Anexo:Personas en la Lista Engel

La Lista Engel es una lista de «actores corruptos y antidemocráticos» de los países centroamericanos Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Es creada por los Estados Unidos y publicada anualmente desde 2021.

La lista

La lista mostrada recoge el texto original al momento de su publicación, por lo cual algunos mencionados podrían ya no ostentar los cargos mencionados.

El Salvador

2021

1. Walter René Araujo Morales, exmiembro y presidente del Tribunal Supremo Electoral. Pidió la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazó repetidamente a los candidatos políticos.
2. Pablo Salvador Anliker Infante, exministro de agricultura. Se apropió indebidamente de fondos públicos para su beneficio personal.
3. Conan Tonathiu Castro Ramírez, asesor legal del Presidente. Ayudó a la eliminación inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y del Fiscal General. En 2022 volvió a ser sancionado por obstruir “las investigaciones sobre la malversación de fondos públicos durante la respuesta del gobierno a la pandemia por COVID-19 y que, además, utilizó su cargo para obtener ganancias financieras personales”
4. Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo. Obstruyó investigaciones sobre corrupción y socavó los procesos o instituciones democráticas en esfuerzos por dañar a sus oponentes políticos. En 2022 volvió a ser sancionado por “malversó fondos públicos en su beneficio personal y que utilizó su posición en el gobierno para influir en sindicatos para que se alinearan con los intereses políticos de la institución que él dirige”.
5. Osiris Luna Meza, viceministro de Seguridad y director de Prisiones. Se ha involucrado en corrupción significativa relacionada con contratos del gobierno y sobornos durante su mandato.
6. José Luis Merino, ex viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo. Durante su mandato se involucró en sobornos y también participó en lavado de dinero.
7. Ezequiel Milla Guerra, ex alcalde de La Unión. Abusó de su autoridad como alcalde en la venta de la isla Perico a agentes de la República Popular China, a cambio de beneficios personales.
8. José Aquiles Enrique Rais López. Sobornó a funcionarios públicos.
9. Martha Carolina Recinos de Bernal, actual jefa de Gabinete. Involucrada en corrupción significativa al hacer mal uso de los fondos públicos para beneficio personal. También participó en lavado de dinero.
10. Carlos Armando Reyes Ramos, actual miembro de la Asamblea Legislativa. Obstruyó investigaciones sobre corrupción al influir inapropiadamente en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema.
11. Sigfrido Reyes, ex legislador del Partido FMLN de El Salvador. Durante su mandato en el cargo hizo fraude y mal uso de fondos públicos.
12. Rogelio Eduardo Rivas Polanco, ex ministro de Seguridad y Justicia. Se apropió indebidamente de fondos públicos para beneficio personal.
13. Adolfo Salume Artinano. Participó en corrupción significativa y sobornó a un magistrado de la Corte Suprema para evitar pagar una multa.
14. Luis Guillermo Wellman Carpio, actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Causó demoras graves e innecesarias en los preparativos de las elecciones y la tabulación de los resultados para su beneficio personal y permitió la influencia maligna china durante las elecciones salvadoreñas.
15. Elsy Dueñas De Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Peréz Chacón, y Luis Javier Suárez Magaña, actuales Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos de la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña.  Los cinco Magistrados anteriores fueron destituidos abruptamente sin causa legítima, tras la toma de posesión de la Asamblea Legislativa recién electa, el 1 de mayo.  Después de ser instalados, los nuevos Magistrados declararon que su instalación por la Asamblea Legislativa había sido constitucional.  Los Magistrados socavaron  procesos o instituciones democráticas al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autoriza la reelección del Presidente, a pesar de que la Constitución prohíbe expresamente los mandatos consecutivos en la Presidencia.​

