Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada el 12 de diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007. Fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República de Guatemala el 1 de agosto de 2007.

La CICIG fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.

Objetivos[editar]

El mandato de la CICIG, según lo establecido en el Acuerdo, está compuesto de tres objetivos principales:

  • Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
  • Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;
  • Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.

Para cumplir tales funciones, según lo previsto en el Acuerdo, la CICIG está facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Público. Asimismo, la CICIG está facultada para actuar como querellante adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal. La Comisión también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios. La CICIG está además facultada para garantizar confidencialidad a las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades correspondientes.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución “La situación en Centroamérica: progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo” (A/63/L.18) Expresó su agradecimiento a los países que han apoyado a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, instándolos a que continuasen apoyándola. Asimismo, la Asamblea General agradeció al Secretario General de las Naciones Unidas por haber proporcionado ayuda efectiva y eficiente a la Comisión, pidiéndole que continuase prestándole apoyo “de manera que la comisión pueda cumplir su mandato y hacer frente a los desafíos que se le presenten”.

El 24 de marzo de 2009, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó, por medio de una carta personal dirigida al Secretario General, la prórroga del mandato de la CICIG por otros dos años. La prórroga fue confirmada el 15 de abril de 2009 cuando el Secretario General Ban Ki-moon envió una respuesta personal al Ministro de Relaciones Exteriores, expresando el deseo de Naciones Unidas de que la Comisión continuara su importante labor de apoyo a las instituciones nacionales durante otros dos años. Por lo tanto, la CICIG seguirá trabajando hasta el 4 de septiembre de 2011 para ayudar al Estado en su rol de desmantelar las organizaciones criminales y combatir la impunidad en Guatemala.

Casos en que ha participado[editar]

La CICIG ha priorizado cinco grandes temas en la investigación y persecución penal. El primero es el contrabando y defraudación tributaria, que ponen en riesgo la legitimidad y la sostenibilidad financiera del Estado; el segundo es la corrupción en el sector público; el tercero es la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales; el cuarto es la corrupción judicial, alimentada por “una democracia con poderes públicos establecidos e instituciones de seguridad y justicia constituidas”. Y el último es el narcotráfico y lavado de activos. Desde que se instaló la Comisión en 2007, ha investigado y desarticulado varias estructuras que operaban bajo el manto de la impunidad en Guatemala:[1]

Año Caso Delito Descripción
2006 Pavón y PARLACEN Ejecuciones extrajudiciales La CICIG imputó a exfuncionarios del gobierno de Óscar Berger Perdomo envueltos en la ejecución extrajudicial de reos en requisas de las cárceles Pavón y El Infiernito y en el asesinato de tres diputados salvadoreños del PARLACEN.
2008-2009 Alfonso Portillo Malversación Coadyuvó a enjuiciar al expresidente Alfonso Portillo y varios militares por el delito de malversación de fondos y corrupción. El exembajador de Taiwán, Andrew Wu, fue implicado en el hecho por la entrega de cheques al exmandatario.[1] Portillo cumpliría una condena de prisión en Guatemala y luego en los Estados Unidos a donde fue extraditado, y en febrero de 2015 retornó a Guatemala.
2008-2012 Adolfo Vivar Defraudación Coadyuva en la captura y condena del entonces alcalde de la Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, quien lideraba una banda que defraudó a la Municipalidad de al menos veintitrés millones de quetzales, en la contratación de servicios a empresas que no ejecutaron las obras.[1]
2009 Caso Rosenberg Homicidio Colaboró en el descubrimiento de la planeación suicida de Rodrigo Rosenberg, para inculpar a Sandra Torres y al expresidente Álvaro Colom. El 15 de julio de 2010, nueve de los acusados fueron condenados de 10 a 12 años.
2012 Marlene Blanco Lapola Ejecuciones extrajudiciales La Comisión ayudó a la captura de la exdirectora de la PNC, Marlene Blanco Lapola, acusada de ejecuciones extrajudiciales.[1]
2013 Dirección General de Migración Ingresos ilegales La CICIG actuó contra una estructura criminal que emitía pasaportes a extranjeros, permitía el ingreso de los viajeros al aeropuerto nacional sin dejar registro y proporcionaba vehículos a los ilegales, en contubernio con traficantes de personas.[1]
2014 Los Mendoza Narcotráfico La Comisión anunció la detención de Harold Mendoza, líder de una banda que vendía drogas y quien manejaba a un ejército privado para controlar el mercado de estupefacientes en Guatemala.[2]
2014 Byron Lima Corrupción Desmanteló una red ilegal dirigida por el reo Byron Lima, exoficial del Ejército de Guatemala, quien cumplía condena por el asesinato del arzobispo Juan Gerardi. Lima y doce personas más fueron acusados de lavado de dinero, extorsión, venta de seguridad y de traslados de reos de una cárcel a otra.[1]
2015 Banda La Línea Defraudación La CICIG y el Ministerio público consignaron a 22 personas, miembros de la banda «La Línea», dedicada a defraudar al fisco por montos millonarios. Entre ellos se encontraban: Juan Carlos Monzón secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, y los dos últimos titulares de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT), Carlos Muñoz y Omar Franco.

Críticas a la entidad[editar]

La Comisión ha sido objeto de críticas por parte de numerosos sectores. Por ejemplo, el Partido Socialista Centroamericano la acusa de ser un organismo creado e impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones del Estado capitalista en Guatemala y para eliminar la corrupción y garantizar la estabilidad jurídica que permita que las inversiones nacionales y foráneas puedan rendir ganancias en un entorno de orden y eficiencia.[3]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

Bibliografía[editar]

Enlaces externos[editar]

www.cicig.org