Juan Orlando Hernández

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Juan Orlando
Hernández Alvarado
Juan Orlando Hernández, May 2015.jpg

Coat of arms of Honduras.svg
55º Presidente Constitucional de Honduras
Actualmente en el cargo
Desde el 27 de enero de 2014
Predecesor Porfirio Lobo Sosa

Coat of arms of Honduras.svg
Presidente del Congreso Nacional de Honduras[Nota 1]
25 de enero de 2010-25 de enero de 2014
Predecesor José Alfredo Saavedra
Sucesor Mauricio Oliva

Lempira in Honduras.svg
Diputado por Lempira
1998-2013

Información personal
Nombre en español Juan Orlando Hernández Ver y modificar los datos en Wikidata
Apodo JOH
El Indómito
Nacimiento 28 de octubre de 1968 (49 años)
Bandera de Honduras Gracias, Lempira, Honduras
Nacionalidad Hondureño
Religión Cristianismo
Partido político National Party of Honduras Logo.svg Partido Nacional
Familia
Padres Juan Hernández Villanueva
Elvira Alvarado Castillo
Cónyuge Ana García Carías
Hijos Ivonne María
Juan Orlando
Ana Daniela
Isabela
Educación
Alma máter Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Bandera de Honduras Honduras
Posgrado Universidad Estatal de Nueva York, Flag of the United States.svg Estados Unidos
Información profesional
Ocupación Abogado y político
Tratamiento Presidente
Web
Sitio web
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Juan Orlando Hernández Alvarado (Gracias, Departamento de Lempira, 28 de octubre de 1968) es un abogado y político hondureño, actual quincuagésimo quinto presidente constitucional de Honduras y presidente electo tras las elecciones generales de Honduras de 2017. Su primer periodo de mandato comenzó el 27 de enero de 2014 y finalizará el 27 de enero de 2018, cuando comenzará su segundo período hasta el 27 de enero de 2022.

Fue diputado en el Congreso Nacional por el departamento de Lempira desde 1998 y presidente del mismo entre 2010 y 2013. El 24 de noviembre de 2013 fue electo Presidente Constitucional de la República de Honduras en las elecciones generales de 2013 por el 36%, donde hubo una participación récord del 61% de los electores. En 2016, gracias a polémicos cambios realizados durante su gobierno a la constitución para legalizar la figura de la reelección presidencial, fue el candidato oficial del Partido Nacional de Honduras para las elecciones generales de Honduras de 2017, en las que resultó ganador por un estrecho margen.

Formación

Juan Orlando Hernández Alvarado nació en la aldea Río Grande, Gracias, departamento de Lempira, el 28 de octubre de 1968. Su educación primaria y secundaria la concluyó en Gracias, y en 1985 egresó en la primera promoción del Liceo Militar del Norte en San Pedro Sula. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, graduándose de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario en 1990. Durante su curso por la UNAH, fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho entre 1988 y 1989 y miembro propietario de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas; también fue escribiente Primero y Tercero del Juzgado de Letras de lo Civil en Francisco Morazán. Además fungió como vocal primero de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asociación de Técnicos Legislativos Centroamericanos.[1]

Al graduarse, su hermano Marco Augusto, quien ocupaba la Primera Secretaría del Poder Legislativo para el periodo 1990-1992, lo nombró su Asistente Ejecutivo, lo que le permitió conocer más de cerca a muchos líderes del Partido Nacional. Durante ese tiempo también fue monitor de la cátedra Derecho Procesal Civil I en la UNAH. Partió con una beca a España, para estudiar legislatura. A su regreso, se involucró activamente en la campaña presidencial del precandidato por el Partido Nacional, Roberto Martínez Lozano, donde se desempeñó como coordinador departamental en Lempira en 1993.[2]

Gracias a una beca por excelencia académica, en 1994 ingresó a la Universidad Estatal de Nueva York, volviendo a Honduras al año siguiente con una Maestría en Administración Pública con Orientación en Administración Legislativa. Luego ganó una diputación en las elecciones de 1997, y simultáneamente dio clases de Derecho Constitucional en la UNAH, hasta 1999.

Diputación

En el proceso electoral de 1997, venció al primer diputado liberal por el departamento de Lempira, convirtiéndose en diputado en el periodo 1998-2002. Durante su segundo período legislativo (2002-2006), fue electo como Primer Secretario de la Junta Directiva. Propuso junto con a Porfirio Lobo Sosa que los diputados rindieran obligatoriamente una declaración jurada de bienes ante el Tribunal Superior de Cuentas.[3]​ Fue también Jefe de Bancada del PNH de 2005 a 2009. En su tercer periodo (2006-2010) se desempeñó además como Secretario General del Partido Nacional, tras celebrarse una convención el 15 de marzo de 2009.

Presidencia del Congreso Nacional

Para su cuarto período como diputado, en enero de 2010, el pleno del Congreso Nacional eligió a Juan Orlando Hernández como presidente de la Junta directiva provisional de ese poder del Estado.[4]​ En abril del mismo año presidió la octava reunión extraordinaria del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, en San Pedro Sula.

