Dirección de Inteligencia Nacional

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Dirección de Inteligencia Nacional
Acrónimo DINA
Tipo Policía secreta
Fundación 14 de junio de 1974[nota 1]
Fundador Augusto Pinochet
Disolución 13 de agosto de 1977
Sede central Santiago, Chile
Director Manuel Contreras
Reestructuración Central Nacional de Informaciones (CNI)

La Dirección de Inteligencia Nacional, también conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta del régimen militar de Augusto Pinochet en Chile entre 1973 y 1977. La DINA fue responsable de numerosos casos de infiltración política, y violaciones a los derechos humanos entre los que se cuentan asesinatos, secuestro y tortura de personas.

Fue reemplazada en 1977 por la Central Nacional de Informaciones (CNI).[1]

El 9 de abril de 2012 se dio a conocer una lista completa con 1500 ex agentes de la DINA, que incluye entre otros a Cristián Labbé, quien entre 1996 y 2012 fue alcalde de la comuna de Providencia.[2]

Historia

Creación

Archivo:A. Pinochet Stamp.jpg
Augusto Pinochet en 1974.
Manuel Contreras, Director de la DINA.

Fue creada en junio de 1974 (aunque ya funcionaba de facto desde fines de 1973), por el decreto ley N° 521 del 14 de junio de 1974, a cargo del Teniente Coronel de ingenieros Manuel Contreras, apodado "Mamo". El proyecto fue aprobado por la Comunidad de Inteligencia, con el voto en contra del Jefe de Inteligencia de Carabineros de la época, General Germán Segundo Campos Vásquez, quien desaprobó el proyecto porque creaba una entidad ajena a todo control institucional, directamente ligada al mando superior, esto es, a las órdenes y mando directo del General Augusto Pinochet.

La DINA tenía facultades para detener, torturar, extraer información bajo apremios y confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción. Como estos estados duraron casi toda la dictadura militar, la DINA tuvo estas facultades durante prácticamente toda su existencia.

El principio rector de esta organización se basaba en la existencia de una guerra interna no declarada contra un enemigo que no daba tregua, esto es, los enemigos del Estado, los grupos políticos de izquierda (socialistas, comunistas, terroristas, organizaciones de extrema izquierda), la sedición marxista, los opositores públicos y para cuya derrota todos los medios, legales e ilegales, estaban permitidos. La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), desde su creación, dependía directamente de la Junta de Gobierno,[3]​siendo su Director Nacional, Manuel Contreras Sepúlveda, quien informaba periódicamente de su trabajo y actividades a la Junta de Gobierno, tal como se ha señalado precedentemente. Bajo el mando del Director Nacional, en una misma línea, existían tres subdirecciones: Interior, Exterior y Administrativa.[3]​La Subdirección Exterior estuvo a cargo del Coronel de Aviación Mario Jahn Barrera.[3]​ También existió el denominado Departamento Exterior, a cargo del Teniente Coronel Arturo Ureta Sire, en cuyas dependencias se desempeñaron, entre otros, José Octavio Zara Holger, Christoph Willike Floel, Alejandro Paulino Campos Rebhein, Ana María Rubio de la Cruz y Carmen Hidalgo.[3]​ En Buenos Aires se encontraban, además, como agregados a la embajada, Víctor Hugo Barría Barría, Carlos Hernán Labarca Sanhueza. Fue agente civil en ese país Lautaro Enrique Arancibia Clavel.[3]

Escuela de las Américas

Entrenados por Estados Unidos en la Escuela de las Américas, los agentes de la DINA iniciaron una campaña de represión, focalizada principalmente en el GAP (Grupo de Amigos Personales del Presidente Allende, su guardia personal) con 60 muertos, el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) con 400, el Partido Socialista con 400 y el Partido Comunista con 350.

