Golpe de Estado en Honduras de 2009

Golpe de estado Honduras 2009
Ubicación de la República de Honduras en América Central.
Fecha	28 de junio de 2009 - Actualidad
Lugar	Honduras
Resultado	Destitución del presidente constitucional Manuel Zelaya y nombramiento de Roberto Micheletti como mandatario interino en Honduras. Según todas las instituciones republicanas hondureñas[cita requerida] se trata de un evento de iure (una orden judicial) y una sucesión presidencial legítima;​​ según los organismos de la comunidad internacional se trata de una situación de facto (un golpe de Estado) por lo que no ha sido reconocido por ningún país. Honduras fue suspendida de la Organización de Estados Americanos, debido a que el presidente interino Roberto Micheletti rechazó el ultimátum que este organismo le concedió para que abandonara la presidencia y se reestableciera el anterior gobierno.

El golpe de Estado en Honduras en 2009 fue la acción realizada el 28 de junio de 2009 que terminó con la sustitución del presidente constitucional Manuel Zelaya y el nombramiento de Roberto Micheletti como mandatario interino en Honduras. Según los organismos de la comunidad internacional se trata de una situación de facto, un golpe de Estado contra el presidente constitucional; por lo que el nuevo gobierno no ha sido reconocido por ningún país ni ninguna entidad internacional. Según todas las instituciones republicanas hondureñas se trata de un evento de iure,​ el cumplimiento de una orden judicial emitida por la Corte Suprema y una sucesión presidencial legítima.​

En la mañana del 28 de junio, fuerzas armadas al mando del teniente coronel Rene Antonio Herpburn Bueso allanaron el domicilio del presidente Manuel Zelaya y lo expulsaron del territorio hondureño.​ La comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas,​ la Organización de Estados Americanos​ y la Unión Europea, se han pronunciado en contra de la ruptura del orden constitucional y han exigido unánimemente la restitución del presidente Manuel Zelaya en sus funciones.​

En los meses previos al 28 de junio, ocurría en Honduras una crisis política entre los poderes de la república de Honduras, en el cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional y la Corte Suprema, sobre la legalidad de una consulta,​ la cual tenía como objetivo saber si los hondureños están de acuerdo en que en los comicios de noviembre se colocase una cuarta urna para votar un referéndum y cambiar la constitución por medio de una Asamblea Constituyente.​ Los opositores a Zelaya afirman que buscaba con esta consulta su reelección, aunque Zelaya lo negó.​​ La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral han calificado la consulta como ilegal, en base a una ley aprobada posteriormente a la realización de la convocatoria (cinco días antes de la celebración de la consulta) expresamente para prohibirla.​ A pesar de esas opiniones, Zelaya mantuvo la consulta para junio y ordenó al Ejército distribuir papeletas de votación, de conformidad con su papel en la realización de elecciones. Después de que el jefe del Ejército, Romeo Vásquez Velásquez, se negase a obedecer esta orden, Zelaya lo destituyó de su cargo, lo que provocó la renuncia de los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea.

En las semanas posteriores al 28 de junio, el Congreso decretó un estado de sitio, suspendiendo garantías de los ciudadanos contenidas en 8 artículos de la constitución,​​ hubo movilizaciones en apoyo de ambos sectores, una de las cuales desembocó en el asesinato de un manifestante opositor al golpe,​​ la OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que el país restaure el gobierno democrático,​ El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y los Estados Unidos anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa del golpe de Estado,​ el BID y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a Honduras​​ y se produjo una retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión Europea de Honduras.​ Hasta el momento ningún país soberano ha reconocido a Micheletti como Presidente de Honduras.​

Antecedentes

Manuel Zelaya (Partido Liberal de Honduras), presidente constitucional depuesto el 28 de junio de 2009

Roberto Micheletti (Partido Liberal de Honduras), presidente desde el 28 de junio de 2009

La crisis política originada a partir de los sucesos del 28 de junio de 2009 tiene su causa inmediata en una consulta, promovida por Zelaya, que se realizaría ese día. El objetivo era promover la instalación de una "cuarta urna" en las elecciones generales de noviembre próximo, en la que, en caso de ser aprobada, los ciudadanos podrían decidir sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente.​ Para respaldar esta votación, presuntamente se recolectaron las firmas de 400 mil hondureños;​ sin embargo, la oposición a la "cuarta urna" aseguró que las firmas fueron recogidas por extranjeros y funcionarios públicos amenazados.​​No obstante, el 23 de junio el Congreso aprobó una ley cuyo fin era evitar la celebración de la votación,​​ por lo cual esta "consulta popular no vinculante" fue posteriormente considerada como ilegal por la casi totalidad de los organismos gubernamentales del país.​

Los opositores alegaron que el Presidente Zelaya planeaba presentarse para un segundo mandato presidencial, algo prohibido en la Constitución de Honduras en el artículo 42, numeral quinto:​

La calidad de ciudadano se pierde... por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del presidente de la República.

Artículo 42, numeral quinto de la Constitución de Honduras.

Además, el artículo 239 de la Constitución establece que quien proponga una reforma de la prohibición de reelección deberá cesar inmediatamente de su cargo.​ Varias organizaciones de la prensa citaron las palabras de Zelaya tras una reunión con sus seguidores el 25 de junio: "[E]l unico que no se reelige en Honduras es el presidente, pero la reelección es tema de la próxima Asamblea Nacional Constituyente."​​​

Aunque Zelaya ha negado que estas fueran sus intenciones, en el pasado dejó entrever que podría ser reelecto si la "voluntad popular" lo deseara.​ Sin embargo, la documentación presentada por la Corte Suprema de Justicia, que incluye el expediente judicial en que se basa la destitución de Zelaya, no menciona los artículos 42 ó 239 de la Constitución, ni las palabras "reelección", "reelegir" o "reelegido".​ Además, es técnicamente imposible que Zelaya lograra volverse a presentar en las próximas elecciones, ya que a día de las elecciones, la Constitución no estaría modificada.