Durante su presidencia, se aprobaron una serie de medidas controvertidas, tales como la Ley Temporal de Seguridad Poblacional, o "Tasa de Seguridad"; la Ley de Inversiones para Atracción de Capitales y la ley para la creación de Zonas Especiales de Desarrollo, conocidas como Ciudades Modelo.[5]​ No obstante, se enfocó en el tema de seguridad ciudadana con medidas como la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin) y la creación de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía.[6]​ Asimismo, antes de dejar el Congreso para dedicarse a su campaña presidencial, Hernández introdujo un proyecto de ley para la creación de la Unidad Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), aprobada en junio de 2013. La unidad Tigres se encarga de realizar actividades de inteligencia y de reacción que permiten hacer operaciones que la Policía Preventiva no puede hacer.[7][8]​ El 12 de junio de 2013, el Congreso Nacional le extendió un permiso para ausentarse de sus funciones y dedicarse totalmente a su campaña como candidato presidencial por el Partido Nacional (PN).[9][10]

Controversias

En julio de 2011 entró en vigencia la Ley Temporal de Seguridad Poblacional, que imponía una serie de tasas especiales a cuentas bancarias y actividades empresariales con el fin de obtener fondos extra para combatir la criminalidad. Ante las múltiples críticas por parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, las organizaciones de consumidores y la banca; la ley fue reformada, estableciendo tasas más bajas, y publicada en enero de 2012.[11][12]

En septiembre de 2012 se presentó un proyecto de ley para la creación de Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas popularmente como "ciudades modelo",[13]​ y se firmó un convenio con una empresa estadounidense para la construcción de la primera de ellas, que comenzaría en octubre.[14]​ Inspiradas en la idea de las ciudades chárter, las ciudades modelo serían ciudades autónomas de hasta 33 km2 cada una, construidas por empresas extranjeras con concesiones de hasta 80 años,[15]​ que según sus promotores, captarían la inversión extranjera e incentivarían notablemente el desarrollo de la región. La iniciativa se encontró con el rechazo de organizaciones sociales y de juristas,[16]​ quienes vieron a las mismas como una forma de "privatización del territorio nacional", llegándose a presentar casi 70 recursos de inconstitucionalidad contra la misma.[17][18][19]​ Ese mismo mes, 13 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia declararon inconstitucional el proyecto de ley por violentar la autonomía judicial del país, su soberanía y su forma de gobierno, y comprometer el desarrollo del país.[20]​ Tanto Hernández como el Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, lamentaron esta decisión.[17]
El proyecto fue reintroducido en enero de 2013 con algunos cambios para impedir que se repitiera el fallo de inconstitucionalidad,[21]​ y fue aprobado una vez más por el Congreso en el marco de un debate donde se cuestionó nuevamente la violación de la soberanía nacional.[22]​ Las ahora llamadas "Zonas de Desarrollo y Empleo Económico" (ZEDE) continuaron perfilándose como proyectos de gran beneficio para el país durante el mandato de Hernández como Presidente de la República.[15]

En enero de 2012 se aprobó la Ley de Depuración Policial, que introdujo las "pruebas de confianza" a miembros de la Policía Nacional, en donde se incluía el uso de un polígrafo, algo prohibido por el artículo 101, literal 7 del Código Procesal Penal del país.[23]​ La ley violaba además garantías constitucionales y del derecho internacional.[13]​ Tal situación llevó a cuatro de los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema a fallar en contra de las pruebas de confianza, aunque todos coincidieron en la ilegalidad del uso del polígrafo.[24]​ En respuesta, el 12 de diciembre el Congreso Nacional determinó destituir a los 4 magistrados con la aprobación de 97 de los 128 diputados, esto con el respaldo de Hernández, quien habló de una "conspiración" de los magistrados contra los intereses del pueblo.[25]​ La acción fue considerada por muchos un "golpe institucional" contra la Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso, quien excedió sus facultades según expertos constitucionalistas.[26]​ También fue condenada por diputados de las diversas bancadas en el Congreso,[27]​ por el fiscal general adjunto del Ministerio Público y presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Roy Urtecho,[28]​ por la Asociación de Jueces por la Democracia y por la Asociación de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial;[29]​ y cuestionada por el Consejo Nacional Anticorrupción.[30]

Campañas presidenciales

Campaña de 2012-2013

Elecciones internas

Durante la campaña para las elecciones internas en 2012, el principal candidato opositor de Juan Orlando fue el entonces alcalde del Distrito Central, Ricardo Antonio Álvarez Arias, por el movimiento "Salvemos Honduras". Luego de llevarse a cabo las elecciones primarias en noviembre del mismo año, el 9 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró como ganador a Juan Orlando Hernández, del movimiento "Azules Unidos", con 446,230 de los 1,144,444 de votos que registró de manera histórica este partido político.[31]

El movimiento de Ricardo Álvarez acusó en un comunicado al movimiento de Juan Hernández de ganar las elecciones mediante fraude, valiéndose de la inflación de datos, la compra de mesas electorales, la intimidación, la retención de credenciales, el apoyo económico del presidente de la República Porfirio Lobo y la colusión con grupos del crimen organizado.[32]​ Asimismo, Álvarez demandó un reconteo "voto por voto". [33]​ Al final, Álvarez reconoció los resultados oficiales y aceptó la propuesta de Juan Orlando de acompañarlo como candidato a designado presidencial.[34]

