Diferencia entre revisiones de «Crisis institucional de Venezuela»
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Revisión del 04:46 31 mar 2017
Autogoe de Estado de Venezuela de 2017 | ||
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Contexto del acontecimiento | ||
Fecha | 29 de marzo de 2017 | |
Sitio |
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Impulsores | ||
Influencias ideológicas de los impulsores | Socialismo | |
Gobierno previo | ||
Forma de gobierno | Democracia según la Constitución. Maduro fue electo en 2013. | |
El Autogolpe de Estado de Venezuela de 2017 fue realizado por el presidente del país, Nicolás Maduro, y por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máximo ente judicial en Venezuela. El 29 de marzo de 2017, Maduro disolvió la Asamblea Nacional, que ejercía el poder legislativo, y que estaba dominada con mayoría calificada por la coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a la que el Gobierno y el Tribunal Supremo venían acusando de desacato, debido a la juramentación de 3 diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude en las elecciones parlamentarias de 2015, por el mencionado ente judicial. Todos los diputados de la Asamblea quedaron suspendidos de sus funciones, las cuales serán cumplidas por el Tribunal Supremo.
El 28 de marzo, un día antes del golpe, el TSJ ya había asestado un golpe a la Asamblea, al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.[1]
La decisión tomada por el Tribunal de Venezuela se dio el 29 de marzo a través de un recurso de interpretación interpuesto por la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), al artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, referente a la constitución de empresas mixtas.
El Tribunal Supremo advirtió que garantizaría que las competencias parlamenterias sean ejercidas por este mismo ente judicial o por el órgano que ella disponga, mientras persista la "situación de desacato" y de "invalidez" de las actuaciones de la Asamblea Nacional.[2]
La situación de desacato se mantiene en el ente legislativo venezolano hasta la actualidad con la nueva directiva nombrada en desacato y que se niega a aceptar las sentencias emitidas al respecto por el órgano judicial desde principios de 2016.
Reacciones
Nacionales
Internacionales
Argentina: el presidente argentino Mauricio Macri, llamó a "recomponer el orden democrático" e insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral y se liberen a los "presos políticos". Al día siguiente del golpe recibió a Lilian Tintori, esposa del líder opositor preso, Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular, quien es considerado un preso político por una importante parte de la comunidad internacional.[3][4]
Brasil: Brasil expresó su desacuerdo con la sentencia que suspende "arbitrariamente" la inmunidad de los parlamentarios venezolanos y dijo que mantendrá su política de examinar la "preocupante situación" conjuntamente con todos los países de la región "interesados". "El pleno respeto al principio de la independencia de poderes es un elemento esencial para la democracia. Las decisiones del TSJ violan ese principio y alimentan la radicalización política", reza un comunicado del Gobierno de Michel Temer.
Chile: la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó que "es muy preocupante" la crisis que se vive en Venezuela. E indicó, a través de Twitter, que se deben de "defender la convivencia democrática en nuestras sociedades". El gobierno de Bachelet llamó a consulta a embajador en Caracas. Más temprano, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo que lo que se busca es el "entendimiento" entre los propios venezolanos para que "resuelvan sus asuntos". Pero que "claramente" la decisión del Tribunal Supremo "va en la decisión opuesta".
Costa Rica: el canciller de Costa Rica, Manuel González, señaló a través de un comunicado, que su país "considera inadmisible" que el Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, suspendiera los poderes constitucionales del Congreso Venezolano. "Costa Rica considera que estas decisiones son inadmisibles y decepcionantes, por ser contrarias a la esencia de la democracia y, aceleran el deterioro de la gobernabilidad democrática en ese país", se indica en el escrito.[5] El Congreso de Costa Rica instó este jueves al Gobierno de ese país, que retire su representación diplomática en Venezuela. Asimismo solicitó al Gobierno de Costa Rica a que se proceda a invocar la aplicación por parte de la OEA de la Carta Democrática para que se "adopten y se restituya el orden constitucional".[6]
Colombia: María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores, señaló que su país rechaza "esta no división de los poderes" en Venezuela. "Es clarísimo que necesitamos unos poderes públicos fuertes, independientes, para poder fortalecer la democracia". "El Gobierno de Colombia reitera su convicción de que la separación de poderes y el apego irrestricto a las normas constitucionales son fundamentos imprescindibles para la plena vigencia de la democracia representativa", se indicó en un pronunciamiento.[7]
Estados Unidos: Estados Unidos denunció que la "usurpación" del Poder Judicial es "una ruptura de las normas democráticas". Además, señaló que el dictamen "daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes elegidos". Por ello, el Departamento de Estado concluyó: "Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela".[8]
Guatemala: el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado para reiterar su "convicción de preservar el Estado de Derecho" y el apego a las normas constitucionales. "El gobierno expresa su profunda preocupación", indicó el mensaje, en el que se realizó un llamado a sostener "un diálogo franco, sincero y participativo para la promoción de la concertación política que preserve la paz y las garantías constitucionales".[9]
México: el canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró que a su país le preocupa "de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano" y subrayó que deben ser los venezolanos, en ejercicio pleno de su soberanía, "los que resuelvan los problemas". un comunicado, la Cancillería Mexicana señaló que la decisión del Tribunal Supremo venezolano "atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes".
