Masacre de La Cantuta

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda

La Masacre de La Cantuta tuvo lugar en el Perú el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori. Un profesor universitario y nueve estudiantes de la limeña Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida [1]. como La Cantuta debido al nombre de la zona donde se encuentra) fueron secuestrados y desaparecidos por el destacamento Grupo Colina, pertenecientes al Ejército Peruano. El incidente es notable no sólo por las violaciones a los derechos humanos que implicó, aunque no fue enjuiciado por Lesa Humanidad [2], sino por la Ley de Amnistía promulgada a favor de civiles y agentes del Estado que hubieran estado a cargo de la represión de la violencia terrorista desde 1980 hasta 1995 [3]. Fue uno de los crímenes que se cometieron durante el Siglo XX para reprimir la violencia terrorista maoísta y leninista que los agentes del Estado cometían durante varios gobiernos y que el gobierno peruano presentó como parte del expediente de extradición de Fujimori frente al gobierno de Japón en el 2003 y ante el gobierno de Chile en enero 2006 [4].

Contexto[editar]

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue fundada como un centro de preparación de docentes en 1822, logrando el estatuto de universidad en 1965. Fue cerrada por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú en 1977 debido a las actividades políticas de los radicales de izquierda [5] y reabierto en 1980.

Debido a los problemas económicos ocasionados por la intervención del gobierno militar en la economía y al Maoísmo que captaba a numerosos estudiantes y educadores, La Cantuta se ganó la reputación de ser un centro de adoctrinamiento para ejecutar acciones radicales desde los años 1950 [6]. Fue justamente una serie de protestas estudiantiles en el campus; incluyendo el bloqueo de la línea ferroviaria que une Lima con el interior del país – lo que llevó a la suspensión de sus actividades en 1977.

Con el retorno a la democracia en 1980, el presidente Fernando Belaúnde Terry reabrió la universidad. Los elementos radicales multiplicaron sus actividades de reclutamiento y adoctrinamiento en las universidades y se inició el ataque a la población por parte de las bandas terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, quienes tuvieron una fuerte presencia en dicho campus. A inicios de los años 1990, después de la fuga de la cárcel de una gran cantidad de terroristas del MRTA, se observó la fragmentación de grupos de izquierda en el campus ante las amenazas de los integrantes de Sendero Luminoso para alcanzar una influencia por medio del terror al estilo maoísta-leninista. En 1991, estudiantes senderistas de la universidad asesinaron a la Sra. Rosa Pretell, encargada y supervisora de las residencias universitarias, y luego del crimen, tomaron por la fuerza las residencias, alojando a sus militantes y desalojando a los estudiantes que ahí vivían por razones económicas. Luego asesinaron al Profesor de Historia Franklin Távara, que estaba postulando a la alcaldía de Chaclacayo. Este largo historial delictivo de la banda senderista no pudo ser controlada debido a la falta de una legislación adecuada y un servicio de inteligencia fragmentado. El 13 de febrero de 1987, durante el estado de emergencia y en medio del toque de queda impuesto en Lima, alrededor de cuatro mil policías ingresaron en horas de la madrugada a las residencias universitarias de tres universidades estatales de Lima: San Marcos, Ingeniería y La Cantuta. En la madrugada del 20 de abril de 1989, fuerzas conjuntas de la Policía Nacional del Perú y el Ejército del Perú arrestaron a más de 500 estudiantes bajo cargos de subversión luego de ingresar a la Universidad La Cantuta y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En 1989 y 1991 el gobierno peruano promulgó Directivas, y en la última se ordenaba a las Fuerzas Armadas que realizara actividades civiles de patrullaje sin armamento y de ornamentación en las universidades nacionales, a fin de restablecer el orden y garantizar el derecho al estudio de los universitarios que las bandas terroristas violaba constantemente. Entre ellas se puede mencionar a la Directiva 017 – 89 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Directiva de Gobierno 001 – 90, la Directiva 009 – 91 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Cartilla de Derechos Humanos de agosto de 1991, la Directiva 003 – 91 “Planeamiento de la Defensa Nacional para la Pacificación”, la Directiva No. 001 –92 “Normas de procedimiento para el procesamiento de denuncias de violaciones de derechos humanos” [7].

La Directiva 003 permitió borrar gran cantidad de graffiti a favor de Sendero Luminoso y de su cabecilla Abimael Guzmán Reynoso, lo cual fue aprobado por los estudiantes al permitirles progresar en sus estudios en vez de soportar las innumerables paralizaciones de clases y las amenazas de los simpatizantes de las bandas terroristas [8], [9].

Secuestro de julio de 1992[editar]

En la madrugada del 18 de julio de 1992, 2 días luego de la explosión del coche bomba en la céntrica calle miraflorina de Tarata, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército así como de la Dirección de Inteligencia del Ejército, recibieron la orden de intervenir la residencia universitaria de la Universidad Enrique Guzmán y Valle al sospechar que habían ayudado a realizar el atentado. El Grupo Colina ingresó al campus y seleccionó a los sospechosos de acuerdo a la información de agentes infiltrados como alumnos, lo cual no era parte de las órdenes del gobierno descritas en la Directiva 003-91- MD-SDN, de enero de 1991, sino que era iniciativa propia de la organización militar, la cual tenía una visión de represión similar a la desplegada durante los gobiernos anteriores a 1990 (masacre de Putis, Accomarca, Cayara y otros). [10].

