Alfonso Portillo

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda
Alfonso Portillo Cabrera
AlfonsoPortilloyEvelyndePortillo.png

Coat of arms of Guatemala.svg
45.º Presidente de la República de Guatemala
14 de enero de 2000-14 de enero de 2004
Vicepresidente   Juan Francisco Reyes
Predecesor Álvaro Arzú
Sucesor Óscar Berger

Datos personales
Nacimiento 24 de septiembre de 1951 (63 años)
Bandera de Guatemala Zacapa, Zacapa, Guatemala.
Partido FRG
Apodo Pollo Ronco
Cónyuge
Profesión Político
Ocupación político
Alma máter Universidad Autónoma de Guerrero
Residencia Zacapa
[editar datos en Wikidata]

Alfonso Antonio Portillo Cabrera (24 de septiembre de 1951, Zacapa, Guatemala) empresario y político guatemalteco. Presidente de Guatemala del 14 de enero de 2000 al 14 de enero de 2004. Durante su gobierno, Portillo Cabrera comenzó a desnudar el régimen de privilegios del poder económico formal en Guatemala luego de la firma de los Acuerdo de Paz de 1996, pero su legitimidad como presidente fue minada por la reputación internacional del líder de su partido político, el general Efraín Ríos Montt -a quien se comparaba con el general chileno Augusto Pinochet- y la existencia de un Estado estructuralmente corrupto e ineficiente en Guatemala.[1] Al final de su gobierno, tenía en su contra a los miembros de ese poder político, el cual tenía una influencia aplastante en los mercados, los medios de comunicación masiva y en los grupos de la sociedad civil en Guatemala.[1] . Esta influencia quedó de manifiesto cuando Portillo fue despojado de inmunidad al ser removido como diputado del Parlamento Centroamericano -cargo que le correspondía como expresidente de Guatemala- y posteriormente encarcelado y enjuicidado en Guatemala; aún más, en 2013 fue extraditado a los Estados Unidos acusado de peculado por el gobierno de ese país norteamericano, luego de estar prisionaro en una base militar en Guatemala por varios años. Portillo se declaró culpable ante los tribunales estadounidense en marzo de 2014,[2] logrando así que su pena de prisión fuera muy reducida, además de que el tiempo que ya había estado prisionero en Guatemala le fue acredita. Regresó a Guatemala a finales de febrero de 2015 y anunció que, aunque no va a participar en cargos de elección, sí va a trabajar para ayudar a su país.[3]

Biografía[editar]

Nació en Zacapa, departamento del oriente del país, en el seno de una familia de clase media. Se mudó a México a los 19 años donde realizó sus estudios universitarios. Recibió su formación universitaria en México, licenciándose primero en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y luego doctorándose en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde finales de los años setenta se vinculó en el país azteca a organizaciones indígenas de izquierda del estado de Guerrero y de la propia Guatemala, concretamente el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), una de las cuatro subversiones armadas que en 1982 se coordinaron como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).[4] [Nota 1]

La versión policiaca, seguida en la causa penal 330/982 en México, señala que Javier Encarnación y sus compañeros «se dirigieron a comprar una botella de brandy, uniéndoseles al llegar al mercado las personas que responden a los nombres de Julio César Prudenciano Sánchez, Andrés Martínez Vázquez y Arturo Visoso Bravo». En el mercado, fueron alcanzados por Portillo, Calzada y la esposa de éste, Miriam Martínez, quienes viajaban en una Caribe blanca, de la que, según la policía, bajó Portillo con una pistola en la mano derecha, «con la cual amenazó a Javier Encarnación Cabrera y a Florentino González Abundes, golpeando a Andrés Martínez Vázquez cuando éste trató de cruzar la calle». Alfonso Portillo disparó dos veces al aire, para advertir a sus contrincantes que no se le acercaran, pero Visoso, Javier y Gustavo Encarnación Cabrera, así como Florentino González Abundes, «se le fueron encima» para intentar desarmarlo, por lo que el guatemalteco abrió fuego, matando a los dos primeros e hiriendo al resto. «De inmediato, Portillo huyó con sus acompañantes».
—Versión oficial de los sucesos
Causa penal 330/982[cita requerida]

El 23 de agosto de 1982 en Chilpancingo, estado de Guerrero en México, Portillo mató a balazos a Gustavo Cabrera Encarnación y Arturo Visoso, ambos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero en un incidente ocurrido al finalizar un baile. Portillo desenfundó su pistola, la accionó varias veces, y Cabrera y Visoso cayeron muertos al instante. Portillo huyó de la justicia mexicana, primero a la Ciudad de México y luego hacia Guatemala.

