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Zonas de Empleo y Desarrollo Económico

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Próspera, la ZEDE insignia, ubicada en la ciudad de Roatán (Honduras)

Una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), coloquialmente conocida como ciudad modelo, fue una división administrativa y económica con amplia autonomía en Honduras. Fueron creadas para atraer inversión extranjera directa al país. Las ZEDE permitían a corporaciones privadas establecer y gobernar territorios con sus propios sistemas legales, judiciales, fiscales y de seguridad, independientes de la jurisdicción del Gobierno nacional hondureño. Tras años de conflictos sociales y controversia política, el Congreso Nacional de Honduras derogó por unanimidad la legislación de las ZEDE en 2022. En septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró inconstitucionales las zonas.

La idea de las ZEDE surgió tras el golpe de Estado en Honduras de 2009. La administración conservadora entrante buscaba soluciones radicales de libre mercado para los problemas económicos del país. El proyecto se vio influenciado por el concepto de «ciudad chárter» propuesto por el economista estadounidense Paul Romer. Este abogaba la construcción de nuevas ciudades en naciones en desarrollo gobernadas por instituciones extranjeras del mundo desarrollado. Un intento inicial de crear estas zonas en 2011 fue bloqueado por la Corte Suprema hondureña por violar la soberanía nacional. En respuesta, el Congreso hondureño destituyó ilegalmente a los magistrados disidentes en 2012, allanando el camino para la aprobación de la Ley Orgánica de las ZEDE en 2013. La ley final se apartó de la visión de Romer al otorgar la gobernanza en manos de juntas corporativas privadas y un comité no electo de defensores internacionales del libre mercado y de la derecha libertaria. Este modelo fue promovido por tecnólogos de Silicon Valley como una forma de «salida libertaria».

La implementación de las ZEDE provocó una fuerte oposición por parte de la sociedad civil hondureña, sindicatos y organizaciones de derechos humanos. Los críticos, entre ellos las Naciones Unidas,[1] condenaron las zonas como una forma de neocolonialismo y un método de «acumulación por desposesión» que mercantilizaba la soberanía del Estado. El conflicto fue muy alto en la isla de Roatán, donde la ZEDE insignia Próspera —respaldada por capitalistas de riesgo como Peter Thiel— enfrentó una feroz resistencia de la vecina comunidad afroindígena garífuna de Crawfish Rock; la razón era que les preocupaba perder sus tierras ancestrales y señalaron que habían sido excluidos de las discusiones previas.

La abolición de las ZEDE fue una de las principales promesas electorales de la presidenta de izquierdas Xiomara Castro, que asumió el cargo en 2022. Tras la derogación de las leyes de las ZEDE en abril de 2022 y la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema en 2024, los inversores extranjeros del proyecto se negaron a reconocer la disolución de sus zonas. Entre tanto, citando acuerdos de estabilidad jurídica de 50 años, los patrocinadores corporativos de la ZEDE Próspera lanzaron una demanda de arbitraje de solución de controversias entre inversores y Estados por 10 700 millones de dólares contra Honduras al amparo del tratado de libre comercio con los EE. UU. En respuesta a la demanda —que exigía una compensación equivalente a aproximadamente dos tercios del presupuesto nacional—, Honduras se retiró oficialmente del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en 2024.

Orígenes conceptuales e historia legislativa

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Contexto histórico y el modelo de «ciudad chárter»

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El economista y nobel Paul Romer, cuya teoría de las «ciudades modelo» influyó en el proyecto de Honduras antes de que dimitiera en señal de protesta en 2012

Los fundamentos legales e ideológicos del marco de las ZEDE se basan tanto en la economía política histórica de Honduras como en la teoría económica libertaria del siglo XXI. Históricamente, el Estado hondureño ha utilizado las concesiones territoriales al capital extranjero como una estrategia principal de desarrollo. Esto fue especialmente cierto a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se cedieron grandes extensiones de tierra a empresas mineras extranjeras y a empresas frutícolas con sede en Estados Unidos.[2] Los científicos sociales e historiadores caracterizan el proyecto de las ZEDE como una versión moderna e hiperneoliberal de este modelo de «economía de enclave». En este, el Estado cede su propio territorio para permitir libre extracción del plusvalor por parte de las empresas extranjeras.[3]

