Decreto 900

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Decreto 900 del Congreso de Guatemala
Tipo de texto Decreto legislativo
Creación 17 de junio de 1952
Promulgación 18 de junio de 1952
Derogación 27 de junio de 1954
Texto Preámbulo y seis títulos con 107 artículos. Fecha y lugar.
Idioma Español
Formato 47 páginas
Encontrado en Documentos del Congreso de la República de Guatemala: Decreto 900
Ubicación Flag of Guatemala.svg Guatemala, Ciudad de Guatemala. Archivo del Congreso de la República de Guatemala.
Autores Congreso de la República de Guatemala, constituido en 1951 en Ciudad de Guatemala.
Signatarios Presidente de Guatemala: Jacobo Arbenz, Ministro de Economía y Trabajo: Roberto Fanjul, presidente y secretarios del Congreso de Guatemala.
Función La Reforma Agraria de la Revolución de octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.

El decreto 900 o ley de reforma agraria en Guatemala fue una de las metas del gobierno del coronel Jacobo Arbenz (1951-1954). Con ella se pretendía evitar que hubiera una relación de latifundio-minifundio. Todo esto se lograría al expropiar tierras ociosas de los grandes latifundistas para poder darlas en usufructo a quienes no las tuvieran. Dicho procedimiento se lograba por medio de los Comités Agrarios Locales, los cuales recibían denuncias de tierras en estado ocioso, que pasaban a los Comités Departamentales y finalmente al Departamento Agrario Nacional.

La reforma pretendía permitir a los campesinos tener tierras para trabajarlas y darles la oportunidad de tener más ingresos.[1]

Motivaciones[editar]

El Decreto 900 intentó transformar y revolucionar las relaciones sociales en el agro guatemalteco principalmente y se convirtió, en medio del ambiente internacional de la Guerra Fría y el Macartismo en Estados Unidos, en el único suceso histórico-político que llevó a enfrentar frontalmente las causas profundas de la pobreza contenidas en la exclusión y la concentración de la tierra en Guatemala.[2] Tanto los revolucionarios[Nota 1] como los anticomunistas o liberacionistas[Nota 2] se vieron de pronto enfrascados en una lucha de clases que radicalizó todos los ámbitos de la vida guatemalteca, lo que demostró qué tan profundas estaban las raíces de la explotación campesina y la concentración de la tierra.[2]

Contexto histórico[editar]

A raíz de la crisis económica derivada de la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, la economía guatemalteca cayó en una grave crisis. El reglamento de jornaleros impuesto por el general Justo Rufino Barrios ya no era suficiente para proveer a las fincas cafetaleras de mano de obra suficiente, y el gobierno del general Jorge Ubico lo derogó, sustituyéndolo por la ley de vagancia, la cual forzaba a los jornaleros a demostrar que habían hecho 100 jornales en el año, o de lo contrario eran obligados a trabajar gratuitamente en la construcción de caminos. Esto aumentó la producción, pero originó un flujo de campesinos, de municipios cercanos a la capital que fueron a establecerse en la Ciudad de Guatemala en donde no existía un desarrollo industrial suficiente para absorber esa mano de obra inmigrante; los inmigrantes rurales se vieron obligados a establecer pequeños negocios o dedicarse a ciertos servicios.[2]

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos [Nota 3] dispusieron realizar la construcción de una ruta militar de emergencia hasta el Canal de Panamá. La política militar norteamericana necesitaba asegurarse de puentes aéreos y como México no les permitió establecer bases aéreas en su territorio ampliaron las instalaciones aeronáuticas de Guatemala de modo que fuese una especie de paso de tránsito de su fuerza aérea hacia el canal. Estas construcciones, aunadas con la infraestrucura que el propio general Ubico impulsó creó una incipiente mano de obra para la construcción en el país.