Según el Artículo 308 del Código Penal Federal Mexicano, el homicidio por riña es penado hasta con ocho años de prisión, aunque indica que la fijación de penas depende de quién fue el provocado y quién el provocador, así como la mayor o menor importancia de la provocación.[5] Por otra parte el Artículo 101 de dicho código penal indica que la prescripción del delito es personal y basta para ella el transcurso de la ley, pero advierte que los plazos para la prescripción se duplicarán para quienes se encuentren fuera de México;[6] por su parte, el Artículo 105 del mismo código indica que la acción penal prescribe en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, al tratarse de un delito de primer grado se considera el tiempo total de la pena máxima de esta.[7] De acuerdo a esto, al haber escapado a Guatemala, Portillo habría duplicado el tiempo de prescripción para su delito, extendiéndolo de un máximo posible de dieciséis a treinta y dos años, ya que se le imputaron ambos asesinatos.[cita requerida] Esto solo si se cree que fue delito por riña como afirma Portillo, pero si el echo cuenta con alevosía el periodo de prescripción seria mayor.

Sin embargo, el 15 de agosto de 1995, el juez primero de primera instancia del ramo penal del Distrito Judicial de Bravo, declaró prescrita la acción penal contra Portillo, a los trece años de cometidos los asesinatos contra los estudiantes por lo que se sospecha de trafico de compra-venta de influencias para lograr que se levantada su persecución judicial.[cita requerida]

Llegada al poder[editar]

Inició su vida política afiliándose al Partido Socialista Democrático (PSD), más adelante en 1989 se incorporó al partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), del cual llegó a ser secretario general. En el año 1995 se retira del partido Democracia Cristiana Guatemalteca y un tiempo después se integra al partido de derecha Frente Republicano Guatemalteco fundado por el general retirado Efraín Ríos Montt, partido originalmente pensado para apoyar las aspiraciones presidenciales de Ríos Montt. Esto hace posible la candidatura de Portillo, quien pierde las elecciones de 1995 contra Álvaro Arzú Irigoyen. En 1999 Alfonso Portillo vuelve a postularse, esta vez obteniendo una amplia victoria, sobre el candidato del oficialismo Óscar Berger, tomando posesión en enero de 2000.

Presidencia[editar]

Asumió la presidencia el 14 de enero de 2000. Durante el acto de toma de posesión fue investido por el general Efraín Ríos Montt, quien entonces era presidente del Congreso de Guatemala, y en sus primeros discursos habló de la terrible situación en que se encontraba el país, y de su intención de investigar y aclarar la situación financiera de Guatemala. Propuso además a los otros partidos políticos, principalmente al opositor partido de izquierda, Alianza Nueva Nación (ANN), a un pacto de gobernabilidad en el que él pudiera cumplir con su plan ejecutivo.

Aciertos y popularidad[editar]

Dentro de los logros de su gobierno se encuentran los subsidios para la construcción de viviendas populares y el impulso a la Reforma Educativa y a la capacitación docente.[Nota 2] Durante su gobierno Hubo control de la canasta básica, mejora de los salarios, y se creó la tarifa social en la energía eléctrica; todos estos factores hicieron que el presidente Portillo fuera muy popular entre las capas bajas de la población guatemalteca,[8] que componen más del setenta por ciento de la población del país. Asimismo, su discurso tuvo muchos elementos de lucha de clases ya que partía de una posición que favorecía a los pobres, los excluidos, los desposeídos, a la vez que se planteaba un claro enfrentamiento contra los empresarios, contra los monopolios en el país, contra todos los privilegios que tiene ese sector económico; esto lo acercó a la izquierda, a las demandas y necesidades de los sectores populares, predominantes en las áreas rurales del país.[9]

Economía[editar]

A lo largo de 2001, las movilizaciones de diversos colectivos populares en protesta por el incumplimiento de las promesas electorales en el terreno social y la subida a finales de julio del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10% al 12%, alza de tributo indirecto que fue la única reforma fiscal destacada en el cuatrienio, aunque no modificó la carga impositiva sobre las rentas ni incrementó la lucha contra la evasión y el fraude. Eso sí, ya en ese año los escándalos y polémicas envolvían al Gobierno y el FRG, acusados por doquier de estar llevando a las instituciones del Estado a un nivel de corrupción sin precedentes; por otra parte, la consolidación de bolsas de hambruna en las áreas más deprimidas del país.[4]

Quiebra de los bancos gemelos[editar]