La versión original de esta idea fue impulsada por el economista y nobel estadounidense Paul Romer. En una charla TED de 2009, Romer popularizó el concepto de la «ciudad chárter». Su propuesta sugería que los países en desarrollo podrían combatir la corrupción institucional y la pobreza cediendo la gestión de terrenos deshabitados a naciones extranjeras o a grupos empresariales.[4] Romer señaló el Hong Kong colonial británico y la ciudad china de Shenzhen como ejemplos de éxito. Argumentó que la introducción de sistemas jurídicos extranjeros y normas eficaces en un territorio sin explotar podría impulsar un rápido crecimiento económico.[4]

Las teorías de Romer atrajeron rápidamente la atención entre los grupos libertarios y anarcocapitalistas internacionales. Los defensores del seasteading, las «ciudades privadas libres» y las «ciudades de la libertad» adoptaron el modelo como una forma de lograr la «salida libertaria». Esto significa intentar escapar de las regulaciones estatales y la supervisión democrática mediante la creación de áreas privadas impulsadas por el mercado.[5][6] Tras el golpe de Estado en Honduras de 2009, la administración conservadora entrante del Partido Nacional de Porfirio Lobo adoptó estos conceptos. Consideraban la desregulación extrema como una forma de atraer inversión extranjera directa a un país que se enfrentaba a una importante inestabilidad institucional y al aislamiento internacional.[4][7]

Las RED y la purga judicial de 2012

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A principios de 2011, el Congreso Nacional de Honduras, encabezado por el entonces presidente del Congreso Juan Orlando Hernández, aprobó una enmienda constitucional para crear las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), el predecesor directo de las ZEDE.[4] Romer fue invitado a presidir una «Comisión de Transparencia» para supervisar el proyecto. Sin embargo, las RED se enfrentaron rápidamente a la oposición de grupos indígenas, movimientos sociales y juristas, que argumentaban que las zonas violaban la soberanía nacional.[7]

Para finales de 2012, el proyecto fracasó. Romer dimitió repentinamente de la Comisión de Transparencia, advirtiendo públicamente que el Gobierno hondureño estaba haciendo caso omiso de la supervisión democrática, infringiendo sus propias leyes y permitiendo que un grupo local de personas con vínculos entre sí se hiciera con el control del proyecto.[8] Poco después, en octubre de 2012, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras anuló la legislación de las RED por 4 votos contra 1. El tribunal dictaminó que apropiarse de territorio soberano y crear sistemas judiciales independientes violaba la Constitución hondureña.[7]

La derrota judicial de las RED desencadenó una grave crisis constitucional. En la madrugada del 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional votó a favor de destituir ilegalmente a los cuatro magistrados de la Corte Suprema que habían fallado en contra del proyecto.[9] La legislatura los sustituyó rápidamente con jueces dóciles. Esta acción fue ampliamente condenada por la prensa hondureña y los observadores internacionales como un «golpe técnico», y permitió que se reactivara el proyecto de ciudades modelo.[9] En noviembre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó formalmente al Estado de Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de los magistrados. La Corte dictaminó que la purga constituía una forma de represalia política destinada a socavar la independencia judicial y a imponer las zonas de desarrollo.[10]

La Ley ZEDE de 2013 y la privatización radical

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El expresidente Juan Orlando Hernández, arquitecto de la Ley Orgánica de las ZEDE (2013)

Con un poder judicial recién nombrado en su lugar, el Congreso de Honduras aprobó la Ley Orgánica de las ZEDE en septiembre de 2013.[7] El marco revisado de las ZEDE difería considerablemente de la idea original de Romer sobre las ciudades chárter. En lugar de estar supervisadas por una nación garante democrática, la gobernanza de las ZEDE se entregó a un Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP). Este comité, compuesto por 21 miembros, recibió amplios poderes ejecutivos y legislativos, incluida la facultad de nombrar a los secretarios técnicos encargados de gestionar las zonas. Esto sustrae de facto a las ZEDE de la influencia del electorado hondureño.[7]

