Berta Cáceres

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Berta Cáceres
Graffiti Berta Tegucigalpa.jpg
Grafiti de Berta Cáceres en Tegucigalpa.
Información personal
Nombre de nacimiento Berta Isabel Cáceres Flores Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacimiento 4 de marzo de 1972 o 1973[1]
cerca de La Esperanza,
departamento de Intibucá,
Honduras Bandera de Honduras
Fallecimiento 3 de marzo de 2016 (42 años).
ciudad de La Esperanza,
departamento de Intibucá,
Honduras Bandera de Honduras
Causa de muerte Asesinato Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacionalidad hondureña
Familia
Padres María Austraberta Flores López
Hijos Olivia Marcela, Berta Isabel, Laura, Salvador
Familiares Agustina Flores (1959-), activista
Información profesional
Ocupación Activista
Cargos ocupados
  • Director Ver y modificar los datos en Wikidata
Distinciones Premio Goldman
Premio Shalom
Web
Sitio web
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Berta Isabel Cáceres Flores (4 de marzo de 1971, 1972 o 1973[1]​-La Esperanza, 3 de marzo de 2016) fue una líder indígena lenca, feminista[2]​ y activista del medio ambiente hondureña.

Cofundó el COPINH para luchar por los derechos de los lencas y ganó el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Fue asesinada en Honduras después de años de haber recibido amenazas contra su vida.[3][1]​ Su asesinato fue ampliamente condenado a nivel internacional en toda América y parte de Europa.

Biografía[editar]

Fue hija de Austra Bertha Flores López, partera, enfermera y alcaldesa, quien dio amparo a muchos refugiados de El Salvador durante la guerra civil de ese país, además sometió la moción de la firma de Honduras de el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el cual fue firmado en 1995, también impidió que se instalara un batallón en La Esperanza para evitar la militarización, ya que los militares suelen hacer acosos a los pueblos y a las mujeres indígenas.

Durante su infancia y adolescencia Berta puedo ver y unirse a las luchas de su pueblo, uno de sus hermanos fue balaceado y perseguido, su otro hermano fue secuestrado y torturado por seis meses, su madre fue vigilada por 12 años y fue secuestrada en 1992 por un coronel egresado de la Escuela de las Américas, que luego fue ascendido. Su hermana, Agustina Flores (1959-), también activista del COPINH fue presa política en los primeros meses de la presidencia de Roberto Micheletti, debido a su apoyao al derrocado presidente constitucional José Manuel Zelaya, tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.[cita requerida]

Al formar parte de su pueblo participó en muchos de sus ritos y tradiciones, entre ellos, la compostura al agua.

Estuvo casada con el dirigente indígena Salvador Zúniga y fue madre de 4 hijos. Una de sus hijas, Berta Zúniga Cáceres asumió el liderazgo del COPINH, la organización que Berta Cáceres dirigía antes de ser asesinada. Pocas semanas después de asumir la responsabilidad, Berta Zúniga Cáceres denunció que el 30 de junio de 2017 sufrió un atentado del que logró escapar.[4]

Activismo ambiental[editar]

Homenaje a Berta Cáceres en Tegucigalpa (Honduras). A la izquierda se puede ver una fotografía de Berta Cáceres de perfil.

En marzo de 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para luchar en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca y para elevar las condiciones de vida de la población de la región.[5]

Destacó en su activismo medioambiental, siendo especialmente mediática su actividad en contra de la privatización de los ríos y los proyectos de presas hidroeléctricas de inversores internacionales,[6]​ sobre todo su lucha contra el proyecto de la represa de Agua Zarca en el Río Gualcarque en Santa Bárbara.[7]​ Luchó también contra proyectos mineros y madereros.

