocoso en el que esta instalada la represa es capaz de sostner la operación, al mismo tiempo que ha declarado que quiere que los perjuicios causados al proyecto sean costeados por las empresas constructores mediante accion de reparación civil por 9.9 billones de pesos. ​ ​

Polémica por contrato de chatarrización

En noviembre de 2022 la procuraduría anunció que abrió investigación preliminar a algunos funcionarios de la alcaldía debido al proceso para la chatarrización de 50.000 vehículos propiedad de la alcaldía de Medellín. El concejal Daniel Duque había denunciado presuntas irregularidades en mayo de 2022 acerca del precio de venta. Según el concejal Duque el valor comercial de la chatarra oscila alrededor de los $1000 COP/kg mientras la alcaldía la vendió por $98 COP/kg; lo que habría podido generar un presunto detrimento por cerca de $33.000'000.000 COP.​​

Varios contradictores políticos han acusado a la alcaldía de presuntamente favorecer al contratista al exigir una máquina "Prensa Cizalla de Gancho Móvil Ampliroll". Esta es una máquina muy especializada que solo la tenía quien ganó la licitación.​

El representante legal de la Unión Temporal RYM, Rafael Naranjo, dijo que el concejal Duque tenía motivaciones políticas y no técnicas y anunció que lo demandaría por las acusaciones que este hizo.​

La procuraduría y contraloría adelantan investigaciones, si bien no se ha demostrado ningún delito. La administración respondió argumentando que, al ahorrarse el costo de arriendo de los lotes donde están estos vehículos, esto es un buen negocio para la alcaldía. Esta respuesta no satisfizo a la oposición política ya que, según ellos, este ahorro también puede darse vendiendo la chatarra a un precio razonable. La alcaldía reversó el contrato 3 meses después ante las presiones.​

Controversias entre Quintero y Medios de Comunicación

Daniel Quintero ha tenido múltiples desencuentros con medios de comunicación locales y nacionales. Esto generó señalamientos de presuntamente usar su influencia para desprestigiarlos y atacarlos; además, llamados de varias organizaciones a respetar la libertad de prensa.​​ Daniel Quintero por su parte retiró la pauta publicitaria que la Ciudad venía pagándole a medios de comunicación, los cuales eran propiedad de las sociedades constructoras involucradas en el desastres de Hidroituango. Es así como medios de comunicación como El Colombiano vieron una reducción el pauta contratada por la Administración Municipal, la cual pasó de 3.428 millones de pesos en 2019 a solo 90 millones de pesos en 2021. ​

Una de estas polémicas se dio en junio de 2020. La FLIP publicó un artículo donde presuntamente, el alcalde presionó a directivos de varios medios para obstaculizar un reportaje por supuesto acoso sexual. Este reportaje estaba basado en una denuncias hechas por una cuenta de twitter en las cuales no se aportaban pruebas sobre el supuesto abuso sino que simplemente se hacia una acusación sin identificar a la victima, el tiempo o el lugar de los hechos.​ ​​ Es necesario resaltar que no se demostró el supuesto acoso y la cuenta anónima de twitter borró su acusación sin que nunca se conociera la identidad de la supuesta victima o se aportaran pruebas al respecto.​

Otra de las polémicas ha sido la decisión de Quintero de pautar la publicidad en medios de comunicación alternativos y mediante influencers, y no en los medios de comunicación tradicionales que le hacen oposición a su gobierno, con el fin de levantar su favorabilidad y mejorar la imagen de la marca ciudad.​

Como producto de la fuerte polémica entre Quintero y el periódico El Colombiano la SIP hizo un llamado similar pidiendo respetar la labor periodística del periódico local El Colombiano.​La alcaldía respondió por medio del Twitter de Daniel Quintero lo siguiente: "Respetamos la prensa libre e incluso la que se ha vendido. Son los ciudadanos los que castigan a un medio con la irrelevancia ante la evidencia de que en su junta directiva estaban constructores sancionados por Hidroituango. Cientos de noticias sin mostrar que intereses defendían"​

Administración y contratación de Telemedellín

Telemedellín es el principal canal público de la ciudad de Medellín. Históricamente ha servido a la alcaldía como central de medios; es decir, contrata pauta con otros medios. Durante la administración de Quintero, ha estado envuelto en una serie de polémicas por contratos poco transparentes con entidades de dudosa reputación.

