Primer Gobierno de Alan García Pérez

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Primer Gobierno de Alan García Pérez
(1985-1990)
Escudo nacional del Perú.svg
Autoridades
Vice Presidentes Luis Alberto Sánchez Sánchez
Luis Alva Castro
Presidente del Consejo de Ministros Luis Alva Castro
Guillermo Larco Cox
Armando Villanueva del Campo
Luis Alberto Sánchez Sánchez
Guillermo Larco Cox
Datos Generales
Elegido en Elecciones generales de 1985
Toma de mando 28 de julio de 1985
Fin del gobierno 28 de julio de 1990
Gobierno Anterior Segundo Gobierno de Fernando Belaúnde Terry
Gobierno Posterior Gobierno de Alberto Fujimori
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El primer gobierno de Alan García Pérez, empezó el 28 de julio de 1985 y culminó el 28 de julio de 1990.

Inicio[editar]

En los primeros días de junio, Alan García emprendió un viaje a Italia. Realizó una primera escala en Colombia y una segunda en Madrid, en dónde se entrevistó con el presidente del gobierno, Felipe González, a quien le transmitió su preocupación por la financiación de la deuda iberoamericana, su apoyo al Grupo Contadora y a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. [1]

El 20 de julio, García anunció que su primer gabinete estaría integrado por Luis Alva Castro como Presidente del Consejo de Ministros y en el Ministerio de Economía y Finanzas; del mismo modo, anunció a los otros ministros y remarcó que Allan Wagner (un independiente) ocuparía la cartera de Relaciones Exteriores y que Carlos Blancas (un demócrata-cristiano) sería su Ministro de Trabajo.

La ceremonia de transmisión de mando se realizó el domingo 28 de julio de 1985, se contó con la presencia de los presidentes Raúl Alfonsín de Argentina, Hernán Siles Zuazo de Bolivia, José Sarney de Brasil, Augusto Pinochet de Chile, Belisario Betancourt de Colombia, Luis Alberto Monge de Costa Rica, Fidel Castro de Cuba, León Febres-Cordero de Ecuador, José Napoleón Duarte de El Salvador, Felipe González Márquez de España, Óscar Humberto Mejía Víctores de Guatemala, Roberto Suazo Córdova de Honduras, Miguel de la Madrid de México, Daniel Ortega de Nicaragua, Nicolás Ardito Barletta de Panamá, Alfredo Stroessner de Paraguay, Salvador Jorge Blanco de República Dominicana, Julio María Sanguinetti de Uruguay y Jaime Lusinchi de Venezuela; asimismo estuvo el secretario de Hacienda de los Estados Unidos de América, James Baker.

Alan García dio un mensaje a la nación que duró casi dos horas, en el que anunció medidas contra la corrupción pública, la reorganización de las fuerzas policiales en un plazo de 60 días, la eliminación de exoneraciones tributarias a las compañías petroleras que operaban en el país, la reducción de la compra de una escuadrilla de aviones Mirage 2000, la reducción de su sueldo como presidente y la formación de una comisión de paz para iniciar una amnistía. Pero el punto más controvertido fue en lo que respecta al problema de la deuda externa: anunció su decisión de dialogar directamente con los acreedores, sin usar como intermediario al Fondo Monetario Internacional (FMI), y adelantó que, durante un año, el Perú destinaría al servicio de su deuda solo el diez por ciento del valor total de las exportaciones, y no el sesenta por ciento, como se venía exigiendo.[2] El propósito de tan audaz decisión, según explicaría después, era reconstruir las reservas internacionales, que se hallaban mermadas.[3]

Aspecto político[editar]

Alan García fue el primer político aprista en llegar al poder en el Perú, así como el mandatario más joven (36 años) en ser elegido democráticamente en toda la historia de su país, y en su momento, en todo el mundo. Durante su campaña electoral había cautivado a las muchedumbres con su oratoria grandilocuente y efectista, aunque rehuyendo a debates con sus adversarios, pues asumía que más que programas políticos, lo que el pueblo necesitaba era un mensaje esperanzador. La expectativa era grande con lo que haría este presidente, que contaba con un apoyo mayoritario en todos los estratos sociales. Llegaba al poder en momentos en que la situación del Perú era extremadamente crítica, comenzando por poseer uno de los índices más altos de pobreza en América Latina.[4] Todo lo cual se agravaba con el recrudecimiento del terrorismo, una inflación incontrolable (casi 200% anual), un galopante aumento de la deuda externa, un déficit crónico de divisas y una extendida corrupción pública, que incluía a la administración de justicia y la policía nacional.[5]

Desde el principio, se hizo visible el estilo personalista que imprimió García a su gobierno, no dejando que ninguno de sus colaboradores le opacase. Inauguró un nuevo tipo de populismo que recordaba a las movilizaciones populares de la época del velasquismo. Se hicieron célebres sus “balconazos”: desde el balcón de Palacio de Gobierno comunicaba sus medidas, haciendo uso de sus dotes de orador, ante grupos de personas que luego se tornaban en multitudes.[6]

Como vicepresidentes le acompañaban: Luis Alberto Sánchez (primer), destacado intelectual y prolífico escritor, perteneciente a la vieja guardia aprista (había nacido en 1900), que también fue designado Presidente del Senado; y Luis Alva Castro (segundo), economista y político trujillano, reelegido diputado por La Libertad, y que asimismo fue designado Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas.[7]

En el Congreso, el nuevo mandatario contaba con una amplia mayoría, tanto en Senadores como en Diputados.[8]

Se consideraba entonces al partido aprista (fundado en 1930) como de tendencia socialdemócrata y moderada (aunque algunos analistas decían que se había “derechizado” desde la década de 1950), pero García, como queriendo rescatar los orígenes del viejo partido, empezó con un discurso radical, antiimperialista y en defensa de las masas empobrecidas de su país, discurso que se iría desdibujando con el correr del tiempo.[9]

En 1986 se realizaron elecciones municipales a nivel nacional. En Lima, considerado el primer municipio de la Nación, triunfó el candidato aprista Jorge del Castillo, que tuvo un abierto apoyo del presidente García, por lo cual recibió severas críticas de los demás candidatos. Una de las propuestas de la campaña aprista fue la construcción del tren eléctrico o Metro de Lima, que debía unir los conos distritales con el centro de Lima. Esta propuesta no se llegó a concretar entonces y apenas se inauguró un tramo de un km.[10]

Aspecto Económico[editar]

El problema de la deuda externa[editar]

Fue durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) en que la deuda externa creció en un nivel alarmante, debido en parte a la masiva compra de armamento soviético, que convirtió por entonces al Perú en una potencia militar en la sub-región. El gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) tuvo que renegociar la deuda, aceptando las severas condiciones que impusieron el FMI y los acreedores internacionales. En el segundo gobierno constitucional de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), la situación continuó agravándose, tanto así que en 1984, el Perú dejó de hacer algunos pagos, aunque manteniendo siempre su voluntad de pagar.[11] Eso sí, se pidió al FMI ser más flexible en el cobro de los intereses y amortizaciones, exigiendo plazos más largos y rebaja de tasas. De los 10 mil millones de dólares que se debía en 1980 como herencia del régimen militar, se elevó a 14 mil millones en julio de 1985.