A pesar de la prohibición del Congreso, el Presidente Zelaya continuó adelante con la promoción de la consulta y ordenó que se distribuyesen las tarjetas de votación. Cuando el Jefe del Estado Mayor Conjunto hondureño, el General Romeo Vásquez Velásquez, se negó a acatar esa orden aduciendo una contraorden del Tribunal Supremo de Justicia, Zelaya anunció su destitución en un mensaje televisado a la Nación.​ Poco después, el Ministro de Defensa y los comandantes de las tres ramas de la Fuerzas Armadas hondureñas renunciaron a sus cargos.​

El 25 de junio, la Corte Suprema anuló la destitución del General Vásquez, mientras grupos militares tomaban la capital hondureña.​ Ese día, portavoces de Zelaya anunciaron que el Presidente estaba a punto de nombrar el sustituto de Vásquez.​ Al día siguiente la situación en Honduras parecía más calmada, y los militares abandonaban Tegucigalpa en dirección a sus cuarteles, luego de que el General Vásquez se los ordenase.​ Por su parte, Zelaya declaró en una entrevista que en realidad no había destituído al General, solamente había anunciado su futura destitución.​

Poco después, el Presidente Zelaya irrumpió en una base de la Fuerza Aérea donde se guardaba el material electoral que el General Vásquez se había negado a distribuir, retirándolo del lugar.​ De acuerdo a la Fuerza Aérea hondureña, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, envió este material a Honduras;​ pero Zelaya negó haber recibido financiamiento externo.​

El 26 de junio, la Corte Suprema, a pedido del Ministerio Público, aprueba por unanimidad de votos acusar como autor responsable, al ciudadano Jose Manuel Zelaya, de los delitos de traición a la patria, abuso de autoridad, usurpacion de funciones en perjuicio del Estado de Honduras; por lo cual dicta orden de captura y allanamiento contra el presidente Zelaya. El mismo día el juez Jose Tomas Arita Valle de la Corte Suprema de Justicia ordena al teniente coronel Rene Antonio Herpburn Bueso del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en allanar la vivienda del presidente Zelaya y ponerlo a orden de la justicia de Honduras por delitos en perjuicio del Estado de Honduras ante el requerimiento del Ministerio Publico.​

El 27 de junio, el día anterior a la votación, el Congreso designó una comisión especial para investigar a Zelaya, supuestamente "por desconocer los fallos de las instancias jurisdiccionales y violentar el Estado de Derecho".​ Solamente cuatro diputados izquierdistas se opusieron a la moción de la Asamblea.​ Al enterarse que los principales grupos parlamentarios lo habían acusado de violar la constitución y de estar incapacitado mentalmente, Zelaya respondió:

Ustedes me han declarado la guerra, ahora aténganse a las consecuencias.​

Manuel Zelaya al Congreso.

El Presidente hondureño resaltó el hecho que nunca le realizaron un exámen psiquiátrico, y calificó la medida de arbitraria.​ Además, atacó especialmente al Presidente del Congreso y miembro del partido oficialista, Roberto Micheletti, quien lo había llamado "transtornado":

¿Qué te pasa Roberto?. A mí me eligió el pueblo y no el Congreso. ¿Por qué me vas a inhabilitar, eres un pinche diputado de segunda categoría que saliste en ese puesto porque te di espacio en mi corriente.​

Manuel Zelaya a Roberto Micheletti.

De esta manera, al final del día la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República se habían unido a la opinión del Tribunal Electoral, declarando ilegal la consulta.​ El propio partido de Zelaya, el Partido Liberal de Honduras, manifestó también su oposición a la controversial consulta.​Al fin, el dia 7 de octubre, el decreto ejecutivo que ordenaba el referéndum fue derogado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo pues «declara ilegal e inconstitucional el solo hecho de insinuar el llamado a una Constituyente».​

Acontecimientos

Véase también: Anexo:Cronología de la crisis política en Honduras de 2009

28 de junio

La madrugada del dia 28, fuerzas armadas al mando del teniente coronel Rene Antonio Herpburn Bueso, allanaron la residencia presidencial, para posteriormente detener al presidente Manuel Zelaya.​ Luego, fue trasladado a la base de la Fuerza Aérea al sur de Tegucigalpa para ser llevado finalmente a Costa Rica.​​

En sesión del Congreso Nacional de Honduras se admitió la renuncia del presidente Zelaya por una supuesta carta​ que habría redactado el 25 de junio. Desde Costa Rica el presidente Zelaya desmintió haber presentado tal renuncia​​ e hizo un llamado a la desobediencia civil. Luego, el Congreso resolvió por unanimidad la destitución del presidente Zelaya, por considerar que las acciones de gobierno de éste habían violado la Constitución y el ordenamiento jurídico del país, y designó para sucederlo al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, con el compromiso de que el mismo permanecerá en el cargo hasta la terminación del mandato de Zelaya en enero de 2010.​

La Constitución dicta que ante la ausencia del Presidente del Ejecutivo, el Presidente del Congreso Nacional, asuma las funciones de jefe de Estado de forma provisional.​ Las Fuerzas Armadas hondureñas desplegaron un dispositivo preventivo con varios aviones de combate y con soldados en las calles de Tegucigalpa, donde la policía lanzó gases lacrimógenos contra simpatizantes de Zelaya que se manifestaban en el centro de la ciudad.​ Cortaron la electricidad, telefonía e Internet del país.​​

Micheletti decretó el toque de queda por 48 horas con posibilidad de ampliación,​​ mientras se sucedían las protestas.​​​ Otra de las medidas tomadas fueron la prohibición de trasmisiones de cadenas internacionales dentro de Honduras.​ También fueron detenidos por fuerzas militares varios periodistas, quienes posteriormente fueron puestos en libertad.​ También se denuncia que las tropas secuestraron a los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela y la canciller hondureña Patricia Rodas.​​​

29 de junio

Soldados en Tegucigalpa

Se realizan manifestaciones de miles de personas a favor del gobierno de Micheletti.​ Durante las protestas contra el nuevo gobierno se han producido muertos, decenas de heridos, y varias decenas de detenidos en los alrededores de la Casa Presidencial, ante la que protestaban cientos de personas.​ Dos personas habrían muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes y soldados; Juan Barahona, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, afirmó que los soldados dispararon contra la multitud con fuego real.​ Los medios de comunicación fueron sacados del aire. La organización Reporteros sin Fronteras condenó el "apagón de noticias".

