Caso ERE en Andalucía

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Caso ERE en Andalucía
Tribunal Juzgado de Instrucción N° 6 de Sevilla
Fecha 16 de marzo de 2011
Jueces Alaya
Palabras clave
corrupción política, fraude

El Caso ERE en Andalucía, también llamado escándalo de los ERE en Andalucía o EREscándalo,[cita requerida] también conocido como ERE gate[1] o Caso del fondo de reptiles,[2] es una red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que gobierna el PSOE desde el año 1980. El origen de este escándalo andaluz estuvo en la investigación del caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla, en la que fueron detectadas prejubilaciones aparentemente fraudulentas.[3]

El caso ERE está siendo actualmente investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya y por el Tribunal de Cuentas del Estado. La Junta de Andalucía es parte de la acusación particular del caso.

Antecedentes[editar]

En el año 2001, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo, ERE, para realizar prejubilaciones o despidos, y a los trabajadores afectados por estos ERE.[4] [5] [6] Para lo que creó la partida presupuestaria 31L. Esta partida fue dotada con 721 millones de euros hasta el año 2011 y, para su finalización, debería ampliarse hasta la cifra de 1.217 millones. La Junta afirma que el procedimiento es legal,[7] aunque la oposición del Partido Popular y varios medios de comunicación lo niegan, afirmando que el fondo y la utilización de todo el dinero del que disponía la Junta, es irregular.[8] [9]

Características[editar]

La investigación que desarrolla la juez Alaya con la colaboración de la Guardia Civil, sostiene que existieron graves deficiencias en la gestión de las ayudas a los ERE puesto que, a cuenta de dicha partida 31L que fue llamada "fondo de reptiles", se concedieron:[10]

  • Prejubilaciones presuntamente fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas. (12,3 millones de euros).
  • Subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE e, incluso, a personas que no llegaron a crear ninguna empresa. (73,8 millones de euros).
  • Comisiones, muy por encima del valor de mercado, a intermediarios entre la Junta y los trabajadores: aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas. (Entre 50 y 68 millones).

Constituyendo un fraude total de, al menos, 136 millones de euros.[11] Un informe de la Dirección General de Seguros, organismo del Ministerio de Economía y Competitividad de España, eleva el fraude a 152 millones.[12] Asimismo, la juez no descarta el pago de sobornos a cargos políticos de la Junta por parte de los comisionistas.[13]

Terminología[editar]

El que fuera viceconsejero de empleo de la Junta de Andalucía entre los años 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero, declaró ante la policía que la partida 31L era utilizada como un «fondo de reptiles». La expresión «fondo de reptiles» procede de la época de la unificación de Alemania. El canciller Otto von Bismarck disponía de fondos robados en las guerras a sus enemigos. Con aquellos fondos financiaba propaganda a su favor y silenciaba a sus críticos (a los que él llamaba reptiles). La prensa utiliza este término para referirse dicha partida presupuestaria 31L.[14] También se emplea dicho término para los fondos secretos que la policía emplea, presuntamente, en pagar a delatores.

Descripción del fraude[editar]

Los casos Mercasevilla[editar]

El caso de los ERE tuvo su origen en la investigación de un caso de cohecho en torno a la empresa municipal Mercasevilla. La empresa Grupo La Raza, que iba a abrir una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla, recibió una subvención de 900.000 euros de la Junta de Andalucía para este propósito. El empresario se vio sorprendido por dos personas que le exigían la mitad de la subvención, a cambio de garantizarle posteriormente una subvención para dar cursos de formación. Dos exdirectores de Mercasevilla y el exdelegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas, fueron condenados por este caso,[15] aunque Antonio Rivas fué absuelto posteriormente por el Tribunal Supremo que consideró que durante el proceso había sido vulnerada su presunción de inocencia.[16]

A partir de la investigación en dicha empresa municipal salieron a la luz presuntas irregularidades en la venta de unos terrenos propiedad de la empresa municipal en un concurso público supuestamente amañado de lo que se derivó un sumario aparte, es el caso llamado de los terrenos de Mercasevilla.

Un tercer sumario se centra en las irregularidades que pudieron haberse cometido en los ERE solicitados por Mercasevilla en los años 2003 y 2007, es el caso del ERE de Mercasevilla.