Tal era la situación al momento en que asumió el poder el gobierno aprista. En los primeros días del gobierno, el ministro de Economía, Luis Alva Castro, siguiendo la política trazada por García, anunció que se atendería el pago de la deuda externa sin sacrificar más al pueblo y sin aceptar las condiciones propuestas por el Fondo Monetario Internacional.[cita requerida]

En septiembre de 1985, García viajó a los Estados Unidos para presentarse en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, donde dio un discurso memorable. Allí reafirmó su voluntad de destinar solo el 10% de las exportaciones peruana como amortización de la deuda externa. Pero hizo más: amenazó con retirar al Perú de la organización si el sistema internacional no era reformado y dejara de servir solo a los intereses de un solo país (esto es, los Estados Unidos). Esta posición, con lo que pretendía a todas luces asumir un liderazgo tercermundista, le valió una exposición mediática a nivel internacional: el New York Times le dedicó un titular a cinco columnas,[12] y en la primera semana de octubre de 1985, la revista Newsweek lo calificó como la estrella política más importante que emerge en América Latina desde Juan Domingo Perón. En diciembre, dicha revista colocó a García entre las diez personalidades más destacadas del mundo.[cita requerida]

En noviembre de 1985, García asistió a la Asamblea bianual de la FAO en Roma, en donde tuvo a su cargo la disertación en memoria de McDougall. En el discurso reafirmó su tesis de la deuda externa, acusó al Fondo Monetario Internacional de ser el causante de la crisis alimentaria en el tercer mundo y anunció que el Perú orientaría su economía a la sustitución de los productos alimentarios extranjeros por propios.

Naturalmente, los países del orbe socialista saludaron complacidos aquella propuesta muy atrevida. En cambio, el FMI declaró al Perú país “inelegible” (es decir, no propenso a crédito) e “insolvente”. La marginación del Perú de la comunidad financiera internacional traería graves consecuencias, tratándose de un país con urgentes necesidades de financiamiento e inversión extranjera.[13]

Crecimiento económico 1985-1986[editar]

Inicialmente, García aplicó una política económica de corto plazo calificada de “heterodoxa”. Contaba al respecto con asesores izquierdistas. De manera sencilla, García explicó su plan: Para estabilizar y hacer crecer la economía, el punto de partida sería aumentar el consumo de la población. Esto se lograría mejorando los salarios reales de los trabajadores; con el aumento del consumo, las empresas y los productores agrarios aumentarían sus ventas, y ello, a su vez, incidiría en un aumento en las utilidades, lo que haría posible un aumento de la inversión, de la producción, de los puestos de trabajo y de la recaudación fiscal. El plan parecía lógico, pero tenía un punto crítico: confiar en que los empresarios no cayeran en prácticas especulativas y reinvirtieran sus ganancias en el país (lo cual no ocurriría).[14]

Las medidas de corto plazo fueron las siguientes:[15] [16]

  • Se aumentaron los salarios reales en un 18%;
  • se congelaron los precios de los alimentos y los alquileres al valor que tenían al 27 de julio de 1985;
  • se redujeron las tasas de interés bancario de 280 a 110%;
  • la moneda fue devaluada en 12%;
  • se rebajaron los precios de los materiales de construcción y los medicamentos;
  • se controló el tipo de cambio fijándose en 13.908 soles por dólar, instaurándose el llamado Mercado Único de Cambios, MUC (pero surgió a la vez un mercado paralelo y libre que llegó a cotizar el dólar en 20.000 soles);
  • los certificados de divisas quedaron congelados por 90 días (pero se siguieron cotizando en moneda extranjera);
  • las tarifas de electricidad y teléfono subieron en 20%, pero se anunció que permanecerían congeladas hasta fin de año.

Al mismo tiempo, se emprendió un programa de empleo masivo y de apoyo crediticio a la agricultura.

En un comienzo, las medidas adoptadas dieron resultados positivos. Ya en setiembre de 1985, la inflación bajó a 3,5 % (comparado con 12,5 % en abril del mismo año). Hacia el segundo trimestre de 1986, la economía dio señales de clara recuperación. Los sectores que dependían de la demanda interna (manufactura, construcción, agricultura) crecieron, no así los sectores dedicados a la exportación (minería, pesca). En 1986, la economía creció 10 %. Fue el mayor crecimiento desde los años 50;[17] con ello García disfrutó entonces de una popularidad récord en América Latina (76% a fines de 1986[18] ). Cuando la capacidad de gasto del estado fue agotada entonces comenzaron múltiples problemas.

El primer problema fue que a pesar de la reactivación económica, el Estado casi no percibía mayores ingresos. Otro problema consistía en que, después del gran crecimiento de 1986, la capacidad productiva de la modesta industria nacional estaba llegando a sus límites. Hacían falta inversiones para instalar nuevas capacidades y así continuar con la reactivación. Para ello, era necesario recurrir a inversiones y préstamos extranjeros.

La poca confianza de la ciudadanía en las políticas económicas del Gobierno condujo a que, hacia fines de 1986, muchos cambiaron sus intis por dólares temiendo –y, al mismo tiempo, originando– una devaluación del inti. El paquete de medidas adoptadas por García incluía el congelamiento del tipo de cambio inti-dólar. Pero tal congelamiento tendía a ser artificial en tanto la demanda real de intis iba perdiendo cada vez más terreno frente al dólar. Este cambio se vio reflejado en la tasa de cambio libre, aquella de los cambistas de la calle, paralela al cambio oficial.[19]

Peligro de crisis[editar]

En 1987, el peligro de una crisis en la balanza de pagos y en las reservas internacionales era evidente. Sin embargo, el Estado Peruano siguió confiando en un crecimiento económico rápido hasta 1988. Al mismo tiempo, se vio obligado a devaluar el inti, y a subir los sueldos y los precios.[20]

En líneas generales, la política económica estatal empezó a caer en contradicciones. Por un lado, el Gobierno buscaba el contacto directo con los empresarios importantes (llamados los doce apóstoles, por ser solo una docena de grupos empresariales) con el fin de persuadirlos a invertir en el desarrollo de la capacidad productiva. Por otro lado y en su necesidad de aumentar los ingresos del Estado, supuestamente obligó, a comienzos de 1987, a las empresas a prestarle dinero al Estado.

