Ricardo Obregón Cano
Ricardo Armando Obregón Cano (11 de abril de 1918, Río Cuarto, Córdoba), es un político argentino, partidario justicialista, odontólogo y quincuagésimo tercer (53º) Gobernador de Córdoba elegido constitucionalmente.
Biografía
Origen y formación
Dirigente de larga trayectoria en el Partido Peronista de Córdoba. Fue elegido Senador de la Provincia de Córdoba en 1951, en representación del Departamento Río Cuarto. Inmediatamente, fue elegido -y reelegido en dos oportunidades- presidente del Bloque de Senadores del Partido Peronista, al tiempo que ocupaba la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ese cuerpo legislativo.
Renunció en 1954 para ser designado Ministro de Gobierno, Educación, Culto y Justicia de Córdoba por el gobernador Raúl Lucini. En 1962 fue electo Diputado de la Nación Argentina por el Partido Laborista (Argentina), en comicios que luego fueron anulados. En 1963 fue nuevamente candidato a Diputado, pero renunció a su postulación para propiciar el voto en blanco, en una actitud que luego fue ratificada por la conducción partidaria.[1]
Gobernador de Córdoba
El 12 de abril de 1971, por el Decreto Nº 18.975, los partidos políticos inician su etapa de reorganización a nivel nacional y en las provincias, para las elecciones que restablecerían nuevamente el sistema democrático de gobierno. Elegido por Perón, por sus antecedentes políticos en la provincia y su incondicional lealtad, Obregón Cano fue designado delegado del Consejo Superior Peronista para llevar adelante la tarea de reorganización partidaria en Córdoba; luego de la convocatoria a elecciones del gobierno de facto presidido, en ese entonces, por Alejandro Agustín Lanusse.
En virtud del llamado a comicios internos para el 21 de junio de 1972, las distintas vertientes del peronismo de Córdoba se realinearon en alianzas y adhesiones para enfrentar la contienda por la conducción partidaria y la definición de la fórmula para gobernador y vicegobernador; en franca desobediencia a las directivas de Perón, cuya orden había sido conformar en todos los distritos listas de unidad.
Por un lado, integrando la Lista Unidad encabezada por Obregón Cano -presidente de la Junta promotora provincial del Partido Justicialista-; acompañado por el gremialista Hipólito Atilio López, máximo dirigente de la "Corriente Legalista" de las 62 organizaciones peronistas. A su alrededor se congregaron distintos dirigentes de la izquierda peronista: Rodolfo Vittar -Juventud Peronista-, Carlos Blas García -Juventud Revolucionaria Peronista-, Norberto Erico Tejada -Peronismo en Lucha- y Fausto Rodriguez -Movimiento Revolucionario Peronista-.
En oposición a ellos, la ortodoxia peronista levantó las candidaturas de Julio Antún -Mesa Redonda Permanente Peronista- y del líder sindical de la Unión Obrera Metalúrgica Alejo Simó.[1] Alrededor de ellos, se congregaron distintos dirigentes de la derecha peronista: el dirigente Raúl Bercovich Rodríguez -Unidad y Lealtad- y cerca de una veintena de sindicalistas pertenecientes a la "Corriente ortodoxa" de las 62 organizaciones peronistas.
Pese a la agresiva campaña de Antún y Simó, calificando a Obregón Cano como representante de la "trenza liberal-marxista", la Lista Unidad se impuso con casi el 60% de los votos. Ante la derrota, Antún alegó fraude en su contra y apeló a la Justicia Electoral Federal, pero esta convalidó los resultados. Inmediatamente, se constituyó el Frejuli -Frente Justicialista de Liberación-, que además integraban el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Movimiento de Acción Popular, el Partido de Vanguardia Popular y la Democracia Cristiana, bajo el lema "de la resistencia al poder".
En las elecciones generales del 11 de marzo de 1973, los candidatos de la coalición peronista obtuvieron el 44,2% y una diferencia de apenas 12.820 votos sobre el candidato de la Unión Cívica Radical Víctor Martínez, que cosechó el 43,1%. Estos resultados se tradujeron en una pareja distribución de la representación parlamentaria en la Provincia de Córdoba (Argentina): en la Cámara de Diputados de Córdoba, el Frejuli obtuvo 19 bancas y los radicales 17; en la Cámara de Senadores de Córdoba, al Frejuli le correspondieron 26 escaños y a la UCR 16.