Un ejemplo es una serie de siete contratos por un valor cercano a $175 millones de pesos colombianos por medio de Telemedellín entre la alcaldía y una organización llamada Federación Internacional de Prensa de los Pueblos (FIPU), cuyo fundador fue el actual representante a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico Alejandro Toro. Varios miembros activos del Pacto Histórico se han beneficiado de contratos con Telemedellín, como lo son Hollman Morris y José Salvador.​​ Muchos de estos medios fueron creados menos de un año antes de contratar con la alcaldía.​

La gerencia de esta entidad ha tenido una rotación notablemente alta; en los últimos 3 años ha tenido cuatro gerentes.​El más controversial ha sido Deninson Mendoza, quien renunció al cargo para aspirar a la alcaldía de Cali (Capital de Valle del Cauca) por el mismo movimiento de Daniel Quintero en las elecciones regionales del 2023 ​. Es particularmente controversial porque varios de los contratos a través de Telemedellín fueron con medios Vallecaucanos; entre estos se resalta un contrato con una página de Twitter llamada "Twitteros Cali", entre otros...​

Otro contrato cuestionado fue con la empresa Alfaro Comunicaciones, propiedad del estratega político Amauri Chamorro. En este contrato se buscaba mostrar a Daniel Quintero como el salvador del proyecto Hidroituango utilizando los fondos de Telemedellín.​La administración municipal no se pronunció al respecto.

Controversias en EPM

Nombramiento de gerentes

En lo corrido de la alcaldía, la gerencia de EPM ha tenido el insólito número de 4 gerentes. ​El primero de ellos fue el abogado del Partido Conservador Álvaro Guillermo Rendón quien desempeño el cargo entre Enero del 2020 y Febrero del 2021​​. Luego de salir del cargo, realizó múltiples denuncias de supuestas presiones por parte del alcalde y su secretaria privada María Camila Villamizar para nombrar altos ejecutivos al interior de la empres; también denunció constantes atropellos al gobierno corporativo y entorpecimientos al proyecto Hidroituango con el fin de cambiar al contratista. ​​​Luego fue nombrada como gerente encargada la vicepresidenta Mónica Ruiz Arbeláez;​ quien fue cuestionada en el Consejo de Medellín por las afirmaciones del alcalde respecto a si el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) tenía control de la compañía, si había corrupción al interior de EPM y si iba camino a la bancarrota a lo que ella desmintió las tres.​Poco después de nombrar un nuevo gerente, Ruiz fue removida de su cargo y posteriormente de la empresa; el sindicato rechazó esta decisión.​​El tercer nombramiento fue Alejandro Calderón Chatet; su proceso de selección fue altamente controvertido ya que fue llevado a cabo por una firma cazatalentos fundada por un aliado de Luis Pérez "sin cobrar".​ ​Se encontraron irregularidades en sus títulos universitarios, poca experiencia en gerencia y una denuncia de estar ligado a varias empresas offshore en panamá y relación con los Panama Papers.​ La presión política fue tal, que renunció a su cargo cerca de 2 semanas después de ser nombrado.​Tras la renuncia de Calderón, se nombró al actual gerente y ex miembro de la junta directiva Jorge Andrés Carrillo quien ha desempeñado varios cargos en el sector de servicios públicos a nivel nacional. ​

Cuando se le preguntó a Quintero por la renuncia de Álvaro Guillermo Rendón, este argumentó que su renuncia fue por cometer errores en la contratación de Hidroituango y que por esto debía "Dar un paso al costado".​ No se pronunció nuevamente hasta la renuncia de Alejandro Calderón Chatet cuando defendió a Calderón publicando en su Twitter: "Alejandro Calderón recibió todo tipo de ataques plagados de mentiras e imprecisiones. Lo intimidaron y lo presionaron a él y a su familia. Perdimos a un gran hombre en EPM."​

Nómina de EPM

Según investigaciones periodísticas resaltan un incremento en $5.300'000.000 COP en la nómina de EPM con 733 nuevos trabajadores de planta y la creación de 2 vicepresidencias nuevas en los primeros 2 años de gobierno . Esto generó múltiples cuestionamientos al interior de la empresa, ya que si EPM requiere apoyo financiero por la crisis de Hidroituango, aumentar la nómina parece contradictorio.​​En respuesta a esta problemática, Quintero compartió en su Twitter unos supuestos subsidios entregados en el 2020 tratando de desmentir el incremento.​

