Caso Santiago Maldonado

Acto por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

La desaparición de Santiago Maldonado se refiere al caso de la desaparición de un hippie o hippy o jipi o japi el 1 de agosto de 2017, investigados en las causas 8232/2017 y 8233/2017 de la justicia federal argentina, víctima de una presunta desaparición forzada en el marco de una protesta que incluyó cortes de ruta, realizada por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen,​ ubicado en la provincia argentina del Chubut. La represión fue llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, una fuerza de seguridad que opera en el ámbito del Ministerio de Seguridad del Poder Ejecutivo.​​​​ El presidente de la Nación Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros altos funcionarios del gobierno nacional fueron denunciados por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre "por la figura penal típica de desaparición forzada de personas en concurso con encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad", según dice textualmente el objeto de la denuncia.​​

La desaparición de Santiago Maldonado motivó una resolución del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para que el Estado argentino adopte “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización" y una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.​

Santiago Maldonado permanece desaparecido desde hace 2523 días.

Antecedentes

Pu Lof en Resistencia, ocupando tierras reclamadas como ancestrales, compradas por el Grupo Benetton.

Desde la conquista europea, los pueblos indígenas han considerado ilegítima la ocupación de sus tierras ancestrales. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, el Estado argentino no reconoció la personería jurídica de los pueblos indígenas, ni derechos sobre esas tierras.​ Tampoco eran censados como tales, con excepción del Censo Indígena ordenado en 1965 por el presidente Arturo Illia. Entre 1989 y 1992 se fortalecen en toda América Latina diversos movimientos de reivindicación indígena, teniendo como hito la denuncia del Quinto centenario del viaje de Colon y contraponiendo a la celebración, los Quinientos años de resistencia indígena.​ En 1994 el Estado argentino modificó considerablemente su postura y reconoció por primera vez los derechos indígenas al reformar la Constitución Nacional en 1994 (art. 75, inciso 17), entre ellos "la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan", prohibiendo su enajenación:

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones” (artículo 75, inciso 17)

El marco normativo de los derechos indígenas se completó con la ratificación del Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la ley 24.071 (2000), la inclusión en el Censo Nacional a partir de 2004, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y el nuevo Código Civil y Comercial (2015), regulando la propiedad indígena de la tierra.​ A partir de entonces las comunidades indígenas que habitan en la Argentina, comenzaron a organizarse para hacer efectivos sus nuevos derechos constitucionales.​

El conflicto desatado alrededor de las tierras ancestrales indígenas, está estrechamente vinculado a los intereses económicos relacionados con la megaminería (especialmente en la zona cordillerana) y la explotación de los yacimientos petrolíferos. En 2006 se sancionó la Ley de Emergencia Territorial Indígena Nº 26.160, que suspendió los desalojos de tierras indígenas con el fin de realizar el relevamiento catastral de las tierras ancestrales, paso previo para formalizar los títulos de propiedad comunitaria.​

El conflicto se agudizó en 2017 debido a la perspectiva de vencimiento del plazo de suspensión de los desalojos el 23 de noviembre de 2017,​ pese a que solo se había completado el relevamiento catastral en un 30% (459 de las 1532 comunidades indígenas identificadas).​ Entre las provincias que no habían finalizado el relevamiento, se encuentran las provincias de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.​ Organizaciones indígenas, de derechos humanos y partidos políticos habían reclamado la prórroga de la ley, para evitar que el conflicto territorial ingrese en una situación de descontrol.​ Presionado por la demora en completar el relevamiento de los territorios indígenas, el Congreso comenzó en septiembre de 2017 a tratar una nueva prórroga de la Ley 26.094, esta vez hasta junio de 2020.​

El pueblo mapuche

La Conquista del Desierto, cuadro de Juan Manuel Blanes.

El pueblo mapuche enfrentó históricamente los intentos de conquista de las tierras en que habitaba por parte del Imperio Español primero, y de Argentina y Chile, a partir de su independencia a comienzos del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, ambos países llevaron adelante sendas guerras contra el pueblo mapuche, mediante las que ocuparon las tierras hasta entonces controladas por los mapuches. Estas guerras son conocidas como la Conquista del Desierto en Argentina, y la Pacificación de la Araucania en Chile.

Las comunidades mapuches contemporáneas han reivindicado la propiedad ancestral sobre distintos territorios que históricamente pertenecieron a sus antepasados, tanto en la Argentina como en la vecina Chile.

En Argentina, sus mayores éxitos se alcanzaron en la provincia del Neuquén, donde les fueron reconocidos numerosos territorios ("reservas"), la mayoría de ellos en el área del Camino de los Siete Lagos.​​

En las vecinas provincias de Río Negro y Chubut, en cambio, el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras ha sido menor, dando lugar a una serie de conflictos de baja intensidad, orientados a que los estados nacional y provincial reconozcan sus derechos territoriales constitucionales, especialmente sobre áreas ocupadas por parques nacionales y grandes latifundios.

Benetton y la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen

Mapa del área en que existen comunidades mapuches en la Argentina. Fuente: diario La Nación en base a datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, 2017.

En amarillo el área en que se ubica la comunidad Pu-Lof en Resistencia de Cushamen en la estancia Leleke, de propiedad (disputada) del Grupo Benetton.

En Chubut, gran parte de los reclamos mapuches se orientaron contra las propiedades rurales del Grupo Benetton.​ Benetton es propietaria de algo más de 900.000 hectáreas en todo el país, un tercio de las cuales están ubicadas en Chubut,​​ y opera en la región bajo el nombre de “Compañía de Tierras Sud Argentina SA” (CTSA) con centro en la estancia “Leleque” (180.000 ha), ubicada en el Departamento Cushamen, en el noroeste de la provincia.​ Allí se desarrollaron los hechos que llevaron a la desaparición de Santiago Maldonado.

El Grupo Benetton se instaló en la región a comienzos de la década de 1990. En 2006 la empresa reconoció parcialmente los derechos constitucionales del pueblo mapuche sobre sus tierras y ofreció entregar a la provincia de Chubut 7500 hectáreas en la zona de Esquel, a fin de que las mismas fueran entregadas bajo el régimen de territorios ancestrales a las diversas comunidades. El gobierno provincial ordenó realizar estudios técnicos sobre la propuesta, que concluyeron que se trataba de tierras improductivas, inadecuadas para atender el reclamo mapuche.​

El 13 de marzo de 2015 una comunidad mapuche, perteneciente al Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu (MAP), instaló un lof (comunidad) llamado Pu Lof en Resistencia dentro de la estancia Leleque, en el predio ubicado en el paraje Vuelta del Río, sobre la Ruta Nacional 40 y a la vera del curso superior del río Chubut, entre Cholila y Esquel.​​​

Nora Morales de Cortiñas, cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo expresando el apoyo de las Madres al reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

