Bunge & Born

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Bunge & Born es un grupo económico de Argentina que durante el siglo XX fue considerado como la corporación más poderosa e influyente del país. El grupo Bunge & Born de Argentina tuvo su eje en la empresa de alimentos Molinos Río de la Plata y forma parte del holding Bunge International Ltd. con sede en Bermudas, una de las corporaciones más grande del mundo en comercialización de commodities, y en especial soja.

Origen y Desarrollo[editar]

La Región pampeana argentina, una de las zonas más fértiles de la Tierra.[1]
Elevadores de Granos en Puerto Madero (1910). A partir de mediados del siglo XIX, el país se desarrolló económicamente gracias al "Modelo Agro-exportador", que se mantendría invariable hasta la década de 1930.

En 1818, Johann Bunge funda en Amsterdam (Holanda) la empresa Bunge & Co. para incursionar en los mercados mundiales de granos. Años después, Edouard Bunge, nieto de Johann, decide relocalizar la compañía en Bélgica, sitio que brindaba mayores posibilidades para el desarrollo de la empresa.

A principios de la década de 1880, Ernest Bunge, hermano de Edouard y nieto de Johann, deja el puerto de Amberes (Bélgica) con rumbo a la Argentina.

En la Ciudad de Buenos Aires lo esperaba su tío paterno Carlos Bunge, casado con una dama de la sociedad porteña llamada Genara Peña Lezica, quien poco después cumpliría un papel importante abriéndole las primeras puertas de la oligarquía terrateniente.

Por aquel entonces, la Argentina ofrecía múltiples oportunidades a los hombres emprendedores ya que el país vivía un gran desarrollo económico, con recursos que parecían prácticamente inagotables. Ernest vio que se trataba de una gran oportunidad para acrecentar los negocios de la Bunge & Co., por lo que pensó en abrir una sede local de la empresa incorporando a su cuñado Jorge Born. Una carta fue suficiente para tentarlo y al poco tiempo ya lo estaba recibiendo en el puerto de Buenos Aires.

La unión entre Ernesto Bunge y Jorge Born se concretó en 1884, con el objetivo explícito de dedicarse a la exportación de cereales desde la Argentina: nacía la Bunge & Born. El primer paso de la empresa fue la compra de una estancia de 60.000 hectáreas, mientras que ya se analizaba la creación de una entidad financiera. Por entonces la Argentina se encontraba en pleno proceso de estructurar una economía agro-exportadora basada en la producción de carne y cereales. El crecimiento del país como exportador de materias primas había sido fenomenal, basta destacar que en 1873, en los inicios de la organización nacional, gran parte del territorio argentino era semi-árido sin ningún tipo de producción, pero para 1893 el país ya exportaba 100.000 toneladas de trigo y diez años después esa cifra ya llegaba al millón de toneladas. Para fines del siglo XIX, Argentina era considerada el "Granero del Mundo".

En 1897, provenientes de Europa, se suman a la sociedad Jorge Oster y Alfredo Hirsch. Oster se especializaría en el comercio de cereales, mientras que Hirsch, de apenas 25 años, cumpliría un papel trascendental en la posterior diversificación industrial del grupo.

Con una mentalidad visionaria, en 1899, la Bunge & Born, adquirió un taller de cromohojalatería, a través del cual incursionaría en el mercado de envases. La nueva empresa fue Centenera S.A., y gracias a las inversiones y al empuje de sus fundadores se convirtió en la principal compañía dedicada a la producción de envases de hojalata en la Argentina.

Casi de manera simultánea y ante la intensa demanda interna y externa de materias primas, en 1902 el grupo decidió profundizar su política de industrialización del que por entonces era su principal producto de exportación, el trigo, instalando un molino harinero en el Dique III de Puerto Madero, de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa tomó el nombre de Molinos Río de la Plata.[2]

Desde un primer momento, Molinos Río de la Plata se lanzó a la conquista del mercado argentino. La empresa adquirió a otras compañías del sector y emprendió políticas agresivas contra el resto de la competencia: compraba trigo a alto precio y luego vendía la harina más barata, arruinando a las pequeñas y medianas empresas.

Mientras tanto, con el fin de evitar trabas aduaneras, la Bunge & Born, a través de Molinos Río de la Plata, instaló plantas en Uruguay y Brasil. De esta manera se iniciaba la internacionalización de la empresa, estrategia que se intensificaría posteriormente.

Diversificación e Industrialización[editar]

Sede Corporativa de la Bunge & Born en Buenos Aires.

Para 1910, la Bunge & Born, especializada en la comercialización y exportación de granos, ya era uno de los grandes "traders" de commodities agrícolas del mundo: junto a otras dos compañías -Dreyfus y Weil-, controlaban el 80% del mercado mundial.

Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial ocasionó graves problemas a la Bunge & Born, lo que encendió una luz de alerta sobre los riesgos que implicaba una mera especialización agro-exportadora tanto para el país como para este grupo económico en particular. La realidad es que 1914 marcó para la Argentina el fin de una etapa en su historia económica caracterizada por la producción agraria extensiva, el ingreso masivo de inmigrantes y de capitales extranjeros. El estancamiento de la producción agropecuaria y la desaceleración del comercio mundial desaconsejaban continuar con esa orientación.

Entre varios altos directivos de distintas empresas comenzó a imponerse la idea de que si la Argentina quería evitar el estancamiento debía encarar un nuevo rumbo, promoviendo la expansión industrial, la diversificación de la producción primaria y el crecimiento del mercado interno.

Así fue que partir de la década del veinte, vía Molinos Río de la Plata, el holding fue ampliando su producción a cultivos de algodón, girasol, maní, soja, arroz, yerba mate, y aceites vegetales, lo cual le daba la posibilidad de iniciar la comercialización de productos de consumo masivo a través de diversas marcas. Así es que, en 1924, Bunge & Born crea La Fabril S.A., empresa especializada en actividades algodoneras. Dos años después, el holding establece una fábrica de aceites en Resistencia (Prov. del Chaco) y crea la empresa Grafa S.A. (Grandes Fábricas Argentinas S.A.), que instala su planta industrial en el barrio de Villa Pueyrredón (Capital Federal), dedicándose inicialmente a la producción de sábanas y frazadas, para luego incursionar en otros productos como telas para manteles, ropa fabril y toallas. En 1926, Bunge & Born inauguró su imponente edificio corporativo de estilo neogótico en el centro de Buenos Aires.

Por aquel entonces, Bunge también se lanzó al mercado de pinturas con Albor S.A. (luego Alba S.A.), siendo ésta la primera fábrica de pinturas de Sudamérica. Con el correr del tiempo la empresa fue ganando prestigio hasta convertirse en la compañía más importante del sector en la Argentina y para los años sesenta ya sería considerada la fábrica de pinturas más importante de América Latina.