Una vez llegados a la residencia los estudiantes fueron seleccionados de acuerdo a la información de los agentes infiltrados como estudiantes. Los estudiantes detenidos fueron Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Édgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, y Juan Gabriel Mariños Figueroa. Eran sospechosos de estar relacionados con el atentado terrorista en la Calle Tarata, que destruyó edificios y existieron decenas de víctimas. Un grupo de agentes irrumpió en la habitación del profesor Hugo Muñoz Sánchez, conocido simpatizante de Sendero Luminoso, a quien detuvieron luego de registrar su dormitorio. [11].

Juicios y amnistía[editar]

En abril de 1993, un grupo de oficiales militares peruanos liberaron anónimamente un documento detallando los eventos en La Cantuta. Su documento señalaba que el escuadrón de la muerte había secuestrado, torturado y asesinado a las víctimas enterrándolas rápidamente luego. Posteriormente, tal como se señaló durante una investigación iniciada por el Congreso, las fuerzas armadas exhumaron, incineraron, y volvieron a enterrar los cuerpos en otra ubicación. Los "soplones" militares nombraron a los miembros del Grupo Colina que participaron en el incidente, identificando al jefe de las operaciones – Mayor Santiago Martin Rivas – y señalaron que el grupo operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos, la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del presidente Fujimori quien también tenía conocimiento de estos acontecimientos.

El 6 de mayo, el General de División Rodolfo Robles Espinoza, tercer oficial de mayor rango del ejército, denunció públicamente varias violaciones a los derechos humanos cometidas por el SIN y las fuerzas armadas, incluyendo la matanza de La Cantuta. (Posteriormente fue dado de baja del ejército y fue víctima de amenazas de muerte). Finalmente huyó del país logrando el asilo político en Argentina.

En junio de 1993, Justo Arizapana Vicente, un reciclador que trabajaba, y su amigo Guillermo Catacora, entregaron un plano al congresista Roger Cáceres Velásquez y al periodista de Radio Comas Juan Jara Berrospi.[1] Cáceres compartió luego el plano con la revista que lo publicó en julio de ese año. Una investigación en el sitio indicado en el plano por el fiscal reveló cuatro fosas clandestinas. Los análisis forenses llevados en los restos, y en otro grupo de huesos encontrados en otro sitio, revelaron que pertenecían a Muñoz Sánchez y a varios de los estudiantes, y que al menos algunos de ellos mostraban signos de tortura y de haber sido ejecutados mediante un disparo en la nuca. (Barreto fue asesinada algunos años después– su cuerpo decapitado y desmembrado, con muestras de haber sido torturada, se encontró en marzo de 1997.)

Las autoridades militares iniciaron una investigación de las matanzas en mayo de 1993. Adicionalmente, en diciembre de 1993, un fiscal levantó cargos contra varios miembros del ejército. Un conflicto de jurisdicción se motivó entre los fueros militar y civil. La controversia se ventiló ante la Corte Suprema de la República la que, el 3 de febrero de 1994, decidió que no era capaz de determinar qué fuero debía aplicarse. Consecuentemente, la noche del 7 de febrero, el Congreso aprobó una ley según la cual la Corte Suprema podía decidir ese tipo de materias mediante la existencia de mayoría simple, en vez del voto unánime que se exigía. En un voto de tres a dos, la Sala Penal de la Corte Suprema decidió que el caso debía ventilarse bajo la jurisdicción militar.

El 21 de febrero de 1994, el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció a diez de los autores a sentencias de prisión entre 1 y 20 años.

Luego de la reelección de Alberto Fujimori en abril de 1995, en otra sesión nocturna del 14 de junio de 1995, el Congreso aprobó la Ley Nº 26749 conocida como la "Ley de Amnistía", que ordenaba la liberación de todos los oficiales policiales, soldados y civiles presos o acusados por crímenes civiles o militares durante la lucha antiterrorista. El 15 de julio, el Consejo Supremo de Justicia Militar ordenó la liberación de todos los individuos presos por la matanza de La Cantuta.

Derogación de la Ley de Amnistía[editar]

La Ley de Amnistía fue abrogada al final del gobierno de Fujimori en el 2000 y, el 21 de marzo del 2001, la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, presentó cargos contra Fujimori acusándolo de ser uno de los "coautores" de esta masacre y de la Masacre de Barrios Altos de 1991. Presentó evidencias de que Fujimori, actuando en conjunto con Vladimiro Montesinos, ejerció control sobre el Grupo Colina. Los cargos alegaban que el grupo no hubiera cometido crímenes de esa magnitud sin las órdenes expresas de Fujimori o sin su consentimiento, y que la formación y el funcionamiento del mismo fue parte de una política integral contrasubversiva que implicó sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.

Juicio a Fujimori: Las víctimas no eran terroristas[editar]

Durante el juicio al expresidente Alberto Fujimori, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia finalmente determinó que ninguno de los estudiantes, ni el profesor del caso La Cantuta, tenían vínculos con algún grupo subversivo. [12] Fujimori recibió el 7 de abril de 2009 una pena de 25 años de prisión efectiva, por considerarse estos asesinatos selectivos como delitos de lesa humanidad.

El día 02 de enero de 2010, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la sentencia de 25 años de prisión a Alberto Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos, y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]