Censura

Desde el 11 de septiembre de 1973, el Régimen Militar de Chile junto con la DINA, restringieron a los canales, diarios y transmisiones de radio que apoyaban a la Unidad Popular o a los que se oponían al Régimen. Además un decreto de la Junta estableció que toda información pública se debía revisar por la junta antes de salir al aire, días después se creó la "Oficina de Censura" que revisaba cada línea de los diarios, muchas páginas volvían a las oficinas de los diarios tachados con lápiz rojo.

Muchas redes de televisión por miedo a asesinato y despartideros, reformaron la verdad del Golpe de Estado a un plan de las Fuerzas Armadas de Chile, para evitar un supuesto golpe de izquierda. Muchas cadenas internacionales de televisión fueron expulsadas del país por la misma DINA, para evitar que difundieran noticias sobre el golpe de las Fuerzas Armadas, pero algunas también fueron influidas por la Junta Militar para mentir sobre el estado social y político en Chile.

Peor aún la censura llegó hasta las casas particulares y servicios públicos, el 23 de septiembre la DINA envió patrullas a registrar viviendas e instituciones, como en la Remodelación San Borja, en busca de material supuestamente subversivo, como libros de Pablo Neruda, textos de ciencias sociales, de ciencia política, de derechos humanos, entre otros, los cuales fueron agrupados y quemados en la plaza de la Remodelación.

Tortura, secuestro y desaparición

El cuerpo del ex general Carlos Prats destrozado por la explosión del coche bomba. Buenos Aires, 30 de septiembre de 1974.

La DINA empleó el secuestro y el asesinato como métodos de acción. Muchos de los detenidos siguen hoy desaparecidos, como se consigna en el Informe Rettig. Tenía también agentes internacionales, siendo el más significativo el mercenario norteamericano Michael Townley, quien planificó los detalles y asesinó mediante atentado con bomba radiocontrolada al general Carlos Prats en Buenos Aires, Argentina, y del mismo modo al ex ministro de Relaciones Exteriores de Allende Orlando Letelier en Washington D.C. Estados Unidos.

Relación de la DINA con la CIA

El Informe Hinchey señala que entre 1974 y 1977, la CIA mantuvo contacto regular pagado[4]​ con el entonces director de la DINA. [nota 2]​ El gobierno de los Estados Unidos aprobó esta relación mercenaria con Contreras ya que “dada su posición como jefe de la principal organización de inteligencia en Chile, era necesario para cumplir la misión de la CIA, a pesar de las preocupaciones de que esta relación pudiera exponer a la CIA a acusaciones de estar colaborando en al represión política interna.”.

…En sus contactos con Contreras, la CIA lo instó a adherir a la circular del 17 de enero de 1974, emitido por el Ministerio de Defensa, que delineaba las directrices para tratar a los prisioneros en una manera consistente con la Convención de Ginebra de 1949”.

Sin embargo, esta circular, según admitió la propia CIA en el mismo informe, no era más que un “truco de relaciones públicas” de la dictadura militar, que “las fuerzas de seguridad chilenas no respetaban”.

Los escrúpulos humanistas del gobierno norteamericano y sus agentes represores son voladores de luces. En abril de 1975, un comité inter-agencia de Estados Unidos ordenó a la CIA continuar su relación con Contreras, a pesar de llegar a la conclusión de que el jefe de la DINA era ”el principal obstáculo a una política de derechos humanos razonable dentro de la Junta”.

El Embajador de Estados Unidos en Chile instó al Subdirector de la CIA a recibir a Contreras en Washington (agosto de 1975) “en el interés de mantener buenas relaciones con Pinochet”. Mientras que, según señala el informe, ”en mayo y junio de 1975, elementos dentro de la CIA recomendaron establecer una relación pagada con Contreras para obtener inteligencia basada en su posición privilegiada y acceso a Pinochet…”.