En los años ´20 la Bunge & Born no solamente creció en la Argentina, sino que también se expandió en Brasil, creando la Sociedad Algodonera del Norte Brasileño (SANBRA), más tarde crea la Sociedad Anónima Molinos Río Grande (SAMRIG) y finalmente también participa con diversos porcentajes en el grupo Santista Fluminense (SANFLU).

La conducción de la empresa argentina sufre varios cambios durante estos años, ya que en 1920 fallece Jorge Born, por lo que Ernest Bunge pasa a tomar las riendas del grupo. Sin embargo, en 1927 muere Eduoard Bunge, en su residencia de Hoogboom, Bélgica, lo que provoca la partida de Ernest hacia Europa. A partir de entonces, y durante los próximos 28 años, Alfredo Hirsch se encargaría de conducir el holding en Buenos Aires, dándole un marcado perfil industrial.

Paralelamente, a partir de la década del ´20, Estados Unidos comienza a elevar las tarifas aduaneras como forma de proteger su producción. En 1921 se elevan las tarifas para productos agropecuarios y en 1922, la ley Fordney-McCumber eleva las tarifas para productos industriales que usualmente se importaban de Europa. Esto crea una barrera al crecimiento de la industria europea y terminará repercutiendo en la agricultura norteamericana. En 1924, ante la caída de las exportaciones de los productos agropecuarios de Estados Unidos, se dicta la ley McNaury-Hagen, que establecía precios mínimos y cuotas para la compra de cereales en el mercado norteamericano. Este tipo de medidas comenzaron a desvirtuar los mercados y alteraron los mecanismos de formación de precios. Pero ése no fue su único efecto: las tarifas evitaron la entrada de productos europeos a Estados Unidos, imposibilitando a éstos equilibrar sus balanzas de pagos a través de un superávit en la balanza comercial, esto a su vez llevó también a una caída abrupta de las importaciones de mercaderías norteamericanas.

Mientras tanto, la Argentina vive uno de los períodos más prósperos de su historia. Las exportaciones del país se incrementan notoriamente y los precios internacionales de los productos agro-ganaderos se mantienen en alza. Por aquel entonces, la República Argentina es el primer exportador mundial de maíz y lino y el segundo de trigo, representando los tres productos el 52,9% de las exportaciones en el período 1925-29.

La prosperidad del país se basaba en un modelo de economía abierta y muy ligada al comercio exterior, no sólo de mercaderías, sino también de capitales. Mientras el comercio internacional mantuviera la convertibilidad de las principales monedas, la Argentina no tendría inconvenientes. El país fue uno de los pocos que, a pesar de las presiones industriales, no elevó sus tarifas aduaneras durante este período.

Para cuando estalló la crisis económica de 1929, la economía argentina era la más rica y diversificada de América Latina. Sin embargo, la depresión del comercio internacional afecta enormemente al país no sólo por la caída de los precios de los productos agrícolas, sino también por el descenso de los flujos de comercio.

Para aquel entonces, el mundo había abandonado por completo el librecambismo y el patrón oro, mientras que las barreras aduaneras se elevaban a niveles no conocidos, reduciendo el flujo de comercio internacional.

Tras el Golpe de Estado de 1930, el gobierno provisional del general José Félix Uriburu adoptó algunas medidas pregonadas por los empresarios locales, como la elevación de los derechos aduaneros del país. A estas medidas se sumó la devaluación de la moneda y el control cambiario establecido con el objetivo de asegurar el equilibrio en la balanza de pagos y el cumplimiento de la deuda externa. Indirectamente, la aplicación de estas medidas permitió, sobre la base de una estructura industrial existente, el inicio de la sustitución de importaciones en la Argentina.

Durante la gestión del ministro de agricultura, Dr. H. Béccar Varela, se formó una comisión compuesta por representantes de las principales instituciones agropecuarias (SRA, Unión de Productores Agrarios, etcétera) para "el estudio de diversas medidas para la defensa de la agricultura nacional". El Control de Cambios impuesto en 1931 perjudicaba notablemente a los productores. En aquellos momentos los precios agrícolas y ganaderos del mercado internacional descendían persistentemente y, al mantenerse fijo el tipo de cambio, el reajuste recaía totalmente sobre los productores, obligándolos a rectificar sus costos de acuerdo con los precios del mercado internacional. En este marco, y frente a la insistencia de varios sectores para que se fijase un precio mínimo para ciertos granos, es que el 28 de noviembre de 1933 se crea, por decreto 31.864, la Junta Reguladora de Granos. De esta manera comenzaba en la Argentina la historia de los controles al comercio, que fueron utilizados como una herramienta fiscal, distorsionando los precios internos respecto de los precios internacionales. Lo que comenzaba como subsidios hacia los productos del sector agrario, luego se extendería a los frigoríficos del sector ganadero, a los productores atacados por las plagas o las contingencias climáticas, etc.

Mientras tanto, durante la década del ´30 comenzó a hablarse seriamente sobre los beneficios que podría traer la industrialización, sobre todo haciendo hincapié en la “industria natural” del país, o sea la que elaboraba materias primas locales. Sin embargo, la recuperación económica que ya se venía observando desde 1933 convenció a los gobiernos conservadores de que la crisis era temporaria y que la "industrialización" no era más que un parche para mitigar los desbalances del comercio internacional. Aunque, en otros sectores, como el castrense, la prédica industrialista tuvo una mayor repercusión tanto por el espíritu nacionalista que involucraba dicha política como por la incertidumbre que generaba un nuevo deterioro del contexto internacional para fines de la década, tensión que finalmente desembocaría en un nuevo conflicto mundial.

Cambio de Rumbo[editar]

Los generales Rawson y Ramirez en la Casa Rosada (1943) - Finaliza la "Década Infame", el Golpe de Estado de 1943 cambia el rumbo económico y social del país.
17 de octubre de 1945: es el preanuncio de la "Nueva Argentina", nacional y popular. Fruto de la alianza entre las fuerzas armadas, la clase trabajadora y la nueva burguesía industrial.

En 1943, ya en pleno clímax de la Segunda Guerra Mundial, se produce un nuevo golpe militar en la Argentina que proclama entre sus objetivos la trasformación del Estado en un ámbito de mediación y conciliación de clases, promoviendo reformas económicas y sociales que prepararan al país para el futuro contexto de posguerra. Obviamente, con estos objetivos, la actitud oficial frente a la industria se modificó totalmente y muy pronto comenzaron a convertirse en realidad las demandas que los dirigentes industriales habían levantado sin éxito durante décadas.

En abril de 1944, la dictadura fundó el Banco de Crédito Industrial, en junio se dispuso la creación de la Secretaría de Industria y se instauró el primer régimen de fomento industrial.

