República Catalana

Ban de proclamació de la República Catalana del 14 de abril de 1931, proclamación de la República Catalana por Francesc Macià en 1931.

República Catalana o Estado Catalán es el término que se utiliza para los proyectos o intentos de diversos partidos políticos nacionalistas catalanes que a lo largo de la historia intentaron crear un Estado soberano o por lo menos una entidad jurídica con grado de autonomía alta en la comunidad autónoma española de Cataluña, ninguna de las intentonas fue reconocida por el Estado español en el ámbito jurídico ni tampoco por el Reino de España o algún organismo internacional en general.

Una república ha sido proclamada, sin implicar efecto o ser constituyente, en tres ocasiones:^{[cita requerida]}

• en 1640 por Pau Claris bajo sublevación a España y como territorio perteneciente a Francia.​
• en 1931 por Francesc Macià, como República Catalana autodeterminada como estado integrado dentro de una supuesta Federación Ibérica
• en 1934 por Lluís Companys, como Estado Catalán autodeterminado dentro de una supuesta República Federal Española

Sublevación de Cataluña. 1640

La proclamación de la República Catalana se producía el 17 de enero de 1641. Sin embargo, una semana después, ante la entrada del ejército de Felipe IV, el presidente de la Generalidad, Pau Claris, decidió proclamar el 23 de enero a Luis XIII de Francia como Conde de Barcelona (sería sucedido en 1643 por Luis XIV, hasta 1652), poniendo así el Principado de Cataluña bajo soberanía francesa.​​ La disconformidad de Cataluña con la Unión de Armas desembocó en un conflicto hispano-francés conocido como la Sublevación de Cataluña que desembocó en el Tratado de los Pirineos por el que el territorio aragonés de el Rosellón pasó a dependencia de Francia. La actuación gala en contra de la corona española estaba sujeta a una supuesta soberanía del territorio catalán, por lo que la Junta de Brazos (las Cortes Catalanas sin el rey) aceptaron la propuesta de Claris de poner a Cataluña bajo protección del rey de Francia en un gobierno republicano, y el Consejo de Ciento lo hizo al día siguiente. Pero esta situación republicana fue una medida transitoria para forzar un acuerdo con el gobierno de Madrid ante la amenaza de intervención francesa,​ que sin embargo apenas se mantuvo seis días debido a las pretensiones y presiones de ambos bandos llevaron a Claris a suspender la república y a proclamar a Luis XIII como Conde de Barcelona como última medida antes de que pasase por el Tratado de los Pirineos a la Corona de Aragón, a la que pertenecía Cataluña desde 1162 hasta la disolución de la misma en 1707.

La batalla de Montjuic

Pau Claris.

El 26 de enero de 1641 se libró la batalla de Montjuic contra el ejército de Felipe IV, el cual, derrotado, se vio forzado a la retirada. Un mes más tarde moría Pau Claris.

La destitución del conde-duque de Olivares, la presencia del hambre y la peste y la promesa de Felipe IV de respetar las instituciones catalanas pusieron fin a la guerra en 1652. Pero ello no significaba la paz total.

Aunque la Guerra de los Treinta Años se había cerrado con el Tratado de Westfalia de 1648, por el cual España perdía parte de sus dominios en el centro de Europa, continuaba la guerra entre Francia y España, en la que se veían especialmente envueltos los territorios de Cataluña allende los Pirineos. Cuando en 1659 Luis XIV y Felipe IV firman la Paz de los Pirineos, este último cede a Francia los territorios pertenecientes al condado del Rosellón y parte norte del de Cerdaña, invalidando así las demarcaciones establecidas por las Constituciones de Cataluña.

Guerra de Sucesión Española

Los conflictos se reavivaron con la Guerra de Sucesión Española de 1701 tras la muerte del rey de España sin descendencia, entrando también en escena el resto de coronas europeas por la disputa territorial del imperio español, destacando la intervención neerlandesa y la británica, personificado entre las dinastías de Austrias (fieles a Carlos II de España, Sacro Imperio Romano Germánico, Ana I de Gran Bretaña y Provincias Unidas de los Países Bajos) y Borbones (Felipe V de España, Luis XIV de Francia, Maximiliano II de Baviera y Carlos III de Mantua), denominándose como una disputa entre austracistas y borbónicos. El desenlace fue muy negativo para España quien tras el reformismo borbónico desembocó tras décadas en la pérdida identitaria de la corona española y gran parte de sus territorios e influencia internacional.​