Países participantes en la Operación Cóndor.      Miembros activos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay.      Miembros esporádicos: Colombia, Perú, Venezuela.      Estados Unidos

La CIA quería de Contreras información sobre la colaboración de los servicios de inteligencia del Cono Sur (Operación Cóndor): ”la cooperación informal, el rastreo, y al menos en algunos casos, el asesinato de opositores políticos”.

En octubre de 1976, dice el informe, ”Contreras confirmó la existencia del Cóndor como una red de intercambio de inteligencia, pero negó que haya tenido algún rol en asesinatos extra-judiciales”. El 5 de diciembre de 2004 Manuel Contreras, reconoció la existencia de vínculos entre la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), el cuerpo de inteligencia de la dictadura de Augusto Pinochet, y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadunidense,[5]​ la cual "instruyó" a los militares chilenos sobre los métodos de persecución de los opositores al golpe de Estado de 1973. Contreras atribuyó además a la CIA el asesinato del vicepresidente del gobierno del socialista Salvador Allende, Carlos Prats, quien junto con su esposa fue víctima de un atentado dinamitero en Buenos Aires en 1974, ejecutado por Michael Townley, un agente de la entidad estadunidense asignado especialmente para el asesinato.

Cuando fue cuestionado también sobre la Operación Cóndor, la que según él, fue "invento" del FBI.

"hubo coordinación de servicios de inteligencia latinoamericanos.pero no como dicen los marxistas: yo no trasladé hombres a matar afuera y no vinieron a matar a Chile. Yo soy militar y hay que defender la soberanía. El único que no entró en esta coordinación fue Colombia, y mire cómo está".
Manuel Contreras.[5]

Operación Cóndor

Su otro dispositivo internacional era la Operación Cóndor copia de la Operación Phoenix[6]

Los métodos de tortura, así como el tratamiento otorgado por la DINA a sus prisioneros, se encuentran en la actualidad documentados en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura encabezada por el obispo católico Sergio Valech el 2004, cuyos testimonios que constan en el informe serán desclasificados 50 años después de la publicación de aquel.

La DINA fue además conocida en Argentina por relatar un supuesto affaire entre la actriz-modelo y el almirante Emilio Massera, miembro de la junta militar que gobernó Argentina luego del golpe de Estado de 1976.[7]

Fin de la DINA y reemplazo por la CNI

Sólo se detendrían sus acciones al ser reemplazada la DINA por la CNI (Central Nacional de Informaciones) en 1977, y Contreras por el general Odlanier Mena. A esas alturas la DINA había conseguido su objetivo militar; asesinar a la cúpula del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y a los principales dirigentes de los partidos que conformaban la Unidad Popular, coalición política ganadora de los comicios efectuadas el año 1970.

El General (r) Contreras fue procesado en Chile a causa de las violaciones de los derechos humanos perpetrados por la DINA (concretamente, fue condenado a 12 años de prisión por secuestro calificado, un delito que no había sido amnistiado). Pero el juez Víctor Montiglio, que ha reemplazado al juez Juan Guzmán Tapia que hasta ahora estaba el encargado de los jueces en relación con Pinochet, ha amnistiado a Contreras en 2005.

Finalmente, el 30 de junio de 2008, Contreras fue condenado a dos cadenas perpetuas, y en el último tiempo se han agregado dos cadenas perpetuas adicionales, una por el homicidio de Carlos Prats (excomandante en jefe del ejército chileno) y otra por el de su esposa, Sofía Cuthbert, más una tercera de 20 años de prisión por asociación ilícita, establece la resolución. Ambos asesinatos fueron cometidos en Buenos Aires.

Procesos judiciales

Caso Llidó

Monumento en Memoria de Antonio Llidó Mengual, Plaza de los Ceibos, Quillota, Chile. Obra de Enrique Cogollos..[8]

El sacerdote Llido fue detenido ilegalmente en octubre de 1974 y visto por última vez en el centro de reclusión clandestino de Cuatro Álamos. Agentes de la DINA lo torturaron por ayudar y dar protección a militantes del MIR. El 15 de mayo del 2003 fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado, nueve ex integrantes de la DINA, incluida su plana mayor.