Estas políticas se enmarcaban en las preocupaciones castrenses por una posible desindustrialización una vez concluido el conflicto, cuando los mercados mundiales fueran reabiertos, lo cual obviamente derivaría en graves perturbaciones sociales. Así fue que desde el gobierno se decidió alentar a todas las industrias, tanto a aquellas que utilizaran materias primas nacionales orientadas al abastecimiento del mercado interno, como aquellas que, aún cuando utilizaran materias primas o productos semielaborados importados, produjeran artículos indispensables para la defensa nacional. De esta manera, la política oficial evitó distinciones entre industrias naturales y artificiales.

Hacia 1944 ya era evidente que el fin de la Guerra estaba cerca, lo que reavivo el debate sobre cual debía ser la estrategia oficial ante el nuevo contexto internacional: según un estudio del Consejo Nacional de Posguerra, se verían afectados en forma directa cerca de 70.000 obreros, especialmente aquellos vinculados a la industria textil algodonera y la metalúrgica. A ese número, debía añadirse el efecto que esta crisis provocaría en el sector comercial y sobre otras industrias ligadas al nivel de ingresos y ocupación de la población.

En cambio, para el Banco Central, institución autónoma mayormente ligada a las dirigencias tradicionales del país, la normalización del comercio mundial afectaría sólo a algunas industrias, aunque un abastecimiento regular y un menor costo en insumos y maquinarias para la industria y el campo repercutiría positivamente en los niveles de producción y ocupación general.

Por supuesto, las discrepancias en el diagnóstico implicaban soluciones diferentes. Así, el Banco Central juzgaba que las industrias susceptibles de ser protegidas resultaban ser “mucho menos importantes de lo que comúnmente se supone". En contraste, el Consejo estimaba que la única forma de evitar el desempleo en la posguerra era profundizar y consolidar el plan de industrialización. Dado que el sector primario era incapaz de absorber el crecimiento vegetativo de la población y la tan esperada inmigración, el incremento de la ocupación descansaría en la expansión del sector secundario. Para ello era imprescindible la aplicación de una política que estimulara la descentralización industrial mediante el incremento de la producción de energía hidroeléctrica y la reducción de las tarifas ferroviarias, todo lo cual abarataría los costos de producción en el "Interior". A su vez, el Estado debía apoyar al sector mediante una protección aduanera, preferencias en las compras oficiales, fomento a la educación técnica y estímulos cambiarios para la exportación de productos del país con el mayor grado de elaboración.

En oposición a quienes ansiaban una amplia apertura externa, la realidad era que el nuevo contexto nacional e internacional hacia imposible la instauración de una libertad comercial ilimitada como la que había existido a comienzos del siglo XX. Esa política no era sólo desaconsejada por los catastróficos efectos que en términos de ocupación y diversificación productiva podía acarrear, sino también porque era improbable un incremento de las exportaciones primarias, dado que varios países (EEUU, Canada y Australia) habían acumulados grandes stocks de granos durante el conflicto, lo cual se sumaría a un rápido incremento de la producción agrícola europea. Por lo tanto, era de esperar que los productos primarios argentinos enfrentaran serios problemas durante la posguerra, haciendo más evidente la necesidad de convertirlos en productos industriales. Sin embargo, esta postura a favor de la industrialización no quería decir que el país ingresara en la autarquía, sino que por el contrario, representaba una gran oportunidad para relanzar los proyectos de unión aduanera con Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. Dicha unión económica, facilitada por un pasado cultural común, duplicaría el mercado interno y además resultaba imprescindible ante la amenaza que suponía la formación de grandes bloques económicos tras el conflicto bélico.

Ahora, si bien existía consenso con el gobierno sobre la política industrial, la cuestión de la distribución del ingreso seguía siendo un tema conflictivo. Obviamente, la industrialización requería de un mercado interno poderoso, que sólo podría obtenerse con una redistribución progresiva del ingreso que elevara el nivel de consumo de las masas. Sin embargo, la cuestión era como llevar adelante esa "redistribución": la estrategia de Perón era la más directa y pragmática, o sea el aumento progresivo de los salarios, junto a una batería de medidas y reglamentaciones (precios máximos, congelamiento de tarifas, etc.) que frenaran la inflación y abarataran el costo de vida de la clase obrera. Sin embargo, los empresarios argentinos argumentaban que los incrementos salariales serían inevitablemente devorados por la inflación al tiempo que este exceso de intervencionismo y el aumento de los costos sociales desalentaría la inversión privada. La estrategia que proponían era que el Estado mejorase la calidad de vida de los trabajadores suministrando más viviendas, mejores servicios sanitarios y mayor educación técnica para mejorar la calificación de la mano de obra. Paralelamente el Estado debía otorgar facilidades para la modernización de los bienes de capital y alentar las inversiones.

El fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el llamado a elecciones nacionales para 1946 acentuó los debates sobre los dos caminos a seguir:

- Apoyar la continuidad del "modelo" iniciado en 1943, con mayor intervención estatal orientanda a la industrialización y a la redistribución social, con los riesgos de que el movimiento degenerara en un excesivo intervencionismo, al que el economista austríaco von Hayek denominaba "camino de servidumbre".

- O, por el contrario, se volvía al orden económico anterior de orientación agro-exportadora, que muchos suponían que era como condenar al país a un estado semicolonial, con el agravante de que la clase trabajadora posiblemente caería en la desocupación y el subconsumo.

El 24 de febrero de 1946 el 54,4% del país votó por continuar con el rumbo iniciado en 1943.

El Primer Gobierno de Perón[editar]

El Gral. Perón gobernó el país entre 1946 y 1955. Durante su gestión el Estado pasó a regular e intervenir en casi todas las actividades económicas del país.

El ascenso de Perón fue visto por muchos como una oportunidad para poner en marcha políticas sociales y económicas que se habían propuesto infructuosamente durante décadas. Los rasgos básicos del modelo se plasmaron en el denominado "Plan Quinquenal": alentar la industrialización; aumentar la producción de hidroelectricidad; fomentar la redistribución de la propiedad rural; crear un seguro social amplio y obligatorio; integrar a los obreros en los beneficios y en la propiedad de las empresas; y nacionalizar compañías de servicios públicos como los ferrocarriles.

Para aquel entonces estaba claro que la economía plenamente liberal, o sea la anterior a 1929, ya no era viable porque acarrearía desigualdades sociales extremas y una tendencia hacia la crisis. Aunque, por otra parte, una economía excesivamente planificada e intervenida podía resultar contraproducente acentuando la ineficiencia industrial. Para la mayoría de los empresarios locales, era mejor que las industrias fueran de propiedad privada, sólo debiendo intervenir el Estado en los casos que la inversión requerida superara su capacidad. Era preferible que el Estado abocara sus esfuerzos en crear una infraestructura básica, controlando principalmente “las llaves de la producción”, o sea a las empresas de transporte y a las energéticas. Un contexto donde la planificación sólo contara con objetivos generales y estimativos en cuanto al plazo, poniendo mayor énfasis en medidas más reales y concretas como el proteccionismo aduanero y una regulación más activa del sector bancario para que los créditos respondieran a la demanda. En definitiva, debía buscarse un camino intermedio, una tercera vía, que armonizara libertad y orden.

