Perú Seguro

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Este aviso fue puesto el 23 de septiembre de 2023.
Plan Perú Seguro
Parte de Delincuencia en el Perú
Fecha 29 de agosto de 2023-presente
(8 meses y 8 días)
Lugar Bandera de Perú Perú
Estado En curso
Beligerantes
Bandera de Perú Gobierno del Perú Organizaciones criminales en Perú:

- Facciones del Tren de Aragua
- Comando Vermelho
- Los Tiguerones
Organizaciones criminales peruanas:
- Los malditos de Bayóvar
- Los Pulpos

Otras bandas criminales menores extranjeras o nacionales
Comandantes
Dina Boluarte
Alberto Otárola
Luis Alberto Vera Llerena		 Desconocido
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El plan Perú Seguro es el nombre de un proyecto seguridad ciudadana anunciado en Perú el 29 de agosto de 2023,[1]​ cuyo antecedente hizo referencia al Plan Bukele.[2]​[3]​

Contexto[editar]

Véase también: Organizaciones criminales extranjeras en Perú

La inseguridad ciudadana se convirtió en uno de los principales problemas en el Perú.[4]​ Para septiembre de 2023, se reportó un aumento del 50% en casos de extorsión a nivel nacional (registrándose entre enero y agosto del presente año 12 730 casos de extorsión). El 71% de los casos de extorsión se concentraron en Lima, La Libertad y Piura.[5]​ En Lima metropolitana se registraron 215 víctimas de sicariato.[6]​

Acciones[editar]

Anuncio de "Plan Boluarte"[editar]

El 29 de agosto de 2023,[2]​ ante los pedidos de implementar el denominado "Plan Bukele" en Perú,[3]​ se anunció la implementación del denominado "Plan Boluarte" (en referencia a la presidenta Dina Boluarte). Dicho anuncio fue realizado por el presidente del consejo de ministros, Alberto Otárola, quien especificó que "aquí ni va a haber un Plan Bukele, aquí habrá un Plan Boluarte". Dichas declaraciones las hizo tras presentar una petición de facultades legislativas para la lucha contra el crimen al congreso.[7]​ Por otro lado la Coordinadora para la Inversión y Trabajo organizó en Lima, entre los días 28 al 30 de agosto, el evento sobre seguridad ciudadana basado en las iniciativas de seguridad adoptadas en El Salvador que generó interés de algunos municipios locales.[8]​

Estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana[editar]

Véase también: Atentado a la discoteca Xanders

Tras el atentado en la discoteca Xanders del 15 de septiembre, Dina Boluarte anunció el 18 de septiembre[9]​ la declaratoria de estado de emergencia en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres además de la provincia de Sullana, en Piura. El estado de emergencia se dispuso por 60 días siendo oficializada el día 19.[10]​

El 20 de septiembre, se realizó una marcha llamada "Marcha por la Paz’" convocada por el alcalde de San Juan de Lurigancho hacia el congreso para exigir medidas a favor de la seguridad.[11]​[12]​ También se realizaron marchas en Pachacamac[13]​ y Manchay.[14]​ Aquel mismo día, el congreso otorgó facultades legislativas al ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana por un plazo de 90 días.[15]​[16]​

Se dispuso que los delincuentes capturados en flagrancia fueran presentados en uniformes color rojo, grilletes y con un cartel con el delito cometido. De esta forma, fueron presentados delincuentes vinculados a las bandas "Los furiosos del 6", "Los saracas de la extorsión" y "Los flashes del open".[17]​ Se detalló que los miembros capturados de "Los flashes del open" habían sido detenidos en una licorería cuando realizaban una amenaza con fines extorsivos con una granada a los propietarios del local.[18]​ Adicionalmente, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, anunció la solicitud de declaratoria de emergencia a la PNP[19]​ debido a que "casi el 50% de la flota vehicular se encuentra inoperativa".[20]​

Debido a la declaratoria de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, se detectó que los delincuentes migraron hacia el distrito del Rímac.[21]​ Ante la problemática de la migración de la delincuencia a otros distritos, se realizó un pedido (tras una reunión entre el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y diversos alcaldes distritales) para declarar a la totalidad de Lima metropolitana en estado de emergencia ya que "los delincuentes actúan impunemente sin discriminar el distrito".[22]​

