Diferencia entre revisiones de «Juan Diego Castro»
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Castro nació dentro de una pudiente familia de la oligarquía cafetalera de Cartago.<ref name=Murillo /> Castro ha estado casado tres veces y tiene ocho hijos.<ref name=Murillo /> Se casó en primeras nupcias a los 16 años con quien tendría su primera hija.<ref name=Murillo /> Prosiguió sus estudios en Derecho en la [[Universidad de Costa Rica]] en donde se le describe como un estudiante combativo que a menudo cuestionaba fuertemente a los profesores<ref name=Murillo /> y activo en el [[movimiento estudiantil]] y la [[Izquierda política|izquierda]].<ref name=Murillo /> Sería miembro del partido [[maoísta]] [[Partido Obrero Campesino]], mediante el cual sería electo [[regidor municipal]] del [[cantón de Paraíso]] en [[1978]].<ref name=Murillo / |
Castro nació dentro de una pudiente familia de la oligarquía cafetalera de Cartago.<ref name=Murillo /> Castro ha estado casado tres veces y tiene ocho hijos.<ref name=Murillo /> Se casó en primeras nupcias a los 16 años con quien tendría su primera hija.<ref name=Murillo /> Prosiguió sus estudios en Derecho en la [[Universidad de Costa Rica]] en donde se le describe como un estudiante combativo que a menudo cuestionaba fuertemente a los profesores<ref name=Murillo /> y activo en el [[movimiento estudiantil]] y la [[Izquierda política|izquierda]].<ref name=Murillo /> Sería miembro del partido [[maoísta]] [[Partido Obrero Campesino]], mediante el cual sería electo [[regidor municipal]] del [[cantón de Paraíso]] en [[1978]].<ref name=Murillo /> Se divorciaría algunos años después de su primera esposa. |
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Trabajó para [[Teletica Canal 7]] como abogado y como invitado en calidad de experto legal en algunos programas bajo la dirección de [[Ignacio Santos]].<ref name=Murillo /> |
Trabajó para [[Teletica Canal 7]] como abogado y como invitado en calidad de experto legal en algunos programas bajo la dirección de [[Ignacio Santos]].<ref name=Murillo /> |
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Castro obtuvo notoriedad como abogado tras representar al entonces [[Elecciones presidenciales de Costa Rica de 1994|candidato]] [[liberacionista]] José María Figueres Olsen en su demanda por difamación contra los hermanos Romero por la publicación del libro ''El caso Chemise'',<ref name=Murillo /> que lo acusaban de haber asesinado a un joven vendedor de [[Cannabis (psicotrópico)|marihuana]] durante el gobierno de [[José Figueres Ferrer|su padre]], que fue ganado por el demandante. Castro también demandó al periódico [[La Nación (Costa Rica)|La Nación]] por afirmar que tras su gestión de Ministro de Justicia le fue asignado un vehículo y escolta de seguridad, demanda que ganó obligando al medio a retractarse y publicar la sentencia.<ref name=Murillo /> |
Castro obtuvo notoriedad como abogado tras representar al entonces [[Elecciones presidenciales de Costa Rica de 1994|candidato]] [[liberacionista]] José María Figueres Olsen en su demanda por difamación contra los hermanos Romero por la publicación del libro ''El caso Chemise'',<ref name=Murillo /> que lo acusaban de haber asesinado a un joven vendedor de [[Cannabis (psicotrópico)|marihuana]] durante el gobierno de [[José Figueres Ferrer|su padre]], que fue ganado por el demandante. Castro también demandó al periódico [[La Nación (Costa Rica)|La Nación]] por afirmar que tras su gestión de Ministro de Justicia le fue asignado un vehículo y escolta de seguridad, demanda que ganó obligando al medio a retractarse y publicar la sentencia.<ref name=Murillo /> |
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Sentencia condenatoria contra La Nación}}</ref> |
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Como Gran Maestre de la [[Francmasonería en Costa Rica]], le correspondió presidir el Congreso Centroamericano de Masonería que fue realizado en el país en 2013.<ref>{{cita noticia|apellidos1=Solano|nombre1=Jacqueline|título=17 presidentes TIcos han sido masones Juan Diego Castro y Rodolfo Hernández son parte de la logia|url=https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/348442/17-presidentes--ticos-han-sido-masones-|fechaacceso=7 de diciembre de 2017|agencia=Diario Extra|fecha=6 de diciembre de 2017}}</ref> |