Sin embargo, como era de esperar, la política económica del peronismo contuvo una alta dosis de intervencionismo estatal. El gobierno intentó regular prácticamente la totalidad de las relaciones económicas. Se nacionalizó el Banco Central, las empresas de servicios públicos y se creó la Flota Mercante y la Flota Aérea. Mientras tanto, al establecimiento de precios oficiales para los cereales, se sumó una serie de subsidios, leyes que prorrogaron los arrendamientos rurales, sanción del Estatuto del Peón, etc.

Sin embargo, la Argentina seguía dependiendo de los recursos provenientes del comercio exterior agro-ganadero. Por lo tanto, el gobierno se planteó adquirir una mayor injerencia también sobre los intercambios externos. La creación del Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI) reflejó la intención de ejercer una acción centralizada y directa sobre los mismos, buscando de esta manera financiar el proceso de industrialización.

Las bases para la regulación ya las había sentado el gobierno conservador de Agustín P. Justo: Junta Reguladora de Carnes, Junta Reguladora de Granos, Banco Central, etc. Sin embargo, el carácter de estos organismos cambiaría totalmente después de Perón: originalmente éstos habían sido instrumentos creados por los propios sectores tradicionales para subsidiar la producción agropecuaria, asegurando una ganancia mínima ante precios internacionales bajos. Sin embargo el nuevo gobierno justicialista los utilizará como una herramienta para favorecer a la clase obrera y a la floreciente burguesía industrial.

La CPI y el IAPI[editar]

Propaganda del Primer Plan Quinquenal, promocionando el IAPI.
Miguel Miranda. Pragmático empresario que manejo los principales resortes de la economía argentina (BCRA-IAPI) durante la primera presidencia de Perón. Fue el artífice de la cancelación de la deuda externa y la nacionalización de las empresas de servicios públicos.

Ya antes del Golpe de 1943 el Gobierno habilitó la creación de entidades privadas destinadas a promover las exportaciones industriales, en particular a Estados Unidos. Éstas se ocuparían de estudiar el mercado, publicitar las exportaciones argentinas y facilitar los negocios. Tendrían a su cargo la compra y venta de las divisas generadas por este comercio. Las divisas que obtuvieran por la exportación se ofrecerían en el mercado libre. Con esto, se satisfacía la demanda de quienes necesitaban dólares para importar bienes de EE.UU. Así, se crea la Corporación para la Promoción del Intercambio SA (CPI). Su directorio estaba integrado por los principales ejecutivos de las empresas norteamericanas radicadas en la Argentina, que actuaban como compradores de divisas. También estaban representados los grandes consorcios multinacionales, Tornquinst, Bemberg, Bunge y Born, Leng Roberts.

Las actividades de la CPI se inician públicamente en septiembre de 1941. Ese mismo año comienza a funcionar una oficina en Nueva York. En esta etapa se inician estudios necesarios paraevaluar qué bienes serían promocionados en el extranjero. La CPI analiza los principales rasgos de la producción local y del mercado norteamericano.

Pronto se hace evidente la necesidad de modernizar los medios de producción para obtener una mayor competitividad y así es que en 1942 se cambian los estatutos y se establece como finalidad de la sociedad la promoción del intercambio y la promoción de la tecnología. Esta última, tenía como objetivo aumentar y mejorar la producción de ciertos productos para incrementar las exportaciones. El producto debía adecuarse a la calidad y al estándar requerido en el extranjero. Para ello, la CPI promociona nuevos estudios. Se contratan técnicos extranjeros para que puedan asesorar a los fabricantes de productos exportables y se financia el viaje de fabricantes locales a Estados Unidos. Sin embargo, la Guerra Mundial continúa siendo una barrera importante para el comercio.

La CPI actúa como mediadora y gestiona diversos acuerdos comerciales con relativo éxito. En 1943 se abren tres nuevas oficinas en Nueva Orleans, Chicago y San Francisco. Sin embargo, el emprendimiento mostró sus límites estructurales, en particular para mantener una posición competitiva, ya que los precios argentinos estaban al límite de lo aceptable. Para rebajarlos, la variable central era el costo laboral, algo muy difícil de tocar en el nuevo contexto nacional.

Finalmente el Estado crea el I.A.P.I. (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio) mediante el Decreto 15.350 del 28 de mayo de 1946, bajo la órbita del Banco Central, a cargo del empresario Miguel Miranda. El capital inicial del instituto rondó en los $4.000.000 y se le otorgaron beneficios cambiarios en la compra y la venta de divisas. Como bases del IAPI pueden mencionarse los organismos reguladores creados en la década del ´30 como las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes y la ya mencionada Corporación para el Intercambio (CPI S.A), que fue liquidada a principios de 1946, pasando todos sus bienes al patrimonio del IAPI. Se concibió a este nuevo organismo para que pudiera actuar expeditivamente frente a las coyunturas internacionales que se presentaran maximizando los beneficios de la compra, venta, distribución y comercialización de productos. Entre los propósitos que guiaban su creación, sobresalen los siguientes: a) contar con un organismo especializado en cuestiones comerciales; b) lograr una mejor inserción externa mediante la conquista de nuevos mercados y la consolidación de la presencia argentina en los ya obtenidos; c) realizar propaganda internacional de la calidad y diversidad de los productos argentinos; d) complementar la actividad privada en esta materia; e) diseñar estrategias de defensa de los precios de los productos nacionales en el mercado internacional, ante el eventual deterioro de los términos de intercambio; f) proteger a los productores locales frente a los cambios en los precios internacionales y la acción de los monopolios internacionales y de los países importadores de productos argentinos; g) desplegar una política pública de planificación y orientación que eliminara o redujera al mínimo el impacto desfavorable de los fenómenos naturales, climáticos o económicos que pudieran afectar la producción nacional.