Panamá: la Cancillería, a través de un comunicado se pronunció diciendo: "Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas".[10]
Perú: El Gobierno peruano anunció al día siguiente el retiro definitivo de su embajador en Venezuela e indicó que ya inició consultas con países de la OEA para que en el marco de la Carta Democrática Interamericana se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan "ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela". El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que es "inaceptable lo que ocurre en Venezuela".[11][12]
Organizaciones internacionales
Organización de los Estados Americanos: Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denuncia el "auto-golpe de Estado" perpetrado por el "régimen" venezolano contra la Asamblea Nacional, último poder del Estado legitimado por el voto popular. "Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", sentenció el Secretario General. "Asumir la restauración de la democracia es tarea de todos. Hoy es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela, con cuyo pueblo todos tenemos deudas que nos obligan a actuar sin dilaciones. Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política", es un extracto comunicado oficial en reacción al autogolpe.[13]
Unión Europea: la representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, advirtió en un comunicado que la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela "restringe la inmunidad parlamentaria de sus miembros, que fueron democráticamente elegidos por el pueblo". Y agrega, "la Unión Europea recuerda que el total respeto de la Constitución, los principios democráticos, el Estado de derecho y la separación de poderes es crucial para que el país logre un resultado pacífico de la actual difícil situación y recupere la estabilidad política".[14]
Referencias
- ↑ «Maduro da "golpe de Estado" al disolver el Parlamento». El Comercio. 30 de marzo de 2017.
- ↑ «TSJ de Venezuela garantiza estado de derecho ante desacato de AN». TeleSUR. 30 de marzo de 2017.
- ↑ «Las condenas en América Latina al "golpe" de Nicolás Maduro». El Comercio. 30 de marzo de 2017.
- ↑ «Tintori se reunió con Macri para hablar sobre situación de Venezuela». Globovisión. 30 de marzo de 2017.
- ↑ «Costa Rica espera que situación de Venezuela se solucione a través de la OEA». Globovisión. 30 de marzo de 2017.
- ↑ Globovision. «Congreso de Costa Rica pide que se retire a su embajador de Venezuela». Globovisión. Consultado el 31 de marzo de 2017.
- ↑ «Uribe pide que detengan a Maduro por "golpe de Estado" en Venezuela». El Nacional. 30 de marzo de 2017.
- ↑ «Crece la condena mundial al golpe de Estado de Nicolás Maduro en Venezuela». Infobae.com. 30 de marzo de 2017.
- ↑ «Guatemala pide preservar el Estado de Derecho en Venezuela». El nacional web. 30 de marzo de 2017. Consultado el 31 de marzo de 2017.
- ↑ «Panamá pide garantías para celebración de elecciones en Venezuela». Globovisión. 30 de marzo de 2017.
- ↑ «Venezuela rechaza comunicado de Perú sobre sentencia del TSJ». Globovisión. 30 de marzo de 2017.
- ↑ «Canciller venezolana rechaza actitud "injerencista" del Perú». RPP Noticias. 30 de marzo de 2017.
- ↑ «Almagro convoca “urgente” a la OEA por autogolpe de Maduro». PanamPost. 30 de marzo de 2017.
- ↑ «Países del mundo cuestionan decisión de Tribunal Supremo de Venezuela». Deutsche Welle. 30 de marzo de 2017.
Enlaces externos
- Discurso completo del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, tras el golpe LoMásTrinado en YouTube, 30 de marzo de 2017.
- Venezuela: Secretario General de la OEA denuncia auto golpe de Estado Organización de Estados Americanos, comunicado oficial del 30 de marzo de 2017.