Fue en la investigación del caso del ERE de Mercasevilla llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya, donde se detectó que un militante del PSOE de Andalucía residente en Baeza había sido incluido en un ERE de Mercasevilla sin haber trabajado nunca para esta empresa. El posterior descubrimiento de más falsos prejubilados en otros ERE hizo que se derivara el caso de los ERE.[17]

La juez Alaya ha abierto una quinta causa en el asunto de Mercasevilla en la que imputa a los antiguos dirigentes de la empresa delitos de prevaricación y malversación en la adjudicación de la gestión una guardería para la empresa.[18]

Falsos prejubilados[editar]

Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo.[19] El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas durante este período, el llamado fondo de reptiles, ascendió a 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis.[20]

La prejubilación es una fórmula de finalización de contratos laborales, utilizada por acuerdo entre las empresas, los trabajadores y en su caso la Administración, si participa en la financiación de estas. Pese a ser una fórmula que por sí misma no constituye una ilegalidad (de hecho, la práctica de la prejubilación está ampliamente extendida en las empresas españolas),[21] su uso en este caso está cuestionado por la Policía Judicial.[22]

El fraude se produce por la inclusión como prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo a personas que no habían tenido relación laboral con esas empresas o indicando que lo habían hecho por unos periodos de tiempo mayores a los reales.[23] La investigación interna ha detectado 183 prejubilaciones irregulares en un total de 5982 casos analizados, lo que supone el 3,06% del total, en 42 de las 68 empresas beneficiadas del fondo.[24] De las 183 irregularidades, 111 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 72 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas. Entre los prejubilados irregulares, se encontraron a ocho militantes del PSOE,[25] que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los EREs.[26] También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares.[27] El resto de las prejubilaciones no presentaba ninguna anomalía.

Con todos los expedientes analizados, la investigación de la Consejería de Empleo, enviada a la juez del caso, ha calculado que el 1,12% del fondo, es decir, aproximadamente nueve millones de euros, acabaron en las falsas prejubilaciones mencionadas arriba.[28] El resto habría ido a financiar las prejubilaciones restantes que no presentaban anomalías; sin embargo, la oposición del Partido Popular no cree en los datos de la Consejería de la propia Junta (que está implicada en la trama, ver abajo) y ha afirmado en repetidas ocasiones que la totalidad del fondo se ha utilizado de forma fraudulenta.[29] El principal partido de la oposición también estima que existen 190 EREs ya finalizados que no han sido investigados y en los que podría haber prejubilados falsos, igual que en los EREs analizados por la Junta.[30]

Ayudas fraudulentas a empresas[editar]

Las subvenciones para empresas en crisis, como se indica arriba, ascendieron a 85 millones de euros. Estas eran gestionadas por el director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero Benítez, de una forma totalmente discrecional y arbitraria, sin ningún tipo de trámite ni control gubernamental o parlamentario. Guerrero llegó a autorizar peticiones de ayudas que le llegaban en un post-it.[31] La investigación de la jueza Mercedes Alaya ha dado a conocer que Guerrero otorgó 887 subvenciones de forma irregular. Ante estos datos, la jueza decretó el ingreso en prisión de Guerrero.[32]

Más de la mitad de estas subvenciones (50 millones de euros) tuvieron como destino a municipios de la Sierra Norte de Sevilla cuyos alcaldes eran del PSOE.[33] Entre los imputados por este fraude está Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde de Cazalla de la Sierra, hermano del ex-presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla y accionista de tres empresas que recibieron más de 6 millones de euros del "fondo de reptiles".[34]

Juan Francisco Trujillo, chofér del director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, acusó a este ante la Guardia Civil de haberse autorizado a sí mismo y a él, ayudas por valor de un millón y medio de euros, con el fin de constituir dos empresas y una granja de pollos en la Sierra Norte de Sevilla. El chófer de Guerrero anunció ante los medios que con ese dinero no se formó ninguna empresa, sino que fue gastado en cocaína, copas y prostitución.[35] Igualmente, Trujillo también afirmó que sobornaba a Guerrero para conseguir más subvenciones.[36]

El método de investigación[editar]

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía está colaborando con la juez del caso en la investigación de las irregularidades de los ERE.[37] A principios de marzo del mismo año el caso se elevó a la fiscalía anticorrupción, afirmando el Fiscal General del Estado Conde-Pumpido que analizaría la documentación exhaustivamente y llegaría "hasta el final".[38]