Elecciones generales

En julio de 2013, durante su campaña presidencial, el candidato Hernández inauguró en su visita a los departamentos de Intibucá y La Paz "El pueblo propone", un programa para escuchar las ideas, sugerencia y necesidades de las comunidades, comprometiéndose a integrarlas a su plan de gobierno.[35]

En materia de seguridad, su polémica propuesta para que unos 30,000 soldados de las Fuerzas Armadas conformasen una Policía Militar para combatir la violencia en Honduras, fue criticada por los candidatos opositores, Xiomara Castro de Zelaya del partido Libre y Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción,[36]​ así como por el analista y ex-Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, y el Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura.[37]

El 24 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones generales en Honduras, en las que hubo una participación récord del 61% de los electores.[38]​ En diciembre, el Tribunal Supremo anunció como ganador a Juan Orlando Hernández, con 1,149,302 votos. Hernández, con 45 años de edad, se convirtió en el presidente hondureño más joven en asumir el cargo del siglo XX y XXI, además de ser la primera ocasión en la que el partido nacional ganó de manera consecutiva desde el inicio de la era democrática en el país. Su periodo de mandato concluirá el 27 de enero de 2018.

Sin embargo, tanto el candidato del PAC, Salvador Nasralla como la candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, se negaron a acatar los resultados del Tribunal Supremo Electoral y llamaron a una movilización en las calles.[39]

Campaña de 2017

En noviembre de 2016, Juan Orlando anunció que buscaría la reelección, postulándose como precandidato por dos corrientes internas dentro del Partido Nacional: "Juntos por más cambios" y "Unidos por la nueva Honduras".[40][41]​ Su opositor sería el también candidato a la reelección, el expresidente nacionalista Rafael Leonardo Callejas (1990-1994); pero tuvo que rendir cuentas a la justicia estadounidense por el FIFA Gate, y designó a Roberto Ramón Castillo como nuevo precandidato por su movimiento Monarca (Movimiento Nacionalista Rafael Callejas).[42]​ Las elecciones internas se llevaron a cabo el domingo 12 de marzo de 2017, dando como ganador a Hernández con 1'063'807 votos, del total de 1,378,770; el 92.56%.[43][44]

Como candidato oficial del Partido Nacional, Juan Orlando presentó en octubre su plan de gobierno, titulado "Honduras avanza con paso firme", basado en 7 pilares: Innovación productiva, Acceso a crédito, Honduras plataforma logística, Salud y educación, Seguridad y defensa, Estabilidad en el país, y Honestidad y transparencia.[45][46]​ Entre sus principales propuestas se encontraron la generación masiva de empleo a través del "plan 20/20" y las Zonas Especiales de Desarrollo, el programa "Vida mejor", la consolidación de un sistema de seguridad enfocado en la prevención del delito y el mejoramiento de la imagen de país para atraer inversión.[47]​ Tras las elecciones generales del 26 de noviembre, fue declarado oficialmente como ganador el 17 de diciembre, con el 42.95% de los votos, que representaron 1,410,888 votos.[48]

Presidencia

El 27 de enero de 2014 comenzó el mandato presidencial de Juan Orlando Hernández. Asistieron a la toma de posesión S. M. don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias; Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica; Juan Manuel Santos, presidente de Colombia; Ricardo Martinelli de Panamá, Danilo Medina de República Dominicana, Atifete Jahjaga representante de Kosovo, Ma Ying-Jeou, presidente de Taiwán, Rosa Virginia Chávez (hija del ex presidente venezolano Hugo Chávez) y su esposo como representantes de Venezuela, cuerpos diplomáticos de países amigos, el secretario general OEA José Miguel Insulza y representantes de organismos internacionales como el Sistema de la Integración Centroamericana, Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.[49]​ Asimismo estuvieron presentes el presidente saliente, Porfirio Lobo Sosa y los ex presidentes hondureños Rafael Leonardo Callejas y Ricardo Maduro; el arzobispo Rómulo Emiliani, representante de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, y el pastor Alberto Solórzano, representante de la Confraternidad Evangélica de Honduras, entre otros.[50]

En su discurso inaugural, Hernández aseguró que elevaría el número de elementos de la Policía Militar, así como la puesta en vigencia de la Policía TIGRES. Aseguró la aceleración de la depuración de las instituciones públicas y mencionó que ante los altos índices de violencia que imperan en el país, su gobierno contrarrestará aplicando la “cero tolerancia”.[50]​ También, bajo el lema "Una vida mejor", Hernández reiteró su promesa de ayudar a las 800,000 familias más pobres, de apoyar a los pequeños productores y de generar empleos.[51]

Estructura de gobierno

El plan inicial de Hernández era crear sólo siete ministerios, pero no pudo hacerlo porque hay varias Secretarías de Estado señaladas en la constitución. De modo que resolvió crear 7 gabinetes sectoriales en los cuales se integran la mayor parte de instituciones del Estado, entre las cuales sólo 13 tienen el rango de secretaría, más una secretaría general que está por encima de los ministros sectoriales y una secretaría de la presidencia, contrastando con las 38 secretarías del gobierno anterior.[52]​ El nuevo esquema de gobierno oficializado por decreto ejecutivo contempló la desaparición de la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa, Cultura, Artes y Deportes; Turismo; Pueblos Indígenas y Afrohondureños; y de Justicia y Derechos Humanos, cuyas funciones y presupuestos pasarían a otras instituciones. También le quitó el rango de secretaría a instituciones como Pronaders, FHIS, SANAA, ENEE, Instituto de la Juventud, e Infop, entre otros.[53]