En 2000, con el inicio del gobierno del FRG empezó a mencionarse en Guatemala el nombre de Francisco José Alvarado MacDonald, conocido también como don Paco, o «El Ingeniero», quien era un empresario y banquero y que, de acuerdo a informaciones de la época, fue el principal financista de la campaña presidencial de Portillo. Sus principales empresas eran dos bancos: el Banco Metropolitano y el Banco Promotor; los bancos gemelos, como también se les llamaba. Cuando Portillo ganó la presidencia, Alvarado MacDonald le dio en préstamo una amplia casa en una zona lujosa de la capital guatemalteca. Según informó la prensa en esa oportunidad, antes de ganar la Presidencia, Portillo había sido el asesor que manejaba las relaciones públicas, institucionales y políticas de las múltiples empresas de Alvarado MacDonald, especialmente las de los bancos gemelos.[10]

Según se supo en la prensa, a principios de los 90, el banquero conoció al ex presidente Portillo y desde entonces cultivaron una entrañable amistad; en 1995, Alvarado gastó más de tres millones de dólares en la campaña presidencial de Portillo, según reportes extraoficiales.[11]

Al tomar el poder, Portillo nombró a dos hijos de Alvarado MacDonald en puestos claves:

  • José Francisco Alvarado: gerente de la Presidencia de la República, al mismo tiempo que era miembro del Consejo de Administración del Banco Metropolitano y tesorero de una empresa que vende autos europeos de lujo; también coordinaba la Comisión Multisectorial del Transporte, donde el gobierno manejaba todos los asuntos de los autobuseros, muchos de los cuales son clientes de esa compañía que representa una marca de automotores.
  • Alfredo Alvarado: Secretario de Asuntos Particulares de la Presidencia, y también era miembro del Consejo de Administración del otro banco, El Promotor.[10]

Portillo también aceptó que un auto que utilizada era propiedad del banquero.[11]

En enero de 2001, Portillo ordenó a la Junta Monetaria que le inyectase ciento diez millones de dólares a los bancos gemelos para que no se desencajaran; [10] pero el 1.° de marzo de 2001, la Junta Monetaria ordenó la intervención de los “bancos gemelos”, por irregularidades administrativas. El Estado inyectó más de doscientos millones de dólares a los bancos para garantizar los ahorros de los cuentahabientes; meses después, el Banco de Guatemala reconoció que ese dinero, prácticamente, estaba perdido.[11]

Enfrentamiento con el sector empresarial[editar]

Portillo se convirtió en el gobernante más detestado para el poder económico formal de Guatemala en el siglo xxi ya que se enfrentó directamente a dicho grupo y de una manera que reflejaba más bien una satisfacción propia que un objetivo político.[12] Por ejemplo, Portillo hizo abrir los contingentes de importación de carne de pollo, de harina, de azúcar y de otros productos para combatir el alza a productos de consumo básico, los cuales eran controlados por grupos monopólicos en Guatemala. Además de los discursos desafiantes que pronunciaba y que le granjeaban enemistades con los empresarios guatmaltecos, al debilitar el combate al narcotráfico y mostrarse hosco frente a representantes diplomáticos de Estados Unidos cultivó una animadversión que más temprano que tarde se volvió en contra suya.[12]

Los monopolios que Portillo enfrentó fueron:

  • Cerveza: la cerveza representa el 1.7% del producto nacional bruto en Guatemala[13] y hasta 2002 era monopolio de la Cervecería Centroamericana, que tenía más de un siglo de existencia. En 2003, el gobierno de Portillo permitió la entrada en el mercado de la Cervecería Río, subsidiaria de la compañía brasileña AMBEV, y permitió el inicio de operaciones de la Distribuidora de Bebidas del Norte, que estaba asociada con la cervecería mexicana Cuauhtémoc Moctezuma, que lanzó la cerveza Norteña e importa la cerveza Tecate.[14] La cerveza Brahva entró al mercado con un precio 30% menor al de la cerveza Gallo y en año medio logró capturar el 30% del mercado.[14]
  • Cemento: el cemento en Guatemala había sido producido en Guatemala por el monopolio de Cementos Novela, S.A. desde 1899, que cambió su nombre a Cementos Progreso en la década de 1970 y era el mayor productor de cemento en Centroamérica en 2003.[15] Este monopolio fue roto cuando el gobierno de Portillo autorizó la importancia de cemento Cruz Azul.[16]
  • Pollo: para detener los constantes e injustificados aumentos del pollo, provocados por el monopolio de la familia Gutiérrez, Alfonso Portillo permitió la importación del Pollo Tyson y Hudson de Estados Unidos. El pollo estadounidense resultaba más barato para el consumidor que el pollo producido en Guatemala a pesar de que era producido con mano de obra más cara y transportado desde una gran distancia en camiones refrigerados.[16] En el año 2000, primer año de gobierno de Portillo, se importó pollo por un monto de veintiún millones de dólares, en tanto que para 2004, su último año de gobierno, la cifra se incrementó a treinta y ocho millones de dólares.[17] A pesar de que el arancel establecido para la importación del pollo era del 15% sobre el valor las importanciones continuaban aumentando.[17]
  • Azúcar: a pesar de que el azúcar era el principal producto de exportación de Guatemala y de que Guatemala era el quinto productor a nivel mundial en ese momento, la rentabilidad del azúcar en el mercado interno era significativamente mayor que la de exportación debido a precios más altos y protección de las importaciones.[18] Los azucareros tenían un enorme poder político y consiguió que el mercado interno estuviera protegido con un arancel ad valorem del 20%.[18] Los productores de azúcar estaban asociados en la Asociación de Azucareros de Guatemala -ASAZGUA-, cuya función era determinar las cuotas de azúcar para la exportación y la fijación de los precios en el territorio guatemalteco.[18] El gobierno de Portillo autorizó

