Juan Orlando Hernández

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Juan Orlando
Hernández Alvarado
Juan Orlando Hernández, May 2015.jpg

Coat of arms of Honduras.svg
55º Presidente Constitucional de Honduras
Actualmente en el cargo
Desde el 27 de enero de 2014
Predecesor Porfirio Lobo Sosa

Coat of arms of Honduras.svg
Presidente del Congreso Nacional de Honduras[Nota 1]
2010-2014
Predecesor José Alfredo Saavedra
Sucesor Mauricio Oliva

Honduras map, HN-LE.svg
Diputado por Lempira
1998-2013

Información personal
Nombre en español Juan Orlando Hernández Ver y modificar los datos en Wikidata
Apodo JOH
El indómito
Nacimiento 28 de octubre de 1968 (48 años)
Bandera de Honduras Gracias, Lempira, Honduras
Nacionalidad Hondureño
Religión Cristianismo
Partido político National Party of Honduras Logo.svg Partido Nacional
Familia
Padres Juan Hernández Villanueva
Elvira Alvarado Castillo
Cónyuge Ana García Carías
Hijos Ivonne María
Juan Orlando
Ana Daniela
Isabela
Educación
Alma máter Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Bandera de Honduras Honduras
Posgrado Universidad Estatal de Nueva York, Flag of the United States.svg Estados Unidos
Información profesional
Ocupación Abogado y político
Tratamiento Presidente
Web
Sitio web
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Juan Orlando Hernández Alvarado (Gracias, Departamento de Lempira, 28 de octubre de 1968) es un abogado hondureño, actual quincuagésimo quinto presidente constitucional de Honduras. Su mandato comenzó el 27 de enero de 2014 y finalizará el 27 de enero de 2018.

Fue diputado en el Congreso Nacional por el departamento de Lempira desde 1998 y presidente entre 2010 y 2013. El 24 de noviembre de 2013 fue electo presidente constitucional de la república de Honduras en las elecciones generales de 2013 por el 36%, donde hubo una participación récord del 61% de los electores.

En la actualidad, gracias a cambios realizados durante su gobierno a la constitución para legalizar la figura de la reelección presidencial, el actual mandatario de la república es el candidato presidencial oficial del Partido Nacional de Honduras. Su candidatura se cuestiona por diferentes sectores de la sociedad, quienes consideran que dichos cambios a la constitución fueron ilegales.

Biografía

Juan Orlando Hernández Alvarado nació en Río Grande, Gracias departamento de Lempira, el 28 de octubre de 1968.[1]​ Su educación primaria y secundaria la concluyó en Gracias, y luego egresó de la primera promoción del Liceo Militar del Norte en San Pedro Sula. Realizó sus estudios la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, graduándose de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario, y obtuvo una maestría en administración pública con énfasis legislativa en Estados Unidos. durante su curso por la UNAH, fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho entre 1988 y 1989.

Al regresar de sus estudios de maestría en los Estados Unidos, su hermano Marco Augusto, quien ocupaba la Primera Secretaría del Poder Legislativo desde 1990, lo nombró su Asistente Ejecutivo, lo que le permitió conocer más de cerca a muchos líderes del Partido Nacional. Así mismo, lo involucró activamente en la campaña presidencial del precandidato por el Partido Nacional, Roberto Martínez Lozano, donde se desempeñó como coordinador de campaña en Lempira. Luego se postuló como candidato a diputado para las elecciones de 1997.[2]

Familia

Sus padres son Juan Hernández Villanueva y Elvira Alvarado Castillo, siendo el número 15 de 17 hermanos. Está casado con Ana Rosalinda García y tienen cuatro hijos: Ivonne María, Juan Orlando, Ana Daniela e Isabela.[3]​ Una de sus hermanas mayores, Hilda Hernández Alvarado,[4]​ fue nombrada como Ministra Directora de Comunicaciones, un cargo que según la constitución vigente es violatorio debido a su inmediato parentesco familiar, mientras que otro hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido como "Tony" es actualmente diputado propietario en el Congreso Nacional de Honduras.[5]

Diputación

En el proceso electoral de 1997, venció al primer diputado liberal por el departamento de Lempira convirtiéndose el diputado en el periodo1998-2002.

Durante su segundo período legislativo (2002-2006), fue electo como Primer Secretario de la Junta Directiva, cargo desde el que impulsó innovadoras medidas de transparencia en la gestión legislativa. Durante su gestión se creó el sitio web del Congreso Nacional. De acuerdo a Hernández, él impulsó junto al diputado Ramón Velásquez Nazzar (DC) un programa de vinculación del Poder Legislativo con la sociedad civil sobre temas de interés nacional como ser control de armas, reformas a la UNAH, la eliminación de la inmunidad de los diputados y la agilización del trámite de expedientes rezagados.