2022

1. Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa, esposa del exministro de Seguridad Pública, René Figueroa. Facilitó la transferencia de ganancias procedentes por corrupción cuando ayudó a su esposo a lavar más de $ 3 millones en fondos públicos mientras él era ministro de Seguridad Pública durante la administración de Elías Antonio Saca (2004-2009).
2. René Figueroa, exministro de Seguridad Pública bajo la administración de Elías Antonio Saca. Durante su tiempo como ministro, convirtió $ 3 millones de fondos públicos para su uso personal y de su esposa, y junto a ella lavó esos fondos.
3. Will Salgado, alcalde de San Miguel, la segunda ciudad más grande de El Salvador. Utilizó su posición oficial para participar en tráfico de drogas y lavado de dinero. Utilizó sus conexiones con la policía de la ciudad para intimidar a la familia de su oponente electoral.
4. Francisco Javier Argueta Gómez, actual asesor legal presidencial. Planificó la eliminación de cinco magistrados de la Corte Suprema y del Fiscal General en un proceso inusual en evidente contravención de los procesos establecidos en el Artículo 186 de la Constitución, que requiere la selección de dichos magistrados de una lista de candidatos hecha por el Consejo Nacional de la Judicatura.
5. Christian Reynaldo Guevara Guadron, diputado de la Asamblea Legislativa y jefe de bancada del partido de gobierno Nuevas Ideas. Introdujo una Ley de Prohibición de Pandillas que castigará con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en los medios, considerada por muchos observadores como un clara intento de censurar a los medios.
6. José Ernesto Sanabria, actual secretario presidencial de Prensa. Utilizó su posición y la influencia de la Presidencia para presionar de manera inapropiada a funcionarios de partidos políticos opositores a renunciar bajo la amenaza de que serían acusados de delitos penales.

2023

1. Mauricio Funes, expresidente de El Salvador. Por al organizar y participar en varios esquemas de soborno y lavado de dinero cuando era presidente.
2. Salvador Sánchez Cerén, expresidente y vicepresidente de El Salvador. Por participar en corrupción por lavando dinero durante su vicepresidencia y participó en un plan para desviar fondos públicos hacia cuentas personales como presidente.
3. José Miguel “Mecafé” Antonio Menéndez Avelar, expresidente del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO). Realizó corrupción en un contrato del Ministerio de Obras Públicas para la construcción de un puente en Chalatenango, a empresario guatemalteco, por lo que recibió un avión como regalo.
4. Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario. Permitió el lavado de $97 millones recibiendo sobornos por$72,000.
5. Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente del Banco Hipotecario. Permitió el lavado de $94.5 millones a cambio de $64,500 en sobornos.
6. Jolman Alexander Ayala, exoficial de cumplimiento del Banco Hipotecario. Lavó $177 millones a cambio de sobornos por $78,000.
7. Ricardo José Gómez Guerrero: Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Por promover en las resoluciones emitidas por el IAIP el bloqueo a propósito e injustamente el acceso a la información pública a través de su cargo.
8. Gerardo José Guerrero Larín: Comisionado suplente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Por promover en las resoluciones emitidas por el IAIP el bloqueo a propósito e injustamente el acceso a la información pública a través de su cargo. Adicionalmente se ha de agregar que dicho funcionario ostenta, a la fecha, de manera injustificada su cargo, valiéndose de su posición afín al partido político Nuevas Ideas para pisotear los derechos de los trabajadores del IAIP.
9. Andrés Gregori Rodríguez: Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Por promover en las resoluciones emitidas por el IAIP el bloqueo a propósito e injustamente el acceso a la información pública a través de su cargo.