El gabinete de gobierno de la administración presidencial 2014 a 2018, es el siguiente:[54][55]

Secretaría de la Presidencia
dirigida Reynaldo Sánchez
Secretaría General de Gobierno
dirigida por Jorge Ramón Hernández Alcerro
Ministerio Sectorial Instituciones integradas
Gobernabilidad y Descentralización
Ricardo Álvarez
  • Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
    • Rigoberto Chang Castillo
  • COPECO
  • Centros Penales.
  • Registro Nacional de las Personas.
Desarrollo e Inclusión Social
Lisandro Rosales
  • Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
    • Lisandro Rosales
    • Ricardo Cardona (desde 2015)[56]
  • Secretaría de Salud
    • Yolani Batres
  • Secretaría de Educación
  • Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
    • Carlos Alberto Madero Erazo
  • Todos los institutos de previsión social
  • Todas las universidades públicas
Desarrollo Económico e Inversiones
Alden Rivera
Arnaldo Castillo (desde 2016)[57]
  • Secretaría de Desarrollo Económico
    • Alden Rivera
  • Secretaría de Agricultura y Ganadería
    • Jorge Lobo
  • Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
    • José Antonio Galdámez
  • INA.
Infraestructura Productiva
Roberto Ordóñez
  • Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
  • SOPTRAVI
  • ENEE
  • SANAA
  • HONDUTEL
Conducción y Regulación Económica
Marlon Tábora Muñoz
  • Banco Central de Honduras
    • Marlon Tábora
  • Secretaría de Finanzas
  • Banco Nacional de Producción y Vivienda (BANPROVI)
  • Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)
  • Comisión de Bancos y Seguros (CNBS)
Seguridad y Defensa
Arturo Corrales
  • Secretaría de Seguridad
  • Secretaría de Defensa
  • Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP)
  • Sistema de Administración Financiero Integrado (SIAFI)
Relaciones Internacionales
Jorge Ramón Alcerro
  • Secretaría de Relaciones Exteriores
    • Mireya Agüero
    • Arturo Corrales (desde 2015)
  • Despacho de Planificación y Cooperación Externa
  • Oficina del Plan de Nación Visión de País

Otros puesto importantes son los de Ricardo Álvarez, Rossana Guevara y Lorena Herrera como designados presidenciales,[59]​ y el nombramiento de Ebal Díaz como asesor privado y secretario ejecutivo del Consejo de Ministros y de su hermana Hilda Hernández como Ministra Directora de Comunicaciones, un cargo que según la constitución es violatorio debido a su inmediato parentesco familiar.

Primer año

En su primer año, Hernández se enfocó en reducir la tasa de desempleo y la reinante ola delincuencial, que ubicaba al país entre los 5 más peligrosos del mundo.[60]​ Se intervinieron varias instituciones del Estado y se anunciaron estudios para la creación de la primera de las llamadas "Zonas de Desarrollo y Empleo Económico" (ZEDE), o Ciudades Modelo,[15]​ iniciativa que impulsó desde el Congreso Nacional.

En sus primeros 10 meses de gobierno, un estudio de la firma mexicana Consulta Mitofsky posicionó a Juan Orlando como uno de los presidentes de América mejor evaluados, con un 60% de aprobación.[61][62]​ Encuestas similares realizadas a nivel nacional por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en Honduras[63]​ y por CID Gallup le dieron al presidente una aprobación del 54%, siendo entonces el político mejor evaluado del país.[64]​ La encuesta de CID Gallup evaluó además la gestión presidencial, la cual obtuvo un 44% de opiniones positivas frente a un 28% de opiniones negativas; con un 40% de los encuestados considerando que la situación del país será mejor al finalizar el gobierno, un 25% creyendo que será peor y un 23% que será igual.

Lucha contra el crimen

Los avances en la lucha contra la criminalidad del gobierno de Hernández han sido alabados.[65][66][67]​ Los mismos le valieron a Honduras mejorar notablemente en su Índice de Paz Global,[68]​ pasando de la posición 123 en 2013 a la 106 en 2017; lo cual, sin embargo, aún lo coloca como un país peligroso, y el séptimo más conflictivo de Latinoamérica.[69][70]​ Asimismo, en 2017, logró posicionarse junto a Chile en el primer lugar de Latinoamérica en el Índice Global de Ley y Orden realizado por la compañía estadounidense Gallup,[71]​ que mide la percepción de seguridad ciudadana y la confianza en los entes de seguridad.[72]

Muertes violentas e índice de muertes violentas cada 100'000 habitantes desde 2004, según el Observatorio de la Violencia.