Concretamente los sucesos acontecidos en Cataluña cuyo Principado, y al igual que en el resto de estados de la Corona de Aragón, se posicionó en favor de la causa austríaca en la persona del Archiduque Carlos, proclamado ilegítimamente como Carlos III en 1705. Fue el último reducto austracista ante el avance de Felipe V, quien finalmente fue reconocido como rey de España tras el Tratado de Utrecht de 1713-15, perdiendo sin embargo el trono francés cuya monarquía inició entonces su decadencia, al tiempo que los británicos se convirtieron en la potencia europea en detrimento de franceses y españoles, que además perdieron significativos territorios como Gibraltar, Sicilia, los Países Bajos Españoles, Cerdeña o Canadá. Estos repartos y tratados tuvieron un punto denominado como «caso de los catalanes», quienes aliados con los británicos (Pacto de Génova) por un beneficio mutuo político-militar de trasfondo mercantil expansionista por parte extranjera y de conservación identitaria por parte local frente al centralismo de Felipe V quien abogaba por una unidad global de todo el territorio.

Los catalanes austracistas quienes tras bombardear y capitular Barcelona, ciudad reducto de la causa borbónica, convocaron las Cortes Catalanas y expandieron su causa por el territorio.​ El apoyo británico hizo retroceder al ejército de Felipe V quien sin embargo logró reestructurar a sus tropas y recuperó la sitiada Madrid a la vez que el Archiduque Carlos tomaba el Reino de Valencia. La batalla de Almansa hizo retroceder a la coalición anglo-luso-holandesa hasta que Felipe V tomó control de la situación y abolió mediante los Decretos de Nueva Planta los Fueros de Valencia y los Fueros de Aragón proclamados por los Austrias y que se convirtieron sin serlo en el foco de conflicto entre bandos.

La guerra de 1705 no fue una mera defensa de los fueros, sino que estaba dirigida a servir a los intereses de la élite comerciante catalana, deseosa de promover a Barcelona como la capital de los negocios de España, un centro de comercio libre, una nueva metrópoli de comercio colonial y de iniciativas económicas. No trataban de conseguir la secesión de Cataluña ni el desmembramiento de España; al contrario, luchaban por incorporar el modelo catalán en una España unida y liberada del dominio de Francia

John Lynch.​

Según el historiador Ricardo García Cárcel, la victoria borbónica en la guerra, finalizada en 1714 tras una nueva resistencia producida en Barcelona, y la aplicación de los Decretos de Nueva Planta supuso el "triunfo de la España vertical sobre la España horizontal de los Austrias", entendiendo por "España horizontal", la "España austracista", la que defiende "la España federal que se plantea la realidad nacional como un agregado territorial con el nexo común a partir del supuesto de una identidad española plural y «extensiva»", mientras que la "España vertical" es la "España centralizada, articulada en torno a un eje central, que ha sido siempre Castilla, vertebrada desde una espina dorsal, con un concepto de una identidad española homogeneizada e «intensiva»".​

Así pues, la llegada de los Borbones a la Corona española supuso un cambio radical en la concepción de la Monarquía de España: desde que los Reyes Católicos firmaran el segundo Tratado de los Toros de Guisando, se había establecido que los ocupantes de las coronas reunirían sus territorios in persona regis, manteniendo cada uno de ellos sus particularidades jurídicas y de gobierno. Estas peculiaridades fueron conservadas, aunque con modificaciones, por la Casa de Austria, pero fueron eliminadas por Felipe V tras su victoria en la guerra, excepto para el Reino de Navarra, el Señorío de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, que mantuvieron sus fueros e instituciones propias al haberse mantenido fieles a la causa borbónica.

Las consecuencias de este programa absolutista y centralista se concretaron en:

• La desaparición de los antiguos reinos (salvo el de Navarra) y el nacimiento de las provincias en la Península​ y la generalización y la reorganización interna de los virreinatos, gobernaciones y capitanías generales en América.​
• Que el Consejo de Castilla (solo "de Castilla" en el nombre) pasa a asumir todas las tareas de gobierno (salvo en Navarra). El resto de consejos ven reducida su labor a aspectos judiciales y se les quitan las atribuciones gubernativas en beneficio de las secretarías de Estado.​
• La integración en las Cortes de Castilla, de representantes de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca.
• La aplicación de un solo derecho común castellano para todos los súbditos, con la consiguiente anulación de usos y costumbres y de derechos particulares (siempre que entren en conflicto con la legislación común) y la unificación del derecho procesal.​
• La aplicación de una sola lengua administrativa: el castellano, excepto en la Sala de Vizcaya de la Audiencia de Valladolid, en la que se permite el uso del eusquera​ de la Real Chancillería de Valladolid.

