Derecho foral

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Se denomina Derecho foral al ordenamiento jurídico proveniente de los fueros. Se le considera un tipo de derecho local o propio. En España, se utiliza generalmente para designar al Derecho foral civil que por razones históricas existe en determinadas comarcas o regiones. Suele referirse a los temas de familia, sucesiones y régimen de la propiedad, y con menor frecuencia a las obligaciones y contratos. El término se utiliza en oposición al Derecho común recogido en el Código civil. El Derecho foral se aplica territorialmente en Aragón, Cataluña, Baleares (aunque con particularidades en cada isla), Galicia, Navarra y en el País Vasco (también con particularidades según el territorio).

Las especialidades forales de las actuales Comunidades de Navarra y País Vasco, las únicas que aún en la actualidad disponen de sistemas forales en España, engloban derechos propios que van más allá de la mera legislación civil.

Antecedentes[editar]

El término procede del fuero, que eran los estatutos jurídicos que recogían en la Edad Media las costumbres de cada localidad, además de los privilegios otorgados por los reyes a las mismas, así como el conjunto de disposiciones que preservaban la nobleza, el clero y el vasallaje de una zona. Era un pacto solemne entre los pobladores y el rey, y también -por extensión- eran las normas que regían determinada comarca o localidad. Era un Derecho muy dividido, en la que una ciudad concreta se regía por su Derecho propio.

De ese término surgió el Derecho foral, que posteriormente se utilizó para referirse al Derecho que rige de forma específica en un territorio dado. Habitualmente, los Derechos forales rigen en territorios más amplios que a los que eran de aplicación los fueros.

Territorios forales contemporáneos[editar]

Únicamente los territorios vascos y el reino de Navarra (fieles a Felipe V, de la nueva dinastía Borbón, precisamente de origen navarro) continuaron manteniendo su particularidad foral (régimen fiscal y monetario propio, aduanas, exención del servicio militar, etc.), que volvió a suscitar conflictos en la Edad Contemporánea como consecuencia de las guerras carlistas, y se mantuvieron con distintas alternativas hasta su reformulación como autonomías según la Constitución de 1978 (Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco).

Tras la Tercera Guerra Carlista, mediante la ley de Madrid de 21 de julio de 1876 firmada por el rey Alfonso XII, los fueros quedaron derogados unilateralmente, excepto en lo referente a especialidades fiscales y tributarias, aunque este monarca nunca los había jurado para ser su Señor. En los años finales del siglo XIX surgió un movimiento nacionalista vasco en torno a Sabino Arana y el PNV; mientras que en Navarra se desarrolló un movimiento de defensa de la foralidad (gamazada de 1893). Para las tres provincias vascas, la autonomía política fue parcialmente recuperada por el Estatuto de Autonomí­a del País Vasco de 1936 redactado durante la Segunda República Española y que entró en vigor de forma precaria durante la Guerra Civil Española (1936-1939).

El franquismo, bando vencedor y particularmente definido por el totalitarismo en la definición del Estado, estaba además muy involucrado en la zona (Bilbao fue la capital económica durante la guerra y una de sus familias era la carlista), no sólo ignoró el estatuto, sino que suprimió las particularidades forales de las provincias traidoras de Vizcaya y Guipúzcoa, respetando los de las fieles Álava y Navarra.

Con la transición, la Constitución Española de 1978 reconocía la vigencia de los Derechos Históricos, y se redactaron los vigentes estatutos de autonomía: el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979 y el Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra de 1982. Además, internamente el País Vasco se organiza en tres diputaciones forales, con amplísimas competencias.

Véase también[editar]