Guatemala

2021

1. Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exsecretario Privado de la Presidencia. Facilitó pagos a representantes del Congreso y a jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para influir inapropiadamente en el proceso de selección judicial de los magistrados a la CSJ y del Tribunal de Apelaciones y asegurar su futura liberación de prisión y la desestimación de cargos de corrupción en su contra. Está designado bajo el programa global de sanciones Magnitsky y la Sección 7031(c) por su participación en corrupción significativa.
2. Felipe Alejos Lorenzana, ex primer secretario del Congreso. Se ha involucrado en corrupción significativa. Mientras actuaba en su capacidad oficial, estuvo involucrado en actos corruptos para enriquecerse, al tiempo que dañaba seriamente las actividades económicas internacionales de las empresas estadounidenses. Está designado bajo el programa global de sanciones Magnitsky y la Sección 7031(c) por su participación en corrupción significativa.
3. Delia Bac Alvarado, exdiputada del Congreso. Hizo un mal uso de fondos públicos para beneficio personal. Está designada bajo la sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
4. Florencio Carrascoza Gamez, actual alcalde de Joyabaj. Intimidó y encarceló injustamente a oponentes políticos.
5. Álvaro Colom, expresidente del país. Realizó fraude y malversación de fondos que involucraba un nuevo sistema de autobuses en la ciudad de Guatemala, conocido como Transurbano.
6. Manuel Duarte Barrera, actualmente magistrado en la Corte Suprema. Ha socavado procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular indebidamente la designación de jueces para altos cargos de la corte.
7. Boris España, actual diputado en el Congreso de Guatemala. Incurrió en importante corrupción al participar en tráfico de influencias y sobornos.
8. Mario Estrada, exdiputado del Congreso. Participó en una importante corrupción y fue sentenciado por tribunales estadounidenses por buscar millones del Cartel de Sinaloa mexicano para financiar campañas políticas.
9. Raúl Amílcar Falla Ovalle, abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo. Intentó retrasar u obstruir procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
10. Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo. Intentó dilatar u obstruir el proceso penal contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales, así como el trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
11. Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado y exmiembro de una comisión del Congreso encargada de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema. Abusó de su autoridad para influir y manipular indebidamente la designación de jueces para altos cargos de la corte.
12. Gustavo Adolfo Herrera Castillo, operador político y empresario. Abusó de su autoridad para influir y manipular indebidamente la designación de jueces para altos cargos de la corte.
13. Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, fundador y representante legal de la ONG Fundación Contra el Terrorismo. Intentó retrasar u obstruir procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
14. Mynor Mauricio Moto Morataya, seleccionado en enero de 2021 para ocupar un puesto vacante en la Corte Constitucional del país. Obstruyó la justicia y recibió sobornos a cambio de una decisión judicial favorable.
15. Alejandro Sinbaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Participó en sobornos y financiamiento electoral ilegal, así como lavado de ganancias procedentes de la corrupción para beneficio personal. Está designado en la Sección 7031(c) por su participación en corrupción significativa.
16. Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, ex viceministro de Comunicaciones. Participó en estructuras de soborno, incluida su participación en una estructura criminal que presionaba, cobraba y depositaba sobornos de contratistas estatales a cambio de beneficios personales.
17. Blanca Aída Stalling Davila, magistrada de la Corte Suprema. Participó en estructuras de soborno e influyó inapropiadamente en el poder judicial. Está designada bajo la Sección 7031(c) por participar en corrupción significativa.
18. Elder de Jesús Súchite Vargas, exministro de Cultura. Se involucró en una importante corrupción relacionada con contratos gubernamentales y tráfico de influencias para beneficio personal.
19. Jorge Estuardo Vargas Morales, actual diputado al Congreso. Se involucró en sobornos, coacciones y tráfico de influencias.
20. Nester Mauricio Vásquez Pimentel, actualmente en la Corte Suprema. Ha abusado de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada la designación de jueces para altos cargos en la corte.
21. María Consuelo Porras,​ actual Fiscal General de Guatemala, obstruyó investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en investigaciones penales.  El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los Fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran casos, basándose en consideraciones políticas, y socavar activamente las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, incluso despidiendo a su Fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y transfiriendo y despidiendo a Fiscales que investigan corrupción.​
22. Ángel Arnoldo Pineda Ávila,​ actual Secretario General del MP, obstruyó investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en indagaciones anticorrupción.  El MP ha abierto una indagación sobre las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción.  Se alega que Pineda informó a los sujetos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo contra ellos.​