En 2016 el dirigente indígena Facundo Jones Huala se integró a la comunidad mapuche instalada en Cushamen. Huala había sido objeto de la atención de la prensa nacional en 2013, al ser detenido en Chile, acusado de violación a la ley de control de armas e ingreso ilegal al país.​​ El 27 de mayo de 2016 Huala fue detenido en el lof de Cushamen, como consecuencia de un pedido de extradición a Chile para ser juzgado por los hechos de 2013 y una orden de detención librada por la justicia argentina, por su presunta participación en la quema de un refugio cercano a la ciudad de Bariloche,​ siendo liberado tres meses después.​

A fines de junio de 2016 efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), la Guardia de Infantería de la Policía de provincial y la Unidad de Abigeato irrumpieron violentamente en los terrenos ocupados por la comunidad Pu Lof en Resistencia, presuntamente en busca de ganado perteneciente a Benetton.​ Luego del procedimiento, que dejó varios heridos entre los miembros de la cominudad y siete detenidos, se recuperaron 242 cartuchos correspondientes a la variedad conocida como "anti motines".​

En septiembre de 2016 miembros del lof bloquearon el paso del tren turístico conocido como La Trochita,​ y desde entonces se repitieron los cortes de rutas, especialmente sobre la vieja ruta nacional 40 (RN1S40). La respuesta del gobierno nacional fue enviar sucesivos grupos de agentes de la Gendarmería Nacional, que se apostaron repetidamente en las cercanías del acampe mapuche.​

En diciembre de 2016 la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia rechazó un habeas corpus preventivo, presentado por el grupo mapuche, ante la posibilidad de que se realizara un operativo represivo en su contra por parte de la Gendarmería Nacional.​

Un mes después, los días 10 y 11 de enero de 2017, la comunidad de Cushamen sufrió un violento ataque realizado por fuerzas de Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia del Chubut. Las fuerzas de seguridad dispararon contra los indígenas presentes, entre los que se encontraban mujeres y niños, destruyeron sus viviendas y detuvieron a varios de sus integrantes.​

La represión generó un escándalo de alcance nacional y los miembros del lof denunciaron que el gobierno provincial los calificaba de «terroristas» y «peligrosos», y que el desalojo -prohibido por la Ley 26.160- había sido informalmente pedido por el Grupo Benetton.​ El gobernador Mario Das Neves rechazó esas imputaciones y culpó de la represión al juez federal de Esquel, Guido Otranto.​ Desde entonces, el control de las actividades de la comunidad quedó exclusivamente en manos de la Gendarmería Nacional, mientras que la Policía provincial se mantuvo al margen.

El 28 de junio de 2017 volvió a ser detenido Facundo Jones Huala, generando una sucesión de protestas y marchas en reclamo de su libertad.​ El 31 de julio de 2017 organizaciones mapuche y de derechos humanos realizaron un corte de calle frente al Juzgado Federal de Bariloche para pedir la liberación de Facundo Jones Huala. Los manifestantes fueron reprimidos por Gendarmería Nacional, que detuvo a varias personas.​ El mismo día el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, pidió la destitución del juez Guido Otranto, por haber liberado a Jones Huala en agosto de año anterior, apoyado por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación Pablo Noceti.​

En la madrugada del día siguiente se produciría el allanamiento de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y la desaparición de Santiago Maldonado.

Hechos denunciados

Conferencia de prensa denunciando la desaparición forzada de Santiago Maldonado, realizada por la Comisión Provincial de la Memoria de Chubut, Germán Maldonado (centro), hermano de Santiago, y otras organizaciones de derechos humanos, el 4 de agosto de 2017.

El 1 de agosto de 2017, cerca del mediodía, la Gendarmería Nacional irrumpió por la fuerza en la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, sin que mediase orden judicial. Las fuerzas de seguridad rompieron la tranquera con un camión hidrante, e ingresaron al predio una cantidad indeterminada de gendarmes armados. Los agentes procedieron a reprimir a los habitantes con disparos de balas de goma y perdigones de plomo según los denunciantes, quemando elementos pertenecientes a la comunidad. Algunos de los que se encontraban en el campamento huyeron hacia río Chubut -ubicado a 350 metros de la tranquera de entrada- y hacia un bosque cercano al campamento.​​​​

Los denunciantes señalaron que allí se encontraba el joven Santiago Maldonado, un mochilero procedente de la localidad bonaerense de 25 de Mayo, quien ante la represión, huyó hacia la vegetación y se escondió antes de llegar al río Chubut, por no saber nadar. Testigos grabados por la Fiscalía en la zona de los hechos, relataron que «entre los tiros y las agresiones, un segundo más tarde lo pierden de vista y escuchan que un gendarme da la voz de ‘Tenemos uno’ y luego acercan una camioneta de la Gendarmería, abren las puertas traseras y entre varios efectivos rodean las puertas para que no se pueda ver». La denuncia sostiene que Maldonado fue apresado y subido a un vehículo perteneciente a las fuerzas de seguridad.​​

Ese mismo día, el periodista de Esquel Ricardo Alejandro Bustos publicó la noticia de que Maldonado había sido detenido por Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen y lo puso a disposición del Poder Judicial.​

La víctima

Santiago Andrés Maldonado es un artesano y tatuador nacido el 25 de julio de 1989​ en la ciudad de Veinticinco de Mayo, provincia de Buenos Aires. Unos meses antes de su desaparición se había instalado en El Bolsón, provincia de Río Negro, a unos 70 kilómetros del lof donde se denunció su desaparición. Maldonado apoyó a las comunidades aborígenes en su reclamo por la propiedad de las tierras.​​ La familia del artesano afirmó que el joven "nunca tuvo militancia política. Porque descree de la política. Él tiene compromiso social." y que no es miembro del grupo conocido como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).​ Las personas cercanas a él han calificado sus ideas como anarquistas,​​ indigenistas,​ humanistas y solidarias;​ su hermano Sergio declaró a la prensa que Santiago "se definía como anarquista".​ Maldonado se ha dedicado también a la pintura, siendo autor de varias pinturas murales realizadas en su pueblo natal.​

Espionaje oficial sobre la familia Maldonado

El 13 de octubre de 2017 la abogada Myriam Bregman, patrocinada por Liliana Mazea y Matías Aufieri del CeProDH, denunció penalmente a Gendarmería por espionaje ilegal a la familia Maldonado y organismos de derechos humanos.​ Según la investigación que lleva el juez Gustavo Lleral sobre el caso la Gendarmería Nacional de Argentina realizó tareas de espionaje a la familia de Maldonado, que fueron realizados días después de la desaparición del joven argentino, y se conocieron tras un hallazgo en las pericias que se efectuaron a los teléfonos de miembros de la Gendarmería. Uno de los miembros de las fuerzas de seguridad que estuvo vinculado al espionaje fue el jefe de Escuadrón 35 de El Bolsón, Fabián Méndez, quien fue uno de los precursores de los ataques represivos contra la comunidad mapuche, en la que desapareció Maldonado. A Méndez se le encontró un mensaje en su celular del 7 de agosto que decía “Andrea Antico y Sergio Maldonado van a estar en el Centro Cívico.”, al igual que un informe que detallaba los viajes realizados por Santiago y sus seres más cercanos, a lo que se suma un Whatsapp con movimientos sobre la familia Maldonado en El Bolsón. Un total de siete documentos con información de inteligencia fueron encontrados por la Policía Federal argentina, material que ocupó unas 20 hojas del expediente, en el que se puede corroborar que la Gendarmería espió de manera ilegal a la familia Maldonado.​

Causas judiciales

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Cartuchos encontrados en el lof mapuche luego de la represion.