Propuso además, junto con a Porfirio Lobo Sosa que los diputados rindieran obligatoriamente una declaración jurada de bienes ante el Tribunal Superior de Cuentas.[6]

Presidencia del Congreso Nacional

Para su cuarto período como diputado, en enero de 2010, el pleno del Congreso Nacional eligió a Juan Orlando Hernández como presidente de la Junta directiva provisional de ese poder del Estado. [7]

Durante su presidencia, se aprobaron una serie de medidas controversiales, tales como la Tasa de Seguridad, la ley de inversiones para atracción de capitales y la ley para la creación de Zonas Especiales de Desarrollo, conocidas como Ciudades Modelo.[8]​ No obstante, se enfocó en el tema de seguridad ciudadana con medidas como la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin) y la creación de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía.[9]​ Asimismo, antes de dejar el Congreso para dedicarse a su campaña presidencial, Hernández introdujo un proyecto de ley para la creación de la Unidad Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), aprobada en junio de 2013. La unidad Tigres se encarga de realizar actividades de inteligencia y de reacción que permiten hacer operaciones que la Policía Preventiva no puede hacer. [10][11]​Su retiro del Congreso Nacional el 12 de junio de 2013, fue posible gracias a un permiso de este poder del Estado para ausentarse de sus funciones y dedicarse totalmente a su campaña como candidato presidencial por el Partido Nacional (PN).[12][13][14]

Campaña Presidencial

Elecciones internas

Durante la campaña para las elecciones internas en 2012, el principal candidato opositor de Juan Orlando fue Ricardo Antonio Álvarez Arias, entonces alcalde del Distrito Central, por el movimiento Salvemos Honduras. Luego de llevarse a cabo las elecciones primarias en noviembre del mismo año, el 9 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró a Juan Orlando Hernández Alvarado, del movimiento Azules Unidos, como ganador con 446,230 de los 1,144,444 de votos que registró de manera histórica este partido político.[15]

El movimiento de Ricardo Álvarez acusó luego en un comunicado al movimiento de Juan Hernández de ganar las elecciones mediante fraude, valiéndose de la inflación de datos, la compra de mesas electorales, la intimidación, la retención de credenciales, el apoyo económico del presidente de la República Porfirio Lobo y la colusión con grupos del crimen organizado..[16]​ Asimismo, Álvarez demandó un reconteo "voto por voto". [17]​ Al final, y después de varias acusaciones y señalamientos entre ambos bandos, Álvarez se vio obligado a aceptar el resultado oficial.[18]​ Posteriormente, en un esfuerzo por unir al Partido Nacional, Hernández propuso a Ricardo Álvarez acompañarlo como candidato a designado presidencial. En mayo de 2013, Álvarez aceptó la propuesta.[19]

Elecciones generales

Hernández ha ordenado que los militares vigilen las calles, mientras la policía hondureña pasa por un proceso de depuración[20]

En julio de 2013, durante su campaña presidencial, el candidato Hernández inauguró en su visita a los departamentos de Intibucá y La Paz "El pueblo propone", un programa para escuchar las ideas, sugerencia y necesidades de las comunidades, comprometiéndose a integrarlas a su plan de gobierno.[21]

En materia de seguridad, su polémica propuesta para que unos 30,000 soldados de las Fuerzas Armadas conformasen una Policía Militar para combatir la violencia en Honduras, fue criticada por los candidatos opositores, Xiomara Castro de Zelaya del partido Libre y Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción, así como por el diputado Marvin Ponce, los analistas políticos Ramón Custodio y Raúl Pineda, y el Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura.[22]

El 24 de noviembre de 2013 se llevaron a cabo las elecciones generales en Honduras, en las que hubo una participación récord del 61% de los electores.[23]​ En diciembre, el Tribunal Supremo anunció como ganador a Juan Orlando Hernández, con 1,149,302 votos. Hernández, con 45 años de edad, se convirtió en el presidente hondureño más joven en asumir el cargo del siglo XX y XXI, además de ser la primera ocasión en la que el partido nacional ganó de manera consecutiva desde el inicio de la era democrática en el país. Su periodo de mandato concluirá el 27 de enero de 2018.

Sin embargo, tanto el candidato del PAC, Salvador Nasralla como la candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, se negaron a acatar los resultados del Tribunal Supremo Electoral y llamaron a una movilización en las calles.[24]

Presidencia

El 27 de enero de 2014 comenzó el mandato presidencial de Juan Orlando Hernández. Asistieron a la toma de posesión S. M. don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias; Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica; Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia; Ricardo Martinelli de Panamá, Danilo Medina de República Dominicana, Atifete Jahjaga representante de Kosovo, Ma Ying-Jeou, presidente de Taiwán, Rosa Virginia Chávez (hija del ex presidente venezolano Hugo Chávez) y su esposo como representantes de Venezuela, cuerpos diplomáticos de países amigos, el secretario general OEA José Miguel Insulza y representantes de organismos internacionales como el Sistema de la Integración Centroamericana, Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.[25]​ Asimismo estuvieron presentes el presidente saliente, Porfirio Lobo Sosa y los ex presidentes hondureños Rafael Leonardo Callejas y Ricardo Maduro; el arzobispo Rómulo Emiliani, representante de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, el pastor Alberto Solórzano, representante de la Confraternidad Evangélica de Honduras, entre otros.[26]