Los encausados son Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Marchenko, Osvaldo Romo Mena, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Brasclay Zapata Reyes.

El 23 de septiembre de 2008, el juez Jorge Zepeda dictó sentencia en primera instancia por el secuestro del sacerdote. Condenó a Manuel Contreras, jefe de la DINA en el momento del secuestro, y a otros 3 agentes de inteligencia del Estado, a siete años de cárcel, y ordenó que el estado chileno cancelara una indemnización de 100 millones de pesos (unos 126.000 euros), por el daño moral, a Josefa Llidó Megual, hermana del sacerdote, que fue representada por el abogado Héctor Salazar.[9]

El proceso llegó a su fin con las condenas dictadas por la Segunda Sala de la Corte Suprema, el 31 de agosto del 2010. Se rebajó las condenas dicatadas en primera instancia, otorgándoles a los autores de este crimen el beneficio de la libertad vigilada. Se condenó al jefe de la DINA, Manuel Contreras a la pena de 5 años de presidio, con beneficio de la libertad vigilada. La misma pena y el mismo benefio para los ex agentes Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff y Basclay Zapata Reyes. Se absolvió a Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana y Orlando Manzo Durán, todos por falta de participación. [10]

Secuestro y desaparición de Cecilia Bojanic Abad y Flavio Oyarzún Soto

Flavio Oyarzún y Cecilia Bojanic fueron detenidos el 2 de octubre de 1974 y llevados al centro de reclusión de la DINA ubicado en José Domingo Cañas. La mujer, que tenía 23 años al momento de ser detenida, se encontraba con cinco meses de embarazo cuando desapareció tras ser detenida en su casa, ubicada en la comuna de La Granja. La pareja tenía un hijo de un año y medio. El 7 de junio de 2002 , la titular del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz, procesó al brigadier (r) y ex agente de la DINA Maximiliano Ferrer Lima como presunto autor del secuestro de la pareja Cecilia Bojanic Abad y Flavio Oyarzún Soto, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).[11]​ El procesamiento contra Ferrer Lima dictado por la jueza Díaz es el primero que debe enfrentar el ex oficial en causas que llevan jueces exclusivos, aunque ya antes había sido acusado en calidad de autor por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

Operación Colombo

El 4 de enero de 2004 el ministro de fuero Juan Guzmán encausó a diez ex agentes de la DINA, varios de ellos de su plana mayor, incluido el exjefe Manuel Contreras, por ocho víctimas desaparecidas en la conocida como Operación Colombo. Este es el segundo encausamiento dictado por el juez Guzmán por este montaje acontecido en 1975, siendo el primero el decretado el 2 de septiembre, cuando el magistrado procesó a 16 ex agentes por 37 víctimas de la Colombo.Las resoluciones adoptadas por el juez Guzmán en este episodio, constituyen en conjunto el más masivo procesamiento dictado hasta ahora por este ministro, y uno de las que abarca más cantidad de víctimas y encausados en los juicios que se instruyen por violaciones de los derechos humanos.

Los procesados, todos en situación de retiro y declarados reos como autores de secuestro calificado son, además de Contreras, el exjefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, general César Manríquez Bravo; el exsegundo hombre de la DINA, brigadier Pedro Espinoza Bravo; el exjefe de Villa Grimaldi, coronel Marcelo Moren Brito; el exjefe del recinto DINA Cuatro Álamos, oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán; el exjefe del grupo Halcón de la DINA, brigadier Miguel Krassnoff Martchenko; el exjefe del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército y exmiembro de la plana mayor de la DINA, coronel Francisco Ferrer Lima, que cumple condena en Punta Peuco por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez; el exjefe del recinto DINA Tres Alamos, oficial de Carabineros Conrado Pacheco Cárdenas; el suboficial de Ejército Basclay Zapata Reyes; y el exagente civil Osvaldo Romo Mena.