El CAMP contaba con numerosos activistas libertarios extranjeros, agentes foráneos conservadores y defensores del libre mercado, entre ellos varios antiguos miembros de la administración Reagan como Grover Norquist y Mark Klugmann.[4] Klugmann, uno de los principales arquitectos de la ley de las ZEDE, promovió las zonas como «zonas LEAP» destinadas a lograr un «salto» institucional mediante la privatización completa de los sistemas jurídicos, económicos y administrativos.[4]

Geógrafos y economistas políticos críticos han situado la aprobación de la ley ZEDE en un contexto más amplio de reestructuración espacial y económica.[11] Al transferir funciones estatales centrales —incluidos los impuestos, la aplicación de la ley y el arbitraje judicial— a juntas corporativas privadas, el marco de las ZEDE mercantilizó de hecho la soberanía estatal.[4] En lugar de funcionar como simples zonas económicas especiales tradicionales, las ZEDE fueron diseñadas como jurisdicciones altamente autónomas. A medida que el proyecto pasó de la teoría legislativa al desarrollo real, esta estructura jurídica daría lugar a importantes disputas nacionales e internacionales sobre el control territorial, la gobernanza democrática y los derechos sobre la tierra.[4][11]

ZEDE establecidas

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Zonas de Empleo y Desarrollo Económico está ubicado en Honduras
Próspera (Roatán)
Ciudad Morazán (Choloma)
ZEDE Orquídea (San Marcos de Colón)
Ubicación de las tres ZEDE establecidas en Honduras antes de la derogación legislativa de 2022 y de la sentencia de la Corte Suprema de 2024

Antes de la derogación de la legislación habilitante en 2022 y el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema en 2024, se establecieron oficialmente tres ZEDE en Honduras, cada una adaptada a diferentes sectores económicos:

  • ZEDE Próspera: La ZEDE más reconocida internacionalmente, Próspera se estableció en 2017 en un sitio de aprox. 23 hectáreas adyacente a la comunidad garífuna de Crawfish Rock en la isla de Roatán.[6] Fundada por Honduras Próspera Inc. y respaldada por capital de riesgo de Silicon Valley, Próspera fue diseñada como un enclave anarcocapitalista insignia.[6][12] Operaba tanto como un desarrollo físico de lujo como una plataforma digital, comercializándose como un centro para tecnología financiera, criptomonedas, impresión 3D y pruebas de terapia génica.[13] La zona estaba gobernada por un Consejo de Fideicomisarios de nueve miembros fuertemente dominado por sus fundadores corporativos, y operaba su propio centro de arbitraje privado para la resolución de disputas.[14] En 2021, Próspera amplió su jurisdicción comprando e incorporando el Puerto de Satuyé en La Ceiba en el territorio continental hondureño.[6]
  • Ciudad Morazán: Ubicada cerca de la ciudad industrial de Choloma en el departamento de Cortés, Ciudad Morazán fue diseñada como una comunidad manufacturera cerrada de bajos ingresos. Su objetivo declarado era proporcionar vivienda segura y empleo para los trabajadores en el sector de la maquila (manufactura de exportación), ofreciendo seguridad privada e infraestructura aislada de las altas tasas de criminalidad de las áreas urbanas circundantes.
  • ZEDE Orquídea: Situada en Las Tapias, San Marcos de Colón, en el departamento de Choluteca, la ZEDE Orquídea fue establecida por la empresa matriz Agroalpha para enfocarse en la industria de exportación agrícola. La zona construyó invernaderos a gran escala para el cultivo de productos destinados a mercados extranjeros. En particular, la ZEDE Orquídea adoptó formalmente el derecho corporativo anglosajón del estado de Delaware como su marco legal privado aplicable.
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El marco jurídico de la ZEDE supuso un cambio con respecto a la gobernanza local tradicional, al privatizar efectivamente las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales del Estado.[7] A diferencia de las típicas zonas económicas especiales (ZEE), que ofrecen principalmente desgravaciones fiscales y exenciones aduaneras, la ley de las ZEDE permitía la creación de jurisdicciones independientes y gestionadas por el sector privado. Los antropólogos y economistas políticos describen este modelo como el surgimiento de un «Estado contractual», en el que la ciudadanía democrática y la autoridad pública son sustituidas por acuerdos entre residentes privados y directivos empresariales.[6]