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Fuerzas y vehículos de Gendarmería Nacional dentro del lof mapuche de Cushamen.

El primer funcionario judicial en tomar intervención fue el defensor oficial de Esquel Jorge Fernando Quintana, quien recibió el aviso de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de que estaba desarrollándose un procedimiento represivo en la comunidad mapuche de Cushamen. El mismo 1 de agosto por la tarde, Quintana se hizo presente en el lof mapuche, donde fue informado de la detención de una persona por agentes de Gendarmería Nacional. Quintana inspeccionó el lugar, recibió testimonios y tomó fotografías de las huellas de vehículos que se encontraban en el lugar en el que los testigos señalaban que se había producido la detención. Al día siguiente, procedió a solicitar un pedido de paradero a la policía provincial y un habeas corpus ante el juez federal de Esquel Guido Otranto.​ Poco después los familiares de Santiago Maldonado se presentaron como parte querellante en la investigación penal.​ La desaparición formó dos causas: 8232/2017 sobre desaparición (luego recaratulada desaparición forzada) y 8233/2017 sobre habeas corpus.​

La acción pública quedó bajo la dirección de la Fiscalía Federal de Esquel, mientras que el defensor oficial designado fue Fernando Machado. La causa judicial quedó a cargo del juez Otranto, quien delegó la investigación en la fiscal federal Silvina Ávila.​

El juez intimó al gobierno nacional a informar si esa fuerza había detenido a Maldonado el 1 de agosto y qué medidas había adoptado para investigar la desaparición. Gendarmería contestó la intimación negando haber detenido a Maldonado y sin informar si había tomado medidas tendientes a investigar la suerte del militante desaparecido.​ La ONG ambientalista Naturaleza de Derechos se hizo presente en el lugar de los hechos y documentó mediante videos y fotografías las huellas físicas de la represión (disparos de armas de fuego, presencia de niños, destrucción de viviendas, huellas de automotores, actuación de Gendarmería Nacional), aportándolas al expediente judicial y las causas internacionales abiertas.​

La causa iniciada como "averiguación de delito" fue recaratulada el 24 de agosto como "desaparición forzada de persona".​​ El delito desaparición forzada está tipificado (detallado legalmente) en Argentina en el artículo 142 ter del Código Penal, del siguiente modo:

Artículo 142 ter: Se impondrá prisión de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.

Durante las primeras semanas luego de conocido el hecho, el gobierno argentino negó toda relación con la detención de Santiago Maldonado, tanto a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich como del propio presidente Mauricio Macri, y sostuvo que no existen indicios que puedan vincular a la Gendarmería Nacional con el hecho.​​​ Luego de las primeras semanas el gobierno continuó negando estar relacionado con una eventual detención ilegal de Maldonado. Desde un inicio la investigación incluyó la hipótesis de la vinculación de miembros de Gendarmería Nacional y las pesquisas se direccionaron en ese sentido.​​

Declaración de Matías Santana

El 5 de septiembre de 2017 declaró como testigo Matías Santana, miembro de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y una de las personas que fueron perseguidas por Gendarmería Nacional dentro del predio mapuche. Santana afirmó que logró escapar de la Gendarmería cruzando el río Chubut y que desde el otro lado vio como Santiago Maldonado era golpeado por efectivos de la Gendarmería, quienes luego lo introducen en un vehículo. Santana ya había declarado fuera de la causa, sin revelar su identidad, ante funcionarios de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que grabaron su declaración y la presentaron de inmediato al juez de la causa.​ El testimonio textual de Santana ante el juez fue el siguiente:

Habían tres efectivos de Gendarmería que estaban golpeando un bulto negro con una campera celeste. Esa campera es la que yo le presto a Santiago esa mañana cuando decidimos cambiarnos la ropa... Con unos binoculares logró observar que sale un Unimog desde la comunidad hacia la ruta 40. Estaciona una camioneta blanca perteneciente a Gendarmería. Hacen una pantalla, descienden el mismo bulto que yo vi que estaban golpeando, lo introducen en la camioneta y sale rumbo a Esquel.​

Otros testigos miembros del lof mapuche, también declararon ante el juez que Santiago Maldonado se encontraba en el mismo al iniciarse la represión y que la Gendarmería Nacional había realizado rastrillajes dentro del predio.​

Declaración interna del gendarme Robledo

El 12 de septiembre de 2017 el Ministerio de Seguridad incorporó al expediente tres testimonios de gendarmes realizados en el sumario interno dispuesto por el propio ministerio. Los informes han sido calificados por el gobierno y la prensa como "importantes" y "claves" para resolver el caso.​

Ese mismo día el gobierno hizo trascender informalmente que un gendarme confesó haber golpeado con una piedra a una de las personas que se encontraban dentro de la comunidad mapuche allanada el 1 de agosto. Según los medios de comunicación que dieron a conocer el trascendido, el gendarme habría sido Neri Armando Robledo y la declaración se habría realizado el día 11 de septiembre, en el ámbito interno de la Gendarmería Nacional. Robledo no había sido mencionado en los informes anteriores realizados por el Ministerio de Seguridad, entre los siete gendarmes que se encontraban en las cercanías del río Chubut.​ ​

El diario Clarín tuvo acceso al testimonio completo del gendarme Robledo y publicó el mismo. Robledo declaró que la piedra que arrojó era "un tanto pequeña", que se la arrojó a una persona que estaba cruzando el río Chubut a nado, impactándolo en la espalda. Siempre según el testimonio de Robledo, la persona golpeada terminó de cruzar el río y lo insultó desde el otro lado. Aclaró también que en ese momento el hombre al que golpeó no se encontraba encapuchado, porque había perdido la capucha en el río, pero que no se acordaba de ninguna característica física del mismo, salvo que era una "persona robusta, de unos dos metros de alto", que vestía "pantalón largo". Robledo contó también que luego del operativo le informó a sus camaradas que le había arrojado piedras a las personas que estaban cortando la ruta y que en todo momento estuvo acompañado por el sargento Carlos Pelozo, quién presenció todo el hecho y fue quien le hizo saber que el piedrazo había impactado sobre la espalda del hombre que estaba cruzando el río.​

El testimonio del gendarme Robledo se contradijo con la declaración del jefe de Gendarmería de El Bolsón, quien el día anterior había asegurado que "nunca hubo contacto con los manifestantes" ​

