Conflicto mapuche

Bandera mapuche adoptada en 1991; principal símbolo del movimiento autonomista mapuche, en Chile (principalmente) y Argentina.

Bandera del pueblo mapuche-tehuelche adoptada en 1991; símbolo de su reivindicación en algunas zonas mapuches argentinas.

El conflicto mapuche es el nombre con el que se refiere, desde el retorno de la democracia en 1990, a una serie de conflictos protagonizados por algunas comunidades y organizaciones mapuches debido a la ocupación de la Araucanía.​​

Por un lado, existen organizaciones representativas de las comunidades mapuches (principalmente de la Araucanía y la Biobío) con una serie de reivindicaciones étnicas. Sus demandas giran alrededor de tres ejes: la autonomía jurisdiccional (derecho propio),​ la recuperación de tierras ancestrales, beneficios económicos y el reconocimiento de la identidad cultural. Si bien la mayoría de estas organizaciones pretenden autonomía y derechos como parte de Chile, solo una minoría reclama la total independencia del estado mapuche.

Por otra parte, los detractores del movimiento mapuche recalcan que son demandas etnocéntricas, resueltas con medidas de hecho ​ que incluyen tomas por la fuerza de predios reivindicados, formalmente ilegales, puesto que sus reclamos no están fundamentados en derechos personales sino en derechos comunales. Las tomas realizadas por algunas comunidades y grupos activistas más radicales conllevan la intimidación a propietarios y personal de tales predios, preferentemente, con ataques incendiarios y armados.​

La "cuestión mapuche" ha generado debate y sus críticos sostienen no sólo la ilegitimidad jurídica de sus pretensiones sino que además señalan que la "identidad mapuche" usada por las organizaciones activistas carece de validez cultural significativa en el mundo contemporáneo -en base al común denominador mapuche moderno- y que más bien se trataría de una etiqueta instrumental para alcanzar objetivos políticos por parte de tales organizaciones. Además de criticar los métodos radicales utilizados por algunos grupos mapuches, considerados como actos terroristas.​

Historia

Comienzos de la reorganización mapuche hasta el Régimen Militar

Tras la ocupación de la Araucanía, comenzaron a emerger diferentes organizaciones, tales como la Corporación Araucana de Venancio Coñoepan, la Federación Araucana de Aburto Panguilef, la Sociedad Caupolicán y la Unión Araucana de Antonio Chiwailaf. Entre estas organizaciones mapuches existían diferentes posiciones, desde el tradicionalismo hasta el catolicismo asimilacionista, pero todos compartían la idea de recuperar las tierras usurpadas para conservar la cultura propia.^{[cita requerida]} De esta manera el "movimiento mapuche" ingresó en la escena pública chilena, entremezclándose con la política y sus partidos; aunque siempre conservando su especificidad. Este proceso llegó a su clímax a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970.

Fue así como en 1969 comenzaron las tomas de tierras reclamadas por los mapuches en la provincia del Cautín, proceso conocido como "el Cautinazo".

Grabado de la estatua de Caupolicán, hecha por el escultor Nicanor Plaza.

Posteriormente, con el proceso de Reforma agraria acelerado por el gobierno de Salvador Allende, muchas comunidades mapuches se radicalizaron e iniciaron una inédita recuperación de tierras, al margen de los programas de gobierno. Hacia 1972, los latifundistas afectados se organizaron en los comités de retoma, grupos paramilitares armados que fueron perseguidos por el gobierno mediante la Ley de Seguridad del Estado.

Régimen Militar y el Acuerdo de Nueva Imperial

La Dictadura Militar fue cruenta en la Araucanía, donde cientos de personas desaparecieron o fueron torturadas. Las organizaciones reaparecieron a partir de 1978, como reacción al Decreto Ley 2568 que liquidaba la figura jurídica de la propiedad comunal sobre la tierra -último resguardo sobre sus propiedades- y también la calidad de indígena de sus ocupantes. Surgieron así, promovidos por la Fundación Instituto Indígena del Obispado de Temuco, los Centros Culturales Mapuches,​ denominación que permitía una mayor probabilidad de eludir la persecución de la dictadura. Más tarde (1981) éstas darían paso a la organización Ad Mapu, tronco de posteriores organizaciones.​ También desde 1978, en aplicación del artículo 25 del decreto ley Nº 2.568, se dispuso la ampliación de las tierras indígenas, traspasando a 2.639 indígenas un total de 51 predios agrícolas que eran propiedad del Fisco, SAG, ex CORA, CORFO y CONAF, con una superficie total de 113.342,07 hectáreas. Con la aplicación de dicha normativa, desde 1978 a 1990 se entregaron, en total, 69 mil 984 títulos de dominio individual a los indígenas, y en virtud de las demás disposiciones de ese texto legal y las nuevas tierras traspasadas, se completaron 72.931 títulos de dominio. Sin embargo muchas comunidades no quedaron conformes con este proceso.^{[cita requerida]}

