Proceso de Reorganización Nacional

Proceso de Reorganización Nacional
Archivo:Junta Militar.jpg Primera Junta Militar, de izquierda a derecha: Emilio Massera, Jorge Videla y Orlando Agosti.
Contexto del acontecimiento
Fecha	24 de marzo de 1976
Sitio	Argentina
Impulsores	Jorge Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, entre otros
Gobierno previo
Gobernante	María Estela Martínez de Perón
Forma de gobierno	Democracia representativa
Gobierno resultante
Gobernante	Jorge Rafael Videla
Forma de gobierno	Dictadura militar

Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura militar que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe de Estado —ejecutado el 24 de marzo de 1976— que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea).

La junta llegó al poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por los enfrentamientos entre facciones armadas de izquierda y derecha del movimiento peronista, y la acción violenta de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de inclinación marxista). Estos graves enfrentamientos se incrementaron significativamente desde fines de los años setenta y fueron la principal justificación utilizada por las Fuerzas Armadas. para derrocar al gobierno de Martínez de Perón.

La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva contra las organizaciones guerrilleras y los opositores, que contó con el apoyo inicial del gobierno estadounidense, conocida como Guerra Sucia.​ El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó y ejecutó clandestinamente a cientos de guerrilleros, colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, así como a miles de civiles que no tenían ninguna relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos eran denominados «desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar en aviones de las fuerzas armadas.

Económicamente, el Proceso de Reorganización Nacional realizó una serie de reformas sustanciales bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de Milton Friedman, que tendieron a desindustrializar la economía argentina y a fomentar y concentrar el sector financiero y el campo.​ Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en la décadas anteriores la misma no había superado el 10%.​

El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas:

• 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti
• 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna
• 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya
• 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes

En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército.

En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido, intentando movilizar así la oposición contra un enemigo exterior. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.

Archivo:Inicio del Juicio a las Juntas Militares - 22ABR85 - presidencia-govar.jpg

Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).

Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987 se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.

En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.

En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por «crímenes de lesa humanidad» que habían cometido los militares durante la última dictadura. La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que los crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, «son cometidos por agente estatal en ejecución de acción gubernamental o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal». En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva.

Inicio del Proceso

Los autores e ideólogos del Proceso emplearon este nombre para justificar la fractura del orden jurídico y el gobierno dictatorial surgido del golpe, argumentando que el orden democrático era insuficiente para restablecer la paz en la Nación. Se inicia con un credo neoliberal en lo económico y con la intención de terminar con la actividad de las organizaciones guerrilleras. Entre sus primeros actos se contaron el establecimiento de la pena de muerte a los condenados por actividades subversivas, la suspensión de las libertades ciudadanas, la disolución del Congreso, la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la intervención de los sindicatos obreros y las universidades, la proscripción de la actividad partidaria y la censura de los medios de comunicación.

La «guerra sucia»

Homenaje a los desaparecidos, escultura ubicada actualmente donde estuvo el CCD Club Atlético, Paseo Colón 1200, Buenos Aires.

Durante el Proceso de Reorganización Nacional, decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al exilio, como parte del plan de exterminio del gobierno militar, quienes atentaban contra los derechos humanos.

El número exacto de desaparecidos no ha sido establecido: los organismos de derechos humanos estiman la cantidad en unos 30.000; y, hasta 2007, la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas. La CONADEP documentó 8.961 casos. Sin embargo, estas cifras nunca han sido aceptadas por los defensores de la dictadura militar que, inclusive, hacen hincapié en algunos casos aislados de supuestos desaparecidos que han retornado a la vida pública como la Dra. Carmen Argibay, actual integrante de la Corte Suprema de la República, para poner en duda todas las acusaciones contra la dictadura sobre las violaciones a los derechos humanos que, no obstante, han sido probadas en las cortes nacionales e internacionales. Cientos de ciudadanos extranjeros figuran también en las listas de víctimas, entre ellos de nacionalidad alemana, española, italiana, griega, sueca, francesa, entre otras.

Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños que se estiman entre 250 y 500, los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención. Existe una organización denominada Abuelas de Plaza de Mayo que se ha dedicado a localizarlos, y que hasta enero de 2007 ha encontrado a 85 nietos secuestrados por la dictadura.

Durante el tiempo de la dictadura militar de 1976 a 1983 funcionaron centros clandestinos de detención, encontrándose a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Garage Olimpo entre los más conocidos en la Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, El Campito (también conocido como Los Tordos), El Vesubio, La Perla, en la provincia de Córdoba, Regimiento 9, La Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina en Corrientes.

Estas acciones de represión ilegal, para los defensores de la «teoría de los dos demonios», constituyeron la llamada guerra sucia y agravaron la situación de ilegitimidad e ilegalidad en que habían incurrido las Fuerzas Armadas al interrumpir el orden constitucional.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que produjo el famoso informe Nunca Más.

Por estos crímenes, las tres juntas de comandantes que gobernaron el país entre 1976 y 1982 (se excluye la última) fueron juzgadas y condenadas en 1984. Otros responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en Argentina como en otros países. Los procesos han continuado varias décadas después de los hechos.

Desaparecidos destacados

Según la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), creada al final de la dictadura por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, el número de desaparecidos —de acuerdo a la cantidad de denuncias judiciales presentadas por víctimas y familiares— es de 8.961 personas [1], pero grupos defensores de los derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y el Servicio Paz y Justicia, estiman que hubo 30.000 desaparecidos. Un informe de la inteligencia chilena estimaba el número de desaparecidos en 22.000 personas en 1978, según un informe de los EEUU [2]. Hasta 2003 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina tenía registrados 13.000 casos [3].

Entre los más de 30.000 desaparecidos según los organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y otros, se encuentran:

Héctor Germán Oesterheld

Nació en Buenos Aires en 1922. A fines de la década del 40 comienza escribiendo cuentos infantiles, publicados por la Editorial Abril. Luego colabora en la mítica revista Mas Allá, y en 1950 publica su primer historieta, «Alan y crazy». Hacia 1955 publica «El sargento Kirk» y «Bull Rokett». En 1957, con dibujos de Solano López, publica la primera parte de «El eternauta», que se convertiría en la más famosa historieta argentina. Hector G. Oesterheld, como otros miles de argentinos, fue secuestrado y asesinado en 1977 por la dictadura militar.

Boris Spivacow

Además de ser gerente de Eudeba durante ocho años y fundador del Centro Editor de América Latina (CEAL), José Boris Spivacow resistió con las armas de la cultura a la dictadura que le quemó un millón y medio de ejemplares. La plaza ubicada en la esquina de Las Heras y Austria en Buenos Aires lleva su nombre, a partir de una iniciativa conjunta de la Biblioteca Nacional y de la Cámara Argentina del Libro.

La política económica

Archivo:Martinez de Hoz y Videla - Telam.jpg

El economista José A. Martínez de Hoz con el dictador Videla.

Evolución de la pobreza durante el Proceso de Reorganización Nacional.

El plan económico del Proceso de Reorganización Nacional fue diseñado básicamente por José Martínez de Hoz, quien se desempeñó como ministro de Economía hasta el 29 de marzo de 1981.

El plan económico fue presentado el 2 de abril de 1976, y tenía como objetivo explícito detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Se inició una reducción arancelaria que llegó a su máximo nivel en 1978, con la finalidad expresa de incrementar la competitividad de la economía argentina y promover sus «ventajas naturales». El resultado fue un proceso de importaciones masivas y un efecto desastroso sobre la industria. Grandes empresas industriales cerraron sus plantas: General Motors, Peugeot, Citroen y Chrysler, Siam, Decca (Deutz-La Cantábrica), la planta de vehículos utilitarios de Fabricaciones Militares, Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti, y otras miles de empresas industriales medianas y pequeñas. Para 1980 la producción industrial había reducido un 10% su aporte al PBI, y en algunas ramas como la hasta entonces extendida industria textil, la caída superó el 15% (Gerchunoff, 373). Sin embargo hay que destacar que el desempleo alcanzo el 2% a fines de los '70 y comienzos de los '80.