Como Gran Maestre de la [[Francmasonería en Costa Rica]], le correspondió presidir el Congreso Centroamericano de Masonería que fue realizado en el país en 2013.<ref>{{cita noticia|apellidos1=Solano|nombre1=Jacqueline|título=17 presidentes TIcos han sido masones Juan Diego Castro y Rodolfo Hernández son parte de la logia|url=https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/348442/17-presidentes--ticos-han-sido-masones-|fechaacceso=7 de diciembre de 2017|agencia=Diario Extra|fecha=6 de diciembre de 2017}}</ref> |
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== Función pública == |
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Fue [[Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica|Ministro de Seguridad Pública]] durante la administración de [[José María Figueres Olsen|José María Figueres]] ([[Partido Liberación Nacional]]) entre 1994-1996.<ref name="Cascante"/> El 7 de diciembre de 1995 debido a la reaniguración de la Quinta Comisaría en San José, se acordó una marcha de las diferentes unidades policiales hasta el Monumento Nacional. Esto con base al programa que con una debida antelación se había acordado. El mismo presidente del Congreso Antonio Álvarez Desanti fue invitado a acompañar la marcha hasta el Monumento Nacional. Aún así, Antonio Álvarez Desanti consideró el acto anunciado con antelación como un intento de intimidación. Días antes se había presentado un acto parecido el 3 de diciembre, debido a la Semana de la Fuerza Pública, donde asisitieron diputados del Congreso sin discrepancias<ref |
Fue [[Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica|Ministro de Seguridad Pública]] durante la administración de [[José María Figueres Olsen|José María Figueres]] ([[Partido Liberación Nacional]]) entre 1994-1996.<ref name="Cascante"/> El 7 de diciembre de 1995 debido a la reaniguración de la Quinta Comisaría en San José, se acordó una marcha de las diferentes unidades policiales hasta el Monumento Nacional. Esto con base al programa que con una debida antelación se había acordado. El mismo presidente del Congreso Antonio Álvarez Desanti fue invitado a acompañar la marcha hasta el Monumento Nacional. Aún así, Antonio Álvarez Desanti consideró el acto anunciado con antelación como un intento de intimidación. Días antes se había presentado un acto parecido el 3 de diciembre, debido a la Semana de la Fuerza Pública, donde asisitieron diputados del Congreso sin discrepancias<ref>{{Cita web|url=https://isbn.cloud/9789977125404/los-embusteros-de-la-mala-fe/|título=Los Embusteros de la mala fe siete años de antiperiodismo furibundo|autor=Castro Fernández, Juan Diego|enlaceautor=Juan Diego Castro|año=2008|sitioweb=Biblioteca Nacional de Costa Rica|editorial=JÚRISIS Editorial|ubicación=San José, Costa Rica|páginas=198-213|formato=Libro}}</ref>.Castro recibió un voto de censura (primero en la historia del país contra un ministro) promovido por el entonces [[Presidente del Congreso de Costa Rica|Presidente del Congreso]] [[Antonio Álvarez Desanti]] (quien pertenecía al partido oficialista), con el voto en contra de solo los diputados [[Ottón Solís]] y [[Alberto Cañas Escalante]]. En agosto de 1996 renunció a su cargo alegando motivos personales,<ref name="Nacion">{{Cita noticia|apellidos=|nombre=|título=Renunció el ministro Juan Diego Castro|url=http://www.nacion.com/archivo/Renuncio-ministro-Juan-Diego-Castro_0_1433856769.html|fecha=25 de julio de 1997|fechaacceso=21 de abril de 2017|periódico=[[La Nación (Costa Rica)]]|página=|idioma=}}</ref> y ejerció luego como [[Ministerio de Justicia y Gracia|Ministro de Justicia]] de 1996 a 1997.<ref name="Cascante"/> Debido a la impopularidad del gobierno de Figueres en sus últimos años y la controversia por el mantenimiento de Castro, renunció a su cargo en 1997.<ref name=Murillo /> Presidente del Colegio de Abogados de 2000 a 2002.<ref name="Cascante"/> |
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== Controversias == |
== Controversias == |
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===Ministro de Seguridad=== |
===Ministro de Seguridad=== |