En 2009 encabezó protestas contra el golpe de Estado del 28 de junio al entonces presidente hondureño Manuel Zelaya.[8]​ Además fue una dura crítica del gobierno de Juan Orlando Hernández, a quien consideraba un "vende patria" y un "dictador".[9]

Oposición al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca[editar]

Desde el golpe de estado de 2009, se han iniciado en Honduras una gran cantidad de megaproyectos muy destructivos para el medio ambiente, que acarrean el desplazamiento comunidades indígenas y la privatización de ríos y territorios, destinándose casi el 30 % del territorio nacional a concesiones mineras.[10]​ Según denuncia el Copinh, en 2010 el Congreso Nacional otorgó docenas de concesiones de ríos en toda Honduras. Entre estas, le entregó por 20 años el Río Gualcarque a la empresa DESA, un río sagrado para el pueblo lenca y una importante fuente de agua y alimentos.[11]

En 2006 un grupo de indígenas lencas de Río Blanco acudieron al Copinh en busca de ayuda tras haber sido testimonios de la llegada de maquinaria y material de construcción en su área.[10]​ El proyecto se trataba de una alianza comercial para construir cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque. Los actores implicados eran la compañía china Sinohydro (la mayor compañía constructora de presas del mundo), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial y la compañía hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (DESA).[12]​ Las compañías habían violado la ley internacional al no consultar a la comunidad local sobre el desarrollo del proyecto, concretamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.[13]​ Mientras que los lencas consideraban que las presas afectarían su acceso a agua, comida y materiales para medicina, por lo que su modo de vida tradicional sería puesto en peligro.[14]

La campaña de protesta consistió en organizar reuniones comunitarias, presentar quejas legales y llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A partir del 2013, Cáceres dirigió al COPINH en la campaña de protesta. Una de sus principales acciones fue el bloqueo del acceso al área de construcción por más de un año; a pesar que los activistas locales fueron repetidamente desalojados por la Policía Nacional de Honduras.[15]​ El 15 de julio de 2013, los militares de Honduras abrieron fuego a algunos miembros del COPINH, quienes realizaban una protesta pacífica, causando la muerte del dirigente Tomás García y tres heridos.[14]​ En mayo de 2014 se produjeron dos asesinatos más y otros tres activistas resultaron gravemente heridos.[16]

Además, las compañías constructoras, la policía y los militares montaron desde entonces una campaña sistemática de represión, acoso y amenaza contra los activistas locales y grupos indígenas, a la vez que se los criminalizaba y se los presentaba en los medios de comunicación como violentos y peligrosos.[15]

En 2013, la presidenta del Cohep, Aline Flores, acusó a Cáceres de liderar grupos "que buscan atrasar al país" oponiéndose a proyectos de desarrollo, los cuales, manifestó, se han hecho a través de convenios y socialización con las comunidades.[17]​ El mismo año, Cáceres, junto a otros dirigentes indígenas, fue acusada de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en prejuicio de DESA, por lo que se le dictó una medida de prisión preventiva [18]​ En respuesta, Amnistía Internacional declaró que los cargos debería ser retirados y que si los activistas eran encarcelados serían considerados presos de conciencia.[19]​ Sumado a esto, 45 organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales expresaron su preocupación por la criminalización a los defensores de derechos en Honduras e hicieron un llamamiento para que el gobierno investigara las amenazas contra ellos.[18]​ Las presiones del Copinh liderado por Cáceres, junto con la ayuda de comunidades indígenas y organismos internacionales,[12]​ hizo que a finales del 2013, Sinohydro y la CFI se retiraron del proyecto, aduciendo inquietudes sobre violaciones a los derechos humanos.[10]​ A pesar de ello, Desarrollos Energéticos continuó con el proyecto y trasladó el área de construcción al otro lado del río con la intención de evitar bloqueos.[14][12]

Denuncias[editar]

En una entrevista realizada en diciembre de 2013 por Dick y Mirian Emanuelsson, Berta denució el acoso y la persecución a las tribus indígenas y el robo de sus tierras ancestrales por parte de el gobierno de Honduras y la venta de la tierra y recursos naturales de el país;