Sobre la legítima defensa y "terrorismo urbano"[editar]

El 21 de septiembre, el congreso de la república aprobó eximir de responsabilidad penal a aquellas personas que actúen en legítima defensa.[23]​ Con la aprobación, se modificó el Código Penal referido a la legítima defensa quedando como absueltos de responsabilidad penal aquellos casos donde se muestre agresión real con explosivos o armas punzocortantes[24]​ o la previa irrupción ilegítima en un inmueble, negocio, transporte o lugar de trabajo.[25]​ Además, se dispuso que en aquellos casos no procede la prisión preventiva.[26]​

El 22 de septiembre, el Concejo Municipal de Lima aprobó presentar ante el congreso de la república una propuesta legislativa para incorporar en el Código Penal el concepto de "terrorismo urbano" mediante la cual se aplicaría penas más severas a aquellas personas que cometan los delitos de extorsión, secuestro y sicariato.[27]​

Por su parte, el gobierno anunció que expulsará a los extranjeros que no se regularicen hasta el 10 de noviembre del 2023. El anuncio fue realizado por el ministro del interior, Vicente Romero, cuando supervisaba la situación del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho.[28]​

Asesinato de Milenka Coraquillo[editar]

Milenka Coraquillo, quien trabajaba como meretriz, fue asesinada a la altura del mercado Lobatón, en Lince, el 27 de septiembre.[29]​[30]​ Eddy Valencia Maldonado, alias "Chavo", fue sindicado como el autor del asesinato[31]​ (con anterioridad, el "Chavo" había participado en robos a través de forados en casas y negocios).[32]​ El asesinato de Coraquillo reveló el involucramiento de organizaciones criminales peruanas en el control de los lugares de prostitución. Según testimonios recopilados por Panorama, "Chavo" trabaja en alianza con el "Tren de Aragua". Además, el "Chavo" ha estado involucrado en los atentados a la discoteca Cocos (22 de septiembre) y el hotel Aristo (30 de septiembre).[31]​[33]​ Por otro lado, el atentado al hotel hizo que la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, solicitara la declaratoria de estado de emergencia al distrito.[33]​

Primeros decretos[editar]

El 20 de septiembre, el congreso había otorgado facultades legislativas al ejecutivo para legislar en cuanto a temas de seguridad ciudadana.[15]​ De esta forma, se aprobaron los siguientes decretos:[34]​

Fecha Decreto legislativo Descripción
2 de octubre N.º 1573 Mediante la cual se incorpora al Código Penal el delito de reingreso clandestino para aquellos extranjeros expulsados por cometer un delito reingresen al Perú, por la cual afrontarían una pena privativa de la libertad de entre 2 a 4 años.[35]​[36]​[37]​
2 de octubre N° 1574 Que amplía de 4 a 12 horas el control de identidad a extranjeros intervenidos para la verificación de sus antecedentes.[38]​[39]​[40]​

Además, se anunció el 5 de octubre la declaratoria de emergencia del cercado de Lima.[41]​[42]​[43]​

Estado de emergencia en el cercado de Lima y Lince[editar]

El 9 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó la declaratoria de emergencia en el cercado de Lima y Lince por 60 días. Para tal fin, se modificó el Decreto Supremo N° 105-2023-PCM, en la cual se declaraba el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana.[44]​ Se informó que:[45]​

Después de SJL, Cercado de Lima es el segundo distrito con harta incidencia delictiva. Se cometen una serie hurtos, robos, especialmente estafas y extorsiones. Paralelamente, en el distrito de Lince, la Policía ha encontrado que en más de 7 puntos se llevan a cabo acciones de trata de personas, entendiendo que la trata de personas es el delito más cruel que existe actualmente.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió que las actividades por las procesión del Señor de los Milagros y la actividad turística y comercial no sean afectados.[46]​

Se informó, adicionalmente, la prórroga por 60 días del estado de emergencia en el corredor vial sur Apurímac-Cusco-Arequipa y, mediante otro decreto, la prórroga del estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla en Loreto, además de Pataz en La Libertad.[45]​

