Conflicto mapuche

Bandera mapuche adoptada en 1991; principal símbolo del movimiento autonomista mapuche, en Chile (principalmente) y Argentina.

Bandera del pueblo mapuche-tehuelche adoptada en 1991; símbolo de su reivindicación en algunas zonas mapuches argentinas.

cami flo sara las vamos a matar ziiiiConflicto mapuche es el nombre con el que se denomina, desde el retorno de la democracia en 1990, al conflicto protagonizado entre comunidades y organizaciones mapuches y el Estado de Chile.​​

Esas organizaciones, que son principalmente de la Araucanía y el Biobío, presentan con una serie de reivindicaciones étnicas que giran alrededor de tres ejes: la autonomía jurisdiccional (derecho propio),​ la recuperación de tierras ancestrales, beneficios económicos y el reconocimiento de una identidad cultural. Si bien la mayoría de ellas pretende autonomía y derechos como parte de Chile, una minoría reclama la total independencia del pueblo mapuche.^{[cita requerida]}

Los detractores de estos movimientos señalan que debe respetarse la legalidad y condenar el uso la violencia para hacerse escuchar.​ Los movimientos mapuches usan métodos que incluyen tomas por la fuerza o incendios de terrenos e iglesias. Las tomas realizadas por algunas comunidades y grupos activistas más radicales conllevan la intimidación a propietarios y personal de tales predios, preferentemente, con ataques incendiarios y armados.​

La cuestión mapuche ha generado debate y sus críticos denuncian no solo la ilegitimidad jurídica de sus pretensiones sino que además sostienen que la "identidad mapuche" usada por esas organizaciones carece de validez cultural significativa en el mundo contemporáneo —en base al común denominador mapuche moderno— y que más bien se trataría de una etiqueta instrumental para alcanzar objetivos políticos. Los métodos radicales utilizados por algunos grupos son considerados como actos terroristas.​

Historia

Comienzos de la reorganización mapuche hasta el Régimen Militar

El lonco Felipe Colichicheo de Pitrufquén, en su visita a Santiago, para reclamar al gobierno por el despojo de sus tierras. En revista Zig-Zag (1906).

Tras la ocupación de la Araucanía, comenzaron a emerger diferentes organizaciones, tales como la Corporación Araucana de Venancio Coñoepan, la Federación Araucana de Aburto Panguilef, la Sociedad Caupolicán y la Unión Araucana de Antonio Chiwailaf. Entre ellas existían diferentes posiciones, desde el tradicionalismo hasta el catolicismo asimilacionista, pero todos compartían la idea de recuperar las tierras usurpadas para conservar la cultura propia.^{[cita requerida]}

El movimiento mapuche ingresó en la escena pública chilena entremezclándose con la política y sus partidos, aunque siempre conservando su especificidad. Este proceso llegó a su clímax a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970.

Fue así como en 1969 comenzaron las tomas de tierras reclamadas por los mapuches en la provincia de Cautín, proceso conocido como el Cautinazo.

Posteriormente, con el avance de la reforma agraria acelerada por el gobierno de Salvador Allende, muchas comunidades mapuches se radicalizaron e iniciaron una inédita recuperación de tierras, al margen de los programas de gobierno. Hacia 1972, los latifundistas afectados se organizaron en los llamados comités de retoma, grupos paramilitares armados que fueron perseguidos por el gobierno mediante la Ley de Seguridad del Estado.

Régimen Militar y el Acuerdo de Nueva Imperial

Promovidos por la Fundación Instituto Indígena del Obispado de Temuco, surgen los centros culturales mapuches,​ denominación que permitía una mayor probabilidad de eludir la persecución de la dictadura. Más tarde (1981), estos darían paso a Ad Mapu, tronco de posteriores organizaciones.​ También desde 1978, en aplicación del artículo 25 del decreto ley Nº 2.568, se dispuso la ampliación de las tierras indígenas, traspasando a 2.639 indígenas un total de 51 predios agrícolas que eran propiedad del Fisco, SAG, ex CORA, CORFO y CONAF, con una superficie total de 113.342,07 hectáreas.​