El mismo día, Unificación Democrática, un pequeño partido político hondureño de izquierda radical que fue el único que apoyó al depuesto Manuel Zelaya, denunció que la mayoría parlamentaria no convocaba a sesión a sus legisladores por ser contrarios al nuevo gobierno, según informaba una de sus 5 congresistas a Venezolana de Televisión, añadiendo que estaban siendo perseguidos.​

El ejecutivo encabezado por Roberto Micheletti comenzó a elaborar su gabinete y anunció que emprendería una campaña de reconocimiento internacional,​ y que gobernaría Honduras pese a la oposición y aislamiento internacional.​

30 de junio

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución que pedía el restablecimiento del Presidente Zelaya. Zelaya habló ante la Asamblea General, donde fue aplaudido en varias ocasiones.​

1 de julio

El Congreso hondureño con excepción del Partido de Unificación Democrática, decretó este día, la suspensión de las garantías individuales otorgadas por la constitución de la nación centroamericana.​​

El embajador de Honduras ante Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, único que regresó al país para consultas, afirmó a su llegada que la "remoción" de Manuel Zelaya de la Presidencia "no es un golpe de Estado".​ Ante estas declaraciones, el presidente de la república en el exilio, a través de la vicecanciller, Beatriz Valle, destituyó a los embajadores de Honduras en Washington D. C. y en Bruselas.​

2 de julio

El gobierno interino canceló la tarjeta de crédito oficial del presidente en el exilio Manuel Zelaya Rosales, quien habría gastado alrededor de 80 mil dólares en renovar su vestuario y hacer los pagos de hotel,​ desde que fue expulsado a Costa Rica apenas en ropa de dormir, sus gafas y sus documentos personales. También se inhabilitaron cien cuentas bancarias para emitir cheques con respaldo de los fondos de la casa de Gobierno.​

3 de julio

Fracasan las gestiones del secretario de la OEA para poner fin a la crisis política en Honduras, luego de volver a condenar enérgicamente la salida por la fuerza del presidente Zelaya. Insulza luego de reunirse con diplomáticos, líderes políticos, organizaciones sociales y miembros de la Corte Suprema de Justicia declaró a periodistas en Tegucigalpa: "Nosotros queremos que esta situación sea revertida (...), Lamento decir que de mi gestión no se desprende que exista disposición para hacer esto", refiriéndose a la futura suspensión de Honduras de la OEA.

Insulza no aceptó llevar a la OEA las pruebas proporcionadas por la Corte Suprema de Justicia de Honduras que avalarían la destitución de Zelaya.​

Por su parte la vicecanciller interina, Martha Alvarado, dijo que al gobierno de Micheletti no le importa quedar aislado si eso significa "haber dado un alto a la embestida de (el presidente venezolano Hugo) Chávez"​ y denunció la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos de conformidad con lo previsto en el artículo 143 de la misma, iniciando el proceso para renunciar a la OEA,​ pero como la OEA desconoce al gobierno interino tampoco reconoce esta renuncia.​

La Conferencia Episcopal de Honduras emite un comunicado firmado por sus once obispos donde indican que ...las instituciones del Estado democrático hondureño, están en vigencia y que sus ejecutorias en materia jurídico-legal han sido apegadas a derecho. Los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están en vigor legal y democrático de acuerdo con la Constitución de la República de Honduras.​

4 de julio

Tras la vuelta del secretario general de la OEA José Miguel Insulza de su viaje a Honduras, Manuel Zelaya declaró en una rueda de prensa que volvería a Honduras el 5 de julio, acompañado por el propio Insulza, la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y otras personalidades no desveladas. Zelaya pidió a sus seguidores que acudiesen a recibirlo al aeropuerto internacional de Tegucigalpa "sin armas", para evitar posibles enfrentamientos.​

Tras conocerse la noticia, el cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga exhortó a Zelaya a no volver a Honduras para evitar una ola de violencia: "un regreso [de Manuel Zelaya] al país en este momento podría desatar un baño de sangre. Sé que usted ama la vida, sé que usted respeta la vida. Hasta el día de hoy no ha habido ni un solo muerto hondureño. Por favor medite, porque después sería demasiado tarde", declaró Rodríguez.​

Un periodista fue acribillado a balazos al salir de la estación radial "América". Anteriormente ésta estación había sido el objetivo de varios atentados.​ 'América', 'Televicentro' y otros importantes medios de comunicación en Honduras han sido acusados por Zelaya, de estar en su contra y apoyar a sus opositores tras ser depuesto. La policía no ha informado si existen sospechosos del crimen.​

Diversas ONGs de derechos humanos denunciaron hasta este día, 5 muertes, 70 heridos y mas de 450 detenidos como consecuencia de las medidas de excepción, las cuales, el dia 4 de Julio adelantaron el estado de sitio a las 2 de la tarde, prohibiendo la presencia en la calle de los civiles a partir de dicha hora.​

Los miembros de la Organización de Estados Americanos, reunidos en sesión extraordinaria en Washington, aprobaron por 33 votos a favor una resolución mediante la cual se supendía la pertenencia de Honduras a dicho organismo. Esta suspensión se basó en el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, según la cual se establece la suspensión de un Estado miembro cuando se "constate que se ha producido la ruptura del orden democrático". Con esta decisión, Honduras se convirtió en la segunda nación en ser excluida de la OEA, después de Cuba.​