Promulgación de nuevos decretos legislativos[editar]

Se promulgaron los siguientes decretos referentes a la seguridad ciudadana:

Fecha Decreto legislativo Descripción
11 de octubre N.º 1575 Mediante el cual se modifica el marco legal referente a casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.[47]​
17 de octubre N° 1576 Donde se establece que no es procedente de beneficio penitenciario por trabajo o estudio a aquellos involucrados en robo agravado, sicariato y extorsión.[48]​
18 de octubre N° 1578 Donde se establece pena de hasta 30 años de cárcel, en caso grave, para aquellas personas involucradas en robos de celulares.[49]​[50]​

Asesinatos de teniente gobernador y serenos en SJL y asalto a banco en SMP[editar]

El 19 de octubre,[51]​ el teniente gobernador de San Juan de Lurigancho, Tommy Saravia Atúncar, fue asesinado por sicarios mientras supervisaba una obra en el sector de Los Constructores.[52]​ El crimen se dio cuando Saravia se encontraba en los exteriores del local supervisado hablando por teléfono. Se señaló que el móvil del crimen pudo haber sido la extorsión.[53]​ El asesinato se dio a un mes de la promulgación del estado de emergencia en SJL.[54]​

El 21 de octubre, un civil y dos serenos fueron asesinados en el parque El Periodista, ubicado en San Juan de Lurigancho.[55]​ El 24 de octubre, un banco en San Martín de Porres fue asaltado por 4 delincuentes encapuchados llevándose alrededor de 5 mil soles.[56]​[57]​

El asesinato del teniente gobernador y de los serenos y el asalto al banco en SMP generaron críticas acerca de la efectividad de los estados de emergencia declarados.[58]​[59]​[60]​ Ante las críticas, el ministerio del interior emitió un comunicado donde señalaba que la incidencia delictiva en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima y Lince, además de los distritos piuranos declarados en estado de emergencia, se redujeron.[59]​

Violencia en Lima[editar]

A partir del 31 de octubre, mototaxistas y ciudadanos del distrito limeño de La Victoria denunciaron que son víctimas de mafias de ciudadanos venezolanos dedicadas a la extorsión, por ello salieron a las calles armados con palos y piedras para enfrentarse con los extranjeros, con las arengas de "¡Ni un chamo más!",[61]​[62]​y colocando panfletos exigiendo el retiro de los venezolanos de su distrito.[63]​Igual situación ocurrió en los distritos de El Agustino y en el Cercado de Lima,[64]​en donde comerciantes, mototaxistas y ciudadanos de a pie realizaron una movilización con el objetivo de expulsar a venezolanos involucrados en la práctica de la extorsión.[65]​ Se reportó la quema de motos y mototaxis,[66]​[67]​y ataques a venezolanos no involucrados en actos extorsivos[62]​ y demandas de mayor seguridad.[65]​

En los primeros días noviembre se reportaron enfrentamientos entre peruanos y venezolanos en inmediaciones de las avenidas San Pablo, Bausate y Meza, Aviación y otros lugares. Se informó que las mafias extranjeras estarían obligando a los mototaxistas a pagar un cupo diario de entre S/2 y S/5, así como también dueños de bodegas y tiendas tenían que pagar una cuota de S/10 a más.[68]​En un vídeo, difundido por redes sociales, la banda criminal extranjera "Los Gallegos" (facción del Tren de Aragua) amenazó con matar peruanos en La Victoria, El Agustino o cualquier otro distrito que continúe atentando contra los venezolanos.[69]​[70]​También amenazaron con atacar colegios, por lo cual, las clases fueron suspendidas en tres distritos (La Victorial, El Agustino y San Luis).[71]​ El 3 de noviembre, el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP, general Óscar Arriola, informó que 1900 policías y 92 vehículos fueron desplegados a los distritos de La Victoria y El Agustino para proteger el orden interno.[72]​

Medidas para población extranjera[editar]