Denunció las 47 concesiones (permisos de explotación) otorgadas a empresas transnacionales mediante el uso de testaferros o prestanombres hondureños luego del golpe de estado de 2009, en las que se vendieron tierras, recursos y ríos mientras las comunidades que cuidaron de ellos durante milenios eran desalojadas, quedando desprotegidas, donde los ríos, la tierra e incluso el aire pasan a ser de las transnacionales; los ríos en muchos casos son desviados y dejan de pertenecer a las comunidades, y la contaminación o deforestación de estas zonas por empresas deforestadoras eliminan también la flora y fauna de estas tierras. Para Berta y su tribu el desvío del río significa la muerte para las comunidades, además de un ataque espiritual a ellas, ya que los espíritus del agua en su cosmología son femeninos y vitales en sus comunidades. Expresó además que durante el gobierno de Lobo no hubo tantas concesiones, en cambio durante el gobierno de Juan Orlando Hernández hubo más de 47 concesiones.

Su apelación al préstamo de 15 millones de dólares por parte de los Países Bajos, al violentar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y el derecho a consulta a los pueblos indígenas, debido a la consulta ilegítima realizada a la empresa DESA, a una organización gubernamental y a una secretaría gubernamental de asuntos indígenas y africanos (en lugar de consultar a los pueblos directamente afectados).

Berta Cáceres denunció también al exministro de Serna (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente), Rigoberto Cuéllar, de ser tesetaferro de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) al juramentar que no existía el pueblo lenca en Río Blanco ya que no había ningún documento que hiciera constar la existencia de miembros de esa etnia en Río Blanco, y que debido a esto fue puesto por el presidente Juan Orlando Hernández como fiscal adjunto para blindarlo legalmente por todo el daño hecho por las zona de empleo y desarrollo económico (Zedes, anteriormente llamadas ciudades modelo), empresas mineras, hidroeléctricas, etc a los pueblos, tierras, flora y fanua afectados en el país.

Expreso el combate de el COPIN contra 17 proyectos que afectan sus tierras, entre ellos un megaproyecto eólico en La Esperanza, Intibuca. La lucha de el gobierno contra los pueblos indígenas con tácticas modernas como la contrainsurgencia, ataques con falsas denuncias y juicios, persecución judicial, ataques y pago por adelantgado de sicarios, y el pago de personal de 2000 lempiras para quien saboteara sus automóvies, los cuales fueron saboteados en más de ocho ocasiones, además de tener pagados por adelantado a sicarios para cometer asesinatos ella, contra Francisco Sanches, sus otros dos compañeros enjuiciados y contra activistas indígenas y medioambientales. También denunció el intervencionismo de Estados Unidos en Honduras, al uso de el país como un laboratorio, al entrenamiento de paramilitares que de día trabajan como militares y de noche como mercenarios, de la división que se está haciendo a los hondureños y a la construcción de la base marítima estadounidense más grande de Latinoamérica en la laguna de Catarasca, la cual tiene construcciones subterráneas de las que alega que no son para combatir al narcotráfico. Denunció el soborno por 1 a 20 millones de lempiras a alcaldes y a líderes indígenas.

También denunció las amenazas de muerte que recibió, el acoso sexual y telefónico, y las amenazas recibidas por el excoronel de la fuerza aérea Douglas Geovanny Bustillo mientras este trabajaba como jefe de seguridad de DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima),[20]​ así como la persecución judicial recibida por parte de el gobierno. Además luego de preguntársele sobre ello, Berta Cáceres comentó que la partera que ayudó a nacer a la jueza que la enjuició en septiembre de 2013, Aicia Lizeth Naigh, fue la madre de Berta, Austra Flores, quien era la partera o matrona del pueblo, y de cómo su madre recibió también a todos sus hermanos porque ella era la matrona del pueblo.[21]

En una entrevista llevada a cabo el 7 de mayo de 2015 por CNN, Berta expreso como las nuevas leyes estaban violentando el derecho a la expresión de los grupos indígenas y al derecho de la defensa de a sus tierras y comunidades y de cómo el gobierno persigue a quienes protegen sus tierras.[22]

Asesinato[editar]

Antecedentes[editar]

Según la ONG Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con un total de doce activistas medioambientales asesinados en 2014 y más de 120 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas.[23]

Berta Cáceres llevaba años denunciando hostigamiento y graves amenazas de muerte y de violencia contra ella y su familia, y contra miembros del Copinh. Por lo mismo, contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009, aunque según su madre, en la práctica no recibía protección del Estado por la presión de las autoridades que defienden a la mineras y empresas hidroeléctricas.