importó azúcar de Cuba y Brasil a menor precio que la producida en Guatemala por los ingenios de la familia Herrera[Nota 3] [16] y los ingenios miembros de ASAZGUA. Hacia el final de su gestión, Portillo reconoció sin ambages sus fracasos en la reforma fiscal; ahora bien, achacó el fiasco tributario al «boicot» del CACIF, que presentó numerosos recursos legales que dejaron en suspenso la aplicación de varios impuestos, y descargó denuestos en particular contra los productores azucareros por encarecer el precio de este producto básico y encima oponerse a las importaciones extra de azúcar sin arancel aduanero decididas por el Gobierno para proteger al consumidor. Dando relieve a sus enfrentamientos con el sector privado, Portillo sentenció que «estar en contra de la oligarquía tuvo un costo político».[4]

Justicia[editar]

Resarcimiento a víctimas de la guerra civil[editar]

Portillo leyó las conclusiones de una investigación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), establecida en julio de 1991 por el entonces presidente Jorge Antonio Serrano Elías, y en la que admitió la responsabilidad del Estrado concretamente en dos masacres cometidas por el Ejército en 1982, rigiendo a la sazón el Gobierno de facto de Efraín Ríos Montt: la de las villas Plan de Sánchez, en el departamento central de Baja Verapaz, y Dos Erres, en Petén, al norte, donde fueron asesinados a quemarropa noventa y doscientos civiles respectivamente, así como en ocho crímenes políticos producidos hasta 1990.[4] Portillo prometió compensar a los familiares de las víctimas y buscar el procesamiento de los culpables, aunque no especificó las medidas que iba a tomar el Gobierno.[4] Las promesas de resarcimiento a las víctimas de la violencia estatal o paraestatal reconocida por la COPREDEH fueron cumplidas parcialmente por Portillo: pago cerca de dos 8 millones de dólares a las familias de los asesinados en Dos Erres aunque no hubo justicia penal.[4]

Juicio a asesinos de obispo Girardi y Conedera[editar]

El crimen del obispo Gerardi Conedera, ocurrido durante los últimos meses del gobierno del presidente Alvaro Arzú Irigoyen se llevó a cabo gracias únicamente al empeño de unos magistrados apoyados desde la sociedad civil. En marzo de 2001 se inició el juicio, el cual estuvo precedido de homicidios de testigos de la acusación y de amenazas de muerte contra juristas asignados al caso. Sobreponiéndose a estas brutales intimidaciones, el juicio siguió su curso y el 7 de junio de 2001 el Tribunal Tercero de Sentencia de Guatemala condenó a treinta años de prisión a tres de los encausados: el coronel retirado Byron Disrael Lima Estrada, antiguo director de la Inteligencia Militar, su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, y el ex sargento José Obdulio Villanueva, miembro del servicio de escoltas del Estado Mayor Presidencial -EMP-, cuerpo militar de reputación violadora de los Derechos Humanos. Sin embargo, en octubre de 2002, la Corte de Apelaciones anuló la sentencia alegando defectos de procedimiento y ordenó repetir el juicio. El tortuoso caso Gerardi registró un inquietante epílogo en febrero de 2003 con el asesinato de Obdulio Villanueva, cuyo cuerpo apareció decapitado tras un sangriento y confuso motín de presos comunes en el penal para preventivos de la Ciudad de Guatemala en que se hallaba recluido. El macabro crimen se produjo sólo un día después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara el auto de anulación de la Corte de Apelaciones.[4]