En 2023 se oficializó el Decreto Legislativo 1582, que exige la documentación de los ciudadanos extranjeros para permanecer su estadía en el país.[73]​ Estas medidas se realizaron inclusive en el Estado Nacional, durante el encuentro de Perú y Venezuela en las eliminatorias del Mundial de Fútbol de 2026, en que no hubo detenidos.[74]​

Las medidas generaron críticas, debido a que se recurrieron a la falsificación de identidades en el sistema digital.[75]​ Entre los críticos está el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien afirmó que esa iniciativa no es efectiva para expulsar a acusados de actos delictivos.[76]​ El gobierno de Venezuela rechazó las medidas de control de identidad a los indocumentados,[77]​ mientras que Amnistía Internacional exigió derogar ese decreto.[78]​

El gobierno promulgó una ley que modifica diversos artículos del código penal y que establece que personas que hayan sido condenadas a una pena menor de 6 años por los delitos de hurto simple, hurto agravado, piratería de señal satelital o hurto de uso pueden solicitar la conversión de la pena a una de vigilancia electrónica, que sujetos que tengan una sentencia de entre 10 y 12 años puedan acogerse a beneficios, entre otros.[79]​[80]​

Masacre en la mina La Poderosa[editar]

En la madrugada del 2 de noviembre un grupo de delincuentes armados con fusiles y explosivos ingresaron en el nivel 2995 de la Compañía Minera La Poderosa, en Pataz (La Libertad) con la intención de apoderarse de minerales, tomaron de rehenes a los trabajadores de lugar. Posteriormente, tuvieron un enfrentamiento con la seguridad de la mina, dejando como saldo 10 trabajadores muertos y 30 heridos.[81]​[82]​[83]​La policía detuvo a 7 sospechosos de perpetrar el crimen.[84]​ Las autoridades atribuyeron esta masacre (y otros crímenes en Pataz) a ciudadanos peruanos y venezolanos relacionados con la minería ilegal.[85]​

Posteriormente, al menos 10 torres de alta tensión que brindaban energía al complejo minera La Poderosa fueron dinamitadas por delincuentes, pese al estado de emergencia en la provincia de Pataz.[86]​

Nombramiento oficial[editar]

En diciembre de 2023, la presidenta Dina Boluarte reconoció que el "Plan Boluarte" no existe, y que el plan de seguridad interna lleva por nombre "Perú Seguro".[1]​ Sin embargo, en 2024, el gobierno nacional volvió a mostrar interés en el proyecto del sistema penitenciario en El Salvador, cuando el ministro de Justicia visitó a ese país.[87]​ El Ministro de Justicia, Eduardo Arana, confirmó en febrero de 2024 la implementación de estrategias inspiradas en el denominado "Plan Bukele".[88]​

Planificación de un centro penitenciario masivo[editar]

En marzo de 2024 se consideró imitar la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo luego de aceptar la posibilidad de recibir asesoramiento de El Salvador para una megacárcel.[89]​

Asesinato en Cantagallo[editar]

En marzo de 2024 se reportó el asesinato de un ciudadano shipibo-konibo en Cantagallo. Los habitantes criticaron al Ministerio de Cultura por la falta de medidas de protección.[90]​

Impacto[editar]

El portal Infobae informó en diciembre de 2023 que el plan tuvo un impacto casi nulo, según declaraciones de analistas de seguridad. El exministro Rubén Vargas señaló que la estrategia aún no cuenta con sustento debido a la presencia de organizaciones delictivas en San Juan de Lurigancho y Pataz.[91]​ Por otro lado, el acalde de San Martín de Porres reconoció que la situación de emergencia en su distrito no tuvo éxito.[92]​ Tras las medidas de emergencia decretadas en los dos distritos peruanos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, se reportaron 70 personas asesinadas por sicarios.[93]​

No obstante, el plan de seguridad permitió a la Policía Nacional del Perú tomar acciones de detención por su propia cuenta al no tener que contar el permiso de un fiscal.[94]​ De su parte, el Congreso de la República elaboró proyectos de ley para reabrir el centro penitenciario de El Frontón y recurrir a los jueces sin rostro.[95]​ Además, el ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, propuso pedir ayuda a los Estados Unidos para sentenciar y encarcelar a los responsables de grupos delictivos en ese país.[96]​