El escenario se traduce en la actualidad como una de las principales proclamas del independentismo del siglo xxi.​​

El Pacto de Tortosa. 1873

Tras el triunfo de la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II, se celebraron en enero del año siguiente las elecciones a Cortes Constituyentes en las que el Partido Republicano Democrático Federal obtuvo un buen resultado en Aragón, Cataluña y Valencia —aunque globalmente inferior a sus expectativas— lo que animó a la celebración en Tortosa en mayo de una asamblea federal de los territorios de la antigua Corona de Aragón —aunque no acudió ningún representante de las provincias de Gerona y de Alicante—. La presidencia la ocupó el alcalde de Tortosa, Manuel Bes, y las vicepresidencias les correspondieron a Anselmo Clavé (Cataluña), José Franch (Valencia) y Mamés Benedicto (Aragón). En la reunión estuvo también presente Valentín Almirall, quien tras el fracaso del proyecto federal de la Primera República Española sería el principal impulsor del catalanismo político.​

En el preámbulo del acuerdo al que se llegó se decía que los presentes se habían unido «para resistir a la tiranía y a fuer de aragoneses, catalanes y valencianos, evocando en nuestro favor honrosos antecedentes históricos». El artículo 1.º decía:​

Los ciudadanos aquí reunidos convienen que las tres antiguas provincias de Aragón, Cataluña y Valencia, incluidas las Islas Baleares, estén unidas y aliadas para todo lo que se refiere a la conducta del partido republicano y a la causa de la Revolución, sin que de ninguna manera se deduzca de ello que pretenden separarse del resto de España.

Al denominado Pacto de Tortosa, firmado el 18 de mayo de 1869, para restaurar la corona de Aragón le siguieron otros en Andalucía, Castilla y Galicia-Asturias, hasta que en julio se firmó un Pacto Nacional auspiciado por la dirección del Partido Republicano Federal.​

En febrero de 1873, Estanislao Figueras resulta elegido presidente de la república española y pasa a desempeñar el cargo a finales de junio. En esas fechas, la crisis económica, las divisiones de su propio partido y la proclamación soberanista de Tortosa, sobre la cual no puede actuar sin disolver las tropas en Cataluña, le hacen dimitir en beneficio de Francisco Pi i Margall, principal defensor del federalismo pactista. Figueras se exilia entonces a Francia, donde trata sin éxito de reconstruir el Partido Federal.

Proclamación de Macià. 1931

Francesc Macià, fundador del partido Esquerra Republicana de Catalunya.

El 14 de abril de 1931, después de las elecciones municipales que dan la mayoría a su partido ERC, Francesc Macià proclama la República Catalana como estado integrante de la Confederación Ibérica,​ referida también como Federación Ibérica,​ desde el balcón de la Diputación de Barcelona, actual Palacio de la Generalidad de Cataluña.

Esta proclamación preocupa al gobierno provisional de la República, que el 17 de abril envía en avión a Barcelona a los ministros Fernando de los Ríos, Marcelino Domingo y Luis Nicolau d'Olwer. Después de tensas conversaciones, se llega al acuerdo de que el consejo formado en Barcelona debía actuar como gobierno de la Generalidad de Cataluña. Esto supone la recuperación de un nombre histórico en el cual nadie había pensado, y que permite resolver el conflicto abriendo el camino a una nueva forma de autonomía catalana.

Más adelante, cuando se hace patente el fracaso del proyecto de Estado Federal, Macià se ve obligado a aceptar un Estatuto de autonomía para Cataluña. Sigue como presidente de la Generalidad hasta su muerte en 1933.

Proclamación de Companys. 1934

Unos años más tarde, el sucesor de Macià, Lluís Companys, empleó una forma nominal similar, al proclamar el Estado Catalán dentro la República Española, aludida incorrectamente por los independentistas como una república federal. Una vez acabada la Guerra Civil Española en 1939, la Generalidad se exilia. La dictadura militar instaurada como nuevo gobierno nacional, deroga las instituciones catalanas. El presidente autonómico Companys, defensor en esta ocasión de la legalidad constitucional republicana, es detenido en Francia por la Gestapo. Se le aplica la extradición y regresa a España para ser juzgado en consejo de guerra, condenado a muerte y fusilado en el castillo de Montjuic (1940).

Procesos no constituyentes. 2014-Act.