Conexión Panamá[editar]

En julio de 2001, un sobre fue entregado en forma anónima de parte de un abogado en un seminario de ética periodística en Washington, D.C. (Estados Unidos) En el sobre había un documento que contenía una lista de sociedades anónimas y bancos en que se abrirían las cuentas bancarias. En el listado aparecían varios nombres y sobrenombres escritos a mano a la par de los nombres de las entidades bancarias:

  • Julio: el secretario privado del presidente de Guatemala, Julio Girón
  • Paco: el vicepresidente, Juan Francisco Reyes López
  • Panky: el hijo del vicepresidente, Juan Francisco Reyes Wyld
  • Alfonso: el presidente Alfonso Portillo

En base a este documento se encontraron ocho sociedades de papel con cuentas en, al menos, cinco bancos panameños y tres bancos offshore. Todas las cuentas estaban relacionadas al presidente Portillo, a Juan Antonio Riley Paiz, cuñado del presidente, al vicepresidente Reyes y al hijo de este, así como al secretario privado de Portillo.[19]

Las investigaciones periodísticas encontraron que se abrieron cuentas en Panamá en varios bancos, a nombre de todos los investigados. En el caso del presidente Portillo, se intentó abrir, al menos, dos cuentas, pero posiblemente no se concretó debido a que el banco le pidió una copia de su pasaporte y una declaración jurada del «verdadero dueño» de la cuenta. Se supuso que los depósitos que se hicieron en las cuentas provenían del tesoro de Guatemala, pero esto nunca se pudo comprobar.[19]

La investigación realizada se encontró con estas dificultades:

  • El secreto bancario en Panamá y el velo corporativo de las sociedades anónimas.
  • Una de las fuentes, bajo pesada presión, decidió retractarse, aunque los documentos obtenidos por los periodistas tenían más peso que sus solas palabras.
  • Las autoridades panameñas se negaron a dar información que se solicitó sobre los viajes del avión presidencial a Panamá.
  • La distancia fue otro factor, pues no se podía dar un seguimiento simultáneo. 
  • Las agendas periodísticas de ambos diarios era distinta. 
  • Las investigaciones judiciales que siguieron tras la publicación sufrieron todo tipo de presiones, tanto en Panamá como en Guatemala. Hubo, incluso, renuncia de varios fiscales en Guatemala, a cargo de este caso.[19]

Desaciertos[editar]

Con la ayuda del gobierno de Japón, se entregó fertilizante a pequeños agricultores, pero desgraciadamente, con ese proyecto surgió un foco de corrupción que buscaba beneficiar a altos funcionarios del gobierno eferregista. El supuesto fertilizante gratuito, por el que se cobraba en muchas ocasiones a pesar de que el gobierno de Japón lo estaba donando- resultó ser fertilizante de pésima calidad, ya que se descubrió que tenía bajos niveles NPK (nitrógeno, fósforo y potasio que son los nutrientes primarios de las plantas).[cita requerida]

El gobierno de Portillo fue criticado por la ausencia de logros tangibles en el combate de la delincuencia. El Grupo de Diálogo, formado por naciones amigas y organismos financieros internacionales, pidió mayor cumplimiento de los Acuerdos de Paz, eficiencia en el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado y el efectivo combate a la corrupción. Además, los indígenas tuvieron poco acceso a la tierra y escasos recursos para sus programas.

En lugar de combatir la corrupción, su gobierno «es considerado por los analistas locales como uno de los «más corruptos» de la historia reciente».[20]

Jornada del «Jueves Negro»[editar]

El 6 de junio de 2003 el Registro de Ciudadanos rechazó inscribir la candidatura de Ríos Montt, negativa que fue sostenida por sendos pronunciamientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 16 de junio, y de la CSJ, el 5 de julio. La Constitución de Guatemala en su articulo 187 indica que no pueden optar a la presidencia de la República ni «el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno»; como el general Rios Montt había sido designado como jefe de estado por los militares que dieron el golpe de estado del 23 de marzo de 1982, quedaba constitucionalmente imposibilitado de acceder a la presidencia. Entonces, el damnificado reclamó ante la Corte de Constitucionalidad -CC-, suprema magistratura judicial del país, la cual resolvió a su favor el 14 de julio revocando el fallo de la CSJ y ordenando el registro de la postulación, basándose en el argumento de que el golpe de eestado de 1982 no había roto el orden constitucional, porque el mismo ya estaba roto desde que los gobiernos de Kjell Eugenio Laugerud García y Fernando Romeo Lucas García habían triunfado en las urnas por medio de flagrantes fraudes electorales.