Al ser citado a declarar ante el juez de la causa al día siguiente (13 de septiembre de 2017), el sargento Carlos Pelozo negó haber visto que Robledo hubiera arrojado una piedra a alguna persona, según informó a la prensa Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales Legislativos, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Otros tres gendarmes declararon también como testigos ante el juez ese mismo día, afirmando que no habían visto a Robledo arrojando piedras, ni se habían enterado que lo hubiera hecho.​​

Testimonios de gendarmes que actuaron

El 14 de septiembre declararon como testigos ante el juez, cuatro gendarmes pertenecientes al Escuadrón 36, que actuaron en el operativo del 1 de agosto, durante el que presuntamente desapareció Santiago Maldonado. Los gendarmes informaron que diez minutos antes de que se iniciara el operativo, se retiró del lugar el jefe del escuadrón, comandante Fabián Méndez, quedando el operativo a cargo del segundo en el mando, comandante Pablo Escola. Los testigos declararon que tres integrantes del grupo de mapuches que perseguían lograron cruzar el río y que recibieron la orden de "buscar manifestantes" en la vera del río Chubut, permaneciendo en el lof hasta las 18 horas.​

Entrevista al juez del diario La Nación

El 17 de septiembre de 2017 el diario La Nación publicó una entrevista exclusiva al juez de la causa Guido Otranto, a través de la cual anunció cuales eran sus convicciones sobre la desaparición de Santiago Maldonado. En la entrevista el juez Otranto anunció:

• que consideraba probada la presencia de Santiago Maldonado en el lof mapuche al comenzar la represión realizada por la Gendarmería Nacional;
• que el momento crucial de los hechos fue cuando los gendarmes llegaron al río;
• que la hipótesis más razonable era que Santiago Maldonado se haya ahogado en el río Chubut;
• que no había elementos que permitan pensar que fue capturado por la Gendarmería Nacional;
• que no había elementos que permitan sostener que pudo haber sido herido de gravedad por un disparo a corta distancia o una piedra;
• que no creía que la desaparición del joven se haya producido por un exceso de algún miembro de la Gendarmería;
• que no había contradicciones de importancia en las declaraciones de los gendarmes que actuaron en la represión y que es muy poco probable que se hubieran puesto de acuerdo en el relato de los hechos;
• que había "inconsistencias que le restan credibilidad" a la declaración de Matías Santana, que dijo haber visto la detención de Santiago Maldonado;
• que la opinión pública no llegaba "a comprender en su total dimensión cuál es el problema que estamos teniendo con esta comunidad (la mapuche): es extremadamente violenta".​

Remoción del juez

El 14 de septiembre de 2017 los familiares de Santiago Maldonado recusaron al juez Guido Otranto, acusándolo de parcialidad a favor del gobierno nacional, lentitud y falta de seriedad.​ Cinco días después el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también recusó al juez Otranto por prejuzgamiento, debido a la entrevista concedida en exclusividad al diario La Nación, en la que sostuvo que él pensaba que Santiago Maldonado se había ahogado.​

El 22 de septiembre de 2017 la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia aceptó las recusaciones del juez Otranto, removiéndolo y nombrando en su lugar a Gustavo Lleral, titular del juzgado federal de Rawson, para que se haga cargo de las dos causas en las que se investiga la desaparición de Santiago Maldonado, encomendándole además que se dedique a las mismas con exclusividad.​

Denuncia Liga Argentina por los Derechos del Hombre por desaparición forzada, encubrimiento y otros delitos contra funcionarios

El 29 de agosto la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, representada por Graciela Rosenblum y José Schulman, con el patrocinio jurídico de los letrados Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis del Instituto Sampay en representación del colectivo de abogados que asesoró a la Liga en la presentación de la denuncia,​ denunció como presuntos autores de los delitos de “desaparición forzada de personas”, “encubrimiento”, “violación de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”, en el caso de la desaparición dee Santiago Maldonado, al presidente de la Nación, Mauricio Macri, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la cúpula de la Gendarmería y otros altos cargos.​

La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado Federal Nº 6, a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Federico Delgado.​ El 11 de septiembre el juez Canicoba Corral se inhibió en favor del juez federal de Esquel, a cuya jurisdicción corresponderían los hechos denunciados, por estimar que no debía deslindarse la denuncia por encubrimiento de la causa principal por la desaparición forzada y que el presunto delito debía ser investigado en el mismo lugar en que se cometió.​ Esta decisión fue apelada por el fiscal Delgado ante la Cámara Federal pues, sostenía:

Una pregunta es qué pasó con Santiago Maldonado; otra pregunta es qué hizo y qué dejó de hacer el estado en ejercicio de sus responsabilidades propias. El 'encubrimiento' en esta instancia preliminar del proceso no es una calificación definitiva de los hechos (que en rigor se desconocen) es un significante, una pregunta: qué hicieron o dejaron de hacer las autoridades respecto a la desaparición de Santiago Maldonado, para luego examinar si esas acciones y/u omisiones podrían constituir algún delito.​

Según el fiscal de primera instancia, «ni la desaparición forzada es un hecho ni el encubrimiento es un hecho, son preguntas», que deberían analizarse por separado.​ Tras la recusación y apartamiento del caso del juez federal de Esquel, la postura del fiscal Delgado fueron avaladas por el fiscal Germán Moldes ante la Cámara Federal, que resolverá el 10 de octubre.​

Causas internacionales

Manifestación en Colonia de Sacramento, Uruguay, reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Ante las Naciones Unidas

El gobierno argentino presidido por Mauricio Macri fue demandado ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, para que tome medidas para encontrar a Santiago Maldonado.​ El 7 de agosto el Comité expresó su "preocupación por la integridad física y psicológica del joven" y requirió al Estado argentino que adopte “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización", tomando "todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo, tomando en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof presentes durante la acción represiva”. El organismo de las Naciones Unidas exigió también que “la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición” y que el gobierno argentino resguarde las pruebas que permitan identificar a los responsables.​ El mismo día, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa para quienes "sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero". ​​​

Dos meses después de su primer requerimiento, el Comité contra la Desaparición Forzada envió una comunicación al gobierno argentino reclamando "esclarecer de forma prioritaria" la participación de Gendarmería Nacional en los hechos y expresando que "El Comité sigue altamente preocupado porque la suerte y el paradero del señor Santiago Maldonado aún no han sido esclarecidos y la información disponible refleja falta de avances en las investigaciones".​

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El 7 de agosto de 2017 varias organizaciones iniciaron una causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) a fin de que dicte una medida cautelar en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado. Los denunciantes fueron la Red de Derechos Humanos, Zona Norte, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, la Sección Formación Federación Nacional Docentes, Investigadores y Creadores Universal, M.A.R. 29 de mayo FUBA, Desvío La Raíz, la “Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, el Espacio de Lucha Territorial Río Bravo, Naturaleza de Derechos, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, la Unidad Popular Florencio Vareta Provincia de Buenos Aires, la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes Avellaneda, la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral, la Cátedra Soberanía Alimentaria, Nutrición Universidad de Buenos Aires, la organización Las Floras Libertarias, la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios y el Sindicato de Docentes de la Provincia de Buenos Aires.​

