Rumasa

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Rumasa (Ruiz Mateos Sociedad Anónima) fue un grupo de empresas españolas propiedad de la familia Ruiz-Mateos y Jimenez de Tejada, cuya matriz fue fundada en 1961. Rumasa fue expropiada por el Gobierno español el 23 de febrero de 1983, en virtud del Decreto-Ley 2/1983, por razones de utilidad pública e interés social.[1] El grupo Rumasa, en el momento de publicarse la disposición, estaba constituido por más de 700 empresas, con una plantilla que alcanzaba las 60.000 personas, facturando unos 350.000 millones de pesetas (más de 2.000 millones de euros) anuales. Tras la expropiación fue reprivatizada por partes.

Actividades de la empresa[editar]

El grupo se cimentó principalmente en el sector vitivinícola, y el bancario. Su crecimiento paulatino solía realizarse a través de la adquisición de empresas con problemas económicos para su reflotamiento, y con su diversificación fue convirtiéndose en un grupo de empresas que se apoyaban unas a otras. Rumasa estaba presente, entre otros, en los siguientes sectores:

El emblema de todo el grupo de empresas era una abeja, símbolo de laboriosidad, contenida en una celda. El grupo producía una revista para sus empleados: La Colmena.

Expropiación por el Estado[editar]

El 23 de febrero de 1983, el Consejo de Ministros del Gobierno de España decreta la expropiación forzosa del grupo al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución española.[2] Las razones aducidas en el decreto de expropiación son:

  • La reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades más importantes desde el año 1978.
  • La permanente obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España.
  • Los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo
  • La desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos.
  • La arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo.

Igualmente el grupo mantenía una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de 10.774 millones de pesetas (64.760.050€)[3] y una deuda con Hacienda de 19.300 millones de pesetas (116.007.886€), desglosada en 5.200 millones de pesetas en retenciones a los 65.000 trabajadores por IRPF e IRTP (Impuesto sobre la Renta del Trabajo Personal), 5.600 millones de pesetas en retenciones a accionistas por rendimientos de capital en IRPF, y 8.500 millones de pesetas a clientes por Impuesto sobre el Lujo e Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas en facturas.

El detonante probable de la expropiación forzosa fue la interrupción, 2 meses antes, de la auditoría contratada por RUMASA a Arthur Andersen,[4] que se encontraba en torno al 75% de su ejecución. Fue esta misma empresa auditora la seleccionada por el Ministerio de Economía y Hacienda para la realización de la auditoría ejecutada al grupo tras las expropiación.[5]

El gobierno usó la expropiación en lugar de una intervención limitada a los bancos por la complejidad del entramado del grupo y al no considerar los problemas como coyunturales, sino estructurales. Entre las razones aducidas estaban la utilidad pública e interés social, la defensa de la estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de los depositantes y trabajadores, y finalmente el respeto de los derechos de los accionistas mediante el pago por sus acciones.

Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda cuando se produjo la expropiación y uno de los responsables últimos de la misma, afirmó en 1997 que: «la expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz-Mateos por unos presuntos delitos que hubieran correspondido a los tribunales depurar. Fue una medida de política económica, con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra, que, en las difíciles circunstancias de 1983, nos pareció que podría tener unas consecuencias muy graves».[6]

La Policía Nacional registró y precintó las distintas sedes de Rumasa, y el domicilio familiar del empresario, el mismo 23 de febrero de 1983 iniciando así públicamente el proceso de expropiación por el Gobierno español.

La lucha judicial[editar]

Tras la expropiación, Ruiz Mateos huyó a Londres el 4 de marzo de 1983. Desde ese momento se siguieron múltiples procesos judiciales, que en una primera parte tuvieron como objeto dirimir la legalidad de la operación de expropiación. Una segunda tanda de procedimientos judiciales tuvo lugar por una parte con el intento de Ruiz Mateos de recuperar diversas empresas de Rumasa y revertir su venta; y por otro lado, la Fiscalía española le demandó una responsabilidad civil de 677.500 millones de pesetas (más de 4.000 millones de euros) por el estado financiero del grupo en el momento de la expropiación y por la inyección de dinero que necesitó realizar posteriormente.

