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Diferencia entre revisiones de «Bandas y grupos emergentes en Colombia»

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Revisión del 20:55 16 jul 2017

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Bandas criminales emergentes y son 100000
Objetivos Control total del narcotráfico y otras actividades ilegales[1]
Regiones activas Todo Colombia[2][3]
Aliados FARC, ELN, EPL y narcotraficantes[4][5][6][7]
Enemigos Otras BACRIM y algunas facciones guerrilleras[8][9]
Actos criminales Extorsión,[10]terrorismo,[11]narcotráfico,[12]secuestro,[13]homicidio,[14]masacres,[15]​ reclutamiento forzado de menores de edad,[16]minería ilegal.[17]
Tamaño Entre 5000 y 6000 en 2012.[18][19]​ A 2016, aprox. 3000 miembros.


Las Bandas emergentes en Colombia o bandas criminales emergentes (BACRIM) es el nombre que identifica a una serie de organizaciones mafiosas que operan en Colombia[20]​ y que son parte del conflicto armado interno. Esta denominación fue otorgada por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, al fenómeno o reestructuración del crimen organizado,[21]​ luego de un proceso de desmovilización de casi 32 000 mil combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el fortalecimiento de la implementación de la política de seguridad democrática y la influencia del narcotráfico.[22]

Las bandas criminales operan en todo el territorio nacional, aunque también mantienen presencia en otros países como Venezuela y Panamá.[2][3]​ Sus aliados estratégicos son las FARC, ELN, EPL y varios narcotraficantes,[4][5][6][7]​ debido a que su principal actividad es el control sobre el tráfico de estupefacientes.[23]​ También se tiene indicios sobre los nexos con varias mafias mexicanas, entre las que figuran el Cártel de Sinaloa,[24]​ y Los Zetas.[25]

Entre sus accionares se encuentra el ataque, la extorsión y el secuestro a la población civil y miembros de la fuerza pública.[13][26][27]​ Mientras que otras de sus actividades obedece al reclutamiento forzado de menores de edad[16]​ y el impuesto revolucionario, una modalidad extorsiva que busca la intimidación y el desembolso de dinero por parte de comerciantes, empresarios y, en ciertas ocasiones, a compañías y empresas de diversos sectores.[28]

A partir de Mayo de 2016, las bandas criminales pasan a ser llamadas por el gobierno colombiano como Grupos Armados Organizados (GAO) mediante la Directiva 015 del Ministerio de Defensa Nacional, dando facultades a las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) para combatir estos grupos como si fueran insurgentes, incluyendo bombardeos a campamentos de estas organizaciones.[29]​ Anteriormente, el combate a estos grupos criminales era exclusivo de la Policía Nacional.

Antecedentes

Miles de ex-integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia volvieron a tomar las armas, luego de un proceso de desmovilización en 2006.

La conformación de estas agrupaciones paramilitares se dio a finales de 2006, después de que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pactaran un proceso de desmovilización durante el mandato del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.[30]​ El 15 de agosto de 2006 se desmovilizaron 31 671 combatientes, según un reporte de la alta concejería presidencial.[30]​ Sin embargo, luego de culminar con todo el proceso, varios ex-integrantes de este grupo se rearmaron nuevamente, por lo que empezó una nueva oleada de delincuencia común.[31]​ Según la Organización de los Estados Americanos (OEA), la estructuración de estos grupos se dio por los efectos económicos favorables del narcotráfico.[31]​ Cerca de 4000 hombres se alzaron en armas, repartidos en veintidós columnas, unas cifras que se manejaron luego de una serie de investigaciones y análisis por parte de varios funcionarios de la fuerza pública.[18]​ Finalmente, estas agrupaciones se expandieron a lo largo de todo el territorio colombiano, donde han llegado a operar en 17 departamentos y 152 municipios.[18]

A mediados de 2011, la conformación de las bacrim se redujo a menos de diez comandos armados: Clan Úsuga (conocidos actualmente como el Clan del Golfo), Los Rastrojos, el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC), las Águilas Negras, Los Paisas, la Oficina de Envigado y otras facciones menores como Los Machos y Renacer.[18]​ Según la opinión pública y varios analistas del conflicto armado en Colombia, las cuatro primeras organizaciones eran consideradas las más importantes y peligrosas en su momento, debido a su accionar violento y la compleja estructura que las conforma.[32][33]