El gobierno posterior al golpe de Estado y su posición

En su primera alocución como Presidente interino de Honduras, Micheletti negó haber alcanzado dicho cargo "bajo la ignominia de un golpe de Estado", calificando de "proceso de transición absolutamente legal" el proceso por el cual alcanzó la presidencia. También anunció que mantendría la convocatoria a elecciones para el 29 de noviembre de 2009,​​aunque luego expresó que podrían adelantarse.​Micheletti declaró que abandonaría el cargo tras las elecciones, el 27 de enero de 2010.​

La comunidad internacional no reconoció a Micheletti como Presidente de Honduras. Los representantes de diferentes países y organizaciones internacionales se mostraron de forma unánime a favor del "respeto a las normas democráticas" y en contra de la intervención militar del 28 de junio. Hasta el momento ningún país soberano ha reconocido a Micheletti como Presidente de Honduras.​

El 30 de junio de 2009, y en medio del aislamiento internacional y de disturbios en las calles,​ Roberto Micheletti tomó juramento a sus primeros ministros. Enrique Ortez fue nombrado Canciller en sustitución de Patricia Rodas, expulsada a México por miembros de las Fuerzas Armadas. El cargo de Vicecanciller fue ocupado por Martha Lorena Alvarado; como Ministra de Finanzas juró Gabriela Núñez, que había ocupado la presidencia del Banco Central de Honduras al inicio de la presidencia de Manuel Zelaya; el periodista René Zepeda fue nombrado ministro de Información y Prensa y Adolfo Lionel Sevilla como ministro de Defensa.​

El nuevo canciller Ortez afirmó que uno de sus primeros retos sería convencer a la comunidad internacional de que la intervención militar del 28 de junio no fue un golpe de Estado: "quiero que la comunidad internacional me de la oportunidad de sentarme en el banquillo de los acusados para poder explicar que la separación de Manuel Zelaya se hizo en base a la Constitución de la República", declaró.​ Ortez también calificó, el lunes 29 de junio de 2009, al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como un "negrito que no sabe nada de nada", además de decirle al presidente de España que "vuelva a sus zapatos" y de decir que no hablaría de El Salvador porque "no vale la pena hablar de un país tan chiquito".​

Respecto al regreso de Zelaya a Honduras, planificado para el 2 de julio, Micheletti afirmó el 30 de junio en una de sus primeras entrevistas radiales: "los tribunales de justicia de mi país tienen órdenes de captura contra él porque ha incumplido con las leyes y entonces el Congreso nacional se basó precisamente en eso. Se le dieron tres órdenes de captura y él no las quiso cumplir." Aunque no explicó o aclaró bajo sospecha de qué delitos.​Fue en el mes de agosto cuando el mandatario aseguró que «(Zelaya) tiene 18 demandas judiciales, incluyendo por actos de traición a la patria».​

El 3 de julio el abogado principal de las fuerzas armadas, el Coronel Herberth Bayardo Inestroza, quien defiende al régimen de Micheletti, amenazó directamente a Hugo Chávez diciendo que hace bien en temer a un posible francotirador si visita Honduras porque él insultó a las Fuerzas Armadas tratándolos de "gorilas".​Bayardo Inestroza reconoce "Cometimos un delito al sacar a Zelaya pero había que hacerlo"​​​ afirmando que era mejor violar la ley para "evitar un derramamiento de sangre". De acuerdo al Art. 102 de la constitución "Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero".

El gobierno de Micheletti declaró tener acercamientos diplomáticos recíprocos con unos pocos países como Israel, Panamá y la República de China (Taiwán), aunque admitió no tener documentos oficiales de dichos gobiernos​ pero Manuel Zelaya desmiente esta afirmación.​Dentro de Honduras, Micheletti ha obtenido el apoyo de la mayoría de empresarios, quienes incluso han respaldado la denominada Unión Cívica Democrática, organización a favor de los nuevos mandatarios.​ Por otro lado, una petición de las autoridades a la Interpol para que Zelaya fuera detenido por «abuso de autoridad, usurpación de funciones y traición», fue rechazada en vista de que era contraria a sus estatutos; pues le impiden inmiscuirse en cuestiones de carácter político.​

Entre las primeras medidas económicas del gobierno, anunciadas a través de la Ministra de Finanzas, fue anunciada una «disminución del gasto corriente», que comprendería la compra de vehículos, viáticos, compra de combustible y publicidad; pues verificó que las cuentas fiscales se encuentran «muy debilitadas».​

Reacción interna

Representaciones

En Honduras, los jueces, el congreso, las fuerzas militares, la iglesia católica, y los empresarios concuerdan que el gobierno de Micheletti es una sucesion presidencial legal. En el mes de agosto, la Corte Suprema de Justicia local emitió su posición al declarar que los sucesos del 28 de junio resultaron en una «sucesión constitucional».​

Manifestaciones de la población

A favor del gobierno de Zelaya

Manifestantes a favor del depuesto presidente Zelaya en Tegucigalpa.

Representantes de movimientos sociales simpatizantes de Zelaya y de los sindicatos de Honduras han anunciado una huelga general a partir del lunes en demanda del regreso de Zelaya al país. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Andrés Pavón, indicó que se ha creado un frente cívico patriótico para repudiar a Micheletti.​

El 4 de julio una manifestación, de mas de 100.000 personas cuando aún no se le habían unido otras columnas, según el líder de Vía Campesina, Rafael Alegría, marchó hacía el Aeropuerto Internacional de Toncontin donde se espera la llegada de Zelaya el domingo 5 de Julio,​ algunos medios afirmaron que dicha marcha sobrepasó las 200.000 personas.​ Algunos manifestantes denunciaron haber tardado 4 días en llegar caminando a la capital, tras el ametrallamiento, por parte del ejercito, de las ruedas de los autobuses en los que viajaban, otros afirmaron haber declarado a las autoridades que llegaban a sumarse a las marchas a favor de Michelleti para que les permitiesen el paso.​ Según Prensa Latina, en una de las torres de la instalación fueron desplegados al menos dos francotiradores que apuntaban a la muchedumbre, mientras helicópteros patrullaban la zona.​