2022

1. María Consuelo Porras, se dio como respuesta a la decisión de Alejandro Giammattei de reelegirla, inmediatamente del anuncio el Departamento de Estado hizo pública la inclusión.​
2. Dennis Billy Herrera Arita, abogado. Participó en el plan de «Comisiones Paralelas 2020» para llenar la Corte Suprema y de Apelaciones con jueces corruptos.
3. Carlos Estuardo Gálvez Barrios, ex rector de la Universidad de San Carlos. Usó su posición en la comunidad legal para influir en los miembros de la comisión de nominación judicial para facilitar el plan «Comisiones Paralelas 2020».
4. José Rafael Curruchiche Cucul, actual jefe de la Oficina de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público. Desbarató importantes casos de corrupción contra funcionarios del gobierno y vertió comentarios aparentemente espurios contra fiscales de la FECI, abogados privados y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
5. Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de varias empresas de camiones y navieras que operan en los puertos gubernamentales EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico). Se confabuló indebidamente con funcionarios públicos y pagó sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos de puertos.
6. Ramiro Mauricio López Camey, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro). Pagó sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
7. Ramón «Moncho» Campollo Codina, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala. Sobornó a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.
8. Geisler Smaille Pérez Domínguez, actual juez del Tercer Juzgado Penal. Obstruyó los enjuiciamientos de los proponentes del plan de «Comisiones Paralelas 2020».
9. Sofía Janeth Hernández Herrera, actual representante en el Congreso por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN). Abusó de sus poderes oficiales para intimidar a sus opositores políticos. También solicitó sobornos y amenazó con usar los propósitos legítimos del Congreso de Guatemala para tomar represalias contra sus enemigos para beneficio personal.
10. Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala. Sobornó a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. de mejorar la eficiencia energética.
11. Mayra Alejandra Carrillo de León, actual directora del Instituto de Víctimas. Usó su posición oficial para facilitar el plan de “Comisiones Paralelas 2020”.
12. Erick Gustavo Santiago de León, ex juez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil. Obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en casos llevados por él.
13. Nery Oswaldo Medina Méndez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Participó en el plan de «Comisiones Paralelas 2020».
14. Vitalina Orellana y Orellana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Participó en el plan de «Comisiones Paralelas 2020».
15. Mauricio López Oliva, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro). Pagó sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
16. Víctor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de lo Penal. Entorpeció investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.
17. José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020. Solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas, y facilitó la transferencia de ganancias por corrupción.

2023

1. Cinthia Monterroso Gómez, actual fiscal, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y motivados políticamente contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
2. Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala, se involucró en una corrupción significativa al proporcionar beneficios oficiales a cambio de sobornos y comisiones ilícitas, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.
3. Fredy Raúl Orellana Letona, actual juez, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales infundados y políticamente motivados contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
4. Gendri Rocael Reyes Mazariegos, exministro del interior, participó en una corrupción significativa.
5. Joviel Acevedo Ayala, el actual jefe del Sindicato Guatemalteco de Trabajadores de la Educación (STEG), participó en una corrupción significativa al proporcionar el apoyo político de STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.
6. Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, actual juez, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
7. Lesther Castellanos Rodas, ex juez y actual Relator Guatemalteco contra la Tortura, socavó los procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.
8. Melvin Quijivix Vega, el actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, se involucró en una corrupción significativa al usar su posición y conexiones para dirigir indebida e ilegalmente contratos de contratación pública a compañías específicas, en varios casos a una compañía de propiedad privada.
9. Omar Ricardo Barrios Osorio, actual presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, socavó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
10. Walter Ramiro Mazariegos Biolis, rector de la Universidad de San Carlos, socavó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 luego de un proceso de selección fraudulento.