En la cúspide de la estructura de gobernanza de las ZEDE se encontraba el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP). Nombrado por el presidente hondureño y ratificado por el Congreso, el CAMP operaba con autoridad casi absoluta sobre las zonas, pero carecía de supervisión regulatoria nacional formal.[15] Estaba facultado para aprobar nuevas ZEDE, redactar reglamentos internos y nombrar al Secretario Técnico, el director ejecutivo de cada zona.[7] Funcionando como una junta de supervisión internacional no electa, el CAMP tenía el poder de llenar sus propias vacantes.[16][17]

Dentro de cada ZEDE, el Secretario Técnico tenía amplios poderes y supervisaba la seguridad pública, la educación, los presupuestos y la fiscalidad.[16] Las zonas podían establecer sus propios tribunales independientes, seguir tradiciones jurídicas extranjeras —como el derecho consuetudinario angloamericano— y contratar a jueces extranjeros.[13] Si bien las ZEDE estaban exentas de impuestos y aranceles nacionales, debían remitir el 12 % de sus ingresos fiscales internos a fondos fiduciarios del Estado hondureño.[16]

Un aspecto clave del marco de las ZEDE era el «Acuerdo de Convivencia». Dentro de las zonas, los derechos constitucionales fueron reemplazados de facto por este contrato vinculante. En aquel, los residentes aceptaban ceder su autoridad y soberanía política a los gestores privados de la zona a cambio de la residencia y de los servicios.[18][6] Además, el marco introdujo un programa de «residencia electrónica» (e-residency), que permitía a inversores y corporaciones extranjeras constituirse digitalmente dentro de la ZEDE sin presencia física, convirtiendo las zonas en paraísos fiscales virtuales y registros digitales desregulados.[18][14]

Oposición social y política

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La implementación del marco de las ZEDE provocó una resistencia sostenida de la sociedad civil hondureña, los sindicatos y las comunidades indígenas y afrohondureñas. Casi de inmediato, los opositores alegaron que la existencia de estas zonas eran una violación flagrante de la soberanía nacional y una amenaza directa a los derechos sobre las tierras locales.[17]

El conflicto más conocido surgió en la isla caribeña de Roatán. Allí, la empresa con sede en EE. UU. Honduras Próspera Inc., financiada por capitalistas de riesgo de Silicon Valley como Peter Thiel y Marc Andreessen, creó la ZEDE «Próspera».[19] El territorio de Próspera colindaba con Crawfish Rock, una comunidad garífuna histórica. Los residentes de Crawfish Rock estaban muy preocupados por que la expansión de la ZEDE supusiera la pérdida de sus tierras ancestrales y provocara su desplazamiento.[20] Los defensores de los derechos indígenas señalaron que los desarrolladores de la ZEDE eludieron por completo el proceso de «consulta previa» exigidido por el Convenio 169 de la OIT. Estos aprovecharon la clasificación legal del Gobierno hondureño del área como de «baja densidad de población» para evitar celebrar un referéndum local.[18]

Aunque la gerencia de Próspera declaró que no usarían la expropiación para apoderarse de tierras, la comunidad local seguía mostrándose profundamente recelosa. Citaban la larga historia de Honduras de desplazar por la fuerza a grupos marginados para llevar a cabo proyectos agroindustriales y turísticos.[20] Los líderes locales, los críticos internacionales y los periodistas de investigación describieron a menudo el proyecto como una «fantasía multimillonaria neocolonial» y un «enclave libertario excéntrico», argumentando que el modelo de las ZEDE permitía a expatriados adinerados y tecnolibertarios forjar feudos privados a costa de la población local.[21][12]