Los grupos minoritarios de familias herederas de los colonizadores hispanos amalgamadas con los líderes de la Reforma Liberal de 1871 eran los poseedores de las principales fuentes de riqueza del país, esencialmente la explotación del café, que había pasado a ser el principal producto de exportación desde el gobierno de Barrios. Durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, se hicieron considerables concesiones para la explotación del café a personas de origen alemán, y grandes extensiones de Izabal y Escuintla a la United Fruit Company, que se estableció en Guatemala por la política norteamericana de pacificar la región centroamericana mientras duraba la construcción del Canal de Panamá.[3] Estrada Cabrera buscó la alianza con los norteamericanos, con la esperanza de que éstos lo apoyaran militarmente, en caso de que Inglaterra pretendiera invadir a Guatemala para obligarla a pagar la deuda que ésta tenía con los bancos de aquella nación.[Nota 4]

Tras el derrocamiento del régimen de Ubico, el gobierno revolucionario transformó el papel del Estado en relación al régimen económico hacendario por medio de los siguientes artículos de la nueva Constitución Política de Guatemala:[4]

  • Artículo 88. “El Estado orientará la economía nacional en beneficio del pueblo, a fin de asegurar a cada individuo una existencia digna y provechos para la colectividad. Es función primordial del Estado, fomentar las actividades agropecuarias y la industria en general procurando que de frutos del trabajo beneficien de preferencia a sus productores y la riqueza alcance al mayor número de habitantes de la República”.
  • Artículo 89. Son bienes de la nación:
    1. Los de domino público
    2. Las aguas de la zona marítima que de a las costas de la República, las riberas de los lagos y ríos navegables; los ríos y lagos navegables o flotables los ríos de cualquier clase que sirvan de límites a la República y las caídas de agua de aprovechamiento industrial de la forma que determine la ley, la que, asimismo, establecerá la extensión condiciones, de dominio sobre estos bienes.
    3. Los que constituyen el patrimonio del Estado y del Municipio
    4. La zona marítima-terrestre sobre las costas de la República, en la extensión fijada por la ley.
    5. La atmósfera y la estratosfera situadas sobre el territorio nacional. Su tránsito y aprovechamiento, se regularán por la ley y los tratados internacionales.
    6. Los ingresos fiscales y municipales, originarios de derecho público.
    7. El subsuelo de la nación, los yacimientos de aguas, hidrocarburos y los minerales, así como todas las sustancia orgánicas que determine la ley y
    8. Todos los demás bienes existentes en el territorio nacional, que señalan las leyes y que no sean de propiedad particular individual o colectiva.
  • Artículo 90: “El Estado reconoce la existencia de la propiedad privada y la garantiza como función social más limitaciones que las determinadas en la ley, por motivos de necesidad o utilidad públicas o de instancia nacional.
  • Artículo 91: Los latifundios existentes por ningún motivo podrán ensancharse, y mientras se logra su redención en beneficio de la colectividad, serán objeto de gravámenes en la forma que determina la ley. Es Estado procurará que la tierra se reincorpore al patrimonio nacional. Solo los guatemaltecos a que se refiere el artículo 6 de esta Constitución [Nota 5]

Decreto número 900[editar]

La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, considerado como la columna vertebral del poder oligárquico y extranjero en el país, sostén de las sucesivas dictaduras y un factor de atraso nacional. Cuando se realizaron los censos estadísticos panamericanos de 1950 y se conocieron sus resultados, las presunciones sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra y las abismales desigualdades en el campo se convirtieron en certezas. En ese año el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) elaboró un estudio en el que criticaba acerbamente las desigualdades de la vida guatemalteca y recomendaba adoptar una serie de políticas; entre ellas, un cambio en la tenencia de la tierra para estimular la agricultura campesina y ampliar el mercado interno.[5]

El Congreso De La República De Guatemala,

ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.

ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.

ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:

a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.

ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.

ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con "Bonos de la Reforma Agraria" redimibles en la forma que determina la Ley. [6]

Aplicación[editar]

Las fincas menores de 90 hectáreas no estaban afectadas por la ley, ni las de menos de 200 hectáreas que estuviesen cultivadas, al menos en sus dos terceras partes. Tampoco las grandes propiedades en producción, cualquiera fuera su tamaño; pero al prohibirse el colonato y la aparcería, se intentaba obligar a los terratenientes a invertir en salarios. Durante los 18 meses de aplicación de la reforma agraria, se repartieron entre 603 y 615 hectáreas de tierras particulares (10% del total de dichas propiedades); 280 mil hectáreas de tierras nacionales; y se concedieron créditos para apoyar la producción. A la compañía bananera United Fruit Company (UFCO), que mantenía sin cultivar el 85% de sus 220 mil hectáreas, se le expropiaron 156 mil hectáreas; es decir el 64% de su superficie. Los terratenientes afectados recibieron un pago en bonos del Estado, según el valor fiscal de la propiedad reportado durante los tres años anteriores (en general cifras drásticamente subvaluadas) con una tasa anual de interés del 3%. Para 1954 se habían beneficiado más de 138 mil familias campesinas, de las cuales la inmensa mayoría eran indígenas. Esto podía traducirse en un estimado de medio millón de personas, para un país que contaba con tres millones de habitantes. Más de la mitad de los beneficiarios obtuvieron también créditos agrícolas. Así se explica en parte el impacto del programa de reforma agraria entre los campesinos.[5]

La aplicación del referido programa representó un fuerte desafío a la estructura de poder tradicional en el campo, no solo por la reestructuración de la tenencia de la tierra, sino porque la Ley de Reforma Agraria impulsó la organización de Comités Agrarios Locales en cada finca, favoreciendo que se crearan estructuras de poder local alternativo. La reforma se canalizó a través de dichos comités, cuyo número hasta diciembre de 1953 era de 1496. Muchos estuvieron influidos por el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), aunque adquirieron dinámicas propias en los ámbitos locales. Algunos se constituyeron en foros activos de participación democrática en una época caracterizada por una gran efervescencia política; otros se derivaron en espacios de conflicto y corrupción.[5]

Problemas con su aplicación[editar]

Interpretación incorrecta[editar]

A pesar de que la intención de los promotores de la Ley de Reforma Agraria fue la de enajenar únicamente las tierras ociosas de las grandes fincas, en muchas regiones las comunidades intentaron resolver viejos conflictos locales a través de ella, como los problemas que planteaban las tierras comunales. Uno de esos problemas tuvo lugar en el municipio de Cantel, Quetzaltenango, donde se solicitó la devolución de tierras adjudicadas por Justo Rufino Barrios en 1877 a una comunidad ladina y que los indígenas reclamaban como propias. La resolución de la Comisión Agraria Departamental en 1953 favoreció a estos últimos. Asimismo, en otras ocasiones se produjeron denuncias y ocupaciones de tierras no afectables, así como casos de irregularidades en la distribución de las parcelas. Episodios de esta índole fueron consecuencia, entre otras razones, de la deficiente información que existía sobre la ley, de su errónea comprensión o interpretación por parte del campesinado, de la falta de experiencia de la incipiente organización campesina y de la politización del proceso en su conjunto. Ello contribuyó a «crear tensiones entre los mismos revolucionarios, en la medida en que las acciones del Gobierno no satisfacían las expectativas de las organizaciones comunitarias».[5]

Ineficiencia del poder judicial[editar]

A las tensiones que desató la Reforma Agraria deben sumarse los problemas provenientes de un sistema judicial incapaz de aplicar la ley y de resolver los conflictos derivados de su aplicación. Esa ineficacia ayudó, en gran medida, a crear más tensiones entre los sectores que impulsaban la reforma y las comunidades donde ésta se aplicaba. Los conflictos entre los diferentes sectores llegaron a su punto culminante en un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. La confrontación se produjo debido a un recurso de amparo que finalmente aceptó la Corte Suprema de Justicia y que llevó a la destitución de ésta por parte del Congreso. Este incidente aumentó las dudas sobre la legitimidad de la Reforma Agraria.[5]

Temor al comunismo[editar]