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En 1994 ordenó no dar información al [[Organismo de Investigación Judicial]] sobre un operativo que culminó con la expulsión de unos asaltantes venezolanos.<ref name="Sin_nombre-pEJ6-1">{{Cita noticia|título=Siempre polémico|url=http://www.nacion.com/archivo/siempre-polemico/QYUUU34YDRH2THUM6YRPO3UAXA/story/|fechaacceso=11 de diciembre de 2017|periódico=La Nación, Grupo Nación|idioma=es-LA}}</ref |
En 1994 ordenó no dar información al [[Organismo de Investigación Judicial]] sobre un operativo que culminó con la expulsión de unos asaltantes venezolanos.<ref name="Sin_nombre-pEJ6-1">{{Cita noticia|título=Siempre polémico|url=http://www.nacion.com/archivo/siempre-polemico/QYUUU34YDRH2THUM6YRPO3UAXA/story/|fechaacceso=11 de diciembre de 2017|periódico=La Nación, Grupo Nación|idioma=es-LA}}</ref> Castro fue acusado por presunta violencia doméstica contra su madre a raíz de disputas con herencias familias.<ref> http://www.nacion.com/archivo/a-mi-hijo-juan-diego/UX33X5UDXZGHZCQRE2GKJWDX4A/story/ </ref> El 7 de diciembre de 1995 rodeó la Asamblea Legislativa con un contingente de policías armados porque los diputados no aprobaban leyes para endurecer penas. Esto le acarreó ser el primer ministro de Estado en ganarse un [[voto de censura]] del parlamento.<ref name="Sin_nombre-pEJ6-1"/> |
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| ⚫ | El 25 de octubre de 1996 es acusado de violar la Ley de Enriquecimiento Ilícito por mantener su puesto en una sociedad anónima y ser ministro.<ref name="Sin_nombre-pEJ6-1"/> El 30 de abril de 1995 Castro fue cuestionado por la declaratoria de "[[Secreto de Estado]]" sobre la compra de armamento [[israelí]] para la policía costarricense por parte de la [[Contraloría General de la República de Costa Rica|Contraloría General]].<ref name=Murillo /> El decreto fue firmado por el entonces presidente Figueres y derogado poco después por la [[Sala Constitucional]] al considerar que solo la Asamblea Legislativa podía declarar secreto de estado.<ref name=Murillo /> |
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El 7 de diciembre de 1995 debido a la reaniguración de la Quinta Comisaría en San José, se acordó una marcha de las diferentes unidades policiales hasta el Monumento Nacional. Esto con base al programa que con una debida antelación se había acordado. El mismo presidente del Congreso Antonio Álvarez Desanti fue invitado a acompañar la marcha hasta el Monumento Nacional. Aún así, Antonio Álvarez Desanti consideró el acto anunciado con antelación como un intento de intimidación. Días antes se había presentado un acto parecido el 3 de diciembre, debido a la Semana de la Fuerza Pública, donde asisitieron diputados del Congreso sin discrepancias<ref name=":1" /> Esto le acarreó ser el primer ministro de Estado en ganarse un [[voto de censura]] del parlamento.<ref name="Sin_nombre-pEJ6-1" /> |
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| ⚫ | El 25 de octubre de 1996 es acusado de violar la Ley de Enriquecimiento Ilícito por mantener su puesto en una sociedad anónima y ser ministro.<ref name="Sin_nombre-pEJ6-1" |
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"''Uno de los principales argumentos que han expuestos los imputados en su favor, especialmente el encartado Castro Fernández, es la no producción del perjuicio económico para el Estado costarricense, tesis que para esta Fiscalía resulta aceptable, si se constata que efectivamente, al fi- nal se determinó el cumplimiento de las entregas de los bienes pactadas por parte del gobierno de Israel y el recibo de los mismos por parte de nuestras autoridades nacio- nales, quedando un saldo final favorable de ciento treinta y seis dólares estadounidenses. Pero esta representación del Ministerio Público va más allá de los argumentos de defensa de los encartados, al considerar que las municio- nes y dineros entregados al Estado de Israel, nunca estuvieron ni siquiera lejanamente en "peligro", precisamente al existir un marco mínimo de negociación global entre ambos Estados, tal y como lo reconoce en sus conclusio- nes la misma Contraloría General de la República, en la página 49 de la relación de hechos 77-97, al indicar ...lo cierto es que para IMI el contar con este documento firmado por el entonces Ministro Castro Fernández ...