En concreto, las empresas fueron forzadas a comprarle al Estado Peruano bonos obligatorios por un valor que llegaba hasta el 30% de las utilidades brutas que las empresas habían obtenido en 1986.[21] Con esta medida, el Gobierno provocó airadas reacciones en el sector empresarial. Al poco tiempo, algunas empresas fueron exoneradas del pago obligatorio y finalmente el programa fue cancelado.

Este tipo de marchas y contramarchas, de reacciones sobre hechos ya consumados, de pasividad frente a los peligros venideros contribuyeron a la percepción de que la política económica del Gobierno estaba siendo improvisada y, sobre todo, perdiendo el control. La situación se agudizó con la renuncia, en junio de 1987, del Ministro de Economía Luis Alva Castro. A esas alturas la inflación ya resultaba agobiante.

Intento de estatización de la banca (1987)[editar]

El punto de ruptura del gobierno de García fue su intento de estatizar los bancos, las financieras y las compañías de seguros. La medida fue anunciada en el mensaje a la nación del 28 de julio de 1987.[22]

García explicó las razones de su medida: los empresarios, -y en especial los grupos de poder económico-, pese a beneficiarse con las bondades de la política heterodoxa, no habían tomado conciencia en invertir en el país, dedicándose a especular y sacar sus capitales al exterior. Por lo que García creyó necesario, en aras del bien público, tomar el control del principal mecanismo de captación y distribución de capitales: el sistema financiero.[23] Ya en 1982 había publicado un libro (El futuro diferente) en el que criticaba a los bancos privados por excluir del sistema de créditos a los sectores informales, campesinos así como las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Según García, era necesario “democratizar” el crédito y, dado que el sector privado no estaba dispuesto a asumir esa tarea, el Estado debía tomar las riendas.[24]

Con miras a la aprobación de esta medida, en el Congreso de la República del Perú los apristas ganaron el apoyo de los representantes de la Izquierda Unida, con lo que lograron una sólida mayoría, frente a los representantes del PPC y AP. García empezó a recorrer el país, explicando con su oratoria convincente las supuestas bondades de su proyecto. De otro lado, sectores altos y medios de la población se mostraron reacios al mismo, y se agruparon en torno al Movimiento Libertad encabezado por el escritor Mario Vargas Llosa, lo que marcó la aparición de la prédica liberal y antiestatista en el discurso político nacional (hasta entonces dominado por los extremismos de izquierda y derecha). En las cámaras del parlamento se discutió tempestuosamente la aprobación del proyecto, siendo finalmente sancionado (se expropiaría hasta el 70% del capital social de los bancos y financieras del sector privado). Sin embargo, esta ley, en la práctica, no se aplicó. Solo dos comisiones interventoras se activaron, la del Banco de Crédito y la del Banco Wiese, pero en la práctica no hubo mayor cambio.[25] En definitiva, el intento de estatización de la banca constituyó en otro de los fracasos del gobierno alanista.

1988-1989: Crisis[editar]

Al finalizar el año 1987, la crisis ya era evidente: La inflación empezó a ascender bruscamente (114,5 % en diciembre del 1987), la producción –y, por consiguiente, la reactivación económica– se había estancado y la balanza de pagos tuvo, en 1987, un saldo negativo de 521 millones de dólares, el hueco más grande desde 1981. Consecuentemente, las reservas internacionales siguieron decayendo. A falta de dólares, el Banco Central se vio atado de manos en el control de la tasa de cambio (una demanda creciente de dólares se puede contrarrestar poniendo en circulación los dólares ahorrados, pero estos ya no había).

En octubre de 1987, el gobierno procedió a devaluar el inti en 24 %. Los llamados paquetazos siguieron dándose, de forma periódica, a lo largo de un año, llevando a una gran recesión económica. Pero García seguía sin aceptar la necesidad de una línea clara.

El equipo económico del gobierno presidido por Gustavo Saberbein intentaba persuadir a García de la necesidad de un shock ortodoxo: Déficit cero a través de aumentos fuertísimos de impuestos y tarifas y la eliminación de subsidios. Pero García, temiendo el costo político de tal decisión, no se decidía a resolver el problema de fondo.[26]

Finalmente, García, obligado por las circunstancias, decidió dar un cambio de rumbo, recurriendo, a fines de 1987, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) en busca de préstamos. El experimento heterodoxo había llegado a su fin y ahora el gobierno retomaba las políticas ortodoxas. Los organismos financieros internacionales exigieron el pago previo de las moras, que ascendían a 1.500 millones de dólares. Ya para entonces las reservas internacionales eran negativas. Fue recién hacia mediados de 1988 que García se convenció de la necesidad de una “guerra frontal” contra la crisis económica. El nuevo Ministro de Economía y Finanzas, Abel Salinas, tuvo la ingrata tarea de anunciar, ahora sí, el shock o ajuste económico, el 6 de septiembre de 1988. Con ello se proponía detener la inflación y la recesión, acabar con la pérdida de divisas y dar un contexto de estabilidad y confianza a los agentes económicos.[27] Fueron tan fuertes estas medidas económicas, que, sin exagerar, dejaron estupefactos a todos los peruanos. Se dice que incluso Alan García, sabedor de lo que se venía, llegó a tantear la posibilidad de renunciar la noche anterior, pero que luego recapacitó para no dar gusto a la derecha que, según él, quería su cabeza.[28]

El plan, denominado Plan Cero, contribuyó a generar una inflación aún mucho mayor, sobre todo en relación con los productos importados. Así, por ejemplo, el precio de los productos farmacéuticos subió 600 % y el de la gasolina 400 %. Además, se eliminó el sistema del control de precios con excepción de 42 productos básicos.[29]

A partir de setiembre de 1988, la inflación se convirtió en lo que los economistas denominan hiperinflación. Ese mes, los precios subieron 114 %. Fue el mes con mayor inflación en el gobierno de García y, probablemente, en la historia del Perú. En época contemporánea, además del Perú, pocos países han caído en hiperinflación: Alemania, Austria y Hungría en 1920 (países europeos que salían de un desastre bélico);[30] y Bolivia y Nicaragua, en Latinoamérica. El shock parecía llegar muy tarde. En todo caso, no pudo controlar la inflación.