Debido a la persecución recibida, su madre y sus hijos tuvieron que abandonar el país, mientras ella tomo precauciones extremas, dormía cada noche en un lugar diferente y casi no se comnicaba mediante aparatos telefónicos, siempre viajaba acompañada, no hacia presentaciones públicas, expresó además que recibia amenazas por parte de la empresa privada DESA como de las fuerzas de seguridad de el gobierno que protegian el proyecto de DESA.[20]​ Una semana antes de su asesinato, Cáceres denunció que ella y otros dirigentes de su comunidad habían recibido amenazas a muerte, y otros cuatro habían sido asesinados.[24][25]

El crimen[editar]

Cerca de la medianoche entre el 2 y 3 de marzo de 2016 Berta Cáceres se encontraba en su vivienda en La Esperanza, donde también se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro miembro de Amigos de la Tierra; cuando los asesinos forzaron las puertas.[25][26]​ Castro escuchó cuando Berta preguntó: «¿Quién está ahí?», y un sicario le disparó y la mató e hirió a Castro, quien fingió estar muerto para salvar su vida.[27]​ Al mediodía, su cuerpo fue trasladado por la Fuerza Aérea Hondureña hasta Medicina forense en Tegucigalpa.[24]

Reacciones[editar]

Miles de personas asistieron a su funeral, celebrado el 5 de marzo de 2016 en La Esperanza, que se convirtió en un homenaje popular. El acto fue dirigido por el sacerdote Ismael Moreno Coto y el padre Fausto Milla. Acompañados de los rituales y danzas garífunas, se cantó el Padre nuestro en diversos idiomas y lenguas como lenca, misquito, garífuna, quiché, español e inglés.[28]​ Luego del acto, sus hijas encabezaron una marcha por toda la ciudad, en la que reclamaron justicia y denunciaron la impunidad de los asesinatos de líderes ambientalistas en Honduras. La multitud llegó hasta el cementerio de La Esperanza, donde fueron sepultados sus restos.[29]

El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenó el hecho y declaró el esclarecimiento de su crimen una prioridad estatal.[30]​ También condenaron su muerte y exigieron una pronta investigación por parte de las autoridades hondureñas: el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro,[31]​ la relatora de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz,[32]​ el Parlamento Europeo,[33]​ la Cepal,[34]​ el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon,[35]Greenpeace;[36]​ otras 74 organizaciones latinoamericanas,[37]​ entre otras.[38]​ También hubo protestas y homenajes por parte de activistas y organizaciones en Guatemala,[39]​ Nicaragua, El Salvador,[40]​ Ecuador,[41]​ Bolivia,[42]​ Perú,[43]​ Paraguay,[44]​ Brasil,[45]​ España,[46][47][48]​ Francia,[49]​ Inglaterra,[50]​ Holanda[51]​ y Alemania.[52]

Además lamentaron su muerte los presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de Guatemala, Jimmy Morales,[53]​ de Ecuador, Rafael Correa[54]​ y de Venezuela, Nicolás Maduro; así como artistas conocidos por su activismo social, como René Pérez (Residente), Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio y Naomi Klein.[55]

También en Honduras hubo protestas durante los meses posteriores, llevadas a cabo por estudiantes universitarios,[56]​ feministas,[57]​ ambientalistas nacionales y extranjeros,[58]​ y el Copinh.[59][60]

Investigación[editar]

En las primeras horas tras el asesinato se procedió a la detención de tres personas, los testigos Gustavo Castro (conocido de Berta), José Ismael Lemus (guardia de seguridad) y Aureliano Molina Villanueva (militante de base del COPINH) como sospechosos.[61]​ Lemus fue liberado horas después con la advertencia de mantenerse en el país y la petición de colaborar con las autoridades, y el 6 de marzo fue también liberado Molina bajo vigilancia policial, porque no encontraron suficientes elementos para mantenerlo detenido. Hasta el momento, la policía mantenía la hipótesis de un crimen pasional, a pesar de los reclamos de los familiares de Berta de tratarlo como un crimen político.[62]