[se refiere a la Orden de Compra de 1º. de febrero de 1996]... significó la existencia al menos de un 'documento marco' que serviría... como guía para eventuales transacciones futuras.... En este sentido y en plena concordancia con nuestra posición de considerar que el actuar de los imputados no puso en peligro los bienes públicos, se destaca la nota de respuesta que da el señor HAIM GERI, a la carta del 19 de diciembre de 1996 del Lic. Juan de Dios Araya, Auditor General del Ministerio de Seguridad Pública, en la que el señor HAIM GERI le indica: ... Desde que se reunieron el señor Presidente de Costa Rica y el desaparecido Primer ministro Isaak Rabin, la Industria Militar de Israel (IMI) recibió instrucciones de nuestro Gobierno para establecer negociaciones con el Gobierno de Costa Rica. Por esta razón en reiteradas ocasiones he visitado su país y me he reunido con funcionarios del ministerio (sic) de Seguridad Pública, quienes desde un primer momento me indicaron las necesidades de armamento, munición y equipo para la fuerza pública. En varias reuniones revisamos la lista de artículos que se requerían. Se llegó finalmente a determinar las cantidades y las características idóneas del equipamiento indispensable para la policía costarricense... Originalmente la negociación se iba a rea lizar por una suma global $4.633.826.00 dólares con un 15% de anticipo y el saldo a seis años plazo, pagadero con fondos de Aviación civil en tractos anuales, luego fui informado de que la compra se haría al contado con fondos provenientes de la liquidación de CODESA, sin que se llegaran a cristalizar, por razones internas de costa rica (sic). Recibimos, al iniciarse formalmente la negociación y para efectos de las autorizaciones correspondientes en Israel, un "Certificado de uso final" de todo el equipo que se pensaba adquirir, suscrito por el entonces Ministro de Seguridad Pública (sic) Lic. Juan Diego Castro Fernández de fecha 1 de febrero de 1996... Tal como expuse en mi carta del 08 de agosto de 1996, las 72 Mini Uzi y las 250 UZI fueron enviadas por nuestra compañía para ser usa- das por la policía de Costa Rica en su servicio diario, mientras se pueda empezar a reparar el equipo dañado, en cumplimiento de nuestros compromisos con ese Ministerio... No hemos realizado ninguna negociación independiente al- guna sobre este asunto... Aparte de las transacciones referidas... no existen otras negociaciones posteriores... Debido a las relaciones entre los Gobiernos de nuestros países y a la forma transparente en que han sido realizadas las transacciones entre nuestra empresa y su Gobierno sostenemos que todos los compromisos asumidos han sido honrados debidamente.'' |
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''Pese a lo dicho anteriormente, no pasa inadvertido los agudos y serios cuestionamientos que hace la Contraloría General de la República, a la vigencia de ese 'documento marco' (Orden de Compra de 1. de febrero de 1996) a que hemos hecho referencia, en cuanto a que por un lado se dijera que no tenía valor al no cumplirse con la cláusula de pago y por otro, que se servía de marco global de futuras negociaciones entre ambos Estados. Dice el órgano contralor: Toda esta doble argumentación...constituye uno de los aspectos más criticables y preocupantes de to- do este negocio, pues resulta inaceptable que una contratación de tan considerable cuantía e importancia para el país, se maneje en forma tan poco transparente, al punto de que prácticamente se disfrace una primera negociación global, bajo contrataciones parciales cuando la ausencia de recursos suficientes para concretar aquella llegó a impedir su plena concreción, puesto que, inclusive, se llegó al extremo de pedir una nueva oferta al proveedor IMI, cuando en la realidad se mantenían claras expectativas en la realización del negocio global." (Ver página 24 del documento denominado RH-77-97 "Relación de hechos sobre el estudio de un excedente originado en la adquisición de equipo policial para el Ministerio de Seguridad Pública" remitido por la Contraloría General de la República a esta Fiscalía). Estas severas conclusiones del órgano contralor, no resultan suficientes ni eficientes para justificar el ejercicio de la potestad punitiva o ius puniendi del Estado, en el caso concreto. La observancia de los principios limitantes a esta facultad del ius puniendi, (principios de legalidad, de exclusiva protección de bienes jurídicos, de subsidiariedad, proporcionalidad, intervención mínima o última ratio