El 16 de marzo de 2011 la juez Mercedes Alaya admitió la presentación de la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso. Tanto la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, como el titular de Empleo, Manuel Recio, comparecieron para hacer constar su intención de recuperar todo el dinero que se haya pagado en las prejubilaciones falsas o irregulares descritas arriba.[39] [40]

Comisión de investigación parlamentaria[editar]

Entre febrero de 2011 y junio de 2012, el Parlamento andaluz rechazó sistemáticamente la creación de una comisión de investigación para los ERE mientras el PSOE-A tuvo la mayoría absoluta del pleno.[41] El Partido Socialista defendió el modelo utilizado de investigación interna y asistencia a la juez y argumentó que el establecimiento de una comisión haría la investigación más larga y engorrosa.[42] Por su parte, los otros dos partidos de la cámara autonómica, el Partido Popular e Izquierda Unida, argumentaban que la negativa del PSOE a crear la comisión parlamentaria se debía a que el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, estaría inmerso en la trama corrupta y sus compañeros de partido trataban de encubrirle. El entonces presidente Partido Popular de Andalucía Javier Arenas pidió la dimisión del presidente autonómico Griñán quien contestó a estas peticiones afirmado que ni él ni ninguno de los parlamentarios socialistas estaban implicados en la trama de los ERE irregulares.[43]

Finalmente en junio de 2012 el Parlamento creó esta comisión, al ser una de las condiciones de Izquierda Unida en su pacto con el PSOE tras las elecciones autonómicas. El vicepresidente del Parlamento, Ignacio García Rodríguez, sería el presidente de esta comisión de investigación en la que compareció a petición propia el presidente autonómico, José Antonio Griñán.[44]

La comisión finalizó el 28 de noviembre de 2012. En un parlamento sin mayoría absoluta y con cada formación apoyando únicamente sus tesis, los trabajos se cerraron sin aprobar ninguna resolución sobre el caso. No hubo acuerdo entre las fuerzas políticas: el PSOE sólo exigía responsabilidades políticas al director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero; IU, a los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera; mientras el PP elevaba la culpabilidad hasta la cima de la Junta de Andalucía, en las figuras de los presidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.[45]

Personajes públicos implicados[editar]

De las presuntas prejubilaciones fraudulentas encontradas en el "fondo de reptiles", probablemente la más destacada sea la de Antonio Fernández García, ex-consejero de Empleo de la Junta durante la mayor parte de la realización de la trama. Fernández, incluido en el ERE de la empresa vinícola González Byass, figuraba en dicho expediente como trabajador de la empresa desde el día de su nacimiento.[46] El 14 de marzo de 2011 Fernández fue imputado por tres delitos, de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.[47]

Otro caso con gran repercusión es el de Francisco Rodríguez Donaire, exalcalde y actual consejero socialista del ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva). Durante un tiempo trabajó como administrativo en las minas de Ríotinto, empresa beneficiada del fondo, pero en el ERE de esta empresa, Rodríguez Donaire figuraba como minero, con una prejubilación mucho más cuantiosa que la que le habría correspondido con su auténtico empleo (administrativo). Rodríguez Donaire asegura que nunca percibió ninguna prejubilación al ser incompatible con su sueldo de concejal.[48]

Ramón Polo, militante del Partido Popular y exconcejal de La Carolina (Jaén), es otro de los cargos políticos hallados entre los prejubilados irregulares de los ERE. Polo figuraba como prejubilado en el ERE de la empresa Gres de Vilches, donde sólo había trabajado 170 días.[27] El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, compareció al conocer este caso, pidiendo explicaciones de cómo un empleado de esa empresa pudo prejubilarse con tan pocos días de servicio. El presidente del PP de la provincia de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, respondió inmediatamente a las palabras de Mario Jiménez, afirmando que la inclusión de Ramón Polo en el ERE de Gres de Vilches es una treta del PSOE.[49]

Cristina Ruiz, candidata incluida en la lista del PP a la alcaldía de Córdoba consiguió que su padre fuera asegurado en un ERE para una empresa en la que nunca trabajó, y, como gerente de PROMI, una empresa especializada en la atención a minusválidos, participó en un ERE en el que se colaron 18 "intrusos".[50]