Como si fuera poco, a finales del 2022 se crearon 2 nuevos cargos en EPM llamados: Dirección de Gestión de Relaciones con el Gobierno Local y Regional y Dirección de Gestión de Relaciones con el Gobierno Nacional. Ambos cargos, que anteriormente eran responsabilidad del gerente general y vicepresidentes, se formularon con salarios cercanos a los 22'000.000 COP y contrato a termino indefinido. La creación de estos cargos fue cuestionada, dado que para la gestión con el gobierno nacional fue nombrada la ex secretaria privada de Quintero, María Camila Villamizar (Recomendada por el gerente Jorge Andrés Carrillo); quien unos meses antes había renunciado para presuntamente, aspirar a la alcaldía de Cúcuta.​

HidroItuango

Durante la administración de Quintero se tomaron decisiones altamente cuestionadas relacionadas al proyecto energético HidroItuango y los constructores CCC Ituango. En el 2020, el gerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón, aliado de Quintero en aquel momento, decidió demandar a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto por un valor de $9.9B COP​ sin consultar a la junta directiva; ocasionando así la renuncia de los 8 miembros que anteriormente habían recomendado buscar una conciliación antes de demandar.​ Esta demanda tuvo graves repercusiones ya que meses después, generaría un fallo de la Contraloría General de la República de responsabilidad fiscal por $4.3B COP, que inhabilitaba al consorcio CCC Ituango para renovar el contrato de construcción y terminar las obras si no se realizaba el pago de dicho monto​. De no poder pagarse, EPM tendría que contratar a otro constructor, retrasando las obras por más de un año de acuerdo con la consultora sueca Pöyri; además, asumiendo las multas que acarrearían estos retrasos.​​Afortunadamente, a pesar de las presiones de Quintero para cambiar de contratista, el gobierno nacional y EPM lograron acordar el pago del monto por parte de la aseguradora del proyecto Mapfre; permitiéndole al consorcio continuar las obras sin mayor demora.​​

La administración se ha pronunciado múltiples veces alegando que hubo supuesta corrupción durante el proceso de contratación y negligencia del constructor en el uso de materiales; justificando así la urgencia de cambiar de contratista. El constructor se defendió diciendo que los errores fueron de diseño, anteriores a la vinculación del consorcio y problemas climáticos fuera de su control.​ Paradójicamente, casi 3 años después de la contingencia, EPM les ofreció a los mismos constructores renovar nuevamente el contrato para terminar las obras de las turbinas 3 y 4; yendo en absoluta contravía de las acusaciones de Quintero. Los constructores prefirieron no renovar por el cambio del sistema de pagos.​

Venta de la participación en UNE - Millicom

UNE es una empresa de telecomunicaciones de la cual EPM es propietario del 50% + 1 de las acciones desde 2013; el resto de las acciones son propiedad del grupo empresarial Millicom a través de su filial Tigo​. Durante la administración de Quintero, cinco veces se debatió en el consejo de Medellín el proyecto de vender la participación de EPM en UNE; es decir, privatizar completamente la empresa. Todas las veces fue negada por la desconfianza de los concejales respecto al uso de los recursos. Esto dada la influencia que había tenido Quintero al interior de EPM y su falta de respeto al gobierno corporativo.​​

El más controversial de estos intentos fue debatido el 29 de Septiembre de 2022. La bancada de oposición había sido enfática en que los recursos de la venta pertenecían a EPM, no a la Alcaldía de Medellín; por esta razón, si se llegase a vender, el dinero debía usarse por EPM para su plan de inversión y no debía ser transferido a la alcaldía bajo ninguna circunstancia. El problema de no vender, es que es un negocio que aparentemente no le está dando dividendos a la ciudad; por el contrario, le genera perdidas anuales a EPM. EPM puede vender su participación antes del 2024 usando una cláusula de protección al patrimonio con Millicom​. La polémica viene cuando la oposición acuerda con EPM aprobar la venta, con la condición de no transferir el dinero a la alcaldía de Medellín, entre otros puntos; pero horas antes de la plenaria, los concejales recibieron un comunicado de la alcaldía diciendo que el dinero se usará para una serie de proyectos de la administración municipal incumpliendo el acuerdo con la oposición.​​ A pesar de que algunos concejales insistieron que era un error de comunicación, la oposición prefirió hundir el proyecto nuevamente.​​La alcaldía simplemente respondió a través del Twitter de Quintero acusando al Centro Democrático de "regalarle" 3B de pesos colombianos a Tigo.​