Honduras

2021

1. Gustavo Alberto Pérez, actual diputado del Congreso. Se ha involucrado en importante corrupción. Fue acusado en el caso de corrupción Arca Abierta de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras por la malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
2. Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de INVEST-H. Se apropió indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.
3. Rosa Elena Bonilla, ex primera dama (2010-2014). Realizó fraude y la malversación de fondos públicos.
4. Augusto Domingo Cruz Asensio, ex congresista. Desvió fondos del programa público de empleo Generación hacia cuentas personales.
5. José Celín Discua Elvir, actual diputado del Congreso. Malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
6. Rodolfo Irías Navas, actual diputado del Congreso. Malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
7. Eleazar Alexánder Juárez Sarabia, exmiembro del Congreso. Se apropió indebidamente de fondos de un programa público de control de plagas en su departamento natal de Valle.
8. Porfirio Lobo, expresidente de Honduras. Aceptó sobornos del cártel de Los Cachiros a cambio de favores políticos.
9. Gladis Aurora López Calderón, miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional hondureño. Se dedicó a una corrupción significativa. Fue acusada en el caso de corrupción investigado por la MACCIH Arca Abierta por la malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
10. Miguel Edgardo Martínez Pineda, actual representante del Congreso. Se dedicó a una corrupción significativa. En junio de 2018 fue acusado en el caso de corrupción Pandora investigado por la MACCIH por apropiarse indebidamente de $ 12.5 millones en fondos públicos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas de ganancia personal.
11. Sara Ismela Medina Galo, miembro del Congreso. Obstruyó investigaciones de corrupción en su papel de secretaria del Congreso.
12. Oscar Nájera, actual representante del Congreso. Realizó corrupción significativa relacionada con el cártel de Los Cachiros. Fue designado bajo la sección 7031(c) por su participación en corrupción significativa.
13. Héctor Enrique Padilla Hernández, exmiembro del Congreso. Se apropió indebidamente para su ganancia personal de fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles en su departamento natal de Choluteca.
14. Milton Jesús Puertooseguera, actual representante del Congreso. Involucrado en corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por la MACCIH, Arca Abierta, por malversar $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
15. Audelia Rodríguez Rodrigo, actual miembro del Congreso. Se apropió indebidamente para su ganancia personal de fondos públicos del proyecto de desarrollo Limpieza de Calles y Solares.
16. Dennys Antonio Sánchez Fernández, actual miembro del Congreso. Se apropió indebidamente para su ganancia personal de fondos de un programa público de control de plagas en su departamento natal de Santa Bárbara.
17. Elvin Ernesto Santos Ordóñez, actual representante del Congreso. Se apropió indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
18. Juan Carlos Valenzuela Molina, actual representante del Congreso. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por la MACCIH, Arca Abierta, por la malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
19. Elden Vásquez, actual representante del Congreso. Se apropió indebidamente de $ 12.5 millones de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas para su beneficio personal. En junio de 2018 fue acusado en el caso de corrupción investigado por la MACCIH, Pandora.
20. Welsy Milena Vásquez López, actual representante del Congreso. Se dedicó a una corrupción significativa que incluye malversación de fondos y apropiación indebida de fondos públicos su ganancia personal. investigado por la MACCIH, Arca Abierta, por la malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
21. Roman Villeda Aguilar, miembro del Congreso. Obstruyó investigaciones de corrupción, lo que resultó en la desestimación de un caso de malversación de fondos contra varios congresistas que estaban bajo investigación por redirigir dinero a una ONG falsa.
22. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras.​ Ha incurrido en corrupción de alto calibre al comprometerse o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y usar las ganancias de esas actividades ilícitas para promover campañas políticas.​