Mafias del narcotráfico

Algunas organizaciones no gubernamentales (ONGs) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han descrito a las bandas emergentes como un híbrido entre mafias, y bandas de delincuencia común más relacionados con el narcotráfico que con el paramilitarismo.[34]​ Algunas de estas agrupaciones ejercieron presión sobre varios candidatos durante las Elecciones regionales de Colombia (2007), para infiltrar y corromper al Estado en todos los niveles y beneficiar sus negocios ilegales.[35]

Un informe de la Misión de la OEA y Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) afirmó que las bacrim amenazan a víctimas y desmovilizados de 153 municipios de Colombia, que buscan consolidar un corredor al servicio del narcotráfico con conexiones hacia Panamá y Venezuela.[36]

Según el analista León Valencia, miembro de la Corporación Nuevo Arco Iris, las agrupaciones ilegales «destruyen el orden social para poder florecer (...) y allí está su gran riesgo para la seguridad de los ciudadanos, porque atacan a las instituciones, a los líderes sociales, a los políticos honestos, a las familias unidas a los trabajadores organizados».[37]​ Valencia afirmó que hay tres tipos de bandas criminales: las emergentes, las de rearmados que después de desmovilizarse volvieron a las armas y al negocio; y las de disidentes, aquellos ex paramilitares que se salieron del proceso del Pacto de Ralito o nunca quisieron entrar.[37]

Diversos sectores políticos califican a las bacrim como «el nuevo enemigo y la mayor amenaza a la seguridad»,[38]​ debido a que son grupos organizados, fuertemente armados, con capacidad para planear ataques. Sin embargo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no le aplica el calificativo de grupos u organizaciones ilegales, por el hecho de que éstas son controladas exclusivamente por el crimen organizado.[39]

Distribución geográfica

Las bandas criminales se extienden por varios municipios de Colombia, pero se estima que se concentran más en municipios como Envigado, Tuluá y Villavicencio, ubicándolos como los municipios más peligrosos de país. Bandas Criminales, como la Oficina de Envigado, se dedica a extorsión y tráfico de drogas ilícitas en Envigado, Antioquia, y es responsable de gran parte de la violencia en este municipio.[40]​Tuluá, un municipio del Valle del Cauca, figura entre los diez municipios más violentos de Colombia, por encima de ciudades capitales como Bucaramanga, Manizales, Ibagué, Popayán, Montería, Pasto, Neiva y Riohacha.[41]​ En el año 2012 en la ciudad de Villavicencio por hechos violentos fallecieron 175 personas, según las autoridades de Colombia esta problemática se debe a enfrentamientos entres bandas criminales que operan en esa zona.[40]

Operaciones

Una de las zonas más disputadas y de mayor operatividad es el departamento de Antioquia, donde no solo se delinque por el tráfico de drogas, sino también por la extorsión a empresas y negocios del departamento, además de las actividades de minería ilegal que hay en la zona.[42]​ Entre varias facciones de la guerrilla, representadas por las FARC y el ELN, las bacrim utilizan estas alianzas como parte de su modus operandi, debido a que las guerrillas presentan un alto poder militar y económico, según las investigaciones de las autoridades.[42]​ La extorsión a las minas ilegales que no están bajo el control de estas organizaciones juega también un papel fundamental dentro de sus áreas de influencia, puesto que los dueños y trabajadores de las minas están en la obligación de cancelar una cuota mensual, ya sea para desarrollar la actividad o por el uso de las maquinarias con las que se trabaja en la mina.[42]​ Otras zonas con mayor influencia son la Región Caribe y Pacífica.[43]