El 18 de julio el partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitó amparo a la CSJ en contra del fallo de la CC, a lo que aquella accedió dos días después, dejando la candidatura en suspenso.[4] El 21 de julio, Ríos Montt, irritado, advirtió de posibles «actos de violencia» si la CSJ no le dejaba presentarse a las elecciones al tiempo que elevaba un recurso de queja a la CC.[4]

El 24 de julio por la madrugada, simpatizantes del FRG ocuparon calles de las zonas 9 y 10, que son las áreas donde tenían sus oficinas los principales comerciantes e industriales guatemaltecos en la Ciudad de Guatemala.[1] Con pasamontañas, lanzaron consignas contra las élites del país, cercaron edificios de conocidos industrales guatemaltecos, [Nota 4] fueron hostiles con los periodistas y exigieron la inscripción de la candidatura presidencial del general Ríos Montt. Treinta y seis horas después abandonaron la ciudad.[1]

Los disturbios se agravaron por la pasividad manifiesta de la Policía Nacional Civil.[cita requerida] A las ocho horas de iniciados los disturbios, el presidente Portillo en comunicado nacional aseguró que bajo su gobierno ninguna protesta había sido reprimida, fuese de campesinos, sindicalistas, maestros o partidos, pero ofreció sacar al ejército para controlar disturbios. Como los soldados en las calles fueron pocos y operaron sólo en zonas periféricas, el presidente fue acusado de violar la ley.[1] Al final las fuerzas del orden aparecieron cerca de dos a tres horas después de ya disuelta las revueltas durante el segundo día de los acontecimientos.[4]

Los desmanes de los riosmonttistas se habrían planificado para crear un clima de miedo e intimidación favorable a la pretensión de su líder, el general Ríos Montt, aunque al final lo que consiguieron fue recortar aún más las posibilidades de Ríos Montt en las urnas, y por ende reforzar la improbabilidad de la reelección del oficialismo. Las reacciones de condena y de alerta ante lo que sucedía en Guatemala se extendieron puertas afuera y fueron asumidas por el Gobierno de Estados Unidos, la ONU, la OEA y la Unión Europea. Pero Ríos Montt obtuvo lo que quería: el 30 de julio, tras presentar un nuevo recurso de ampliación y aclaración, obtuvo de la Corte de Constitucionalidad la autorización de proceder sin demora a inscribir la candidatura.[4]

Estas violentas protestas en la Ciudad de Guatemala, se conocieron posteriormente como «Jueves Negro» y «Viernes de Luto»; curiosamente, esta vez se interrumpió súbitamente la tradición de rechazo de la sociedad civil a que los gobernantes guatemaltecos acudieran al ejército para controlar desórdenes sociales.[1] Muchos sectores de la sociedad criticaron a la policía por no reprimir la manifestación, no obstante que el alarmante desafío del FRG al orden público cobró la vida del reportero de Noti-7 y Radio Sonora Héctor Ramírez, quien falleció de un ataque al corazón mientras sufria la persecucion del grupo de manifestantes.

Entre los participantes de los motines, investigacione posteriores comprobaron que estaban:[cita requerida]

  • Juan Santa Santa Cruz -Diputado del FRG-
  • Julio Morales -candidato diputado por el FRG
  • Ingrid Argueta Sosa -sobrina de Ríos Montt-
  • Jorge Arévalo -diputado FRG-
  • Leopoldo Cruz -diputado FRG-
  • Carlos Hernandez -hijo del diputado del FRG Carlos Herhnández Rubio
  • Waleska Sánchez -secretaria de Zury Ríos, la hija del general Ríos Montt
  • Marco Antonio Polanco Paz.

Disolución del Estado Mayor Presidencial[editar]

El presidente de los Estados Unidos George W. Bush le explica la historia de su escritorio en la oficina oval a los presidentes centroamericano durante una reunión con éstos en la Casa Blanca. De izquierda a derecha: Francisco Flores de El Salvador, Ricardo Maduro de Honduras, Abel Pacheco de Costa Rica, Enrique Bolaños de Nicaragua, y Alfonso Portillo de Guatemala.