En su discurso inaugural, Hernández aseguró que elevaría el número de elementos de la Policía Militar, así como la puesta en vigencia de la Policía TIGRES. Aseguró la aceleración de la depuración de las instituciones públicas y mencionó que ante los altos índices de violencia que imperan en el país, su gobierno contrarrestará aplicando la “cero tolerancia”.[26]​ También, bajo el lema "Una vida mejor", Hernández reiteró su promesa de ayudar a las 800,000 familias más pobres, de apoyar a los pequeños productores y de generar empleos.[27]

Estructura de gobierno

El plan inicial de Hernández era crear sólo siete ministerios, pero no pudo hacerlo porque hay varias Secretarías de Estado señaladas en la constitución. De modo que resolvió crear 7 gabinetes sectoriales en los cuales se integran la mayor parte de instituciones del Estado, entre las cuales sólo 13 tienen el rango de secretaría, más una secretaría general que está por encima de los ministros sectoriales y una secretaría de la presidencia, contrastando con las 38 secretarías del gobierno anterior.[28]​ El nuevo esquema de gobierno oficializado por decreto ejecutivo contempló la desaparición de la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa, Cultura, Artes y Deportes; Turismo; Pueblos Indígenas y Afrohondureños; y de Justicia y Derechos Humanos, cuyas funciones y presupuestos pasarían a otras instituciones. También le quitó el rango de secretaría a instituciones como Pronaders, FHIS, SANAA, ENEE, Instituto de la Juventud, e Infop, entre otros.[29]

El gabinete de gobierno de la administración presidencial 2014 a 2018, es el siguiente:[30][31]

Secretaría de la Presidencia
dirigida Reynaldo Sánchez
Secretaría General de Gobierno
dirigida por Jorge Ramón Hernández Alcerro
Ministerio Sectorial Instituciones integradas
Gobernabilidad y Descentralización
Ricardo Álvarez
  • Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
    • Rigoberto Chang Castillo
  • COPECO
  • Centros Penales.
  • Registro Nacional de las Personas.
Desarrollo e Inclusión Social
Lisandro Rosales
  • Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
    • Lisandro Rosales
    • Ricardo Cardona (desde 2015)[32]
  • Secretaría de Salud
    • Yolani Batres
  • Secretaría de Educación
  • Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
    • Carlos Alberto Madero Erazo
  • Todos los institutos de previsión social
  • Todas las universidades públicas
Desarrollo Económico e Inversiones
Alden Rivera
Arnaldo Castillo (desde 2016)[33]
  • Secretaría de Desarrollo Económico
    • Alden Rivera
  • Secretaría de Agricultura y Ganadería
    • Jorge Lobo
  • Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
    • José Antonio Galdámez
  • INA.
Infraestructura Productiva
Roberto Ordóñez
  • Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
  • SOPTRAVI
  • ENEE
  • SANAA
  • HONDUTEL
Conducción y Regulación Económica
Marlon Tábora Muñoz
  • Banco Central de Honduras
    • Marlon Tábora
  • Secretaría de Finanzas
  • Banco Nacional de Producción y Vivienda (BANPROVI)
  • Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)
  • Comisión de Bancos y Seguros (CNBS)
Seguridad y Defensa
Arturo Corrales
  • Secretaría de Seguridad
  • Secretaría de Defensa
  • Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP)
  • Sistema de Administración Financiero Integrado (SIAFI)
Relaciones Internacionales
Jorge Ramón Alcerro
  • Secretaría de Relaciones Exteriores
    • Mireya Agüero
    • Arturo Corrales (desde 2015)
  • Despacho de Planificación y Cooperación Externa
  • Oficina del Plan de Nación Visión de País

Otros puesto importantes son los de Ricardo Álvarez, Rossana Guevara y Lorena Herrera como designados presidenciales,[35]​ y el nombramiento de Ebal Díaz como asesor privado y secretario ejecutivo del Consejo de Ministros y de Hilda Hernádez como coordinadora general de Comunicaciones y Estrategia del Gobierno de la República.

Primer año

En su primer año, Hernández se enfocó en reducir la tasa de desempleo y la reinante ola delincuencial, que ubicaba al país entre los 5 más peligrosos del mundo.[36]​ Logró mantener la tendencia a la baja en el índice de muertes violentas que se venía dando desde el gobierno anterior, logrando este descender de 86 muertes violentas cada 100,000 habitantes en 2011 a 66 para enero de 2014.[37]
Como parte de la lucha contra la corrupción, también se intervinieron varias instituciones del Estado, como el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, el hospital Mario Catarino Rivas, la Dirección de Centros Penales, el hospital de El Progreso y el sistemas aduanero del país. (véase Intervenciones)
También continuó con la iniciativa de las "ciudades modelo" impulsada durante su periodo como Presidente del Congreso Nacional, y ahora llamadas Zonas de Desarrollo y Empleo Económico (ZEDE).[38]​ El ambicioso proyecto, sin embargo, a cinco años de su polémica aparición en el debate público, no ha comenzado a materializarse en construcciones.[39]

En su informe del primer año presentado ante el Congreso Nacional, Hernández dijo que 175 mil nuevos trabajadores se incorporaron en los últimos 12 meses, que se generaron 53 mil oportunidades de trabajo con la Ley del Empleo por Horas y que el programa "Con Chamba Vivís Mejor" ha producido casi 34 mil empleos.