El Estado argentino realizó dos descargos los días 14 y 15 de agosto. El gobierno argentino sostuvo:

• que la CIDH no era competente para intervenir en el conflicto, debido a que ya se había iniciado un trámite similar ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y;
• que las medidas institucionales y judiciales adoptadas permiten verificar una rápida y adecuada respuesta estatal a la desaparición de Maldonado;
• que no correspondía dictar ninguna medida cautelar en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado.​

En esa oportunidad el Estado argentino aportó información detallada sobre la causa, cuyo contenido no fue informado por la CIDH debido a su naturaleza confidencial. El 29 de agosto el diario Clarín publicó parte del informe confidencial presentado por el gobierno nacional a la CIDH, realizado el día anterior por la fiscal federal de Esquel Silvina Ávila, dirigido al Ministerio de Justicia de la Nación. Clarín informa erróneamente que se trataba de la respuesta del gobierno del presidente Macri a las Naciones Unidas, cuando en realidad se trata de un informe de la fiscal, en el marco de la intimación a la Argentina realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Clarín afirma también que la fiscal "revela que no existen elementos para considerar a Gendarmería Nacional como responsable de la desaparición de Santiago Maldonado", aunque en ningún momento la fiscal asegura eso, ni se pronuncia sobre la responsabilidad de ninguna persona, ni institución. Expresamente la fiscal relata que muchas medidas de prueba aún se encuentran en trámite y otras "por lógica investigativa no pueden ser informadas". La fiscal relata también en el informe que el día 5 de agosto se allanó el lof con perros. En esa oportunidad, siempre según el informe, los perros encargados de oler una eventual presencia de Maldonado en el lof, "no regresaban hacia el sector donde estuvieron los móviles de la fuerza denunciada sino que regresaban indeclinablemente hacia el río". Continúa el informe relatando que el técnico guía de canes intentó pasar los perros al otro lado del río Chubut, pero que la comunidad mapuche se opuso por tratarse de un lugar sagrado, razón por la cual la comisión judicial respetó la pauta cultural invocada, en cumplimiento de la manda internacional prescripta en el Convenio OIT Nº 169. Por esa razón no se pudo "confirmar o descartar que efectivamente Santiago haya cruzado ese cuerpo de agua". Con respecto a la ropa utilizada para seguir el rastro de Maldonado, el informe explica que los investigadores estaban anoticiados de que podrían tener olores de al menos otra persona, pero que "ante la posibilidad de tener allí en el lugar de los hechos dos prendas, aún contaminadas, pero que podrían tener un rastro de olor del desaparecido se decidió utilizarlas". Con respecto a los testimonios, la fiscal informa que los mismos no pudieron ser judicializados, debido al "supuesto temor a ser incriminados u hostigados por las autoridades judiciales.​​

Ávila se refirió también en su informe a las demoras en que incurrió la pesquisa:

No puedo soslayar que el factor tiempo ha sido una variable que ha atravesado todas la pesquisa y los esfuerzos no han generado las respuestas inmediatas que necesita el Señor Maldonado en pos de asegurar su integridad física, determinar su paradero y/o dar una expedita respuesta a su familia.​

El 23 de agosto la CIDH dictó la medida cautelar solicitada por los peticionantes en los siguientes términos:

24. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el presente asunto reúne

prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su

Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al Estado de Argentina que: a) adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero del señor Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; y b) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.
25. La Comisión solicita al Gobierno de Argentina que informe, dentro del plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualice dicha información en forma periódica.​

El 2 de septiembre venció el plazo para que el gobierno argentino presente el informe ordenado por la CIDH sobre el cumplimiento de las medidas cautelares.

Reacciones

Las organizaciones de derechos humanos de Argentina condenaron el hecho de manera generalizada. El 2 de septiembre de 2017 el ex magistrado español Baltasar Garzón afirmó que la desaparición de Santiago Maldonado tenía toda la naturaleza de desaparición forzada,​ exigiendo al gobierno nacional la adopción de medidas tendientes a recuperar a Maldonado con vida, atrapar a los culpables y apartar a la Gendarmería Nacional de la investigación de los hechos.​

El hecho también fue denunciado por organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional ("Acción urgente: desaparición forzada de Santiago Maldonado en Comunidad Mapuche"),​ y Human Rights Watch.​ La Iglesia católica organizó, a través del obispo Fernando Maletti, una misa “para suplicar a Dios ante la falta de información” sobre la suerte de Santiago Maldonado.​ Hubo marchas exigiendo su aparición con vida en Buenos Aires, La Plata, Bariloche y Neuquén capital, donde también se exigió la renuncia de Bullrich.​ También se convocaron marchas en Mar del Plata, Bahía Blanca, General Madariaga, Mendoza, Malargüe, El Bolsón, Rawson, Viedma, Gualeguaychú y Rosario,​ y en otras ciudades como Bogotá (Colombia), Asunción (Paraguay), Montevideo (Uruguay),​ Canelones y Fray Bentos (Uruguay).​ En España, varios argentinos marcharon por la plaza de Cataluña para reclamar por Santiago Maldonado.​ La población se movilizó en diversas oportunidades reclamando al gobierno la aparición con vida del joven desaparecido, incluyendo una multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo el 11 de agosto de 2017.​​ El lunes 21 de agosto se realizó la 49° Sesión Ordinaria del PARLASUR, en Montevideo, donde se exigió la aparición con vida de Santiago Maldonado.​​

La prensa nacional tuvo reacciones dispares. Los medios de comunicación más cercanos al gobierno, principalmente el Grupo Clarín (diario Clarín, Canal 13 y TN) y La Nación, difundieron noticias sobre rumores y denuncias de personas que habrían visto a Santiago Maldonado en libertad en diversas áreas del país,​​​ una eventual falsedad de la denuncia realizada por los familiares,​ criticaron la realización de la marcha reclamando su aparición durante la veda electoral,​ e incluso afirmaron que el joven desaparecido podría haber sido asesinado por los propios mapuches que organizaron la protesta apoyada por Maldonado.​ Algunos periódicos opositores cuestionaron la cobertura del hecho por parte de la prensa y los periodistas cercanos al gobierno, atribuyéndola a "maniobras distractivas", con el fin de "desviar la atención",​​ incluso luego de la multitudinaria marcha el diario Clarín omitió la noticia.​ La TV pública en tanto censuró el despliegue de una bandera para pedir "aparición con vida" de Santiago Maldonado, en el Estadio Pedro Bidegain durante un partido de San Lorenzo.​​

Varios medios de prensa internacionales, entre ellos el New York Times,​ el Washington Post,​ la BBC en su edición en español,​ Le Monde,​ El País​ y El Telégrafo​ publicaron información sobre el caso del joven desaparecido. El aérea de Cultura del municipio de Quilmes intentó impedir la realización de dos exposiciones en reclamo por la aparición con vida del joven.​