Por otra parte, en enero de 2024, el general Víctor Herrera, jefe de la policía de Guayaquil, afirmó que en Ecuador se utilizaron armas provenientes del Perú. Además, durante la toma del canal TC Televisión, se confirmó que algunos de los rehenes eran de origen peruano, lo que demuestra el alcance transnacional de la delincuencia.[97]​ Un informe de El Comercio indicó que el 92 % de las armas incautadas durante 2023 ocurrieron en el departamento de Tumbes, lugar donde se transportaría al país vecino.[98]​ Otro informe de Infobae, a partir de cifras de Víctor Manuel Quinteros, indicó que existen 340 mil armas sin registrar en el país.[99]​

En 2024 el ministro del Interior encaró a la prensa local debido a que los «medios de acá hacen ver lo contrario» sobre la situación de criminalidad en comparación de Colombia y Ecuador.[100]​ Adicionalmente, un análisis de La República alertó sobre una posible alianza entre bandas delictivas extranjeras operando en Lima, exacerbando la delincuencia en la ciudad.[101]​

Caso Paolo Guerrero[editar]

La delincuencia, que se presenció también en el departamento de La Libertad, se extendió a personalidades deportivas. En 2024 Paolo Guerrero, quien fue contratado por el Club Deportivo Universidad César Vallejo, denunció que un familiar suyo fuera extorsionado, además que comunicó al gobierno de Dina Boluarte para revisar el caso de extorsión.[102]​ El primer ministro Alberto Otárola aclaró que el futbolista no tendrá un trato preferencial por las fuerzas del orden que cualquier ciudadano en La Libertad.[103]​ La columnista de Caretas, Patricia Salinas, señaló que la incertidumbre sobre la llegada de Guerrero a Trujillo debido a denuncia de extorsión fue cubierta por los medios televisivos. La periodista advirtió que la cobertura influenció la opinión pública cuando señaló que «tiene todas las características de una cortina de humo».[104]​

Véase también[editar]

Referencias[editar]

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  2. ↑ a b Berríos, Por Manuel Rojas. «Ejecutivo prefiere “Plan Boluarte” en lugar del “Plan Bukele” para combatir la inseguridad ciudadana». infobae. Consultado el 21 de septiembre de 2023. 
  3. ↑ a b Ghibellini, Mario (2 de septiembre de 2023). «El plan Boluarte». El Comercio. ISSN 1605-3052. Consultado el 20 de septiembre de 2023. 
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  5. ↑ Ardiles, Abby (20 de septiembre de 2023). «Extorsiones en todo el país aumentaron en un 50%: un análisis del problema». El Comercio. ISSN 1605-3052. Consultado el 20 de septiembre de 2023. 
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  7. ↑ «Perú plantea un "plan Boluarte" contra la inseguridad, en lugar de uno inspirado en Bukele». SWI swissinfo.ch. 29 de agosto de 2023. Consultado el 20 de septiembre de 2023. 
  8. ↑ Loyola, Delsy (10 de septiembre de 2023). «La organización que motivó a grupos de derecha a proponer el Plan Bukele en el Perú». Ojo Público. Consultado el 10 de noviembre de 2023. «El protagonismo mediático del "Plan Bukele" aumentó luego de que los alcaldes Pedro Spadaro, del Callao, y Hernán Sifuentes, de San Martín de Porres, estuvieran en el país centroamericano, para conocer de cerca sus resultados, como parte de la VI Misión Internacional de Ciudades (MIC), que se ofreció a autoridades bajo el título “Tolerancia cero a la delincuencia”. Este evento fue organizado por la Coordinadora para la Inversión y Trabajo —CIT Perú—, la cual realiza este tipo de actividades desde el 2019 para promover —señala— iniciativas relacionadas a las políticas públicas y el concepto de “ciudades inteligentes”.» 
  9. ↑ «Perú declara estado de emergencia en tres distritos para enfrentar a la delincuencia - Mundo - ABC Color». www.abc.com.py. Consultado el 23 de septiembre de 2023. 
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