Las transformaciones y conflictos en el agro generaron importantes temores entre los grandes propietarios, así como en determinados sectores medios urbanos y rurales, pues al sentir amenazados sus intereses se unieron a la campaña que identificaba los cambios sociales con una orientación político-ideológica del régimen hacia el comunismo.[5]

Efectos[editar]

La Reforma Agraria causó numerosos cambios en Guatemala. Muchos campesinos fueron beneficiados de la reforma, a costa de los dueños de las tierras ociosas. Pero por el impacto en las tierras de la United Fruit Company (UFCO) en 1954, el presidente Arbenz se vio obligado a renunciar la presidencia debido a una invasión por el general Carlos Castillo Armas patrocinado por la CIA (Central Intelligence Agency) de los Estados Unidos. Castillo Armas derogó la Ley de Reforma Agraria y restauró las tierras a sus terratenientes, empezando por la UFCO.[7]

El decreto 900 creó la posibilidad de ganancia de cultivos para los trabajadores de campo que no tenían tierras anteriormente. Asimismo, el efecto que tuvo esta ley en el mercado de factores de producción es parecido al que se dio en Europa después de la peste bubónica: después de la plaga, en la que murió entre un tercio de la población de Europa, la cantidad de terratenientes disminuyó, lo que liberó muchas de las tierras e incrementó la oferta terrenal, bajó su precio y volvió la adquisición más accesibles para campesinos. Al mismo tiempo, muchos de los campesinos murieron también debido a la plaga, por lo que la fuerza laboral disminuyó. Este desplazamiento de la oferta de trabajadores aumentó los salarios de estos.[7]

Los efectos económicos posteriores a la plaga son muy similares a los ocasionados por la reforma agraria. Durante la primera cosecha después de la implementación de la ley, el ingreso promedio del campesino aumentó de Q225.00 anuales a Q700.00 anuales. Algunos analistas dicen que las condiciones en Guatemala mejoraron después de la reforma y que hubo una «transformación a fondo de la tecnología agrícola como resultado de la disminución en la oferta de mano de obra». El aumento del nivel de vida también sucedió en Europa en el siglo XV, y al mismo tiempo se dieron avances tecnológicos de gran magnitud. Los faltantes de fuerza laboral después de la peste fue «la madre de las invenciones».[7]

Los beneficios no fueron limitados únicamente a la clase trabajadora de campos debido a la reforma. Hubo incrementos en consumo, producción e inversión privada interna.[7]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Congreso de la República de Guatemala, 1952, p. 3.
  2. a b c Universidad de San Carlos de Guatemala: Motivaciones del decreto 900 (tesis). Consultado el 13 de agosto de 2014.
  3. Arévalo Martínez, R. Ecce Pericles Tipografía Nacional, Guatemala. 1946
  4. Congreso de la República de Guatemala: Constitución de 1945. Consultado el 13 de agosto de 2014
  5. a b c d e f REHMI, 2013, p. 1.
  6. Congreso de la República de Guatemala, 1952, p. 5.
  7. a b c d Zacchrisson, M.. «La peste bubónica y su comparación con la reforma agraria de Arbenz». Tesis (Universidad Francisco Marroquín). http://www.eleutheria.ufm.edu/articulospdf/071211_pestebubonicadearbenz.pdf. Consultado el 14 de agosto de 2014. 

Bibliografía[editar]

Notas[editar]

  1. Partidarios del gobierno de Arbenz
  2. Los opositores a la reforma agraria
  3. Por razones de estrategia política-militar y para una más eficaz vinculación y control de los países centroamericanos
  4. Préstamos que se originaron durante el gobierno del general José María Reyna Barrios cuando éste realizó la Exposición Centroamericana en 1897.
  5. Las sociedades y miembros tengan esa calidad y los bancos nacionales, podrán ser propietarios de inmuebles sobre la franja de quince kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras y litorales. Se exceptúan las áreas urbanizadas comprendidas dentro de las zonas indicadas, en las cuales si podrán adquirir propiedad los extranjeros por autorización gubernativa”.