Asignación Universal por Hijo

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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presenta la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo en Mar del Plata.

La Asignación Universal por Hijo para protección social (AUH) es un seguro social de Argentina que otorga a personas desocupadas,que trabajan en el mercado informal o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil un beneficio por cada hijo menor de 18 años chicos discapacitados entró en vigor el 29 de octubre de 2009 por el decreto 1602/09 del Poder Ejecutivo de la Nación.[1] A partir de mayo de 2011, las prestaciones se complementaron con en lanzamiento de la Asignación Universal por Embarazo para protección social (AUE), que se otorga a las futuras madres que se encuentren en las doce o más semanas de gestación.[2] A mediados del año 2013, más de 3.500.000 niños y adolescentes se encontraban cubiertos por esta asignación.[3]

Sistema[editar]

Características[editar]

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se abona por cada hijo menor de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad, a las familias que no cuenten con cobertura social y se encuentren en situación de vulnerabilidad, hasta un límite de cinco hijos por grupo familiar, considerando primero a los hijos con discapacidad y a los niños/adolescentes en orden de edad de menor a mayor.[4]

Para percibir la AUH, son requisitos que el beneficiario sea argentino, extranjero hijo de argentino nativo o por opción, extranjero naturalizado o residente, con residencia legal en el país no inferior a tres años previos a la solicitud; acreditar, hasta los cuatro años de edad, el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio; acreditar, desde los cinco años de edad, el cumplimiento de los controles sanitarios, del plan de vacunación obligatorio y la concurrencia de los menores a un establecimiento educativos público.[4]

La administradora de la AUH es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que además emite la Libreta de la Seguridad Social, Salud y Educación, un documento que funciona como instrumento de control del cumplimiento de los requisitos de controles médicos, vacunación, inscripción al Plan Nacer y la asistencia regular a la escuela pública.[4]

La AUH es incompatible con las prestaciones de otros planes sociales, por lo que, de haber acumulación, los beneficiarios deberían renunciar a uno de estos subsidios.[5]

Implementación[editar]

Cristina Fernández de Kirchner junto a Néstor Kirchner y Daniel Scioli, durante la entrega de las primeras tarjetas de la Asignación Universal por Hijo.

El 29 de octubre de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1602/09, que dispuso un ingreso de 180 pesos mensuales para menores de 18 años.[6] Los fondos previstos para financiar el sistema son provistos por la ANSES, con una inversión estimada en 10.000 millones de pesos. El anuncio fue realizado en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, con la presencia de gobernadores y otros dirigentes políticos. En la ocasión, Cristina Fernández declaró:

Este es el sistema más redistributivo y más justo, porque paga por cada uno de los hijos, sin distinción.

Cristina Fernández de Kirchner[6]

Importe[editar]

En los primeros cuatro años de funcionamiento de la AUH, el monto pagado ha sido aumentado anualmente, mediante decretos presidenciales. El último de estos aumentos fue otorgado en mayo de 2014.[7] En esa fecha, el importe de la misma fue de 644 pesos, de los cuales se percibe el 80%, mientras que el 20% se acumula todos los meses, hasta mediados de marzo del año, oportunidad en la que el saldo acumulado es pagado previa presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, en la cual se dejan constancias de que al menor se le han hechos los controles sanitarios y/o médicos, y que ha concurrido a la escuela.

Financiamiento[editar]

La AUH, junto a las asignaciones familiares que cobran los trabajadores registrados, integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional, que es el fondo creado en el traspaso de los fondos de las AFJP al actual Sistema de Reparto.[1] [8] Este sistema cuenta con los aportes de los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores, recursos tributarios de afectación específica, como el IVA, Ganancias, entre otros, y transferencias del Tesoro Nacional.[9]

Además, la financiación de todo el sistema de seguridad social fue reforzada por única vez con un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de 480 millones de dólares en marzo de 2010.[10]

Análisis[editar]

Este tipo de transferencias, desde el punto de vista de la distribución de la renta, es progresivo. Se estima que aproximadamente 3,6 millones de niños reciben cada mes la asignación. Una diferencia fundamental con modalidades anteriores es que es la mujer la que cobra la asignación la mayoría de las veces, y no los hombres que (en algunos, mas no todos los casos) cobraban dinero por hijos que ni siquiera eran parte de su propio núcleo familiar, sino de familias anteriores.