Una solicitada emitida en 22 de agosto de 2017 mediante la cual se demandaba "la inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado" reunió cientos de adhesiones de diversas personalidades, agrupaciones y entidades de España, Bolivia, México, Chile y Brasil, entre otros países.​

El 1 de septiembre de 2017 miles de personas se expresaron en actos y movilizaciones pidiendo por su aparición con vida. La marcha central se realizó en la Plaza de Mayo y fue convocada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S., el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones.​ En otras ciudades como Mendoza, Mar del Plata, San Luis, San Juan, Neuquén, Salta, Posadas, Jujuy, Santiago del Estero, Villaguay, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia se realizaron actos y movilizaciones con el mismo reclamo.​ En las ciudades de Rosario y Córdoba se realizaron actos con una concurrencia de alrededor de 40000 personas en cada uno de ellos.​​
También hubo protestas en España, Brasil, Francia, Uruguay, Chile, México, Austria y los Estados Unidos, que se convocaron a través de los redes sociales. ​​ En Londres,​ San Pablo, Berlín, Montevideo, Río de Janeiro, Madrid, Barcelona, Sidney, Santiago, Ciudad de México, Viena, Washington y Nueva York, grupos de personas expresaron su solidaridad con los reclamos por la aparición con vida de Santiago Maldonado.​​​ En la provincia de Mendoza, hubo concentraciones en las dos principales ciudades: la capital y San Rafael. También se marcó en buena parte de la provincia de Entre Ríos, con actos en Paraná, Gualeguaychú, Colón y Concordia. En el Noreste, las ciudades de Posadas, Resistencia y Corrientes también salieron a la calle. Hubo marchas En San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero, en la Patagonia tampoco la gente se manifestó en San Martín de los Andes, Viedma, El Bolsón, Bariloche y Río Turbio y Ushuaia, entre otros puntos.​ Internacionalmente, hubo convocatorias en España, Chile, México, Australia y los Estados Unidos.​Austria y Paraguay.​

El 2 de septiembre de 2017, el exmagistrado español Baltasar Garzón afirmó que la desaparición de Santiago Maldonado tenía toda la naturaleza de desaparición forzada.​

El 3 de septiembre de 2017, el presidente de la Pastoral Aborigen de la Conferencia Episcopal Argentina, obispo Ángel José Macín, criticó al gobierno y a ciertos medios de comunicación por los calificativos utilizados para referirse a la comunidad mapuche (“terroristas”, “poco democráticos”, “violentos”, entrenados por “la ETA, las FARC y los kurdos de Turquía”). Monseñor Macín sostuvo que esta forma de referirse a los pueblos indígenas “hace mucho tiempo que no se veía en este país, (y) nos produce perplejidad, asombro, indignación”.​
El mismo día el obispo castrense Santiago Olivera expresó su preocupación finalizando un mensaje "... es importante que todos unamos los sentimientos, que ¿dónde está Santiago Maldonado? sea verdaderamente una respuesta del corazón...".​

El 5 de septiembre, treinta y seis días después de la desaparición de Maldonado, varias organizaciones patronales de importancia, entre las que se encontraban la Sociedad Rural Argentina, la Asociación de Bancos de Argentina, la Asociación Empresaria Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), reclamaron "una pronta solución" a la preocupación por Santiago Maldonado.​​ El 5 de septiembre un vehículo amenazó con atropellar a vecinos que estaban realizando una marcha reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado, frente a uno de los casinos de oficiales de Gendarmería Nacional en el Bolson; días después una radio local fue amenazada con ser incendiada por sus investigaciones sobre el Caso Maldonado.​

El 18 de septiembre Amnistía Internacional inició una campaña uniéndose a los reclamos por la aparición de Santiago Maldonado.​​

El 1 de octubre, dos meses después de su desaparición, una nueva convocatoria reunió a decenas de miles de personas en la Plaza de Mayo y en distintas ciudades argentinas.​ Además de las columnas de varios partidos políticos y asociaciones o agrupaciones sociales, entre los concurrentes hubo un alto predominio de personas que concurrieron de modo individual o en grupos familiares, sin estar adheridas a ninguna agrupación social o política.​ Hubo movilizaciones en las ciudades de Tandil, Villa Gesell, San Antonio de Areco, Saladillo, Olavaria, Necochea, Mar del Plata, Mercedes, Zárate y San Nicolás, en ciudades de Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Mendoza, La Rioja, Misiones, Neuquén y Santa Cruz, entre otras provincias. Valparaíso, Quito, Montreal, Londres, París,​ ​ Ginebra, Berlín, Milán, Pisa, Bari, Turín, Padua, Palermo y Módena.​ En el acto, el Sergio Maldonado expresó en su discurso: "¿Dónde están que no los veo a los políticos que quieren que aparezca mi hermano? ¿Dónde está (Elisa) Carrió, (Mauricio) Macri, (Gabriela) Michetti, (Marcos) Peña, (Patricia) Bullrich, (María Eugenia) Vidal? Ya hace dos meses y nunca los vi apoyando".​También hubo reclamos durante el partido entre Argentina y Ecuador, durante octubre.​

Ese mismo mes la familia de Maldonado apuntó contra trolls del gobierno de Cambiemos por llevar a cabo una campaña de defenestración en las redes contra la familia del joven desaparecido y contra su reclamo de justicia.​Anteriormente diferentes Fuerzas políticas, organizaciones sociales y hasta periodistas y famosos denunciaron sufrir ataques diariamente en las redes por parte del Gobierno y acusaron a Marcos Peña de haber construido un call center en Casa Rosada para llevar a cabo estas amenazas a opositores y críticos.​​La campaña de hostigamiento por medio de trolls se reactivo en ocasión de un recital de U2 en La Plata, donde lo acusaron de estar en la platea preferencial, pese a que no presencio el recital ya que tras recolectar firmas se retiro. Sergio Maldonado fue invitado por la banda, se acercó a la previa del espectáculo para, junto a Amnistía Internacional Argentina, recolectar firmas por el pedido de aparición con vida de su hermano menor, el ataque fue coordinado con el hashtag s #SergioDondeEstáTuHermano, junto con el hasthag #LanataSinFiltro. ​​Al mismo tiempo el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, llamo a denunciar a los docentes que hablen acerca del caso en las escuelas.​a tal punto que en Santa Fe un docente habló de Maldonado en clase y la policía lo fue a buscar a la escuela para intentar arrestarlo​​la Universidad de Rosario denunció que la Gendarmería ingresó durante un acto por Maldonado para interrumpirlo ​sin contar con autorización para ingresar al predio, violando la autonomía universitaria​el ingreso de Gendarmería al predio universitario no contó con el aval ni la autorización de ninguna autoridad judicial ni universitaria, tal como lo exige el artículo 31 de la Ley de Educación Superior 24.52". Por esa razón se presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal.​En Florencio Varela 8 policías bonaerenses irrumpieron en la escuela técnica 4 de Florencio Varela para hostigar a un docente que había estado dando su clase alrededor del caso Santiago Maldonado, los golpes militares y los desaparecidos en democracia.​el docente fue arrinconado por la policía por haber hablado de Santiago Maldonado.​