Incremento en costos de funcionamiento y servicios públicos

Una de las principales promesas de campaña de Daniel Quintero fue congelar los servicios públicos, Esta promesa fue cuestionada durante la campaña por su viabilidad técnica y legal.​Durante la alcaldía, según un reportaje del periodico El Colombiano, hubo un aumento de un 45% en las tarifas de energía. ​Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM, se defendió argumentando que el reportaje de El Colombiano no se basaba en un estudio técnico de las tarifas de energía sino en el caso anecdotico de un sólo usuario, por lo cual el mayor valor de la factura se debería no al cambio en las tarifas sino al mayor consumo del usuario en cuestión. ​

Controversias en el Metro de Medellín

Decaída del programa EnCicla

EnCicla es un programa de alquiler de bicicletas, propiedad del Metro de Medelín, cuyo fin es incentivar este medio de transporte en la ciudad. El representante a la Cámara de Representantes por Antioquia, Daniel Carvalho, denunció las malas prácticas que la administración ha tenido con esta iniciativa a raiz de una disminución de cerca de 1.5 millones de préstamos al año y protestas ciudadanas por el estado del sistema.​ De acuerdo con el representante, entre el 2020 y 2022 el mantenimiento a las estaciones se ha reducido hasta un 60%, a pesar de que el personal contratado para el mantenimiento aumentó en un 560%; también expone que el gasto de nómina se duplicó entre 2019 y 2022. Y como si fuera poco, cuestiona el actual operador del sistema llamado Corpallanos ("Corporación Agroempresarial de los Llanos") por la experiencia que este puede tener en este campo.​

El Área Metropolitana se defendió responsabilizando hurtos y vandalismo del sistema.​ No obstante, el representante contesta argumentando que los casos de hurto y vandalismo deben estar previstos en la planeación del sistema y no incrementaron en valores históricamente anormales para justificar este incremento. ​

Licitación "Metro de la 80"

El proyecto para un metro ligero a lo largo de la avenida 80 es un proyecto que lleva varios años en discusión con el gobierno nacional; pero no fue hasta octubre del 2022 que el único interesado, la unión temporal: CRRC (Hong Kong) Co. Limited, Mota – ENGIL Sucursal Colombia y Mota – ENGIL Colombia SAS (ENGIL, una constructora de origen portugués), firmara un contrato para comenzar las obras por un valor superior a los 3.5B de pesos colombianos.​ Lo controversial de esta licitación comienza con uno de los miembros de la unión, Mota Engil Colombia SAS. Esta firme se vio envuelta en una polémica por una contrato para la construcción y modernización de cerca de 248 colegios a nivel nacional con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE); 3 años después de comenzar las obras, muchos de estos colegios estaban aún inconclusos, lo que provocó que la firma se declarara incapaz de terminar sus obligaciones reasignando el contrato.​ La firma alegó incumplimiento de las responsabilidades por parte del FFIE, esta disputa sigue en pleito hasta la fecha. Es necesario resaltar que se hicieron investigaciones de inhabilidad nacionales e internacionales y no se encontró nada que impidiera a esta empresa ganarse la licitación ​.​

Se han hecho múltiples advertencias por parte del gremio de constructores respecto al presupuesto del proyecto. Este presupuesto fue planteado antes de la pandemia del COVID 19 y con un dólar cercano a los $3000 COP/USD; ambos factores afectan el precio de las materias primas como el acero y componentes electrónicos. ​

A lo hora de contratar, solo una firma estaba dispuesta a construir con este presupuesto; el mismo alcalde manifestó que no estaba de acuerdo con un proceso con un solo oferente. Pero en lugar de declararla desierta y replantear el presupuesto, se le entregó la licitación a la unión temporal. ​