El 5 de julio, la concentración en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Toncontin, llegó a reunir, según los presentes y algunos medios, a 500.000 personas,​ desbordando a los militares, quienes se vieron obligados a retirar algunos de los retenes que impedían el acceso al mismo,​ sin embargo, los francotiradores seguirían apostados en las azoteas del aeropuerto.​El 7 de julio, la esposa del depuesto presidente, Xiomara Castro, encabezó una protesta después de estar oculta desde el día del golpe.​

A favor del gobierno de Micheletti

Manifestaciones Anti-Zelaya. Un cartel muestra advertencias contra Hugo Chávez, Zelaya y Daniel Ortega

Una numerosa concentración organizada en la mañana del 30 de junio, en el Parque Central de Tegucigalpa, mostró a ciudadanos vestidos con camisas blancas y banderas patrias, quienes hicieron un llamado a favor de la paz, la democracia y la Constitución de Honduras. El acto contó con la presencia de Roberto Micheletti y el jefe del Estado Mayor Conjunto General Romeo Vásquez Velásquez.​​ El 1 de julio en Choluteca se dió una manifestación de miles de personas en contra de Zelaya.​ El 3 de julio se dió lugar en San Pedro Sula una manifestación, según la prensa local de entre 25.000 a 60.000 personas, en aprobación a la destitución de Zelaya y el nuevo gobierno interino.​

Actividades de desestabilización

Según medios locales y la policía hondureña, el territorio hondureño, especialmente la capital, ha sido víctima de atentados contra instituciones y comercios realizados con el fin de provocar conmoción en la sociedad e inestabilidad en el nuevo gobierno. Estos serían supuestamente realizados por ciudadanos extranjeros y por simpatizantes nacionales del presidente depuesto.​

Estas actividades de desestabilización incluirían la detonación de cuatro bombas en edificios de la capital, más otra que fue desmantelada en la sede de la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades tambien incluyen en las actividades de desestabilizacion a las protestas contra el golpe, donde denuncian que se rompieron critales, mancharon paredes y se saquearon negocios.​

Rol de la prensa y censura

La reacción de la población frente a los medios de comunicación ha sido compleja, debido a que cada uno de los dos bandos beligerantes en su pugna por el poder ejecutivo les atribuye un rol parcializado favorable a sus adversarios. Por ejemplo, el depuesto presidente Zelaya ha acusado a la prensa nacional de estar en su contra y de apoyar a los grupos derechistas y empresariales tras el golpe de Estado. Durante las manifestaciones diarias de los seguidores de Zelaya se han producido ataques contra periodistas y reporteros gráficos.​ Mientras que los seguidores de los actuales gobernantes, o en su defecto detractores de Zelaya, acusan a CNN, TeleSUR y medios internacionales de ocultar la verdad de lo que ocurre en Honduras y de estar a favor de Zelaya.​ Ante esto TeleSUR emitió un comunicado ante la represión contra periodista en Honduras.​

Por otro lado, periodistas locales​ y corresponsales internacionales​ reportaron cortes de energía a nivel nacional desde el día domingo 28 de junio, así como la suspensión de la transmisión de los informativos locales e internacionales. En sus páginas editoriales el día 30 de junio el diario Tiempo de Honduras manifestó: "nunca se había sufrido en Honduras una violación tan profunda y masiva de la libertad de expresión, debido a la intervención gubernamental, ni en las más oscuras épocas de franca dictadura".​ Mientras que el editorial del diario El Heraldo hablaba de una "clara violación de derechos fundamentales" a causa del "Golpe de Estado" y manifestó su preocupación por la dificultad a la que se enfrentaba el gobierno interino para justificar la "toma de medios de comunicación" ante la comunidad internacional.​ De igual forma el editorial del diario La Tribuna del 30 de junio manifestó su preocupación por las limitaciones a la libertad de expresión.​

Radio Globo, único medio contrario a Micheletti que informaba en directo, fue tomado durante la tarde del 5 de julio por las fuerzas del Ejército. Tras esta toma, emitió mensajes de la Iglesia Católica.​

Reclutamiento forzoso

La Comisión de Familiares de Desaparecidos de Honduras y el Centro para la Promoción de Derechos Humanos denunciaron el reclutamiento forzoso de jóvenes mayores de 15 años en áreas rurales, denunciaron que patrullas militares llegaron por la noche del lunes 29 de Junio a las zonas de Olancho, Colón, Tocóa, Olanchito y las zonas bananeras de Aguán y sacaron a los jóvenes a quienes se llevaron a los cuarteles “para prestar servicio militar”.​

Mediación de Arias

El actual presidente de Costa Rica, Oscar Arias, ganador de un premio nobel, ofreció sus oficios como mediador ante el conflicto. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, aceptó la propuesta durante una conversación con la Secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton. Asimismo, el presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, aceptó. Una reunión fue convocada, pero arribaron por separado. Posteriormente se invitó a otra reunión a ambas partes, pero Micheletti envió a una delegación, la cual solo aceptaría la captura de Zelaya; y, por parte de éste, expresó que solo aceptaría si retornara al cargo. Luego, Arias planteó 7 propuestas, las cuales fueron aceptados por parte de la delegación de Zelaya. En las reuniones se quiso decidir, en el Acuerdo de San José, "revertir" el golpe de Estado, pero este fracasó.​Aunque las pláticas sobre el acuerdo continuaron por parte de delegados de Micheletti, el ministro de la presidencia del gobierno expresó, a mediados del mes de agosto, que «el 15% del Acuerdo de San José que resta por negociar es lo concerniente a la restitución de Manuel Zelaya y eso no tiene vuelta de hoja».​