El flamante organismo contaba con diversas funciones. En el plano comercial, se encargaba de comprar los cereales, carnes y derivados a los productores, para luego exportarlos. También cumplía funciones financieras, asignando fondos a ciertas reparticiones públicas, gobiernos provinciales e incluso al sector privado para la adquisición de bienes de capital. Se producía, asimismo, una función reguladora del mercado interno en la medida en que sus decisiones afectaban diversos aspectos del sistema económico. Por ejemplo, cuando el Instituto compraba productos elaborados que no lograban colocación, establecía el margen de beneficio al sector industrial, creaba comisiones mixtas especiales para resolver la crisis de ciertos sectores productivos, adquiría materia prima para entregarla a los industriales a fin de que la procesaran por cuenta y orden del Instituto, etc. Asimismo, el IAPI desarrollaba funciones de promoción y fomento en tanto determinaba qué actividades productivas eran prioritarias y, en consecuencia, debían recibir un tratamiento especial como, por ejemplo, el otorgamiento de créditos sin obligación de devolución. Y dado que en la posguerra existían ciertas dificultades para la adquisición de algunos bienes en los mercados extranjeros, el IAPI cumplía una función de abastecimiento al ocuparse de importarlos y distribuirlos en el mercado interno. Por otra parte, también subsidiaba la producción de ciertos bienes de consumo masivo con el fin de mantener el nivel del salario real; por ejemplo, en cierta ocasión los frigoríficos fueron subsidiados cuando su actividad estaba afectada por las sequías y se requería cumplir con los cupos de exportación pautados.

En particular, en el plano externo, el IAPI tenía como funciones centrales la venta de los productos argentinos en el mercado internacional al mejor precio. A fin de cumplir esta misión, se firmaron convenios comerciales con otros países, en especial con aquellos que proveían a la Argentina de importaciones necesarias para su crecimiento industrial. Así, entre 1947 y 1949 se alcanzaron acuerdos comerciales con Suiza, Hungría, Italia, los Países Bajos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Brasil y Suecia. Asimismo, con el objeto de fomentar el comercio exterior, el IAPI otorgó financiamiento a otras naciones para que adquirieran productos argentinos. Por último, ejercía funciones de asesoramiento y control en las negociaciones comerciales que entablaba el Poder Ejecutivo y en los convenios internacionales a los que éste arribaba.

Esto representaba un cambio significativo y novedoso respecto del camino transitado anteriormente. Se buscaba la "Independencia Económica" frente al capital extranjero, que históricamente había sido fundamental en la determinación del qué, el cómo y el dónde se producía dentro del territorio nacional argentino.

Obviamente las más perjudicadas con este cambio de paradigma fueron las empresas exportadoras (Bunge y Born LTDA,Continental, Dreyfus, La Plata Cereal Co, Louis de Ridder LTDA) que se vieron neutralizadas y sometidas a la actuación del IAPI. La "burguesía intermediaria", era vista en aquel momento como parasitaria e improductiva y por esta razón el Estado debía ocupar su lugar, determinando por sí mismo las conexiones entre los sectores de la economía.

A partir de allí, el IAPI ejerció un rol monopólico en la comercialización de productos agrícolas (principalmente, de trigo), comprando en el mercado interno y vendiendo en el internacional, mientras que en el caso de los productos ganaderos asumió un papel menos activo, de intermediación y recaudación de ingresos. La mayor capacidad exportadora de la Argentina se revela en 1949, año en el que se registran los mejores precios para los productos agrícolas a nivel internacional.

Durante este período el IAPI llevó a cabo actividades financieras, utilizando los recursos provenientes de las exportaciones para adquirir, por ejemplo, los servicios públicos que estaban en manos de empresas extranjeras y expandir el perfil productivo de las empresas estatales. Parte de esos recursos también se destinaron a servicios de bienestar social como salud y educación. Simultáneamente, se otorgó financiamiento para la promoción de determinadas actividades (privadas o mixtas) definidas como esenciales para el desarrollo económico nacional.

Los años ´50 y ´60[editar]

A partir de 1950, en este contexto de industrialización que estaba desarrollando la Argentina, Bunge & Born inició la producción de productos con mayor valor agregado destinados al consumo familiar los cuales se convirtieron en marcas ampliamente conocidas como la sémola Vitina (1955), la harina leudante Blancaflor (1956), el bizcochuelo Exquisita (1959), la margarina Delicia (1963), la mayonesa Ri-K (1968).

Con respecto al comercio internacional, el IAPI obtuvo ganancias importantes durante el período 1946-1948, sin embargo sus actividades comenzaron a mermar a partir de 1949, ante la baja de los precios internacionales para productos agropecuarios, tendencia que persistiría hasta mediados de la década del cincuenta. Además, a pesar de los acuerdos bilaterales firmados por el IAPI, el comercio exterior siguió concentrándose en los vínculos tradicionales. Así, Gran Bretaña seguía ocupando el primer lugar como importador de productos argentinos, seguido de Estados Unidos, al tiempo que se manifiesta la creciente importancia del comercio con Brasil.

Debido a su carácter de entidad de promoción y fomento, el IAPI financió durante su existencia tanto actividades públicas como privadas. Si bien inicialmente se estableció que el instituto debía evaluar los riesgos de cada operación, lo cierto es que mucho del dinero que prestó nunca le fue reintegrado, generándole enormes pérdidas. Los montos por quebrantos no eran menores ya que llegaron a representar el 20% del Activo del IAPI y cerca del 40% del déficit fiscal del gobierno.

Como ya se mencionó, a partir de 1949, ante el estancamiento de la producción agropecuaria y la caída de los precios internacionales, el IAPI funcionó básicamente gracias al continuo endeudamiento con el sistema financiero, acumulando un stock de deuda cercano al 15% del PBI. Por lo tanto el instituto debía generar ganancias por el 15% del producto argentino para saldar sus deudas con la banca, algo obviamente imposible, sobre todo dadas las magras ganancias que estaba obteniendo. En aquel entonces la caída en el nivel de reservas y la aceleración del proceso inflacionario ya eran evidentes, lo cual obligó a replantear el rumbo de la política económica nacional a partir de 1952: los salarios, que habían aumentado considerablemente hasta ese momento, se congelaron por medio de contratos bianuales y, contra toda la prédica antiimperilista de los años ´40, el gobierno comenzó a aprobar diversas medidas para incentivar la inversión extranjera, sobre todo para el desarrollo de la industria pesada. Paralelamente, la necesidad de divisas alteró el sentido original del IAPI, acercándolo a lo que habían sido las Juntas Reguladoras, o sea entes destinados a subvencionar al sector agrario, garantizando una tasa mínima de retorno al productor. Paulatinamente, el sector privado volvió a hacerse cargo de gran parte del intercambio comercial con el exterior: en 1949 el IAPI tenía una incidencia del 99%, mientras que para 1952 ese porcentaje ya había descendido al 60,5%.