y carácter fragmentario), impide recurrir a algo tan grave como la sanción penal para castigar conductas como las que reprocha en este caso la Contraloría General de la República, en contra principalmente del impu- tado Castro Fernández. Es claro que la inobservancia a ciertos procedimientos establecidos por la legalidad administrativa en modo alguno nos faculta, como Ministerio Público, a buscar el castigo de los responsables si esas conductas marginales en modo alguno lesionaron o pusieron en peligro bienes jurídicos de relevancia para el ordenamiento jurídico penal; ...para que podamos comprobar la existencia de un delito la lesión al bien jurídico no sólo debe darse, sino que ha de ser de trascendencia tal que amerite la puesta en marcha del aparato punitivo estatal, de ahí que el análisis típico no se debe conformar con el estudio de la tipicidad sino que éste debe ser complementado con un análisis de la antinormatividad de la conducta...' (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 219-F-98 de las 9:55 horas del 6 de marzo de 1998). Por eso, aunque resulten muy respetables las opiniones y conclusiones del órgano contralor, en cuanto a la "falta de transparencia" que observa en estas negociaciones con Israel, esta representación del Ministerio Público no las comparte ni las hace suyas, pues tal y como se indicó al analizar la "falta de dolo" de los imputados, el negocio del canje de municiones y la disposición de recursos de Aviación Civil, se hicieron en el marco de una negociación global plenamente conocida y aceptada por las partes negociantes y no del todo desconocida en sus detalles medu- lares por el órgano contralor. El otro bien jurídico que igualmente tutela el delito de Peculado y con mayor preponderancia son los Deberes de la Función Pública. Corresponde entonces analizar si la conducta de los encartados, efectivamente lesionaron ese otro bien jurídico. Es importante, de previo destacar, que si bien algunos autores identifican el objeto de tutela de estos delitos, con la Administración Pública en sí misma considerada, lesionada por la infracción de un deber por parte del funcionario, lo cierto es que ...hoy se aboga por- que tales conductas deben mirarse desde otra óptica, aquella que centra la naturaleza de la función pública de cara a los administrados, quienes son los destinatarios de la actividad estatal y, en general, pública, para que así la penalización de estas conductas adquiera un sentido razonable, proporcionado y propio, distinto del ámbito disciplinario que acompaña y regula el quehacer de los funcionarios y empleados públicos o de quienes ejercen funciones públicas'. (Ver García Arán, Mercedes. La prevaricación judicial. Madrid, Tecnos, 1990, págs.26 y 37).'' |
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''Si retomamos lo expuesto hasta el momento, encontramos que lo actuado por los imputados en modo alguno iba encaminado a quebrantar sus deberes de funcionarios públicos. En todo momento, tal y como lo analizamos en la tipicidad, los imputados actuaron en procura de lograr para la Fuerza Pública los equipos policiales necesarios, que hicieran más eficiente y efectivo cumplimiento de las labores de vigilancia y seguridad ciudadana, dentro de un plan general promovido por los titulares del Ejecutivo.'' |
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''Es cierto que resulta difícil delimitar lo que es el correcto ejercicio de la función pública, por eso y para eso existe el principio de la legalidad administrativa, para señalar al funcionario que administra recursos públicos las normas y los procedimientos que debe seguir en la ejecución de su gestión; de lo contrario, el funcionario actuaría con un criterio personalísimo, que obviamente sería no sólo perjudicial sino contraproducente para la administración pública. Sin embargo, para efectos penales, debemos delimitar objetivamente ese deber del funcionario cuestionado y centrar el injusto penal en la lesión de ese deber en relación al administrado quienes son, como hemos dicho, los destinatarios de la actividad estatal, sin cuya concreción se difumina la función pública. La seguridad ciudadana era al momento de ocurrir los hechos investigados y lo es aún hoy día, una preocupación de importancia nacional y en determinado momento, según lo informaban