En 1989, la Concertación de Partidos por la Democracia, liderada por el entonces candidato presidencial, Patricio Aylwin, promovió la suscripción de un acuerdo con los representantes de las diversas organizaciones indígenas, que es conocido como el Acuerdo de Nueva Imperial. En él, Aylwin prometió hacer efectivo durante su gobierno el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, crear una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y a propender a su desarrollo e integración pero respetando su cultura. Las organizaciones indígenas, por su parte, se comprometieron a apoyar el futuro gobierno de la Concertación y a canalizar sus legítimas demandas a través de los mecanismos de participación creados por el gobierno. Con este acuerdo se pretendía dar por superada "la política de división de las comunidades y de asimilación de la población indígena a la sociedad mayor impuesta por el gobierno militar".​

Sin embargo, algunos sectores políticos e indígenas consideraron que con la firma del Acta de Nueva Imperial el movimiento autóctono se oficializaba, por lo que rechazaron esta estrategia. Entre las organizaciones contrarias al acuerdo estaba el Consejo de Todas las Tierras, creado en 1990 y que se originó en Ad Mapu debido a diferencias políticas entre sus principales dirigentes. El Consejo se marginó del proceso de suscripción del Acuerdo de Nueva Imperial, "retomando la propuesta de autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche".​

Con la aplicación de las normativas anteriormente mencionadas, desde 1978 a 1990 se entregaron, en total, 69.984 títulos de dominio individual a los indígenas, y en virtud de las demás disposiciones de ese texto legal y las nuevas tierras traspasadas, se completaron 72.931 títulos de dominio.

Retorno a la democracia

Represa Ralco

Para la construcción de la Central hidroeléctrica Ralco se relocalizaron comunidades mapuches por medio de permuta de tierras, en contra de la voluntad de algunas familias. Además se inundaron cementerios y sitios ancestrales sagrados para la religión mapuche.

A inicios de la década del 90, la empresa chilena Endesa, subsidiaria de la empresa española del mismo nombre, pretendía iniciar un gran proyecto para abastecer el suministro eléctrico del país.​ El potencial hidroeléctrico de la cuenca del río Biobío ya había sido estudiado en la década de los 60 por la misma entidad cuando esta era pública.​ El 22 de mayo de 1990, el Ministerio de Economía autorizó la construcción de la central hidroeléctrica Pangue, primera etapa de un gran plan cuyo objetivo era erigir seis centrales en el Biobío.

Inmediatamente sabida la resolución gubernamental sobre Pangue, surgió una fuerte oposición al proyecto, ya que alteraba de las formas de vida de siete comunidades pehuenches que vivían en el área de inundación y la cuenca del río sufriría un severo daño medioambiental . El conflicto llegó a los tribunales de justicia donde finalmente, en 1993, la Corte Suprema acogió la apelación interpuesta por la empresa Pangue S.A. permitiendo la construcción de la central. Ralco sería un conflicto muy difícil de enfrentar. A pesar del fuerte apoyo que tuvo del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hubo una férrea oposición de ecologistas (nacionales y extranjeros) y, sobre todo, del pueblo indígena.

En 1993 se aprobó la Ley de Desarrollo Indígena 19.253. La situación creada por esta ley, que había operado con la cooperación de los principales referentes mapuches hasta 1997, sufrió una crisis, cuando Endesa comenzó construir una segunda central en la zona del Alto Bío Bío con el nombre de Ralco. En 1997 el proyecto pudo contar con la aprobación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) luego del análisis del estudio de impacto ambiental (EIA), siendo la primera obra de este tipo en someterse a este examen. Al mismo tiempo, la entidad señaló que, por aplicación de la ley indígena (N° 19253), la relocalización de la población sólo podría llevarse a cabo con el consentimiento de los afectados, siendo a través de la permuta por otro predio que satisfaga al indígena afectado y con la autorización de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Gran parte de la población mapuche aceptó la permuta de tierras ofrecida por Endesa. No obstante, hubo familias que se opusieron fuertemente a abandonar sus tierras.​ Ante la negativa de este organismo gubernamental a aprobar el proyecto sin el consentimiento de que todos permuten sus tierras, por ser atentatoria contra los derechos de los pehuenches, el presidente Frei destituyó al director de la Conadi y a la autoridad ambiental que también se oponía el megaproyecto.^{[cita requerida]}

De esta manera autoritaria se inundaron miles de hectáreas de tierras y sitios sagrados para el pueblo mapuche-pehuenche. Nicolasa Quintremán, una de las habitantes de la comunidad afectada, encabezó el movimiento popular que desde 1995 trató de impedir la realización del proyecto. Organizó protestas masivas en ciudades como Santiago, Concepción y Los Ángeles. Además fue una de las representadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde acudió a explicar la amenaza hacia las tierras pehuenches.​