El 9 de noviembre (9-N) de 2014, el gobierno catalán presidido por Artur Mas organizó una consulta popular no autorizada por el gobierno central en la que participaron 2.305.290 personas, algo más del 33% del censo electoral catalán. La consulta contenía dos preguntas: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y, en caso afirmativo, "¿Quiere que este Estado sea independiente?" El resultado fue del 80,76% (1.861.753) de votos a favor de un Estado catalán independiente, el 10,07% (232.182) a favor de un Estado catalán pero no independiente de España, el 4,54% (104.772) de votos en contra de cualquiera de estas dos fórmulas, y el 0,56% (12.986) votos en blanco.​

Referéndum No Constitucional por la independencia de octubre de 2017

Puigdemont, presidente de la Generalidad de Cataluña.

En 2017 la Generalidad de Cataluña aprobó ilegalmente según su propio Estatuto de Autonomía​ la organización de un referéndum de autodeterminación, suspendido por el Tribunal Constitucional​ por dicha condición no solo según el Estatuto autonómico sino por la Constitución,​ y finalmente celebrado de manera ilegal el 1 de octubre,​ sin cumplir ninguna garantía mínima ni los estándares internacionales.​​​ La Comisión Europea corroboró su ilegalidad en base a las leyes vigentes en España,​ que no permite actos de secesión sin una reforma previa agravada de la Constitución aprobada en 1978,​ y en cuyo caso su discusión competería a toda la ciudadanía española en su conjunto bajo una consulta legal aprobada anteriormente por los estamentos.​

La consulta ilegal conllevó a un dictamen de la jueza Mercedes Armas del Tribunal Constitucional a impedir los actos relacionados con la misma y por diligencia judicial,​ de la que dependen los cuerpos de seguridad del Estado, a la movilización de unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para apoyar a los Mozos de Escuadra,​ auto secundado por el gobierno central y diferentes partidos políticos en favor de la defensa de la ley. Según los resultados facilitados por la Generalidad, el 6 de octubre, el número de votantes fue de 2.286.217, el 43% del censo total catalán, de los que el 90,18% (2.044.038) fueron favorables a la independencia de Cataluña.​ Sin embargo dichos resultados fueron ampliamente cuestionados tanto por las irregularidades detectadas durante el proceso,​ como por la falta de coherencia entre los resultados provisionales dados el día de la votación y los resultados definitivos publicados cinco días más tarde,​ así como por la falta de ratificación por un órgano independiente.​

Entre las numerosas irregularidades detectadas el día del referéndum, se encuentra gente que votó varias veces o votos de extranjeros no incluidos en el censo.​ También se detectó el transporte de urnas sin precintar conteniendo votos en su interior,​ así como urnas en la calle en las que cualquier ciudadano sin ningún control censal podía depositar votos.​​ Así mismo, se produjeron graves irregularidades en muchos municipios, donde hubieron hasta 3 veces más votos que personas censadas [sic](el censo fue universal y permitia votar en cualquier colegio elector) lo que pone en entredicho no solo los resultados, sino el propio proceso democrático que se empleó.​

El 10 de octubre, más de una semana después en contra del plazo de dos días que establecía su propia ley, el presidente de la Generalidad Carles Puigdemont compareció en el parlamento catalán promulgando en su discurso una declaración de independencia suspendida a expensas de proclamarla unilateral e ilegalmente si no se producía un diálogo con el gobierno de España en favor de la misma.​​ El sábado 21 de octubre y tras negarse Puigdemont a cumplir los dos requerimientos del Estado a pronunciarse claramente sobre dichas intenciones de declaración independentista y reconducir al gobierno catalán a las vías de la legalidad, el presidente de la nación, Mariano Rajoy, propuso al Senado como ente competente la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española,​ que desembocaría en el cese del equipo de gobierno de la Generalidad.

Bibliografía

• Joaquim Albareda Salvadó (2010). La Guerra de Sucesión de España (1700-1714). Editorial Crítica. ISBN 978-84-9892-060-4. 
• John Lynch. Historia de España. Editorial Crítica. p. 810. ISBN 84-8432-704-3. 
• Núria Florensa i Soler (2004). Univ. de Castilla La Mancha, ed. La República Catalana de 1641: un proyecto colectivo revolucionario. La declinación de la monarquía hispánica en el siglo XVII. p. 102. ISBN 8484272966. 
• Ricardo García Cárcel (2002). Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España. Plaza & Janés. p. 114. ISBN 84-01-53056-3. 

Enlaces externos

• Wikisource contiene obras originales de o sobre República Catalana.