las encuestas llegó a constituir el problema que más preocupaba a los administrados. En efecto, en el período de 1990 y 1993, entre el 30% y el 40% de la población, consideraba el problema de la seguridad ciudadana como el principal problema del país. Este sentimiento de inseguridad, inflado en ocasiones por los medios de comunicación colectiva, por constituir un hecho público y notorio, no requiere de prueba alguna para su comprobación. En ese sentido, esta Fiscalía no puede obviar que los esfuerzos llevados a cabo por los imputados y demás autoridades en aquel mo- mento (mayo de 1994 a julio de 1996), para procurar el equipamiento adecuado de nuestros policías lejos de constituir una infracción a los 'Deberes de la Función Pú- blica', más representa una realización de esos deberes y como tal, resulta inexistente la lesividad a ese bien jurídico tutelado en los hechos investigados.''"<ref name=":0" /> |
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A las diez horas del ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José dictaría la sentencia de sobreseimiento a favor del señor Castro. |
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===Panama Papers=== |
===Panama Papers=== |
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Revisión del 21:42 20 feb 2023
| Juan Diego Castro | ||
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 Candidato del Partido Integración Nacional a la Presidencia de la República de Costa Rica Elecciones 2018 | ||
| Predecesor | Walter Muñoz Céspedes | |
| Sucesor | Walter Muñoz Céspedes | |
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 Gran Maestre de la Gran Logia de Costa Rica | ||
| 2013-2015 | ||
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 Ministro de Justicia y Gracia | ||
| 3 de julio de 1996-25 de julio de 1997 | ||
| Presidente | José María Figueres | |
| Predecesora | Maureen Clarke Clarke | |
| Sucesor | Fabián Volio Echeverría | |
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 Ministro de Seguridad Pública | ||
| 8 de mayo de 1994-3 de julio de 1996 | ||
| Presidente | José María Figueres | |
| Predecesor | Luis Fishman Zonzinski | |
| Sucesor | Bernardo Arce Gutiérrez | |
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 Regidor del Concejo Municipal de Paraíso | ||
| 1 de mayo de 1978-30 de abril de 1982 | ||
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| Información personal | ||
| Nombre completo | Juan Diego Castro Fernández | |
| Nacimiento |
19 de junio de 1955 (69 años) Cartago, Costa Rica | |
| Nacionalidad | Costarricense | |
| Familia | ||
| Cónyuge | Sara Castellón | |
| Familiares | Pedro Castro | |
| Educación | ||
| Educado en |
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| Información profesional | ||
| Ocupación | Abogado, docente y político | |
| Partido político |
Partido Integración Nacional (2017-2018) Partido Obrero Campesino (años 1970) | |
Juan Diego Castro Fernández (Cartago, 19 de junio de 1955) es un abogado y político costarricense. Está casado con Sara Castellón. Fue aspirante presidencial para las elecciones de 2018 por el Partido Integración Nacional.[1] Su hermano, Pedro Castro, fue Ministro de Obras Públicas y Transportes.
Castro es Licenciado en Derecho y Máster en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y Doctor en Mediación Educativa por la Universidad de La Salle.[2] Además de Ministro de Seguridad (1994-1996) y de Justicia (1996-1997) bajo la presidencia de José María Figueres, Castro ha ejercido también los cargos de Presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Costa Rica y Gran Maestre de la Gran Logia Masónica de Costa Rica.[3]
Biografía
Castro nació dentro de una pudiente familia de la oligarquía cafetalera de Cartago.[3] Castro ha estado casado tres veces y tiene ocho hijos.[3] Se casó en primeras nupcias a los 16 años con quien tendría su primera hija.[3] Prosiguió sus estudios en Derecho en la Universidad de Costa Rica en donde se le describe como un estudiante combativo que a menudo cuestionaba fuertemente a los profesores[3] y activo en el movimiento estudiantil y la izquierda.[3] Sería miembro del partido maoísta Partido Obrero Campesino, mediante el cual sería electo regidor municipal del cantón de Paraíso en 1978.[3] Se divorciaría algunos años después de su primera esposa.