El 10 de diciembre de 2002, la CIDH recibió una petición presentada por abogados representantes de la Universidad Arcis, el Center for International Environmental Law (CIEL) y de cinco pehuenches directamente afectadas (entre ellas, las hermanas Quintremán), donde se alegaba la violación por parte del Estado de Chile de varios derechos protegidos descritos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; además, se solicitó medidas cautelares para evitar que sus tierras fueran inundadas. En ese entonces las obras ya tenían un 70% de avance.​

El 16 de septiembre de 2003 se subscribió un acuerdo en el Palacio de La Moneda ante el secretario general de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, entre las cuatro familias pehuenches que aún se oponían a la entrega de sus tierras, por una parte, y la empresa, por otra. Con el acuerdo, cada una de las cuatro familias recibieron 200 millones de pesos chilenosy 77 hectáreas de terreno. Además, el Gobierno se comprometió a comprar 1200 hectáreas del fundo El Porvenir, ubicado en la zona, para entregarlas a las familias que permutaron sus tierras. Endesa, por su parte, se comprometió a destinar 300 millones de pesos para crear una fundación encargada de dar beneficios a los afectados por la construcción de la central.​

En 2004 el Estado de Chile firmó una serie de compromisos ante la CIDH, entre los que está la creación de la comuna de Alto Biobío, en la que no se volverían a construir represas en tierras indígenas.

Explotación de plantaciones forestales

En la misma época, comenzaba la explotación de las plantaciones forestales en predios que habían sido previamente otorgados a las comunidades mapuches durante el gobierno de Salvador Allende, pero que durante la dictadura pasaron a manos de sectores económicos. Los intereses de las empresas madereras que explotan plantaciones forestales en territorio mapuche; el temor de los agricultores que poseen predios considerados como usurpados por las comunidades mapuche y el aumento de la protesta social mapuche hacia fines de los años 1990 en la zona, motivaron al Senado a expresar en un informe su preocupación por la grave amenaza a la seguridad jurídica en la zona del conflicto (S 680-12).​ El informe fue criticado por contener declaraciones de más de 15 agricultores afectados y sólo de un representante mapuche.

Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco - Malleco

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Folleto que muestra a varios jóvenes mapuches muertos en conflictos con fuerzas de seguridad del estado en los años 2000.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, la respuesta estatal al conflicto mapuche-chileno asumió dos líneas básicas:

Por un lado, a través de la represión policial de las acciones de los activistas mapuches. El punto crítico ocurrió en 2002, durante una ocupación ilegal de tierras en el fundo Santa Alicia, en Ercilla, provincia de Malleco, cuando el joven comunero Alex Lemun Saavedra cayó muerto por acción de carabineros, quienes usaron escopetas antimotines cargadas con balines de plomo.

Por otro lado, debido a los reiterados ataques a fundos de propiedad privada, se sindicó y persiguió —en el marco de la llamada operación Paciencia, dirigida el subsecretaría del Interior Jorge Correa Sutil—, a la Coordinadora Arauco-Malleco como a una organización de carácter terrorista. Sus dirigentes fueron encarcelados y procesados en juicios que fueron cuestionados, como el llamado caso de los loncos y el caso Puluco-Pidenco. Como resultado, cuatro comuneros fueron condenados a 10 años y un día de prisión por "incendio terrorista" y los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín Catrimán a 5 años y 1 día por "amenaza de incendio terrorista".

El caso de los loncos fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Chile por encontrar que «en la fundamentación de las sentencias condenatorias se utilizaron razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios, lo cual configuró una violación del principio de igualdad y no discriminación», y por considerar que se produjeron violaciones al derecho de la defensa y del derecho de recurrir de esos fallos penales condenatorios, lo que convierte a las sentencias en arbitrarias e incompatibles con la Convención Americana. La Federación Internacional de Derechos Humanos había publicado un duro informe por la actitud del gobierno chileno ante el problema mapuche y había representado ante la Corte, cuya decisión saludó, a ocho de las víctimas del caso.​

Los juicios fueron denunciados también por la Organización de Naciones Unidas a través de su relator especial para Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, y por organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional.

Huelga de hambre de comuneros mapuches

Manifestación a favor de los comuneros mapuches en huelga realizada por estudiantes de Valparaíso.