En la localidad de San Isidro, gobernada por Gustavo Posse de Cambiemos una maestra fue sancionada por mencionar al joven desaparecido en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.​​La senadora nacional del PJ-FpV santafesino María de los Angeles Sacnun reclamó al gobierno que explique las razones por las cuales personal de la Gendarmería ingresó a la sede de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) cuando se desarrollaba una clase pública para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado, en violación a la autonomía universitaria.​En la localidad de Moreno, la Gendarmería Nacional intervino en una escuela pública que reclamaba por el joven desaparecido, los efectivos sacaron fotos y pidieron los datos de los menores.​​El Sindicato Argentino de Televisión denunció que durante la madrugada del 27 de septiembre en el canal Telefé, empleados de seguridad ingresaron en las salas de producción, redacción, oficinas e islas de posproducción, llevándose las fotos impresas con la foto de Santiago Maldonado.​

A comienzo de octubre un grupo de Madres de Plaza de Mayo recorría la Basílica de Luján en el marco de la conmemoración por los 40 años del uso del pañuelo blanco cuando Gendarmería ingreso a la Basílica y se burló de Madres de Plaza de Mayo que reclamaban por Maldonado al grito de "Síganlo buscando"​

Diferentes personalidades del mundo artístico se hicieron eco de los reclamos pidiendo su aparición con vida entre ellos Bono, Manu Chao, Fito Páez, La Renga, Lisandro Aristimuño, Martín Slipak, Pablo Echarri​Dady Brieva, Cecilia Roth, Federica Pais, Alejandra Darín y Nancy Dupláa, ​Diego Maradona​Mercedes Morán, Juan Palomino, Daniel Fanego, Lola Berthet, Teresa Parodi, Víctor Hugo Morales, Roberto Navarro, Cynthia García, Antonela Roccuzzo, Santiago Segura, Ismael Serrano, Marina Bellati, Juana Viale, Dolores Fonzi, Osvaldo Santoro, Jorge Rial,​Jorge Sampaoli​Ricardo Mollo, Verónica Llinás ​el futbolista Nahuel Guzmán​​.

Incidencias

Archivo:Diputados de Podemos piden por Santiago Maldonado.jpg

Diputados de Podemos en las Cortes Generales de España piden por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Errores en el nombre de Santiago Maldonado

El día 5 de agosto de 2017, los medios de comunicación informaron que el periódico La Jornada de Chubut y la casa de esa provincia en Buenos Aires fueron atacadas por personas que supuestamente pertenecían al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). En esa ocasión los atacantes pintaron en las paredes de la Casa de Chubut inscripciones reclamando la aparición de "Sebas, el Lechu".​ La inscripción llamó la atención de algunos observadores, por utilizar el nombre de "Sebas" (Sebastián) para referirse a Santiago Maldonado. La confusión del nombre del joven desaparecido en Cushamen, llamándolo "Sebastián", caracterizó a algunas reparticiones oficiales y medios de comunicación, entre ellos el importante diario Clarín,​​​ debido a que el defensor oficial que interpuso el habeas corpus, no conocía su nombre exacto e interpuso la medida en favor de "Santiago Peloso y/o Sebastián Maldonado".​ El incidente generó en algunos observadores suspicacias sobre los verdaderos autores de los ataques y pintadas en la Casa de Chubut y el diario La Jornada.​

Declaraciones del gobernador de Chubut

El 17 de septiembre de 2017 el gobernador de la provincia del Chubut Mario das Neves realizó declaraciones sobre el caso en el programa Toma y Daca, transmitido por Radio El Mundo. Das Neves cuestionó las declaraciones del juez de la causa Guido Otranto, quien ese mismo día había afirmado que lo más razonable era pensar que Santiago Maldonado se había ahogado en el río Chubut, escapando de la Gendarmería Nacional.​​

El gobernador manifestó su sorpresa por la demora en citar a declarar a los gendarmes y sostuvo que “no hay forma de que tengan sentido aquellas teorías absurdas del ocultamiento y de tantas cosas que se han dicho. Después de todo el tiempo que ha pasado. Si se hubiera ahogado en el río, hubiera habido tiempo de sobra para encontrarlo”.​

Respuestas del gobierno

Una semana después de la desaparición de Santiago fue la primera vez que un funcionario del gobierno de Macri mencionó el tema, luego de que la diputada Victoria Donda haya pedido la interpelación de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.​ La ministra deslindó a la Gendarmería del hecho, afirmó que "no había indicios de que Santiago Maldonado haya estado en el lugar" y criticó a la comunidad Mapuche.​​ Al otro día, luego de haber citada al Congreso Nacional a "dar explicaciones" del caso,​ Bullrich afirmó que "no se puede catalogar como una desaparición forzada de persona" y acusó a la oposición de "querer politizar" el caso.​​

Informe de la ministra Bullrich en el Senado

El 8 de agosto de 2017 la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores de la Nación, citó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para dar explicaciones sobre la desaparición de Santiago Maldonado.​ La ministra no asistió a la citación de la Comisión de Derechos Humanos, pero se hizo presente el 16 de agosto de 2017 en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado, para informar sobre la misma cuestión.​​​

En su informe al Senado Bullrich defendió el accionar de la Gendarmería Nacional, afirmando:

• que no existía ningún indicio contra esa fuerza;
• que los gendarmes que participaron del operativo eran "personas respetadas y queridas en la zona" y que "sería una gran injusticia tirar un gendarme o un policía por la ventana";
• que asumía personalmente la responsabilidad por no suspender preventivamente a ninguno de los gendarmes involucrados, exclamando "¡Me la banco yo!";
• que las camionetas fueron "inmediatamente" secuestradas por la justicia federal, selladas y precintadas, luego de iniciada la causa, y que no se lavaron";​
• que el Unimog de Gendarmería ("en realidad un Eurocargo") no estuvo en la zona y que estaba a varios kilómetros del lugar;
• que la teoría que manejaba el gobierno era que Maldonado había sido acuchillado por el cuidador de la estancia de Benetton (estancia Leleque) donde se encuentra la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
• Sobre la actuación de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Bullrich distinguió la participación estratégica de la participación operativa, y sostuvo que "Noceti pasó por el lugar una vez que ya se estaban haciendo las actuaciones, se bajó del auto, saludó a la Gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad: nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno".​

Declaración del coordinador de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete

El 9 de septiembre de 2017 un alto funcionario del gobierno argentino declaró públicamente que según los datos con los que contaba el gobierno, lo más probable es que un gendarme hubiera herido gravemente a Santiago Maldonado. La declaración fue realizada por Hernán Iglesias Illia, coordinador de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional, durante un reportaje realizado por la radio FM La Patriada, durante el cual dijo textualmente:

Lo que más probablemente haya pasado, o lo peor que podría haber pasado es que algún gendarme suelto lo haya, no sé, le haya pegado a Santiago Maldonado y sin saber que lo estaba hiriendo gravemente. La hipótesis, con los datos que hay hoy, (es) que podría haber ocurrido esa hipótesis, la más grave. Pero eso tampoco (sería) parte de un plan del Gobierno.

