Usuario:Ogrinconr/Taller

Los falsos positivos en Colombia dan cuenta del asesinato por parte del Ejército de más de 2000 jóvenes tomados como guerrilleros sin serlo.​ "Positivos" es una figura retórica que se usa en el mundo militar cuando se tiene éxito en una misión, "Falso positivo" cuando se fracasa. Partiendo de este lenguaje militar, los medios de comunicación acuñaron el término "falsos positivos" para mencionar que los guerrilleros asesinados no eran tales. Estos jóvenes ejecutados eran civiles inocentes a quienes se les hizo pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco de la guerra que habitaba el país entre el 2006-2009. Según el informe “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado" de la Fiscalía General le entregó a la JEP en agosto del 2018, ascienden a 2.248.​ El uso de la figura "falsos positivos" esconden un delito que se le conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.​

Si bien ya se venían conociendo denuncias y especulaciones sobre estos hechos, como la tortura y ejecución de los ancianos Ana Francisca Rodríguez de Castro y Ernesto Castro Chaparro en Rionegro, Santander, en 1985​, fue hasta cuando se conoció en los últimos meses de 2008 sobre la aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha, vecino a Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar al sur-occidente de la ciudad y que aparecían como bajas del ejército en Norte de Santander, cuando se hizo de dominio público, denunciado por Luis Fernando Escobar Franco que en ese entonces era el personero de Soacha. Desde entonces han aparecido otros casos en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle del Cauca y Sucre.​​

Por dicha denuncia han sido destituidos varios oficiales y suboficiales del ejército​ y el comandante de esa rama de las Fuerzas Armadas, el General Mario Montoya, renunció a su cargo y fue nombrado por el presidente Embajador en República Dominicana,​​ Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, según los críticos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, algunos procedimientos de la llamada Política de Seguridad Democrática emprendida durante su gobierno del expresidente.​

Aunque no se tiene un número confirmado de víctimas mortales, a octubre de 2009 la Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043.​ Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo, a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.​​

Desaparecidos en Soacha y Ciudad Bolívar en 2008

La desaparición en 2008 de 19 jóvenes en el municipio de Soacha Y Ciudad Bolívar al sur-occidente de Bogotá, desató el escándalo. Siendo locaciones casi marginales estos dos sectores fueron el objetivo para que militares engañaran a varios jóvenes con promesas de trabajo y una vez engañados los jóvenes eran trasladados argumentando que trabajarían en fincas principalmente para luego ser vestidos con uniformes camuflados que tenían escaso tiempo de uso, y posteriormente asesinados. Los 19 jóvenes aparecieron asesinados en Ocaña, Norte de Santander y fueron presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate. Algunos de ellos habían muerto 24 horas después de su desaparición y otros dos o tres días más tarde.

Así la entonces secretaria de gobierno de Bogotá Clara López Obregón dijo que este caso podría tratarse de «una desaparición forzada con fines de homicidio» y que no era lógico que los jóvenes se convirtieran en combatientes un día después de haber sido reclutados. El general Conrado comandante de la Brigada 30 del Ejército negó tal posibilidad y dijo que se trataba de personas que habían sido reclutadas por la guerrilla y se habían enfrentado al ejército.​​

El entonces senador Gustavo Petro realizó denuncias en las cuales afirmó que los falsos positivos eran responsabilidad del gobierno, ya que fue el mismo gobierno a través de su Ministro de Defensa Camilo Ospina Bernal quien firmó la Directiva Ministerial 029 de 2005,​​ que consistía en ofrecer 3,800,000 pesos (aproximadamente $1.900 dólares) por cada guerrillero o paramilitar muerto, lo que colocó un incentivo para asesinar indiscriminadamente, y que muchas veces los militares y paramilitares en operaciones conjuntas asesinaran civiles.​​

Casos anteriores

Familiares de los jóvenes con pancartas antes del juicio de militares por el asesinato de 11 jóvenes de Toluviejo, Sucre.

El 7 de enero de 2009 un documento desclasificado de la CIA publicado por el National Security Archive reveló que los nexos entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares eran conocidos por el gobierno de Estados Unidos desde el año 1994 y que los falsos positivos eran una práctica usual dentro del ejército.​

En 2007 salió a la luz pública los hechos ocurridos en San José de Apartadó, vereda del municipio de Apartadó (Antioquia), en los cuales en el trascurso de una masacre fueron asesinados entre varios civiles, tres niños que fueron degollados y descuartizados en una operación conjunta entre los paramilitares y el ejército de Colombia en febrero de 2005, en represalia por la muerte un oficial y 18 soldados que fueron asesinados en un cerco tendido por las FARC, en el municipio de Mutatá (Antioquia). Posterior al hecho se llevó a cabo una campaña de encubrimiento en la cual se culpaba a las FARC de la masacre a través de testimonios falsos que fueron emitidos por los medios de comunicación y el mismo comandante del ejército Carlos Alberto Ospina negó la participación del ejército en lo ocurrido. A pesar de ello, a finales de 2007, basados en el testimonio de paramilitares involucrados en el hecho, fue capturado el entonces comandante de la operación, el capitán del ejército Armando Gordillo quien confesó el hecho y se acogió a sentencia anticipada, por el mismo hecho fueron juzgados otros 10 militares.​

Denuncias de la ONU

El 27 de mayo de 2010 Philip Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, en informe presentado tras su visita a Colombia, en junio de 2009, denunció que existe «un patrón de ejecuciones extrajudiciales» y que la impunidad abarca el 98.5% de los casos. El informe señala en varios apartados textualmente lo siguiente:

Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país... Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados «falsos positivos», en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados... Generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un reclutador hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados, que informaban luego que había muerto en combate y manipulaban la escena del crimen.​

Casos y eventos recientes

Habitantes de Santa María, Huila, salieron a marchar en contra del asesinato de Anderson Daza.

Se ha reportado varios casos recientes que concuerdan con la metodología de los "falsos positivos", incluyendo el de Anderson Daza Hernández en febrero de 2015.​ Según se ha reportado, Daza Hernández murió al recibir disparos en una acción conjunta de Ejército, Policía y Fuerza Aérea, y fue reportado como "guerrillero" sin que se haya demostrado evidencia al respecto. Incluso, a la madre de Daza Hernández se le restringió acceso a reconocer el cadáver de su hijo.​ Este y otros casos siguen en investigación.

El 2 de septiembre de 2015, la Fiscalía ordenó la captura de otros 22 militares por casos de falsos positivos en los departamentos de Antioquia y Cesar.​

En abril de 2017, un juez de Cundinamarca condenó a 21 militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jóvenes de Soacha, entre ellos un coronel retirado que fue condenado a 46 años de prisión; a los demás militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 años de cárcel. El mismo juez declaró estos crímenes relacionados a los falsos positivos como delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, población que además era vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los victimarios.