Portillo terminó su presidencia reconociendo en público que se le habían quedado varios proyectos en el tintero y que atravesaba momentos «muy difíciles»; mientras que la prensa desafecta a su régimen lo acusaba de «anarquía», «incapacidad» y «desgobierno». Sin embargo, en la recta final de su mandato, Portillo acometió a toda prisa una de las tareas pendientes: la disolución del EMP: el 24 de septiembre de 2003 el Congreso aprobó una ley que abolía el Estado Mayor Presidencial -EMP- y transfería sus funciones oficiales a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad -SAAS-, y el 29 de octubre un gozoso Portillo presidió la ceremonia de la disolución formal del cuerpo y la baja de sus quinientos integrantes.[4] No obstante, se descubrió que más de la mitad de la plantilla de la SAAS la formaban ex miembros del EMP cuyo estatus, si civil o militar, no estaba claro, por no hablar de su expediente personal.[4]

Persecución de funcionarios de su gobierno[editar]

Al nomás inaugurarse la administración del presidente Oscar Berger Perdomo, ésta persiguió a la plana mayor del gobierno de Alfonso Portillo de manera implacable, señalada de haber promovido actos corruptos;[21] el mismo ex presidente Portillo, tras perder su inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano, escapó de Guatemala y se refugió en México. El ex vicepresidente Juan Francisco Reyes pasó varios meses en la cárcel sindicado de intencionalidad de fraude contra el Estado y el ex ministro de Finanzas Públicas, Eduardo Weymann, fue encarcelado por firmar –cuando ya no era funcionario- unas actas que sustentaban una supuesta reunión de la Superintendencia de Administración Tributaria en la cual se habría decidido la transferencia de unos 30 millones de quetzales que fueron robados del erario.[21] A la vez ocurrió una depuración de los órganos contralores del Estado: el fiscal general, Carlos de León, fue separado del cargo; el contralor general de Cuentas, Óscar Dubón Palma, fue capturado en Nicaragua tras un fallido escape y luego recibió condena por desviar fondos públicos para financiar las campañas de políticos opositores y, tras meses de permanecer escondido, el superintendente de Administración Tributaria, Marco Tulio Abadío, fue capturado y permanece en prisión a la espera del juicio público.[21]

A Portillo se le acusó de peculado y de acuerdo con el tratado de extradición firmado con México y el 7 de octubre de 2008, por medio de un avión de la P.G.R. mexicana, Alfonso Portillo fue enviado de regresó a Guatemala, para ser juzgado por los tribunales de justicia. La CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) estuvo adherida al proceso en su contra; la CICIG ha sido respaldada por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal constitucional Guatemalteco, para que sea querellante adhesivo en el caso en su contra por el desfalco de 120 millones de quetzales al erario, ya que las pruebas poco fehacientes que presentaron en su contra, demostraron su inocencia en las cortes de los cargos que le imputaban.

El 10 de mayo de 2004, Francisco Alvarado MacDonald se presentó al juzgado donde se ventila una de las denuncias en su contra. Tras ser indagado, se le le dejó en prisión, con una fianza de ciento veintemil dólares; Alvarado MacDonald ingresó a la prisión donde ya estaban varios ex funcionarios del Gobierno eferregista, entre ellos, Eduardo Weymann, Byron Barrientos y Carlos Wohllers.[11]

Acusaciones y encarcelamiento[editar]

Acusaciones en Estados Unidos[editar]

El 25 de enero de 2010 el fiscal del condado de Nueva York, Estados Unidos, Cyrus Vance Jr. acusó formalmente al ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo de un delito de lavado de dinero, de hasta 60 millones de dólares, por lo que pidió su extradición a ese país.[22]

«Se acusa a Alfonso Portillo de convertir la oficina de la Presidencia de Guatemala en su cajero automático personal», explicó el fiscal Preet Bharara, quien destacó, asimismo, que el ex presidente traicionó «la confianza del pueblo de su nación» con la ejecución de varios sistemas con los que malversó millones de dólares.

Luego de evadir inicialmente a las autoridades, Portillo fue capturado el 26 de enero de 2010 en Punta de Palma, Izabal, cuando supuestamente se preparaba para huir por la Bahía de Amatique hacía Belice, lo cual está en entredicho pues era el lugar menos adecuado para ocultarse de la justicia estadounidense.[23]

El ex presidente Portillo por medio de la cadena de Radio Sonora, denunció que la captura era parte de una conspiración de sectores poderosos a quienes no les agradaron las políticas durante su gobierno.

Inicialmente fue recluido en el centro penitenciario de la zona 18 en la Ciudad de Guatemala.[24] En el mes de febrero de 2010 fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2, pero por orden de juez competente fue retornado al centro penitenciario preventivo de la zona 18. El día viernes 19 de febrero de 2010, y por razones de salud, lo trasladaron al Centro Médico Militar, donde permaneció por un tiempo, hasta que por orden de juez competente fue trasladado de regreso al preventivo de la zona 18. Se encontraba en una celda al lado del sector 12, conocido como el sector de los ex funcionarios.