Reacción internacional

Ante esta destitución, se pronunciaron en contra el Presidente de la ONU,​el ALBA,​ el Mercosur,​ la OEA, la Unión Europea, los Estados Unidos y todas las naciones latinoamericanas y España:

• El Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon "expresa su firme apoyo a las instituciones democráticas del país y condena la detención del Presidente constitucional de la República", dijo un portavoz de la ONU en un comunicado. "Se insta a la reincorporación de los representantes democráticamente elegidos del país y el pleno respeto de los derechos humanos, incluidas las garantías para la seguridad del Presidente Zelaya, los miembros de su familia y su gobierno. Se pide a todos los hondureños, participar pacíficamente y en el espíritu de la reconciliación, para resolver sus diferencias. El Secretario General acoge con beneplácito el pronta esfuerzo diplomático de la Organización de Estados Americanos, cuyo Consejo Permanente dio una reunión especial esta mañana. Las Naciones Unidas están dispuestas a prestar asistencia en la superación de esta crisis."​ El martes 30 de junio la Asamblea de la ONU aprobó por aclamación una resolución en la cual se exigía la restitución inmediata e incondicional de Zelaya, al tiempo que instaba a todos los países a que no reconocieran otro gobierno que el de Zelaya.​​​

• La OEA pidió una reunión de emergencia este domingo,​ donde se aprobó una resolución exigiendo "el inmediato, incondicional y seguro retorno del presidente constitucional, Manuel Zelaya."​El Secretario General José Miguel Insulza, llamó a la situación "un golpe militar."​ y afirmó que acompañará a Zelaya en su retorno a Honduras el 2 de julio.".​ Al mismo tiempo, la OEA dio un plazo de 72 horas que expiraría el sábado 4 de julio para reponer a Zelaya como presidente.​

• El Sistema de la Integración Centroamericana reiteró, el 28 de agosto y por medio de los cancilleres del área, el «restablecimiento inmediato del orden constitucional en Honduras» que conlleva el retorno de Zelaya al poder.​

• El Mercosur declaro en la Cumbre de Asunción del 27 de julio que no reconocera a ningun gobierno que surja de elecciones convocadas por los golpistas.​ El documento que suscribieron los presidentes reunidos en la Cumbre de Asunción expresó su rechazo a cualquier medida unilateral que adopte el gobierno de facto y exigieron la inmediata restitución de Zelaya, segun una propuesta de Cristina Fernandez de Kirchner. El Presidente de Paraguay y actual presidente pro tempore del Mercosur, Fernando Lugo, condenó el golpe y dijo que ningún Estado miembro del Mercosur reconocerá un gobierno de Honduras que no sea el de Manuel Zelaya. Lugo también pidió que los que están detrás del golpe sean castigado con penas de prisión.​

• La Alternativa Bolivariana para las Américas anunciaron en una declaración conjunta que no reconoceran ningún nuevo gobierno en Honduras.​

• La Asociación de Estados del Caribe condenó el golpe de Estado en una declaración conjunta y pidió que Zeyala sea restituido. Además, dijeron que "queremos destacar nuestra condena del brutal trato que dio el personal militar hondureño a la Canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, así como a los Embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esta situación es una grave violación de el derecho internacional, y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.​

• Archivo:Flag of South America.svg La Presidenta de Chile Michelle Bachelet, hablando en nombre de su gobierno y de UNASUR, condenó el golpe y se refirió a Zelaya como "legítimamente elegido por el pueblo".​El 10 de agosto, la III cumbre de UNASUR condenó el golpe de Estado en Honduras y afirmó que no reconocerá una convocatoria a elecciones del gobierno de facto.​

• Plantilla:Geodatos Europa La Unión Europea pidió a los militares hondureños liberar al presidente y restaurar el orden constitucional.​

• La presidente de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, declaró sentirse "sumamente preocupada" y "repudia el golpe en Honduras y exige la restitución de Zelaya".​ Inicialmente aceptó la invitación del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, para acompañar al depuesto presidente Zelaya en su anunciado regreso a Honduras el 2 de julio;​ sin embargo, posteriormente declinó acompañarlo por el posible peligro en esa acción.​El día 18 de agosto Honduras rompió relaciones diplomáticas con este país en represalia por la expulsión de la embajadora Carmen Eleonora Ortez Williams, quien se mostró afín al gobierno de Micheletti.​En la Cumbre Africa-Sudamérica del 25 de septiembre de 2009 Cristina Fernández de Kirchner expresó que “Ni durante la dictadura de Videla ni en la de Pinochet en Chile se pudo ver un nivel de agresión como el que se observó esta semana en Honduras contra las embajadas de Brasil y de la Argentina”.​
• El presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo un llamado a organismos internacionales, presidentes de Latinoamérica y a dirigentes de movimientos sociales "a condenar y repudiar este golpe de Estado militar" y sostuvo que estos no son tiempos "de dictaduras".​

• También Brasil condenó los hechos.​El depuesto mandatario se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el día 12 de agosto, y obtuvo del gobierno brasileño la reafirmación de la condena al golpe de Estado.​

• El gobierno de Chile en un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el golpe en Honduras "violenta el orden constitucional en esa Republica y que adicionalmente contraviene de manera flagrante las disposiciones de la carta de la OEA y sus instituciones fundamentales".​La mandataria Michelle Bachelet recibió a Manuel Zelaya en Santiago de Chile el 13 de agosto, y le expresó su reconocimiento como «presidente electo».​

• El gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró "su profunda consternación por la ruptura del orden constitucional en la hermana República de Honduras, y expreso que no reconocerá al Gobierno de Micheletti, y solo mantendrá relaciones con Honduras hasta que Zelaya vuelva al poder, y posteriormnte llamo a consultas a su embajadora en Honduras."​

• El presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, declaró "yo quisiera compartir el repudio de mi gobierno a este golpe de Estado, como lo ha dicho el presidente Zelaya ésto es un retroceso lamentable para las democracias del continente. Yo espero que se condene sin ninguna contemplación este golpe de Estado".​