Programa Buen Comienzo

El programa Buen comienzo, desde su creación en 2006 durante la alcaldía de Sergio Fajardo, dirigido a una población compuesta por madres gestantes, lactantes y niños de 0 a 5 años brindando apoyo sicológico, pautas en crianza, salud, nutrición, entre otros servicios.​ venía siendo adjudicado año tras año a los mismos contratistas, hasta que la alcaldía de Quintero cambió los requisitos de inscripción solicitando que los postulantes estuvieran inscritos Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia del ICBF, requisito que los contratistas tradicionales con varios años de experiencia, no cumplían; el problema fue que estos cambios se anunciaron un mes después de que el ICBF cerrara las convocatorias para este tramite, dejando varios por fuera. Para cubrir estas bacantes, se contrataron nuevas empresas como lo es Corporación Colombia Avanza que resulta ser propiedad de la familia Suárez Mira, bien conocida en la ciudad de Bello y su representante legal es el exconcejal de esta ciudad, Henry Paulison Gómez. Esta empresa ha firmado contratos con la alcaldía por más $34.159 millones de pesos colombianos. Vivian Puerta dejó el cargo 8 meses después para asumir la Dirección Ejecutiva de la Fundación EPM, en su lugar fue nombrado Hugo Díaz quine fue secretorio de despacho en la alcaldía de Bello durante las admnistraciones cercanas a los Suárez Mira. ​​A pesar de que en el 2020 el presupuesto del programa se aumentó de 370.000M COP a cerca de 800.000M COP; cambios en la administración del programa y los resultados obtenidos han generado una serie de polémicas.​

La primera de estas fue el nombramiento como directora a Vivian Puerta, quien es nuera del ex-senador condenado por parapolítica Mauricio Pimiento. Al llegar, Puerta cambió los requisitos para ser empresa contratista del programa al exigir ser parte del banco de oferentes del ICBF

Quintero defendió la decisión de Puerta diciendo que esta es una forma de estandarizar y garantizar la calidad de los proveedores del servicio.​

Otras denuncias se han hecho relacionadas con disminución en la calidad del servicio, falta de pago a los operadores, menos mujeres y niños beneficiados a pesar de la multimillonaria inversión que se realizó. La contraloría hizo hallazgos por cerca de $3.000 millones de pesos colombianos y actualmente la Fiscalía general de la nación adelanta investigaciones.​​

Hospital General de Medellín

A diferencia de otras polémicas, no ha habido una investigación tan profunda respecto a las malas prácticas denunciadas por empleados y sectores políticos. En el 2020 la junta directiva, encabezada por Jhonatan Villada (hoy vicepresidente jurídico de EPM) en representación de Daniel Quintero, cambió los estatutos de contratación para poder aumentar el valor de los contratos hasta un 50% con previa autorización de la junta, cambió el modelo de contratación para no exigir concurso abierto de oferentes sino contratació directa (Coloquialmente "A dedo") o por invitación. ​Adicionalmente, se dio la instrucción a los empleados del hospital de afiliarse a las siguientes agremiaciones sindicales para conservar sus empleos: Famysalud, Prodesa y Sindisalud. Esto generó malestar entre los empleados ya que esta afiliación tiene un costo mensual y cambia su forma de contratación directamente con el hospital a estar vinculados a través de estos sindicatos. Gracias a estos cambios se pudieron firmar, solo a principios del 2022, 35 contratos por un valor cercano a los $5.000 millones de pesos colombianos. ​

Ha habido múltiples teorías acerca de cual es el interés de la administración de vincular a estos sindicatos. Una de ellas es la presunta tercerización de los servicios del hospital a través de contratos de prestación de servicios, como ocurrió en el hospital público César Uribe Piedrahita; el cual, en cuestión de 5 años, se creo una cadena de tercerización de servicios a través de sindicatos llegando a destinar el 51% de los ingresos del hospital a pagar estos contratos.​ El problema de tercerizar estos servicios es que se presta para sobrecostos y desviación de fondos, el contratista se gana una comisión que se podría ahorrar si el hospital lo hiciera directamente y reversar estos contratos generalmente requiere litigar con el contratista que implica un costo legal alto.

Otras denuncias incluyen sobrecostos en alquiler de oficinas que nunca se utilizaron, contratación de especialistas inhabilitados para trabajar en el hospital, irregularidades en contratos de alimentación por cerca de $12.466 millones COP, relación cercana de uno de estos sindicatos (Famysalud) con la familia Char de Barranquilla, entre otras. ​​​​

El gerente del hospital, Mario Fernando Córdoba, fue cuestionado en el consejo por estas controversias y se defendió desmintiendo varias de las acusaciones hechas anteriormente. Las negó alegando que no se han cambiado los estatutos de contratación en beneficio de nadie y que si ha habido irregularidades lo dirán los organismos de control. (Véase su intervención completa en la Sesión Plenaria 526 Octubre 25 de 2022, minuto 2:18:00). ​​

Crisis Jardín Botánico de Medellín (2021)