Según el vicepresidente de Argentina Amado Boudou «Esta política puso en pie de igualdad a toda la población: aquellos que ya lo percibían por tener un empleo formal o aquellos que ya lo recibían como una deducción al impuesto a las ganancias, con aquellos que están en negro.» En el primer caso, Boudou se refería a que un trabajador en relación de dependencia no percibe la AUH, sino las llamadas «asignaciones familiares»; en el segundo caso, se refería a las personas físicas que pagan el Impuesto a las Ganancias, quien pueden a su vez deducir cargas de familia, reduciendo la base imponible de dicho impuesto.[11]

La AUH es una transferencia del Estado hacia las familias que genera el mismo efecto económico que las deducciones personales (disminución de carga) que se permiten en el Impuesto a las Ganancias de los contribuyentes en blanco. En otra palabras, se considera que un trabajador en blanco percibe la AUH como una deducción en el impuesto a las ganancias.[11]

Antecedentes[editar]

El antecedente se le debe a un proyecto presentado por las diputadas Elisa Carrió y Elisa Carca, en su momento (1997) diputadas por la Unión Cívica Radical (UCR) y hoy diputadas por el partido Coalición Cívica ARI. El proyecto se llamó Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI).

“En 1997 asumimos la propuesta como una suerte de utopía cuya intención principal era instalar la discusión del tema y, de paso, señalar que el modelo social que se venía implantando era un colosal proceso de transferencia de los sectores medios y bajos de la sociedad hacia los más ricos... hoy día lo asumimos y planteamos como una necesidad” (Elisa Carrió1 ) “El concepto de un ingreso mínimo para todos los ciudadanos (universal) es una vieja aspiración de muchas sociedades modernas. Ya en 1918 Bertrand Russell escribió que “un ingreso mínimo, suficiente para afrontar las necesidades, debería estar al alcance de todos los habitantes, independientemente de si trabajen o no”. Décadas antes, en 1872, también en Inglaterra, el sociólogo John Ruskin argumentaba que “el primer deber de todo Estado es que todo niño que nace sea bien alimentado, vestido y educado hasta alcanzar la mayoría de edad”. En 1948 la Declaración Universal de Principios de las Naciones Unidas estableció en su artículo 25 un concepto muy parecido al de un ingreso mínimo universal para enfrentar las necesidades básicas. Durante el siglo XX varios ganadores del Premio Nobel de Economía (John Kenneth Galbraith, James Tobin, James Meade) suscribieron y alentaron la idea de un ingreso mínimo para todos. Hasta el liberal Milton Friedman coincidió con sus colegas en la necesidad de garantizar un ingreso mínimo, en su caso a través del impuesto negativo al ingreso, esto es, proponiendo que el Estado compensara monetariamente a quienes año a año quedaran por debajo de un mínimo no imponible."(Alfonso Prat Gay2 ) El INCINI “significa la extensión del beneficio pagado por el programa de asignaciones familiares a la totalidad de los niños del país, con independencia del estatus laboral y del ingreso de los padres. Para su financiamiento, el proyecto plantea la creación del Fondo del Ingreso Ciudadano para la Infancia (FINCINI) cuyos recursos provendrían de cuatro fuentes principales:

el programa de asignaciones familiares para lo cual se mantendría en vigencia la tasa contributiva que grava a los salarios; la reforma del impuesto a las ganancias de las personas físicas, que contempla la eliminación de las exenciones fiscales de determinadas rentas (principalmente, la inclusión como sujeto impositivo de las rentas financieras y los dividendos distribuidos por las sociedades de capital); la eliminación de las deducciones por cargas de familia del impuesto a las ganancias de las personas físicas; el co-financiamiento de las provincias atento a que, como resultado del INCINI, éstas verían disminuir las demandas asistenciales por parte de las familias. En los hechos, el aporte provincial consistiría en la aplicación parcial de transferencias fiscales que el gobierno nacional les destinaba para atender situaciones de emergencia social”.3 El proyecto INCINI tiene estado parlamentario en la actualidad (2009), con el expediente parlamentario 2467-D-2008. En su Fundamento expresa