Un largo paro en la industria minera contribuyó a que las exportaciones cayeran aún más agravando así el déficit comercial. Las reservas internacionales, por su parte, se aproximaban a cero.

El 22 de noviembre de 1988, García lanzó otro “paquete” con medidas muy similares. Al mismo tiempo, Abel Salinas presentó su renuncia por discrepancias con García.

Las esperanzas del APRA estaban ahora cifradas en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se enviaron diversas misiones a Washington D.C. para renegociar la deuda y obtener un “préstamo puente” de 800 millones de dólares. Pero el Perú no llegó a recibir préstamos, debido a que seguía siendo “inelegible” al no haber contenido la inflación ni haber podido recuperar las reservas internacionales; recién en julio de 1989 el FMI se comprometió a conseguir un préstamo. Para 1990, la deuda externa ascendía a 16.720 millones de dólares.[31]

El aumento del desempleo y la caída drástica de ingresos fue el costo social del desastre económico provocando el surgimiento de un sector informal de una dimensión nunca antes vista. Además, el Estado en bancarrota ya no pudo cubrir sus obligaciones en materia de asistencia social, educación, salud y administración de justicia.

Durante los años 1989 y 1990 no se produjeron cambios importantes. La economía se recuperó levemente y las reservas internacionales también. Las importaciones se contrajeron y las exportaciones subieron, sobre todo por el aumento de precio de los minerales en el mercado internacional.

Bajo el mando del nuevo Ministro de Economía, César Vásquez Bazán, la inflación tuvo una leve baja. La tasa anual de inflación fue de 3398.6% en 1989. Los últimos meses de dicho año fueron usados en gastar las escasas reservas internacionales para reactivar en algo la economía en vista de las próximas elecciones generales. Así, en marzo de 1990, las reservas internacionales apenas llegaban a 190 millones de dólares.[32]

Para finalizar, diremos que los resultados del funesto experimento económico de Alan García están todavía en la memoria colectiva de todos los peruanos: Inflación a niveles astronómicos, escasez de alimentos y otros productos básicos y el derrumbe de la aprobación del presidente a solo un dígito, todo un récord nacional.

Corrupción pública[editar]

Uno de los puntos del inicial programa del alanismo expuesto en su mensaje inicial, enfatizaba en la “moralización” de las fuerzas armadas y policiales, muy desprestigiadas por sus relaciones con el narcotráfico y otros tipos de corrupción. Siguiendo esa línea, se despidió y pasó al retiro a los funcionarios y autoridades involucradas en ilícitos y se reorganizó la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones. A comienzos de 1986 fueron rebautizadas y puestas bajo el mando de una Policía Nacional del Perú unificada (PNP).[33]

En los primeros años de gobierno, no hubo ninguna denuncia resonante de corrupción que involucrase a las autoridades y funcionarios. Ello es entendible ya que los grupos económicos que controlaban los principales medios de comunicación (diarios, revistas, radios y televisoras), se hallaban en buenas relaciones con el poder político, pues se beneficiaban del acceso privilegiado a los dólares MUC (dólar subsidiado por el gobierno y usado en la importación de bienes y en pagos por servicios en el extranjero). Otros procedían de igual manera, tratando sin duda de congraciarse con el mandatario para recibir esos beneficios. Solo el diputado Fernando Olivera propuso una investigación parlamentaria para investigar los ingresos y propiedades de García, pero fue rechazado por la mayoría aprista de la Cámara de Diputados.[34]

Los primeros indicios de corrupción aparecieron cuando se hizo evidente la presencia cada vez mayor de militantes y simpatizantes apristas ocupando puestos claves en la administración pública, donde en vez de los méritos profesionales, pesaba más la filiación partidaria. También muchos amigos y empresarios cercanos al mandatario se beneficiaron del mal manejo de los dólares MUC. Pero solo fue tras el intento frustrado de la estatización de la banca, que empezaron a salir a la luz los escándalos de corrupción, cuando los medios de comunicación y la elite se convencieron de que debían oponerse a la política de García. Funcionarios públicos se vieron involucrados en numerosos de esos casos; por ejemplo, a mediados de 1988 el ministro de Agricultura Remigio Morales Bermúdez debió renunciar a raíz del escándalo de la carne malograda, importada de Argentina.[35]

Pero solo sería tras el final del gobierno en julio de 1990 en que se revelarían las más importantes denuncias de corrupción, que involucraban a la persona del mismo presidente. Se formó al respecto una Comisión Investigadora, integrada por Fernando Olivera Vega, Pedro Cateriano y Lourdes Flores, que como primera medida lograron levantar la inmunidad parlamentaria a García (ya que según lo establecido en la Constitución de 1979, los ex presidentes ejercían una senaduría vitalicia). Los principales cargos levantados en 1991 contra García incluían el enriquecimiento ilícito como funcionario, debido a ingresos no declarados de dudoso origen y presumibles ganancias ilegales provenientes de su participación directa en los casos de los aviones Mirage y el BCCI. Adicionalmente, se incluyeron cargos de pedido y recepción de sobornos del consorcio italiano encargado de la construcción del Metro de Lima (el “tren eléctrico”).[36]