El Jardín Botánico de Medellín es una fundación privada sin ánimo de lucro. Históricamente ha sido el contratista para el mantenimiento de los jardines y zonas verdes de la ciudad; estos contratos representaban cerca del 65% de sus ingresos y le permitía subsistir sin requerir de donaciones.​En el 2021, la administración municipal decidió no renovar este contrato y dárselo a una entidad llamado Metroparques encargada de la administración de parques de diversiones en la ciudad. Esto levantó suspicacia entre los detractores de Quintero ya que Metroparques, a diferencia del Jardín Botánico, no tenía ninguna experiencia en temas ambientales o jardinería. ​

La falta de experiencia de Metroparques obligó a sub-contratar una empresa de jardinería por 3.900'000.000 COP. La empresa elegida para este contrato se llamó Reforestadora El Líbano, cuyo representante legal es Luz Eliana Henao Rodríguez quien es miembro del equipo político del diputado liberal Luis Carlos Ochoa, aliado de Quintero durante su campaña en el 2019.​La alcaldía regresó el contrato al Jardín Botánico en 2022 a raiz de las múltiples denuncias ciudadanas del deterioro de las zonas verdes. ​

Quintero justificó esta decisión argumentando querer salvar a Metroparques por su déficit, debido a la pandemia del COVID 19; según él, así se prioriza lo público sobre lo privado. Además, según Quintero, había irregularidades en la contratación con el Jardín Botánico. Estos argumentos no tuvieron sentido cuando Metroparques tuvo que sub-contratar a una empresa para el cumplimiento del contrato. Y en contraste, el Jardín Botánico quedó con un grave déficit financiero.​

Suspensión como Alcalde

Quintero fue suspendido de su cargo como alcalde el 10 de mayo de 2022 por parte de la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello Blanco, por un periodo de tres meses, con posibilidad de extensión, para investigarlo por su presunta participación en política electoral a favor del candidato presidencial Gustavo Petro, lo cual está restringido en Colombia por el Código Disciplinario Único o Ley 734 de 2002. Para Quintero este acto de la procuraduría fue equivalente a un Golpe de Estado, o un "acto dictatorial" orquestado por el gobierno de Iván Duque que, según dijo, busca favorecer la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez y al mismo tiempo entregarle el poder en Medellín al uribismo.​ Varios analistas como el jurista Rodrigo Uprimny y el exmagistrado José Gregorio Hernández​ consideraron que la procuradora no respetaba el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso de la destitución del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro en el año 2013, fue fallada a su favor y dicha corte advirtió que los funcionarios públicos elegidos con voto popular "solo pueden ser apartados de sus cargos por orden judicial" y no por acción de un ente disciplinario como lo es la Procuraduría; y mientras que otros analistas como Esteban Manco Pineda, docente de la Escuela de Derecho, justificaron las acciones de la procuradora aduciendo que el fallo no era una destitución como en el caso Petro, sino una suspensión temporal.​ El exmagistrado Hernández también argumentó que era inconstitucional nombrar un alcalde políticamente cercano al presidente como lo es el reemplazante Juan Camilo Restrepo Gómez, ex comisionado de paz nombrado por Duque, ya que en caso de suspensión debe nombrarse como reemplazo a un alcalde del mismo partido que el alcalde electo.​

Dentro de las razones aducidas por la procuradora para la destitución del alcalde, están, el video que Quintero publicó en redes sociales donde el alcalde sin mencionar al candidato Petro aparecía en un video publicado en sus redes sociales donde decía "El cambio en primera" mientras accionaba la caja de cambios de un vehículo automotor. Dicha acción fue referida como una supuesta alusión a la campaña de Petro que busca salir electo en la primera ronda de votaciones o "primera vuelta", y que argumentaba ser el "cambio que necesita el país". La procuradora también argumentó algunas declaraciones del alcalde en emisoras y otros medios de comunicación donde este sugería sin mencionarlo, su favoritismo por el candidato Gustavo Petro.​​

Reconocimientos

Fue condecorado por el Ejército Nacional​ y recibió la Orden Carlos Lemos Simmonds a la transparencia. ​

Amenazas de muerte

En la fase de candidato a la alcaldía municipal de Medellín en 2019, se dieron amenazas de muerte en contra suya por parte de, al parecer, sectores de la delincuencia común. En el 2021 en mayo en las protestas que sufrió el país, le mandan una carta de amenazas de grupos criminales, el dice que es del grupo de revocatoria pero el tema está en investigación.​

Referencias

• Datos: Q63630019
• Multimedia: Daniel Quintero Calle / Q63630019