“el presente proyecto de ley se inspira en la necesidad de establecer en la Argentina una red de seguridad en los ingresos para todos los ciudadanos, en general, y para la niñez, en particular. El objetivo es que a mediano o largo plazo la totalidad de los ciudadanos del país cuenten con un ingreso básico garantizado fiscalmente, y de esta forma, no sólo sea posible prevenir que las personas caigan en situaciones de pobreza extrema sino, también, permitir formas mas eficientes y equitativas para el funcionamiento del mercado de empleo y mejorar los problemas derivados del desempleo y el subempleo. Dadas las limitaciones fiscales existentes, los profundos cambios institucionales que deberían realizarse para la instauración plena de una garantía universal de este tipo y la situación de particular vulnerabilidad de la niñez, el presente proyecto de ley se propone un objetivo realizable en el corto plazo: establecer un ingreso garantizado fiscalmente que cubra a todos los niños y niñas hasta el momento de cumplir 18 años, conforme el criterio de edad establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y a las mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Esta medida no debe considerarse como una propuesta aislada o solamente complementaria de las políticas que en el área social y de la niñez se llevan actualmente a cabo. Por el contrario, debe comprenderse como un primer paso para revertir las estrategias que se vienen aplicando en el campo económico y social. Así, en lugar de continuar profundizando programas discrecionales que buscan focalizar la asistencia en aquellas personas y/o grupos familiares con determinadas privaciones, debería tenderse a desarrollar intervenciones de carácter universal y preventivo. De esta forma se evitaría que amplios sectores sociales caigan en situaciones degradantes para su bienestar y su condición humana (en muchos casos, con efectos irreversibles), generando situaciones estigmatizantes e ineficiencias en la atención de los grupos más necesitados. Por lo mismo, en lugar de financiar las políticas sociales mediante políticas tributarias de carácter regresivo o primas contributivas a seguros sociales fragmentados y estratificados, debería establecerse un sistema que integre de manera más eficiente y equitativa las diversas necesidades de las personas con su capacidad contributiva y con los beneficios fiscales que reciba”.

Impacto social[editar]

Pobreza e indigencia[editar]

Según estudios del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la pobreza total del país se redujo del 26% al 22,6% en 2010, sacando de la pobreza entre 1,4 y 1,8 millones de personas, de las cuales entre 700 mil y 1,1 millón son menores.[12] [13]

Siguiendo la misma tendencia, la indigencia disminuyó de 7,5% a 3,4%. Además la brecha entre ricos y pobres, que luego de la crisis económica de 2002 se situaba en 39,4 veces, cayó del 24,8 en 2009 a 14 veces en 2010, llegando al nivel más bajo desde 1986 y posicionando a Argentina nuevamente como el país más igualitario de Latinoamérica. Por otra parte, la matrícula escolar ha aumentado en 27% el número de chicos escolarizados a nivel nacional, de acuerdo a la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).[12] [13]


Educación[editar]

Según un estudio realizado por el Ministerio de Educación a partir de investigaciones realizadas por seis universidades nacionales, los requisitos de asistencia a una institución educativa se reflejaron positivamente en varios aspectos de la educación.[14]

  • Contribuir a generar «conciencia» respecto de la importancia de la asistencia escolar de modo tal vez hasta más potente que las leyes educativas mismas.
  • Poner en valor la educación pública y la institucionalización de derechos sociales como plataforma desde donde interpretar la inclusión social de los sectores históricamente postergados.
  • Dinamizar procesos en marcha de políticas de inclusión educativas implementadas a nivel nacional y en las distintas jurisdicciones.
  • Aumentar la matrícula escolar.
  • Mejorar la asistencia y la retención escolar de los estudiantes.

Crítica[editar]

Algunos referentes de la oposición mostraron sus diferencias con el plan del gobierno, afirmando que este no es universal sino que apunta a los sectores desempleados o informales de la economía. El diputado del peronismo disidente, Eduardo Amadeo, consideró que el plan no es universal porque «deja afuera a familias no pobres y a los chicos mayores de 18 años que no son discapacitados».[15]