En sus primeros 10 mese de gobierno, un estudio de la firma mexicana Consulta Mitofsky posicionó a Juan Orlando como uno de los presidentes de América mejor evaluados, con un 60% de aprobación.[40][41]​ Encuestas similares realizadas a nivel nacional por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en Honduras[42]​ y por CID Gallup le dieron al presidente una aprobación del 54%, siendo entonces el político mejor evaluado del país.[43]​ La encuesta de CID Gallup evaluó además la gestión presidencial, la cual obtuvo un 44% de opiniones positivas frente a un 28% de opiniones negativas; con un 40% de los encuestados considerando que la situación del país será mejor al finalizar el gobierno, un 25% creyendo que será peor y un 23% que será igual.

Lucha contra el crimen

La lucha contra la criminalidad ha sido uno de los focos principales durante el gobierno de Hernández. Sus avances en el tema de seguridad han sido alabados por la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, los diplomáticos estadounidenses, James Nealon[44]​ y Heide Fulton,[45]​ y el Secretario de Seguridad estadounidense, John Kelly.[46]​ Los mismos le valieron a Honduras en 2017 posicionarse junto a Chile en el primer lugar de Latinoamérica en el Índice Global de Ley y Orden realizado por la compañía estadounidense Gallup,[47]​ que mide la percepción de seguridad ciudadana y la confianza en los entes de seguridad.[48]​ Asimismo, ha mejorado notablemente en su Índice de Paz Global,[49]​ pasando de la posición 123 en 2013 a la 106 en 2017; lo cual, sin embargo, aún lo coloca como un país peligroso, y el séptimo más conflictivo de Latinoamérica.[50][51]

Reducción de muertes violentas

Muertes violentas e índice de muertes violentas cada 100'000 habitantes desde 2004, según el Observatorio de la Violencia.

El que una vez fue considerado el país sin guerra más violento del mundo,[52]​ con una de sus dos principales urbes, San Pedro Sula, ocupando por 4 años consecutivos el primer lugar dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo,[53]​ y con su capital estando entre los primeros 10 puestos; ha experimentado un descenso en su índice de muertes violentas desde 2011, cuando alcanzó una cifra récord de 86.5 muertes violentas cada 100,000 habitantes. De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH,[54]​ esta cifra se redujo a 85.5 muertes violentas cada por cada 100'000 habitantes en 2012, a 79.9 en 2013, 68 en 2014, 60 en 2015 y a 59.1 en 2016. Para 2012, sin embargo, las estimaciones de la OMS del índice de muertes violentas en Honduras en 2012, fue de 103.9 cada 100 mil habitantes.[55]
Desde 2013, la Secretaría de Seguridad de Honduras realiza sus propias estadísticas de muertes violentas a través del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), presentando mínimas diferencias en cuanto al índice de muertes violentas,[56]​ debido a distintas metodologías y estimaciones poblacionales.[57][58]​ La exactitud de estas cifras ha sido cuestionada por el economista hondureño, Efraín Díaz Arrivillaga,[37]​ el director de la ONG Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, y el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Scranton, Mike Allison.[58]​ Para el primer trimestre de 2017, el SEPOL muestra una reducción del 5.91% en muertes violentas respecto al año pasado.[59]

Lucha contra el narcotráfico

En tres años y medio de gobierno fueron extraditados 14 hondureños a Estados Unidos por delitos de lavado de activos y tráfico de drogas,[60]​ lo cual representó un importante golpe para los cárteles que operan en Honduras.[61]​ El primero de ellos fue Carlos Arnoldo "El negro" Lobo, antiguo operador del Cártel de Sinaloa de México y del Cártel de los Cachiros de Honduras.[62]​ Lobo, a quien le seguían la pista desde 2006, fue capturado en marzo de 2014 y dos meses después se convirtió en el primer hondureño en ser extraditado.[63]​ Su captura ayudó a desvelar un plan de magnicidio contra el presidente Hernández.[64]

Reformas al sistema penal

En septiembre de 2016 comenzó a funcionar en Honduras la primera cárcel de máxima seguridad, denominada "El pozo", ubicada en Ilama, Santa Bárbara.[65]​ La misma comenzó a construirse en 2014 y opera bajo los parámetros de la Asociación Americana de Prisiones (ACA).[66]​ Posteriormente también comenzó a funcionar la cárcel de máxima seguridad "La tolva," también conocida como "El pozo II" en Morocelí, El Paraíso.[67]​ Ambas cárceles hicieron frente a la problemática del hacinamiento y el control de los mareros en los centros penales de Honduras, desde la cuales continuaban ordenando actos delictivos. El pozo tiene capacidad para 1,450 reos, mientras que La tolva para 1,350, y ambas alojan a fecha de hoy un total de 2,240 criminales, parte de los 18 mil 956 internos que conforman la población carcelaria del país.[68]