En diciembre de 2011 el exjugador de fútbol vasco, Pizo Gómez, fue acusado de cobrar un cheque de €460 742 a su nombre por impartir su empresa, "Cenforpre", unos cursos de Prevención de riesgos laborales.[51]

Álvaro, hijo de Ruiz-Mateos, tenía una póliza a su nombre por valor de 2,4 millones de euros, en lugar de tenerla a nombre de la Empresa Dhul.[52]

También está imputado Manuel Olivencia, suegro del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, ya que su bufete de abogados asesoró legalmente y gestionó dichos expedientes de regulación de empleo y las prejubilaciones consecuentes. Olivencia percibió 120.000 euros del "fondo de reptiles".[53]

El ex-parlamentario del PSOE-A Ramón Díaz fue imputado el 20 de junio de 2012. Se le atribuye una activa participación en la inclusión de falsos prejubilados en los ERE de tres empresas.[54]

El 2 de julio de 2013, la juez Alaya imputa en el caso a la exministra Magdalena Álvarez, que fuera Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre los años 1994 al 2004, junto a otros 20 exaltos cargos de la Junta, calificando este paso como uno de los más importantes tras dos años de fructuosa investigación.[55]

Petición de imputación de los expresidentes Griñán y Chaves[editar]

El 10 de septiembre de 2013, pocos días después de la dimisión de José Antonio Griñán como presidente de la Junta y su sustitución por Susana Díaz, la juez Mercedes Alaya publica un auto en el que instruye derechos como imputados a los expresidentes andaluces Griñán y Manuel Chaves, y de los exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y José Antonio Viera, permitiéndoles presentarse en la causa y designar a sus abogados defensores. Todos ellos son parlamentarios autonómicos o nacionales, lo que conlleva que, debido a su aforamiento, deben ser juzgados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.[56] En su auto, la juez determina "cierta carga incriminatoria [...] de prevaricación y malversación" de los fondos públicos de la Junta de Andalucía. Las personas mencionadas pasan a tener un estatus "equivalente al de un denunciado o querellado".[57] Los expresidentes Chaves y Griñán, ahora diputado y senador respectivamente, no se consideran imputados si no lo declara así el Tribunal Supremo, competente para juzgarles.[58] [59]

Repercusiones[editar]

El 11 de marzo de 2011, Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Economía y Hacienda, reconoció que, cuando era viceconsejera del ramo, no prestó atención a los informes de la Intervención General de la Consejería de los años 2005, 2006 y 2007, en los que se avisaba de que el método utilizado en la elaboración de los EREs no era el más apropiado y que su uso podría permitir la inscripción de falsos trabajadores. Según su declaración, ignoró estos informes al considerar que no suponían una advertencia importante y, pese a que la ley le obligaba a hacerlo, no informó de ellos al por entonces consejero y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.[60] [61] Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han solicitado la destitución de Martínez Aguayo.[62] [63] El PP acusa a la consejera de hacer de "cortafuegos" para proteger al presidente autonómico y coincide en que ella no conocía el trabajo de la Intervención General, pero no por las causas que argumenta, sino porque los informes debieron ser entregados directamente a José Antonio Griñán,[64] y que tanto él como el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, eran conscientes del riesgo que podría suponer el procedimiento utilizado para conceder las prejubilaciones y aun así no hicieron nada por evitarlo.[65] [66]

En una entrevista en el diario El Mundo, Griñán admite que la Intervención advirtió acerca del uso defectuoso del fondo de los ERE, pero no informó de que esos defectos eran constituyentes de delitos de fraude.[67] Carmen Martínez Aguayo, por su parte, señaló que la responsabilidad política del caso recae en los exconsejeros de Empleo, Viera y Fernández. Esto significaba desmarcarse de la posición que su partido defendió en la comisión de investigación de 2012.[68] Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE, entiende que la juez Mercedes Alaya no haya imputado al exconsejero José Antonio Viera, pues esto le supondría dejar la instrucción de este caso en manos del Tribunal Supremo, al ser Viera diputado del Congreso y por tanto, aforado.[69] El Partido Popular, por su parte, señala a Chaves como la persona clave de este escándalo de corrupción, después de que se conociera que el expresidente andaluz participó personalmente en la negociación de siete ERE presentados por la empresa malagueña A Novo Comlink, en los que se encontraron 42 prejubilados falsos.[70]