El 25 de Abril de 1985 Ruiz Mateos fue detenido en el aeropuerto de Francfort, y el 1 de diciembre fue extraditado a España desde Alemania, el procedimiento de extradición limitó los cargos de procesamiento a los delitos de falsedad documental y contable, y elevó el proceso contra éste a la Audiencia Nacional.

Legalidad de la expropiación[editar]

La primera sentencia de fundamental importancia en este asunto fue la dictada por el Tribunal Constitucional el 2 de diciembre de 1983 (Sentencia TC 111/1983).[7] La Sentencia desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por diputados de Alianza Popular contra el Real Decreto-ley 2/1983. En la votación de la Sentencia hubo empate entre los doce magistrados que componían el Pleno del Tribunal Constitucional; imponiéndose la desestimación del recurso por el voto de calidad de su presidente, Manuel García-Pelayo y Alonso (el Presidente tiene «voto de calidad» en caso de empate). El Tribunal Constitucional reafirmó la medida en dos sentencias (1986 y 1991) y un auto (1990).[8] [9]

Reversión de la expropiación[editar]

En el tema de la reversión de las empresas, el Tribunal Supremo abrió 165 procedimientos promovidos por Ruiz-Mateos para que se le devolvieran 163 empresas del grupo, pronunciándose en contra de la reversión. Ruiz-Mateos recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la valoración de las sociedades o justiprecio (precio por acción). En 96 sociedades la valoración fue positiva y se pagaron 70,6 millones de euros a accionistas minoritarios, y en 126 fue negativa.[9] Los Tribunales Constitucional y Supremo también acordaron en nueve sentencias que se había respetado la legalidad en la reprivatización de Galerías Preciados, Banco Atlántico, Hotasa e inmobiliarias.

Justiprecio e indemnizaciones[editar]

En relación con el justiprecio de los accionistas de las empresas expropiadas, el Tribunal Supremo también ha fallado en dos ocasiones que la fijación del justiprecio solo era aplicable a los accionistas terceros minoritarios y no a los propietarios del Grupo Rumasa, que estos (familia Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada) deberían atenerse a lo que resulte del proceso de consolidación total de las cuentas en la cabecera del grupo. El valor total del holding según los criterios fijados por el Jurado de Expropiación, supondría un valor de -438.351 millones de pesetas (2.634 millones de euros). La asunción de este criterio por el Supremo de la consolidación de las cuentas del grupo para determinar las indemnizaciones de la familia Ruiz-Mateos, supone que no debería cobrar ninguna cantidad de indemnización.[9] [10]

La familia Ruiz-Mateos afirmó en mayo de 2010 que continuaría solicitando la ejecución de los justiprecios positivos por la expropiación de Rumasa, «reconocidos por el Estado Español en sentencias firmes» según su propia versión, y que ascenderían a la cantidad de 2.095 millones de euros y que transcurridos de 27 años dicen que continúan pendientes de pago.[11]

Responsabilidad de José María Ruiz-Mateos[editar]

En cuanto a las responsabilidades de José María Ruiz-Mateos, el 12 de junio de 1997 la Audiencia Nacional absolvió a Ruiz-Mateos y a otros cuatro acusados de los delitos de falsedad y estafa. En la sentencia se consideraron probadas diversas falsedades e impagos a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, aunque por los cambios normativos producidos en el Código Penal no se encontró culpables a los acusados. El 25 de marzo de 1999, el Tribunal Supremo confirmó dicha absolución, librándole de la fianza de responsabilidad civil.


Teorías conspirativas[editar]

Los métodos de ejecución de esta expropiación hicieron que surgieran numerosas teorías conspirativas acerca de la misma. Estas teorías se detallan más abajo.