• El gobierno de Cuba a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó ante la prensa nacional y extranjera acreditada en el país, el brutal golpe de Estado perpetrado en Honduras contra el presidente constitucional Manuel Zelaya.​

• El gobierno de Ecuador declaró que "no aceptará cualquier pretensión de invocar la sucesión presidencial para justificar esta clara ruptura del orden constitucional de Honduras ni reconocerá a ningún gobierno que no sea el del Presidente Manuel Zelaya, democráticamente elegido".​ Durante la reunión de urgencia de Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el presidente Rafael Correa instó a los hondureños a declararse en paro y huelga: "Mañana, todos masivamente a declararse en huelga, en paro, con los maestros, los trabajadores, para que ese poder fáctico se dé cuenta que no tiene salida" y "a rebelarse contra esas cúpulas corruptas, entreguistas, que no están defendiendo el bien común, la democracia, la independencia de Honduras, sino que están sancionando su esclavitud al someterse a la oligarquía y a los poderes fácticos, económicos, sociales, religiosos, informativos, que siempre han dominado Honduras y América Latina".​

• El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, declaró que "(El Gobierno de El Salvador) pide la inmediata restitución del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya".​

• El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que la maniobra de traspaso del poder en Honduras es ilegal, así cómo considera que Manuel Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras.​En un discurso pronunciado en Moscú el 7 de julio, reiteró su apoyo a Zelaya a pesar de las diferencias sostenidas con su gobierno.​

• El gobierno de México en un comunicado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores "expresa su condena por la detención del presidente Manuel Zelaya y su traslado por la fuerza a Costa Rica".​Zelaya se reunió con el presidente Felipe Calderón Hinojosa el día 4 de agosto y obtuvo la «condena enérgica», por parte de las autoridades locales, del golpe de Estado.​

• El gobierno de Paraguay en un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que "ratifica su rechazo a todo tipo de violencia y condena enérgicamente el quiebre institucional de la República de Honduras".​

• El gobierno de Perú, mediante un comunicado leído por el canciller José Antonio García Belaúnde, expresó su rechazo a los acontecimientos ocurridos en Honduras.​El presidente Alan García recibió a Zelaya el 19 de agosto en el Palacio de Gobierno del Perú, y expresó su apoyo a las medidas adoptadas por la OEA y al «Plan Arias».​

• El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reyna, "El gobierno de Zelaya debe ser restituido, porque es el gobierno legítimo democrático, escogido por los hondureños".​

• El presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó su "más enérgica" condena por la detención y expulsión "ilegal" del presidente de Honduras.​ Más tarde declaró que pone a disposicion el Ejército en caso de ser necesario para reponer la democracia en el país centroamericano.​ El 22 de agosto el gobierno español expulsó al embajador hondureño por la adhesión de éste al nuevo gobierno golpista.​

• El vicepresidente de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, declaró: "Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales para restablecer el orden institucional en Honduras y contribuir a una gobernabilidad democrática. Es un hecho muy grave que condiciona a todas las democracias de América Latina".​El día 14 de agosto el presidente Tabaré Vázquez emitió una declaración en Montevideo, junto al presidente mexicano Felipe Calderón, donde establece que el Gobierno legítimo de Honduras «es el encabezado por el señor presidente Manuel Zelaya Rosales».​

• El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, anunció en una alocución televisiva "Si juramentan a Micheletti, o a Peleletti o Gafetti o a Goriletti, lo derrocaremos. Lo derrocaremos, así lo digo".​ Luego reafirmó la intención de su gobierno de devolver al poder a Manuel Zelaya mediante "lo que se tenga que hacer".​ Chávez posteriormente descartó cualquier tipo de intervención armada en Honduras: "nunca lo haríamos por el sacrosanto respeto a la soberanía de Honduras. No se trata de invasión ni de guerra". También llamó al pueblo hondureño a "no aceptar esa dictadura", y a los militares a que "neutralicen el golpe [de Estado]".​

Protagonismo de la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha tenido un rol protagónico en el conflicto. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos convocó una sesión extraordinaria para el martes 30 de junio que tuvo como resultado reafirmar su demanda de que Zelaya sea restituido en su cargo.​ El mismo martes Zelaya anunció que regresaría a Honduras el proximo jueves, acompañado del representante de la OEA,​ mientras Micheletti afirmaba que Zelaya tiene orden de captura y sería arrestado si reingresase a Honduras.​ Finalmente el representante de la OEA viajó en solitario, retrasando Zelaya su regreso para facilitar las gestiones políticas.​

El 1 de julio, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución en la que establecía un ultimátum de 72 horas al gobierno interino de Honduras para la restitución en su puesto a Manuel Zelaya, amenazando con la expulsión de Honduras de la organización de no cumplirse dicho requisito: "no será a Honduras que estaremos suspendiendo, sino a los usurpadores", declaró el presidente de la OEA José Miguel Insulza.​

Salida / expulsión de la OEA

El 3 de julio, el secretario de la OEA José Miguel Insulza, viajó a Honduras para tratar de la crisis desatada con las diferentes instituciones hondureñas (a excepción de los miembros del gobierno interino, al que la OEA no reconoce) y del ultimátum de la Organización al gobierno de Micheletti para restituir a Zelaya en su puesto. Tras diferentes reuniones Insulza declaró: "mi conclusión es que la ruptura del orden constitucional persiste y que los que hicieron esto no tienen por el momento ninguna intención de revertir la situación". Tras sus gestiones, Insulza afirmó que solicitaría a la Asamblea General de la OEA la suspensión de Honduras de dicha organización.​ Tras las declaraciones de Insulza, la vicecanciller del nuevo gobierno hundureño, Marta Lorena Alvarado, anunció en presencia del presidente interino Micheletti su denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y por tanto su retirada de la Organización "con eficacia inmediata". Alvarado declaró que "se pretende imponer [a Honduras] resoluciones unilaterales, indignas, sin que el Gobierno legítimamente constituido sea escuchado, irrespetando el principio de la igualdad soberana de los Estados, que es principio y pilar de la Carta de las Naciones Unidas". "La OEA cree que en su seno ya no existe espacio para Honduras, para los Estados que aman su libertad y defienden su soberanía", afirmó.​