El caso de los aviones Mirage consistió en lo siguiente: como ya anotamos anteriormente, García había decidido, desde el comienzo de su gobierno, reducir la compra de una flotilla de aviones Mirage 2000, a solo 14 aviones de los 26 que originalmente había contratado el gobierno anterior en 1982. Aseguró que, como la compra se hallaba en trámite, era factible esa operación y que el Estado se ahorraría dinero que sería destinado para fines más prioritarios. Como negociador fue enviado a Francia Héctor Delgado Parker, empresario muy amigo del mandatario.[37] Dicho sea de paso, la decisión de reducir la compra la tomó García sin consultar con las Fuerzas Armadas, como debió haber sido el procedimiento correcto. Pero lo más grave fue que las investigaciones de la Comisión dieron indicios razonables de que dicha operación tuvo otros fines, presumiblemente para beneficiar económicamente al mandatario. Comenzando que, era inexacto que la compra se hallaba en trámite en 1985, sino que esta se había transado en 1982, estando programada la entrega de los aviones en dos lotes: 16 aviones en 1986 y 10 aviones en 1988. Con la reducción de la compra, el calendario de entrega se modificó, y según los datos proporcionados por las Fuerzas Armadas, 4 aviones llegaron a fines de 1987 y 10 aviones en 1988. Sin embargo, la Comisión descubrió que, para mediados de 1986, los aviones Mirage ya estaban fabricados, y según la documentación revisada, fueron entregados al Perú ese mismo año, pese a lo cual nunca llegaron al país en ese entonces. Ello llevó a la presunción de que esos aviones fueron vendidos clandestinamente a otros países, lo que resultaría en un gran negocio, ya que el valor de los Mirage se había triplicado desde 1982, debido a los conflictos que estallaron en el Medio Oriente en esa época.[38] La Comisión halló también indicios que García había intervenido directamente en la operación, y recopiló testimonios de que en el transcurso de la misma el mandatario se había reunido reiteradamente con Abderramán El Assir, un acaudalado libanés cuyo oficio era ser intermediario entre gobiernos compradores y fabricantes de armas, con altas comisiones de por medio.[39] Presumiblemente ambos negociaron la venta de los aviones hacia un país de Oriente, para lo cual se habría usado la intermediación del BCCI de Londres, un banco especializado en falsificar documentación referente a ventas de armas.[40] Hay que destacar que una de las cláusulas del contrato de compra contemplaba la posibilidad de que el Perú pudiera traspasar parte de la flota a un tercer país, previa autorización del gobierno francés, cosa que inexplicablemente no se siguió, y aparentemente se optó por la venta clandestina que obviamente beneficiaba por lo bajo a los participantes en dicha operación. La defensa de García consistió en afirmar que no hubo intermediarios en la renegociación de la compra, la misma que se hizo de gobierno a gobierno,[41] y resaltó lo beneficioso que fue para el país dicha operación. En cuanto a Abderramán El Assir, García admitió conocerlo, pero negó que fuera un traficante de armas. No obstante, los analistas concuerdan en que la decisión de renegociar la compra de los Mirage fue en realidad perjudicial al país, calculándose las pérdidas en más de 250 millones de dólares.

El escándalo del BCCI, un banco internacional sindicado de prácticas de defraudación, estalló al producirse su quiebra en 1991, salpicando a muchos gobiernos del mundo, entre ellos el de Perú. Una de las prácticas de dicho Banco era captar depósitos pagando sobornos y coimas a funcionarios de gobierno y funcionarios de bancos. El fiscal del distrito de la ciudad de Nueva York Robert Morgenthau, en el curso de sus investigaciones en torno a este caso internacional, reveló que parte de las reservas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fueron depositadas en el BCCI, previo soborno de tres millones de dólares a dos funcionarios del BCRP, Leonel Figueroa (presidente) y Héctor Neyra (gerente general).[42] Después se supo que el encargado de sobornar a estos dos fue el peruano Brian Jensen, ex funcionario del BCCI y ex gerente general del BCRP en la época del segundo belaundismo.[43] Aunque el BCRP era en teoría autónomo, sin embargo, era difícil de creer que el presidente García, por su estilo de gobierno, no habría estado al tanto de sus manejos; los indicios apuntaban a que estuvo involucrado directamente en la colocación de las reservas en el BCCI y que conoció de los sobornos. Todas estas revelaciones causaron gran impacto en el Perú. La defensa de García consistió en afirmar que nunca intervino en las decisiones gerenciales del BCRP y que el gran culpable de los sobornos era Brian Jensen, que era acciopopulista.[44]

Si bien ambas cámaras, la de diputados y senadores, ante los indicios documentales y testimoniales, votaron mayoritariamente por la acusación constitucional contra el ex presidente, errores procesales motivaron que el “caso García” no prosperara en el poder judicial (allí se adujo falta de evidencias e imprecisión de los cargos criminales). Se afirmó también que los jueces responsables del caso habían sido nombrados en el gobierno de García o tenían vínculos estrechos con el APRA.[45]

A todo ello se sumó el autogolpe de Fujimori de 1992, que dio a Alan García la excusa perfecta para fugarse del país y asilarse en Colombia, arguyendo ser un “perseguido político” (luego pasaría a Francia). No volvería al Perú hasta el 2001, tras la caída de Fujimori. Aunque a lo largo de esos años se intentó mantener en su contra las denuncias de corrupción, estas finalmente prescribieron, figura a la que oportunamente se acogió García. Fue así que pudo postular nuevamente a la presidencia en el 2001, al no tener ningún proceso pendiente.[46]

Aspecto social[editar]

Terrorismo[editar]

La actividad terrorista llevada a cabo por Sendero Luminoso y el MRTA se había iniciado durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero se extendió y se intensificó casi a nivel nacional bajo el gobierno de García. Extensas regiones como la selva del Huallaga y casi todas las alturas de los Andes Centrales cayeron bajo control de las huestes terroristas. Estos irrumpían de improviso en los pueblos, asesinaban con extremada crueldad a los policías y las autoridades locales, reclutaban a la fuerza a los pobladores y luego, ante la proximidad de las fuerzas militares, se retiraban a las alturas, rehuyendo presentar combate frontal. Tales oponentes escurridizos e inasibles resultaban muy difíciles de someter para las fuerzas del orden. Los terroristas también se dedicaron a destruir todo signo de progreso en las regiones: puentes, plantas eléctricas e hidroeléctricas, plantas experimentales de agricultura y ganadería, maquinarias, hasta el ganado de las comunidades. Y ahuyentaron o asesinaron a los pequeños productores y al personal extranjero de ayuda técnica.[47] Cuando se hizo muy fuerte la presencia militar en el campo, los senderistas optaron por otra estrategia: centrar su accionar dentro de las ciudades, particularmente Lima. En ellas se hallaban infiltrados en las universidades y sindicatos. Sus atentados nocturnos eran precedidos por voladuras de torres de alta tensión que provocaban apagones; asimismo, acrecentaron sus asesinatos selectivos de dirigentes populares, personal policial y funcionarios públicos. Un asesinato resonante fue el de Rodrigo Franco Montes, dirigente aprista y presidente de ENCI (Empresa Nacional de Comercialización de Insumos), en 1987.[48] Hacia 1989 se calcula que la violencia terrorista había causado la muerte a unas 20.000 personas, el 90% de los cuales eran de origen campesino.[49]

El accionar del terrorismo produjo como reacción actos de represión militar, como la matanza de senderistas amotinados en los distintos centros penitenciarios de Lima el 19 de junio de 1986 (Matanza en los penales) y la masacre de decenas de campesinos en el pueblo ayacuchano de Cayara (provincia de Cangallo) en 1988. Aunque inicialmente Alan García mostró interés en frenar las violaciones a los derechos humanos, tras el incidente de los penales, permitió que continuase la violencia contrasubversiva de las Fuerzas Armadas y se formaron escuadrones de la muerte, que amedrentaron a sospechosos de terrorismo y a críticos de la política antiterrorista. Este grupo paramilitar adoptó el nombre de Comando Rodrigo Franco (en alusión al dirigente aprista asesinado en 1987) y empezó su accionar en 1988. Su primera víctima fue Manuel Febres, el abogado defensor de Osmán Morote Barrionuevo, el cabecilla terrorista capturado en junio de ese año y sindicado como el número 2 de Sendero Luminoso.[50]