Logró continuar con el descenso en el índice de muertes violentas que se venía dando desde 2012, cuando Honduras fue considerado el país sin guerra más violento del mundo.[73]​ De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH,[74]​ esta cifra se redujo a 59.1 para 2016. Por su parte, el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) de la Secretaría de Seguridad presenta mínimas diferencias en cuanto al índice de muertes violentas,[75]​ atribuidas a la distinta metodología y estimaciones poblacionales;[76]​ aunque algunos cuestionan la exactitud de estas cifras.[77][78]​ Para 2017, SEPOL reportó 3,791 muertes violentas, lo que significa un descenso a 42.8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.[79]

En tres años y medio de gobierno fueron extraditados 14 hondureños a Estados Unidos por delitos de lavado de activos y tráfico de drogas,[80]​ lo cual representó un importante golpe para los cárteles que operan en Honduras.[81]​ El primero de ellos fue Carlos Arnoldo "El negro" Lobo, antiguo operador del Cártel de Sinaloa de México y del Cártel de los Cachiros de Honduras.[82]​ Lobo, a quien le seguían la pista desde 2006, fue capturado en marzo de 2014 y dos meses después se convirtió en el primer hondureño en ser extraditado.[83]​ Su captura ayudó a desvelar un plan de magnicidio contra el presidente Hernández.[84]

Reformas

En septiembre de 2016 comenzó a funcionar en Honduras la primera cárcel de máxima seguridad, denominada "El pozo", ubicada en Ilama, Santa Bárbara.[85]​ La misma comenzó a construirse en 2014 y opera bajo los parámetros de la Asociación Americana de Prisiones (ACA).[86]​ Posteriormente también comenzó a funcionar la cárcel de máxima seguridad "La tolva," también conocida como "El pozo II" en Morocelí, El Paraíso.[87]​ Ambas cárceles hicieron frente a la problemática del hacinamiento y el control de los mareros en los centros penales de Honduras, desde la cuales continuaban ordenando actos delictivos. El pozo tiene capacidad para 1,450 reos, mientras que La tolva para 1,350.[88]

En 2013 había comenzado a funcionar en Honduras la línea de emergencia 911,[89]​ con una central en la capital, Tegucigalpa.[90]​ Para mayo de 2015 el Congreso de la República aprobó la Ley del Sistema Nacional de Emergencias 911, una iniciativa del Poder Ejecutivo con la cual el número de emergencia 911 pasó a ser el único habilitado para acciones de seguridad, socorro y denuncias, las cuales son atendidas por 17 instituciones integradas.[91]​ La ley además establece el procedimiento a seguir en la recepción de llamadas y fija penas para las llamadas falsas.[92]​ El Sistema Nacional de Emergencia 911 comenzó a funcionar en agosto del mismo año con 1'3000 cámaras y un centro de atención de llamadas en Tegucigalpa,[93]​ y luego otro en San Pedro Sula,[94]​ El sistema tiene actualmente cobertura de llamadas a nivel nacional y videovigilancia en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Lima, Villanueva, El Progreso y San Manuel; con próximos proyectos en Santa Rosa de Copán, Gracias y Tela.[95]

Lucha contra la corrupción

En su primer acto público tras la toma de posesión, el presidente Hernández firmó una carta de intenciones con Transparencia Internacional para pactar un convenio entre su gobierno y este organismo internacional.[96]​ El llamado "Convenio de Colaboración y Buena Fe para la Promoción de la Transparencia, Combate a la Corrupción y Fortalecimiento de Sistemas de Integridad" fue firmado el 6 de octubre de 2014 por el presidente del Ejecutivo, Transparencia Internacional y la Asociación para una Sociedad más Justa.[97]​ Honduras se convirtió en el primer país del mundo en firmar un convenio de combate a la corrupción de esta magnitud, el cual se monitorea cada tres meses.[98][99]

En marzo de 2014 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordenó la intervención total del sistema aduanero del país, con base en los hallazgos de la Fuerza Nacional Antievasión y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).[100]​ Posteriormente, el presidente Hernández decidió también intervenir la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente[101]​ y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IMAH) por presuntos actos de corrupción.[102]​ En julio se intervino el hospital Mario Catarino Rivas, el segundo centro hospitalario más importante del país; por varias denuncias de irregularidades.[103]​ La intervención destapó el deplorable estado de esta institución pública, controlada por mafias de corrupción [104]​ y azotada por la escaces de materiales y medicamentos.[105]​ Ese mismo mes el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa determinó intervenir la Dirección de Centros Penales y nombrar nuevas autoridades; esto luego de la fuga de 13 peligrosos reos de la Penitenciaría Nacional en Támara.[106]​ En septiembre, la Secretaría de salud intervino otro hospital, esta vez en El Progreso, tras la desparición de 50'000 lempiras en medicamentos.[107]​ En 2017 se intervinieron el Instituto de la Propiedad (IP) en San Pedro Sula, para investigar a una presunta red de estafadores,[108]​ y el Fondo Vial —adscrito a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Insep)—, del cual también fueron destituidos su director y subdirector; debido a la falta de transparencia en al menos 10 de sus proyectos.[109]

Economía

En 2001 se aprobó en Honduras la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, que pretendía, entre otros objetivos, reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema a 42% y 25% respectivamente.[110]​ Sin embargo, durante los siguientes 12 años la pobreza en Honduras se redujo apenas 1% según un informe del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. El Instituto Nacional de Estadística calculó para este periodo una tasa de pobreza del 64.5% y de pobreza extrema de 42.6%.[111]​ En 2015 la población en estado de pobreza fue del 60% según la Cepal, colocando a Honduras como el país con más pobreza en Latinoamérica.[112]​ Mientras que en 2016 un estudio de una compañía inglesa colocó a Honduras como el país con la canasta básica más cara de Latinoamérica,[113]​ versión rechazada por el gobierno.[114]