Suicidio de su primera esposa[editar]

En 18 mayo de 2010, la primera esposa de Portilla -María Eugenia Padua González- se suicidó en el estado mexicano de Guerrero.[25] Padua, una catedrática universitaria de 46 años proveniente de una familia acaudalada, fue encontraba muerta en la sala de una casa en Chilpancingo, municipio de ese estado, con un disparo en la cabeza y una pistola en la mano. Padua no residía en Chilpancingo pero había llegado a visitar a una hermana en los últimos días. Portillo hizo saber que consternado y dolido por la muerte de su ex esposa.[Nota 5]

Juicio en Guatemala por malversación de fondos[editar]

El 9 de mayo de 2011, se dictó la sentencia en contra del ex presidente en el tribunal undécimo, donde quedó absuelto junto a los otros dos implicados, Arévalo Lacs y Maza Castellanos, por falta de pruebas. El veredicto absolutorio de dos de los tres jueces que integraron el tribunal que juzgó al ex presidente fue cuestionado por diversos sectores de la sociedad guatemalteca cuando se descubrió por medio de cámaras de vigilancia, que uno de los abogados defensores del ex mandatario había sostenido platicas con el esposo de una de las jueces que absolvió a Portillo. El Ministerio Público dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal y anunció planes para apelar el fallo, pero la apelación no prosperó.

El viernes 26 de agosto de 2011, la Corte Constitucional de la República dictaminó que debía ser extraditado a los Estados Unidos para que se defienda de cargos de lavado de dinero.

Extradición a Estados Unidos, encarcelamiento y retorno a Guatemala[editar]

Hay muchas expectativas. Quiero que quede muy claro que no me anima ningún puesto de elección popular [...] lo que si me anima, y estoy dispuesto a dar lo poco que yo tengo, es que este país necesita cambiar; el país no va bien y todos somos responsables en este rumbo y en estas condiciones
—Alfonso Portillo
en conferencia de prensa al retornar a Guatemala
25 de febrero de 2015[3]

El 24 de mayo de 2013, fue extraditado a los Estados Unidos.[26] y el martes 18 de marzo de 2014, el ex presidente Portillo reconoció su culpabilidad en una comparecencia ante el juez federal James Patterson logrando así utilizar el sistema judicial norteamericano a su favor para que le fuera impuesta una pena mínimna de apenas un año de prisión.[2]

Portillo regresó a Guatemala el miércoles 25 de febrero de 2015 a Guatemala tras cumplir su condena de cárcel por delito de confabulación para lavar dinero; fue liberado de la prisión de Englewood en Denver, Colorado.

Referencias[editar]

Bibliografía[editar]

Notas[editar]

  1. Palmieri, Jorge (2013). «La extradición de Alfonso Portillo». Archivado desde el original el 16 de diciembre de 2014. Consultado el 25 de febrero de 2015. «Con respecto a su educación, el periodista guatemalteco Jorge Palmieri escribió lo siguiente: No obstante que se dice en un párrafo que obtuvo una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chilpancingo y que se doctoró en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no existe ningún registro de que haya obtenido ninguno de esos títulos en los registros de la Secretaría de Educación de la Federación, donde se conservan los registros de los títulos universitarios. Sin embargo, en la UNAM fui informado de que nunca obtuvo ese doctorado, porque sólo asistió a clases pocas veces.» 
  2. Sin embargo, varios analistas coinciden en que no fue Portillo quien tuvo la idea de mejorar y modernizar el sistema educativo guatemalteco a través de una reforma, ya que esa idea venía desde los gobiernos de Ramiro de León Carpio y Álvaro Arzú.
  3. Descendientes del expresidente Carlos Herrera y Luna.
  4. Hubo un grupo de manifestantes que se dirigió al edificio del Banco Reformador, en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, en donde tiene su sede el grupo de la familia Gutiérrez.
  5. Prensa Libre. «México confirma suicidio de ex esposa de Portillo». Prensa Libre. Archivado desde el original el 12 de octubre de 2014. «Padua y su hija Olitia habrían recibido 2.8 millones de euros, unos Q28 millones, de fondos provenientes del Estado de Guatemala, por lo que Estados Unidos y Francia congeló sus cuentas bancarias». 


Predecesor:
Álvaro Arzú
Coat of arms of Guatemala.svg
Presidente de Guatemala
2000 - 2004
Sucesor:
Óscar Berger