Desde una perspectiva de economía política, la fricción en Crawfish Rock mostró el choque entre el capital transnacional y el trabajo local. El marco de las ZEDE cercó efectivamente los espacios comunales y nacionales, y se transformaron en jurisdicciones privatizadas donde las protecciones laborales constitucionales y las regulaciones ambientales fueron suspendidas o reemplazadas por códigos redactados por empresas.[22] Al eludir la aprobación democrática de la población local y basarse en acuerdos alcanzados con la administración de Juan Orlando Hernández —ampliamente impopular—, las ZEDE unieron a un grupo diverso de hondureños que veían el proyecto como una nueva versión de los acaparamientos de tierras de la época colonial.[19][23]

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La expresidenta Xiomara Castro propuso en su campaña la abolición de las ZEDE

Derogación legislativa de 2022

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La abolición de las ZEDE se convirtió en una promesa central de campaña de Xiomara Castro y su partido de izquierda Partido Libre durante las elecciones generales de Honduras de 2021. Castro argumentó que las zonas eran entregas inconstitucionales de soberanía diseñadas para albergar a élites corruptas, narcotraficantes y capital extranjero.[23] Tras su aplastante victoria electoral, Castro actuó rápidamente para desmantelar la arquitectura legal de las ciudades modelo.

En abril de 2022, el Congreso Nacional de Honduras votó por unanimidad (109-0) para derogar la Ley Orgánica de las ZEDE de 2013.[24] La derogación fue celebrada por grupos de la sociedad civil y comunidades locales como una restauración de la soberanía nacional y una victoria para la gobernanza democrática.[24] Sin embargo, los operadores de las tres ZEDE existentes —Próspera, Ciudad Morazán y Orquídea— se negaron a reconocer la derogación, argumentando que sus inversiones estaban protegidas por acuerdos de estabilidad jurídica de 50 años firmados previamente con el Estado hondureño.[19]

Arbitraje ISDS y retiro del CIADI

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Tras la derogación de la ley de las ZEDE, Honduras Próspera Inc. llevó el conflicto al ámbito internacional. A finales de 2022, la empresa presentó una demanda millonaria contra el Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un órgano de arbitraje vinculado al Banco Mundial.[22] Recurriendo al mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica con los EE. UU., Próspera exigió una indemnización de 10 775 millones de dólares por lucro cesante. Esta cantidad equivalía aproximadamente a dos tercios del presupuesto nacional total de Honduras.[22][19]

La demanda atrajo una considerable atención internacional. Expertos jurídicos y académicos en economía criticaron el marco del ISDS, argumentando que permitía a las grandes empresas imponer una carga financiera a los países en desarrollo por promulgar leyes democráticas que protegen a sus ciudadanos y su territorio.[22] En respuesta a la demanda de Próspera y a una oleada de reclamaciones corporativas similares, el gobierno de Castro tomó la medida sin precedentes de retirar oficialmente a Honduras de la convención del CIADI a principios de 2024. El gobierno argumentó que el organismo de arbitraje favorecía sistemáticamente los intereses corporativos por encima de los derechos de las naciones soberanas.[25]

Fallo de la Corte Suprema de 2024

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La situación jurídica interna de las ZEDE quedó zanjada en septiembre de 2024. La Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional el marco de las ZEDE, junto con las enmiendas constitucionales que lo permitían en un principio.[26] El fallo respaldó las alegaciones de los grupos de la sociedad civil de que la creación de jurisdicciones autónomas con poderes judiciales y administrativos independientes violaba principios fundamentales de la Constitución hondureña. Esta sentencia supuso un duro golpe para el proyecto a nivel nacional, aunque el arbitraje internacional con respecto a la compensación financiera sigue en curso.[26]