Sistema Nacional de Emergencia 911

La línea de emergencia 911 comenzó a funcionar en Honduras el 26 de abril de 2013,[69]​ con una central en la capital, Tegucigalpa.[70]​ Desde el primer año de gobierno, el presidente Hernández mostró interés por el sistema de atención de emergencias 911 de República Dominicana, por los prontos resultados que mostró en ese país.[71]​ Para mayo de 2015 el Congreso de la República aprobó la Ley del Sistema Nacional de Emergencias 911, una iniciativa del Poder Ejecutivo con la cual el número de emergencia 911 pasó a ser el único habilitado para acciones de seguridad, socorro y denuncias, las cuales son atendidas por 17 instituciones integradas.[72]​ La ley además establece el procedimiento a seguir en la recepción de llamadas y fija penas para las llamadas falsas.[73]​ El Sistema Nacional de Emergencia 911 comenzó a funcionar en agosto del mismo año con 1'3000 cámaras y un centro de atención de llamadas en Tegucigalpa,[74]​ y luego otro en San Pedro Sula,[75]​ ambos con personal capacitado. El sistema tiene actualmente cobertura de llamadas a nivel nacional y videovigilancia en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Lima, Villanueva, El Progreso y San Manuel; con próximos proyectos en Santa Rosa de Copán, Gracias y Tela.[76]

Lucha contra la corrupción

En su primer acto público tras la toma de posesión, el presidente Hernández firmó una carta de intenciones con Transparencia Internacional para pactar un convenio entre su gobierno y este organismo internacional.[77]​ El llamado "Convenio de Colaboración y Buena Fe para la Promoción de la Transparencia, Combate a la Corrupción y Fortalecimiento de Sistemas de Integridad" fue firmado el 6 de octubre de 2014 por el presidente del Ejecutivo, Transparencia Internacional y la Asociación para una Sociedad más Justa.[78]​ Honduras se convirtió en el primer país del mundo en firmar un convenio de combate a la corrupción de esta magnitud, el cual se monitorea cada tres meses.[79][80]

Intervenciones

En marzo de 2014 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por el Presidente de la República, ordenó la intervención total del sistema aduanero del país. La desición se basó en los hallazgos realizados por la Fuerza Nacional Antievasión y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y tuvo como objetivo frenar la millonaria pérdida por evasión y defraudación fiscal aduanera. Contó con la cooperación de entes como la Policía Militar, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional.[81]​ El mismo mes el presidente Hernández decidió también intervenir la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente por detectarse cobros ilegales y millonarios de licencias ambientales.[82]​ Mientras que en junio intervino el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IMAH) por presuntas vinculaciones con acaparadores de fríjoles.[83]
El 10 de julio del mismo año, autoridades de la Secretaría de Salud en colaboración con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) intervinieron el hospital Mario Catarino Rivas, el segundo centro hospitalario más importante del país; por varias denuncias de irregularidades.[84]​ La intervención destapó el deplorable estado de esta institución pública, controlada por mafias de corrupción [85]​ y azotada por la escaces de materiales y medicamentos;[86]​ revelando una vez más el débil sistema sanitario del país. Ese mismo mes el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa determinó intervenir la Dirección de Centros Penales y nombrar nuevas autoridades; esto luego de la fuga de 13 peligrosos reos de la Penitenciaría Nacional en Támara.[87]​ En septiembre, la Secretaría de salud intervino otro hospital, esta vez en El Progreso, tras la desparición de 50'000 lempiras en medicamentos.[88]

En junio de 2017 la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) intervino el Instituto de la Propiedad (IP) en San Pedro Sula para investigar a una presunta red de estafadores coludidos con empleados públicos.[89]​ En julio del mismo año, se intervino mediante decreto ejecutivo el Fondo Vial —adscrito a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Insep)—, del cual también fueron destituidos su director y subdirector; debido a la falta de transparencia en al menos 10 de sus proyectos.[90]

Economía

En 2001 se aprobó en Honduras la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, que pretendía, entre otros objetivos, reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema a 42% y 25% respectivamente.[91]​ Sin embargo, durante los siguientes 12 años la pobreza en Honduras se redujo apenas 1% según un informe del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh). El Instituto Nacional de Estadística calculó para este periodo una tasa de pobreza del 64.5% y de pobreza extrema de 42.6%.[92]​ En 2015 la población en estado de pobreza fue del 60% según un informe de la Cepal, colocando a Honduras como el país con más porcentaje de pobreza en Latinoamérica.[93]​ El mismo organismo reportó un crecimiento económico en el país de 3.6% en 2015 y 3.5% en 2016, y estimó que 2017 cerrará con un crecimiento de 3,7%.[94]