Con estos argumentos, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido también la dimisión de Griñán y Chaves -que fue ministro de Política Territorial y vicepresidente segundo del Gobierno de España- y ha anunciado que presentará una querella contra ellos.[71] La secretaria de organización del PSOE-A, Susana Díaz, defendió la actuación de Martínez Aguayo y la colaboración que presta su partido a la Justicia, y acusando al Partido Popular de "perseguir" a los socialistas mientras no combaten la corrupción de su propio partido, en clara alusión al caso Gürtel.[72]

Posteriormente, el 17 de marzo de 2011, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se pronunció en la sesión de control al Gobierno para respaldar la declaración de la consejera Martínez Aguayo, dando a conocer que nunca fue informado sobre la falta de seguridad del "fondo de reptiles" demostrada a la postre con la aparición de intrusos en los EREs.[73] El Partido Popular e Izquierda Unida han vuelto a exigir la destitución de la consejera por faltar a sus obligaciones y esta última formación también ha solicitado la celebración de elecciones anticipadas. Griñán contestó afirmando que iba a agotar la legislatura en marzo de 2012, convocándose elecciones el 25 de marzo de 2012 [74]

El 30 de marzo de 2011 la juez Mercedes Alaya solicitó las actas de todas las las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de los últimos diez años, para comprobar si en realidad el ejecutivo autonómico no era consciente de las irregularidades que se estaban materializando en los pagos de las prejubilaciones. En un principio, la Junta se negó alegando que las actas de sus reuniones son secretas y la juez no tenía competencias para conocer su contenido,[75] aunque posteriormente accedió a remitir las actas en sobres lacrados y siempre con la condición de que el contenido de las mismas no sean revelados al público.[76]

El 1 de abril de 2011, el Parlamento de Andalucía rechazó una proposición no de ley del Partido Popular para reprobar la actuación de los consejeros de Empleo, Manuel Recio, y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, durante el escándalo de los ERE. Sólo apoyaron la moción los diputados del PP (47 votos). El PSOE, con su mayoría absoluta de 56 escaños, bloqueó la iniciativa. Los seis diputados de Izquierda Unida se abstuvieron, lo que provocó una fuerte discusión entre los portavoces de esta coalición y del PP.[77]

El 5 de abril de 2011 el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad una petición para que la Cámara de Cuentas de Andalucía realizase un informe integral sobre todas las ayudas concedidas a los trabajadores de las empresas beneficiadas del "fondo de reptiles".[78] El 22 de junio, un mes y medio después, la Cámara de Cuentas inició la redacción de este informe. Ante esta tardanza, el PP y el PSOE se acusan mutuamente de ser los culpables de los retrasos.[79] El 3 de julio, el Tribunal de Cuentas del Estado admite a trámite una denuncia del Partido Popular e inicia una investigación paralela sobre los ERE irregulares, al entender que existe "un perjuicio a los fondos públicos".[80]

Imputados[editar]

El sábado 10 de marzo de 2012, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ordena el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años, Francisco Javier Guerrero Benítez, ya que entiende que existe riesgo de fuga. Guerrero se convierte en el primero de los alrededor de 50 imputados que va a la cárcel por el desvío fraudulento de 136 millones de euros.[81]

El 8 de septiembre de 2014, tras sumarse al caso unos 20 imputados nuevos, la cifra de implicados ascendió hasta alcanzar los 227 imputados [82]

Operación Heracles: comisiones ilegales[editar]