En un estado casi agonizante, el IAPI fue disuelto en 1956 por el gobierno provisional del gral. Aramburu. Tras su cierre, fue necesario emitir un bono de saneamiento para tapar el descubierto que el instituto tenía en el Banco Nación y en el Banco Industrial, ya que de lo contrario, ambos bancos quebrarían. El monto del pasivo del IAPI con el Banco Nación ascendía a los m$n 15.000 millones, mientras que el que mantenía con el Banco Industrial era de m$n 4.500 millones. De esta forma, incluyendo algunas otras erogaciones se emitió el "Bono provisional de Saneamiento Bancario" alcanzando los m$n 21.213,4 millones. El IAPI dejaba al país una herencia agridulce: por un lado había sido un instrumento clave para "conquistas" tan significativas como la nacionalización de las empresas de servicios públicos, aunque también era el responsable de un enorme agujero fiscal generado por fuera del presupuesto y que en gran medida fue el causante de la enorme masa monetaria que se creó durante aquellos años, lo que desembocó en una inflación crónica cercana al 40% anual.

En 1978 compró la conocida empresa de pastas Matarazzo y en 1985 la empresa Fanacoa de aderezos, consolidando su posición líder en la rama alimenticia.

Otras conocidas marcas comercializadas por Bunge y Born son Nobleza Gaucha (yerba), Lira (aceite), Gurmet (mayonesa), etc.

En 1990 adquirió el Frigorífico Tres Cruces, que produce la conocida marca de salchichas Vieníssima, en 1995 compró Pindapoy, empresa líder en la producción de jugos de fruta, y en 1997 compró Granja del Sol, especializada en productos congelados.

En total Bunge & Born en la Argentina llegó a controlar 44 empresas alimenticias y se constituyó en el símbolo del poder económico en el país.[3]

A partir de su gran poder en el mercado internacional de cereales Bunge & Born extendió sus negocios fuera de Argentina, organizándose como Bunge International Ltd., con sede formal en Bermudas y real en Brasil, -donde controló las empresas Ceval Alimentos, Guipeba, Santista, Gramoven, etc.-, Australia y Venezuela.

El Secuestro de los Hermanos Born[editar]

En 1970 surge la agrupación guerrillera peronista, "Montoneros", cuya primera y más resonante acción pública fue el secuestro y asesinato del General Pedro Eugenio Aramburu, uno de los cabecillas del golpe militar de 1955 y quien posteriormente asumió como Presidente de facto de la Nación hasta 1958. En un contexto político sofocado por la dictadura militar (1966-1973), la agrupación experimentó un gran crecimiento en el número de militantes y adeptos. Además, hasta el propio General Perón, en el exilio, avaló el accionar y la lealtad incondicional de esta organización, que le permitió presionar y desestabilizar al gobierno de facto que lo mantenía proscrito y exiliado.

El gobierno militar se vio obligado a llamar a elecciones generales y así fue que el 11 de marzo de 1973, el "Frente Justicialista de Liberación" (FREJULI), que no era otra cosa más que el Partido Peronista, ganó por abrumadora mayoría llevando como candidato a presidente al Dr. Héctor José Cámpora. Así fue como Perón retornó definitivamente a la Argentina, el 20 de junio de 1973, tras 18 años de exilio. Se trataba de un hecho histórico y todos los partidarios del General querían estar presentes, por lo que se instaló un enorme escenario en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, para lo que debía ser una gran fiesta popular. Sin embargo, el "Movimiento Peronista" era tan heterogéneo, que la tragedia resultaba inevitable. El Palco Oficial se transformó en el baluarte a conquistar, tanto por las agrupaciones de derecha, como las de izquierda, lo cual derivó en un conflicto armado con innumerables muertos y heridos. Este hecho se conoció como la "Masacre de Ezeiza", constituyendo el dramático anticipo de lo que sobrevendría en los siguientes años.

Al poco tiempo, Cámpora renuncia para llamar nuevamente a elecciones generales, donde se impone ampliamente la fórmula Perón-Perón. A partir de allí, el ahora flamante Presidente, modificó su relación con las corrientes de izquierda, prefiriendo apoyar y respaldarse en el ala histórica del partido, más conservadora, representada por el sindicalismo, marcando por lo tanto, una creciente distancia discursiva hacia Montoneros. Gradualmente la organización perdió espacio y protagonismo político dentro del movimiento.

El punto culmine de este distanciamiento se produjo el 1º de Mayo de 1974 cuando el presidente prácticamente insulta a los Montoneros durante el acto por el Día del Trabajador y estos terminan por dejar la plaza. En julio murió el líder, y asumió su esposa Isabel, quien tomó una postura aún más derechista. Ahora nuevamente en la clandestinidad, Montoneros acrecentó sus acciones terroristas contra miembros de las fuerzas armadas, burócratas sindicales y empresarios. Mario Firmenich y Roberto Quieto, cabecillas de la organización, fueron preparando un operativo que les permitiera financiar sus crecientes gastos tras su alejamiento del movimiento peronista.

En un clima político y social cada vez más enrarecido y conflictivo, el 19 de septiembre de 1974, Juan y Jorge Born, que por aquel entonces ocupaban los cargos de Gerente y Director General del conglomerado cerealero e industrial Bunge & Born, salieron de su casa en Beccar, con su chofer y el gerente de la empresa Molinos Río de la Plata, Alberto Bosch. Un operativo encabezado por Rodolfo Galimberti y en el que intervinieron unas 40 personas (actuando disfrazados de policías de tránsito y trabajadores de ENTEL), tuvo como saldo el secuestro de los hermanos Born y la muerte del chofer y de Bosch.

Gracias a este secuestro extorsivo, Montoneros obtuvo el cobro del mayor rescate de la historia argentina: sesenta millones de dólares. Sin embargo, el golpe mediático que representó este hecho, provocó que el gobierno constitucional de Isabel Perón impusiera leyes sumamente represivas, recrudeciendo aún más sus ataques contra las agrupaciones de izquierda. Finalmente en marzo de 1976 se produce un nuevo Golpe de Estado que en pocos años terminaría erradicando a casi todos los grupos guerrilleros del país, con una técnica conocida como "Terrorismo de Estado".