La calificadora de riesgo crediticio Standard & Poor's ha mejorado la calificación de Honduras desde 2015, cuando la subió de B a B+ con perspectiva estable en base a "un mejor desempeño fiscal y la estabilidad de la carga de la deuda".[95]​ En 2016 dicha perspectiva pasó de estable a positiva, destacando la capacidad que tiene Honduras para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones financieras.[96]​ Mientras que en 2017 su calificaciòn fue de BB- con perspectiva estable, justificándola por una "mejora en la flexibilidad fiscal de Honduras derivadas de un historial de políticas disciplinadas de finanzas públicas" y su "expectativa de una amplia continuidad de sus políticas económicas y estabilidad política general". En su informe mencionan la reducción del costo fiscal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la reducción del déficit de la cuenta corriente del país a 3.8% del PIB en 2016 desde 5.5% en 2015, además de factores atenuantes como el bajo ingreso per capita, la limitada infraestructura física y la limitada efectividad de la política monetaria.[97]
Asimismo, la agencia de calificación de riesgo Moody's Investors Service otorgó a Honduras en 2017 la calificación de B1 estable, basado en dos factores claves: Honduras ha estabilizado su deuda y su métrica fiscal en niveles más bajos que sus pares (otros países de la región); y las condiciones institucionales y económicas apoyan la disciplina fiscal continua.[98][99]
Ambas calificaciones históricas[100]​ le valieron a Honduras ser el único país de Centroamérica en avanzar en este aspecto, según lo citó el "Informe riesgo país" del II trimestre de 2017 del Consejo Monetario Centroamericano.[101]​ El mismo órgano calculó la deuda del país en USD 10,057.1 millones (42.2% del PIB) para abril de 2017, de los cuales el 68.2% (6,860.8 millones) corresponde a deuda externa y el 31.8% (3,196.3 millones) a deuda interna;[102]​ representando un aumento de casi USD 2,000 millones respecto a enero de 2014, cuando la deuda pública representó el 42.4% del PIB.[103]

Protestas y MACCIH

Debido principalmente al escandaloso caso de desfalco y malversación a empresas fantasmas de los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el grupo autodenominado "Los indignados" convocaron para finales de mayo de 2015 a cientos de capitalinos, que salieron a protestar a las calles de Tegucigalpa portando antorchas y exigiendo el esclarecimiento definitivo de este caso.[104]​ Una semana después, el viernes 5 junio, la llamada "marcha de las antorchas" volvió a llenar las calles de Tegucigalpa, llevándose a cabo también en el transcurso de la semana, marchas similares en otras ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba, Danlí, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Tocoa, Roatán y Puerto Cortés.[105][106]​ Desde entonces, las marchas de las antorchas convocadas por Los indignados continuaron realizándose las tarde-noches de los viernes, en Tegucigalpa y otras ciudades del país, así como manifestaciones apoyo en el extranjero; esta vez exigiendo la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH), similar a la CICIG conformada en Guatemala; y bajo la consigna "Fuera JOH" (Juan Orlando Hernández). Los jóvenes indignados, liderados por Ariel Varela, Gabriela Blen y Miguel Briceño,[107]​ hicieron un llamado a no politizar el movimiento de las antorchas.

Luego de que 4 miembros de Los indignados anunciaran una huelga de hambre como medida de presión para pedir la instalación de la CICIH, el presidente Juan Orlando Hernández inició el 24 de junio un diálogo con diversos sectores de la sociedad y propuso en cadena nacional la creación de un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC) como una medida más profunda, incluyente y efectiva que la CICIH.[108]​ La SIHCIC se compondría de una unidad de supervisión y apoyo al Ministerio Público contra la corrupción e impunidad, una unidad de supervisión y apoyo al Consejo de la Judicatura y la Ispectoría de Tribunales contra la corrupción y la impunidad, una unidad especial para la seguridad de jueces y fiscales, un observatorio del sistema de justicia y un sistema de integridad empresarial.[109]​ El llamado al diálogo del presidente fue rechazado tajantemente por la oposición indignada, quienes la misma semana sumaban 3 miembros a su huelga de hambre.[110]​ Las marchas de las antorchas continuaron desarrollándose exigiendo la renuncia del presidente y del fiscal general y la conformación de la CICIH como condicionantes para iniciar un diálogo.[111]

El 7 de septiembre de 2015, un equipo de facilitadores de la OEA, dirigido por John Biehl y respaldado por el metodólogo de la ONU, Alejandro Bendaña, inició un proceso de diálogo con diversos sectores de la sociedad para que la oposición y el gobierno se pusieran de acuerdo sobre la integración de un mecanismo de combate a la corrupción.[112]​ El equipo mediador concluyó sus funciones el 12 del mismo mes, las cuales tuvieron como fruto la concepción de la MACCIH, la Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción y la Impunidad en Honduras.[113]

Reelección presidencial

La constitución de Honduras de 1982 fue emitida por una Asamblea Nacional Constituyente, después un periodo de sucesiones de gobiernos militares, abriendo la puerta a la llamada "era democrática del país". La experiencia de las dictaduras que sufrió la nación a lo largo de los siglos XIX y XX llevó a los constitucionalistas a introducir en la constitución una prohibición a la figura de la reelección presidencial, a las iniciativas para legalizarla e incluso a la promoción de esta:

El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública.

Artículo 239 de la constitución.