Como la ingeniería electoral dispuesta por el gobierno militar establecía el ballottage, en caso de que ninguna fórmula alcanzara el 50% más uno de los votos, debió celebrarse una segunda vuelta electoral el 15 de abril. El hecho más importante de la historia de la democracia de la provincia de Córdoba hasta entonces, y que definiera el resultado de la elección, fue el primer debate realizado entre dos candidatos a gobernador, los dos más votados, el 8 de abril de 1973. Fue organizado por las autoridades de Canal 10, televisora local, con intervención de La Voz del Interior, Canal 8 y Radio Universidad. El moderador del encuentro fue el periodista Jorge Pérez Gaudio, director del informativo de Canal 10 y gerente de Radio Universidad. Los tópicos que trataron los candidatos fueron simples: presupuesto, impuestos, educación, salud pública, el estado de derecho y los derechos humanos. En aquella época, la señal del Canal 10 cubría el Gran Córdoba y si bien no había mediciones de rating, los periodistas que cubrieron el evento aseguraron que tuvo gran audiencia e, incluso, fue decisivo para torcer una porción importante del electorado hacia Obregón Cano. El moderador recuerda que unos años después, se encontró casualmente con Víctor Martínez y que el ex Vicepresidente de la República Argentina le dijo que ese debate le había hecho perder la elección.[2] En la elección general del 15 de abril, finalmente, se impuso el Frejuli con el 53,84% y una diferencia de 86.566 votos.
Conflictividad social
Obregón Cano e Hipólito Atilio López prestaron juramento el 25 de mayo ante la Asamblea Legislativa de Córdoba. En su mensaje de asunción, el gobernador convocó a todo el pueblo "sin distinción de ideas políticas" para que otorgasen "a los intereses colectivos y a los intereses nacionales un carácter prioritario" y, aseguró que no toleraría "la restauración de viejas antinomias". y pidió una tregua política y social. Colocó a la Unión Cívica Radical, principal partido opositor, en el lugar del adversario legítimo para "actuar como control y fiscalización" del gobierno de la mayoría en el proceso de institucionalización a desarrollarse. Exigiendo además, ética y compromiso político a los distintos actores sociales para "no hacer el juego a grupos perturbadores de izquierda o derecha que están en contra del pueblo que votó el 11 de marzo".[3]
La designación del gabinete de ministros de Obregón Cano fluctuó entre las demandas de una mayor radicalización de las políticas estatales por parte de la izquierda peronista y, la presión de la ortodoxia peronista para ocupar espacios de poder. Frente a esta dicotomía, el reclutamiento de los funcionarios gubernamentales no se realizó desde y con el Partido Justicialista. Bajo el argumento de integrar a todas las fuerzas que componían el Frejuli, un número importante de cargos recayeron en dirigentes peronistas de izquierda y figuras extra-partidarias sin mayor peso político. En consecuencia, el sector de Julio Antún, Raúl Bercovich Rodríguez y Alejo Simó quedó excluido de la composición del gabinete provincial.[4]
Las iniciativas emprendidas y las decisiones tomadas fueron impugnadas por cada uno de los actores y sectores afectados y, cada nudo conflictivo evidenció la falta de efectividad del gobierno de Obregón Cano para generar consenso político y resolver problemas de gestión. Por caso, la jerarquía eclesiástica y las autoridades de los colegios confesionales se movilizaron contra la iniciativa de homologar el Estatuto Básico del Personal Docente de Enseñanza Privada de la Provincia de Córdoba; los ganaderos y comercializadores de la carne, agrupados en la Cooperativa Obrera de la Industria de la Carne (COINCAR), protestaron contra la aplicación del Decreto Nº 2871/73 que fijaba precios máximos para la venta de carne vacuna a los comerciantes minoristas y precios máximos a los comerciantes minoristas para la venta al público.
Cuando se aprobaron leyes de amnistía política y reparación histórica para beneficiar a aquellas personas que, por causas presumiblemente políticas o gremiales, fueron separadas de sus cargos públicos provinciales o municipales, el personal policial y los legisladores radicales, protestaron contra la modificación de la Ley Orgánica de la Policía que reorganizaba los cuadros policiales y establecía la reincorporación de los agentes separados a partir del 16 de septiembre de 1955 hasta el 24 de mayo de 1973 por renuncia forzosa, suspensión, cesantía o exoneración, con el agravante de eliminar la bonificación del 30% por riesgo de trabajo que percibían hasta entonces.