2022

1. Harvis Edulfo Herrera Carballo, gerente general del Palacio Presidencial de 2010 a 2014. Transfirió ganancias por corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del "Bono 10 mil", un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
2. Elmer Jeovanny Ordonez Espinal, supervisor de controles internos del Banco Nacional para el Desarrollo Agrícola, de 2010 a 2014. Transfirió ganancias por corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del Bono 10 Mil.
3. Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso. Utilizó su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para apropiarse indebidamente de aproximadamente $ 327,000 en fondos públicos.
4. Claudia Yamilia Noriega González, coordinadora del proyecto para el programa «Tarjeta Catracha» de 2010 a 2014. Transfirió ganancias por corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del programa Bono 10 mil.
5. Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, gerente de Finanzas del Palacio Presidencial en 2014. Ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del Bono 10 mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
6. Enrique Alberto Flores Lanza, ministro de Presidencia de 2008 a 2009. Recibió $ 2 millones en dinero público del Banco Central hondureño y lo redistribuyó indebidamente a aliados políticos.
7. Juan Ramón Maradiaga, gerente general del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) de 2010 a 2014. Ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del Bono 10 mil.
8. Edgardo Antonio Casaña Mejía, actual miembro del Congreso. Reestructuró incorrectamente el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IMPREMA) para drenar más de $ 5 millones para el beneficio de aliados políticos y votantes, para asegurar votos y mantener el poder político.
9. Roberto David Castillo Mejía, miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de 2006 a 2009. Utilizó su posición para interferir en un proceso de contratación pública y dirigió contratos a una empresa en la que tenía un interés financiero.
10. Carlos Josué Romero Puerto, coordinador del proyecto Bono 10 Mil. Ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del Bono 10 mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
11. Carlos Josué Montes Rodríguez, viceministro de Trabajo en 2011. Aceptó sobornos para otorgar contratos indebidamente a aliados políticos y para acelerar pagos.
12. Gonzalo Molina Solórzano, jefe de suministro del Banco Nacional para el Desarrollo Agrícola de 2010 a 2014. Ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del Bono 10 mil.
13. Juan Carlos Bonilla Valladares, director de la Policía Nacional de 2012 a 2013. Utilizó su cargo para facilitar el movimiento de cocaína a través de Honduras a cambio de sobornos.
14. Javier Rodolfo Pastor Vásquez, viceministro de Salud en 2011. Aceptó $ 235,000 en sobornos para interferir en procedimientos de contratación pública para otorgar indebidamente contratos a aliados políticos y expedir pagos.

2023

1. Álex Alberto Moraes Girón, ex gerente administrativo de la empresa estatal Strategic Investment of Honduras, participó en una corrupción significativa al malversar fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, incluso al defraudar al gobierno hondureño de aproximadamente $ 1.6 millones destinados a máscaras faciales para uso del personal médico.
2. Alexander López Orellana, el actual alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, se involucró en una corrupción significativa al otorgar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.
3. Edna Yolany Batres Cruz, ex ministra de salud, se involucró en una corrupción significativa cuando defraudó al gobierno hondureño por más de $ 300,000 al coludir con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales indebidamente.
4. Jesús Arturo Mejía Arita, ex gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), participó en una corrupción significativa al otorgar contratos no competitivos o sobrevalorados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y el despido de empleados de la ENEE a cambio de sobornos.
5. Marcelo Antonio Chimirri Castro, ex director de la Compañía Hondureña de Telecomunicaciones, se involucró en una corrupción significativa al cometer fraude para mantener indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones sobre sus actos corruptos intimidando a periodistas.
6. Miguel Pastor, ex director de la ahora extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, participó en una corrupción significativa, lavando dinero en nombre de la organización narcotraficante Los Cachiros, al otorgar $2,76 millones en contratos del gobierno hondureño a una empresa constructora controlada por Los Cachiros.
7. Roberto Ordóñez, exministro de infraestructura y servicios públicos, exministro de energía y exasesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, participó en una corrupción significativa al malversar fondos estatales a través de la sobrevaluación de proyectos de obras públicas.
8. Samuel García Salgado, actual diputado del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Liberal, socavó los procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de las elecciones de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.
9. Víctor Elías Bendeck Ramírez, un empresario privado y ex diputado del Parlamento Centroamericano, participó en una corrupción significativa a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en la banca, bienes raíces y otros sectores y mediante el uso de su influencia con funcionarios del gobierno para su beneficio personal.
10. Yani Rosenthal, el actual presidente del Partido Liberal de Honduras, socavó los procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también usó su influencia con funcionarios del gobierno para escapar de la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de su compañía de cable familiar.