Apoyado en una política laboral que produjo una profunda reforma de las leyes laborales, la prohibición de la huelga, la intervención militar de los sindicatos, y la política represiva de «guerra sucia», Martínez de Hoz decretó el congelamiento de salarios y contuvo el descontento general, ante una caída del nivel de vida de la población sin precedentes. El salario real, sobre una base 100 en 1970, había subido a 124 en 1975. En 1976, en un solo año, cae bruscamente a 79, el nivel más bajo desde los años '30 (OIT 1988). Nunca más volverá a recuperarse. Adicionalmente la pobreza, que desde los años '40 se ubicó siempre debajo del 10%, y que era del 5,8% en 1974, subió al 12,8% en 1980 y al 37,4% de pobreza en 1982 (INDEC, datos correspondientes al Gran Buenos Aires).

Con el objetivo de controlar la demanda de divisas y mantener una política de atraso cambiario, Martínez de Hoz implementó a fines de 1978 un sistema de devaluación programada, apodado «la tablita». Junto con la Ley 21.526, de entidades financieras, promulgada en junio del año anterior, la tablita promovería la especulación financiera desmedida. La medida se tomó para intentar compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia entre la tasa de interés pagada a los depósitos a plazo fijo y la inflación; para proteger a las entidades financieras, el Estado se hizo responsable del pago de los depósitos. El coste de estas medidas, que ocasionaron el cierre de más de 25 entidades crediticias, cuyos pasivos debió asumir el Estado, fue enorme; también lo fue para los consumidores, que debieron hacer frente a un mercado de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron parejamente a las pagadas por los depósitos. Los créditos hipotecarios alcanzaron una tasa de interés del 100% anual, que resultó impagables para numerosos deudores, y condujo a una gran parte de la población a perder la propiedad de sus viviendas.

El resultado combinado de las políticas económicas internas y la situación financiera internacional de abundantes capitales buscando plazas de inversión, impulsó un nivel de endeudamiento récord. La deuda externa se elevó de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983.​ El proceso de endeudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se comprobó en el importante fallo de 196 fojas dictado el 13 de julio de 2000 en el caso «Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación».​

Con posterioridad a la renuncia de Martínez de Hoz se sucedieron como ministros de Economía:

• Lorenzo Sigaut (marzo a diciembre de 1981)
• Roberto Alemann (diciembre de 1981 a junio de 1982)
• José María Dagnino Pastore (julio a agosto de 1982)
• Jorge Wehbe (agosto de 1982 a diciembre de 1983)

Política cultural y educativa

El Proceso de Reorganización Nacional tuvo una política cultural y educativa en sintonía con su política represiva de «guerra sucia». Esta política incluyó una estricta censura previa. El gobierno militar creó un grupo especial encargado de controlar y censurar todo tipo de producción científica, cultural, política o artística.

El Proceso quema los libros

El 29 de abril de 1976, los ocupantes del Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera (en Córdoba) hicieron arder una montaña de libros. El comunicado oficial decía: «Se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual: “Dios, Patria y Hogar”». Arden, entre muchas obras, las novelas de Gabriel García Márquez, los poemas de Pablo Neruda, las investigaciones de Osvaldo Bayer. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se pergeña la Operación Claridad: plan de caza de opositores en toda el área cultural. Además de las desapariciones de artistas, intelectuales, docentes y alumnos, el plan produce despidos masivos e inhabilitaciones para enseñar.