No obstante, el mayor punto de conflicto social se originó en el reclamo del aumento salarial de los obreros del transporte urbano desatando un conflicto laboral entre la Unión Tranviarios Automotor -UTA- y la Federación del Transporte Automotor de Pasajeros -FETAP- y un conflicto político, entre el vicegobernador, máximo líder sindical en la primera, y las autoridades municipales. Los empresarios integrantes de la cámara transportista admitieron otorgar el aumento en tanto el incremento fuese trasladado al boleto de pasajeros. Las autoridades municipales, en su carácter de concedente del servicio público de transporte, se negaron a sancionar aumento alguno por considerar que era violatorio del Pacto Social. La huelga de los chóferes de ómnibus dejaron sin transporte a la ciudad de Córdoba por varios días, en oportunidad de las fiestas de fin de año. Esta situación provocó un enfrentamiento político entre el vicegobernador Hipólito Atilio López y el Intendente de Córdoba, Juan Carlos Ávalos, quien sostenía que la huelga era impulsada desde el gobierno de la provincia.
Aislamiento político
El proyecto de poder de Perón para la reconstitución del Estado argentino se asentaba en la triple interacción de la burocracia sindical, los partidos políticos y las fuerzas armadas sobre la base del Pacto Social. Este acuerdo, suscrito el 8 de junio de 1973 entre las organizaciones obreras de la CGT y las cámaras empresariales de la CGE, establecía el control de precios, un congelamiento de salarios, la suspensión de mecanismos de negociación colectiva salarial por un plazo de dos años y su reemplazo por un compromiso del Poder Ejecutivo Nacional de implementar las medidas necesarias para mantener el poder adquisitivo. Sin embargo, algunas organizaciones gremiales de peso, respaldadas en la corriente peronista denominada Tendencia Revolucionaria, estaban en desacuerdo con las limitaciones impuestas a los reajustes de salarios por inflación.
El peronismo revolucionario fue llamado a desistir de toda violencia, integrarse "orgánicamente" al Partido Justicialista y aceptar la verticalidad del movimiento. La renuncia de Héctor José Cámpora, el 13 de julio de 1973, y la posterior elección de Perón, colocó a Obregón Cano en una posición vulnerable, no solo por los conflictos sociales en Córdoba, sino además porque la definición política del presidente afectaba la relación de fuerzas en desmedro del peronismo revolucionario integrante principal de la base de apoyos del gobernador. En consecuencia, la gestión de Obregón Cano osciló entre la exigencia de una mayor radicalización de las políticas estatales por parte de la izquierda peronista y, la presión del gobierno central y la CGT nacional para que comenzara a desprenderse de los "elementos infiltrados" en los equipos gubernamentales y limitara la influencia del vicegobernador en las organizaciones gremiales locales. Frente a estas presiones, el gobernador respondió que en su gabinete y cuerpo de funcionarios no existía “infiltración roja” y que la “reconstrucción nacional” se haría en el marco de la ley y la constitución, afirmando que “el gobierno respetará los derechos de todos y se hará respetar”.
Con la vuelta de Perón a la Presidencia de la Nación Argentina se inicia una ofensiva abierta de la ortodoxia peronista contra los gobernadores ligados a la Tendencia Revolucionaria. En Córdoba, la ortodoxia peronista ubicó a Obregón Cano y López en el bando de los enemigos y la provincia se convirtió en uno de los campos de batalla de la época. El primer punto de desgaste político fue el aumento salarial reclamado y obtenido por los trabajadores del transporte y la aprobación del Estatuto Básico del Personal Docente de Enseñanza Privada de la Provincia de Córdoba en diciembre de 1973. El gobierno nacional acusa entonces a las autoridades de Córdoba de “romper el Pacto Social” y señala que éste “no puede tener eslabones débiles”. Los diarios hablan constantemente de la posibilidad de una intervención federal y citan a Perón diciendo: “Córdoba es un foco de infección”.
En esta línea de acción, el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista -CSMNJ- designó a Luis Longhi, abogado de la UOM, como delegado interventor al Partido Justicialista de Córdoba en reemplazo del dirigente local Leonardo Obeid. En oportunidad de su asunción declaró que no iba a admitir "ningún tipo de desviación ni infiltración en el peronismo". A su vez, el 9 de febrero de 1974, se reunió el plenario de las "62 organizaciones peronistas" de Córdoba, lideradas por el sector ortodoxo y, resolvió, por unanimidad, la moción de que el futuro secretariado de la CGT fuese íntegramente peronista y verticalista.
El segundo punto de desgaste es el lock-out organizado por la FETAP el 19 de febrero, en rechazo al aumento salarial otorgado, con la anuencia del Ministerio de Bienestar Social de la Nación Argentina; con el que los empresarios dispusieron el retiro de casi 1/3 de los ómnibus de la provincia, como método de presión para un aumento de la tarifa. A su vez, el vicegobernador Hipólito Atilio López, dirigente de la Unión Tranviarios Automotor de Córdoba, quedaba así sin capacidad de maniobra y movilización para organizar manifestaciones de apoyo al gobierno local.