En 347 municipios del territorio colombiano operan los grupos ilegales, según un informe realizado en 2012 por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ).[44]El Clan Úsuga y Los Rastrojos eran reconocidas como las dos grandes agrupaciones que han logrado una expansión territorial considerable[44]​ con más de 1990 y 1650 efectivos respectivamente,[45]​ por lo que el panorama de las bandas emergentes se había visto reducido a estas dos principales organizaciones que han logrado extender sus actividades a otros países vecinos como Panamá y Venezuela.[2][3]​ En estos lugares, los grupos disputan determinadas áreas, las cuales, sirven como rutas estratégicas por donde se procesan y trafican estupefacientes.[46]​ El negocio del contrabando de gasolina, es otra modalidad que sirve como fuente de ingresos, una la labor ejercida en la frontera entre Colombia y Venezuela.[47]​ Hasta $ 500 000 pesos se puede cobrar por el paso de una pimpina de hidrocarburos, debido al impuesto revolucionario.[47]​ En los últimos años, la banda criminal de "Los Rastrojos" ha sido diezmada en número de integrantes debido a la entrega voluntaria y/o captura de varios de sus miembros, entre ellos sus principales cabecillas: Los Hermanos Calle Serna (Luis Enrique y Javier Antonio), conocidos como los "Hermanos Comba" y Diego Pérez Henao, alias "Diego Rastrojo"; lo que dejó un vacío de poder en esta organización criminal, que se ha ido desarticulando lentamente hasta contar a 2014 con un poco más de 400 miembros; situación aprovechada por el "Clan Úsuga", que ha reclutado a ex-miembros de los Rastrojos y Los Paisas para aumentar su pie de fuerza en más de 2.000 efectivos a 2014, más que la guerrilla del ELN, pese a la caída en 2012 de uno de sus principales líderes: Juan de Dios Úsuga David, alias "Giovanny".

Ante la inserción masiva de los grupos armados ilegales y el inminente accionar violento, cerca de 1800 actos criminales se cometieron hasta principios de 2012,[48]​ una cifra que aumenta la crisis sobre el conflicto armado en Colombia.[49]​ La Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI) indicó que las bacrim cometen mayor cantidad de actos violentos que la misma guerrilla: «las bacrim aportan más acciones ilegales y violentas que las guerrillas».[48]

Situación de las bacrim según varias instituciones nacionales:

Institución Municipios Departamentos Integrantes
Defensoría del Pueblo 188 23 No admite
Policía Nacional 158 19 3749
DAS 54 No admite 2162
Indepaz 314 29 6000

Nota: Los datos son suministrados por Indepaz.[50]
Nota: Datos hasta 2010.

El gobierno de Juan Manuel Santos ha clasificado a las bandas criminales en tres (3) clases de estructuras:

  • Estructura Tipo A: Grupos que tienen influencia en varios departamentos al mismo tiempo; tienen una organización definida, jerarquizada, con mandos de poder visible y especializado, además de una importante infraestructura para delinquir. Solo estaría clasificado en este grupo el Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país con más de 2.000 miembros. El grupo de Los Rastrojos estuvo clasificado un tiempo en esta categoría, pero con los golpes a su infraestructura y las capturas de sus miembros por parte de las autoridades, además de las deserciones de sus miembros a su otrora rival "Clan del Golfo"; fueron reducidos a pequeñas células que se desarticularon con la captura y muerte de sus últimos jefes en 2016.
  • Estructura Tipo B: Grupos que tienen influencia en cierta región o departamento; su organización es menos jerarquizada, opera en algunas ocasiones como redes de apoyo de otras bandas más poderosas como el Clán del Golfo y su radio de acción está limitado a territorios definidos. En este grupo estarían clasificados tres (3) grupos criminales, cada uno entre 100 y 150 integrantes: Los dos grupos disidentes del ERPAC (Bloque Meta y Bloque Libertadores del Vichada) y la disidencia del Ejercito Popular de Liberación (EPL); este último de origen insurgente, pero calificado como banda criminal por su casi exclusiva financiación del narcotráfico.
  • Estructura Tipo C: Grupos que tienen operatividad local; se caracterizan por tener un portafolio criminal amplio y se denominan como bandas de “mercenarios” que prestan sus servicios al mejor postor, incluyendo a otras bandas criminales, convirtiéndose esta clase de estructuras como "altamente peligrosas". En esta categoría se incluirían la Oficina de Envigado, la Constru en Putumayo, la Empresa en Buenaventura, la Cordillera en Pereira, Clan Pachencha en Santa Marta, entre otras.[51]

Relaciones entre bacrim y guerrillas

Las bandas criminales emergentes o neoparamilitares, son redes criminales que hacen parte de ejércitos privados que se formaron a partir de reductos de combatientes que no se desmovilizaron junto con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, de desmovilizados reincidentes de dicha organización y de nuevos integrantes reclutados en los últimos años.[49]​ A diferencia de sus antecesores, no tienen en principio una motivación antisubversiva, sino de ejercer el narcotráfico,[1]​ vigilar cultivos ilegales,[52]​ cooptar rentas ilegales,[53]​ invertir las ganancias en negocios legales y realizar labores de contrabando,[54]​ despojar de sus tierras a campesinos[55]​ y hacer alianzas con políticos corruptos para intimidar y asesinar a sus opositores.[56]​ Para alcanzar sus fines, se han aliado con sus antiguos enemigos de las guerrillas FARC y ELN.[57]