En la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe), los militares usurparon la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. La Vigil era una institución que a principios de los años setenta tenía una biblioteca de 55.000 volúmenes en circulación y 15.000 en depósitos. El 25 de febrero de 1977 fue intervenida mediante el decreto n.º 942. Ocho miembros de su Comisión Directiva fueron detenidos ilegalmente, y el control de préstamos de libros fue utilizado para investigar a los socios. Miles de libros de la entidad fueron quemados, por ejemplo seiscientas colecciones de la obra completa del poeta Juan L. Ortiz. El periodista y escritor Mempo Giardinelli sufrió las consecuencias de la pasión ígnea de los militares: su primer novela fue quemada junto a una de Eduardo Mignogna. [Enrique] Medina es, quizás, uno de los autores más sistemáticamente perseguidos por la censura, durante la dictadura e incluso antes, según Invernizzi y Gociol. Manuel Pampín, de Corregidor, editó parte de la obra del autor de Las tumbas, como Sólo ángeles, cuya sexta edición fue prohibida aunque no la séptima, una copia de la anterior.

La quema de libros más grande que concretó la dictadura fue con materiales del Centro Editor de América Latina, el sello que fundó Boris Spivacow, quien además tuvo un juicio «por publicación y venta de material subversivo». Él fue sobreseído, pero el millón y medio de libros y fascículos ardieron en un baldío de Sarandí.

Marcelo Massarino, revista Sudestada, 46, 18 de marzo de 2006

Si bien el grueso del accionar censurador del Proceso se concentró en el material bibliográfico que pudiera ser sospechoso de contener ideología izquierdista o peronista, durante la dictadura se dictaron varios decretos prohibiendo la venta y distribución y ordenando secuestrar todos los ejemplares disponibles de diversos libros de orientación nazi o de ultraderecha, entre ellos:

• Beveraggi Allende, Walter: Del yugo sionista a la Argentina posible: esquema económico de la dependencia y la liberación argentina. Confederación Nacionalista Argentina.
  • Prohibido por decreto 3209/76 (publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del 16 de diciembre de 1976, Colección de Anales de Legislación Argentina XXXVII-A-182).
• El Shulján Aruj: el código sagrado de los judíos (edición crítica de un libro de 1549). Ediciones Mi lucha (Biblioteca de Esclarecimiento Popular n.º 2).
  • Prohibido por decreto 2579/77 (publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del 6 de septiembre de 1977, Colección de Anales de Legislación Argentina XXXVII-D-3821.
• Hermann y Ritach: La economía nacional socialista. Editorial Occidente.
  • Prohibido por decreto 3006/76 (publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del 30 de noviembre de 1976, Colección de Anales de Legislación Argentina XXXVI-D-2959.
• Revista Cabildo, edición de junio de 1977.
  • Prohibido y secuestrado por decreto 1711/77 (publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del 16 de junio de 1977, Colección de Anales de Legislación Argentina XXXVII-C-2612. En el artículo 3.º se aclaraba que el secuestro de la edición «...no impedirá la realización de las tareas administrativas inherentes a la revista Cabildo...», la que se siguió publicando de manera intermitente.

A pesar de estos actos de censura puntuales, se ha señalado también que en realidad el Proceso permitió una amplia difusión de la literatura nazi y antisemita durante la dictadura.​

Todos eran subversivos

Durante el Proceso, la conducción militar definió en un sentido sumamente amplio el concepto de "subversión". Para la Junta Militar y sus principales personeros, todo aquel que no estuviera alineado con los criterios y objetivos de los golpistas, estaba "infiltrado" por el "germen" subversivo. Los principales jefes de las Fuerzas Armadas compartían esta posición y lo explicitaron en sucesivas declaraciones públicas, que potencialmente ubicaban dentro del espectro "subversivo" a gran parte de la población:

Para obtener sus objetivos [los subversivos] han usado y tratan de usar todos los medios imaginables: la prensa, las canciones de protesta, las historietas, el cine, el folclore, la literatura, la cátedra universitaria, la religión...

Almirante Armando Lambruschini

El teatro, el cine y la música se constituyeron en un arma temible del agresor subversivo. Las canciones de protesta, por ejemplo, jugaban un papel relevante en la formación del clima de subversión que se gestaba: ellas denunciaban situaciones de injusticia social, algunas reales, otras inventadas o deformadas.