Proceso por torturas

El 21 de junio de 2005, La Nación[12]​ informó que como autores de tormentos y apremios ilegítimos el ministro de fuero, Alejandro Solís, procesó a nueve ex miembros de la plana mayor de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): el otrora director de la general (r) Manuel Contreras, el brigadier (r) Pedro Espinoza, el brigadier (r) Miguel Krassnoff, el coronel (r) Marcelo Moren Brito, y los ex agentes Osvaldo Romo, Basclay Zapata, Gerardo Godoy, Fernando Laureani y Francisco Ferrer Lima

Ex agentes procesados a honorarios del Ejército

El 30 de agosto de 2009,[13]​ el diario La Nación denunció que ex agentes, algunos procesados, reciben sueldo del Ejército. Entre ellos, hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo. [nota 3]​ También un ex fiscal militar[14]​que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria, un médico del Ejército que torturó prisioneros y el agente que sacó a Eugenio Berríos de Chile.

Aparece cuenta DINAR

El 18 de octubre de 2013 la Agencia EFE libero la noticia acerca de varios documentos de la DINA liberados que comprometían a los mandos políticos de la Dictadura Militar de Augusto Pinochet con la DINA .[15]​ La cuenta de "DINAR" tenía el número 13280724 y pertenecía al Banco de Crédito e Inversiones, que en esa época tenía otros propietarios, de "Plaza Baquedano-Alameda y Vicuña Mackenna-Santiago", a corta distancia del cuartel general de la DINA. Contreras giró contra esa cuenta el año 1975 la suma de 1.598.496.520 escudos cuando el "sueldo vital" (mínimo) en Chile era de 27 mil escudos.[15]​ Ese mismo año el escudo fue reemplazado por el peso, con una equivalencia de mil escudos por peso y un tipo de cambio oficial de 39 pesos por dólar. Los giros incluyen doce cheques cobrados desde esa cuenta por "Junta de Gobierno", por un total de 165.630.800 escudos.[15]

La relación de los pagos implica a muchas de las instancias del gobierno de la época y a algunos medios de prensa. [15]​ Hasta ahora se sabía de la actividad represiva de esta entidad pero estas cuentas relatan una relación más profunda. [15]​Destacan los pagos de altas sumas de dinero a distintos regimientos y otras reparticiones del Ejército, incluidas la comandancia en jefe y la Fábrica de Armas y Materiales del Ejército (Famae) y al Banco Central.[15]

Las elevadas sumas de dinero giradas desde esa cuenta bancaria a diversos organismos del Estado demuestran que el plan de exterminio de opositores que existió en Chile "fue una acción de carácter institucional del Estado chileno"..."Esto configura un plano de complicidad generalizado que permitió que ocurriera en Chile lo que ocurrió", dijo la dirigente, a cuyo juicio, si esos medios de prensa que aparecen en los documentos "recibieron pagos de la DINA, no iban a informar los crímenes que se estaban cometiendo"..."Con esto, ahora sabemos que el brazo de la DINA fue mucho más largo de lo que creímos y que la represión fue una acción de carácter institucional del Estado chileno"
Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)[15]