La alianza entre bacrim y guerrilla obedece principalmente a temas relacionados con el narcotráfico y las rutas de envío.[58]​ De la misma manera que los sectores de la minería y el petróleo también se ven afectados.[59]​ Por último, una nueva coalición en busca de nuevos intereses económicos ha surgido como una alternativa: el contrabando. Cerca de $ 12 000 000 000 000 de pesos se pierden anualmente en materia de contrabando y $ 887 000 000 000 se han logrado contrarrestar, según datos oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).[60]

Aprisionamientos

Grandes líderes de las más importantes estructuras paramilitares han sido capturados o abatidos. Uno de los casos más citados es el de Diego Pérez Henao, conocido en el mundo criminal como Diego Rastrojo, quien fuera uno de los narcotraficantes más peligrosos del país y líder de la bacrim Los Rastrojos.[61]​ Pérez Henao fue capturado en el país vecino de Venezuela, luego de una serie de operaciones ejecutadas por las autoridades venezolanas y colombianas. El ministro Tareck El Aissami declaró que la captura es una de las más importantes en la historia de Venezuela y aseveró: «ha sido capturado uno de los hombres más buscados de América Latina, no es cualquier jefe de las mafias que hemos capturado (...)».[61]​ Tanto las autoridades, como el Gobierno de Colombia, lo investigaban por cometer cerca de quinientos asesinatos, a lo largo de su largo historial delictivo, que se originó a principios de la década de 2000.[62]

Mientras que el Gobierno de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de $ 5 000 000 de dólares por su captura,[63]​ por vincularlo a los negocios del Cartel del Norte del Valle, ser uno de los principales traficadores de drogas y ser el fundador de Los Rastrojos.[63]​ También presentaba una circular azúl por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).[64]

Otra captura y posterior extradición a los Estados Unidos se dio en la ciudad de Medellín, luego de que la policía realizara una serie de seguimientos al ex-paramilitar Luis Fernando Jaramillo Arroyave, conocido por el alias de Nano.[65]​ Luis Fernando era señalado por múliples delitos, entre ellos, en la participación y posterior fundación de la bacrim Los Paisas, en complicidad con otros individuos.[65]​ Por tal motivo, el ex jefe paramilitar se convirtió en el primer alto mando de una banda emergente en ser extraditado a los Estados Unidos.[66]

Otros sucesos relevantes sucedieron en torno a las bajas de dos reconocidos jefes narcoparamilitares: Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanny, ex jefe del Clan Úsuga y Pedro Oliviero Guerrero Castillo, alias Cuchillo, ex jefe del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC). El primero, miembro de un grupo de criminales que anteriormente estaba al servicio del ex-paramilitar Daniel Rendón Herrera, conocido por Don Mario, que inició las actividades de lo que se conoció después por la opinión pública colombiana como narcoparamilitarismo.[67]​ La administración de Juan Manuel Santos llegó a ofrecer una recompensa de $ 2,5 millones de dólares por su captura,[68]​ mientras que por Pedro Oliviero se entregaron $ 5000 000 000 de pesos.[69]​ Ambos fueron abatidos en enfrentamientos con las autoridades.

Acciones

El reclutamiento indiscriminado de menores de edad, una tarea que sirve para expandir y ejecutar las actividades delictivas. La situación económica y laboral del país, es uno de los principales factores para que los jóvenes se vinculen, según varias investigaciones realizadas.[70]​ Para la Organización de las Naciones Unida (ONU) «(...) las Águilas Negras, el Erpac, Los Rastrojos, Los Paisas y el Clan Úsuga continuaron reclutando y usando menores para sus actividades delictivas».[70]​ Aunque gran cantidad de jóvenes han sido liberados, las cifras revelan que por lo menos 18 000 niños han conformado las filas de las bacrim,[71]​ luego de un estudio realizado por ochenta investigadores.[72]​ Mientras que las fuerzas militares indican que cerca de 100 000 niños trabajan para los grupos emergentes, en especial al Clan Úsuga.[71]​ Las zonas donde se presenta un reclutamiento masivo son: Magdalena Medio, Golfo de Urabá, Macizo Colombiano y gran parte del departamento de Antioquia.[71]