A partir de 1988 y 1989 los grupos terroristas intensificaron su ola de atentados en Lima y varias otras ciudades, frente a la impotencia gubernamental. Los estallidos de bombas y los asesinatos selectivos ocurrían a diario. El inicio del proceso electoral de 1990 fue otro motivo para que se desatara una escalada de crímenes selectivos, ya que la cúpula terrorista consideraba de interés prioritario impedir la realización de las elecciones generales. Un comando del MRTA dio muerte al ex ministro de Defensa Enrique López Albújar Trint, en una céntrica calle de Lima (9 de enero de 1990).[51]

De los dos grupos terroristas, era el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru el que se mostraba más frágil en cuando a organización y clandestinidad, por lo que una labor de inteligencia permitió la captura de sus principales dirigentes, entre ellos Víctor Polay Campos, el "Comandante Rolando". Sin embargo, la controversia se dio cuando a menos de veinte días de la transferencia al nuevo gobierno (julio de 1990), Víctor Polay y 47 militantes del MRTA lograron fugar del penal de "máxima seguridad" Miguel Castro Castro a través de un túnel de 330 metros construido desde fuera del penal.[52] La construcción, muy precaria, carecía de instalaciones de servicios de alumbrado e incluso de un respiradero que facilitaría el trabajo operativo. Más allá del hecho mismo, la repercusión obtenida por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a nivel nacional e internacional, constituyó un duro cuestionamiento no sólo a la estrategia antisubversiva del Gobierno Peruano, sino también a la capacidad operativa de las autoridades policiales y penales del país.

Aspecto internacional[editar]

Se puede afirmar que con el anuncio del presidente García ante al Asamblea de la ONU de destinar solo el 10% del valor de las exportaciones al servicio de la deuda externa, se inicia la política internacional del gobierno aprista. La intención de García, al hacer una prédica antiimperialista y antiestadounidense en el seno de la ONU, era evidentemente asumir un liderazgo dentro de los llamados países no alineados o tercermundistas, compitiendo así con el líder cubano Fidel Castro (quien, a propósito, tenía una posición mucho más radical en torno al problema de la deuda externa: no pago). Esperaba sin duda García que los países latinoamericanos afectados también por el problema de la deuda externa se sumaran a su tesis, pero ello no se dio, de modo que el Perú quedó aislado.[53]

En julio de 1986 se llevó a cabo el XVII Congreso de la Internacional Socialista en la Ciudad de Lima, siendo el primer congreso que la organización celebró en el continente americano, aceptando la solicitud del presidente García. Fue el momento cumbre de la política exterior peruana. En el congreso de la organización internacional, Alan García estuvo acompañado por el ex canciller alemán, Willy Brandt (Premio Nobel de la Paz 1971), el ex presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, el revolucionario nicaragüense, Bayardo Arce Castaño y el ex ministro español, Enrique Barón. Días antes de la inauguración oficial, se produjo la Matanza de los penales, hecho ocurrido cuando las fuerzas del orden retomaron a la fuerza distintos penales o centros de reclusión controlados por terroristas, lo que dejó una gran cantidad de muertos y heridos (oficialmente se habló de 300 muertos). Fue un duro revés para la política exterior del Perú, del cual nunca se pudo recuperar.[54]

García asistió a la promulgación de la Constitución sandinista en Nicaragua (1987), impulsó la formación del Grupo de Apoyo al Grupo de Contadora (que laboraba a favor de la paz en Centroamérica) y se opuso a la invasión estadounidense de Panamá de 1989.[55]

La oposición al gobierno. Elecciones generales de 1990[editar]

La oposición al gobierno creció significativamente desde el intento de estatización de la banca, una medida que fue sumamente impopular y disparó un enérgico movimiento de protesta de la derecha encabezado por el escritor Mario Vargas Llosa. Este movimiento finalmente evolucionaría en la alianza política FREDEMO (que incluía al Partido Popular Cristiano, Acción Popular y al Movimiento Libertad) que postuló en las elecciones de 1990 con Vargas Llosa como candidato presidencial.[56] De otro lado se presentó Luis Alva Castro, como candidato oficialista, es decir, por el APRA. La izquierda, ya en crisis, presentó dos candidatos: Alfonso Barrantes, el ex alcalde de Lima, por la Izquierda Socialista; y Henry Pease por la Izquierda Unida.[57] Sin embargo, faltando pocas semanas para las elecciones, surgió una figura hasta entonces desconocido en política, el ingeniero agrónomo y ex rector de la Universidad Nacional Agraria, Alberto Fujimori Fujimori, que encabezaba un improvisado partido llamado Cambio 90. En las elecciones del 8 de abril de 1990 Fujimori quedó en segundo lugar detrás de Vargas Llosa, forzando así a una segunda vuelta electoral. Esta se realizó el 10 de junio de 1990. Fujimori, apoyado por el APRA y la izquierda, ganó abrumadoramente con el 62 % de los votos, frente al 38 % que obtuvo Vargas Llosa.[58]

En el último mensaje a la nación que dio García el 28 de julio de 1990 ante el Congreso recién electo,[59] un nutrido grupo de parlamentarios interrumpió al mandatario constantemente mediante carpetazos y pifias, ante el desconcierto de los presidentes de diversos países de Latinoamérica y otros invitados ilustres congregados para asistir a la toma de mando.[60]

Obras[editar]

La crisis económica motivó que no se realizaran grandes obras de infraestructura física, pero sí se continuaron varias iniciadas en gobiernos anteriores, siendo algunas terminadas.[61]