Dos días después del asesinato, Gustavo Castro fue puesto bajo el resguardo de la embajada de México en Honduras y las autoridades le prohibieron salir del país por 30 días debido a las investigaciones. El 7 de marzo, rompió el silencio mediante una carta pública, en la cual, entre otras cosas, acusó al gobierno hondureño de prohibirle salir del país sin razón alguna, de que ninguna de las fotografías presentadas por los entes de investigación respondían a los principales sospechosos del crimen, sino más bien a compañeros del COPINH y de que el escenario del crimen había sido modificado.

Vi morir a Berta en mis brazos pero también vi su corazón sembrado en cada lucha que el COPINH ha realizado, en tantísima gente que la conocimos. No hay lluvia que semeje tantas lágrimas derramadas por su partida, pero no hay tanta fuerza que asemeje la lucha lenca que se enfrenta día a día, palmo a palmo disputándose el territorio contra las grandes transnacionales.[63]

La medida de retenerlo en el país también causó rechazo entre más de 100 ONG activistas, quienes exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto intervenir para acelerar su retorno a México.[27]

Las investigaciones realizadas hasta el momento por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), señalan al exmilitar hondureño, Henry Javier Hernández Rodríguez, como el autor intelectual y material de la muerte violenta de Cáceres; quien fue capturado en enero de 2017 en México tras un trabajo coordinado entre las policías de ese país y de El Salvador y Guatemala. Con este, suman ocho los detenidos por la investigación del asesinato de la dirigente ambientalista.[64]​ Entre ellos se halla el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Roberto Cardona, capturado por la ATIC en octubre de 2016 tras permanecer prófugo. Cardona enfrenta juicio por ampliar irregularmente la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, trasladando las obras de infraestructura de Río Blanco (Intibucá) a San Francisco de Ojuera en Santa Bárbara, sin realizar previamente un proceso de consulta a los pueblos lencas.[13]

En octubre de 2016, le robaron su auto a la magistrada de la Corte Suprema de Apelaciones Penal, María Luisa Ramos, en donde tenía los expedientes relacionados al asesinato de Berta Cáceres.[65]​ Naciones Unidas expresó su preocupación ante este hecho,[66]​ aunque el mismo no afectó la investigación, según lo afirmado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.[67]

Críticas y exigencias[editar]

Se han levantado denuncias por parte del COPINH que expresan cómo el mismo gobierno intenta criminalizar a los compañeros de organización de Berta Cáceres para limpiar su imagen,[68]​ en lugar de investigar a los entes y empresas acusadas por los familiares de Berta, entre los que destacan el la empresa DESA, el Estado hondureño y el Grupo empresarial ATALA, de la familia Atala Zablah, uno de los más poderosos grupos de poder del país.[69][70]

A días del asesinato de Berta Cáceres, Erika Guevara-Rosas, representante de Amnistía Internacional criticó la deficiente investigación de las autoridades hondureñas y lamentó la negativa del presidente Juan Orlando a reunirse con familiares de Berta Cáceres, con defensores de derechos humanos y con Amnistía Internacional.[71]​ Meses después, también el Comité de la ONU contra la Tortura criticó la lentitud en dicha investigación y el hermetismo de las autoridades hondureñas.[72]

Berta Isabel Zúniga Cáceres, segunda Berta,[73]​ exigió que el asesinato sea investigado por investigadores internacionales junto al Ministerio Público y no por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y denunció la persecución en contra de la líder indígena por parte de empresas junto con autoridades locales de los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá.[74]​ Pidieron también una investigación intenacional independiente la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Ulrike Lunacek, en una carta abierta al presidente Hernández;[33]​ el presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, Peter Turkson,[75]​ el senador estadounidense, Patrick Leahy[76]​ y la embajada de Suecia en Honduras.[77]