El Derecho internacional humanitario (DIH), como organismo interventor de la población infantil, manifiesta que las únicas dos opciones viables para minimizar la práctica son «la denuncia y la capacidad del Estado de judicializar».[71]

Narcotráfico, extorsión y minería ilegal

Luego del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las zonas donde se traficaban drogan quedaron literalmente abandonadas, por lo que varios guerrilleros finalmente decidieron continuar con los negocios.[73]​ 31 671 combatientes se acogieron al programa de desarme, según un reporte de la alta concejería presidencial, pero poco después, cerca de 13 400 ex guerrilleros decidieron retomar las actividades del narcotráfico.[73]​ De acuerdo con las palabras del ex director de la Policía Nacional de Colombia, General Óscar Naranjo, las bandas emergentes mantienen el negocio del tráfico de drogas como una de sus principales actividades, porque «están supeditadas sus finanzas al narcotráfico».[12]​ Según unas investigaciones realizadas por el diario El Tiempo, las principales bacrim manejan cerca del 50% de la cocaína producida,[74]​ una cifra relativamente alta, debido a que la guerrilla de las FARC manejaba el 70% de toda la droga producida y distribuida.[75]

La extorsión es otra de las actividades beneficiosas ejecutadas por las bandas emergentes, «más de 1000 millones de pesos ganan las bacrim por extorsión» anualmente, en la zona fronteriza con Venezuela.[10]​ Las actividades extorsivas no solo se relacionan con el desembolso de grandes cantidades de dinero, las bacrim también trafican otros productos como la gasolina y todo tipo de mercancías comercializadas en almacenes específicos.[10]​ Mientras que el acoso y la intimidación a comerciantes, empresarios y algunas empresas de diversos sectores, también representa una problemática para los sectores industriales.[76][77]

Mención aparte se debe hacer con la minería de carácter ilegal, es decir, aquella que no está reglamentada por el gobierno colombiano; esta actividad ha ido ganando terreno en las finanzas de las bandas criminales desde el año 2010 aproximadamente. Esto debido a que las actividades relacionadas al narcotráfico han sido reducidas por la acción de la fuerza pública, lo que los ha obligado a encontrar una fuente de financiación alternativa e igual de rentable. La minería ilegal, en especial la explotación de oro, además de la extorsión a los dueños de minas ilegales que no están a cargo de las bandas criminales, han sido esa fuente de financiación debido a los altos precios del oro en el mercado internacional, además que los delitos por minería ilegal, a diferencia de los relacionados con el narcotráfico, no son castigados de manera severa por la ley colombiana, incluso en algunos casos son excarcelables. Al igual que en el narcotráfico, el daño ambiental causado por la explotación descontrolada de estas minas ilegales es grave e irreparable en muchos casos, producto de la flora y fauna destruidas por acción de las máquinas retroexcavadoras para encontrar el mineral en el subsuelo, además que el mercurio y cianuro que se utiliza para encontrar el oro no se le da la disposición adecuada, y terminan contaminando las fuentes de agua que nutren la agricultura y pesca y que alimentan los acueductos de veredas y municipios cercanos a estas minas.[17]

Atentados

Aunque surge como un accionar menos convencional que otros como el tráfico de drogas o la extorsión, varios atentados perpetrados por algunas bandas emergentes surgen como una estrategia criminal anteriormente utilizada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La policía establece que uno de los motivos por el cual estas organizaciones al margen de la ley ejecutan atentados, obedece a un control territorial sobre otros grupos.[78]

Situación Actual de las Bandas Criminales

A Mayo de 2014, la gran mayoría de estos grupos fueron disueltos, eliminados por la fuerza pública o limitados a ciertas regiones del país como la Oficina de Envigado, que concentran sus acciones en el municipio antioqueño de Envigado y los grupos disidentes del ERPAC, que están en los Llanos Orientales. Según informe del gobierno colombiano en 2016, solo el El Clan del Golfo tiene influencia a nivel nacional.[79]​ Aunque su origen sea de un grupo insurgente, la disidencia del Ejercito Popular de Liberación, EPL, en el Catatumbo, es considerada una banda criminal por su casi total financiación de las actividades relacionadas al narcotráfico.

Véase también

Referencias

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