En la madrugada del 19 de marzo de 2013, la Guardia Civil llevó a cabo la detención de veinte personas, en el marco de las Diligencias Previas que instruía la juez Mercedes Alaya. Además se llevó a cabo la citación para que comparecieran tanto Francisco Javier Guerrero Benítez, que es enviado de nuevo a prisión, como el ex-sindicalista de UGT de Jaén Juan Lanzas, llamado "El conseguidor" que era la persona que negociaba con empresarios, que no teniendo en su empresa ningún problema y dando beneficios con normalidad, querían aplicar un ERE fraudulento y así, poder despedir a trabajadores fijos y con muchos años de antigüedad, utilizando para indemnizarlos, la financiación del plan de los ERE. De ésta forma, el empresario, puede contratar trabajadores con contratos temporales, para ocupar los puestos de trabajo de los trabajadores despedidos mediante el ERE y claro está, los contrata con sueldos mucho menores y además no tiene que pagarles la antigüedad. Esa idea y forma de actuar, fue explicada, por el ex-abogado del empresario Jose María Ruiz Mateos, Joaquín Yvancos, el 30 de marzo de 2013. El abogado Yvancos, añadió que "En cinco empresas de los Ruiz Mateos, se realizaron ERE de ese tipo y para cada uno de ellos, Ruiz Mateos le dio 600.000 € a "El Conseguidor" como "comisión" para que la cosa saliese bien". "Si un maestro, en un colegio cualquiera, en clase de aritmética, plantea un problema (para hacer en casa, con ayuda de Internet y de los padres) con un enunciado de este tipo: Teniendo en cuenta lo que gana un trabajador fijo y con antigüedad en una empresa en España, ¿cuánto dinero se embolsará un empresario o emprendedor, al despedir trabajadores fijos con las ayudas del plan de los ERES, para que ese empresario o emprendedor, llegue a pagar 600.000 € a una supuesta mafia, para conseguir los despidos? El maestro que plantee un problema de ese tipo, ¿está adoctrinando? o ¿está educando a alevines de ciudadanos?". De esta forma el fondo de reptiles había sido utilizado con un propósito totalmente contrario para el que fue ideado en su origen según el presidente Manuel Chaves, que declaró en una entrevista televisiva que el fondo de los ERE fue creado para respaldar con dinero público a empresas con dificultades.[83]

También el abogado Yvancos, dijo el mismo día que vio regatear el importe de la comisión, al receptor de la misma ("El conseguidor") y al donante (el patriarca de los Ruiz Mateos) y que uno de los argumentos que empleaba "El conseguidor" para fijar al alza dicha comisión, era que tenía que repartir con muchos. Al final fijaron los 600.000 € ya citados, lo que al aplicarse a cinco empresas de los Ruiz Mateos, o lo que es lo mismo a cinco ERE (uno por empresa) representaba que los Ruiz Mateos daban al conseguidor tres millones de euros en concepto de comisión. Añadió el abogado, que Ruiz Mateos y "El conseguidor", acordaron que los pagos, Ruiz Mateos los haría a plazos y se los entregaría en mano a "El conseguidor". Yvancos siguió diciendo que al menos en el ERE de la empresa de Ruiz Mateos "González Byass" el sistema que establecieron Ruiz Mateos y "El conseguidor" para ir cobrando los plazos, fue la siguiente: la empresa, comunicaría a "El conseguidor" a modo de contraseña, que: "ya tenía preparadas sus "equis" cajas de vino y podía pasar a recogerlas" a partir de esa comunicación, "El conseguidor" acudía a la empresa y recibía un sobre, con miles de euros, equivalentes a la cantidad "equis" de cajas de vino que en teoría retiraba. De esta forma, los trabajadores de la empresa, no se sorprenderían de ver a "El conseguidor" aparecer tan a menudo por sus instalaciones.[84] Hablar de "vino" para referirse ocultamente a cantidades de dinero es una práctica habitual en la jerga del crimen organizado, como lo demuestra la utilización de este recurso por la banda terrorista ETA según la investigación del caso Faisán.[85]