Trabajó para Teletica Canal 7 como abogado y como invitado en calidad de experto legal en algunos programas bajo la dirección de Ignacio Santos.[3]
Castro obtuvo notoriedad como abogado tras representar al entonces candidato liberacionista José María Figueres Olsen en su demanda por difamación contra los hermanos Romero por la publicación del libro El caso Chemise,[3] que lo acusaban de haber asesinado a un joven vendedor de marihuana durante el gobierno de su padre, que fue ganado por el demandante. Castro también demandó al periódico La Nación por afirmar que tras su gestión de Ministro de Justicia le fue asignado un vehículo y escolta de seguridad, demanda que ganó obligando al medio a retractarse y publicar la sentencia.[3]
Como Gran Maestre de la Francmasonería en Costa Rica, le correspondió presidir el Congreso Centroamericano de Masonería que fue realizado en el país en 2013.[4]
Función pública
Fue Ministro de Seguridad Pública durante la administración de José María Figueres (Partido Liberación Nacional) entre 1994-1996.[2] El 7 de diciembre de 1995 debido a la reaniguración de la Quinta Comisaría en San José, se acordó una marcha de las diferentes unidades policiales hasta el Monumento Nacional. Esto con base al programa que con una debida antelación se había acordado. El mismo presidente del Congreso Antonio Álvarez Desanti fue invitado a acompañar la marcha hasta el Monumento Nacional. Aún así, Antonio Álvarez Desanti consideró el acto anunciado con antelación como un intento de intimidación. Días antes se había presentado un acto parecido el 3 de diciembre, debido a la Semana de la Fuerza Pública, donde asisitieron diputados del Congreso sin discrepancias[5].Castro recibió un voto de censura (primero en la historia del país contra un ministro) promovido por el entonces Presidente del Congreso Antonio Álvarez Desanti (quien pertenecía al partido oficialista), con el voto en contra de solo los diputados Ottón Solís y Alberto Cañas Escalante. En agosto de 1996 renunció a su cargo alegando motivos personales,[6] y ejerció luego como Ministro de Justicia de 1996 a 1997.[2] Debido a la impopularidad del gobierno de Figueres en sus últimos años y la controversia por el mantenimiento de Castro, renunció a su cargo en 1997.[3] Presidente del Colegio de Abogados de 2000 a 2002.[2]
Controversias
Ministro de Seguridad
En 1994 ordenó no dar información al Organismo de Investigación Judicial sobre un operativo que culminó con la expulsión de unos asaltantes venezolanos.[7] Castro fue acusado por presunta violencia doméstica contra su madre a raíz de disputas con herencias familias.[8] El 7 de diciembre de 1995 rodeó la Asamblea Legislativa con un contingente de policías armados porque los diputados no aprobaban leyes para endurecer penas. Esto le acarreó ser el primer ministro de Estado en ganarse un voto de censura del parlamento.[7]
El 25 de octubre de 1996 es acusado de violar la Ley de Enriquecimiento Ilícito por mantener su puesto en una sociedad anónima y ser ministro.[7] El 30 de abril de 1995 Castro fue cuestionado por la declaratoria de "Secreto de Estado" sobre la compra de armamento israelí para la policía costarricense por parte de la Contraloría General.[3] El decreto fue firmado por el entonces presidente Figueres y derogado poco después por la Sala Constitucional al considerar que solo la Asamblea Legislativa podía declarar secreto de estado.[3]
Panama Papers
Castro resultó mencionado como parte de los Panama Papers por los medios Amelia Rueda y Semanario Universidad al ser abogado de una empresa relacionada con el bufete Mossack Fonseca, lo que lo llevó a atacar a Rueda y al hijo de ésta Antonio Jiménez, así como al medio Semanario Universidad.[3]
Enfrentamientos con periodistas
El 24 de noviembre la periodista Arlene Raventós demostró que las acusaciones recibidas por parte de Juan Diego Castro en el sentido de que ella estaba detrás de una supuesta campaña para desprestigiarlo, eran falsas. "Es lamentable tener que salir a aclarar informaciones falsas y sin contenido real, publicadas al calor de una campaña política, que debería dedicarse a plantear ideas sobre la solución real a los problemas del país; pero cuando se trata de enlodar un nombre por lo bajo y sin fundamento, impera la necesidad de aclarar con la verdad y eso es lo que le solicito", le dijo públicamente.[9] El 1 de diciembre del 2017, el periodista David Delgado, quien trabajó en La Nación y en el Ministerio de Justicia y Paz, lo denunció públicamente por "persecución, burla y acoso" en relación con la cobertura sobre un caso de narcotráfico.[3]
Juicio