Retorno a la democracia

Consejo de Todas las Tierras

La respuesta del gobierno de Patricio Aylwin, elegido después del régimen de Pinochet, fue la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que terminó con 141 mapuches condenados y con sus derechos políticos suspendidos.

Represa Ralco

En 1993 se aprobó la Ley de Desarrollo Indígena 19.253. La situación creada por esta ley, que había operado con la cooperación de los principales referentes mapuches hasta 1997, sufrió una crisis, cuando la empresa ENDESA comenzó la construcción de una segunda central hidroeléctrica en la zona del Alto Bío Bío (con el nombre de Ralco). Algunos de los mapuche-pehuenche que habitaban la zona se negaron a abandonar sus tierras, amparados en la legislación que exigía la autorización de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para poder permutar tierras indígenas. Ante la negativa de este organismo gubernamental a aprobar dicha permuta, por ser atentatoria contra los derechos de los pehuenches, el Presidente Eduardo Frei destituyó al director de la CONADI y a la autoridad ambiental que también se oponía el megaproyecto. De esta manera autoritaria se inundaron miles de hectáreas de tierras y sitios sagrados para el pueblo mapuche-pehuenche.

Explotación de plantaciones forestales

En la misma época, comenzaba la explotación de las plantaciones forestales sembradas en plena dictadura militar, en predios que habían sido previamente otorgados a las comunidades mapuches durante el gobierno de Salvador Allende, pero que posteriormente pasaron a manos de sectores económicos. Los intereses de las empresas madereras que explotan plantaciones forestales en territorio mapuche; el temor de los agricultores que explotan predios considerados como usurpados por las comunidades mapuche y el aumento de la violencia hacia fines de los años 1990 en la zona, motivaron al Senado a expresar en un informe su preocupación por la grave amenaza a la seguridad jurídica en la zona del conflicto (S 680-12).​ Sin embargo, este informe ha sido cuestionado, ya que contiene declaraciones de más de 15 agricultores afectados y sólo de un representante mapuche, por lo que no se profundiza en las causas del conflicto ni están equilibradas las posiciones contrapuestas.

Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco - Malleco

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, la respuesta estatal al conflicto mapuche-chileno asumió dos líneas básicas:

Por un lado, a través de la represión policial de las acciones de los activistas mapuches, cuyo punto crítico ocurrió en 2002: durante una ocupación ilegal de tierras en el fundo Santa Alicia, en la comuna de Ercilla, provincia de Malleco, el joven comunero Alex Lemun Saavedra cayó muerto por los Carabineros de Chile, quienes usaron escopetas antimotines cargadas con balines de plomo.

Por otro lado, debido a los reiterados ataques a fundos de propiedad privada, mediante una operación de inteligencia llamada "Operación Paciencia", dirigida desde la Sub Secretaría del Interior y presidida por Jorge Correa Sutil, se sindicó y persiguió a la Coordinadora Arauco-Malleco como a una organización de carácter terrorista. Sus dirigentes fueron encarcelados y procesados en juicios que fueron cuestionados, como el llamado "Caso Loncos" y el "Caso Puluco-Pidenco". Los Loncos: Pascual Pichun y Aniceto Norin, fueron condenados a 5 años y 1 día de prisión, por "amenaza de incendio terrorista". En cuanto al "Caso Puluco-Pidenco", cuatro comuneros fueron penados a 10 años y un día de prisión por "incendio terrorista".

Estos juicios han sido denunciados por la Organización de Naciones Unidas, a través de su Relator Especial para Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, y por organizaciones como Amnistía Internacional, que los acusan como juicios que presentan una legalidad cuestionable. Los hechos fueron denunciados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por infracción al debido proceso, entre otras razones, principio consagrado en las normas internacionales vigentes. La CIDH decretó la admisibilidad de la denuncia.​

Huelga de Hambre de comuneros Mapuches

Manifestación a favor de los comuneros mapuches en huelga realizada por estudiantes de Valparaíso.