En mayo de 2016 entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Fiscal,[115]​ y a finales de 2017 las reformas a la Ley de Tarjetas de Crédito.[116]​ Ambas medidas señaladas como logros en favor de la economía nacional.[117][118]​ Cepal reportó un crecimiento económico en el país de 3.6% en 2015 y 3.5% en 2016, y estimó que 2017 cerrará con un crecimiento de 3,7%.[119]​ También el Fondo Monetario Internacional reportó una importante mejora en la economía durante el gobierno de Hernández, el cual firmó un acuerdo stand by con este organismo internacional de diciembre de 2014 a diciembre de 2017. Honduras alcanzó todas las metas del acuerdo en junio de 2017,[120]​ re-estableciendo con éxito su estabilidad macroeconómica y bajando sustancialmente su déficit fiscal.[117]

La calificadora de riesgo crediticio Standard & Poor's ha mejorado la calificación de Honduras desde 2015, cuando la subió de B a B+ con perspectiva estable,[121]​ y con perspectiva positiva en 2016, destacando la capacidad que tiene Honduras para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones financieras.[122]​ Mientras que en 2017 su calificaciòn fue de BB- con perspectiva estable. En su informe mencionan la reducción del costo fiscal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la reducción del déficit de la cuenta corriente del país, además de factores atenuantes como el bajo ingreso per capita, la limitada infraestructura física y la limitada efectividad de la política monetaria.[123]​ Asimismo, la agencia de calificación de riesgo Moody's Investors Service otorgó a Honduras en 2017 la calificación de B1 estable.[124][125]​ Ambas calificaciones históricas[126]​ le valieron a Honduras ser el único país de Centroamérica en avanzar en este aspecto.[127]

Según el Consejo Monetario Centroamericano, la deuda del país fue de USD 10,057.1 millones (42.2% del PIB) para abril de 2017, de los cuales el 68.2% (6,860.8 millones) corresponden a deuda externa y el 31.8% (3,196.3 millones) a deuda interna;[128]​ representando un aumento de casi USD 2,000 millones respecto a enero de 2014, cuando la deuda pública representó el 42.4% del PIB.[129]

Protestas y MACCIH

Debido principalmente al escandaloso caso de desfalco y malversación a empresas fantasmas de los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el grupo autodenominado "Los indignados", liderados por Ariel Varela, Gabriela Blen y Miguel Briceño,[130]​ convocaron para el viernes 29 de mayo de 2015 a cientos de capitalinos, que salieron a protestar a las calles de Tegucigalpa portando antorchas y exigiendo el esclarecimiento definitivo de este caso.[131]​ Una semana después, la llamada "marcha de las antorchas" volvió a llenar las calles de Tegucigalpa, llevándose a cabo también en el transcurso de la semana marchas similares en otras ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba, Danlí, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Tocoa, Roatán y Puerto Cortés.[132][133]​ Desde entonces, las marchas de las antorchas convocadas por Los indignados continuaron realizándose las tarde-noches de los viernes, en Tegucigalpa y otras ciudades del país, así como manifestaciones apoyo en el extranjero; esta vez exigiendo la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH), similar a la CICIG conformada en Guatemala; y bajo la consigna "Fuera JOH" (Juan Orlando Hernández).

Luego de que 4 miembros de Los indignados anunciaran una huelga de hambre como medida de presión para pedir la instalación de la CICIH, el presidente Juan Orlando Hernández inició el 24 de junio un diálogo con diversos sectores de la sociedad y propuso la creación de un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC) como una medida más profunda, incluyente y efectiva que la CICIH.[134]​ La SIHCIC se compondría de una unidad de supervisión y apoyo al Ministerio Público contra la corrupción e impunidad, una unidad de supervisión y apoyo al Consejo de la Judicatura y la Ispectoría de Tribunales contra la corrupción y la impunidad, una unidad especial para la seguridad de jueces y fiscales, un observatorio del sistema de justicia y un sistema de integridad empresarial.[135]​ El llamado al diálogo del presidente fue rechazado tajantemente por la oposición indignada, quienes la misma semana sumaban 3 miembros a su huelga de hambre.[136]​ Las marchas de las antorchas continuaron desarrollándose exigiendo la renuncia del presidente y del fiscal general y la conformación de la CICIH como condicionantes para iniciar un diálogo.[137]

El 7 de septiembre de 2015, un equipo de facilitadores de la OEA, dirigido por John Biehl y respaldado por el metodólogo de la ONU, Alejandro Bendaña, inició un proceso de diálogo con diversos sectores de la sociedad para que la oposición y el gobierno se pusieran de acuerdo sobre la integración de un mecanismo de combate a la corrupción.[138]​ El equipo mediador concluyó sus funciones el 12 del mismo mes, las cuales tuvieron como fruto la concepción de la MACCIH, la Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción y la Impunidad en Honduras.[139]