El gobernador Obregón Cano, en una situación de perdida de confianza a pesar de haber sido designado por él, el 27 de febrero ordena la remoción del Jefe de la Policía de Córdoba, el teniente coronel (RE) Antonio Domingo Navarro, ex Jefe de la Policía Militar del Tercer Cuerpo del Ejército. Pocas horas después las fuerzas policiales se amotinan en el Cabildo, aduciendo una "infiltración marxista" en el gobierno. Los ómnibus de la FETAP, ausentes durante días en las calles de Córdoba, serán parte de las barricadas montadas por los grupos parapoliciales.
Así las cosas, el Gobernador respondió con su exoneración definitiva y puso en su lugar al Inspector Mayor Rubén Cuello, quien ejercía la subjefatura desde que Navarro detuviera, días atrás, al ex subjefe, Teniente Coronel (RE) Julián Chiappe. Esa misma tarde, grupos de civiles habían tomado las emisoras LV2 -La Voz del Pueblo- y LV3 -Radio Córdoba- y comenzado a emitir comunicados en apoyo al jefe de la insurrección. Una de las transmisiones sostenía que Navarro representaba “una garantía de orden” y era “el vehículo necesario para el proceso de liberación”. En respuesta, el Gobierno difundió la siguiente declaración: “Antonio Navarro, en franca actitud de rebeldía, lejos de acatar la orden recibida, engaña a sabiendas a parte del personal policial y, con el apoyo de pequeños grupos repudiados por la ciudadanía, se rebela, pretendiendo ser fiscal del gobierno electo por todo el pueblo de la provincia”.
El gobierno nacional, cuyo Ministro de Trabajo se encontraba en la ciudad cordobesa de Alta Gracia asistiendo al Congreso “Normalizador” de la CGT, no actuó en favor de las autoridades locales. Por el contrario, Juan Domingo Perón optó por la prescindencia -"que se cocinen en su propia salsa", dijo-, lo cual en la práctica se tradujo en carta blanca para la ortodoxia peronista, que encontró, en el jefe de la policía, al cabecilla de una asonada de uniformados cordobeses apoyados por comandos civiles, que expulsaron del gobierno a Obregón Cano y a López en la noche del 27 de febrero.
Junto a los mandatarios, los sediciosos detuvieron a unas setenta personas que se encontraban en la gobernación. Entre ellos estaban los ministros de Bienestar Social y de Gobierno, Antonio Lombardich y Elio Alfredo Bonetto; los diputados Luis Bruno y Blas García; el presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, Julio Aliciardi; el Fiscal de Estado, Juan Carlos Bruera; el director de Prensa, Alejo Díaz Tiliar; y el hijo y secretario personal del gobernador, Horacio Obregón Cano. Acusados por Navarro de “proveer armamento a grupos civiles de conocida militancia marxista”, el gobernador y su vice fueron llevados al Comando Radioeléctrico de la Policía provincial, donde permanecerían cautivos hasta las 17.30 horas del viernes 1 de marzo. El jueves 28 a las 22.00, el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Mario Dante Agodino, asumió en forma interina la gobernación. A la misma hora era llevado a cabo un atentado contra el domicilio de Obregón Cano. El sábado 2 de marzo al mediodía, el presidente Juan Domingo Perón anunció su decisión de intervenir la provincia.
El movimiento obrero de Córdoba se hallaba escindido entre ortodoxos, legalistas, independientes y clasistas. Los tres últimos sectores, opositores al Pacto Social, controlaban gremios de peso estratégico: la UTA, Luz y Fuerza y SMATA, entre otros. En el resto del país los gremios más poderosos se hallaban en manos de la rama ortodoxa. El golpe se proponía establecer un mayor control sobre el conjunto del movimiento obrero y disciplinar a los sectores de vanguardia en el peronismo. Además de Obregón Cano, también fueron desplazados entonces Oscar Bidegain -Buenos Aires-, Miguel Ragone -Salta-, Jorge Cepernic -Santa Cruz- y Alberto Martínez Baca -Mendoza-. Por su parte, Hipólito Atilio López fue asesinado por la Triple A el 16 de septiembre de 1974.
La destitución por la fuerza del gobernador, abrió un período de inusitada violencia política en Córdoba que continuó hasta el regreso de la democracia. Desde entonces, el electorado cordobés dio la espalda al justicialismo, haciéndole pagar el costo por los duros tiempos de la represión política y policial. La Unión Cívica Radical, liderada por carismático Eduardo César Angeloz, lo venció en cuatro elecciones generales consecutivas: 1983, 1987, 1991 y 1995.