Según los biógrafos de Rodolfo Galimberti:

Born había confesado que la empresa tenía partidas fijas para sobornar a los funcionarios («Es lo normal en las relaciones entre los empresarios y el gobierno», dijo), que cuando empezaban a recibir críticas de la prensa, les pautaban publicidad «y se acababan las campañas en contra»; aseguró que el gobierno de Onganía lo consultaba para tomar decisiones económicas; que tenían en su staff a militares retirados que negociaban con las Fuerzas Armadas la compra de tierras; que los directores y gerentes del holding mantenían relación con los dirigentes sindicales de primer nivel, pero que éstos estaban tan desprestigiados que a veces no podían controlar las comisiones internas y entonces la empresa debía negociar con los delegados de fábrica. «Son representativos y exigen cambios que tenemos que aceptar. Tuvimos que otorgar aumentos al margen del Pacto Social», admitió. En cambio, cuando tenían de su lado a un sindicalista que controlaba a su gremio, lograban pagar salarios más bajos”.[4]

Galimberti, se exilió del país tras el Golpe de Estado ya que la organización "Montoneros" es prácticamente aniquilada en pocos meses. Años después decide retornar a la Argentina haciéndose dueño de una agencia de seguridad y paradójicamente estrecha vínculos con una de sus antiguas víctimas: Jorge Born. Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, Galimberti ocupó el cargo de asesor de la SIDE y más tarde, junto a Jorge Rodríguez y Jorge Born asume la dirección de la empresa Hard Communication. Posteriormente esta empresa resultó investigada por la justicia, por presuntos negocios fraudulentos que involucraron a la conductora de televisión Susana Gimenez y a la Fundación "Felices los Niños" del padre, Julio Grassi. Años más tarde el padre Grassi también fue investigado y condenado, pero por otra causa, vinculada esta vez al abuso de menores.

Participación Durante el Gobierno de Menem[editar]

En el marco de la fuerte espiral hiperinflacionaria que azotaba a la Argentina desde fines de los ´80, a los pocos días de haber ganado las elecciones presidenciales, Carlos Menem se reunió el 23 de mayo de 1989 con el directorio del grupo Bunge & Born. Para el holding, propietario de varias compañías en ese momento, la posibilidad de proponer y dirigir un plan económico a nivel nacional significaba consolidar una posición de prestigio y liderazgo.

El 30 de mayo de 1989, Carlos Menem anunció que Miguel Ángel Roig sería el nuevo Ministro de Economía. Hasta ese momento, Roig se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo general de Bunge & Born y a partir de su designación se dedicó a diseñar el denominado "Plan BB", de clara tendencia neoliberal.

El 19 de junio, Roig anunció su plan económico, con medidas tales como elevar el valor del dólar y fijarlo en un determinado precio, crear una nueva moneda, hacer autónomo al Banco Central, refinanciar la deuda interna en títulos y bonos de manera compulsiva, emitir líneas de crédito blandas y dar un shock productivo, favoreciendo las exportaciones, flexibilizando el trato a la inversión extranjera y privatizando servicios a cargo del Estado. En cuanto a la creciente deuda externa, se negociaría la postergación del pago de intereses a cambio de facilidades a bancos privados para capitalizar la deuda externa. El 24 de ese mes, el nuevo ministro designó al liberal Javier González Fraga como futuro presidente del Banco Central.

En los siguientes días, Roig anunció una suba de salarios, aunque simultáneamente aplicó un aumento al precio de las naftas y a las tarifas de servicios públicos, al tiempo que presentó al Congreso Nacional el proyecto de "Ley de Emergencia Económica" y se reunió con los grupos empresarios para intentar poner un freno a la inflación, negociando la firma de una tregua de precios. Juró como Ministro de Hacienda el 9 de julio de 1989, y murió el 14 del mismo mes en su automóvil, como consecuencia de un infarto, el día en que se proponía concretar el acuerdo de precios con los grupos empresariales, que sería firmado dos días después.

Ante el súbito fallecimiento de Roig, Carlos Menem nombró como sucesor al vicepresidente de Bunge & Born, Nestor Rapanelli, como estrategia para demostrar que habría continuidad en el modelo económico.

Ante los problemas inflacionarios y el abultado monto de la deuda externa, el 11 de septiembre se logró destrabar una serie de créditos del Banco Mundial, al tiempo que se consiguió el apoyo de la entidad para el proceso de privatización de servicios públicos según la Ley de "Reforma del Estado". El 15 de ese mes, Rapanelli firmó junto a Roberto Dromi el marco de las privatizaciones para ENCoTel, Ferrocarriles Argentinos y Yacimientos Carboníferos Fiscales.

El 20 de septiembre Rapanelli informó al Congreso Nacional sobre las bases de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se ajustarían los salarios de manera semestral de acuerdo a la inflación prevista, se firmaría en el plazo de una semana un crédito stand by por U$S 1.500 millones, Argentina destinaría a lo largo de 1990 US$ 3.500 millones al pago de intereses de su deuda externa y se llevaría adelante una reforma impositiva. Se esperaba un crecimiento del PBI en torno al 4,5% para el año 1990.

Sin embargo la participación del grupo Bunge dentro del gobierno tuvo una corta vida y su final lo determinó la segunda espiral hiperinflacionaria, que se desató tras una nueva devaluación del Austral en diciembre de 1989. La renuncia de Nestor Rapanelli como Ministro de Economía el 18 de diciembre de ese año marcó el fin de la intervención de Bunge & Born dentro del gobierno, sin embargo el "Plan BB" sentó las bases del modelo económico que se mantendría casi inalterable hasta diciembre de 2001.

El ministro que sucedió a Rapanelli fue Erman González, quien durante su breve gestión canjeó compulsivamente los plazos fijos por bonos pagaderos a 10 años, en el denominado "Plan Bonex". Tras la salida de González, asume la Cartera el economista Domingo Cavallo, quien impulsa la denominada "Ley de Convertibilidad", que estableció un nuevo régimen cambiario, fijando el tipo de cambio en 10.000 australes igual a 1 dólar estadounidense, y luego, a partir de 1992, se cambió también el signo monetario pasando la relación de 1 peso convertible igual a 1 dólar estadounidense. También se dispuso que el 100 % de los billetes y monedas en circulación estuvieran respaldados por reservas en divisas del Banco Central, al cual se obligaba a comprar o vender la cantidad de divisas que el mercado solicitara. Mientras tanto, el gobierno también avanzó en otros sectores de la economía eliminando regulaciones al comercio y privatizando o liquidando casi todas las empresas públicas.

Esta política económica, que había sido delineada en el "Plan BB", logró detener la hiperinflación que experimentaba Argentina, es más, resultó tan fulminante que logró erradicar la inflación por completo. Este modelo permitió que tanto la gente común como los empresarios pudiesen contar con un marco estable para planificar inversiones a futuro y también brindó dinamismo a una economía que desde los años ´70 se hallaba en estado agonizante. Durante los primeros años de la gestión Menem los indicadores económicos fueron positivos, sin embargo, a partir de mediados de los ´90 comenzaron a notarse los primeros signos de una degradación social provocada por el alto desempleo que generó la des-industrialización y la privatización de las grandes empresas públicas. En los primeros años, la inflexibilidad del plan monetario se compensó a través de grandes inversiones extranjeras, créditos internacionales y la venta de empresas públicas, sin embargo, para comienzos del siglo XXI estas vías de financiamiento ya estaban agotadas y la devaluación del Real brasileño en 1999 terminó complicando aún más la situación argentina. Para fines del 2001, el contexto interno se mostró insostenible, lo que terminó derivando en una abrupta devaluación del Peso y en un paulatino retorno del Estado a ciertos sectores de la economía.