Casos emblemáticos

Saqueo del IHSS

Antes de entregar el poder en 2014, el ex-presidente Porfirio Lobo Sosa ordenó la intervención del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), (que ya había sido intervenido en 2013[140]​) y suspendió a su director, Mario Roberto Zelaya. La Comisión Interventora entregó un primer informe en marzo del mismo año, revelando el mayor caso de corrupción y latrocinio en la historia de esa institución, el cual la dejó con una deuda financiera de 6,399.24 millones de lempiras.[141][142]​ Sus investigaciones llevaron a la captura del exgerente administrativo del IHSS, José Ramón Bertetty; además se emitió una orden de captura contra Mario Zelaya, quien se dio a la fuga. Posteriormente se acusó al exgerente financiero, John charles Bográn, a Mario Zelaya y a José Ramón Bertetty por delitos de abuso de autoridad, de incumplimiento de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude y otros delitos ligados a la corrupción.[143]​ Tras 222 días prófugo, Zelaya fue capturado en el departamento de El Paraíso, cerca de la frontera con Nicaragua,[144][145]​ según la versión oficial.[Nota 2]

En mayo de 2015 el escándalo salpicó al Partido Nacional de Honduras, cuando se reveló la existencia de cheques donados a esa institución política a través de empresas fantasma ligadas al robo del Seguro Social.[146][147]​ Parte de ese dinero fue depositado en cuentas del partido, que fueron aseguradas por el ministerio público en marzo de 2016.[148]​ Ante esto, líderes de la oposición acusaron al presidente Hernández de ser al autor intelectual detrás del desfalco del IHSS, usado para financiar su campaña política. La ciudadanía también se mostró escéptica y exigió el esclarecimiento definitivo de este caso.[149][131]​ En junio de 2015, Hernández admitió que su partido recibió fondos fraudulentos para la financiación de su campaña, pero que él no tenía nada que ver con la corrupción en el IHSS. También dijo que el Partido Nacional tenía el deber de devolver esos recursos, y recalcó que las investigaciones deben continuar "caiga quien caiga."[150][151][152]​ El jefe de la bancada del PNH, Óscar Álvarez, dijo que los cheques fueron recibidos desconociendo lo que pasaba en el IHSS;[148]​ y en marzo del 2016 aseguró que su partido devolvió el dinero que recibió de "empresas de maletín".[153]

Hasta junio de 2017, el Ministerio Público ha logrado 9 fallos condenatorios, producto de la judicialización de 15 líneas de investigación, habiendo otras 40 pendientes. Además hay otras 46 personas acusadas y se han decomisado casi 300 millones de lempiras en bienes ilícitos.[154][155][156]​ El primer sentenciado fue José Ramón Bertetty, condenado a 7 años de prisión en octubre de 2015.[157]​ Posteriormente, fue también hallado culpable junto a John Charles Bográn y Mario Zelaya por la sobrevaloración de boletos aéreos[158]​ y la creación de empresas de maletín para extraer fondos del IHSS.[159]​ Zelaya fue además encontrado culpable por otros delitos, con lo cual suma más de 25 años de prisión.[160]

Reelección presidencial

La constitución de Honduras de 1982, emitida por una Asamblea Nacional Constituyente tras un periodo de sucesiones de gobiernos militares, prohibía la figura de la reelección presidencial, las iniciativas para legalizarla e incluso la promoción de esta:

El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública.

Artículo 239 de la constitución.

Esto cambió el miércoles 22 de abril de 2015, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hondureña falló de manera unánime a favor del recurso de inaplicabilidad al artículo 239 interpuesto por el-expresidente nacionalista Rafael Leonardo Callejas.[161]​ Esta decisión incluyó además al recurso de inconstitucionalidad interpuesto anteriormente por 15 diputados nacionalistas y uno de la Unificación Democrática contra el segundo párrafo del artículo 239, el numeral 5 del artículo 42, que establecía que ≪la calidad de ciudadano se pierde por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del presidente de la República≫; y el artículo 330 del código penal que establecía una sanción de 6 a 10 años de cárcel para el presidente que buscara la reelección, así como aquellos que lo apoyaran o propusieran su legalización.[162]​ Gracias a esto, tanto Callejas como el actual presidente, Juan Orlando Hernández, pudieron participar en la elecciones internas de 2016, en las que resultó ganador Hernández, quien actualmente se encuentra realizando proselitismo como candidato oficial del Partido Nacional de Honduras de cara a las elecciones generales en noviembre de 2017.

A pesar de que para los entes legales la reelección en Honduras es "cosa juzgada",[163]​ expertos como el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos,[164]​ y el ex-fiscal del estado y catedrático de Ciencias Jurídicas, Edmundo Orellana Mercado,[165]​ calificaron la decisión de la Corte como una violación a la constitución, por extralimitar sus funciones al derogar uno de los llamados "artículos pétreos".[Nota 3]​ La misma opinión mantienen líderes de la oposición y representantes de la sociedad civil.[166][167]

Caso Rosenthal

En 2015 el país fue sacudido cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusaron por corrupción y lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas a Jaime Rosenthal Oliva, a su hijo Yani y a su sobrino Yankel Rosenthal, este último detenido en Miami, Florida. También a Andrés Acosta García, abogado de Grupo Continental,[168]​ y a muchas de las empresas de los Rosenthal, las cuales fueron incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entre ellas a Banco Continental SA. Esta fue la primera vez que la OFAC designó a un banco conforme a la Ley Kingpin, al cual acusó de "servir como parte integral de las operaciones de lavado de dinero de los Rosenthal y facilitar el lavado de ganancias procedentes del narcotráfico de múltiples organizaciones centroamericanas de narcotráfico."[169]