Entre 2010 y 2011 se produjeron una serie de huelgas de hambre de comuneros mapuches presos en cárceles chilenas, para protestar contra las condiciones en que se llevaban los procesos judiciales en su contra, principalmente por la aplicación de la ley antiterrorista, y por los dobles enjuiciamientos a los que se veían sometidos, pues por los mismos hechos se llevaban procesos paralelos en la Justicia ordinaria y en la Justicia Militar.​

Las huelgas comenzaron el 12 de julio del año 2010, con un grupo de comuneros mapuches que se encontraban en prisión preventiva, algunos por más de un año y medio, todos acusados de infringir la legislación antiterrorista.​ En un comienzo los huelguistas sumaban 23 personas, aunque con el paso de los días llegaron a ser 34.​ Tras 82 días, 23 comuneros mapuches de Concepción, Lebu y Temuco llegaron a acuerdo con el Gobierno y finalizaron la huelga de hambre, según lo comunicó el arzobispo de Concepción, monseñor Ricardo Ezzati, la noche del 1 de octubre de 2010.​ 10 de los 11 huelguistas de Angol decidieron continuar la huelga. El 8 de octubre la mayoría de ellos decide terminar la huelga, tras llegar a un nuevo acuerdo con el gobierno.​ Finalmente, el 12 de octubre de 2010 el menor de edad Luis Marileo, quien era el último mapuche en la huelga, depuso la medida de presión.

El 15 de marzo de 2011 Héctor Llaitul, José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Huillical retomaron la huelga de hambre.​ Los cuatro suman condenas de 85 años de presidio, en parte por crímenes por los que fueron absueltos por la Justicia militar chilena.​ El 9 de julio de 2011 depusieron la huelga, tras 87 días sin ingerir alimentos.​

En febrero de 2011 el Tribunal Oral de Cañete absolvió a los 17 presos mapuches acusados de cargos de Incendios Terroristas y Asociación Ilícita, por los cuales la fiscalía se había valido en su acusación de testigos sin rostro. Sin embargo, cuatro de ellos fueron encontrados culpables de robo con intimidación, atentando a la autoridad y homicidio frustrado, por el ataque al fiscal Mario Elgueta ocurrido en octubre del 2008.​

Las condenas fueron decididas en marzo de 2011, y llegaron a 25 años de presidio para Héctor Llaitul (15 años por el ataque al fiscal Elgueta , y 10 años por robo con intimidación contra el agricultor José Santos Jorquera), mientas que Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical fueron condenados a 20 años de presidio cada uno (10 años por el ataque al fiscal y 10 años por robo con intimidación).​

En el proceso paralelo llevado por la Justicia Militar por el ataque al fiscal Elgueta, los acusados Llantiul, Llanquileo, Huenuche y Huillical fueron absueltos de los cargos, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción en mayo de 2011.​

Atentados incendiarios

Mientras muchas comunidades y organizaciones Mapuches realizan sus reclamos por vías pacíficas, igualmente algunas comunidades y grupos activistas más radicales han realizado actos considerados terroristas por el gobierno Chileno; los cuales conllevan la intimidación a propietarios y personal de tales predios, preferentemente, con ataques incendiarios y armados principalmente a casas y camiones de la zona de Arauco. Entre estos hechos destaca la muerte de Werner Luchsinger, un empresario agrícola que fue asesinado en enero del 2013, al morir en un incendio provocado a su casa en la comuna de Vilcún ​, en donde finalmente se culpó a Celestino Córdova como responsable, siendo condenado a 18 años de condena ​.

El caso de Raúl Castro Antipán

Infiltrado de Carabineros para, en sus palabras, “desarticular” la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).​

Fue reclutado como informante de Carabineros mientras era un joven estudiante activista vinculado con algunos grupos pro causa mapuche. Y después vendría a ser un infiltrado civil dentro de algunas organizaciones o movimientos en el sur de chile. Claramente fue seleccionado para cumplir este rol porque tenía causas judiciales pendientes, entiendo que por robo, las que fueron usadas por inteligencia policial para ofrecerle una salida alternativa, que era prestar ayuda y cooperación como informante de la policía.

Entre 2009 y 2011 una treintena de comuneros estuvieron presos por su testimonio como “delator compensado” por Ley Antiterrorista. Llevando a la cárcel a 14 personas, que finalmente fueron absuelvas por la justicia.​

Actualidad

Afiche de convocatoria para marcha por muerte de Rodrigo Melinao.