Esto cambió el miércoles 22 de abril de 2015, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hondureña falló de manera unánime a favor del recurso de inaplicabilidad al artículo 239 interpuesto por el-expresidente nacionalista Rafael Leonardo Callejas.[114]​ Esta decisión incluyó además al recurso de inconstitucionalidad interpuesto anteriormente por 15 diputados nacionalistas y uno de la Unificación Democrática contra el segundo párrafo del artículo 239, el numeral 5 del artículo 42, que establecía que ≪la calidad de ciudadano se pierde por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del presidente de la República≫; y el artículo 330 del código penal que establecía una sanción de 6 a 10 años de cárcel para el presidente que buscara la reelección, así como aquellos que lo apoyaran o propusieran su legalización.[115]​ Gracias a esto, tanto Callejas como el actual presidente, Juan Orlando Hernández, pudieron participar en la elecciones internas de 2016, en las que resultó ganador Hernández, quien actualmente se encuentra realizando proselitismo como candidato oficial del Partido Nacional de Honduras de cara a las elecciones generales en noviembre de 2017.

A pesar de que para los entes legales la reelección en Honduras es "cosa juzgada",[116]​ expertos como el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos,[117]​ y el ex-fiscal del estado y catedrático de Ciencias Jurídicas, Edmundo Orellana Mercado,[118]​ calificaron la decisión de la Corte como una violación a la constitución, por extralimitar sus funciones al derogar uno de los llamados "artículos pétreos".[Nota 2]​ La misma opinión mantienen líderes de la oposición y representantes de la sociedad civil.[119][120]

Casos emblemáticos

Saqueo del IHSS

En 2013, las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y falta de medicinas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) llevaron al Ministerio Público a intervenir esa institución del Estado.[121]​ Posteriormente, antes de entregar el poder en enero de 2014, el ex-presidente Porfirio Lobo Sosa ordenó la intervención del IHSS a través de una Comisión Iterventora y suspendió a su director, Mario Roberto Zelaya. La Comisión entregó un primer informe en marzo del mismo año, revelando el mayor caso de corrupción y latrocinio en la historia de esa institución, el cual la dejó con una deuda financiera de 6,399.24 millones de lempiras.[122][123]​ Sus investigaciones llevaron a la captura del exgerente administrativo del IHSS, José Ramón Bertetty, por la supuesta sobrevaloración de 10 ambulancias; además se emitió una orden de captura contra Mario Zelaya, quien se dio a la fuga. Posteriormente, el 7 de febrero, el Ministerio Público acusó al exgerente financiero, John charles Bográn, a Mario Zelaya y a José Ramón Bertetty por dos delitos de abuso de autoridad, uno de incumplimiento de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude y otros delitos ligados a la corrupción.[124]​ Tras 222 días prófugo, Zelaya fue capturado en el departamento de El Paraíso, cerca de la frontera con Nicaragua,[125][126]​ según la versión oficial.[Nota 3]

En mayo de 2015 el escándalo salpicó al Partido Nacional de Honduras, cuando se reveló la existencia de cheques donados a esa institución política a través de empresas fantasma ligadas al robo del Seguro Social.[127][128]​ Parte de ese dinero fue depositado en cuentas del partido, que fueron aseguradas por el ministerio público en marzo de 2016.[129]​ Ante esto, líderes de la oposición acusaron al presidente Hernández de ser al autor intelectual detrás del desfalco del IHSS, usado para financiar su campaña política. La ciudadanía también se mostró escéptica y exigió el esclarecimiento definitivo de este caso.[130][104]​ En junio de 2015, Hernández admitió en una entrevista que su partido recibió fondos fraudulentos para la financiación de su campaña, pero que él no tiene nada que ver con la corrupción en el IHSS. También dijo que el Partido Nacional tiene el deber de devolver los recursos procedentes de algo indebido, y recalcó que las investigaciones deben continuar "caiga quien caiga."[131][132][133]​ El jefe de la bancada del PNH, Óscar Álvarez, dijo que los cheques fueron recibidos desconociendo lo que pasaba en el IHSS;[129]​ y en marzo del 2016 aseguró que su partido devolvió el dinero que recibió de "empresas de maletín".[134]

Hasta junio de 2017, el Ministerio Público ha logrado 9 fallos condenatorios, producto de la judicialización de 15 líneas de investigación, habiendo otras 40 pendientes. Además hay otras 46 personas acusadas y se han decomisado casi 300 millones de lempiras en bienes ilícitos.[135][136][137]​ El primer sentenciado fue José Ramón Bertetty, condenado a 7 años de prisión en octubre de 2015, por el delito de cohecho en perjuicio de la administración pública.[138]​ Posteriormente, fue también hallado culpable junto a John Charles Bográn y Mario Zelaya por la sobrevaloración de boletos aéreos[139]​ y la creación de empresas de maletín para extraer fondos del IHSS.[140]​ Zelaya fue además encontrado culpable por recibir coimas de la red de corrupción del Seguro Social y por portación ilegal de armas, con lo cual suma más de 25 años de prisión.[141]