El 6 de marzo, el Copinh exigió en un comunicado que el Estado de Honduras firmase un convenio Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que enviara expertos independientes que condujeran una investigación imparcial, transparente y limpia.[68]​ También más de 220 organizaciones ambientales firmaron una misiva dirigida al secretario de Estado de EE. UU. John Kerry, pidiéndole que la CIDH participe en la investigación del asesinato de Berta Cáceres.[78]​ a dicha petición se sumaron 11 senadores demócratas[79]​ y 59 congresistas estadounidenses.[80]

A mediados de junio, 5 congresistas estadounidenses presentaron el Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos jumanos en Honduras, orientado a suspender la ayuda económica de Estados Unidos a los entes de seguridad en Honduras, a los cuales responsabiliza de muchos de los atropellos a los derechos de los activistas.[81]​ La ley representaría la retención de $18 millones destinados a la seguridad estatal, hasta que se castigue a los responsables del crimen de Berta Cáceres y se investiguen las muertes de muchos otros activistas ambientalistas.[82]​ La ley no pasó, pero fue reintroducida en marzo de 2017 por 25 representantes.[83]

Reconocimientos y homenajes[editar]

  • 2012: Premio Shalom (Alemania).
  • 2014: finalista del premio Front Line Defenders, en Irlanda.[84]
  • 2015: Premio Medioambiental Goldman, un galardón denominado el "Nobel Verde" por ser el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente, otorgado anualmente.[10]
    • Póstumos:
  • 2016: Premio Campeones de la Tierra, de el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.[85]
  • 2017: Artemio Precioso, de Greenpeace.[86]

La diputada Doris Gutiérrez presentó un proyecto de ley al Congreso Nacional para declarar a Berta Cáceres "Heroína nacional". También diputados del Partido Libre, Liberal y Pinu, presentaron un proyecto para que se declare la zona del río Gualcarque como parque de reserva forestal y se bautice como "Berta Cáceres".[87][88]

En 2016, se presentó el documental Beta Vive, un homenaje a su lucha como parte de la campaña "Defensoras de la Madre Tierra."[89]​ El mismo, dirigido por Katia Lara Pineda, recibió una mención especial de los jurados en la competencia de cortometrajes iberoamericanos del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.[90]

A un año de su muerte, se realizaron diversos homenajes en conmemoración a Berta Cáceres en Canadá,[91]​ España[92]​ y Argentina.[93]​ También continuaron los reclamos por el esclarecimiento de su crimen, sobre todo por parte del Copinh.[94][95]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. a b c Distintos medios de comunicación han dado un año diferente de nacimiento:
  2. «Intervención de Berta Cáceres sobre la refundación de Honduras». YouTube. Consultado el 7 de marzo de 2016. 
  3. «Threats, attacks and intimidation against Berta Cáceres Flores». BertaCaceres.org. 
  4. «Tras sobrevivir a un atentado, la hija de Berta Cáceres habla de su apoyo a ley que detendría la ayuda militar de Estados Unidos a Honduras». Democracy Now!. Consultado el 22 de julio de 2017. 
  5. «¿Qué es COPINH?». Copinh.org. 10 de diciembre de 2008. Consultado el 21 de agosto de 2017. 
  6. telesurtv (3 de marzo de 2016). «Asesinan a Berta Cáceres». Consultado el 21 de agosto de 2017. 
  7. «COPINH: DENUNCIA URGENTE/ DESA-AGUA ZARCA REIMPULSA PROYECTO HIDROELÉCTRICO ILEGAL E ILEGÍTIMO, VIOLADOR DE DERECHOS Y LA VIDA DEL PUEBLO LENCA Y SUS TERRITORIOS». 22 de febrero de 2016. Consultado el 21 de agosto de 2017. 
  8. Nodal (marzo de 2016). «Honduras: asesinan a Berta Cáceres, dirigente indígena y feminista». Consultado el 21 de agosto de 2017. 
  9. NotiBomba (3 de marzo de 2016). «Berta Cáceres sobre Juan Orlando Hernández "Es un vende patria" [Video]». YouTube. HONDURAS. Consultado el 21 de agosto de 2017. 
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