2022 (marzo)​

• Cairo Melvin Amador, vicepresidente en funciones del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell, miembro actual del CSE y presidente interino del CSE desde 2018 hasta mayo de 2021, y Brenda Isabel Rocha Chacón, presidenta en funciones del CSE, por conspirar con el régimen de Ortega-Murillo para debilitar a las instituciones políticas de Nicaragua y subvertir la elección nacional de noviembre de 2021 inhabilitando a partidos y candidatos opositores legítimos por razones infundadas.
• Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde 1997 y jefe de la bancada parlamentaria del FSLN desde 2007, por asegurar que actores leales al régimen de Ortega-Murillo obtuvieran todos los cargos correspondientes a jueces en el CSE y por asegurar la aprobación de leyes extremadamente amplias que el régimen de Ortega-Murillo utilizó para excluir a candidatos y partidos opositores, y para hostigar y encarcelar a oponentes políticos.
• Karen Vanessa Chavarría Morales, actual jueza del distrito noveno de Managua, por el ejercicio abusivo de su autoridad y por subvertir procesos legales para actuar contra oponentes políticos del régimen de Ortega-Murillo e inhabilitar a candidatos opositores con el fin de impedirles participar en la elección de noviembre de 2021.
• Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado, diputado actual de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Carlos Wilfredo Navarro Moreira, diputado actual de la Asamblea Nacional de Nicaragua, y Gustavo Porras Cortes, actual presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, por proporcionar al régimen de Ortega-Murillo las herramientas para llevar a cabo su temerario ataque a la democracia al colmar el CSE con miembros del FSLN leales a Ortega.
• María Haydée Osuna Ruiz, diputada actual de la Asamblea Nacional de Nicaragua, por conspirar con el régimen de Ortega-Murillo para subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 en Nicaragua firmando una queja infundada que sirvió como pretexto para que el gobierno inhabilitara al último partido opositor legítimos restante y forzara a su líder a exiliarse.

2022 (julio)

1. Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos falsos para encarcelar a opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
2. Erick Ramón Laguna Averruz, juez, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios simulados del activista opositor Alexis Peralta y del agricultor sin afiliación política Santos Camilo Bellorin.
3. Perla de los Ángeles Baca, fiscal jefe del departamento de Chinandega, socavó los procesos o instituciones democráticas al presentar cargos falsos para encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
4. Rosa Velia Baca Cardoza, jueza, socavó procesos o instituciones democráticas cuando declaró culpable y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el falso juicio del activista opositor Donald Alvarenga.
5. Carlos Rafael Espinoza Castilla, un fiscal, socavó los procesos o instituciones democráticas al presentar cargos falsos para encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
6. Irma Oralya Laguna Cruz, jueza, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el falso juicio de la activista opositora Evelyn Pinto.
7. Luis Alberto Mena Gámez, fiscal de Nueva Segovia, socavó los procesos o instituciones democráticas al presentar el caso del régimen contra el preso político Douglas Cerros y al presentar cargos falsos, condenas y duras sentencias contra ciudadanos particulares que critican al gobierno.
8. Ludén Martín Quiroz García, juez, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios simulados de la líder opositora Ana Margarita Vijil, el periodista Miguel Mendoza, el ex canciller Mauricio Díaz, la ex candidata presidencial Cristiana Chamorro, el opositor Joaquín Chamorro, empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Pedro Vásquez, Walter Gómez y Marcos Fletes; y la ex asambleísta María Fernanda Flores.
9. Melvin Leopoldo Vargas García, juez, socavó procesos o instituciones democráticas cuando declaró culpable y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el falso juicio de la activista opositora Samantha Jiron.
10. Ángel Jancarlos Fernández González, juez, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios simulados de los líderes del sector privado Luis Rivas, Michael Healy y Álvaro Vargas; la ex líder sandinista Dora María Téllez; los líderes opositores José Antonio Peraza y Víctor Hugo Tinoco.
11. Nancy Del Carmen Aguirre Gudiel, jueza, socavó procesos o instituciones democráticas cuando declaró culpable y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el falso juicio del activista opositor Irving Larios.
12. Jorge Luis Arias Jarquin, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos falsos para encarcelar a opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
13. William Irving Howard López, un juez, socavó los procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el falso juicio de la activista opositora Nidia Barbosa.
14. Martha Ileana Morales Mendoza, fiscal y directora de Planificación de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos falsos para encarcelar a opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
15. María Francisco Pérez Mojica, fiscal en Nueva Segovia, socavó procesos o instituciones democráticas cuando dirigió el caso del régimen contra el activista a favor de la democracia y preso político Donald Alvarenga y persiguió cargos falsos, condenas y duras sentencias contra los opositores prodemocracia del régimen.
16. Verónica Fiallos Moncada, jueza, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el falso juicio del preso político Douglas Cerros.
17. Félix Ernesto Salmerón Moreno, juez, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios simulados de los ex candidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz Sequeira y Medardo Mairena; los líderes cívicos Pedro Mena, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila Rivas, José Quintanilla Hernández, Roger Reyes; y el líder empresarial José Adán Aguerri.
18. Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, juez, socavó procesos o instituciones democráticas cuando declaró culpables y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el falso juicio del activista opositor Yoel Sandino.
19. Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos falsos para encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
20. Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, jueza, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios simulados de los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, el ex candidato presidencial Miguel Mora Barberena, el analista político Edgar Parrales, el director del periódico La Prensa Juan Lorenzo Holmann y el experto electoral Harry Chávez.
21. Andrea del Carmen Salas, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos falsos para encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
22. Ulisa Yahoska Tapia Silva, jueza, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios simulados de los activistas de la oposición Yaser Vado y Yader Parajón, el exministro de Relaciones Exteriores Francisco Aguirre Sacasa, la líder opositora Suyen Barahona, el líder cívico Freddy Navas, la abogada de derechos humanos María Oviedo, el ex candidato presidencial Noel Vidaurre, y el comentarista político Jaime Arellano Quintana.
23. Auxiliadora del Carmen Sequeira Suazo, fiscal de Estelí, socavó los procesos o instituciones democráticas al presentar el caso del régimen contra el activista a favor de la democracia y preso político Alexis Peralta y al presentar cargos falsos, condenas y duras sentencias contra opositores al régimen.