Existe la teoría afirmando que la pertenencia de José María Ruiz Mateos al Opus Dei, y el supuesto control que este grupo católico y opuesto al PSOE ejercía sobre Rumasa, podrían haber motivado al Gobierno a realizar la intervención, ante el temor de que el grupo fuera utilizado para condicionar negativamente a la economía española, provocando así una eventual caída del Gobierno.[cita requerida]

La justificación dada por el gobierno fue que Rumasa estaba en riesgo de quiebra, y que la conservación de los puestos de trabajo exigía una intervención estatal. Los críticos de esta intervención alegan que Rumasa no estaba en peor estado que la mayor parte de las empresas españolas de la época y que la expropiación tuvo por lo tanto motivos estrictamente políticos, ya que la Banca española, con la que el PSOE quería congraciarse, veía a un peligroso competidor en José María Ruiz-Mateos, que estaba gestionando bancos propios sin formar parte de las «familias» bancarias tradicionales españolas. Además, la intervención fue criticada al considerar que no se trataba de una expropiación amparada por la Constitución Española, sino una confiscación de carácter inconstitucional. Pese a ello, y tras un difícil debate en el Pleno del Tribunal Constitucional en el que los votos de los magistrados estaban empatados, el Decreto Ley fue considerado constitucional gracias al voto de calidad de su Presidente.[cita requerida]

Venta y liquidación del grupo[editar]

Inicialmente se consideró la nacionalización del grupo expropiado, pero después se procedió a su reprivatización. No pudiendo encontrarse un comprador para todo el grupo, debido a su gran tamaño, el Estado comenzó a vender las empresas que componían el grupo de forma individualizada. Este proceso duró varios años hasta que en 2002 la SEPI concluyó la privatización de RUMASA vendiendo las últimas fincas del grupo. [cita requerida]

Uno de los casos más destacados fue el de la venta de Galerías Preciados, una cadena de grandes almacenes con presencia en la mayor parte de las capitales españolas. Un año después de la expropiación fue privatizada mediante la venta al grupo venezolano Cisneros, que se la adjudicó por cerca de 1.000 millones de pesetas. En 1987, y tras varios ejercicios con pérdidas, Cisneros vendió la empresa al grupo británico Mountleigh por más de 30.000 millones de pesetas.[12] El grupo Mountleigh puso a Peter Carr al frente, y renovó tanto las tiendas como la imagen corporativa de la empresa. Sin embargo, los propietarios de Galerías atravesaron una difícil situación interna que afectó a la compañía.[13] Tras entrar en números rojos, Mountleigh vendió la cadena en 1992 a un grupo inversor español, liderado por los empresarios Justo López Tello y Fernando Sada, por un importe de 21.200 millones de pesetas.[14] La compañía no remontó su situación y las deudas a corto plazo aumentaron un 62% en menos de un año,[15] por lo que la empresa tuvo que declararse en suspensión de pagos dos años después, con una deuda de 28.000 millones.[16]

En 1995 se efectuó la absorción de Galerías por parte de El Corte Inglés, quien remodeló y mantuvo los 22 establecimientos que adquirió entonces a la empresa absorbida.[17]

El Estado recurrió a una emisión de deuda pública especial de 560.000 millones de pesetas (3.365 millones de euros) para seguir manteniendo las empresas del grupo en funcionamiento mientras que encontraba compradores privados para ellas. Finalmente, estos gastos superaron el billón de pesetas.[cita requerida]

Consecuencias[editar]

La expropiación fue un proceso extraordinario que ha alimentado las páginas de los periódicos españoles durante muchos años. Consumada la expropiación, y tras alguna protesta de Alianza Popular (principal partido de oposición al gobierno del PSOE de entonces), los medios de comunicación españoles mostraron poco interés adicional en el asunto Rumasa.

José María Ruiz Mateos, como medio de recuperar el protagonismo público, comenzó una serie de actos de protesta extravagantes que le volvieron a poner en las páginas de los periódicos españoles y que perduran en la cultura popular contemporánea. Algunos de estos actos de protesta fueron:

  • Contratación de avionetas que hizo volar sobre ciudades españolas con pancartas con textos acusando de robo al gobierno español.
  • Apariciones relámpago, burlando a la policía, en actos públicos (por ejemplo, en fiestas locales) por toda España, estando en búsqueda y captura.
  • El famoso incidente, muy imitado tanto en la televisión como en la calle ("Que te pego, leche", "Malvado" -con una "a" pronunciadamente alargada) que protagonizó a la salida del juzgado. En aquella ocasión golpeó en la cabeza con su puño a Miguel Boyer, ministro de economía en el momento de la expropiación. Años más tarde, una de estas frases fue utilizada en la propaganda de Bombones Trappa, modificada para la ocasión como "¡Que te atrapo, leche!".
  • Anuncios televisivos de productos de la Nueva Rumasa en los que José María Ruiz Mateos aparecía galanteando a una complaciente actriz, muy parecida físicamente a Isabel Preysler, entonces esposa de Miguel Boyer.
  • Presentación a las elecciones europeas ("Agrupación de electores Ruiz Mateos"), en las cuales el colegio electoral único le permitió obtener hasta dos escaños en el Parlamento Europeo. Muchos de los votos que obtuvo fueron un voto de protesta contra el sistema de partidos español.
  • Apariciones ante la prensa disfrazado de Superman con el logotipo de Rumasa.
  • Creación de la emisora de radio Radio Libertad

José María Ruiz Mateos consiguió crear un nuevo grupo de empresas, al que denominó Nueva Rumasa. En febrero de 2011, las 10 mayores empresas del grupo se acogieron a la Ley Concursal para tratar de evitar una inminente suspensión de pagos.[18]

Referencias[editar]

  1. http://www.boe.es/boe/dias/1983/02/24/pdfs/A05294-05295.pdf
  2. Real Decreto-Ley 2/1983, de 23 de febrero, de expropiación, por razones de utilidad pública e interés social, de los bancos y otras sociedades que componen el grupo "RUMASA, S. A."
  3. Diario ABC (1/12/1985)
  4. Diario ABC (29/1/1983)
  5. Diario El País (1/3/1983)
  6. Diario Cinco Días (22/02/2003)
  7. Sentencia 111/1983, de 2/12/1983, del pleno del Tribunal Constitucional de España, desestimando el recurso de inconstitucionalidad núm. 116/1983, promovido por José María Ruiz Gallardón, como representante y comisionado de cincuenta y cuatro Diputados más, contra el Real Decreto-ley 2/1983.
  8. Sentencia 6/1991, de 15 de enero, del pleno del Tribunal Constitucional de España, en la cuestión de inconstitucionalidad 1628/1989, en relación con los articulos 1 y 2 de la ley 7/1983, de 29 de junio, sobre expropiación por razones de utilidad pública e interés social de los bancos y otras sociedades que componen el "grupo RUMASA, Sociedad Anonima".
  9. a b c «Dieciocho años de pleitos perdidos en España y en el extranjero». Diario el país (26/03/2001). Consultado el 20 de febrero de 2011.
  10. «Dieciocho años de pleitos perdidos en España y en el extranjero». Diario el país (7/06/2001). Consultado el 20 de febrero de 2011.
  11. Los Ruiz-Mateos piden ejecutar los justiprecios por la expropiación de Rumasa - 26/05/10 - 2176297 - elEconomista.es
  12. Las pérdidas minaron la capacidad de “aguante” y el interés de Cisneros por Galerías La Vanguardia, 14 de octubre de 1987
  13. Mountleigh estudia la venta de sús negocios a Sasea La Vanguardia, 3 de diciembre de 1988
  14. Tres empresarios españoles compran Galerías por 21.200 millones La Vanguardia, 31 de octubre de 1992
  15. Galerías hipotecó sus centros para lograr suministros de los proveedores La Vanguardia, 14 de noviembre de 1994
  16. Galerías suspende pagos El Mundo, 18 de diciembre de 1994
  17. El Corte Inglés se adjudica Galerías Preciados El Mundo, 8 de junio de 1995
  18. El País (17 de febrero de 2011). «Nueva Rumasa inicia la suspensión de pagos de sus 10 mayores empresas».

Bibliografía[editar]

  • Tamames, Ramón (1995). La economía española: 1975-1995. Madrid: Temas de Hoy. ISBN 84-7880-561-3. 
  • La colmena, revista interna del grupo Rumasa.

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]