  • En 1986 se reanudó la construcción de la central hidroeléctrica de Charcani V (Arequipa). Esta obra se había iniciado en 1978, siendo culminada en 1988.
  • También en 1986 se reanudó el proyecto de irrigación Chavimochic, un vasto plan de irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama (La Libertad), aprovechando las aguas del río Santa. Sería concluido en el siguiente gobierno de Fujimori.
  • Continuó la represa de Gallito Ciego, entre La Libertad y Cajamarca, hasta su inauguración en 1988. El costo de la obra fue de 125 millones de dólares.
  • En 1989 se reanudó el proyecto hidroenergético de Olmos (Lambayeque), obra que benefició a 25 mil familias.
  • En 1987 se reanudó la central hidroeléctrica de Carhuaquero (Cajamarca).
  • Se continuó el gran proyecto Majes (Arequipa), terminándose la construcción de la presa de Condoroma y el canal de Majes.
  • Se terminó el Centro Nuclear Óscar Miro Quesada de la Guerra en Huarangal (Lima).
  • Se creó el Museo de la Nación, en el edificio donde antes funcionaba el Ministerio de Pesquería y el Banco de la Nación.
  • Se inició la construcción del Tren Eléctrico de Lima, un ambicioso proyecto de transporte urbano, destinado a cubrir la distancia de 20.8 km, desde Villa El Salvador hasta el Hospital Dos de Mayo, en el centro de Lima. Sin embargo, tras invertirse grandes sumas de dinero, las obras fueron paralizadas sin haberse culminado. La crisis económica, una serie de denuncias de corrupción en torno a la licitación de la obra, así como intereses políticos, mantuvieron el proyecto en suspenso durante dos décadas, reiniciándose ya avanzado el siglo XXI, bajo el segundo gobierno del mismo García.

Algunas de sus medidas sociales, calificadas a veces como “populistas”, fueron las siguientes:

  • Se construyeron hospitales en algunos departamentos y se amplió la cobertura de vacunación de los niños a nivel nacional.
  • Se dio recursos al Banco Agrario, entidad estatal que se encargó de dar préstamos a los campesinos, con “cero interés” en algunas regiones.
  • Se crearon programas temporales para dar empleo a los más pobres, como el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT).
  • Para favorecer la alimentación popular se implementaron comedores populares y se creó el llamado “pan popular”, un pan más barato, hecho a base de harina de trigo menos refinada que el de uso corriente.[62]

En otros aspectos, se consideran como logros de la gestión aprista la Regionalización y la simplificación administrativa.[63]

Aprobación presidencial[editar]

La aprobación de García en setiembre de 1985 fue de 90% según la encuestadora Apoyo; en diciembre del mismo año, su aprobación estuvo en 82%. Empezó 1986 con una aprobación de 72%, en abril del mismo año recuperó popularidad y su aprobación ascendió a 85%, sin embargo en julio del mismo año bajó a 70%, conforme pasaron los meses, a fin de año su aprobación bajó a 67%. En 1987 su aprobación siguió bajando, siendo de 52% en junio, cinco meses después cayó a 38%. El siguiente año lo empezó con 43%, pero a mediados de este bajó a 34% y continuó desplomándose hasta 13% (en diciembre). En 1989 las cifras continuaron cayendo y empezó el año con 9% de aprobación; a fines del mismo año su aprobación subió a 14% y durante 1990 continuó subiendo, siendo en julio de 21%.

Autoridades[editar]

Vice Presidentes[editar]

Vice Presidencia Nombre
Luis Alberto Sánchez Sánchez
Luis Alva Castro

Ministros[editar]