Esta operación se ha centrado en las empresas intermediarias entre la Junta de Andalucía y los perceptores del dinero de los ERE. Entre las empresas investigadas están las aseguradoras Vitalia y Uniter, además de consultoras y bufetes de abogados.[86] Estas empresas cobraron unas altas comisiones, muy por encima del precio de mercado, por la gestión de los ERE, llevándose un total estimado entre 50 y 68 millones de euros de fondos públicos de la Junta de Andalucía, a través del IFA (actual Agencia IDEA).[87]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. J.A. / ABC.es (6 de marzo de 2011). «El caso de los ERE es negativo para nosotros». Consultado el 9 de marzo de 2011.
  2. Pedro de Tena, Antonio Barreda / LibertadDigital.com (7 de febrero de 2011). «Arenas dice que el caso "fondo de reptiles" es una ofensa a los parados andaluces». Consultado el 9 de marzo de 2011.
  3. Cecilia Cuerdo / ElComercio.es (6 de marzo de 2011). «Una bomba para el PSOE andaluz». Consultado el 9 de marzo de 2011.
  4. bbva. . Consultado el 26 de mayo de 2013.
  5. Griñán mantuvo los ERE falsos para garantizar la "paz social" - Libertad Digital
  6. La Junta dice que la 'paz social' consiste en 'ayudar a los trabajadores con dificultades' - El Mundo
  7. Griñán y Chaves defienden la legalidad del procedimiento para otorgar ayudas - Heraldo de Aragón
  8. El gobierno de Griñán mintió y siguió utilizando el fondo de reptiles - Libertad Digital
  9. Guía práctica para no perderse en el laberinto de los ERE
  10. La Guardia Civil detalla 10 años de descontrol en las ayudas de Empleo - El País
  11. La juez de los ERE enfila a los verdaderos beneficiarios de un fraude de 136 millones - El País
  12. Un informe eleva a 152 millones el dinero defraudado directamente en los ERE - Libertad Digital
  13. La juez apunta al soborno de altos cargos - El País
  14. La Junta gestionaba los ERE como «un fondo de reptiles para crisis» - La Razón
  15. Rivas, Mellet y Ponce, culpables del intento de extorsión a los empresarios
  16. Sentencia del Tribunal Supermo absolutoria de Antonio Rivas
  17. El 'caso Mercasevilla' desgasta a los socialistas - Público
  18. [1]
  19. La Junta de Andalucía eleva a 146 las irregularidades en los ERE - 20 minutos
  20. El 'caso ERE' en cifras - El País
  21. Prejubilar o despedir, ésa es la cuestión - Cinco Días
  22. http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/919201/cuatro/prejubilaciones/ere/mercasevilla/entre/los/nuevos/casos/detectados/por/la/junta.html
  23. http://www.publico.es/360169/los-falsos-prejubilados-caldean-el-debate-andaluz
  24. Balance final de la investigación de los ERE: 72 intrusos y 111 irregularidades administrativas- Europa Press
  25. http://www.elcomerciodigital.com/rc/20110306/mas-actualidad/nacional/bomba-para-psoe-andaluz-201103060200.html
  26. El PSOE da de baja a ocho militantes que figuran como intrusos en los ERE - El País
  27. a b PSOE-A exige que se investigue la "inclusión" de un ex concejal de PP de La Carolina (Jaén) en un ERE
  28. La Junta eleva a 146 las presuntas irregularidades en ERE - Europa Press
  29. "El PSOE utiliza el dinero de los parados en Andalucía para pagar a sus amigos" - Partido Popular
  30. El PP cifra en 190 los ERE que la Junta aún no ha investigado - El Mundo
  31. Empleo admite la «teoría post-it»: pagó ayudas sin expedientes ni solicitudes - La Razón
  32. La jueza del 'caso ERE' cifra en 887 las ayudas concedidas por el exdirectivo de la Junta encarcelado - El Periódico
  33. La agenda de Guerrero avala que tenía contacto directo con sus superiores - La Razón
  34. 6,6 millones para tres empresas participadas por Ángel Rodríguez de la Borbolla - El País
  35. Guerrero Apunta al gabiente de Chaves - ABC
  36. El chófer de Guerrero le dio entre 40.000 y 60.000 euros por las ayudas que gastó en cocaína - RTVE
  37. Junta remite a la Justicia los ERE y apunta a la "responsabilidad directa" de la Dirección de Trabajo en su gestión
  38. http://www.expansion.com/2011/03/04/andalucia/1299256572.html
  39. La Junta formará parte de la acusación y paraliza los pagos en los ERE ilegales - Europa Sur
  40. «La Junta se siente "engañada y avergonzada" por los ERE irregulares» - Europa Sur