Proceso criminal en su contra
A fines de los años setenta, tras ser destituido de la gobernación cordobesa, Obregón Cano, radicado en México desde agosto de 1974, participó en el lanzamiento del Partido Auténtico. Luego fue parte de la fundación del Movimiento Peronista Montonero (MPM), que se anunció en Roma. Ambas agrupaciones estuvieron vinculadas a Montoneros. Desde esa posición, en 1979, encabezó el llamado del MPM a la resistencia armada en contra de las autoridades del gobierno militar en Argentina.
Al retornar al país durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue detenido el 20 de diciembre de 1983 luego del dictado del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 157/83. El martes 27 de agosto de 1985 fue condenado a diez años de prisión como autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador (art. 210 2.º párrafo del Código Penal) al haber integrado la organización terrorista Montoneros, según fallo del Juez Federal Miguel Pons a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, en la Causa N° 4894 caratulada “Obregón Cano p.s.a. asociación ilícita”.[5]
El 29 de mayo de 1986 la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, por voto unánime de sus jueces Jorge A. Valerga Aráoz, Andrés José D'Alessio y Guillermo A. C. Ledesma confirmó su condena reduciendo la pena a 6 (seis) años de prisión.
La condena quedó firme el 9 de septiembre de 1986, cuando por voto unánime de los jueces Augusto C. Belluscio, Carlos S. Fayt, Enrique S. Petracchi y Jorge A. Bacqué, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja que articulase su defensa[6]
Obtuvo la libertad condicional el 19 de diciembre de 1987, al cumplir los dos tercios de la pena impuesta.[7]
No integró la lista de montoneros indultados por el Presidente Menem. [1]
Últimos años
Obregón Cano vive actualmente en el barrio porteño de Caballito. En oportunidad de la asunción de José Manuel de la Sota como Gobernador de Córdoba, el 12 de julio de 1999, realizó declaraciones al diario "La Nación" expresando que "la elección de José Manuel de la Sota significa la reconciliación de la sociedad cordobesa con el justicialismo, un cuarto de siglo después del atropello del que fui víctima"; "No diría que lo de ahora deba sentirlo como una reivindicación -dijo Obregón Cano a La Nación -, pero sí constituye una gran satisfacción que el PJ haya llegado al gobierno después de aquel atropello que se consumó en contra de Córdoba".[8]
El 20 de agosto de 2010, a iniciativa de la Diputada de la Nación Gloria Bidegain, hija del depuesto gobernador de Buenos Aires Oscar Bidegain, Obregón Cano fue declarado Mayor notable argentino, un reconocimiento que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina otorga a personas mayores de 75 años que se hayan destacado en la política, la historia y literatura, consistente en un diploma, un libro y una medalla.
Historia electoral
- 11/03/1973 Elección para gobernador y vice - 1era. vuelta
| Formula | Partido/Alianza | Votos |
|---|---|---|
| Obregón Cano - López | Frejuli | 504.786 |
| Martinez - Celli | Unión Cívica Radical | 493.683 |
| Agrelo - Atala | Alianza Popular Fedralista | 72.185 |
- 15/04/1973 Elección para gobernador y vice - 2.ª vuelta
| Formula | Partido/Alianza | Votos |
|---|---|---|
| Obregón Cano - López | Frejuli | 608.826 |
| Martinez - Celli | Unión Cívica Radical | 522.273 |
Referencias
- ↑ a b Domina, Esteban. Historia Mínima de Córdoba, 2007.
- ↑ Clarín. El ballottage que se definió en dos estudios de televisión, 11/05/2003.
- ↑ Diario de Sesiones de la HCS, Córdoba, Año 1973, Pág. 24 et seq.
- ↑ Ferrero, Roberto. "El Navarrazo y el gobierno de Obregón Cano", Córdoba, 1995, Alción Editora.
- ↑ Diario Clarín, Buenos Aires, 28 de agosto de 1985, pág. 10
- ↑ Fallos CSJN Tomo 308 pág. 1624; Revista Jurídica Argentina LA LEY, Tomo 1987-A, pág. 447, fallo nº 85.491
- ↑ Art. 13 del Código Penal: (...) el condenado a reclusión o a prisión por más de tres (3) años que hubiere cumplido los dos tercios (...) observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial...
- ↑ La Nación, Satisfacción de Obregón Cano, 12 de julio de 1999. Web: http://www.lanacion.com.ar/145539-satisfaccion-de-obregon-cano
| Predecesor: Helvio Guozden |
Gobernador de Córdoba 25 de mayo de 1973 - 28 de febrero de 1974 |
Sucesor: Mario Agodino |