En agosto de 2013, tras la muerte del comunero mapuche Rodrigo Melinao Licán, y luego de que la fiscalía confirmara que fue víctima de asesinato.​, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, presentó una querella contra quienes resultaran responsables )​

Consecuencias

Denuncias de criminalización del movimiento social mapuche

Véanse también: Alex Lemun, Jaime Mendoza Collio, Matías Catrileo y Patricia Troncoso.

Cartel mapuche.

Diversas organizaciones mapuches han denunciado vigorosamente que existiría una criminalización de su lucha social.

Manifestación mapuche.

Las demandas de los mapuche están ligadas a la recuperación de los territorios de los que afirman ser herederos ancestrales. Se autodenominan presos políticos aquellos mapuches que han sido juzgados y condenados mediante la Ley Antiterrorista creada durante el gobierno militar, que endurece las penas correspondientes a delitos comunes, cuando se configura el tipo de terrorismo (en particular el delito de incendio, que puede alcanzar a 10 años de cárcel al aplicársele la legislación antiterrorista).

Junto con esta declaración de criminalización realizadas, igualmente se han denunciado otros hechos acontecidos, como las denuncias de ataques a menores de edad en las comunidades mapuches. El 30 de octubre del año 2007, el menor de 13 años Patricio Queipul Millanao resultó herido en el tórax por al menos seis municiones de Carabineros, quienes dispararon sus escopetas antimotines.​ Este hecho se suma al de Daniela Ñancupil, también de 13 años, baleada en extrañas circunstancias por carabineros, en enero de 2001,​ y que luego, en el 2002, fue secuestrada e interrogada por sujetos de civil, quienes la vendaron y la amenazaron para que desistiera de sus acciones legales.​

Reacción de organizaciones por derechos humanos

Por su parte, en marzo de 2007, el Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de la supervigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en sus observaciones al informe de Chile, también denunció las prácticas criminalizadoras contra el movimiento social mapuche.

En este sentido, instó al Estado chileno a modificar la Ley N° 18.314 (conocida como ley antiterrorista). Además, en relación a los artículos 1 y 27 del Pacto, el Comité lamentó la información de que las "tierras antiguas" continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, expresando que el Estado chileno debía realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1, párrafo 2, y 27 del Pacto, debiendo agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales, debidamente demarcadas.

También exhortó al Estado chileno a efectuar consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto. En 2004, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya había formulado observaciones en el mismo sentido.

Reclamo del derecho de autodeterminación

Varias organizaciones mapuche están reclamando el reconocimiento del derecho de autodeterminación mediante el argumento que les correspondería y sería válido este reclamo producto de su calidad de pueblos, según se reconoce en la Carta de Naciones Unidas.​ Con la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, la comunidad internacional ha reconocido expresamente el carácter de pueblos de los indígenas, como ya lo afirmara el Relator Especial de Naciones Unidas Miguel Alfonso Martínez, quien en su estudio encargado por la ONU, sostuvo que “no he podido hallar argumento jurídico suficiente para que pueda defenderse la idea de que los indígenas han perdido su personalidad indígena internacional como naciones/pueblos”.^{[cita requerida]}

A partir de ello, si bien la amplitud de la autonomía y beneficios reclamados varían entre los distintos sectores mapuche, muchas de las organizaciones mapuches que la reclaman, la relacionan y la piden de la misma forma que la autonomía obtenida por el pueblo inuit en Groenlandia, desde la década de 1990; o como los beneficios obtenidos por los indígenas de Bolivia a partir de la más reciente elección de un presidente aymara en ese país (Evo Morales).^{[cita requerida]} Además, organizaciones mapuches como Wallmapuwen han entablado vínculos con el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), proponiendo replicar el sistema de comunidades autónomas en Chile, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas en la constitución (caso similar al del reconocimiento de las administraciones y lenguas regionales en España).^{[cita requerida]}

Véase también

• Wallmapu
• Ocupación de la Araucanía
• Conquista del Desierto
• Huelga de hambre de comuneros mapuche de 2010
• Coordinadora Arauco-Malleco
• Consejo de Todas las Tierras

Enlaces externos

• Tribunales Chilenos Inhabilitados Jurídicamente dentro del Territorio Mapuche
• El conflicto mapuche visto por sus protagonistas