Caso Rosenthal

En 2015 el país fue sacudido cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusaron por corrupción y lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas a Jaime Rosenthal Oliva, a su hijo Yani y a su sobrino Yankel Rosenthal, este último detenido en Miami, Florida. También a Andrés Acosta García, abogado de Grupo Continental,[142]​ y a muchas de las empresas de los Rosenthal, las cuales fueron incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entre ellas a Banco Continental SA. Esta fue la primera vez que la OFAC designó a un banco conforme a la Ley Kingpin, al cual acusó de "servir como parte integral de las operaciones de lavado de dinero de los Rosenthal y facilitar el lavado de ganancias procedentes del narcotráfico de múltiples organizaciones centroamericanas de narcotráfico."[143]

La congelación de los bienes de Banco Continental en USA provocó que su índice de adecuación de capital quedara reducido a 5.20%, el cual era inferior al 6% requerido por la Ley del Sistema Financiero. Esta situación provocó el cierre de Banco Continental mediante liquidación forzosa por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS),[144]​ a pesar del intento de los Rosenthal de someter al banco a una liquidación voluntaria, para evitar una posible crisis.[145][143]​ Ante las críticas y preocupaciones por dicha liquidación y por la incautación de más de 60 bienes a la familia Rosenthal, el presidente Hernández dejó en claro que ese era un problema entre el banco y la justicia de Estados Unidos, ajeno al gobierno; también felicitó a la CNBS y defendió su decisión como acertada.[146]​ Además aseguró que el gobierno haría todo lo posible por evitar el cierre de muchas empresas y garantizar el pago de los trabajadores de empresas incautadas.[147]

Asesinato de Berta Cáceres y otros ambientalistas

El 3 de marzo de 2016, asesinaron en La Esperanza (Intibucá) a la mundialmente conocida dirigente indígena, activista ambientalista y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres.[148]​ El presidente Hernández condenó el hecho y declaró el esclarecimiento de su crimen como una prioridad del Estado.[149]​ Su asesinato fue también ampliamente condenado a nivel internacional por organizaciones como el Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Greenpeace; quienes demandaron al gobierno hondureño una pronta investigación de este crimen. Hubo además manifestaciones en varios países del mundo por parte de activistas sociales pidiendo justicia por el crimen. En Honduras también se realizaron varias protestas en los meses posteriores, por parte de estudiantes universitarios, del Copinh y de otros grupos activistas.

A días de su muerte, Amnistía Internacional criticó la deficiente investigación de las autoridades hondureñas y lamentó la negativa del presidente Juan Orlando a reunirse con familiares de Berta Cáceres, con defensores de derechos humanos y con Amnistía Internacional.[150]​ Meses después, también el Comité de la ONU contra la Tortura criticó la lentitud de dicha investigación.[151]

A mediados de junio, 5 congresistas estadounidenses presentaron el Proyecto de Ley Berta Cáceres, orientado a suspender la ayuda económica de EE.UU. a los entes de seguridad en Honduras, hasta que el gobierno castigue a los responsables del asesinato de Cáceres y de otros activistas del medio ambiente.[152]​ La amenaza de este proyecto de ley, que debilitaría la lucha contra el crimen en Honduras[153]​ mediante la retención de alrededor de 18 millones de dólares de financiación en materia de seguridad, empujó al presidente Hernández a reunirse con congresistas en Washington para interceder en contra.[154]​ La ley no pasó, pero fue reintroducida en marzo de 2017 por 25 representantes.[155]

En enero de 2017, Billy Kyte, representante de Global Witness, publicó un informe en el que señala a Honduras como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con 123 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas. El informe habla de "élites poderosas" y políticos detrás de dichos proyectos, mencionando directamente a la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladis Aurora López Calderón y a su marido; e implicando a la policía y al ejército, financiados con ayuda estadounidense, en la represión contra los activistas de la tierra. También reúne numerosos ataques a activistas hondureños y da recomendaciones para detener los asesinatos.[156]​ López solicitó al ministerio público una investigación del informe y querelló a Billy Kyte por difamación y calumnia.[157]​ Mientras que Casa Presidencial se pronunció en un comunicado, asegurando que el informe carece de sustento y que no es objetivo ni veraz.[158]​ Asimismo, la experta en energías renovables y ambiente, Elsia Paz, acusó a la ONG de irresponsable al emitir falsas acusaciones.[157]​ El Ministro de Recursos Naturales y Ambiente, José Galdámez, llamó al Fiscal General a detener a Kyte si no declaraba ante el Ministerio Público, lo cual no aconteció porque fue resguardado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos hasta su salida del país.[159]

Véase también


Predecesor:
Porfirio Lobo Sosa
Presidente Constitucional de Honduras
Honduras

2014-2018
Sucesor:
Predecesor:
José Alfredo Saavedra
Presidente del Congreso Nacional de Honduras
Honduras

2010-2014
Sucesor:
Mauricio Oliva

Notas

  1. Octavo presidente de la VIII Legislatura a partir de la Constitución de Honduras de 1982.
  2. Aquellos que sólo pueden ser modificados por una Asamblea Nacional Constituyente. Estos eran
  3. «Mario Zelaya fue capturado en Nicaragua, garantiza su abogado». La Prensa (Honduras). 11 de septiembre de 2014. Consultado el 7 de agosto de 2017. 

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Enlaces externos

Plantilla:Gobernantes de Honduras