Véase también

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Referencias

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  1. ↑ «Las ZEDE podrían suponer serios riesgos para la garantía de los derechos humanos por parte del Estado de Honduras | Naciones Unidas en Honduras». honduras.un.org. Consultado el 15 de junio de 2026.
  2. ↑ Palma-Herrera, José Luis (2019). «El regreso de los enclaves a Honduras en el siglo XXI: Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la versión de las ciudades chárter rechazada por su creador Paul Romer (2010-2019)». Anuario de Estudios Centroamericanos 45: 95-132.
  3. ↑ Roux, Hélène; Geglia, Beth (2019). «¿Excepción o continuismo? Nuevos enclaves: poder e infraestructura en Honduras». Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 40 (87): 17-43. doi:10.28928/ri/872019/atc1/rouxh/gegliae.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ebner, Nina; Peck, Jamie (2021). «FANTASY ISLAND: Paul Romer and the Multiplication of Hong Kong». International Journal of Urban and Regional Research 46 (1): 26-46. doi:10.1111/1468-2427.13060.
  5. ↑ Lynch, Casey (2023). «What is a ‘freedom city’?». Good Authority.
  6. 1 2 3 4 5 6 Geglia, Beth (2025). «Visualizing the “stateless” state: New anarcho-capitalist territorial imaginaries in the movement for private jurisdictions». Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia 41 (1): 93-112. doi:10.56247/qua.525.
  7. 1 2 3 4 5 6 7 «Report of the National Lawyers Guild Delegation Investigation of Zones for Economic Development and Employment in Honduras». National Lawyers Guild. 14 de septiembre de 2014.
  8. ↑ Robinson, Andy (25 de octubre de 2017). «Paul Romer habla de las ciudades modelo en Honduras (y Catalunya)». La Vanguardia.
  9. 1 2 Costantini, Cristina (12 de diciembre de 2012). «Honduran President Fears Coup, Four Supreme Court Judges Fired». ABC News.
  10. ↑ «Caso Gutiérrez Navas y otros Vs. Honduras». Serie C No. 514. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 29 de noviembre de 2023.
  11. 1 2 England, Sarah (2025). «Racialized Dispossession and the Third Exile: Honduran Garifuna Asylum Seekers». Latin American Perspectives 52 (2): 43-62. doi:10.1177/0094582X251318374.
  12. 1 2 Oualalou, Aude (16 de agosto de 2024). «Prospera: The eccentric libertarian and fully private enclave in Honduras». Le Monde.
  13. 1 2 Long, Guillaume; Main, Alexander (24 de enero de 2024). «How a Start-Up Utopia Became a Nightmare for Honduras». Foreign Policy.
  14. 1 2 «Próspera, Honduras: A Controversial Experiment in Corporate Governance». International Relations Review. 23 de octubre de 2025.
  15. ↑ Geglia, Beth (diciembre de 2020). «Who Should Regulate Free Trade Zones in Honduras?». El Faro.
  16. 1 2 3 «Should the Inter-American Development Bank Fund Honduras to Implement Controversial Special Economic Zones?». Center for International Environmental Law (CIEL). 2017.
  17. 1 2 «Las polémicas ciudades modelo en Honduras». Latinoamerica21.
  18. 1 2 3 Geglia, Beth; Nuila Herrmannsdörfer, Andrea (12 de febrero de 2021). «A Private Government in Honduras Moves Forward». NACLA.
  19. 1 2 3 4 Berríos, Rubén (13 de marzo de 2024). «Crypto Bros Are Trying to Bankrupt Honduras for Scuttling Their ‘Private Cities’». Foreign Policy In Focus.
  20. 1 2 Ernst, Jeff (5 de julio de 2022). «'We are not leaving': Hondurans fight 'crypto-colonialists' for their land». The Guardian.
  21. ↑ Fassler, Ella (2023). «Peter Thiel Is Unleashing a Neocolonial Billionaire Fantasy in Honduras». Truthout.
  22. 1 2 3 4 Provost, Claire; Kennard, Matt (1 de noviembre de 2023). «A US Corporation Is Suing Honduras for Scrapping Its Privatized City». Jacobin.
  23. 1 2 Cuffe, Sandra (17 de julio de 2022). «Honduras’s New President Is Trying to Undo the Damage of the 2009 US-Backed Coup». Jacobin.
  24. 1 2 Palencia, Gustavo (21 de abril de 2022). «Honduran Congress unanimously nixes special economic zones». Reuters.
  25. ↑ Palencia, Gustavo (1 de marzo de 2024). «Honduras moves to exit World Bank arbitration body». Reuters.
  26. 1 2 Palencia, Gustavo (20 de septiembre de 2024). «Honduras top court declares self-governing ZEDE zones unconstitutional». Reuters.

Enlaces externos

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