Teniente General Roberto Viola

En nuestros días, se ha consumado lo peor que podía ocurrir y de las más funestas consecuencias: la infiltración de las ideologías marxistas en el sentido nacional y, más aún, en el nacionalismo argentino y en la Iglesia Católica Apostólica Romana.

General Manuel Bayón, director de la Escuela Superior de Guerra, 1977

Hasta el presente, en nuestra guerra contra la subversión no hemos tocado más que la parte alta del iceberg [...] Ahora es necesario destruir las fuentes que forman y adoctrinan a los delincuentes subversivos, y esta fuente se sitúa en las universidades y en las escuelas secundarias. La influencia más peligrosa es la ejercida por los universitarios formados en el extranjero, y más precisamente en la Sorbona, Dauphine y Grenoble, que de inmediato transmiten el veneno con el cual intoxican a la juventud argentina.

General Acdel Edgardo Vilas, comandante de la V Región Militar, 1976

A partir de una simple composición sobre las estaciones del año, un maestro subversivo o un idiota útil comentará a sus alumnos la posibilidad de combatir el frío según los ingresos de cada familia (…) Para los educadores: inculcar el respeto por las normas establecidas; inculcar una fe profunda en la grandeza del destino del país; consagrarse por entero a la causa de la Patria, actuando espontáneamente en coordinación con las Fuerzas Armadas, aceptando sus sugerencias y cooperando con ellas para desenmascarar y señalar a las personas culpables de subversión, o que desarrollan su propaganda bajo el disfraz de profesor o de alumno (…) Para los alumnos: comprender que deben estudiar y obedecer, para madurar moral e intelectualmente; creer y tener absoluta confianzas en las Fuerzas Armadas, triunfadoras invencibles de todos los enemigos pasados y presentes de la Patria.

Luciano Benjamín Menéndez, uno de los generales responsables de la derrota en Malvinas

Actos de censura y espionaje

El gobierno de la Junta Militar dispuso una serie de procedimientos para «neutralizar el germen subversivo». Estas fueron algunas de las acciones emprendidas:

En 1977, se distribuyó en las escuelas un material gráfico dirigido a los padres con hijos en edad escolar, titulado Cómo reconocer la infiltración marxista en las escuelas:​

Léxico marxista para uso de los alumnos: [...] Lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario que, aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar este «trasbordo ideológico» que nos preocupa. Así, aparecerán frecuentemente los vocablos diálogo, burguesía, proletariado, América latina, explotación, cambio de estructuras, capitalismo.

Historia, Formación Cívica, Economía, Geografía y Catequesis en los colegios religiosos, suelen ser las materias elegidas para el adoctrinamiento subversivo. Algo similar ocurre con Castellano y Literatura, disciplinas de las que han sido erradicados los autores clásicos, para poner en su lugar a «novelistas latinoamericanos» o «literatura comprometida» en general.

Otro sistema sutil de adoctrinamiento es hacer que los alumnos comenten en clase recortes políticos, sociales o religiosos aparecidos en diarios y revistas, que nada tienen que ver con la escuela. Es fácil deducir cómo pueden ser manejadas las conclusiones.

Asimismo, el trabajo grupal que ha sustituído a la responsabilidad personal puede ser fácilmente utilizado para despersonalizar al chico, acostumbrarlo a la pereza y facilitar así su adoctrinamiento por alumnos previamente seleccionados y entrenados para «pasar» ideas.

En el mismo año, el decreto 3155 prohibió la distribución, venta y circulación de los relatos infantiles Un elefante ocupa mucho espacio (de Elsa Bornemann), y El nacimiento, los niños y el amor (de Agnes Rosenstichl) —ambos de Ediciones Librerías Fausto—, por tratarse de «cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento, que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo».​ El decreto 538, de mayo de 1978, estableció para profesores y maestros la lectura y comentario obligatorio del folleto Conozcamos a nuestros enemigos, cuyo contenido resumió el diario La Prensa en ese mismo mes:

El texto tiende a facilitar a los docentes la comprensión del proceso subversivo en el país, especialmente en el medio educativo, y brinda elementos de juicio sobre la forma de obrar del marxismo. Expone también la estrategia particular de la subversión en el ámbito educativo, sus modos de acción en todos los niveles educativos y en la actividad gremial del ámbito educativo [sic]. En las conclusiones del trabajo, cuya lectura y aceptación por parte del personal docente y administrativo es obligatoria, se expresa que 'es en la educación donde hay que actuar con claridad y energía para arrancar la raíz de la subversión, demostrando a los estudiantes las falsedades de las doctrinas y concepciones que durante tantos años les fueron inculcando en mayor o menor grado.

En octubre de 1978, una resolución del Ministerio del Interior prohibió dos obras del pedagogo brasileño Paulo Freire: La educación como práctica de la libertad (editorial Siglo XXI) y Las iglesias, la educación y el proceso de liberación humana en la historia (editorial La Aurora), ya que, según las autoridades, «sirven como medio para la penetración ideológica marxista en los ámbitos educativos. Por otra parte, su metodología para interpretar la realidad, el hombre y la historia es manifiestamente tendenciosa. Las fuentes de pensamiento del autor, como los modelos y ejemplos que expone, son de clara inspiración marxista y toda su doctrina pedagógica atenta contra los valores fundamentales de nuestra sociedad occidental y cristiana».

También en octubre de 1978 se prohibió la distribución de la novela La tía Julia y el escribidor, del escritor peruano Mario Vargas Llosa, argumentando que «revela distorsiones e intencionalidad, así como reiteradas ofensas a la familia, la religión, las instituciones armadas y los principios morales y éticos que sustentan la estructura espiritual e institucional de las sociedades hispanoamericanas y, dentro de éstas, a nuestra Nación, contribuyendo a mantener y expandir las causas que determinaron la implantación del estado de sitio».

Días antes de celebrarse en Buenos Aires la Semana del Cine Español (del 23 al 31 de julio de 1979) el interventor del Instituto Nacional de Cinematografía, capitán Bitleston, señaló la «inconveniencia» de presentar varios de los filmes seleccionados por la Dirección General de Cinematografía de España para ser exhibidos en Buenos Aires. Los directores y productores españoles, enterados de la censura previa, se negaron a enviar sus películas, lo que motivó la postergación sine die del evento.

En julio de 1980, por decreto 2038, se prohibió la utilización en el ámbito escolar de la obra Universitas, Gran Enciclopedia del Saber, de editorial Salvat, editada en Barcelona, por «incurrir en falseamiento de la verdad histórica [...] analizando uno de los períodos más importantes de la historia moderna, como es el proceso de industrialización, bajo la metodología inspirada en el materialismo dialéctico». En el mismo decreto se prohibía el Diccionario Salvat: «Las dos obras revelan un proceso editorial sistemático, en el cual la enciclopedia y el diccionario cumplen la función expresa de ofrecer al estudiante [...] un léxico definitivamente marxista, mediante la utilización de palabras y acepciones que, lejos de corresponder fielmente a los significados propios de la lengua, tienden a sustituir estos por otros que responden y son típicos de esa ideología».

En septiembre de 1980, un comunicado ministerial prohibió el uso en las escuelas de los textos de Antoine de Saint-Exupéry, autor, entre otros, de El Principito.

Editores, periodistas, escritores, poetas, cantantes, fueron prohibidos:

• Aída Bortnik (escritora)
• Jorge Romero Brest (artista plástico)
• Roberto Cossa (dramaturgo y director de teatro)
• Crist (caricaturista)
• Julia Elena Dávalos (cantante folclórica)
• Griselda Gambaro (escritora)
• Horacio Guaraní (cantautor folclórico)
• Nacha Guevara (cantante)
• César Isella (cantautor)
• Litto Nebbia (cantautor)
• Pacho O’Donell (escritor)
• Gian Franco Pagliaro (cantante)
• Piero (cantautor)​
• Ariel Ramírez (pianista y compositor folclórico)
• Sergio Renán (cineasta)
• Mercedes Sosa (cantante folclórica)
• María Elena Walsh (cantautora y escritora)

Otros fueron asesinados.