Ministerio Ministros Periodo
Presidencia del Consejo de Ministros Luis Alva Castro (PAP)
Guillermo Larco Cox (PAP)
Armando Villanueva del Campo (PAP)
Luis Alberto Sánchez Sánchez (PAP)
Guillermo Larco Cox (PAP)
28 de julio de 1985 - 26 de junio de 1987
27 de junio de 1987 - 13 de mayo de 1988
13 de mayo de 1988 - 15 de mayo de 1989
15 de mayo de 1989 - 30 de septiembre de 1989
30 de septiembre de 1989 - 27 de julio de 1990
Relaciones Exteriores Allan Wagner Tizón (Independiente)
Luis Gonzales Posada (PAP)
Guillermo Larco Cox (PAP)
28 de julio de 1985 - 13 de mayo de 1988
13 de mayo de 1988 - 1 de marzo de 1989
1 de marzo de 1989 - 28 de julio de 1990
Defensa Enrique López Albújar Trint (Independiente)
Julio Velásquez Giacarini (Independiente)
14 de octubre de 1987 - 15 de mayo de 1989
15 de mayo de 1989 - 28 de julio de 1990
Agricultura Augusto Barturén Dueñas (Independiente)
Remigio Morales Bermúdez Pedraglio (Independiente)
Juan Manuel Coronado Balmaceda (PAP)
Isaac Roberto Angeles Lazo (Independiente)
28 de julio de 1985 - 9 de enero de 1986
9 de enero de 1986 - 11 de octubre de 1988
11 de octubre de 1988 - 28 de octubre de 1989
28 de octubre de 1989 - 28 de julio de 1990
Trabajo y Promoción Social Carlos Blancas Bustamante ((PDC))
Orestes Rodríguez Campos (PAP)
Wilfredo Chau Villanueva (Independiente)
28 de julio de 1985 - 25 de junio de 1986
25 de junio de 1986 - 4 de setiembre de 1989
4 de setiembre de 1989 - 28 de julio de 1990
Economía y Finanzas Luis Alva Castro (PAP)
Gustavo Saberbein Chevalier (Independiente)
César Robles Freyre (PAP)
Abel Salinas Izaguirre (PAP)
Carlos Rivas Dávila (PAP)
César Vásquez Bazán (PAP)
28 de julio de 1985 - 27 de junio de 1987
27 de junio de 1987 - 13 de mayo de 1988
13 de mayo de 1988 - 2 de setiembre de 1988
2 de setiembre de 1988 - 28 de noviembre de 1988
28 de noviembre de 1988 - 15 de mayo de 1989
15 de mayo de 1989 - 28 de julio de 1990
Transportes y Comunicaciones José Humberto Murgia Zannier (PAP)
Germán Parra Herrera (Independiente)
Francisco Maury López (Independiente)
Camilo Carrillo Gómez (Independiente)
Luis Heysen Zegarra (PAP)
Oswaldo Morán Márquez (PAP)
Augusto Valqui Malpica (Independiente)
28 de julio de 1985 - 27 de junio de 1987
27 de junio de 1987 - 16 de julio de 1988
16 de julio de 1988 - 6 de setiembre de 1988
6 de setiembre de 1988 - 11 de marzo de 1989
11 de marzo de 1989 - 6 de octubre de 1989
6 de octubre de 1989 - 9 de mayo de 1990
9 de mayo de 1990 - 28 de julio de 1990
Vivienda, Construcción y Saneamiento Luis Bedoya Vélez (Independiente)
Antenor Orrego Spelucín (PAP)
28 de julio de 1985 - 1 de marzo de 1989
1 de marzo de 1989 - 28 de julio de 1990
Salud David Tejada de Rivero (Independiente)
Ilda Urizar Peroni de Arias (PAP)
Luis Pinillos Ashton (Independiente)
David Tejada de Rivero (Independiente)
Paul Caro Gamarra (PAP)
28 de julio de 1985 - 27 de junio de 1987
27 de junio de 1987 - 13 de mayo de 1988
13 de mayo de 1988 - 15 de mayo de 1989
15 de mayo de 1989 - 4 de octubre de 1989
4 de octubre de 1989 - 28 de julio de 1990
Energía y Minas Wilfredo Huayta Núñez (Independiente)
Abel Salinas Izaguirre (PAP)
José Carlos Carrasco Távara (Independiente)
Mario Samamé Boggio (UPP)
28 de julio de 1985 - 27 de junio de 1987
27 de junio de 1987 - 5 de setiembre de 1988
5 de setiembre de 1988 - 15 de mayo de 1989
15 de mayo de 1989 - 28 de julio de 1990
Educación Grover Pango Vildoso (PAP)
Mercedes Cabanillas Bustamante (PAP)
Efraín Orbegozo Rodríguez (Independiente)
Mercedes Cabanillas Bustamante (PAP)
28 de julio de 1985 - 27 de junio de 1987
27 de junio de 1987 - 28 de julio de 1989
28 de julio de 1989 - 9 de mayo de 1990
9 de mayo de 1990 - 28 de julio de 1990
Interior Abel Salinas Izaguirre (PAP)
José Barsallo Burga (PAP)
Juan Soria Díaz (Independiente)
Armando Villanueva del Campo (PAP)
Agustín Mantilla Campos (PAP)
28 de julio de 1985 - 27 de junio de 1987
27 de junio de 1987 - 13 de mayo de 1988
13 de mayo de 1988 - 2 de marzo de 1989
2 de marzo de 1989 - 15 de mayo de 1989
15 de mayo de 1989 - 28 de julio de 1990
Justicia Luis Gonzales Posada (PAP)
Carlos Blancas Bustamante (PDC)
Gonzalo Durand Aspíllaga (PAP)
Camilo Carrillo Gómez (Independiente)
César Delgado Barreto (Independiente)
María Bockos Heredia de Grillo (Independiente)
Joffré Fernández Valdivieso (PAP)
28 de julio de 1985 - 25 de julio de 1986
25 de julio de 1986 - 16 de febrero de 1988
16 de febrero de 1988 - 5 de abril de 1988
5 de abril de 1988 - 2 de setiembre de 1988
2 de setiembre de 1988 - 29 de agosto de 1989
29 de agosto de 1989 - 9 de mayo de 1990
9 de mayo de 1990 - 28 de julio de 1990
Pesquería José Palomino Roedel (Independiente)
Javier Labarthe Correa (PAP)
Rómulo León Alegría (PAP)
Willy Harm Esparza (PAP)
Juan Rebaza Carpio (Independiente)
28 de julio de 1985 - 27 de junio de 1987
27 de junio de 1987 - 17 de junio de 1988
17 de junio de 1988 - 15 de mayo de 1989
15 de mayo de 1989 - 30 de setiembre de 1989
30 de setiembre de 1989 - 27 de julio de 1990
Presidencia Nicanor Mujica Álvarez Calderón (PAP)
Guillermo Larco Cox (PAP)
Armando Villanueva del Campo (PAP)
Agustín Mantilla Campos (PAP)
Luis Alberto Sánchez Sánchez (PAP)
Rodolfo Beltrán Bravo (Independiente)
28 de julio de 1985 - 27 de junio de 1987
27 de junio de 1987 - 13 de mayo de 1988
13 de mayo de 1988 - 1 de marzo de 1989
1 de marzo de 1989 - 15 de mayo de 1989
15 de mayo de 1989 - 30 de setiembre de 1989
30 de setiembre de 1989 - 28 de julio de 1990
Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales
César Atala Nazzal (PAP)
Manuel Romero Caro (Independiente)
Alberto Vera La Rosa (PAP)
Guillermo Arteaga Ralston (Independiente)
Juan García Cabrejos (PAP)
Carlos Raffo Dasso (PAP)
28 de julio de 1985 - 13 de diciembre de 1985
13 de diciembre de 1985 - 2 de octubre de 1987
2 de octubre de 1987 - 13 de mayo de 1988
13 de mayo de 1988 - 2 de setiembre de 1988
2 de setiembre de 1988 - 1 de marzo de 1989
1 de marzo de 1989 - 28 de julio de 1990
Guerra Jorge Flores Torres (PAP) 28 de julio de 1985 - 1 de abril de 1987
Marina Willy Harm Esparza (PAP) 28 de julio de 1985 - 1 de abril de 1987
Aeronáutica José Guerra Lorenzetti (Independiente) 28 de julio de 1985 - 1 de abril de 1987

Referencias[editar]

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  60. Alan García pifiado en el Congreso de la República
  61. Varios autores: Gran Historia del Perú (2000). Lima, Edición Libris. Publicada por fascículos por la Empresa Editora El Comercio S.A., p.243.
  62. Reyna, 2000, p.43.
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Bibliografía[editar]

  • Cateriano Bellido, Pedro (1994): El caso García. Lima; Ausonia S.A.
  • Chirinos Soto, Enrique: Historia de la República (1821-1930). Tomo II. Lima, AFA Editores Importadores S.A., 1985.
  • Crabtre, John (2005): Alan García en el poder: Perú 1985-1990. Ediciones Peisa, Lima.
  • García Belaúnde (2010), Víctor Andrés: Los ministros de Alan García (1985-1990). Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima.
  • Palacios Rodríguez, Raúl (2004): De Leguía a Fujimori: La trayectoria del poder político en el Perú, 1919-2000. Incluida en El Perú Republicano. De San Martín a Fujimori, pp. 205-354. Lima; Universidad de Lima, Fondo de Desarrollo Editorial. ISBN 9972-45-169-0
  • Portocarrero Grados, Ricardo (2000): El Perú Contemporáneo. Incluido en Historia del Perú. Lima, Lexus Editores. ISBN 9972-625-35-4
  • Quiroz, Alfonso W. (2013): Historia de la corrupción en el Perú. Traducción de Javier Flores Espinoza. Lima; IEP: Instituto de Estudios Peruanos. ISBN 978-9972-51-430-2 (libro impreso).
  • Reyna, Carlos (2000): La anunciación de Fujimori. Alan García 1985-1990. Lima; Desco, Centro de Estudios y Promoción del desarrollo. ISBN 9972-670-13-9


Predecesor:
Segundo Gobierno de Fernando Belaúnde Terry
Gobierno del Perú
28 de julio de 1985 a 28 de julio de 1990
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Sucesor:
Gobierno de Alberto Fujimori