Redefinición Estratégica y Retiro del Mercado Argentino[editar]

El respaldo del grupo Bunge & Born, que gozaba de una gran credibilidad internacional, fue muy importante para sentar las bases del Gobierno neoliberal de Carlos Menem, sin embargo, la jugada le terminó saliendo cara a la compañía, que debió atravesar toda la hiperinflación y la primera etapa de las privatizaciones sin poder intervenir y sin poder tomar decisiones relevantes a nivel corporativo, ya que cualquier movimiento los exponía a que fueran acusados de aprovechar la cercanía con la conducción económica.

La frustrada incursión en el gobierno de quienes habían sido sus más altos ejecutivos generó un terremoto que sacudió toda la estructura de la empresa. Muchos accionistas se mostraron molestos por esta intervención, a lo cual se sumaba un desempeño comercial mediocre de la empresa durante esos años.

Octavio Caraballo, nieto de Alfredo Hirsch, se hizo cargo de Bunge & Born en 1992 tras la retirada de Jorge Born III. Él sería el responsable de imponer un viraje y de trazar una estrategia para cambiar por completo la cara del grupo y sacarlo del pozo de deudas en el que estaba inmerso.

Bunge & Born contrató a la consultora internacional McKinsey para trazar un plan estratégico que implicara decisiones drásticas. Paradójicamente, el nieto de quien había sido el principal impulsor de la "diversificación" del grupo, ahora abogaba por la "concentración" del negocio. La decisión de Bunge & Born fue especializarse en el comercio de alimentos y pinturas.

Entre 1992 y diciembre de 1995 el grupo vendió activos por U$S 280 millones, incluyendo algunas de sus empresas más emblemáticas como la fábrica de envases Centenera, la textil Grafa y la Compañía Química, productora de artículos de limpieza.

En 1994, se produce un movimiento importante cuando las familias del grupo a nivel global deciden coordinar los negocios de toda la descendencia de la primera sociedad Bunge formada en Bélgica a comienzos del siglo XIX en una única empresa denominada Bunge International Ltd., con sede legal en Bermudas. Dicha sociedad se compuso con alrededor de 180 accionistas cuyas familias principales eran Hirsch, Bunge, Born, Engels y De La Tour. Esta nueva empresa reemplazó a la vieja estructura en la cual los accionistas individuales tenían participaciones en todas las empresas Bunge. A partir de allí, Bunge & Born de Argentina, se integró formalmente al grupo Bunge International Ltd..

Esta decisión involucraba mucho más que un mero intercambio de acciones. Se trataba de una reconversión total del grupo frente al fenómeno de la globalización, donde una empresa nacional tenía un limitado margen de maniobra, principalmente si se encontraba en una economía "emergente" como la de Argentina. El fin de la Guerra Fría y la apertura de los mercados mundiales daba por concluido el modelo que había hecho crecer a Bunge & Born desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Ahora había que cambiar y concentrarse en lo que mejor sabía hacer la empresa, o sea el negocio agro-alimentario y a la vez insertarse en un esquema global.

Mientras tanto, la estrategia local de Bunge debió cambiar nuevamente a mediados de los ´90, por imperio del mercado. La empresa de pinturas Alba, parte del grupo B&B, controlaba en ese momento cerca del 40 por ciento de este negocio en la Argentina y casi amplió esa cuota con la oportunidad de comprar a la empresa Colorín.

Pero Alba no estaba convencida y desistió de adquirir Colorín, que finalmente fue absorbida por el grupo venezolano Corimon, iniciando una guerra de precios cada vez más fuerte hasta que el inicio de la recesión local entre 1994 y 1995 encontró a todas las pinturerías con sus depósitos abarrotados. B&B se dio cuenta que ya había llegado el momento de retirarse del negocio de las pinturas, una decisión que a mediano o largo plazo era inevitable, ya que para jugar en ese mercado había que ser una empresa global, tener tecnología de punta e invertir mucho en investigación y la realidad era que Alba no estaba a ese nivel. En primeros tres meses de 1996 el grupo vendió por U$S 430 millones todo su negocio de pinturas en la Argentina, Brasil y Uruguay, lo que requirió de una compleja consolidación con Coral (Brasil) e Inca (Uruguay) como parte de Bunge Paints (parte de Bunge International). Alba por su parte fue vendida al gigante petroquímico británico Imperial Chemical Industries(ICI). Este cambio de estrategia también incluyó deshacerse de Petroquímica Río Tercero por otros 48 millones de dólares.

En 1998 el grupo decidió a nivel global desvincularse de la industria alimenticia y concentrar su actividad en el mercado mundial de cereales.

De ese modo Molinos fue vendida al Grupo Pérez Companc, y lo mismo sucedió con las demás empresas de industrialización alimentos que poseía, en un monto estimado en 3.000 millones de dólares.[3]

Propietarios y Ejecutivos Destacados[editar]

Como ya se mencionó Bunge Limited (la sucesora de Bunge & Born) abrió su capital al público en 2001 en la Bolsa de Nueva York.

En la rama argentina los accionistas principales son las familias Hirsch y Born. Ambas familias han mantenido relaciones de cierto enfrentamiento de intereses a lo largo del tiempo. El tercer grupo en importancia pertenece a la familia de La Tour que funcionó muchas veces como árbitro de las dos familias principales.

Algunos de los ejecutivos de Bunge & Born que aquirieron notoriedad son:

  • Los hermanos Juan y Jorge Born, que fueron secuestrados en septiembre de 1974 por la guerrilla de Montoneros, por quienes en 1975 se pagó un rescate de 60 millones de dólares, el mayor conocido de la historia mundial. Años después los hermanos se enfrentaron cuando Jorge Born se asoció con Rodolfo Galimberti, uno de los jefes montoneros que los secuestraron.
  • Miguel Roig y Néstor Rapanelli, altos ejecutivos de Bunge y Born, que se desempeñaron como ministros de economía, en abierta representación del grupo, durante el inicio del gobierno de Carlos Menem. Sus propuestas, agrupadas en el denominado "Plan BB", sentaron las bases de la política económica neoliberal que transcurrió entre los años 1989 y 2001.
  • Octavio Caraballo, vinculado a la familia Hirsch, dirigió la empresa a partir de 1992 y obró como mediador entre las familias y los dos hermanos Born. Durante su gestión el conglomerado agro-industrial vendió gran parte de sus empresas vinculadas, concentrando sus esfuerzos en el rubro alimenticio. Sin embargo, en 1998 el grupo finalmente se deshizo de su empresa insignia: Molinos Río de la Plata, con lo cual daba por concluido su retiro del mercado argentino.

Referencias[editar]

Bibliografía[editar]

Véase también[editar]