Hernán Iglesias Illia​

Iglesias Illia no dio precisiones sobre la suerte que habría tenido Santiago Maldonado luego de ser herido por el gendarme, según su hipótesis, ni dónde habría sido llevado, ni tampoco donde se encontraría al momento de la declaración.

Declaraciones del presidente Mauricio Macri

El presidente de la Nación Mauricio Macri se refirió por primera vez al tema diez días después de la desaparición, para informar que el gabinete trabajaba "a destajo para intentar ver qué es lo que pasó". Cumplido un mes de los hechos, Macri volvió a referirse al tema para informar escuetamente que "estamos trabajando y colaborando con la Justicia todo lo posible", aclarando que "otra cosa no se puede hacer".​​

Hasta el 15 de septiembre el presidente Macri no había recibido a los padres del joven desaparecido, ni manifestó su solidaridad con los mismos, actitud que ha sido criticada.​

Declaración de la diputada Elisa Carrió

El 11 de octubre de 2017, durante un debate entre candidatos en las elecciones legislativas de 2017, la diputada nacional y dirigente de la alianza oficialista Cambiemos opinó que existía un 20% de posibilidades de que Santiago Maldonado estuviera en Chile.​

Pistas falsas

Tanto desde medios de comunicación más cercanos al gobierno, principalmente el Grupo Clarín (diario Clarín, Canal 13 y TN),​ junto a La Nación e Infobae,​​ como desde el propio gobierno de Mauricio Macri,​ se abonaron pistas falsas sobre los hechos y lo que le habría ocurrido a Santiago Maldonado.​

Viaje a Entre Ríos

Luego de ocho días de la desaparición de Santiago, un camionero afirmó que había llevado a un hombre similar a Santiago en la provincia de Entre Ríos que se trasladaba en una bicicleta. Días después, desde distintos medios pertenecientes al Grupo Clarín se dio a conocer un video de una cámara de seguridad donde se veía a un hombre con características similares a Santiago. Las pistas fueron desestimadas porque el hombre que se encontraba en la filmación de seguridad aclaró que no se trataba de Santiago sino de él mismo.​​​

Asalto en Epuyén

Tanto desde el gobierno como desde distintos medios de comunicación se dio a conocer una supuesta hipótesis según la cual Santiago habría tomado parte de un asalto el día 21 de julio a un puestero de Benetton de la localidad chubutense de Epuyén y fue herido por el mismo. La hipótesis fue desestimada por los variados testimonios de distintas personas que daban cuenta de diferentes encuentros con Santiago luego de esa fecha, así como por la comunicación de Santiago a su familia seis días después del asalto. Luego, el propio puestero desmintió esta posibilidad.​​
El 4 de septiembre el Juzgado Federal de Esquel dio a conocer el resultado de los estudios genéticos realizados, con lo cual se descarta la hipótesis de que Santiago Maldonado haya sido la persona herida en el episodio, ya que las muestras de ADN cotejadas, aportadas por la familia de Maldonado, no coinciden con la sangre encontrada en la prenda del puestero.​

Viaje secreto a Chile

Desde varios medios de comunicación cercanos al gobierno, se afirmó que existía la hipótesis de que Santiago habría viajado clandestinamente a Chile.​ Esta hipótesis fue calificada como muy poco probable debido a las condiciones climáticas de la zona en pleno invierno, y las autoridades policiales chilenas realizaron una búsqueda exhaustiva sin resultados.​​

Colaboración con la búsqueda

Desde el gobierno nacional, en palabras de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se afirmó que no hay colaboración con la búsqueda de Santiago, tanto por parte de los habitantes de la comunidad como por parte de la familia. Se presentaron diferentes pruebas de las colaboraciones de todas las personas vinculadas a la víctima.​​

Santiago Maldonado en distintas localidades

Distintos medios de prensa difundieron información sobre la presencia del joven desaparecido en Mendoza,​ Salta​ y en la ciudad chilena de Osorno.​

Militante de las FARC

Funcionarios del Ministerio de Seguridad refirieron en una reunión con diferentes organizaciones de Derechos Humanos que existía la hipótesis de que Santiago Maldonado sea un militante de las FARC que haya realizado acciones en conjunto con la RAM y que ahora se encuentre "en la clandestinidad".​

Asesinado en Chile

El 31 de agosto, un día antes a la marcha multitudinaria, autoconvocada del 1 de septiembre con motivo de vindicación a la aparición con vida de Santiago, aparecieron rumores desde las redes sociales asegurando que Santiago Maldonado había sido hallado muerto en Chile. Los rumores, que se generaron en cuentas anónimas de Twitter, fueron desmentidos rápidamente por periodistas que corroboraron la información. Fue tenazmente desactivado el rumor cuando Interpol desmintió el bulo.​

Paso a la clandestinidad

Tras caer la teoría del puestero, dado que el cotejo de ADN dio negativo con la sangre de Maldonado, medios cercanos al gobierno argentino hicieron trascender la hipótesis luego llamada "El sacrificio" en la que sugieren que Maldonado podría haber decidido pasar a la clandestinidad, con el objetivo de favorecer la posición del lonko mapuche Facundo Jones Huala.​ Según esta teoría, el joven estaba con vida en Cushamen dos semanas después de denunciada su desaparición y había iniciado "una vida clandestina en algún área de las más de 1.000 hectáreas ocupadas por la gente de la comunidad Pu Lof".​ Esta hipótesis se planteó sobre la única base del "extraño comportamiento" de los canes utilizados en la búsqueda.​

Muerte accidental

El 17 de septiembre, más de 45 días después de la desaparición, el juez a cargo de la causa afirmó que "La hipótesis de que [Santiago Maldonado] se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonables" y consideró poco probable que hubiera sido herido "por un disparo a corta distancia o una piedra, por uno o más gendarmes".​
Pocos días después, especialistas en rastrillajes descartaron esta hipótesis.​

Véase también

• Desaparición forzada
• Presidencia de Mauricio Macri
• Desaparición de Daniel Solano

Fuentes

Referencias generales

• «Texto completo del hábeas corpus presentado por Santiago Maldonado». Conclusión. 
• Aparición con vida de Santiago Maldonado. Aportes para el aula. Secretaría de Asuntos Pedagógicos y Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS). 29 de agosto de 2017.
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (22 de agosto de 2017). «Medida cautelar No. 564-17. Santiago Maldonado respecto de Argentina». Organización de Estados Americanos. 

Enlaces externos

• Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Caso Santiago Maldonado.
• «Aparición con vida de Santiago Maldonado». Santiago Maldonado. Sitio Oficial de la Familia Maldonado. 
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (22 de agosto de 2017). «Medida cautelar No. 564-17. Santiago Maldonado respecto de Argentina». Organización de Estados Americanos.