Entre algunos casos paradigmáticos se prohibió la enseñanza de la matemática moderna, o los temas musicales en los que Carlos Gardel era acompañado solo por guitarras. Grupos de censores marcaban con una cruz los temas musicales que no podían ser transmitidos por las emisoras radiales.

Las universidades fueron intervenidas, y se enviaron cientos de espías con el fin de detectar opositores y detenerlos. Asimismo, los programas de enseñanza fueron «depurados» de todo contenido considerado contrario a la cultura «occidental y cristiana».

Conflictos internacionales

El conflicto del Beagle

En 1971 los presidentes Salvador Allende de Chile y Alejandro Agustín Lanusse de Argentina habían acordado someter el diferendo por las islas al sur del Canal Beagle formalmente al Reino Unido, pero en su contenido a un tribunal arbitral compuesto por jueces elegidos consensuadamente por ambos gobiernos, todo esto en el marco del derecho internacional y los tratados vigentes.

El 22 de mayo de 1977 se da a conocer en Londres el laudo arbitral de 1977 que otorga a Chile las islas Picton, Nueva y Lennox junto a las islas adyacentes. Argentina obtiene la mitad norte del canal y las islas correspondientes.

La junta militar argentina declaró la sentencia «insanablemente nula» e inició la planificación de una guerra de agresión contra Chile para revertir el laudo arbitral. Los comandantes de las fuerzas armadas argentinas pusieron en marcha la Operación Soberanía la noche del 21 al 22 de diciembre de 1978, que fue abortada horas después cuando la junta aceptó la mediación papal en el conflicto.

Ninguno de los dictadores dio solución al conflicto desatado con el desconocimiento del laudo arbitral.

La Guerra de las Malvinas

Archivo:Monumento conmemorativo Guerra de las Malvinas (Ushuaia).jpg

Monumento conmemorativo a los caídos argentinos en la Guerra de las Malvinas en Ushuaia (Argentina).

Durante el Proceso de Reorganización Nacional, el 2 de abril de 1982, el gobierno militar, a cargo del presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, ocupó militarmente las Islas Malvinas, cuya soberanía es ocasión de diferendos con Gran Bretaña desde el siglo XIX; dando así comienzo a la Guerra de las Malvinas.

La guerra finaliza el 14 de junio de 1982 con la rendición de Argentina. Su saldo final fue la reocupación de las Malvinas por el Reino Unido y la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños. En Argentina, la derrota en el conflicto precipitó la caída de la Junta militar que gobernaba el país y la asunción del general Reynaldo Bignone quien iniciará un proceso de restauración del sistema democrático.

Actualmente Argentina reclama la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur (Constitución Nacional: Disposiciones Transitorias, Primera: La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional).

Fin y consecuencias del Proceso

Jaqueado por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la guerra de las Malvinas, el autodenominado Proceso decidió finalmente entregar el poder en 1983. Bignone, el último líder de la Junta Militar, se vio obligado a llamar a elecciones.

La campaña presidencial de 1983 opone el candidato peronista Ítalo Luder, quien rechaza una revisión de lo sucedido durante la dictadura otorgando legalidad a la ley de autoamnistía dictada por los militares, y al radical, Raúl Alfonsín, favorable al enjuiciamiento de los máximos responsables del terrorismo de estado (establecía tres niveles de responsabilidad). El 30 de octubre Alfonsín vence con el 52% de los votos provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia.

Apenas asumida la presidencia el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín (1983–1989), firmó los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca más fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984.

El gobierno radical ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal, Julio César Strassera. Su sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a severas penas corporales por delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua a los principales reponsables. Era la primera vez que se enjuició a quienes detentaron la suma del poder público sin más armas que las leyes. Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano, aplicando el código penal vigente en la república desde 1922. Éste fue un hecho único en el mundo que sentó precedentes para que se incluyera en el Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, imitada por varios países y que logró a la vez que la ONU la declarara delito de lesa humanidad.