Entre 2010 y 2011 se produjeron una serie de huelgas de hambre de comuneros mapuches presos en cárceles chilenas para protestar contra las condiciones en que se llevaban los procesos en su contra, principalmente por la aplicación de la ley antiterrorista, y por los dobles enjuiciamientos a los que se veían sometidos, pues por los mismos hechos se llevaban procesos paralelos en la Justicia ordinaria y en la Militar.​ Las huelgas comenzaron el 12 de julio de 2010, con un grupo que se encontrabn en prisión preventiva, algunos por más de un año y medio, todos acusados de infringir la legislación antiterrorista.​ En un comienzo los huelguistas sumaban 23 personas, aunque con el paso de los días llegaron a ser 34.​ Tras 82 días, 23 comuneros mapuches de Concepción, Lebu y Temuco llegaron a acuerdo con el Gobierno y finalizaron la huelga de hambre, según lo comunicó el arzobispo de Concepción, monseñor Ricardo Ezzati, la noche del 1 de octubre de 2010.​ Pero 10 de los 11 huelguistas de Angol decidieron continuar la huelga. El 8 de octubre la mayoría de ellos decidió poner fin a la huelga tras llegar a un nuevo acuerdo con el gobierno.​ Finalmente, el 12 de octubre de 2010 el menor de edad Luis Marileo, quien era el último mapuche en la huelga, depuso la medida de presión.

El 15 de marzo de 2011 Héctor Llaitul, José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Huillical retomaron la huelga de hambre.​ Los cuatro suman condenas de 85 años de presidio, en parte por crímenes por los que fueron absueltos por la justicia militar chilena.​ El 9 de julio de 2011 depusieron la huelga, tras 87 días sin ingerir alimentos.​

En febrero de 2011 el Tribunal Oral de Cañete absolvió a los 17 presos mapuches acusados de incendios terroristas y asociación ilícita, contra los que la fiscalía se había valido en su acusación de testigos sin rostro. Sin embargo, cuatro de ellos fueron encontrados culpables de robo con intimidación, atentando a la autoridad y homicidio frustrado, por el ataque al fiscal Mario Elgueta ocurrido en octubre del 2008.​

Las condenas fueron decididas en marzo de 2011, y llegaron a 25 años de presidio para Héctor Llaitul (15 años por el ataque al fiscal Elgueta, y 10 años por robo con intimidación contra el agricultor José Santos Jorquera), mientas que Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical fueron condenados a 20 años de presidio cada uno (10 años por el ataque al fiscal y otros 10 por robo con intimidación).​

En el proceso paralelo llevado por la Justicia Militar por el ataque al fiscal Elgueta, los acusados Llantiul, Llanquileo, Huenuche y Huillical fueron absueltos de los cargos, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción en mayo de 2011.​

Atentados incendiarios

Mientras muchas comunidades y organizaciones mapuches realizan sus reclamos por vías pacíficas, hay otras más radicales que han realizado actos terroristas con intimidación a propietarios y personal de fundos, preferentemente con ataques incendiarios y armados a casas y camiones de la zona de Arauco. Entre estos hechos destaca el asesinato del agricultor Werner Luchsinger y su esposa en enero del 2013, quienes perecieron en un incendio provocado a su casa en la comuna de Vilcún.​ Celestino Córdova, culpado como responsable, fue condenado a 18 años de prisión.​

El caso de Raúl Castro Antipán

Raúl Castro Antipán, reclutado como informante de carabineros cuando era un joven estudiante activista vinculado con algunos grupos pro causa mapuche, fue infiltrado para, en sus palabras, “desarticular” la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).​

Entre 2009 y 2011 una treintena de comuneros estuvieron detenidos por su testimonio como “delator compensado” por la Ley Antiterrorista; Castró llevó a la cárcel a 14 personas, que finalmente fueron absuelvas por la justicia.​

Actualidad

Afiche de convocatoria para marcha por muerte de Rodrigo Melinao.

En agosto de 2013, tras la muerte del comunero mapuche Rodrigo Melinao Licán y luego de que la fiscalía confirmara que fue víctima de asesinato,​ el Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentó una querella contra quienes resultaran responsables.​

La machi Francisca Linconao fue puesta en prisión preventiva en diciembre de 2016 como imputada por el caso Luchsinger-Mackay, aplicándosele la ley antiterrorista. Como prueba en su contra se tomó la acusación hecha inicialmente por otro de los imputados, pero ella se declaró inocente e inició una huelga de hambre que tuvo significativa presencia en las redes sociales y medios del país.​​ Luego de 14 días, la machi de 60 años presentaba un delicado estado de salud y la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo interpuesto en su favor, quedando con arresto domiciliario total y arraigo nacional (es decir, prohibición de salir del país) hasta que se resuelva el juicio.​