La expulsión, que tuvo carácter inmediato, fue avalada de manera unánime por 33 de los 34 países representados en la OEA, pues la delegación de Honduras se abstuvo de votar. Con esta resolución, Honduras se convirtió en el segundo país (después de Cuba en 1962) al que le es aplicado un artículo de la OEA referente a la ruptura del orden constitucional. Lo que implica sanciones económicas y que Honduras no recibirá ningún apoyo de esta organización.​

Protagonismo del ALBA

Entrada la noche del 28 de junio los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), que reúne a los líderes de las naciones que se encuentran en el proceso del denominado socialismo del siglo XXI, se reunían de manera extraordinaria en Managua, Nicaragua, con el objeto de repudiar el golpe de Estado perpetrado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya. La reunión fue iniciada por el presidente nicaragüense Daniel Ortega que luego cedió la palabra al presidente Manuel Zelaya, quien se había trasladado a Managua en un avión facilitado por Hugo Chávez.​ En la reunión también se encontraba el presidente de Venezuela Hugo Chávez acompañado por el canciller de Venezuela Nicolas Maduro, el presidente de Ecuador Rafael Correa junto a su canciller y el canciller de Cuba. A esto se suma la aparente advertencia de intervención armada en Honduras del Ejército de Venezuela​​ y la denuncia de supuestas incursiones de fuerzas venezolanas y nicaragüenses por la frontera de Honduras.​ El presidente venezolano ha desmentido tales comunicados.​

El 30 de junio se produjo en Managua, Nicaragua, una reunión conjunta del ALBA y el Grupo de Río, y otra del Sistema de la Integración Centroamericana, con la intención de ratificar el apoyo de los países de la región a Manuel Zelaya como presidente electo de Honduras, y estudiar el incremento de la presión contra el presidente surgido tras la intervención militar, Roberto Micheletti.​ Tras las reuniones, varios países anunciaron la retirada de su embajador de Honduras o su llamada a consultas, siguiendo el camino iniciado el día anterior por los países miembros del ALBA: México,​ Chile​ y Brasil.​

Sanciones de los Estados europeos y la UE

A partir del día 30 de junio otros países e instituciones comenzaron a tomar sanciones contra el gobierno interino de Honduras, además de las ya tomadas previamente por los países e instituciones regionales. El ministro de Asuntos Exteriores de España Miguel Ángel Moratinos anunció el 30 de junio que estaba trabajando para lograr la retirada de todos los embajadores de los países miembros de la Unión Europea de Honduras: "es una medida necesaria y urgente para mostrar la firmeza de la Unión Europea ante la ruptura del orden constitucional", declaró.​ Ese mismo día, el presidente del Banco Mundial Robert Zoellick anunció la suspensión de la entrega de 270 millones de dólares a Honduras hasta que no se aclarase "la situación política del país". El presidente del Banco Mundial anunció que tampoco se enviarían nuevos proyectos de desarrollo en el país para su aprobación hasta nuevo aviso.​

El 1 de julio, España anunció la llamada a consultas de su embajador en Tegucigalpa. Según el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, dicha medida fue tomada "con la esperanza de que ello contribuya, en el marco de los esfuerzos internacionales en curso, al restablecimiento de la institucionalidad democrática" en Honduras.​ También el ministro de Exteriores francés Bernard Kouchner confirmó que había llamado a consultas al embajador francés en Tegucigalpa, mostrando su rechazo a los acontecimientos y declarando que "el futuro de Honduras y de esa región es indisociable de la democracia".​ Posteriormente, el gobierno italiano se sumó a los de España y Francia y retiro también a su embajador de la capital hondureña. La Unión Europea anunció que suspendía las negociaciones del acuerdo de asociación con Centroamérica, de mutuo acuerdo con los representantes del resto de países implicados, con el propósito de reanudar "cuanto antes" las conversaciones una vez resuelta la situación en Honduras, según declararon fuentes comunitarias. Santo Domingo,​ Lima,​ Ciudad de Guatemala,​ San Salvador,​ San José,​ Quito,​ Ciudad de Panamá,​ Santiago de Chile,​ Buenos Aires,​ Brasilia,​ Caracas,​ Asunción​) en algunas ciudades estadounidenses (Los Ángeles,​ San Francisco,​ Nueva York,​ Washington​) y algunas capitales europeas (París,​ Madrid​).

En varias de esta manifestaciones el embajador y los trabajadores de las embajadas salieron a agradecer el apoyo de los manifestantes. En otras manifestaciones, como por ejemplo las de París, los embajadores de otros países se unieron a la marcha.​

Además de estas manifestaciones en apoyo a Zelaya, en los consulados de Miami y Atlanta se produjeron concentraciones de signo contrario en las que se apoyaba su destitución.​

Véase también

• Cronología de la crisis política en Honduras de 2009

Enlaces externos

• Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Golpe de Estado en Honduras de 2009.
• Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Golpe de Estado en Honduras de 2009.
• Juramento de Roberto Micheletti como Presidente de Honduras
• Comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras
• Comunicado especial de la Corte Suprema de Honduras
• Informe de la Biblioteca del Congreso de EE.UU. sosteniendo la legalidad de la destitución de Zelaya
• Manuel Zelaya niega haber firmado la renuncia al cargo de Presidente
• Mandatarios de America Latina condenan el Golpe de Estado
• Especial de TeleSUR sobre el Golpe de Estado
• Resolución de la ONU condenando el golpe de Estado. (PDF)
• Acuerdo de San José (no suscrito por las partes)
• Imágen del Acuerdo de Guaymuras (suscrito por las partes)
• Texto del Acuerdo de Guaymuras