Sin embargo, cediendo a las presiones de sectores militares (y también de algunos sectores civiles) el gobierno de Alfonsín promulgó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales extinguieron las acciones penales contra los mandos intermedios participantes de la llamada «guerra sucia».

En 1990 el presidente Carlos Menem concedería el indulto a los líderes militares, como Jorge Videla y Eduardo Massera, condenados a cadena perpetua; no obstante, quedarían en prisión domiciliaria por otros crímenes no alcanzados por el indulto, como la apropiación de hijos nacidos durante el cautiverio de sus padres.

El 15 de abril de 1998, por la ley 24.952, se derogaron las leyes de Punto Final (N.º 23.492) y Obediencia Debida (N.º 23.521), que posteriormente, el 2 de septiembre de 2003, fueron declaradas «insanablemente nulas» (Artículo 1.º) por la Ley 25.779. El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes mencionadas anteriormente, además de establecer la validez de la ley de nulidad. En la actualidad se encuentran en proceso de apelación para su revocación los indultos de 1990.

Día Nacional de la Memoria

Marcha por los desaparecidos en ocasión del trigésimo aniversario del Proceso de Reorganización Nacional.

El 15 de marzo de 2006, la ley 26.085 declara al 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso, al cumplirse 30 años del golpe que derrocara a María Estela Martínez de Perón. Se establece como feriado nacional inamovible.

Aplicación del concepto de genocidio

El Tribunal Federal Nº 1 de La Plata utilizó por primera vez en el país la figura de genocidio para describir las acciones realizadas por el Estado argentino durante estos años. Si bien cita el hecho de que durante algunos años la legislación internacional contemplaba los motivos políticos en la definición, la fundamentación para aplicar la definición se centra principalmente en el hecho de que las víctimas pertenecían a un grupo nacional: el argentino. La sentencia se refiere a la condena al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense Miguel Etchecolatz por casos relacionados con detenidos-desaparecidos, leída el 19 de septiembre de 2006.​

El 9 de octubre de 2007 el Tribunal Federal Oral N.º1 de La Plata condenó a reclusión perpetua por genocidio a Christian Von Wernich, sacerdote de la Iglesia Católica y ex capellán de la Policía bonaerense durante la dictadura militar.

Bibliografía

• Gerchunoff, Pablo; Llach, Lucas (1998). El ciclo de la ilusión y el desencanto: un siglo de políticas económicas en Argentina. Buenos Aires: Ariel. ISBN 950-9122-57-2. 

• Proyecto PNUD-OIT (1988). Documento de trabajo n.º 18: El salario mínimo en Argentina: alcances y evolución (1964-1988). Ginebra: OIT. ISBN. 

• Schvarzer, Jorge (1996). La industria que supimos conseguir. Buenos Aires: Planeta. ISBN 950-742-690-6. 

• Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC). Condiciones de vida; series históricas. Buenos Aires: INDEC. [4]. 
• Ruffa, Fernando (2006). «La censura y quema de libros durante la dictadura militar». ANRED. Cultura (22 de marzo de 2006). [5]. 

• Almirón, Fernando (2001). Camposanto. 

Véase también

• Golpes de estado en Argentina
• Escuela de las Américas
• Golpe de Estado
• Guerra de Malvinas
• Guerra sucia en Argentina
• Masacre de Fátima
• Operación Cóndor
• Lista de masacres en la Argentina (Siglo XX)
• La rebelión de las Madres

• Categoría:Películas sobre el Proceso de Reorganización Nacional

Enlaces externos

• Abuelas.org.ar (sitio oficial de las Abuelas de Plaza de Mayo).
• Madres.org (sitio oficial de la Madres de la Plaza de Mayo).
• ME.gov.ar (sitio del Ministerio de Educación argentino sobre el Proceso).
• 24DeMarzo.gov.ar (sitio del gobierno argentino acerca del pasado Proceso de Reorganización Nacional).