Durante el censo chileno de 2017 los accesos a Temucuicui y Collico, en la comuna de Ercilla, amanecieron bloqueados por árboles, lo que impidió el paso de los censistas. Nosotros no dependemos del Estado, no vamos a caer en su juego. Nos interesa que nos devuelvan las tierras, que se vayan las forestales y una nación mapuche libre, esa es la política de nuestra comunidad, señaló en aquella ocasión Jorge Huenchullán, werkén de la comunidad.​ El gobierno prefirió postergar el censo en esa zona debido a los incidentes que complicaron la realización de la consulta ciudadana.​

Consecuencias

Denuncias de criminalización del movimiento social mapuche

Véanse también: Alex Lemun, Jaime Mendoza Collio, Matías Catrileo y Patricia Troncoso.

Cartel mapuche.

Manifestación mapuche.

Diversas organizaciones mapuches han denunciado que existiría una criminalización de su lucha social. Las demandas de los indígenas están ligadas a la recuperación de los territorios de los que afirman ser herederos ancestrales. Los mapuches que han sido juzgados y condenados mediante la ley antiterrorista creada durante el régimen militar —que endurece las penas correspondientes a delitos comunes, cuando se configura el tipo de terrorismo (en particular el delito de incendio, que puede alcanzar a 10 años de cárcel al aplicársele la legislación antiterrorista— son considerados presos políticos. Se han denunciado también otros hechos, como ataques a menores de edad en las comunidades mapuches; así, el 30 de octubre de 2007, Patricio Queipul Millanao, de 13 años de edad, resultó herido en el tórax por al menos seis municiones disparadas por carabineros con sus escopetas antimotines.​ Este hecho se suma al de Daniela Ñancupil, de la misma edad, baleada en extrañas circunstancias por policías en enero de 2001,​ y que luego, en el 2002, fue secuestrada e interrogada por sujetos de civil, quienes la vendaron y la amenazaron para que desistiera de sus acciones legales.​

Reacción de organizaciones defensoras de derechos humanos

El Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de la supervigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, denunció las prácticas criminalizadoras contra el movimiento social mapuche en sus observaciones al informe de Chile en marzo de 2007. En este sentido, instó al Estado chileno a modificar la ley antiterrorista. Además, en relación a los artículos 1 y 27 del Pacto, el Comité lamentó la información de que las "tierras antiguas" continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, expresando que Chile debía realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1, párrafo 2, y 27 del Pacto, debiendo agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales, debidamente demarcadas.

También exhortó al Estado chileno a efectuar consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia, y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto. En 2004, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya había formulado observaciones en el mismo sentido.

Reclamo del derecho de autodeterminación

Varias organizaciones mapuche están reclamando el reconocimiento del derecho de autodeterminación recogido en la Carta de Naciones Unidas.​ Con la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, la comunidad internacional ha reconocido expresamente el carácter de pueblos de los indígenas, como ya lo afirmara el relator especial Miguel Alfonso Martínez, quien en su estudio encargado por la ONU, sostuvo que “no he podido hallar argumento jurídico suficiente para que pueda defenderse la idea de que los indígenas han perdido su personalidad indígena internacional como naciones/pueblos”.^{[cita requerida]}

Si bien la amplitud de la autonomía y beneficios reclamados varían entre los distintos sectores mapuches, muchas de las organizaciones que la reclaman, la relacionan y la piden de la misma forma que la autonomía obtenida por el pueblo inuit en Groenlandia desde la década de 1990; o como los beneficios obtenidos por los indígenas de Bolivia a partir de la más reciente elección de un presidente aymara en ese país (Evo Morales).^{[cita requerida]} Además, organizaciones mapuches como Wallmapuwen han entablado vínculos con el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), proponiendo replicar el sistema de comunidades autónomas en Chile, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas en la constitución (caso similar al del reconocimiento de las administraciones y lenguas regionales en España).^{[cita requerida]}

Véase también

• Wallmapu
• Ocupación de la Araucanía
• Conquista del Desierto
• Huelga de hambre de comuneros mapuche de 2010
• Coordinadora Arauco-Malleco
• Consejo de Todas las Tierras
• Guerra de Arauco

Enlaces externos

• Tribunales Chilenos Inhabilitados Jurídicamente dentro del Territorio Mapuche
• Sentencia sobre el caso de los loncos, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014.
• El conflicto mapuche visto por sus protagonistas