Con una postura aún más extrema, el senador de la Unión Cívica Radical Ernesto Sanz declaró que los recursos de la AUH se van «por la canaleta del juego y la droga», insinuando que los padres gastaban el dinero en dichos vicios en vez de alimentar a sus hijos.[16] [17] [18] En sentido análogo, el excandidato a la gobernación de la Provincia de Santa Fe por el PRO, Miguel del Sel, afirmó que las adolescentes resultaban embarazadas a propósito de cobrar la AUE. «Lo que se anuncia como una buena medida se ve que nadie estudia las consecuencias. ¿Qué preferís? ¿Que una piba ignorante se embarace para cobrar una platita todos los meses y ni siquiera se den cuenta que le están arruinando la vida?», expresó el humorista al incursionar en el escenario político de su provincia.[19] [20] [21]

No obstante, un sector de la oposición anunció en abril de 2010 su intención de modificar las asignaciones mediante una ley para aumentar su monto y lograr una cobertura universal. Para ello impulsan la eliminación de requisitos y restricciones.[22]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. a b «Incorpórase el Subsistema no Contributivo de Asignación Universal por hijo para Protección Social». Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (29 de octubre de 2009). Consultado el 2 de junio de 2013.
  2. «Modifícase la Ley N° 24.714 en relación con la Asignación por Embarazo para Protección Social». Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (18 de abril de 2011). Consultado el 2 de junio de 2013.
  3. «Asignación Universal por Hijo». Administración Nacional de la Seguridad Social. Consultado el 25 de julio de 2013.
  4. a b c «Asignación Universal por Hijo». Administración Nacional de la Seguridad Social. Consultado el 2 de junio de 2013.
  5. «Los cimbronazos del cambio». Página/12 (4 de abril de 2010). Consultado el 2 de junio de 2013.
  6. a b «"Es el sistema más redistributivo y más justo", dijo Cristina Kirchner». Diario La Nación (29 de octubre de 2009). Consultado el 2 de junio de 2013.
  7. {{cita web |http://www.telam.com.ar/notas/201405/63171-cristina-fernandez-de-kirchner-salon-mujeres-de-casa-de-gobierno-cadena-nacional-anuncios.html
  8. «21 Preguntas para entender el FGS». Administración Nacional de la Seguridad Social (23 de mayo de 2013). Consultado el 2 de junio de 2013.
  9. «Fuentes de financiamiento de los sistemas de seguridad social en países de América del Sur». Observarorio de la Seguridad Social (Noviembre de 2010). Consultado el 2 de junio de 2013.
  10. «Argentina/BM: Se expanden programas de protección social para beneficiar a la niñez». Banco Mundial (10 de marzo de 2011). Consultado el 2 de junio de 2013.
  11. a b Montenegro, Maximiliano (2012). Es la ekonomía, estúpido. Buenos Aires: Planeta. p. 239. 
  12. a b «Línea de partida para combatir la pobreza». Diario Página/12 (8 de mayo de 2010). Consultado el 2 de junio de 2013.
  13. a b «El impacto de la Asignación Universal por Hijo en Argentina». Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (8 de mayo de 2010). Consultado el 2 de junio de 2013.
  14. «Análisis y evaluación de los aspectos educativos de la Asignación Universal por Hijo». Ministerio de Educación. Consultado el 2 de junio de 2013.
  15. «Analizan ampliar el plan de asignación universal por hijo». Diario La Nación (16 de marzo de 2010). Consultado el 2 de junio de 2013.
  16. «Sanz: “La asignación universal por hijo se va en droga y juego”». La Política On Line (15 de mayo de 2010). Consultado el 2 de junio de 2013.
  17. «"Ojalá no mejore hasta octubre"». Diario Página/12 (24 de abril de 2013). Consultado el 2 de junio de 2013.
  18. «Antes hacían el fuego del asado con el parquet». Diario Página/12 (16 de mayo de 2010). Consultado el 2 de junio de 2013.
  19. «Del Sel vinculó la asignación por hijo con el embarazo adolescente». Diario La Capital (16 de octubre de 2011). Consultado el 2 de junio de 2013.
  20. «Para Del Sel, la Asignación Universal fomenta los embarazos adolescentes». Diario Perfil (15 de octubre de 2011). Consultado el 2 de junio de 2013.
  21. «No es un chiste: Del Sel dice que la AUH fomenta el embarazo adolescente». Mendoza On Line (14 de octubre de 2011). Consultado el 2 de junio de 2013.
  22. «La oposición quiere reformar por ley la asignación universal». Diario Clarín (19 de abril de 2010). Consultado el 2 de junio de 2013.

Enlaces externos[editar]