Véase también

Notas y referencias

Notas

  1. Fundación oficial mediante el Decreto Ley 521.
  2. Informe Hinchey incluye otros antecedentes: 1.la CIA tenía como agente permanente a sueldo al director de la DINA, Manuel Contreras, y de hecho le efectuó un pago en 1975.2.el general Sergio Arellano Stark ordenó la ejecución de 21 presos políticos en octubre de 1973, en el recorrido criminal de la Caravana de la Muerte.
  3. El coronel (r) Sergio Castillo González recibe actualmente $1.205.298 mensuales del Ejército por "asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de la carrera profesional". Es parte de los ingresos que recauda este integrante del equipo de oficiales instructores que entre noviembre y diciembre de 1973 conformó el primer contingente de agentes de la naciente DINA en Rocas de Santo Domingo. El ex agente Nibaldo Jiménez Castañeda, parte de ese primer contingente, recordó en el proceso por los desaparecidos de la Operación Colombo que en enero de 1974 "llegamos al cuartel de Londres 38 con un grupo de 20 agentes al mando del capitán Sergio Castillo González". Otro exagente, Fernando Guerra Guajardo, declaró que "en septiembre de 1974 fuimos destinados al cuartel de calle Irán con Los Plátanos (Ñuñoa, conocido como Venda Sexy) y en marzo-abril de 1975 al de José Domingo Cañas (Ñuñoa), al que se trasladaron los grupos Ciervo y Leopardo de la Brigada Purén". Castillo González comandó justamente el grupo Leopardo. "Dentro de la Brigada Purén estuvo el Grupo Leopardo a cargo del entonces capitán Castillo", reconoció el exagente Guido Jara Brevis. Castillo operó codo a codo con el temido Marcelo Moren Brito, conocido como "El Ronco", en Londres 38. Allí, según relató Nibaldo Jiménez, quien trabajó en Leopardo bajo el mando de Sergio Castillo, "una de nuestras misiones fue trasladar detenidos al regimiento de Tejas Verdes". En esos "traslados" desaparecieron decenas de detenidos. Sus cuerpos fueron lanzados al mar. En diciembre de 2005, ante el juez Juan Fuentes Belmar, el coronel (r) Castillo González admitió su calidad de agente DINA. El exjefe de Leopardo fue procesado en mayo de 2008 por el juez Víctor Montiglio como uno de los autores de los secuestros y desapariciones de las víctimas de la Operación Colombo (caso de los 119): Jaime Buzio Lorca (PC), Rodolfo Espejo Gómez (PS), y Albano Fioraso Chau (MIR), todos desaparecidos desde el cuartel de Londres 38 en 1974.

Referencias

  1. «Amnesty International, Torture in the Eighties, Amnesty International Publications 1984». Consultado el 7 de enero de 2013. 
  2. Radio Biobío (13 de abril de 2012). «Difunden lista completa con 1500 ex agentes de la DINA que incluye a alcalde Cristián Labbé». Consultado el 14 de abril de 2012. 
  3. a b c d e Texto completo del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordena el desafuero del Gral Pinochet
  4. Contreras cuenta sus relaciones con la CIA y con el mundo que lo rodea en Punta Peuco Lilian Olivares La Segunda, 29 de septiembre de 2000
  5. a b La Jornada de México - 6 de diciembre de 2004
  6. Operación Cóndor; Pacto Criminal, libro de la periodista y escritora Stella Calloni
  7. Reportes de la Inteligencia chilena
  8. Miguel Tapia. A 70 años de su nacimiento, el Padre Antonio Llidó tendrá un monumento en Quillota. Zona Impacto, 25 de abril de 2006.
  9. Jorge Escalante. Condena por sacerdote español, diario La Nación de Chile, Martes 23 de septiembre de 2008, edición digital.
  10. Suprema rebajó condenas a cúpula de la DINA por caso Llidó, diario La Nación de Chile, Martes 31 de agosto de 2010, edición digital.
  11. Viernes 7 de junio de 2002 El Mostrador Jueza exclusiva procesó a Maximiliano Ferrer Lima
  12. 21 de junio de 2005 La Nacion Procesan por torturas a plana mayor de la DINA
  13. La DINA a honorarios
  14. Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, recibe honorarios por $677.222 mensuales del Ejército como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar". El profesor Cea presentó un particular currículum en la casa de estudios vinculada al grupo Penta, compuesto por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
  15. a b c d e f g «La DINA además de asesinar a opositores de Pinochet financió actividades de la Junta Militar y pagó a medios de prensa». Cambio 21. 18 de octubre de 2013. Consultado el 18 de octubre de 2013. 

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