2023

1. Wendy Carolina Morales Urbina, la actual fiscal general de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas, utilizando la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para reprimir la disidencia, confiscando propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también ha confiscado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para reprimir la libertad de asociación.
2. Arling Patricia Alonso Gómez, la actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
3. Gladis de los Ángeles Báez, la actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
4. Loria Raquel Dixon Brautigam, la actual primera secretaria de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
5. Alejandro Mejía Ferreti, el actual tercer secretario de la Asamblea Nacional, socavó los procesos e instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
6. Rosa Argentina Solís Dávila, jueza de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña coordinada del gobierno para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
7. Ángela Dávila Navarrete, actual jueza de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar la corte de apelaciones para facilitar una campaña coordinada del gobierno para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
8. Denis Membreño Rivas, actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno nicaragüense, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, utilizando su posición para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal.
9. Aldo Martín Sáenz Ulloa, actual subdirector de la UAF, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal.
10. Valeria Maritza Halleslevens Centeno, actual directora de la Dirección Nacional de Oficinas del Registro de la Propiedad (DNR), socavó los procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo coordinado del gobierno para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
11. Eduardo Celestino Ortega Roa, actual subdirector de la DNR, socavó los procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo coordinado del gobierno para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
12. Marta Mayela Díaz Ortiz, actual vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar el SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del poder judicial nicaragüense como parte de un esfuerzo coordinado del gobierno para reprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de adversarios políticos sin una base legal.
13. Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, socavó los procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar las pensiones de adversarios políticos sin una base legal.

Bibliografía

• «Section 353 Corrupt and Undemocratic Actors Report» (en inglés). Departamento de Estado de los Estados Unidos. Julio de 2021. Consultado el 31 de agosto de 2022. 
• «Section 353 Corrupt and Undemocratic Actors Report» (en inglés). Departamento de Estado de los Estados Unidos. Julio de 2022. Consultado el 31 de agosto de 2022. 
• «Section 353 Corrupt and Undemocratic Actors Report» (en inglés). Departamento de Estado de los Estados Unidos. Julio de 2023. Consultado el 19 de julio de 2023. 
• «EEUU incluye en Lista Engel a tres comisionados del IAIP por bloquear acceso a información». Diario El Mundo. Diciembre de 2023. Consultado el 4 de enero de 2024.