  41. http://abcdesevilla.es/20110217/andalucia/sevi-grinan-rechaza-crear-comision-201102171156.html
  42. Empleo quiso evitar un "dilatado procedimiento administrativo" - Europa Sur
  43. Griñán rechaza la comisión de investigación sobre los ERE para no ser "altavoz de los intereses partidistas" - Telemadrid
  44. Arranca la comisión de investigación de los ERE en la que comparecerá Griñán - La Información
  45. El Parlamento concluye sin ninguna valoración política el caso de los ERE - Diario de Cádiz
  46. El ERE al que se sumó Fernández dice que trabajó desde el día que nació - La Razón
  47. «La juez que investiga los ERE imputa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández» - El País
  48. Rodríguez Donaire (PSOE) asegura que "no tiene nada que ocultar" en el ERE de Riotinto - 20 minutos
  49. «Fernández de Moya afirma que Ramón Polo no tiene vinculación con el PP de La Carolina» - Europa Press
  50. [2] - El País
  51. La juez abre expediente al abogado de "Pizo" Gómez y le cita el día 15
  52. La Policía destapa el desmadre en el reparto de los ERE
  53. La juez de los ERE sostiene que el suegro de Arenas cobró ilegalmente 120.000 euros - Público
  54. La juez Alaya imputa al exdiputado del PSOE-A Ramón Díaz y cita en julio a Márquez, Rivera y Barberá - La Información
  55. ABC de Sevilla. «La ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez, imputada por la juez Alaya».
  56. Alaya pide la imputación de Chaves y Griñán por el caso de los ERE - El Mundo
  57. Auto de la juez Mercedes Alaya, 10 de septiembre de 2010
  58. Chaves: “No estoy imputado y del auto no se desprenden indicios para estarlo” - El País
  59. Griñán insiste en que no está imputado pese al auto de Alaya - ABC
  60. Martínez Aguayo: "Nunca le comenté a Griñán los informes de la Intervención" - El País
  61. Griñán, en la pista de baile - El País
  62. PP e IU piden la dimisión de Aguayo por intentar "tapar" a Griñán en el caso de los ERE - Diario de Sevilla
  63. PP e IU piden la dimisión de Martínez Aguayo - Diario de Córdoba
  64. Martínez Cortafuegos - Diario de Sevilla
  65. name=ep160311
  66. González Pons pide la dimisión de Chaves y Griñán - La Cerca
  67. José Antonio Griñán: 'No tengo responsabilidad política en los ERE' - El Mundo
  68. Aguayo considera que Viera y Fernández tienen "responsabilidad política, sin duda" - Europa Sur
  69. IU cree que Aguayo le da "la razón" al apuntar a Viera por los ERE y urge a Alaya a actuar "con rapidez y determinación" - Europa Press
  70. Chaves medió en uno de los ERE más fraudulentos - La Razón
  71. El PP presentará una querella contra cargos del PSOE implicados en el caso de los ERES - La Cerca
  72. El PSOE de Andalucía advierte que el PP “llega tarde con sus ruedas de prensa” sobre los ERE porque “el Gobierno socialista ya ha remitido toda la información a los Tribunales” - La Cerca
  73. Griñán niega haber conocido el informe de intervención sobre los ERE - Europa Sur
  74. Griñán descarta un adelanto de las elecciones autonómicas -
  75. Griñán rechaza enviar a la juez las actas de la Junta por ser reservadas - El País
  76. La Junta acepta el envío a la juez de las actas selladas tras un nuevo ultimátum - Europa Sur
  77. «Rechazada la reprobación de Aguayo y Recio» - ABC de Sevilla
  78. «El Parlamento pide a la Cámara de Cuentas que fiscalice las ayudas a los ERE desde 2001» - El País
  79. «El PSOE acusa al PP de entorpecer la investigación sobre los ERE» - ABC de Sevilla
  80. «El Tribunal de Cuentas investigará el caso de los ERE» - El País
  81. «La juez decreta prisión sin fianza para Guerrero por el caso de los ERE». MSN Noticias. 
  82. Europa Press (ed.): «Alaya imputa a un abogado de la Junta y a otras 19 personas en el caso de los ERE, que alcanza los 227 imputados» (8 de septiembre de 2014).
  83. Manuel Chaves en "Pido la palabra" - Canal Sur
  84. El Gran Debate. Tele Cinco. 30 marzo 2013
  85. El Mundo (ed.): «El investigador del Faisán dice que sus mandos le ordenaron no informar al juez» (16 de septiembre de 2013).
  86. La Guardia Civil contabiliza una veintena de detenciones, 9 imputados citados a declarar y 13 registros - El Diario
  87. «La juez vuelve a enviar a prisión al exdirector de los ERE fraudulentos» - El País