El 11 de diciembre del 2017 anunció que demandaría a la Universidad de Costa Rica debido a que un programa en Facebook de varios jóvenes estudiantes informaban de la agresión hacia su madre, su pasado como político y criticaban lo que calificaron sus tendencias "populistas de derecha".[10] Durante el juicio trascendió que Castro gritó a una de las acusadas «No le pego un tiro porque creo en Dios» lo que causó la reprimenda del juez.[11] El juicio fue finalmente anulado por los jueces por ausentismo del demandante.[12]
Acusación de antisemitismo
El 27 de julio de 2019 Castro realizó ataques desde su cuenta oficial de Facebook hacia distintos medios y partidos políticos, pero se dirigió en especial hacia el empresario judío Leonel Baruch, propietario del medio CRHoy, haciendo alusiones y chistes sobre el Holocausto y denominándolo además un «perverso banquero».[13] Las palabras de Castro fueron condenadas por el Centro Israelita de Costa Rica, la mayor de las asociaciones judías del país.[14] Las palabras de Castro también fueron condenadas por el embajador de Israel ante Costa Rica Amir Ofek, que las describió como «expresión miserable».[15] Las jefaturas de fracción de los partidos Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio e Integración Nacional repudiaron las manifestaciones, mientras el diputado independiente Erick Rodríguez Steller, afín a Castro, las defendió asegurando que habían sido sacadas de contexto.[16]
Campaña presidencial
Castro ha sido polémico por su forma de hacer campaña que algunos consideran irreverente y excéntrica, se le ha acusado también de populismo,[17] y se le ha comprado con el presidente estadounidense Donald Trump,[18] la candidata francesa Marine Le Pen[19] y el presidente filipino Rodrigo Duterte.[20] Comparaciones que Castro rechaza.[21] Castro ya aparecía en los primeros lugares en las encuestas aún antes de ser candidato oficial o tener un partido político que acogiera su candidatura[22] (la legislación costarricense no permite candidaturas independientes por lo que es obligatorio ser nominado por un partido político para ser candidato). Tras iniciar su campaña subió rápidamente del tercer al segundo lugar superando al candidato socialcristiano Rodolfo Piza Rocafort[23] y colocándose como segundo frente a Álvarez Desanti del PLN. En algunas encuestas apareció empatado con Álvarez o en primer lugar.[24][25]
Post-elecciones y nuevo partido
Terminadas las elecciones de 2018 en las cuales Castro no obtuvo el respaldo que le vaticinaban las encuestas y no pudo pasar a la segunda ronda, casi inmediatamente tuvo desacuerdos públicos con la dirigencia del partido que lo nominó, presidido por el diputado electo Walter Muñoz Céspedes. Castro acusó al PIN de sabotear su candidatura y de malgastar fondos que él había donado.[26][27] Ambos grupos se distanciaron rápidamente. Castro iniciaría el proceso de constitución de un nuevo partido al que llamaría Reconstrucción Costa Rica[28][29] y al cual se adhirió uno de los diputados electos por el PIN.[30] Sin embargo al no haber concluido el proceso de constitución a dos años después de la asamblea constitutiva, en febrero de 2020 el Tribunal Supremo de Elecciones declaró la creación del nuevo partido como caducada.[31] Castro mismo solicitó el archivo de la gestión argumentando dificultades logísticas.[32]
En 2022 dio su adhesión al candidato Rodrigo Chaves Robles,[33] quién eventualmente obtendría el segundo puesto en la primera ronda y avanzaría al balotaje el 3 de abril contra quién habría obtenido el primer puesto en las elecciones presidenciales y además quién sería el presidente de la república cuando Castro fue ministro de seguridad, José María Figueres.[34]
| Predecesor: Walter Muñoz Céspedes 1998, 2002, 2006, 2010 y 2014 |
Candidato presidencial del Partido Integración Nacional 2018 |
Sucesor: Walter Muñoz Céspedes 2022 |
Referencias
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- ↑ Solano, Jacqueline (6 de diciembre de 2017). «17 presidentes TIcos han sido masones Juan Diego Castro y Rodolfo Hernández son parte de la logia». Diario Extra. Consultado el 7 de diciembre de 2017.
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- ↑
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- ↑ Murillo, Alvaro (4 de enero de 2021). «Juan Diego Castro aborta inscripción de su nuevo partido para el 2022». Semanario Universidad. Consultado el 5 de enero de 2021.
- ↑ Herrera, Walter (6 de febrero de 2022). «"Rodrigo Chaves tiene la ventaja que va a poner en cintura a mucho sinvergüenza": Juan Diego Castro». La República. Consultado el 9 de febrero de 2022.
- ↑ «José María Figueres: el ex presidente que buscará su segundo mandato en Costa Rica». infobae. 7 de febrero de 2022. Consultado el 9 de febrero de 2022.
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