La congelación de los bienes de Banco Continental en USA provocó que su índice de adecuación de capital quedara reducido a 5.20%, el cual era inferior al 6% requerido por la Ley del Sistema Financiero. Esta situación provocó el cierre de Banco Continental mediante liquidación forzosa por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS),[170]​ a pesar del intento de los Rosenthal de someter al banco a una liquidación voluntaria, para evitar una posible crisis.[171][169]​ Ante las críticas y preocupaciones por dicha liquidación y por la incautación de más de 60 bienes a la familia Rosenthal, el presidente Hernández dejó en claro que ese era un problema entre el banco y la justicia de Estados Unidos, ajeno al gobierno; también felicitó a la CNBS y defendió su decisión como acertada.[172]​ Además aseguró que el gobierno haría todo lo posible por evitar el cierre de muchas empresas y garantizar el pago de los trabajadores de empresas incautadas.[173]

Asesinato de líderes ambientalistas

El 3 de marzo de 2016, asesinaron en La Esperanza (Intibucá) a la mundialmente conocida dirigente indígena, activista ambientalista y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres.[174]​ El presidente Hernández condenó el hecho y declaró el esclarecimiento de su crimen como una prioridad del Estado.[175]​ Su asesinato fue también ampliamente condenado a nivel internacional por organizaciones como el Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Greenpeace; quienes demandaron al gobierno hondureño una pronta investigación de este crimen. Hubo además manifestaciones en varios países del mundo por parte de activistas sociales pidiendo justicia por el crimen. En Honduras también se realizaron varias protestas en los meses posteriores, por parte de estudiantes universitarios, del Copinh y de otros grupos activistas.

A días de su muerte, Amnistía Internacional criticó la deficiente investigación de las autoridades hondureñas y lamentó la negativa del presidente Juan Orlando a reunirse con familiares de Berta Cáceres, con defensores de derechos humanos y con Amnistía Internacional.[176]​ Meses después, también el Comité de la ONU contra la Tortura criticó la lentitud de dicha investigación.[177]
A mediados de junio, 5 congresistas estadounidenses presentaron el Proyecto de Ley Berta Cáceres, orientado a suspender la ayuda económica de EE.UU. a los entes de seguridad en Honduras, hasta que el gobierno castigue a los responsables del asesinato de Cáceres y de otros activistas del medio ambiente.[178]​ La amenaza de este proyecto de ley, que debilitaría la lucha contra el crimen en Honduras[179]​ mediante la retención de alrededor de 18 millones de dólares de financiación en materia de seguridad, empujó al presidente Hernández a reunirse con congresistas en Washington para interceder en contra.[180]​ La ley no pasó, pero fue reintroducida en marzo de 2017 por 25 representantes.[181]

En enero de 2017, Billy Kyte, representante de Global Witness, publicó un informe en el que señala a Honduras como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con 123 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas. El informe habla de "élites poderosas" y políticos detrás de dichos proyectos, mencionando directamente a la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladis Aurora López Calderón y a su marido; e implicando a la policía y al ejército, financiados con ayuda estadounidense, en la represión contra los activistas de la tierra. También reúne numerosos ataques a activistas hondureños y da recomendaciones para detener los asesinatos.[182]​ López solicitó al ministerio público una investigación del informe y querelló a Billy Kyte por difamación y calumnia.[183]​ Mientras que Casa Presidencial se pronunció en un comunicado, asegurando que el informe carece de sustento y que no es objetivo ni veraz.[184]​ Asimismo, la experta en energías renovables y ambiente, Elsia Paz, acusó a la ONG de irresponsable al emitir falsas acusaciones.[183]​ El Ministro de Recursos Naturales y Ambiente, José Galdámez, llamó al Fiscal General a detener a Kyte si no declaraba ante el Ministerio Público, lo cual no aconteció porque fue resguardado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos hasta su salida del país.[185]

Familia

Sus padres son Juan Hernández Villanueva y Elvira Alvarado Castillo, siendo el número 15 de 17 hermanos. Se casó con Ana Rosalinda García en 1990; ambos tienen cuatro hijos: Ivonne María, Juan Orlando, Ana Daniela e Isabela.[186]​ En su primer mandato presidencial, una de sus hermanas mayores, la ahora difunta Hilda Hernández,[187]​ fue nombrada Ministra Directora de Comunicaciones, mientras que otro hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido como "Tony", es actualmente diputado propietario en el Congreso Nacional de Honduras.[188]

Véase también


Predecesor:
Porfirio Lobo Sosa
Presidente Constitucional de Honduras
Honduras

2014-
Sucesor:
incumbente
Predecesor:
José Alfredo Saavedra
Presidente del Congreso Nacional de Honduras
Honduras

2010-2014
Sucesor:
Mauricio Oliva

Notas

  1. Octavo presidente de la VIII Legislatura a partir de la Constitución de Honduras de 1982.
  2. «Mario Zelaya fue capturado en Nicaragua, garantiza su abogado». La Prensa (Honduras). 11 de septiembre de 2014. Consultado el 7 de agosto de 2017. 
  3. Aquellos que sólo pueden ser modificados por una Asamblea Nacional Constituyente. Estos eran

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Bibliografía

Enlaces externos